Louza: “la Fiscalía hizo lo que tenía que hacer”, sobre su posición frente a sentencias 155 y 156


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La abogada y directora de Acceso a la Justicia conversó en el Noticiero de Televen el pasado 3 de abril sobre las causas y consecuencias de las sentencias 155, 156, 157 y 158. En primer lugar mencionó que las decisiones “aclaratorias” parecen indicar que existe improvisación en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera sentencia (155) atribuyó al Presidente de Venezuela el poder de legislar en materia penal, social y económica y limitó la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional; la segunda (156) disolvió el actual Parlamento y atribuyó las funciones del Poder Legislativo a la Sala Constitucional del TSJ o al órgano que ella establezca.

En su momento, Acceso a la Justicia expuso la inconstitucionalidad de ambas sentencias, al igual que lo hizo la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien el viernes 31 de marzo expuso en su presentación del informe anual que era una obligación histórica categorizar dichas decisiones judiciales como una ruptura al orden constitucional.

“La fiscal actuó de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Ahora bien, decir cuáles fueron sus motivaciones políticas o personales son elucubraciones. En definitiva creemos que cuando la institución funciona debemos aplaudirlo”, indicó Louza ante los rumores de que se trataría de un show mediático del Gobierno o de que al contrario, mostraba conflictos entre la Fiscalía y el TSJ.

El mismo viernes, el presidente Nicolás Maduro llamó a un Consejo de Defensa Nacional amparado en el artículo 323 de la Constitución, para dirimir el “impasse” entre ambas instituciones, aun cuando señaló que en el país existía la independencia de poderes.

“El Presidente no le puede dar órdenes a un tribunal supremo. El Consejo es un asesor no puede dar órdenes. Ahí te das cuenta de que no se aplican los principios del Estado de Derecho  y lo más grave es que el TSJ ha sido el que ha dado pie a esto”, denunció Louza.

Como ya es conocido, el Poder Judicial anunció en la voz de su presidente, Maikel Moreno, que en las sentencias 157 y 158 se aclaraban dispositivas de las sentencias 155 y 155 a petición del presidente Maduro.

“La intención del TSJ ha sido desde el principio disolver la AN”

Para Laura Louza la intención real del TSJ ha sido disolver a la AN, aunque lo que había hecho hasta dictar las sentencias 155 y 156 era declararla en desacato: “la vía jurídica para lograr su disolución fue el desacato y ahora éste sirve para todo. La figura del desacato en derecho no da pie a la nulidad de un órgano ni de sus actuaciones ni mucho menos pedir la averiguación penal de casi todos los miembros de un órgano del Estado como ha hecho el TSJ”.

Entrevista Alí Daniels :” El poder Judicial solo está pendiente de complacer al Ejecutivo”


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Alí Daniels: Ante la falta de legalidad el Gobierno recurre a cualquier recurso para mantenerse en el poder

El miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia tuvo la oportunidad de mostrar en la Comisión de Derechos Interamericanos (CIDH)  los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.

“Lo más destacado es ver cómo el Poder Judicial se ha convertido en el valedor del Ejecutivo y en un verdugo de la Constitución”, expuso Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia, en una entrevista a Carla Angola el mismo miércoles.

Explicó que mientras la explosividad social se encuentra en las nubes, el Poder Judicial complace al Ejecutivo y no se preocupa de los problemas del país. “Por ejemplo el Ministerio Público ha triplicado el número de imputaciones, pero tenemos los mismos jueces que hace 10 años”, manifestó.

Daniels agregó que las violaciones al debido proceso y de derechos humanos que comete el Poder Judicial también se han acrecentado. En este sentido mencionó las presiones que reciben los jueces en casos de presos políticos y puntualizó el caso de la jueza Karla Moreno que se negó a dar un veredicto fuera de la Constitución y renunció (por la presión del Sebin) en plena presentación de tres jóvenes detenidos por grabar una marcha.

“Esto se ha visto en otros casos. Evidencia un cambio de actuar del Gobierno, porque entonces hay más casos en la justicia militar. Es decir, se ve que ante la falta de argumentos, se está yendo ante la justicia militar. Por ejemplo el caso del diputado Gilber Caro, que ni si quiera ha sido presentado. En dos años 40 personas han pasado por ahí”, dijo.

Ante la pregunta de la periodista de qué significan estos cambios el abogado respondió que “ante la falta de legitimidad, se recurre a cualquier elemento para mantenerse en el poder”.

El representante de Acceso a la Justicia rechazó las declaraciones de William Castillo, presidente de Conatel, quien aseguró que las redes sociales deberían ser controladas por el Estado.

“El argumento de proteger a los niños es el que justificó la Ley Resorte, la cual censuró a  los medios. Hoy en día no se publica la información, los medios están censurados y recurren a la autocensura para evitar ser sancionados. Ahora hay que recurrir  a las redes sociales porque es un sitio donde uno se entera de lo que está pasando, dónde hay una protesta”, explicó.

Daniels calificó al Gobierno venezolano como una autocracia formalista, “porque trata de darle un barniz de legalidad con decisiones del TSJ, dando a entender que se está cumpliendo una legalidad que no existe”.

Perfil de los magistrados del TSJ no es acorde a la Constitución


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Este lunes 25 de julio de 2016 nuestra directora Laura Louza conversó con el periodista Carlos Fernández en su espacio matutino en Televen “La entrevista”. En esta ocasión la conversación giró en torno al conflicto de poderes que se está dando entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto, Louza considera que existe un cambio de estrategia por parte del Poder Legislativo, ya que “pareciera que a partir de la revocatoria de los magistrados de diciembre la AN, de hecho lo dijo, no va a acatar más las decisiones del Tribunal Supremo en la medida en que los magistrados que están allí en su mayoría no cumplen con los requisitos Constitucionales”.

