Nuestro sistema de justicia oculta información clave


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Información clave (presupuesto, personal, gestión e informes anuales) que permita una completa evaluación de desempeño no es precisamente lo que abunda en el sistema de justicia venezolano, comenzando por la cabeza del poder judicial como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Si por ejemplo quiere conocer quiénes son los jueces que despachan desde los tribunales de la República en todo el país, no se encontrará con una lista actualizada en la página web del TSJ. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) muy probablemente la posea, pero tampoco la publica ni la provee si se le solicita, como demostró la detención en la DEM por algunas horas de Joseph Poliszuk, periodista del portal de noticias ArmadoInfo, por haber pedido una información que debería ser pública.

Hasta en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se demostró en la sesión del pasado 4 de octubre, durante un debate sobre los cambios que amerita el sistema de justicia en Venezuela, que no se sabe con exactitud quiénes son los jueces ni qué hacen. El reclamo de la constituyentista María Alejandra Díaz lo evidenció: “¿Cómo se nombra a un juez y aparece en un viñedo en Italia y con una cuenta en dólares que no puede justificar?”

Si se revisa la lista que publica el TSJ, se notará que el juez Jesús Manuel Izaguirre Carvajal figura en la página del máximo juzgado del país como titular en el Tribunal Segundo de Control en el estado Delta Amacuro (desde el 26 de marzo de 2015) pero su situación actual es la de destituido. Otro caso es el de la ya lamentablemente fallecida en 2016, Ana Josefina Villavicencio Cacique, quien aparece actualmente como jueza titular de la Corte de Apelaciones 8 en Caracas.

De igual forma, el magistrado exprés de la Sala Político Administrativa del TSJ, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, está todavía en el listado del TSJ como juez provisorio (desde el 16 de mayo de 2008) en el Tribunal Vigésimo Octavo de Control de Caracas, pero también sale como juez temporal de la Corte de Apelaciones 4 (desde el 30 de septiembre de 2013).

Asimismo, está el tristemente célebre caso del abogado Ángel Zerpa, quien aparece como juez titular penal de la Corte de Apelaciones, aunque fue destituido de su cargo en agosto de 2010 y más recientemente fue detenido arbitrariamente y llevado ante la justicia militar sin cumplimiento del debido proceso, por haber sido nombrado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional (AN).

Si no sabemos los nombres de los jueces y los cargos que actualmente ocupan no podemos determinar quiénes son ni, sobre todo, si cumplen requisitos tan importantes como no tener militancia política para ocupar su cargo, o si han cometido crímenes o tienen sanciones que cuestionen su aptitud para una función tan importante para la armonía de una sociedad como la de ser juez.

En línea pero sin datos

Un aspecto que llama la atención es que cada órgano del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo; Ministerio Público, MP; Poder Judicial; Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Defensa Pública) tiene página web que actualizan constantemente con noticias, pero no reflejan información sobre los recursos humanos con los que cuentan, por lo que no podemos saber si son suficientes. El Poder Judicial, la Fiscalía General, Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportan datos parciales o no actualizados sobre el personal clave como el número de jueces (2.139 para 2016 de los cuales 73% no son titulares), de fiscales (2.246 en 2017, de los cuales sólo 1% es titular), defensores públicos (1.500 para 2015) y policías (85.057 funcionarios en 2014).

El panorama no cambia si de informes anuales hablamos. De la Defensoría del Pueblo sólo se pudo obtener los de los años 2001 y 2015, del MP 2004 y 2016, del Poder Judicial 2001 a 2011 y del Ministerio de Servicios Penitenciarios 2014 y 2015. En la actualidad, el Poder Judicial presenta un discurso de su presidente, quien rinde cuentas, pero no contiene los datos que tenía el informe anual y muchas veces, como por ejemplo este año, aparece publicado con retraso. Se publicó el discurso de Gladys Gutiérrez, ya extitular del TSJ, en la página web el lunes 30 de octubre de 2017, es decir, unos 9 meses después de haberse pronunciado.

