Boletín n.° 19. Del 8 al 15 de enero de 2018


Boletín Crisis en Venezuela

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017- Acceso a la JusticiaProvea constata que venezolanos consumen comida para perros-Provea. ONG repudian impunidad en el asesinato de niña Yara Emiliana- CEPAZLa ley contra el odio en uso– Un Mundo Sin MordazaEn 2018 seguiremos de pie pese a las adversidades contra la libertad de expresión- Espacio Público. Estamos en un escenario de guerra por la emergencia humanitaria– Codevida.

Boletín n.° 19 Crisis en Venezuela

¿Tendrá oportunidad la Asamblea Nacional de liberarse del desacato?


TSJ vs AN

Este viernes 5 de enero se instala la Asamblea Nacional (AN) sin convocatoria previa, según lo exige la Constitución en su artículo 219. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera que la AN está en desacato desde julio de 2016 y por ello, todos sus actos se deben considerar nulos.

La pregunta que surge es ¿qué hará la nueva directiva de 2018 con el caso de los diputados de Amazonas, aún no resuelto por el TSJ para que pueda cesar el injusto desacato? Recordemos que la directiva elegida en 2017, encabezada por el diputado Julio Borges desincorporó a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en enero de 2017, pero la sentencia nº 2 de la Sala Constitucional (SC) del máximo tribunal de la República el 11 de enero de ese año desconoció a dicha directiva precisamente por la situación de desacato y declaró nulas todas las actuaciones del Parlamento.

Acceso a la Justicia consideró tal sentencia un galimatías y un acto político y no jurídico, ya que no tiene fundamento en ningún principio del derecho y menos aún en la Constitución.

La sentencia llegó a indicar que lo que debía hacer la AN era instalar nuevamente la anterior directiva (la de 2016), liderada por Henry Ramos Allup y que esta excluyera a los legisladores amazonenses, porque sólo de esta manera podía subsanarse la omisión de acatar la orden del TSJ en que había incurrido el órgano legislativo. Una vez cumplida esta condición era que procedía el nombramiento de una nueva directiva (de 2017).

El problema planteado es que seguir el mandato del TSJ implica violar la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates de la AN, que establecen que a partir del 5 de enero del año siguiente a su elección, la anterior directiva ya no puede ejercer función alguna, por lo que según la Carta Magna no puede instalarse de nuevo.

Pareciera que según esa decisión del TSJ, la AN nunca podrá tener una directiva válida por lo que hizo la de 2016, ni siquiera si la que corresponde a 2018 acata lo que el TSJ le ordena. Esta sentencia muestra el criterio personalista con el que actúa el alto Tribunal, que confundió el órgano con su directiva y pretendió aplicarle al Parlamento las sanciones que deberían imputarse eventualmente a su directiva, en este caso la que tuvo a Ramos Allup como presidente en 2016. En todo caso, si una nueva directiva deja de estar en desacato, pues eso valdría para el órgano, independientemente de lo que hizo la anterior.Henry Ramos Allup

Reiteramos además que el desacato no tiene como efecto jurídico anular los actos del órgano legislativo y menos aún al organismo completo, como en cambio ha hecho el TSJ.

Pareciera igualmente que el problema del reconocimiento de la directiva de la AN y del propio órgano por el TSJ tampoco tiene solución en el sentido que este tome una decisión de fondo sobre el caso de los legisladores de Amazonas, pues todo indica que cuando se trata de asuntos del gobierno la justicia va a paso de tortuga.

Para complicar aún más el panorama actual de la AN, desde julio de este año está en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual sin justificación alguna, ni jurídica (porque no lo prevé la Constitución) ni política (porque no la eligió el pueblo como parlamento, ni tampoco como constituyente), le ha quitado su función legislativa, lo cual ha sido reconocido y avalado por el propio TSJ.

Aunado a ello, existen otros problemas adicionales y es que, aunque la AN siga teniendo desde el punto de vista jurídico otras funciones, varias sentencias del TSJ de 2016, precedentes a la instalación de la ANC, se las han quitado, y no por causa del desacato. Algunas  de esas funciones son la contralora (sentencia nº 9/2016), la de control del poder político (las nº 4/2016 y 7/2016) y la de organización interna (nº 269/2016).

Asamblea Nacional Lo anterior deja aún más claro que la verdadera intención del TSJ ha sido, desde la elección parlamentaria de diciembre de 2015, no dejar funcionar al Parlamento, para que el Presidente de la República y su partido puedan operar a favor de sus intereses políticos.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cuando un órgano del Estado no tiene límites en el ejercicio del poder, como es el caso de Ejecutivo Nacional en Venezuela, tiende a querer más poder y al obtenerlo, quiere más y más. Por ello un gran pensador, Montesquieu decía: “es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él.”

El problema con ello es que al tener más poder no es que beneficia más al pueblo sino a sí mismo y a su entorno. Eso resume lo que vivimos en Venezuela y por qué ha empeorado tanto la crisis institucional desde 2016.

El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas


Diputados de Amazonas

Fueron electos como diputados de la Asamblea Nacional (AN) por expresión de la voluntad popular del estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, pero nunca han podido ejercer sus cargos por diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera de ellas (sentencia 260/2015) se dictó en plenas vacaciones judiciales el 30 de diciembre de 2015, es decir, ya hace dos años. En la decisión, la Sala Electoral del máximo tribunal de la República ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv). El fallo que sólo tardó un día en emitirse favoreció la petición de quien fuera candidata en dicha entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicia Maldonado, además de ex ministra del Ambiente del gobierno de Hugo Chávez.

