7 claves sobre la “ilegalización” de los partidos políticos anunciada por Maduro


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Luego de las dudas y denuncias de fraude en las elecciones regionales del 15 de octubre, y tras la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones municipales para diciembre, además de solicitar la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, la mayoría de los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en ambos procesos por considerar que no hay garantías.

Frente a la decisión de buena parte de la coalición opositora (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Causa R y Alianza Bravo Pueblo), el jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, consignó ante el CNE un documento en el que solicitó que se tomen “medidas contra aquellos partidos políticos que impidan el voto y el derecho a la participación del pueblo”.

La petición de Rodríguez fue respaldada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien advirtió que tanto el CNE como la ANC están obligados a tomar “medidas draconianas” contra  los “partidos que se han ausentado del procedimiento político democrático y electoral” y hasta sugirió que se les inhabilitarán las tarjetas para próximos comicios.

En este nuevo capítulo de la vida político-electoral del país que pone aún más en peligro la libertad, Acceso a la Justicia plantea siete preguntas y respuestas claves para comprender el tema:

  1. ¿Abstenerse de participar en un proceso electoral configura una irregularidad o infracción en la legislación electoral venezolana que acarrea ilegalización de los partidos políticos?

No. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Electoral (SE) reconoce  expresamente que la abstención o la falta de concurrencia a las elecciones es una forma de expresión del sufragio, tanto pasivo como activo, considerándose, claro está, un avance en materia de derechos políticos.

De hecho, la SE sostuvo en sentencia n.° 29 del 19 de febrero de 2002 que “La noción general del derecho al sufragio alude a la libertad de participar en un proceso electoral, tanto en la condición de elector (sufragio activo) como en la de candidato (sufragio pasivo). En ambas modalidades debe admitirse, además de la posibilidad de elegir y ser elegido, la opción de abstenerse de elegir o presentarse como candidato”.

En este sentido, al no verse socavado el derecho al sufragio ni mucho menos la participación política, la SE admitió que la abstención “no produce efecto jurídico alguno”. De hecho, expresamente afirmó que “configura un fenómeno político que, aunque atenta contra la legitimidad de la elección o decisión que se adopte, en sistemas de elecciones por mayoría simple como el nuestro no produce efecto jurídico alguno. En este sentido, también se admite, aunque no técnicamente, que la abstención es una forma de expresar el sufragio”.

  1. ¿Los partidos políticos están obligados a participar en los procesos electorales?

No. Desde que entró en vigencia la Constitución de 1999 el sufragio, tanto pasivo como activo, es concebido exclusivamente como un derecho. Por tal razón, ninguna organización política está obligada a postular candidatos (sufragio pasivo), ni los electores tienen el deber de concurrir al acto de votación de los procesos electorales convocados por el CNE (sufragio activo).

  1. ¿Es la primera vez que los partidos políticos del país deciden abstenerse de participar en unas elecciones convocadas por el CNE?

No. En 2005 las principales fuerzas de la oposición también decidieron no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN) convocadas para el 4 diciembre de ese año, luego de haber quedado en evidencia la parcialización del CNE en el referendo revocatorio del presidente de la República y, sobre todo, por la implementación del Sistema de Autenticación Integral (nombre técnico de las máquinas “captahuellas”) que no brindaba ninguna confianza sobre el secreto, la transparencia y la autenticidad de los comicios parlamentarios.

  1. ¿El CNE puede cancelar a los partidos políticos por abstenerse de participar en las elecciones municipales 2017, inhabilitándolos para las elecciones presidenciales de 2018?

 Absolutamente  no.  La falta de concurrencia a una elección, según la legislación electoral,  no se encuadra como infracción, delito o falta electoral.  A esto habría que añadir que, dada la concepción del sufragio como derecho en el artículo 63 de la Constitución, es más bien una conducta totalmente permitida en el país, por lo que el CNE debería actuar con objetividad e imparcialidad y no hacer nada al respecto.

Sancionar a las organizaciones partidistas por una conducta no tipificada como delito ni falta electoral implicaría una grave violación a los derechos electorales ciudadanos, especialmente a la libertad de la participación política (artículo 62 constitucional), el  derecho al sufragio (artículo 63) y el derecho de asociación con fines políticos (artículo 67). También infringe el principio constitucional de que no hay delito ni sanción sin ley previa (artículo 49 numeral 7) y el principio de legalidad según el cual ningún órgano del Estado puede actuar si la ley no lo faculta (artículo 137).