De igual modo recordó que Acceso a la Justicia realizó un estudio que arrojó que de los 13 magistrados titulares nombrados en diciembre, 10 no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, subrayando que en la mayoría de los casos no tienen los 15 años de ejercicio de la abogacía requeridos para acceder al máximo tribunal.

Con base en esto, argumenta Louza, la Asamblea Nacional podría considerar que si la Sala Constitucional “no está conformada como debe estar conformada ellos no deben acatar esas decisiones, entonces van a continuar como si ella no existiera”.

Por otra parte, al ser consultada sobre la posibilidad de que el TSJ declare a los diputados en desacato por negarse a acatar sus decisiones, aclaró que el uso que se está haciendo de esa figura en casos de amparo no existe en la legislación venezolana.

Finalmente, al comentar la actual situación política del país reflexionó que “en la medida en que se sale del Estado de Derecho y de la Constitución pues cada vez hay más desorden, más impunidad, más caos y hay más incertidumbre porque no hay reglas de juego claras ni una certeza de por dónde van a ir las cosas, y al no saber dónde se está parado, hay confusión y anomia”.

La Sala Constitucional viola los principios generales del derecho


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Los ciudadanos están indefensos frente a las decisiones de la Sala Constitucional

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, fue entrevistada el lunes 9 de mayo por el periodista Carlos Fernandes en su espacio televisivo en El Noticiero Televen, para analizar las últimas decisiones de La Sala Constitucional en respuesta a las iniciativas de la AN.

En últimos meses la Sala Constitucional ha tomado aproximadamente diez decisiones y dos la Sala Electoral, que progresivamente han venido menoscabando las competencias de la Asamblea Nacional contempladas en la Constitución. Frente a esto, Louza expresó su preocupación por la forma en la que la Sala ha estado interpretando la Carta Magna. “El derecho debe tener unos fines que son la justicia, la seguridad y la paz. Si tú no logras eso no estás dictando derecho sino que solamente usas la terminología, pero no haces los razonamientos de los principios generales del derecho que son la división de poderes, la soberanía del pueblo, el respeto a los derechos humanos”. Además, calificó dichas decisiones como progobierno y no prociudadanos debido a que no se está resguardando la “integridad de la Constitución y de los ciudadanos”, que es lo que esta exige en su artículo 334.

TRES FOCOS

Aunque se tocaron aspectos generales de las decisiones de la Sala, hubo tres temas focales: propiedad privada, reforma de la Ley Orgánica del TSJ, y enmienda constitucional.

Propiedad de la vivienda. Louza considera que la decisión sobre el tema de la vivienda es “cínica”, porque el argumento de la Sala se basa en que al no darle propiedad al ciudadano sobre ese bien, supuestamente, se le está protegiendo para que el mercado inmobiliario no se apropie de él para luego especular. La sentencia dice que “le haces daño a la República porque al darle propiedad inmediatamente a las personas que viven ahí no pagarían la deuda que tienen con el Estado. Entonces se protege en realidad al gobierno y, además, al ciudadano le violas el derecho a la vivienda que es el más importante”, explicó.

Reforma de Ley de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo. Para la Directora de Acceso a la Justicia, en esa decisión existe una contradicción que se comprueba si se analiza el comportamiento de la Sala en 2004. “Es muy interesante porque hubo una ley en 2004 donde se aumentó el número de magistrados, no de la Sala Constitucional como en este caso, sino de todas las Salas del Tribunal Supremo. Entonces ellos ahora dicen que eso no se puede permitir porque se controlaría políticamente a la Sala Constitucional”. Asimismo, Louza explicó que, aunado a esto, en una sentencia anterior, la Sala declaró que la AN no puede revocar la designación hecha en diciembre, porque no dicta actos administrativos que son los susceptibles de ser revocados, sino parlamentarios. “Se debe revocar esa decisión, que además fue inconstitucional, porque no se cumplieron los requisitos exigidos por la Constitución”, puntualizó.

Enmienda. Para la directora de Acceso a la Justicia, la decisión de la Sala sobre la enmienda, aparte de tratarse de un adelanto de opinión, lo que no puede hacer un juez, se basa en una interpretación errónea de la Constitución que plantea que se le estaría violando el derecho del Presidente a mandar. “Cuando el acto es definitivo es que tú puedes, si hay una impugnación, pronunciarte sobre él, no adelantarte… Además, ellos no dicen que la enmienda no debe ir sino que no se puede aplicar a este período presidencial porque, aparentemente habría una retroactividad. Partiendo del hecho de que es un derecho del Presidente a mandar cuando en realidad es un deber”, afirmó Louza.

Para concluir, Laura Louza asegura que hasta ahora, las decisiones han ido en detrimento de las competencias de la AN. “Se le está quitando función por función: la iniciativa legislativa en algunos aspectos, la potestad legislativa en materia socio-económica y la función contralora”.

Laura Louza analiza el impacto de las actuaciones del TSJ por Televen


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El día de ayer, durante la emisión matutina de El Noticiero Televen, nuestra directora Laura Louza estuvo conversando con Cárlos Fernandes de las implicaciones que tiene la sentencia número 9, emitida por la Sala Constitucional el pasado 1ero de marzo donde limita las funciones contraloras de la Asamblea Nacional.
Durante su intervención, hizo mención no sólo al reciente dictamen del TSJ, sino a las acciones recurrentes que desde el mes de enero ha ejecutado violando la Constitución y desconociendo el poder del parlamento elegido en diciembre.