En su momento Acceso a la Justicia y otros expertos juristas advirtieron que la totalización, adjudicación y proclamación constituían actos ejecutados y ya cumplidos, con lo cual resultaba imposible, material y legalmente, suspender o retrotraer sus efectos a través de la medida cautelar dictada por la Sala Electoral. Por ello, la AN recién electa juramentó a todos sus diputados, incluidos los de Amazonas, al instalarse en enero de 2016.

Por ello, el TSJ a través de su Sala Electoral en su sentencia nº 1 de 2016, por solicitud nuevamente de Maldonado y en sólo 4 días, ordenó a la AN desincorporar a los diputados, so pena de desacato.

Como consecuencia de este nuevo fallo, la AN desincorporó a los diputados de Amazonas. La Sala Constitucional (SC) reconoció en su sentencia nº 3 que había cesado el desacato, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, podía presentar su memoria y cuenta ante la AN, tal como establece la Constitución.

Sorprendentemente, pese al reconocimiento de la AN por parte de la SC, esta empezó a dictarsentencias que indicaron lo contrario y sin causa clara. Por ejemplo en su decisión nº 4 declaró constitucional el estado de excepción invocado por el Jefe de Estado antes del pronunciamiento de la AN como exige la Constitución y en la nº 7 anuló el acuerdo de la AN que lo desaprobaba. Poco tiempo después, en su decisión nº 9 desconoció la función contralora del parlamento, cambiando el texto constitucional sin justificación alguna.

Diputados de Amazonas

Mientras tanto, la directiva de la AN y los diputados suspendidos de Amazonas acudieron al TSJ para oponerse a la medida cautelar en su contra y los magistrados se tomaron 211 días para decirles que seguían suspendidos , lo contrario a la justicia exprés a favor del Psuv. También se esperaba en 2016 la orden para que se repitieran los comicios en Amazonas, la cual nunca llegó, dejando a una población tan vulnerable como la indígena y a 116. 216 votantes sin representación política en el parlamento.

Tira y encoje

Aún a la espera de la repetición de los comicios en Amazonas y como reacción a las sentencias de desconocimiento de sus actos del TSJ, la AN bajo el mando de Henry Ramos Allup (AD) entregó de nuevo sus credenciales a los diputados en pugna el 28 de julio de 2016 sobre la base siguiente: “Nunca van a resolver el tema de la incorporación de los diputados de Amazonas. No vamos a acatar ninguna decisión (del TSJ) que viole la Constitución”. Por su parte, el TSJ insistió a los pocos días (2 de agosto) con el desacato (sentencia 108/2016) y declaró  “la invalidez, inexistencia e ineficiencia jurídica” de la nueva juramentación y de todos los actos siguientes del parlamento.

Probablemente, en vista de la guerra judicial del 2016 en contra de la AN a raíz del desacato, en enero de 2017 la nueva directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges tomó como primera medida la desincorporación de los diputados de Amazonas, a solicitud de los mismos afectados, por las repercusiones que estaba teniendo el supuesto desacato para la democracia venezolana.

A pesar de ello, el TSJ consideró que la manera en que la AN había desincorporado a los diputados y elegido a la nueva directiva no era la adecuada y volvió a declararla en desacato, ordenando que se volviera a incorporar la vieja directiva, lo cual viola la Constitución que establece que a partir del 5 de enero la directiva anterior no puede ejercer funciones de ningún tipo. La AN no hizo lo que le pidió la SC por lo que el TSJ consideró que estuvo en desacato todo el 2017.

Falsa esperanza

A principios de diciembre de 2017, el TSJ declaró concluido un caso judicial relacionado con Amazonas,  una de las siete causas que se originaron a partir de esas elecciones y que no tuvo que ver con la sentencia 260 que suspendió a los cuatro diputados. Se trató del caso de la diputada Guarulla (sentencia 221/2017), el cual pereció por desinterés del demandante en el juicio y que en nada cambió su situación de exclusión de la AN, ni la de los otros 3 diputados de Amazonas.

De lo anterior queda claro que de nada han servido las entradas y salidas de los diputados de Amazonas de la AN, pues seguimos con un Poder Legislativo atado de manos con las consecuencias ya conocidas hasta la fecha, derivadas de la completa anulación de sus competencias.

Dicha problemática se agravó con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funge como un ilegítimo parlamento nacional, además con poderes supraconstitucionales.

Diputados de Amazonas

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Al impedir el ejercicio de la representación política de Amazonas y la Región Indígena Sur de dicha entidad que también abarca el estado Apure, por parte de los diputados electos, el TSJ violó los derechos políticos más básicos de sus habitantes, así como la voluntad popular de todos los venezolanos al desconocer además por esa causa todos los actos de la AN.

El Gobierno nacional tiene como una de sus banderas a los indígenas, pero al apoyar las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias en ese estado y pedir a través del Psuv que se repitieran los comicios para que nunca se hicieran, demostró junto al Poder Judicial que poco le importa esta población, ni la democracia en Venezuela y por ello es que no hay defensa alguna del colectivo, aunque sostenga siempre lo contrario.

 

 

 

Decreto de ANC contra partidos viola libertad política y derecho al sufragio


Tarjetón regionales-2017

La ANC concretó las amenazas del presidente de la República Nicolás Maduro contra los partidos políticos entre ellos, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que no participaron en las elecciones municipales y decretó que debían renovarse nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral para poder presentar candidaturas a las presidenciales de 2018.

Acceso a la Justicia quiere destacar que estamos ante otra decisión írrita que trata de complacer los caprichos del Gobierno nacional para cancelar a las principales organizaciones que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), e impedir ilegítimamente su participación en la próxima contienda electoral para elegir al Jefe de Estado.

máquina de votación Así mismo acotamos que la medida aprobada por la ANC es incompatible con la libertad política (artículo 62 constitucional) y con el derecho al sufragio (artículo 63 constitucional), además de violatoria al principio de legalidad, piedra angular de toda sociedad democrática, al sancionar a las organizaciones con fines políticos a partir de una conducta que no está encuadrada como infracción, delito o falta electoral en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tal y como lo establecen los artículos 49.7 y 137.