  1. ¿Cómo regula la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones la cancelación de los partidos políticos en el país?

Precisamente, el artículo 32 de la citada ley establece de forma elocuente cuatro supuestos a partir de los cuales  pueden los partidos políticos perder su inscripción:

  • Cuando sea solicitado por el propio partido, conforme a sus estatutos internos.
  • Por la fusión o incorporación a otro partido político.
  • Cuando el partido ha dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.
  • Cuando se compruebe que hubo fraude durante la inscripción o que su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.
  1. Según la previsión contenida en la letra c del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, ¿es viable su aplicación a los partidos que decidieron no acudir a las elecciones municipales?

No. Este es un supuesto que  resultaría aplicable para cancelar a las organizaciones políticas sólo cuando estas no postulen candidatos en dos elecciones continuas, y está muy claro que los partidos que decidieron abstenerse de participar en las municipales concurrieron a las regionales.

  1. ¿La solicitud entregada al CNE para que tome sanciones en contra de los partidos que expresaron su voluntad de no participar en las municipales es cónsona con el texto constitucional y la legislación electoral? 

No, porque está claro que no busca defender el voto sino restringir e impedir cada vez más el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, al pretender desvalorizar y extinguir a los partidos políticos opositores y a sus seguidores sólo por protestar la falta de transparencia en los comicios regionales. Es decir, el CNE y el Gobierno no dan garantías de elecciones limpias pero quieren obligar a la participación.

Boletín n.° 11. Del 23 al 30 de octubre de 2017


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Boletin 11 Crisis en Venezuela

TSJ en el exilio vs. ANC


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Si bien es cierto que el primer fallo dictado por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, con el que declaró el pasado 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dejó constancia de la importancia, el respeto y la defensa que merece la Constitución frente a un Gobierno nacional interesado cada vez más en desplazar y desconocer su vigencia, Acceso a la Justicia considera conveniente destacar algunos aspectos de tal sentencia.

Es notable la falta de legitimidad democrática de la ANC declarada en el dictamen del TSJ en el exilio, ya que “al no existir la voluntad popular en su origen, no se puede hablar de un poder legítimo y mucho menos de un poder constituyente”.

Del mismo modo, la Sala Constitucional del TSJ en el exilio tampoco dejó pasar por alto que la propuesta constituyente violó de forma explícita el artículo 63 constitucional —que consagra el carácter universal, directo y secreto del derecho al sufragio—,  al basarse en un sistema electoral injusto y discriminatorio impuesto por el Ejecutivo para la escogencia de los constituyentes.

Este es un aspecto significativo que sintetiza mucho las denuncias planteadas por Acceso a la Justicia sobre la fórmula electoral para la participación del electorado mediante votaciones sectoriales y territoriales a partir de la cual se eligieron a los representantes de la Constituyente.

La actuación de la ANC y la de sus integrantes se limita, según el dictamen, a “usurpar facultades que no le son propias, como la destitución de funcionarios públicos, la elaboración de leyes constituyentes, el sometimiento de funcionarios a sus designios, entre otras actuaciones”, que son competencias de la Asamblea Nacional (AN) y, por tanto, contradice los principios fundamentales de la Constitución.

Para los magistrados en el exilio resulta insostenible que la ANC tenga poderes plenipotenciarios, porque sus actuaciones están sometidas “a las restricciones obtenidas a través de la conquista de valores y principios de la historia Republicana, democracia, libertad e igualdad, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, todos de carácter supra nacional”.

A partir de estos dos últimos argumentos, es evidente que lo más grave que ha ocurrido a lo largo de estos tres meses desde la instalación de la ANC es que con el pretexto del carácter “originario” que dice poseer ha ido eludiendo el texto constitucional para convertirse hasta tal punto en un “superpoder”.

Esta es la manera en la cual la ANC ha buscado justificar la usurpación de funciones en la que está incurriendo, sobre todo al invadir las competencias legislativas exclusivamente asignadas a la AN, violando el principio de separación de poderes previsto en el artículo 136 constitucional, también denunciado por Acceso a la Justicia, lo que profundiza la grave crisis institucional que actualmente se vive en el país.