En cuanto a los recursos financieros, la información no aparece en las web de los órganos del sistema de justicia, y el de 2017 no fue siquiera publicado en Gaceta Oficial por haber sido presentado por el Ejecutivo ante el TSJ en vez de la AN. En consecuencia, no hubo una Ley de Presupuesto como exige la Constitución. Transparencia Venezuela se encargó de hacerlo público. Es en la página de esta ONG que se pueden encontrar los balances de ingresos y egresos de entes del Estado, incluso la información sobre los créditos adicionales. Por otro lado, nuestra investigación ha demostrado que la asignación de recursos al sistema de justicia bajó desde 2005 de 2,6% del presupuesto nacional a 1,6% en 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La ausencia de información impide a los ciudadanos, en particular a los expertos, formular recomendaciones y sugerencias que permitan al sistema de justicia realizar su labor de manera más eficiente.

Si precisamente los órganos llamados a hacer cumplir las leyes no rinden cuentas de su gestión de manera transparente, con dificultad podrán asegurar el cumplimiento de una garantía constitucional tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.

Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

El rescate del Poder Judicial como promesa incumplida: propuestas para hacerlo efectivo


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Sin control judicial de los poderes públicos no hay estado de Derecho y sin estado de Derecho no hay libertad ni democracia. Tal premisa cobra total vigencia si se tiene a un presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, en lugar de hacer cumplir la Constitución, se pone a la orden de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “ejecutar” sentencias contra los opositores políticos por una supuesta traición a la patria.

“El Poder Judicial está al servicio del poder, no del ciudadano, el juez se ha convertido en el principal brazo ejecutor de la dictadura. Indicadores de esto último hay varios. Las innumerables sentencias del TSJ, especialmente de su Sala Constitucional, para anular la Asamblea Nacional. El rol de esa Sala para aumentar poderes del Ejecutivo con la aprobación de un estado de excepción continuado. La condena de ciudadanos sin que la Fiscalía les haya imputado un delito. En suma, la existencia de una justicia a la carta usada como instrumento de persecución política o de formalización de las acciones de un gobernante sin control ni límites”, reseñó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice, con La necesaria reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano: diagnóstico, reflexiones y propuestas, escrito por las abogadas Laura Louza y María Alejandra Correa, de la serie Un país de ciudadanos libres.

Sobre todo a partir del siglo XX, el Derecho se transforma en el instrumento esencial para limitar el poder del Estado y garantizar la libertad del ciudadano frente al ejercicio del poder, y para que ello ocurra es necesario que el juez sea independiente política y económicamente, así como imparcial.

Vale acotar que la Constitución venezolana prohíbe hacer activismo político a jueces y magistrados en su artículo 256; fue esta Carta Magna la que introdujo cambios sustanciales en la organización del Poder Judicial, dirigidos fundamentalmente a garantizar (por lo menos formalmente) su independencia y, además, mayor acceso a la justicia e igualdad para los venezolanos. La aspiración del constituyente venezolano de 1999 era la de conformar un Estado democrático donde la justicia fuera uno de sus valores fundamentales y el Poder Judicial un órgano independiente y fuerte. Pero las mejores experimentadas al principio se diluyeron en el camino hasta llegar al fondo durante lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, con un sistema de administración de justicia totalmente subordinado a los intereses del Ejecutivo. El Poder Judicial es hoy más dependiente que nunca.

Impostergable

El rescate de la justicia en nuestro país es apremiante, por lo que Acceso a la Justicia junto con Cedice formuló una serie de propuestas dirigidas a la transformación del poder judicial venezolano.

En principio, es impostergable una reforma de la Ley Orgánica del TSJ a los fines de adecuarla a las normas constitucionales. En dicho texto legal, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura debe ser concebida como un organismo técnico, profesional, con suficiente autonomía para adoptar decisiones administrativas, sin injerencia de los magistrados que deben ocuparse de lo jurisdiccional exclusivamente.

De igual forma, debe regularse la integración del Comité de Postulaciones Judiciales. La reforma legislativa tiene que contemplar su conformación exclusivamente por miembros de la sociedad civil. Debe ser el órgano encargado de realizar la convocatoria en los casos de faltas absolutas de los magistrados del TSJ, la evaluación de las candidaturas y su primera preselección y presentación al Poder Ciudadano para la posterior designación por parte de la Asamblea Nacional (AN).