Se trata, adicionalmente, de una decisión que produce una peligrosa escisión del Estado constitucional y democrático de Derecho al ponerse al margen de lo dispuesto en el artículo 32 de la mencionada legislación que regula a las toldas políticas, clave para asegurar la estabilidad y existencia jurídica de dichas organizaciones.

De hecho, a partir de esta importante base legal sólo se exige la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos cuando estas no hayan participado en dos procesos electorales consecutivos. Son muy claros los supuestos -cuatro en total- a través de los cuales podrían ser canceladas las inscripciones de los partidos ante el CNE:

  • Cuando sea solicitada por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

De esta forma la ANC nos muestra cómo en sus decisiones predominan los intereses del Gobierno nacional al obligar, en este caso, a las organizaciones o partidos políticos a validar nuevamente la nómina de sus afiliados por no haber participado –legítimamente- en la contienda electoral pasada.

Vale recordar, al respecto, que con ocasión de la sentencia n° 1 de fecha 5 de enero de 2016   dictada por la Sala Constitucional (SC) la mayoría de los partidos, entre abril y junio de este año, debieron someterse a un proceso de renovación de nómina, atestado de irregularidades y obstáculos propiciados por el ente comicial.

partidos políticos

El forzado cumplimiento de este proceso de validación permitió a las toldas políticas participar en las cuestionadas elecciones de gobernadores celebradas el domingo 15 de octubre.  Pero los ilícitos de dicha jornada que fueron desde cambios de última hora de centros de votación, voto asistido a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la destitución del electo gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa por no juramentarse ante la ANC, entre muchas otras, provocaron que el grueso de la oposición se abstuviera de competir por las alcaldías, como forma de protesta. Está visto que para el chavismo en el poder rebelarse contra sus abusos es un delito.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

 La  transgresión de la Constitución y las leyes por parte de la Constituyente  sólo generará más orfandad e incertidumbre jurídica, más allá de favorecer la exacerbada polarización política que actualmente se vive en el país.

Pero a pesar de esta realidad  es importante  reforzar  la confianza en los pocos instrumentos y espacios ciudadanos que todavía tenemos para defender y denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos, a fin de alcanzar la pronta recuperación de nuestro país.

TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017


TSJ le tendió la alfombra roja a la dictadura en 2017

Si al término de 2016 Acceso a la Justicia declaró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acabó con la democracia en Venezuela a través de sentencias inconstitucionales como la que dejó al estado Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional (AN), durante 2017 el máximo tribunal del país superó todas las expectativas y le tendió una alfombra roja al paso formal de una dictadura en Venezuela.

El año comenzó sin dar tregua a la guerra declarada del poder político contra el Parlamento nacional desde diciembre de 2015 por la juramentación de 4 diputados de Amazonas, tras lo cual lo declaró en desacato (enero de 2016). El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional (SC, sentencia n° 2) del TSJ dictaminó que todas las sesiones de la AN desde su instalación el 05 de enero eran nulas – por ende desconoció la juramentación de la nueva directiva encabezada por el diputado Julio Borges – y prohibió el inicio del nuevo período legislativo mientras persistiera la sanción.

Desde allí y hasta casi la llegada del receso navideño (15 de diciembre) la máxima autoridad del Poder Judicial no tuvo reparo a la hora de acabar con lo que quedaba de Constitución y sentencia tras sentencia a lo largo de todo este año, despejó el camino al Ejecutivo de todos los obstáculos que le imponía la ley para instaurar su modelo totalitario en nuestro país, a costa de lo que fuera necesario, incluso de vidas.

Ruptura del orden constitucional

El 27 y 29 de marzo la comunidad nacional e internacional fue sorprendida con los fallos 155 y 156. El primero básicamente dejó sin efecto la inmunidad parlamentaria y habilitó al Presidente de la República para legislar bajo estado de excepción, mientras que el segundo estableció que la SC, o el órgano que ella determinara, asumían las funciones de la AN por persistir su desacato.

Coincidimos con otros expertos juristas en que ambas sentencias son quizás las más graves del año porque desencadenaron cuatro meses (abril a julio) de fuertes protestas en todo el país, con un saldo de más de 100 muertes de ciudadanos, la mayoría jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Luisa Ortega Díaz denunció ruptura del orden constitucional

Ante la advertencia de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, según la cual ambos sentencias constituían una “ruptura del orden constitucional”, la condena de numerosos países del mundo y la denuncia de “autogolpe” del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro , el Consejo de Defensa de la Nación, convocado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, sugirió al TSJ “revisar” esas decisiones como en efecto lo hizo. Así, el 01 de abril la cabeza del Poder Judicial publicó las sentencias 157 y 158 en las que supuestamente revirtió el despojo de la inmunidad parlamentaria y de las competencias de la AN. El tiempo demostró que no fue más que una “mampara”, puesto que el legislativo continuó y sigue anulado aún hoy sus atribuciones, ahora con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quien sanciona las leyes que le son necesarias, incluyendo la ley que contiene el presupuesto nacional de 2018.

Constituyente sin pueblo

Entrando mayo, un Gobierno nacional consciente de que su popularidad se hallaba en el sótano (sólo 10% para enero de 2017 según sondeos), olvidó por completo la tan invocada por Hugo Chávez soberanía popular (cuando convocó la ANC en 1999) y por el partido de gobierno mientras tuvo la mayoría popular.

