Parlamento actual es el que tiene competencia para nombrar a magistrados del TSJ


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Mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechaza cualquier recurso judicial que ponga en duda su autoridad para decidir  y la del Jefe de Estado para convocar a un proceso constituyente sin consultarte al pueblo, la Asamblea Nacional (AN) inició un proceso de designación de nuevos magistrados del alto Tribunal (13 principales y 20 suplentes) y se prevé incluso la juramentación de los seleccionados la segunda semana de julio de 2017.

Al respecto, la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, indicó en entrevista con Carlos Fernándes en su programa 60 minutos en Play FM Network el martes 13 de junio que el Parlamento tiene plena competencia (artículo 264 constitucional) para designar a los magistrados. De hecho, si la AN anterior que cesó en funciones el 31 de diciembre de 2015 hubiera cumplido los lapsos legales de acuerdo con la Ley Orgánica del TSJ (2010), le correspondía al poder legislativo actual el nombramiento (para la segunda semana de enero de 2016) de los 13 principales y 20 suplentes que se seleccionaron de forma ilegal en diciembre de 2015.

“El Gobierno y el TSJ  no le darán valor jurídico a lo que hagan la Fiscal ni la AN con los magistrados pero la AN está procediendo bien porque la anterior no tenía competencia. Si tienes un tribunal ilegítimo ocasionas todo lo que ocurre en la actualidad”, destacó Louza en entrevista radial con Carlos Fernández.

La abogada constitucionalista lamentó que haya tenido que sobrevenir la crisis política, social y económica actual para que el país entendiera lo perjudicial que es no tener separación de poderes, que todos, menos el Parlamento, estén supeditados a los intereses del Ejecutivo y su proyecto político.

“Ha habido millones de intentos para que esos magistrados sean removidos. Acceso a la Justicia presentó la denuncia ante la nueva AN cuando se instaló, abogados han solicitado la nulidad de esos nombramientos y no ha pasado nada (…) Ahora vemos que de la Sala Constitucional del TSJ 3, de 7 magistrados, son exprés y están cuestionados, pero entonces deciden sobre el recurso (de nulidad de la selección) de la Fiscal en su contra. Esos magistrados se tuvieron que haber inhibido antes de conocer el caso y convocar a los suplentes, por lo que la Fiscal los podría recusar”, añadió.

“TSJ actúa para fomentar la protesta”


TSJ

El gerente general de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con decisiones a favor del poder político, demuestra que la cabeza del Poder Judicial es totalmente “sumisa” a los intereses del Ejecutivo nacional, en detrimento de los ciudadanos que son víctimas constantes del abuso de quienes nos gobiernan.

“Los tribunales están para defender al ciudadano de los abusos del poder (…) en lugar de actuar para la paz, el TSJ fomenta la protesta y que no haya institucionalidad en el país”, reprochó el abogado durante entrevista radial en Super Estereo 98.1 fm (isla de Margarita) .

Una muestra  de la parcialidad del Alto Tribunal, de acuerdo con Daniels, son sus fallos con respecto al proceso constituyente. En principio, la Constituyente no fue convocada por el pueblo, pero el TSJ sentenció que no hacía falta el referendo consultivo y luego, las  bases comiciales, objetadas por la Fiscal General poseen “reglas de juego” que ponen en entredicho el sistema democrático.

“Las Bases Comiciales  atentan contra las reglas democráticas sobre la igualdad  del voto que deben valer lo mismo en todos los estados. El estado Apure con la cuarta parte de población del municipio Libertador tendrá más constituyentes que Caracas (…) no es verdad que se están cumpliendo reglas mínimas de democracia con esas normas”, expresó.

En este sentido, destacó la importancia de la actuación de la Fiscalía (anulación de las bases comiciales y suspensión del proceso de elección iniciado por el Consejo Nacional Electoral) ante el Poder Judicial en defensa de la democracia y de la adhesión de los ciudadanos para respaldarla. Ello, porque pese a la parcialidad del sistema de justicia los demócratas deben agotar las vías institucionales.