Respecto de los jueces de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 255 constitucional, el ingreso a la carrera judicial y su ascenso deben hacerse por concursos de oposición públicos. El mecanismo de concursos garantiza la idoneidad y excelencia de los jueces. Actualmente la mayoría de estos son provisorios (no titulares): 73% para 2016 según la página web del TSJ. Otro elemento importante es la evaluación continua del desempeño de los jueces, que debe estar dirigida a garantizar la eficiencia judicial y la celeridad de los procesos.

Asimismo, debe reformarse la Ley del Sistema de Justicia que crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, controlada por el Poder Ejecutivo, ya que tiene en ella tres representantes directos con competencias amplias para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales, supervisar la gestión del TSJ y revisar y aprobar su presupuesto. Esta ley convierte a los consejos comunales en órganos asesores de la Comisión (controlados también por el Poder Ejecutivo) y los hace intervenir de forma obligatoria en todos los procesos administrativos del alto Tribunal, incluso en aquellos que implican el nombramiento de jueces y personal.

Por otro lado, una de las barreras más importantes para el acceso ciudadano a la justicia es la de los costos de abogados y tribunales, pues aun cuando la justicia sea gratuita según la Constitución, en la realidad no es así. Venezuela es uno de los países con la justicia más cara en el mundo. Por ello, hay que crear servicios de asesoría y orientación jurídica gratuita en todas las instancias del Estado donde ello sea posible.

Otra forma de garantizar el acceso efectivo a la justicia es a través de la justicia de paz, la cual debe ser organizada legalmente como una forma de descentralización judicial, que el artículo 269 de la Constitución promueve, y mantenerla vinculada a la estructura municipal del Poder Público.

Por último, es fundamental capacitar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales en la importancia de su rol para que una sociedad funcione, hay que darles herramientas para comprender la sociedad con una formación adecuada. Es igualmente necesario crear una cultura cívica generalizada de conocimiento de las instituciones y del derecho para que el ciudadano exija al funcionario y este actúe y cumpla. Además, se deben crear mecanismos de rendición de cuentas de índole privada y pública que obliguen al Poder Judicial y demás órganos del sistema de justicia a cumplir su rol y a brindar un servicio de calidad.

Reinstitucionalización del Poder Judicial Venezolano: diagnóstico, reflexiones y propuestas


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Como parte del programa Fortaleciendo el diálogo democrático a través del análisis costo beneficio, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) publicó la serie Un país de ciudadanos libres, de la cual forma parte el texto Reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano: diagnóstico, reflexiones y propuestas, escrito por las abogadas Laura Louza y Maria Alejandra Correa.

El escrito, además de describir los males que envuelven a la administración de justicia en nuestro país y que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 prometió resolver pero no lo hizo, plantea soluciones efectivas para el rescate del Poder Judicial venezolano.

Aquí puedes consultar el contenido completo: Cedice Poder Judicial venezolano

Notificación defectuosa


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 609      Fecha: 25-05-2017

Caso: GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO,  interpuso demanda de nulidad contra el acto administrativo distinguido con el alfanumérico MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013, dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, en el que confirmó la Resolución número 016822 del 9 de diciembre de 2010, a través de la cual el demandante fue excluido del proceso de ascenso del Grado de Maestro Técnico de Tercera (MT3) a Maestro Técnico de Segunda (MT2), por haber estado de licencia durante seis (6) meses en el año 2006, sin que se le hubiese permitido concursar en igualdad de condiciones a la de sus compañeros y compañeras de promoción, quienes, para ese momento, fueron ascendidos y ascendidas al Grado de Maestro Técnico de Segunda (MT2).

Decisión: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado judicial del Mayor de la Aviación Militar GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO, contra el acto administrativo MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013 dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, el cual SE ANULA. En consecuencia: SE ORDENA al Ministro del Poder Popular para la Defensa 1) reconocer el ascenso del demandante al grado de Maestro Técnico de Segunda con antigüedad del 5 de julio de 2008, 2) Evaluar los ascensos a los rangos que correspondan, y su inclusión en el Régimen de Transición de Sub Oficial Profesional de Carrera a Oficial Técnico, en el grado de Maestro Técnico de Segunda, en igualdad de condiciones a sus compañeros de promoción.

