Un Momento con los Derechos Humanos: mitos y realidades de la CPI en el caso Venezuela


Un Momento con los Derechos Humanos

En esta nueva edición de Un momento con los Derechos Humanos, el profesor Alí Daniels responde a diversas interrogantes acerca del reciente anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una averiguación sobre los hechos suscitados en el marco de las protestas del año pasado. ¿La fiscal tiene la potestad de abrir de oficio una investigación? ¿Existen fases de las averiguaciones preliminares? ¿En qué fase se encontraría Venezuela?

Louza: “la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer”, sobre su posición frente a sentencias 155 y 156


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La abogada y directora de Acceso a la Justicia conversó en el Noticiero de Televen el pasado 3 de abril sobre las causas y consecuencias de las sentencias 155, 156, 157 y 158. En primer lugar mencionó que las decisiones “aclaratorias” parecen indicar que existe improvisación en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera sentencia (155) atribuyó al Presidente de Venezuela el poder de legislar en materia penal, social y económica y limitó la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional; la segunda (156) disolvió el actual Parlamento y atribuyó las funciones del Poder Legislativo a la Sala Constitucional del TSJ o al órgano que ella establezca.

En su momento, Acceso a la Justicia expuso la inconstitucionalidad de ambas sentencias, al igual que lo hizo la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien el viernes 31 de marzo expuso en su presentación del informe anual que era una obligación histórica categorizar dichas decisiones judiciales como una ruptura al orden constitucional.

“La fiscal actuó de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Ahora bien, decir cuáles fueron sus motivaciones políticas o personales son elucubraciones. En definitiva creemos que cuando la institución funciona debemos aplaudirlo”, indicó Louza ante los rumores de que se trataría de un show mediático del Gobierno o de que al contrario, mostraba conflictos entre la Fiscalía y el TSJ.

El mismo viernes, el presidente Nicolás Maduro llamó a un Consejo de Defensa Nacional amparado en el artículo 323 de la Constitución, para dirimir el “impasse” entre ambas instituciones, aun cuando señaló que en el país existía la independencia de poderes.

“El Presidente no le puede dar órdenes a un tribunal supremo. El Consejo es un asesor no puede dar órdenes. Ahí te das cuenta de que no se aplican los principios del Estado de Derecho  y lo más grave es que el TSJ ha sido el que ha dado pie a esto”, denunció Louza.

Como ya es conocido, el Poder Judicial anunció en la voz de su presidente, Maikel Moreno, que en las sentencias 157 y 158 se aclaraban dispositivas de las sentencias 155 y 155 a petición del presidente Maduro.

“La intención del TSJ ha sido desde el principio disolver la AN”

Para Laura Louza la intención real del TSJ ha sido disolver a la AN, aunque lo que había hecho hasta dictar las sentencias 155 y 156 era declararla en desacato: “la vía jurídica para lograr su disolución fue el desacato y ahora éste sirve para todo. La figura del desacato en derecho no da pie a la nulidad de un órgano ni de sus actuaciones ni mucho menos pedir la averiguación penal de casi todos los miembros de un órgano del Estado como ha hecho el TSJ”.

Entrevista Alí Daniels :” El poder Judicial solo está pendiente de complacer al Ejecutivo”


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Alí Daniels: Ante la falta de legalidad el Gobierno recurre a cualquier recurso para mantenerse en el poder

El miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia tuvo la oportunidad de mostrar en la Comisión de Derechos Interamericanos (CIDH)  los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.

“Lo más destacado es ver cómo el Poder Judicial se ha convertido en el valedor del Ejecutivo y en un verdugo de la Constitución”, expuso Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia, en una entrevista a Carla Angola el mismo miércoles.

Explicó que mientras la explosividad social se encuentra en las nubes, el Poder Judicial complace al Ejecutivo y no se preocupa de los problemas del país. “Por ejemplo el Ministerio Público ha triplicado el número de imputaciones, pero tenemos los mismos jueces que hace 10 años”, manifestó.

Daniels agregó que las violaciones al debido proceso y de derechos humanos que comete el Poder Judicial también se han acrecentado. En este sentido mencionó las presiones que reciben los jueces en casos de presos políticos y puntualizó el caso de la jueza Karla Moreno que se negó a dar un veredicto fuera de la Constitución y renunció (por la presión del Sebin) en plena presentación de tres jóvenes detenidos por grabar una marcha.

“Esto se ha visto en otros casos. Evidencia un cambio de actuar del Gobierno, porque entonces hay más casos en la justicia militar. Es decir, se ve que ante la falta de argumentos, se está yendo ante la justicia militar. Por ejemplo el caso del diputado Gilber Caro, que ni si quiera ha sido presentado. En dos años 40 personas han pasado por ahí”, dijo.

Ante la pregunta de la periodista de qué significan estos cambios el abogado respondió que “ante la falta de legitimidad, se recurre a cualquier elemento para mantenerse en el poder”.

El representante de Acceso a la Justicia rechazó las declaraciones de William Castillo, presidente de Conatel, quien aseguró que las redes sociales deberían ser controladas por el Estado.

“El argumento de proteger a los niños es el que justificó la Ley Resorte, la cual censuró a  los medios. Hoy en día no se publica la información, los medios están censurados y recurren a la autocensura para evitar ser sancionados. Ahora hay que recurrir  a las redes sociales porque es un sitio donde uno se entera de lo que está pasando, dónde hay una protesta”, explicó.

Daniels calificó al Gobierno venezolano como una autocracia formalista, “porque trata de darle un barniz de legalidad con decisiones del TSJ, dando a entender que se está cumpliendo una legalidad que no existe”.