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El rescate del Poder Judicial como promesa incumplida: propuestas para hacerlo efectivo

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Sin control judicial de los poderes públicos no hay estado de Derecho y sin estado de Derecho no hay libertad ni democracia. Tal premisa cobra total vigencia si se tiene a un presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, en lugar de hacer cumplir la Constitución, se pone a la orden de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para “ejecutar” sentencias contra los opositores políticos por una supuesta traición a la patria.

“El Poder Judicial está al servicio del poder, no del ciudadano, el juez se ha convertido en el principal brazo ejecutor de la dictadura. Indicadores de esto último hay varios. Las innumerables sentencias del TSJ, especialmente de su Sala Constitucional, para anular la Asamblea Nacional. El rol de esa Sala para aumentar poderes del Ejecutivo con la aprobación de un estado de excepción continuado. La condena de ciudadanos sin que la Fiscalía les haya imputado un delito. En suma, la existencia de una justicia a la carta usada como instrumento de persecución política o de formalización de las acciones de un gobernante sin control ni límites”, reseñó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, Cedice, con La necesaria reinstitucionalización del Poder Judicial venezolano: diagnóstico, reflexiones y propuestas, escrito por las abogadas Laura Louza y María Alejandra Correa, de la serie Un país de ciudadanos libres.

Sobre todo a partir del siglo XX, el Derecho se transforma en el instrumento esencial para limitar el poder del Estado y garantizar la libertad del ciudadano frente al ejercicio del poder, y para que ello ocurra es necesario que el juez sea independiente política y económicamente, así como imparcial.

Vale acotar que la Constitución venezolana prohíbe hacer activismo político a jueces y magistrados en su artículo 256; fue esta Carta Magna la que introdujo cambios sustanciales en la organización del Poder Judicial, dirigidos fundamentalmente a garantizar (por lo menos formalmente) su independencia y, además, mayor acceso a la justicia e igualdad para los venezolanos. La aspiración del constituyente venezolano de 1999 era la de conformar un Estado democrático donde la justicia fuera uno de sus valores fundamentales y el Poder Judicial un órgano independiente y fuerte. Pero las mejores experimentadas al principio se diluyeron en el camino hasta llegar al fondo durante lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, con un sistema de administración de justicia totalmente subordinado a los intereses del Ejecutivo. El Poder Judicial es hoy más dependiente que nunca.

Impostergable

El rescate de la justicia en nuestro país es apremiante, por lo que Acceso a la Justicia junto con Cedice formuló una serie de propuestas dirigidas a la transformación del poder judicial venezolano.

En principio, es impostergable una reforma de la Ley Orgánica del TSJ a los fines de adecuarla a las normas constitucionales. En dicho texto legal, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura debe ser concebida como un organismo técnico, profesional, con suficiente autonomía para adoptar decisiones administrativas, sin injerencia de los magistrados que deben ocuparse de lo jurisdiccional exclusivamente.

De igual forma, debe regularse la integración del Comité de Postulaciones Judiciales. La reforma legislativa tiene que contemplar su conformación exclusivamente por miembros de la sociedad civil. Debe ser el órgano encargado de realizar la convocatoria en los casos de faltas absolutas de los magistrados del TSJ, la evaluación de las candidaturas y su primera preselección y presentación al Poder Ciudadano para la posterior designación por parte de la Asamblea Nacional (AN).

Respecto de los jueces de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 255 constitucional, el ingreso a la carrera judicial y su ascenso deben hacerse por concursos de oposición públicos. El mecanismo de concursos garantiza la idoneidad y excelencia de los jueces. Actualmente la mayoría de estos son provisorios (no titulares): 73% para 2016 según la página web del TSJ. Otro elemento importante es la evaluación continua del desempeño de los jueces, que debe estar dirigida a garantizar la eficiencia judicial y la celeridad de los procesos.

Asimismo, debe reformarse la Ley del Sistema de Justicia que crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, controlada por el Poder Ejecutivo, ya que tiene en ella tres representantes directos con competencias amplias para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales, supervisar la gestión del TSJ y revisar y aprobar su presupuesto. Esta ley convierte a los consejos comunales en órganos asesores de la Comisión (controlados también por el Poder Ejecutivo) y los hace intervenir de forma obligatoria en todos los procesos administrativos del alto Tribunal, incluso en aquellos que implican el nombramiento de jueces y personal.

Por otro lado, una de las barreras más importantes para el acceso ciudadano a la justicia es la de los costos de abogados y tribunales, pues aun cuando la justicia sea gratuita según la Constitución, en la realidad no es así. Venezuela es uno de los países con la justicia más cara en el mundo. Por ello, hay que crear servicios de asesoría y orientación jurídica gratuita en todas las instancias del Estado donde ello sea posible.

Otra forma de garantizar el acceso efectivo a la justicia es a través de la justicia de paz, la cual debe ser organizada legalmente como una forma de descentralización judicial, que el artículo 269 de la Constitución promueve, y mantenerla vinculada a la estructura municipal del Poder Público.

Por último, es fundamental capacitar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales en la importancia de su rol para que una sociedad funcione, hay que darles herramientas para comprender la sociedad con una formación adecuada. Es igualmente necesario crear una cultura cívica generalizada de conocimiento de las instituciones y del derecho para que el ciudadano exija al funcionario y este actúe y cumpla. Además, se deben crear mecanismos de rendición de cuentas de índole privada y pública que obliguen al Poder Judicial y demás órganos del sistema de justicia a cumplir su rol y a brindar un servicio de calidad.

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