Extracto:

“De la sentencia parcialmente transcrita, se observa como la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal interpretó los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y su relación con los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, así como con el principio pro actione. En tal sentido, pone de relieve que es imprescindible para computar la caducidad válidamente que el demandante haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses, es decir, que haya sido informado de los recursos que proceden contra el acto notificado, así como el tribunal competente y el lapso para su interposición pues de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que esta Sala Político-Administrativa, respecto a la notificación defectuosa, ha reiterado el criterio que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado establecido, según el cual los vicios en la notificación e incluso la ausencia de ésta no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada (ver, entre otras, la sentencia número 01742 publicada en fecha 2 de diciembre de 2009, caso: María Mercedes Prado Rendón Vs. Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia). De manera que, con el ejercicio oportuno del recurso, el defecto de la notificación queda convalidado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es importante la sentencia, entre otras razones, porque la SPA asienta  expresamente que los vicios en la notificación e incluso su ausencia “no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada”.

Por otra parte, no se puede dejar de lado advertir que en el caso decidido por la Sala declaró la nulidad del acto del Ministerio para la Defensa por haber incurrido en falso supuesto, y esto resulta relevante en el estudio de los vicios del acto administrativo porque sanciona con nulidad absoluta las decisiones administrativas viciadas con esa irregularidad pese que no aparece consagrado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como causal de nulidad absoluta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199346-00609-25517-2017-2013-1463.HTML       

 

La imposibilidad de declarar el decaimiento de la acción por pérdida de interés procesal en estado de sentencia.


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Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 228      Fecha: 27-04-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por ZIADE HERMANOS, C.A. ZIHERCA contra MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2014, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

De la transcripción parcial de la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, se desprende que “…se considera que declarar el decaimiento del interés procesal de las partes cuando el proceso se encuentra en estado de sentencia, aun cuando exista inactividad de estas (falta de diligencia solicitando se dicte decisión), además de atentar contra el principio de seguridad jurídica y expectativa plausible de las partes constituye un menoscabo del derecho a la defensa, al debido proceso, de acceso a los órganos de administración de justicia y en definitiva al estado social de derecho y de justicia que proclama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”; más aún, sí el apoderado judicial de la demandante al momento de ratificar la voluntad de su mandante de obtener resolución de la causa, hizo además un alegato, pues señaló que consignó diligencias, las cuales habrían sido sustraídas y expuso varios aspectos relacionados con que la causa se encontraba en etapa de sentencia.

En este sentido, esta Suprema Jurisdicción Civil observa que al declararse el decaimiento de la acción por supuesta falta de interés del demandante en obtener resolución de la causa, le fueron conculcados sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva que privilegio la solución sobre el fondo del asunto controvertido, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a los órganos de administración de justicia, tanto por el juez de primera instancia así como por el sentenciador de alzada, los cuales no procedieron a la resolución de la controversia ni emitieron pronunciamiento de fondo; lo que faculta a esta Sala de Casación Civil a casar de oficio el fallo recurrido, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo, a fin que de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, dicte el correspondiente pronunciamiento sobre el mérito del asunto controvertido. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la imposibilidad de declarar el decaimiento de la acción por pérdida de interés procesal en estado de sentencia, porque ello viola el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197839-RC.000228-27417-2017-16-835.HTML

El acceso a la justicia en Venezuela en la 161º sesión de la CIDH


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El 22 de marzo, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron en la 161° audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) un informe para denunciar la denegación de justicia y violación de los derechos humanos en Venezuela.

En este evento participó Acceso a la Justicia en la voz del abogado Alí Daniels, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Aquí se puede encontrar el texto del documento presentado por las ONG ante la CIDH, así como un resumen ejecutivo de la exposición de Acceso a la Justicia.

 

Audiencia ante la CIDH por ausencia de acceso a la justicia en Venezuela


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Este 22 de marzo, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron en la 161° audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) un informe para denunciar la denegación de justicia y violación de los derechos humanos en Venezuela.