Así el primer día de mayo, Maduro emitió su decreto para llamar a la Constituyente por iniciativa propia, y el día 31, ante las críticas incluso internas porque no se tenía pensando hacer un referendo para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no, el máximo juzgado del país sentenció (SC 378/2017) que “no era necesario ni constitucionalmente obligante” realizar la consulta popular. Y no se quedó allí, el 12 de junio (sentencia SC 455/2017), avaló las bases comiciales para elegir a los constituyentistas.

En su momento, Acceso a la Justicia denunció que el método de elección de los miembros de la ANC violaba el derecho al voto y el principio de la universalidad del sufragio, porque por un lado se sectorizó la votación con grupos seleccionados por el mismo Maduro (campesinos, pescadores, trabajadores públicos, entre otros) y por el otro, la distribución poblacional no fue la adecuada, es decir, estados menos poblados elegían más constituyentes y los más poblados, por ejemplo el Zulia (con una clara tendencia opositora), escogían menos.

La “afrenta” de la fiscal general se la cobró el alto Tribunal (sentencia de la Sala Plena 65/2017), aprobando un antejuicio de mérito sin la autorización de la AN el 4 de agosto  contra la funcionaria, hoy en el exilio, por presuntas faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La voluntad popular también fue vulnerada, cuando entre julio y agosto y sin el menor respeto al debido proceso, el TSJ condenó a 15 meses de prisión a los alcaldes David Smolansky (El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Carlos García (Mérida), Alfredo Ramos (Barquisimeto) y Gustavo Marcano (Lechería). Otros 12,  más el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles estuvieron en la mira.

Un tema tan sensible como es el derecho a la salud, seriamente afectado por la escasez de medicamentos y la negativa del Ejecutivo a aceptar ayuda humanitaria, a sabiendas de que no ha podido resolver ni aliviar el problema, fue abordado por el alto Tribunal pero no de forma favorable. El 27 de octubre rechazó de manera definitiva (sentencia de la SC 823/2017) la solicitud de la ONG Cecodap (intentada otras 3 veces ante distintas instancias del Poder Judicial) para que el Gobierno le garantizara medicamentos a la población infantil.

Finalmente, el país cerrará 2017 y comenzará 2018 con el ya eterno estado de excepción avalado 12 veces por el TSJ, la última vez, el 22 de noviembre al declarar constitucional (sentencia de la SC 959/2017) una nueva prórroga de 60 días firmada por Maduro, es decir hasta el 22 de enero.  A los magistrados poco les ha importado que el primer mandatario siga sin especificar cuáles garantías constitucionales restringe la medida que, según la norma constitucional debe ser temporal, y aprobada por la AN, además de notificada a la comunidad internacional a través del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.3).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

ANCCon poderes públicos plegados al poder y una AN atada de manos, los venezolanos vimos como este año el régimen de Nicolás Maduro instauró impunemente en el país su propia dictadura con el ropaje democrático de tres elecciones fraudulentas (ANC, regionales y municipales).  Todo indica que en 2018 la tiranía seguirá profundizándose pese a las sanciones y la presión internacional y el ciudadano de a pie continuará pegado a la pared y obligado a depender de una bolsa de comida, sin que nadie lo defienda de la hiperinflación y de la escasez de medicinas y alimentos.

De momento, las violaciones sistemáticas de derechos humanos observadas en las protestas de abril a julio y la persecución judicial a la oposición política han pasado por alto. El trabajo de documentación y denuncia de las diversas ONG continuará a la espera de la justicia, sea dentro o fuera del país.

TSJ da luz verde a la “justicia socialista”


TSJ da luz verde a la justicia socialista

La administración de justicia en Venezuela cada vez está más al servicio del Ejecutivo y, sobre todo, de una ideología política: la del partido de Gobierno, lo que no es de extrañar, siendo que muchos de los jueces están inscritos en él, aunque esté prohibido por la Constitución (artículo 256). Así que tampoco asombra que gran parte de los tribunales que la imparten, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la hayan subordinado a las órdenes y deseos del Ejecutivo, en lugar de manejarla como un derecho humano al que todo ciudadano o instancia debe tener acceso sin distingo y de manera imparcial (artículo 26 de la Constitución).

TSJ da luz verde a la justicia socialistaLa degradación ha sido progresiva a través de los años, pero en los últimos tiempos se ha perdido todo intento de encubrir las actuaciones que contrarían los principios de este derecho, y una prueba irrefutable es que ningún juez ha adoptado una decisión que amenace o afecte a los intereses del Gobierno y sus partidarios, sino más bien obedecen al servicio absoluto del poder.

El más reciente ejemplo del sometimiento de la justicia a los designios de quienes nos gobiernan es la sentencia 1.106 del 17 de octubre de 2017 de la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con esa decisión se declaró improcedente una acción de amparo ejercida en contra del decreto n.° 2.718, en el cual el presidente Nicolás Maduro autorizó la creación de la Misión Justicia Socialista.

La instancia que fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología tiene como objetivo “promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación socio-jurídica nacional para la consolidación de la justicia social y comunal” (artículo 2).

Dos de los ejes de la misión expuestos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a principios de año cuando se creó el programa, se refieren a que se instalará una especie de tribunales en las comunidades a través de las llamadas “casas de justicia” que contarán con un fiscal del Ministerio Público, un juez y un defensor público para procesar delitos cuyas penas no excedan los ocho años. La figura también impulsa las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), que han resultado ser más que programa de seguridad, verdaderas “razias de pobres” y han convertido a los ciudadanos en objetivos de guerra.

Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)

Fin ideológico

De acuerdo a la ponencia del magistrado exprés Marco Antonio Medina Salas, no existen “elementos que demuestren en esta etapa del proceso (creación de la misión), la presunción grave de violación de los derechos constitucionales” contenidos en los artículos 2, 3, 22, 23, 26, 137, 138, 145, 236, 254, 257, 258 y 267 de la Constitución, que se refieren, entre otros aspectos, al carácter constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos (artículo 23), el derecho al acceso a los órganos de administración de justicia (artículo 109), la autonomía universitaria (artículo 26), el que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (artículo 138), y que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (artículo 145).

Del fallo se desprende que la Sala consideró que las normas constitucionales a las que hacen mención los solicitantes están referidas más bien a los valores y principios superiores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (artículos 2 y 3), que a los derechos y garantías, que es lo que habilita la petición de un amparo.

Para Acceso a la Justicia, la decisión pretende crear límites formales para justificar el decreto que crea la Misión Justicia Socialista, con la excusa de que las disposiciones constitucionales invocadas por los accionantes no estipulan directamente un derecho o una garantía que deba ser protegida.

Este argumento es falso, ya que la propia Constitución en su artículo 22 establece que la falta de ley que reglamente los derechos constitucionales no menoscaba su ejercicio. La Constitución tampoco hace distinciones según el tipo de derechos de que se trate, es más, el artículo 22 obliga a que incluso sean protegidos los que no estén expresamente incluidos en la Constitución y que sean inherentes a la persona humana.

Así, la Sala se acogió a una distinción formal entre derechos y principios, en lugar de analizar los derechos que vulnera el decreto n.° 2.718, dando muestras del marcado leguleyismo al que suele recurrir el juzgador para proteger los intereses del Gobierno, aunque de esta forma desnaturalice los principios de la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna –y que fueron invocados por los accionantes en su solicitud de amparo–, que además dicen claramente que en ningún caso se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

La sentencia de la SPA es muy grave, porque impulsa una justicia formalmente sometida al control del Gobierno, con el propósito de consolidar aún más el llamado modelo socialista. Así lo observa el profesor José Ignacio Hernández González, cuando advierte que lo planteado por la misión nada tiene que ver con la Constitución, sino que configura una justicia paralela, ajustada al proceso político impulsado desde el chavismo.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Mientras tengamos una administración de justicia que se subordine sin tapujos a los intereses políticos del Gobierno, y no respeta la separación de poderes y otros principios e instituciones que son capitales en un estado democrático y de derecho, los venezolanos no tendremos garantizados el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva de nuestros derechos e intereses.

Resulta preocupante que en el contexto actual, en el que los venezolanos viven inmersos en la escasez de alimentos y medicinas, ausencia de servicios públicos, corrupción e impunidad, difícilmente puedan encontrarse fórmulas que procuren garantizar y preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial, en los términos que consagra la Constitución, pues una justicia partidizada e ideologizada no es justicia.

Nuestro sistema de justicia oculta información clave


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Información clave (presupuesto, personal, gestión e informes anuales) que permita una completa evaluación de desempeño no es precisamente lo que abunda en el sistema de justicia venezolano, comenzando por la cabeza del poder judicial como lo es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Si por ejemplo quiere conocer quiénes son los jueces que despachan desde los tribunales de la República en todo el país, no se encontrará con una lista actualizada en la página web del TSJ. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) muy probablemente la posea, pero tampoco la publica ni la provee si se le solicita, como demostró la detención en la DEM por algunas horas de Joseph Poliszuk, periodista del portal de noticias ArmadoInfo, por haber pedido una información que debería ser pública.

Hasta en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se demostró en la sesión del pasado 4 de octubre, durante un debate sobre los cambios que amerita el sistema de justicia en Venezuela, que no se sabe con exactitud quiénes son los jueces ni qué hacen. El reclamo de la constituyentista María Alejandra Díaz lo evidenció: “¿Cómo se nombra a un juez y aparece en un viñedo en Italia y con una cuenta en dólares que no puede justificar?”

Si se revisa la lista que publica el TSJ, se notará que el juez Jesús Manuel Izaguirre Carvajal figura en la página del máximo juzgado del país como titular en el Tribunal Segundo de Control en el estado Delta Amacuro (desde el 26 de marzo de 2015) pero su situación actual es la de destituido. Otro caso es el de la ya lamentablemente fallecida en 2016, Ana Josefina Villavicencio Cacique, quien aparece actualmente como jueza titular de la Corte de Apelaciones 8 en Caracas.

De igual forma, el magistrado exprés de la Sala Político Administrativa del TSJ, Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, está todavía en el listado del TSJ como juez provisorio (desde el 16 de mayo de 2008) en el Tribunal Vigésimo Octavo de Control de Caracas, pero también sale como juez temporal de la Corte de Apelaciones 4 (desde el 30 de septiembre de 2013).

Asimismo, está el tristemente célebre caso del abogado Ángel Zerpa, quien aparece como juez titular penal de la Corte de Apelaciones, aunque fue destituido de su cargo en agosto de 2010 y más recientemente fue detenido arbitrariamente y llevado ante la justicia militar sin cumplimiento del debido proceso, por haber sido nombrado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional (AN).

Si no sabemos los nombres de los jueces y los cargos que actualmente ocupan no podemos determinar quiénes son ni, sobre todo, si cumplen requisitos tan importantes como no tener militancia política para ocupar su cargo, o si han cometido crímenes o tienen sanciones que cuestionen su aptitud para una función tan importante para la armonía de una sociedad como la de ser juez.