 “La Constituyente es la muerte de la democracia, no es una elección en la que sólo decidimos si vamos a votar o no, se impone un esquema territorial en la que cada voto no vale lo mismo y una votación sectorial en la que de 14 sectores escogidos (para elegir constituyentes de ellos), 11 son dominados por el chavismo. Es una elección donde se hacen todas las trampas posibles”.

También advirtió que pese al exhorto del presidente, Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente no está obligada a someter a referendo popular la nueva Constitución y que el poder constituido quedará bajo su autoridad al poder ejercer acciones como la destitución de la Fiscal General, así como el  allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados nacionales, tal como lo han asegurado voceros oficiales.

“Promovemos muy responsablemente la protesta pacífica contra la Constituyente, hay muchas maneras de participar, tocando cacerolas, por las redes sociales. Hay que buscar la manera de ir de forma pacífica a las calles porque es el único camino para luchar por la democracia. De lo contrario lo que viene ahora es la sumisión al poder”, añadió.

Enlace al audio: https://goo.gl/gR9kUt

Votación por sectores es propio de regímenes fascistas


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Constitucionalista: votación por sectores es propio de regímenes fascistas

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, rechazó la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por sectores, tal como lo prevén las Bases Comiciales anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 23 de mayo, porque se impone una sola corriente de pensamiento.

“Vivimos una época de monarquía absoluta en la que el rey tiene derecho a gobernar, no hay separación de poderes y la sociedad no tiene derechos sino deberes y además el gobernante otorga privilegios a sectores que él escoja, como un clero. La Constitución de 1947 reconoció el voto directo, universal y secreto y ahora nos hablan de una votación por sectores, lo cual es propio de regímenes fascistas (…) son sectores que te van a representar y que son parte del Gobierno como la administración pública”, expresó Louza en entrevista radial (95.5 FM) con el periodista, Carlos Fernández, el 1 de junio.

De acuerdo con las normas del proceso consignadas por Maduro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se elegirá un constituyente sectorial por cada 83 mil electores de un “registro electoral sectorial”. Dichos grupos son: trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos  indígenas, pensionados, empresarios y Consejos Comunales.

Louza rechazó que los ciudadanos vayan a un proceso electoral representados por grupos escogidos por el Jefe de Estado y que le son afectos. Acceso a la Justicia defiende el derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto (artículo 63 de la Constitución) por lo que consideró que el sistema de elección de constituyentistas tal como lo establecen las Bases Comiciales es limitativo y discriminatorio.

Voto a voto

Otro aspecto de la convocatoria a la Constituyente que Acceso a la Justicia considera grave porque vulnera la igualdad de posibilidades para elegir y ser elegido es el esquema territorial que se tomará en cuenta para la elección de los constituyentistas, lo cual implica que el voto de un habitante de un estado o municipio menos poblado vale más que el sufragio de quienes viven en una entidad o localidad más poblada.

“El pueblo debe poder elegir a los constituyentes voto a voto; cada ciudadano un voto. Pero resulta que en pequeños poblados dominados por el chavismo a través de la comida, las fuentes de empleo, el voto valdrá más que en Caracas (…) Técnicamente no es una ANC es un golpe de Estado”, aseguró Louza.

Lo dicho implica que, si una persona vive en Caracas, pese a ser más poblada, su voto vale menos que un habitante de Apure (su población es la cuarta parte del Distrito Capital) porque elige menos constituyentistas (7 frente a 8 en la entidad llanera) al tomarse los municipios como base de elección, lo cual viola el principio según el cual todos los votos son iguales

La abogada también se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TJS) del 31 de mayo, según la cual no es constitucionalmente obligante la realización de un referendo consultivo para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la convocatoria a una ANC, porque la iniciativa la tuvo el Jefe de Estado, electo por el pueblo.

“La Sala Constitucional ha ido creando un  Estado autocrático, totalitario (…) vamos más hacia una dictadura tradicional en la que no vamos a tener elecciones, somos una masa que está representada por un grupo de gente que escoge el gobierno y ellos son los que mandan y el que no esté de acuerdo es un enemigo”, subrayó.