Ante la situación descrita vale preguntarse si acaso no hay nada ni nadie que pueda impedir las ambiciones de la ANC. Sin lugar a dudas, es una amenaza ostensible contra los derechos humanos, aparte de vulnerar la supremacía de la que goza el texto de la Constitución (artículo 7), exigencias que son importantes en un Estado de derecho que busca someter la conducta de las personas y los órganos del poder público a las reglas jurídicas.

Lo anterior pone de manifiesto la relevancia de la sentencia del TSJ en el exilio, pues si bien es cierto que no tiene efectos jurídicos, está orientada a la defensa y salvaguarda del sistema democrático y el orden jurídico constitucional del Estado venezolano frente a una ANC impuesta por el Ejecutivo Nacional de manera inconsulta y unidireccional, con el propósito de permanecer en el poder indefinidamente.

Asimismo, deja claro cuál es la correcta y adecuada aplicación del texto de la Constitución tras declarar la nulidad de la ANC y, sobre todo, al activar la resistencia pacífica por parte del pueblo venezolano, según lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, con el objeto de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la ANC, conforme a lo previsto en el artículo 350 constitucional.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Independientemente de cuál sea el valor que tenga para los venezolanos, esta decisión del “TSJ en el exilio” se traduce en una voz denunciante en contra del fraude totalitario impuesto por el Gobierno nacional.

En definitiva, la sentencia analizada es realmente oportuna y positiva en estos momentos decisivos e inciertos que actualmente vive Venezuela, principalmente por lo que puede generar en la comunidad internacional, cada vez más atenta y vigilante de lo que sucede en nuestro país. Por lo pronto, conviene seguir sumando esfuerzos y condenar cada uno de los atropellos y violaciones del régimen autocrático al que estamos sometidos los venezolanos.

El Diccionario Jurídico creció y ahora te ofrece los Latinazos


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Tal como lo prometimos, el Diccionario Jurídico Para Todos creció y pone a disposición del público los Latinazos, con más de 500 términos de uso común en el ámbito jurídico que podrás consultar en nuestra página web www.accesoalajusticia.org.

Así como cada profesión tiene su propio conjunto de términos técnicos que normalizan los diferentes conceptos que se manejan en cada ámbito profesional, creando una jerga propia y característica, en el caso de los abogados dicho vocabulario tiene una fuerte influencia de vocablos latinos.

Por dicha razón, además de los conceptos presentamos a los lectores algunas consideraciones para orientar sobre el uso de los latinazos, entre ellas cómo se escriben, maneras de escribirlos, por qué en latín la misma palabra se escribe de formas diferentes y cómo se deben pronunciar las palabras latinas en lo que tiene que ver con el acento.

Al igual que el resto del Diccionario Jurídico para Todos, los Latinazos contienen enlaces a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionadas con su definición y otras páginas de interés.

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Enlace a los Latinazos.

“No estamos dentro de la Constitución y por ello no sabemos qué ocurrirá”


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Luego de las elecciones regionales del 15 de octubre le quedó más claro al venezolano la magnitud del poder de la clase política gobernante en el país y hasta dónde está dispuesto a usarlo.

Sobre este tema conversó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, en entrevista con Azalea Liscano en Super Stereo 98.1 FM de Margarita, el 23 de octubre de 2017.

“El Estado ya no está controlado ni limitado por el derecho, lo usa para establecer las reglas que le convienen según el juego político. No estamos dentro de la Constitución y eso lleva a que lo que vaya a pasar no sea previsible. El derecho permite trazar hacia dónde vamos, pero como no se aplica es difícil predecir”, expresó la abogada constitucionalista.

Recordó que la ruptura del orden constitucional no viene con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en los comicios regionales y que llevó a la subordinación de cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD) ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el despojo de su investidura como nuevo mandatario del Zulia a Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, sino desde las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las competencias del Parlamento nacional en marzo de 2017. Lo que ha ocurrido, señaló es que la situación se agravó con la instalación de la ANC.

“El poder cada vez tiene más poder, y allí se ponen en evidencia los errores que tenemos como sociedad; tenemos que crecer, no podemos seguir dejándonos manipular. Parte de los errores de la oposición ha sido creer que los venezolanos somos los de antes y edulcorarnos las mentiras. La oposición debió hablar claro desde el principio, no prometer que el Gobierno saldría de un momento a otro o que por ejemplo acabaría con las colas (para comprar comida) en meses”, reprochó.