En línea pero sin datos

Un aspecto que llama la atención es que cada órgano del sistema de justicia (Defensoría del Pueblo; Ministerio Público, MP; Poder Judicial; Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Defensa Pública) tiene página web que actualizan constantemente con noticias, pero no reflejan información sobre los recursos humanos con los que cuentan, por lo que no podemos saber si son suficientes. El Poder Judicial, la Fiscalía General, Defensa Pública, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportan datos parciales o no actualizados sobre el personal clave como el número de jueces (2.139 para 2016 de los cuales 73% no son titulares), de fiscales (2.246 en 2017, de los cuales sólo 1% es titular), defensores públicos (1.500 para 2015) y policías (85.057 funcionarios en 2014).

El panorama no cambia si de informes anuales hablamos. De la Defensoría del Pueblo sólo se pudo obtener los de los años 2001 y 2015, del MP 2004 y 2016, del Poder Judicial 2001 a 2011 y del Ministerio de Servicios Penitenciarios 2014 y 2015. En la actualidad, el Poder Judicial presenta un discurso de su presidente, quien rinde cuentas, pero no contiene los datos que tenía el informe anual y muchas veces, como por ejemplo este año, aparece publicado con retraso. Se publicó el discurso de Gladys Gutiérrez, ya extitular del TSJ, en la página web el lunes 30 de octubre de 2017, es decir, unos 9 meses después de haberse pronunciado.

En cuanto a los recursos financieros, la información no aparece en las web de los órganos del sistema de justicia, y el de 2017 no fue siquiera publicado en Gaceta Oficial por haber sido presentado por el Ejecutivo ante el TSJ en vez de la AN. En consecuencia, no hubo una Ley de Presupuesto como exige la Constitución. Transparencia Venezuela se encargó de hacerlo público. Es en la página de esta ONG que se pueden encontrar los balances de ingresos y egresos de entes del Estado, incluso la información sobre los créditos adicionales. Por otro lado, nuestra investigación ha demostrado que la asignación de recursos al sistema de justicia bajó desde 2005 de 2,6% del presupuesto nacional a 1,6% en 2015.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La ausencia de información impide a los ciudadanos, en particular a los expertos, formular recomendaciones y sugerencias que permitan al sistema de justicia realizar su labor de manera más eficiente.

Si precisamente los órganos llamados a hacer cumplir las leyes no rinden cuentas de su gestión de manera transparente, con dificultad podrán asegurar el cumplimiento de una garantía constitucional tan fundamental como lo es el acceso a la justicia.

Nueva exigencia de la Sala Civil del TSJ viola independencia judicial y acceso a la justicia


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La independencia judicial es fundamental para que haya justicia verdadera en un país, y esta exige, entre otros, la independencia funcional del juez, que garantiza su  libertad de criterio a la hora de actuar y decidir, de modo que no sea sometido a presiones de otros órganos del mismo sistema judicial.

En abierta violación a la independencia funcional del juez, el 14 de agosto de 2017, mediante oficio n.° CICJC-OFC-00907-2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores y coordinadores de los tribunales civiles que le informen sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Por ejemplo, la citación de una persona que se encuentra fuera del territorio del tribunal donde se lleva a cabo el juicio. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

Quizás la presidencia de la Sala Civil podría fundamentar su propia competencia en que el TSJ, según el artículo 267 de la Constitución, es el órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, así como de  inspección y vigilancia de los tribunales. Sin embargo, la Ley Orgánica del TSJ le da competencia en esta materia a la Sala Plena o a la Inspectoría General de Tribunales, y no a la Sala Civil, e incluso esos órganos actuando como administrativos no pueden cambiar la ley y menos aún establecer procedimientos judiciales. Esto es propio del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Si en 2016 la justicia civil aparecía en el puesto 112 de 113 países evaluados según el World Justice Project (p. 158), en 2017 es muy probable que aparezca en el último lugar con esta nueva medida de la Sala Civil.

Control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil


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Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Desaplicación de normas

Materia: Derecho Constitucional

N° de Sentencia: 831          Fecha: 27 de octubre

Caso: Revisión de la sentencia dictada el 15 de marzo de 2017 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se desaplicó parcialmente, por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil

Decisión: 1.- CONFORME A DERECHO la desaplicación -parcial- por control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, efectuada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia N° 95, dictada el 15 de marzo de 2017. 2.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del expediente, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990, en lo que respecta a exigir a los abogados que se dispongan a actuar ante este Tribunal Supremo de Justicia, que posean el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; así como a la obligación de acreditar tales condiciones, ante el respectivo Colegio de Abogados, a los efectos de efectuar las actuaciones descritas en la norma desaplicada. 3.-Se ORDENA notificar al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensor del Pueblo, respectivamente. 4.-Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.

Extracto: “…los requisitos y formas exigidos legalmente para la tramitación de los recursos, serán manifiestamente violatorias del derecho a la tutela judicial efectiva (en sus vertientes del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso), cuando impongan limitaciones en el acceso a los recursos, que carezcan de toda justificación razonable, es decir, cuando se rompa la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho a la tutela judicial efectiva.

 Desde la perspectiva antes reseñada -fundamentada en el principio pro actione, resultan manifiestamente contrarias al contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las interpretaciones judiciales, e inclusive, las normas legales adjetivas, atinentes a los requisitos de admisibilidad de los recursos, cuyos contenidos sean puramente formalistas, en la medida en que se desvinculen de su finalidad propia, reduciéndose a unas formas vacías de sentido.

 Esta visión del proceso judicial a través del prisma del derecho a la tutela judicial efectiva, permite conjurar el formalismo, siendo este último, en criterio de esta Sala, la perversión o depravación de la forma procesal como garantía. A ello hace referencia el artículo 26 de la Constitución, cuando establece que “El Estado garantizará una justicia (…) sin formalismos o reposiciones inútiles; así como la parte in fine del artículo 257 eiusdem, según el cual “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Hechas las anteriores consideraciones de índole técnico-jurídico, esta Sala estima necesario delimitar el contenido de la norma desaplicada en el caso de autos, para luego evaluar su contenido a la luz de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 324.- Para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado deberá ser venezolano, mayor de treinta (30) años y tener el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de 5 años continuos. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las condiciones expresadas, y el Colegio le expedirá la constancia correspondiente y lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos en este artículo, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación. Se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso la Corte declarará perecido el recurso inmediatamente.