En este evento participó Acceso a la Justicia en la voz del abogado Alí Daniels, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Por otra parte, como representante del Estado en la CIDH estuvo el consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Pacheco, así como Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué denunciaron las ONG?

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, tuvo primero​ la palabra y explicó cómo mediante distintas sentencias, el TSJ ha ido ​quitándole paulatinamente competencias a la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que afectando los derechos de los venezolanos​.

Luego, el representante de Acceso a la Justicia, Alí​ Daniels, expuso cómo funciona la administración de justicia en Venezuela. Al respecto dijo: “Se ha construido una categoría general de esta idea que podemos calificar como ‘derecho del enemigo’ en virtud del cual el Estado se comporta de una manera dual: cuando se trata de solicitudes afines a los intereses del Poder Ejecutivo se actúa prestamente y se complace la solicitud, mientras que cuando ciudadanos comunes u otros actores sociales realizan demandas ante los tribunales, no se cumplen con los lapsos legales”.

Mencionó que, pese a que el proceso de nombramiento de Magistrados se encuentra reglamentado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), actualmente hay 21 de estos máximos jueces que no cumplen con los requisitos constitucionales ni legales y además, están los llamados “magistrados exprés” (nombrados luego de que la oposición ganó la mayoría parlamentaria), en que 10 de los 13 nombrados no cumplen con los requisitos para ser magistrado.

​El representante de la ONG Acceso a la Justicia ​ “pone en evidencia que lo que predomina para su designación es la lealtad a la ideología política del partido de gobierno”, de hecho, el presidente Nicolás Maduro durante la apertura del año judicial dijo tener “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad, magistradas, magistrados”.

El abogado administrativista Daniels indicó que al menos 73% de los jueces son provisorios, por lo que estos pueden ser destituidos por un simple oficio sin motivación ni procedimiento alguno. Señaló que el anuncio de regularización de la provisionalidad de los jueces es sólo un disfraz porque sólo los que actualmente se encuentran en el cargo son los que podrán participar en los concursos de oposición.

Daniels aseguró que existe además una merma de la efectividad judicial: “tenemos que el TSJ en cuanto al número de casos ingresados, aumenta considerablemente hasta 2005, en que llega a su máximo con un total de 11.835, pero a partir de 2006 empieza a decaer y pasa a 5.821 en el 2015, llegando a recibir menos expedientes que en 2001”.

Mencionó como otro indicador vinculado al derecho de acceso a la justicia es el enorme incremento de los linchamientos y las protestas públicas, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, respectivamente.

​Por su parte, la ONG Espacio Público en el informe presentado ante la CIDH aseveró que el derecho de acceso a la información es negado en el país. Más de 23 solicitudes fueron rechazadas en 2016.​

Beatriz Borges, representante de Cepaz, indicó que su organización pudo determinar que existen ocho patrones de persecución política, y en seis de ellos incurre el Poder Judicial. Entre estos se encuentran la destitución de cargos públicos y aquiescencia de actos violentos.
“Solicitamos a la CIDH que considere como prioridad elaborar un informe que declare la vulneración de las garantías judiciales y la denegación de justicia de los magistrados. Solicitamos que la CIDH visite a Venezuela y pedimos medidas de protección para los activistas de derechos humanos”, cerró Borges.

¿Qué respondió el Estado?

El consultor jurídico del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Pacheco, inició su intervención asegurando que en Venezuela el Poder Judicial es autónomo e independiente, dado que en 1999 la CRBV había creado un procedimiento especial para la designación de los magistrados en que participa el poder judicial y el poder ciudadano. Omitió explicar que la sociedad civil debe participar y esto no se ha cumplido.

Pacheco explicó que no es cierto que el Ejecutivo resulte vencedor en el 100% de los casos que interpone ante el TSJ, pues en la Sala Político Administrativo “el gobierno del Estado venezolano” ha perdido 840 juicios, en la Sala de Casación Social de los 4.812 juicios ha ganado 2.308 y tuvo 1.114 casos perdidos. Luego mencionó que en la Sala Constitucional, en cinco años, el Estado había perdido solo 49 juicios. No hizo referencia a la Sala Electoral, que es otra en que se tratan asuntos del Estado.