La directora de Acceso a la Justicia instó a la dirigencia política a convertirse en líder y dejar de actuar como si no supiera qué hacer, así como dejar de guiarse sólo por lo que le dicen las redes sociales.

“Juego macabro”

Louza admitió que la ONG Acceso a la Justicia estuvo de acuerdo con votar en las regionales, e incluso llamó a la ciudadanía a participar, porque no hay que ceder los espacios que se tienen hasta que se pierden completamente, pero lo ocurrido después demostró que el CNE no mantuvo ni las garantías de diciembre de 2015, por lo que no había garantías para que el derecho al sufragio fuera ejercido y respetado, ni siquiera mínimamente. Se trató de un “juego macabro” del Gobierno.

“La oposición democrática cometió muchos errores. Ella venía advirtiendo que no había Estado de derecho, por ello, llamó a la aplicación de los artículos (de la Constitución) 350 y 333, pero luego aceptó ir a elecciones. Es cierto que tenía miedo de repetir el error de 2005 (cuando no participó en los comicios parlamentarios con nefastas consecuencias), pero la situación no era la misma porque no había en esa época la ruptura del orden constitucional que hay ahora. Tampoco se podía confiar que una vez instalada la ANC en que habría las mismas reglas de (las parlamentarias) de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional”.

También subrayó que los resultados que según el Consejo Nacional Electoral favorecieron al Gobierno con dieciocho jefaturas regionales el 15 de octubre no son legítimos por las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada, y menos aún son indicadores de la realidad del país.

Enlace al audio.

¿Qué dice la primera sentencia del “TSJ en el exilio”?


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El autodenominado “TSJ en el exilio” emitió a través de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional (AN) para conformar su sala constitucional su primera sentencia. Esta versa sobre la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de distintos actos jurídicos del Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional Electoral que convocan a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fijan las condiciones para la elección de los constituyentistas. Esta solicitud fue presentada por cuatro ciudadanos, Diego Enrique Arria Salicetti, María Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma Díaz y Cecilia Sosa Gómez. La Sala Constitucional se integró con los tres magistrados principales nombrados por la AN y los cuatro suplentes que actuaron como principales, para cumplir con el requisito de los siete magistrados que exige la ley nacional.

La decisión de la Sala Constitucional del “TSJ en el exilio” declara la nulidad de los actos jurídicos que convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente y fijaron las condiciones de elección de sus miembros. Adicionalmente, determina la disolución la ANC de facto, así como la activación inmediatade la resistencia pacífica del pueblo venezolano, e insta a la Sala de Casación Penal del TSJ a determinar la responsabilidad penal que hubiere a lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos, en especial los que ejecutan actualmente los integrantes de la Constituyente.

Respecto a esta decisión, la ONG Acceso a la Justicia quiere destacar que tiene un valor simbólico, pues no tiene efectos jurídicos por las razones ya explicadas anteriormente.

Sin embargo, debe resaltarse la relevancia que puede tener moralmente hablando en vista de la desaparición progresiva en Venezuela de los valores democráticos y, además, su importancia para recordar qué dice nuestra Constitución, que en la práctica jurídica del Gobierno y de los órganos del Poder Público actuales, incluyendo en especial la ANC, no es aplicada.

Históricamente, han existido tribunales simbólicos con mucho reconocimiento internacional como el tribunal Russell. En la actualidad, por ejemplo, existen el Tribunal Permanente de los Pueblos y el  World Courts of Women.

¿TSJ en el exilio?


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Tal como se anunció, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 21 de julio se instalaron como “tribunal en exilio” en una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Recordemos que estos funcionarios fueron nombrados por el parlamento en sustitución de los designados ilegalmente en diciembre de 2015. Sin embargo, ese acto de la AN fue decretado nulo antes de su celebración por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia n.° 545. En el fallo también se advirtió que los magistrados juramentados incurrirían en el delito de “usurpación de funciones” previsto en el artículo 213 del Código Penal. Al mismo tiempo, el Presidente de la República los amenazó con castigarlos uno a uno.

Posterior al acto legislativo se inició una cacería de brujas por parte de los agentes de inteligencia del Estado, por lo que algunos magistrados se vieron forzados a exiliarse o pedir asilo político en embajadas como Chile y México. El caso más emblemático fue el de Ángel Zerpa, quien fue detenido de manera arbitraria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y retenido en El Helicoide en Caracas durante varios días.