De la lectura de la disposición legal antes transcrita, se desprende que a los efectos de la formalización y contestación del recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, se requiere poseer una capacidad de postulación especial, para cuya conformación el abogado actuante deberá reunir las siguientes condiciones:

  1. a)Ser venezolano y mayor de treinta (30) años;
  2. b)Tener el título de doctor en alguna rama del Derecho; o
  3. c)Un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; y
  4. d)Acreditar ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las anteriores condiciones. Dicho ente gremial le expedirá al abogado la constancia correspondiente y lo comunicará a este Tribunal Supremo de Justicia. 

Igualmente, dicha disposición legal señala de forma expresa, que el apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos antes reseñados, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación.

Por último, la mencionada norma establece, de forma expresa, que se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso (escrito de formalización), el Tribunal Supremo de Justicia declarará perecido el recurso inmediatamente.

Precisado lo anterior, y luego de un análisis comparativo del contenido del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, a la luz del contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa, con meridiana claridad, que exigir, en el caso de autos, poseer el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos y acreditar ante el respectivo Colegio de Abogados que reúnen las anteriores condiciones, a los efectos de realizar las actuaciones descritas en el párrafo anterior, constituyen ilegítimas limitaciones en el acceso al recurso de casación, que carecen de toda justificación razonable de cara a la realización de la Justicia, puesto que su exigencia implica un quiebre manifiesto de la proporcionalidad exigible entre la finalidad de dichos requisitos, respecto de las consecuencias negativas que ello acarrea para el derecho a la tutela judicial efectiva, en sus manifestaciones específicas del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso.

En este orden de ideas, dichos requisitos son susceptibles de ser catalogados como formalismos inútiles, en el sentido de que carecen de una finalidad legítima y plausible, respecto de la validez del recurso de casación propuesto y de las actuaciones subsiguientes, reduciéndose, de este modo, a unas exigencias formales vacías de sentido, que se traducen en un sacrificio insalvable de la Justicia.

Siendo así, las exigencias formales antes descritas, en criterio de esta Sala Constitucional, resultan reprochables a la luz de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que representan, de modo manifiesto y grosero, un atentado contra los derechos de acceso a la justicia y al recurso, en los términos señalados supra, como bien lo estableció la Sala de Casación Civil, en la sentencia objeto de la presente revisión.

Por tanto, esta Sala Constitucional comparte el resultado decisorio plasmado en la decisión del 15 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, así como también los razonamientos empleados para articular la justificación de dicho fallo, toda vez que, tal como se indicó supra, aplicar al caso de autos el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, derivaría, a la vista de las circunstancias fácticas que rodean el presente caso, consecuencias irremediablemente inconstitucionales. Así se declara”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se advierte con esta sentencia el grave peligro que representa por “modificar” los requisitos legales que deben cumplir los abogados para ejercer el recurso de casación ante el TSJ, pues obvia las garantías mínimas que son necesarias para interponer este recurso extraordinario y la complejidad y requerimientos que el mismo contiene. Lo cierto es que esta decisión de la Sala Constitucional (SC), que avala un criterio de la Sala de Casación  Civil (SCC),  no garantiza para nada el imperio de la ley, además de desnaturalizar la esencia e importancia de este medio procesal extraordinario en la legislación procesal venezolano.

Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán: “…considera la Magistrada disidente que las exigencias contenidas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil en modo alguno constituyen simples “formalismos inútiles”, carentes de finalidad legítima y plausible, por el contrario, se trata de requerimientos lógicos y razonables dentro del ámbito de configuración del recurso extraordinario de casación en el proceso civil.

En efecto, es criterio de quien aquí disiente que el legislador estableció tales exigencias en función de la naturaleza extraordinaria de dicho recurso cuya existencia tiene como fines esenciales el proteger el derecho de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la seguridad jurídica (nomofilaquia y uniformidad de la jurisprudencia), a diferencia del recurso ordinario de apelación, con el que se persigue un reexamen ex novo de la controversia (más orientado a la consecución de la justicia del caso en concreto), de forma que la supresión de tales requisitos implica desconocer la esencia misma de dicho recurso y convierte a la institución de la casación civil venezolana en una especie de tercera instancia, lo cual resulta contrario a su propia estructura, tal como fue concebida en el vigente Código de Procedimiento Civil, aspecto éste que sólo podría ser modificado por la vía de la reforma a dicho texto adjetivo.

En criterio de la Magistrada disidente, sin menoscabo de la prohibición de sacrificar la justicia por el cumplimiento de formalidades no esenciales, se está confundiendo formalidad con formalismos, obviándose qué es el recurso de casación. Así, procurando mantenernos dentro del esquema procesal tradicional venezolano de la doble instancia, el recurso de casación no es más que una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Se trata de un recurso extraordinario que si no está sometido a requisitos de años de formación y de experiencia por parte de los abogados formalizantes, así como de los que intervienen en los actos de contestación, réplica y contraréplica se convertiría, como en efecto se hace con esta nueva decisión, en una tercera instancia.