Con respecto al tema del desacato de la Asamblea Nacional, el consultor jurídico aclaró que esta situación se debe a la no desincorporación de los diputados y que en ese sentido el Poder Judicial ha debido emitir más sentencias porque “en un Estado democrático no se puede concebir un poder público que haya decidido no acatar al Poder Judicial, sin un fundamento lógico y constitucional”, alegó. No dijo que la Asamblea Nacional incorporó a los diputados este año y aun así sigue en desacato.

El consultor jurídico del TSJ justificó la celeridad de las respuestas del TSJ al Presidente en que existen unos lapsos “excepcionales por “normativa” y además, ​explicó que es importante para “garantizar la seguridad nacional y soberanía”.

Pacheco reconoció que no se ha permitido al acceso a la información pública solicitada por las ONG porque para que los organismos del Estado admitan una solicitud de información, esta debe indicar para qué se quiere usar la misma.

Debe aclararse que la Constitución no establece esta limitación, es más garantiza el derecho de acceder a la información que sea de carácter público.

​En relación a las amenazas y ataques a los defensores de derechos humanos dijo que: ​ “en Venezuela el Poder Judicial se abstiene de utilizar los mecanismos de justicia punitiva para intimidar a las personas en virtud de su opinión política o profesión, adoptando los mecanismos necesarios para la protección de los derechos judiciales y humanos de todas las personas”.

El representante del Estado agregó que las leyes venezolanas no permiten que el Poder Legislativo sea quien remueva a los magistrados en una acción “solitaria”, pues en la CRBV se incluye que este proceso pasa también por el Poder Moral; y expuso el mismo argumento para la acción contralora sobre los funcionarios de Pdvsa, indicando que el TSJ no le  negó esta potestad a la Asamblea Nacional ​sino que le indicó que debía articular con la Vicepresidencia de la República para poder recibir esa información​.

También indicó que el TSJ declaró constitucional la ley del bono de alimentación para los pensionados y jubilados, aunque omitió decir que no se ha cumplido ni puesto en vigencia.

Desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil


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SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000095   Fecha: 15-03-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato de opción de venta interpuesta por FRANCISCA ALICIA VENAVENTE PIÑATE contra IVÁN PÉREZ, en el cual intervino como tercero interesado LEONIDES BAUTISTA MORENO

Decisión: Se declara: 1) La desaplicación parcial por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los artículos 26 y 257 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, se acuerda en acatamiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, remitir copia certificada de la presente sentencia a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal; 2) Casa de oficio la decisión dictada el 26 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto: 

“Ahora bien, esta Sala ante tal circunstancia considera pertinente invocar el criterio sentado en decisión N° 916 de fecha 15 de diciembre de 2016, caso: Instituto Nacional de Tierras (INTI) contra Jesús Salvador Malavé Marín y otra, el cual estableció, lo siguiente:

…OMISSIS…

Sobre los anteriores basamentos doctrinarios, compilados de esta Máxima Instancia Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en apego al postulado constitucional consagrado en el artículo 26 de nuestra vigente Carta Política, a través del cual, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, y sin formalismos o reposiciones inútiles, esta Máxima Jurisdicción Civilreconoce la obsolescencia contenida en la citada norma contenida en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civilel cual se encuentra en franco desafuero con nuestra novísima Constitución, y en atención al caso sub examine, acuerda, la desaplicación parcial de la referida norma procesalla cual tendrá efectos ex nunc a la presente decisión, y en atención a la nueva doctrina que acoge esta Máxima Instancia Civil, en lo adelante para proceder a realizar cualquier acto procesal ante esta Sala de Casación Civil, no se requerirá otro requisito adicional distinto al de ser profesional del derecho, optando las Magistradas y Magistrados integrantes de esta Sala por asegurar con preferencia la efectiva supremacía de nuestra Carta Política.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos que deben cumplir los abogados para actuar en casación, por considerar que dicha norma limita el acceso a la justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196907-RC.000095-15317-2017-16-539.HTML