Son precisamente los magistrados que se encuentran en el exilio los que pretenden instalar el TSJ en la OEA.

Como instancia y voz defensora de los derechos humanos y el respeto a la Constitución y leyes venezolanas, Acceso a la Justicia considera conveniente aclarar algunas dudas que flotan sobre la constitucionalidad y legalidad de este evento.

Vale precisar que los magistrados electos por la AN no configuran un “nuevo TSJ” ni mucho menos se trata de uno paralelo. De hecho, el parlamento sólo eligió a 13 magistrados principales y 20 suplentes para suplir a los nombrados de manera “exprés” en 2015.

Así mismo, para conferir a los seleccionados la condición o investidura de magistrado del TSJ, aparte de la juramentación que tuvo lugar en sesión de la AN en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas, hizo falta el requisito de toma de posesión de sus cargos dentro de los diez días siguientes (artículo 40 Ley Orgánica del TSJ), lo cual no pudieron hacer por la persecución que han sufrido.

Luego, es importante tener en cuenta el principio de la territorialidad o espacio geográfico, el cual es significativo en el derecho constitucional venezolano y está consagrado de manera expresa en el artículo 6 de la Carta Magna.

El texto constitucional establece que es la ciudad de Caracas el asiento de los órganos del Poder Nacional, sin menoscabo que el ejercicio de las funciones de los órganos de ese poder pueda ser ejecutado en otros lugares de la República pero siempre dentro de los límites geográficos del territorio nacional. En esta misma forma, el artículo 6 de la Ley Orgánica del TSJ dispone que la ciudad de Caracas es “el asiento permanente del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de que, en Sala Plena, resuelva ejercer provisionalmente las funciones del Tribunal en otro lugar de la República”.

Dicho en otros términos, para que las decisiones que adopten los agentes o funcionarios legítimamente investidos sean válidas y eficaces deben estar sujetas al cumplimiento de este principio que delimita geográficamente el ejercicio de las funciones de los órganos de los poderes del Estado. Jurídicamente, por tal razón, no sería viable sostener que los magistrados que “se instalen en el exilio” tengan jurisdicción para actuar o ejercer competencias —asignadas por la Constitución y las leyes venezolanas— desde el exterior, como tampoco podría predicarse que las decisiones que tomen fuera del territorio tengan ejecución real en Venezuela.

A juicio de Acceso a la Justicia, la celebración del acto en la OEA sin duda reviste importancia histórica, además de representar un respaldo internacionalmente significativo para el país, pero esto exige al mismo tiempo tener muy en cuenta las precisiones jurídicas descritas, especialmente a la hora de crear o alimentar alguna expectativa o esperanza en la población venezolana, ávida por encontrar una pronta solución a la grave crisis política, económica y social que atraviesa.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Frente al panorama antes expuesto no parece fácil encontrar una salida a la crisis que atraviesa la población venezolana. La situación es muy compleja, sobre todo si se añade la pérdida de la esperanza que se respira en cada rincón del país.

Es obvio que los venezolanos queremos un cambio político que permita solucionar la ingobernabilidad en que vivimos, pero nuestro futuro depende mucho de lo que está pautado por la propia Constitución y los mecanismos que ella nos ofrece como ciudadanos que somos, y por ningún motivo deben ser desestimados a pesar de la ignominia patrocinada por los poderes Ejecutivo y Judicial.

La justicia militar como medio de represión


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Uno de los elementos que agravaron las violaciones de derechos durante las protestas contra el Gobierno nacional de abril a julio de 2017 fue el uso de la justicia militar como medio de represión contra la disidencia política.

Tan importante tema fue expuesto por el coordinador general de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, durante el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en contexto, realizado en el Hotel Rasil de Puerto Ordaz por la ONG, en colaboración con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu.

Fue reiterada la detención de manifestantes civiles y dirigentes políticos, presentados en tribunales castrenses y acusados de delitos de naturaleza militar, tales como traición a la patria. Esto a raíz del conflicto entre el Ejecutivo y la fiscal, hoy destituida, Luisa Ortega Díaz, quien denunció ruptura del hilo constitucional en el país y se negaba a imputar a ciudadanos sólo por manifestar contra los abusos de poder desde Miraflores.