El hecho es que el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencia requiere estar sometido a la satisfacción de un mínimo de requisitos que permitan cotejar de forma objetiva las supuestas ilegalidades del fallo con el resto de las actas procesales teniendo como referencia las argumentaciones contenidas en la formalización. En otras palabras, siendo que el objeto de la técnica casacional es que la formalización contenga las especificaciones y los razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias; aquella encuadra perfectamente dentro de la expresión “escrito razonado” a la que alude el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil y ello exige de un profesional que cumpla con las exigencias del artículo 324 eiusdem”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204617-831-271017-2017-17-0532.HTML

El rescate del Poder Judicial como promesa incumplida: propuestas para hacerlo efectivo


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Sin control judicial de los poderes públicos no hay estado de Derecho y sin estado de Derecho no hay libertad ni democracia. Tal premisa cobra total vigencia si se tiene a un presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, en lugar de hacer cumplir la Constitución, se pone a la orden de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “ejecutar” sentencias contra los opositores políticos por una supuesta traición a la patria.

“El Poder Judicial está al servicio del poder, no del ciudadano, el juez se ha convertido en el principal brazo ejecutor de la dictadura. Indicadores de esto último hay varios. Las innumerables sentencias del TSJ, especialmente de su Sala Constitucional, para anular la Asamblea Nacional. El rol de esa Sala para aumentar poderes del Ejecutivo con la aprobación de un estado de excepción continuado. La condena de ciudadanos sin que la Fiscalía les haya imputado un delito. En suma, la existencia de una justicia a la carta usada como instrumento de persecución política o de formalización de las acciones de un gobernante sin control ni límites”, reseñó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice, con La necesaria reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano: diagnóstico, reflexiones y propuestas, escrito por las abogadas Laura Louza y María Alejandra Correa, de la serie Un país de ciudadanos libres.

Sobre todo a partir del siglo XX, el Derecho se transforma en el instrumento esencial para limitar el poder del Estado y garantizar la libertad del ciudadano frente al ejercicio del poder, y para que ello ocurra es necesario que el juez sea independiente política y económicamente, así como imparcial.

Vale acotar que la Constitución venezolana prohíbe hacer activismo político a jueces y magistrados en su artículo 256; fue esta Carta Magna la que introdujo cambios sustanciales en la organización del Poder Judicial, dirigidos fundamentalmente a garantizar (por lo menos formalmente) su independencia y, además, mayor acceso a la justicia e igualdad para los venezolanos. La aspiración del constituyente venezolano de 1999 era la de conformar un Estado democrático donde la justicia fuera uno de sus valores fundamentales y el Poder Judicial un órgano independiente y fuerte. Pero las mejores experimentadas al principio se diluyeron en el camino hasta llegar al fondo durante lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, con un sistema de administración de justicia totalmente subordinado a los intereses del Ejecutivo. El Poder Judicial es hoy más dependiente que nunca.

Impostergable

El rescate de la justicia en nuestro país es apremiante, por lo que Acceso a la Justicia junto con Cedice formuló una serie de propuestas dirigidas a la transformación del poder judicial venezolano.

En principio, es impostergable una reforma de la Ley Orgánica del TSJ a los fines de adecuarla a las normas constitucionales. En dicho texto legal, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura debe ser concebida como un organismo técnico, profesional, con suficiente autonomía para adoptar decisiones administrativas, sin injerencia de los magistrados que deben ocuparse de lo jurisdiccional exclusivamente.

De igual forma, debe regularse la integración del Comité de Postulaciones Judiciales. La reforma legislativa tiene que contemplar su conformación exclusivamente por miembros de la sociedad civil. Debe ser el órgano encargado de realizar la convocatoria en los casos de faltas absolutas de los magistrados del TSJ, la evaluación de las candidaturas y su primera preselección y presentación al Poder Ciudadano para la posterior designación por parte de la Asamblea Nacional (AN).

Respecto de los jueces de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 255 constitucional, el ingreso a la carrera judicial y su ascenso deben hacerse por concursos de oposición públicos. El mecanismo de concursos garantiza la idoneidad y excelencia de los jueces. Actualmente la mayoría de estos son provisorios (no titulares): 73% para 2016 según la página web del TSJ. Otro elemento importante es la evaluación continua del desempeño de los jueces, que debe estar dirigida a garantizar la eficiencia judicial y la celeridad de los procesos.

Asimismo, debe reformarse la Ley del Sistema de Justicia que crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, controlada por el Poder Ejecutivo, ya que tiene en ella tres representantes directos con competencias amplias para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales, supervisar la gestión del TSJ y revisar y aprobar su presupuesto. Esta ley convierte a los consejos comunales en órganos asesores de la Comisión (controlados también por el Poder Ejecutivo) y los hace intervenir de forma obligatoria en todos los procesos administrativos del alto Tribunal, incluso en aquellos que implican el nombramiento de jueces y personal.

Por otro lado, una de las barreras más importantes para el acceso ciudadano a la justicia es la de los costos de abogados y tribunales, pues aun cuando la justicia sea gratuita según la Constitución, en la realidad no es así. Venezuela es uno de los países con la justicia más cara en el mundo. Por ello, hay que crear servicios de asesoría y orientación jurídica gratuita en todas las instancias del Estado donde ello sea posible.

Otra forma de garantizar el acceso efectivo a la justicia es a través de la justicia de paz, la cual debe ser organizada legalmente como una forma de descentralización judicial, que el artículo 269 de la Constitución promueve, y mantenerla vinculada a la estructura municipal del Poder Público.

Por último, es fundamental capacitar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales en la importancia de su rol para que una sociedad funcione, hay que darles herramientas para comprender la sociedad con una formación adecuada. Es igualmente necesario crear una cultura cívica generalizada de conocimiento de las instituciones y del derecho para que el ciudadano exija al funcionario y este actúe y cumpla. Además, se deben crear mecanismos de rendición de cuentas de índole privada y pública que obliguen al Poder Judicial y demás órganos del sistema de justicia a cumplir su rol y a brindar un servicio de calidad.