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El acceso a la justicia en la casación civil venezolana

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La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha venido interpretando las normas que regulan el recurso de casación –que son anteriores a la Constitución de 1999– de forma tal que tengan el mismo sentido de la Carta Magna. Así, desde hace años dejó de exigir formalidades inútiles o ritualismos en la petición de casación por ser contrario al acceso a la justicia según el artículo 26 de la Constitución.

Entre estas exigencias destaca que la casación generalmente es con reenvío, lo que implica que cuando anula la decisión del juez de apelación, salvo en supuestos excepcionales, debe ordenar a otro juez volver a decidir el caso según lo ordenado, lo que puede conllevar al riesgo de que en manos inescrupulosas se enmiende lo que la Sala ordena pero se cometa otro tipo de vicio, haciendo que el juicio se convierta en una serie interminables de idas y venidas del Tribunal Superior a la Sala de Casación Civil, pudiendo los juicios prolongarse por años –en algunos casos más de veinte– por supuesto en detrimento del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva.

De esta forma, la sala antes mencionada, en sentencia del 28 de julio de 2017, estableció que cada vez que anule una sentencia y no sea indispensable reponer el juicio para garantizar el derecho a la defensa de alguna de las partes, ella misma dictará la sentencia definitiva y con ello se evitaría el ir y venir del juicio, dando seguridad jurídica a los ciudadanos involucrados.

Al respecto es necesario aclarar que aunque en Venezuela (como en casi todos los países del mundo) los juicios tienen generalmente dos instancias (la demanda y la apelación), en algunos casos se puede ejercer un recurso de casación, siendo el competente para conocerlo el Tribunal Supremo de Justicia.

El recurso de casación es un medio procesal especial para controlar que el juez de segunda instancia (apelación) haya aplicado correctamente el derecho y lograr que todos los jueces hagan una similar interpretación de la ley y solucionen los asuntos parecidos de la misma forma, esto con el fin de que haya seguridad jurídica.

Las normas sobre el recurso de casación en Venezuela tienen muchos años –más de cien– y son muy rigurosas. El recurso de casación tiene un triple propósito, en primer lugar, garantizar que el juicio se haya llevado a cabo con las garantías establecidas en la Constitución y la ley, es decir, el debido proceso y la tutela judicial efectiva; en segundo lugar, asegurar que la sentencia dictada sea válida, esto es, que cumpla los requisitos formales; y en tercer lugar, que el juez haya aplicado correctamente el derecho.

Con esta decisión, la Sala elimina la posibilidad de que las partes acudan ilimitadamente a su instancia, lo que ahorra años de luchas judiciales en provecho de los ciudadanos.

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