La imparcialidad, independencia, no realizar actividades político partidistas ni gremiales son principios constitucionales aplicables al Poder Judicial, de los cuales no escapa la jurisdicción militar. Pero en Venezuela la justicia militar no es conforme a la Constitución y de hecho tiene elementos estructurales contrarios. En principio, no es independiente ni imparcial, porque está dirigida por el Ejecutivo y sus jueces no son seleccionados por concurso como lo ordena el artículo 261 constitucional.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por su juez natural en las jurisdicciones ordinarias o especiales según el artículo 49 de la Constitución, pero desde el Gobierno no se aplica porque es parte de una política dentro de la idea del enemigo interno. Es decir, los que protestan no son ciudadanos con derechos sino enemigos a los que se tiene que combatir y eliminar.

Una parte del mismo artículo 261 establece que “la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Es decir, los tribunales militares ni siquiera son la regla para los mismos militares, lo que obliga a concluir que con mayor razón los tribunales ordinarios han de prevalecer sobre aquellos.

Enlace a la presentación: Justicia Militar

Países con jurisdicción universal pueden juzgar delitos no cometidos en su territorio


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El coordinador de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aseguró en entrevista a la emisora Unión Radio 90.3 FM el miércoles 13 de septiembre que existen vías para lograr la justicia en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad cometidos por algún Estado en situaciones de conflicto, entre ellas la jurisdicción universal reconocida por algunos países, lo cual se traduce en la posibilidad de juzgar crímenes no cometidos dentro de su territorio.

“Entre los delitos que pueden ser juzgados están los de lesa humanidad que no prescriben, siempre y cuando se pueda llevar al acusado al país que realiza el juicio, para que cumpla prisión en caso de ser condenado. En Estados Unidos y Bélgica se abrieron procesos por torturas cometidas en Liberia y en Ruanda. Si un país está interesado en que se haga justica hace lo posible”, subrayó el abogado.

Indicó que esta y otras vías legales pueden aplicarse contra el Estado venezolano puesto que quedó evidenciado que durante las protestas contra el Gobierno en 2014 y 2017 hubo ataques sistemáticos de las fuerzas de seguridad contra la población civil.

“Fue una estrategia definida de intimidación a las personas por parte del Estado para evitar protestas, no fueron casos aislados o individuales cometidos por algún funcionario de seguridad. Se trató de una acción debidamente planificada porque se evidenció el mismo patrón en todas las ciudades del país donde se presentaron las manifestaciones de calle para acallar la voz de la disidencia”, advirtió.

En este sentido, Daniels destacó la importancia de que tales violaciones a los Derechos Humanos se denuncien y documenten “por muy traumática” que sea la experiencia, para que se puedan establecer los indicios de un patrón en la conducta del Estado contra los ciudadanos y servir como pruebas en los mencionados juicios o en demandas ante organismos internacionales como la Corte Penal.

“Es importante acotar que no sólo es el caso de los que murieron o fueron víctimas de torturas a raíz de las manifestaciones sino de las personas que fallecen en hospitales públicos por falta de medicinas o insumos que debería proveer el Estado, que además rechaza la ayuda humanitaria por razones políticas, a sabiendas de la escasez de medicamentos y dólares para importar equipos. No debemos tener miedo, hay que denunciar, hablar. Ponerse en contacto con ONG que tienen procesos de acompañamiento y de consuelo”, acotó.

Destacó que la Corte Penal Internacional ha dictado alrededor de nueve sentencias condenatorias en su mayoría relacionadas con países africanos por ataques a la población civil y que se trató de procedimientos en los que se respetó el debido proceso y en los que las decisiones podían apelarse.

“Las sentencias incluyen la confiscación de bienes adquiridos producto de los delitos cometidos, entre otras medidas, en las que se hacen valer los derechos de las víctimas”, añadió.

Por último, recordó las tres situaciones en las que la Corte Penal puede actuar en casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos: a solicitud del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como ocurrió con el exdictador libio Muamar El Gadafi, que el país reconozca que fue desbordado y que sus instituciones no sean lo suficientemente fuertes para investigar o que el fiscal de la Corte Penal diga que hay suficientes indicios para hacer una investigación, para lo cual la ONU puede documentar lo ocurrido y remitírselo al Fiscal.

“No es un tribunal etéreo sino uno que condena y hace cumplir sus decisiones”, aseguró.