Indicó que dicha sentencia que enaltece a la democracia representativa en la figura del jefe de Estado, contradice la jurisprudencia referida a los Consejos Comunales en la que se defiende la democracia participativa por encima del poder constituido en los estados y municipios a través de gobernadores y alcaldes.

“Antes decían que mejor era la democracia participativa, ahora les parece mejor la representativa porque estás participando a través del Presidente que hizo la convocatoria y luego  de los grupos que él  escoja, con el objetivo de imponer su poder y su pensamiento (…) ahora vemos que las mayorías, lema tan defendido por el chavismo, ya no importa, lo que vale es el vocero que me representa  de acuerdo con  los intereses de un grupo de poder para mantenerse en Miraflores. Eso no es democrático”, finalizó.

¿Y a ti venezolanocómo te afecta?

La elección sectorial de constituyentistas previstas en las Bases Comiciales propuestas por el Presidente de la República y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son discriminatorias porque tú como elector no podrás sufragar por alguien si no perteneces a los grupos seleccionados (trabajadores, campesinos, pescadores, Consejos Comunales, entre otros). Esto pone en evidencia que las bases comiciales de la Constituyente no son democráticas y prueban el fraude que esta implica.

TSJ: La democracia participativa es superior a la representativa


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El 16 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia 355 mediante la cual se declararon inadmisibles cinco recursos de nulidad contra la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010 que eliminó las Juntas Parroquiales e introdujo las Juntas Parroquiales Comunales.

La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió en el programa Al Derecho transmitido el sábado 27 de mayo por Radio Fe y Alegría 103.1 FM Guayana que con la decisión, la cabeza del poder judicial declaró conforme a derecho la institución de las Comunas, no previstas en la Constitución, y con ellas las juntas parroquiales comunales, así como la escogencia  de sus representantes  mediante una elección de segundo grado; propuesta similar a la votación sectorial para seleccionar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Hace mucho ruido que luego de 6 años de intentarse varios recursos de nulidad contra la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es cuando el TSJ se pronuncia. Llama la atención porque hasta ahora no había dicho nada de este modelo de Estado y ahora dice la sentencia que la Comuna y la junta parroquial comunal que prevé la ley es válida y que incluso la participación política es superior al voto porque es una forma de democracia directa o participativa que es superior a la representativa”, explicó.

La abogada constitucionalista recordó que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que es muy importante la representatividad, es decir, el derecho al voto para que los ciudadanos elijan a sus representantes, para que haya verdadera democracia, dado que la participación es complementaria.

“La Constitución establece cuáles son los órganos de división territorial y organización política del Estado y la Comuna no aparece entre ellos, por lo tanto no es una figura válida. El municipio es la división más cercana al pueblo.  También debemos recordar que la propuesta de las Comunas formó parte de la reforma constitucional que el pueblo rechazó en el referendo de 2007”, añadió.

Maduro restringe más garantías constitucionales de los venezolanos


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Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia fue entrevistada el 18 de mayo por Carlos Fernándes en su programa 60 minutos en Play FM Network, acerca de la inconstitucionalidad del último decreto de estado de excepción dictado por el Presidente de la República Nicolás Maduro.

Durante la entrevista, Laura Louza sostuvo que el gobierno ha estado haciendo una errónea interpretación y aplicación del artículo 337 de nuestra Constitución que versa sobre la facultad que tiene el Presidente de la República de decretar un estado de excepción.

Señala la entrevistada, que el gobierno ha prorrogado reiteradas veces el estado de excepción alegando el mismo supuesto de que “la guerra económica” aún no ha terminado en el país; lo que desde un punto de vista jurídico, señala la entrevistada, es inconstitucional, ya que la propia Constitución sostiene que los estados de excepción por esta causal solo podrán ser prorrogables una sola vez y por un lapso máximo de 60 días.

Precisa Laura Louza, que de no remediarse la situación de emergencia con la prórroga del estado de excepción, según la Constitución el gobierno debió haber optado por implementar otros mecanismos que permitan el restablecimiento de la situación a su estado normal.

Durante la entrevista, Laura Louza sostuvo que si bien el último decreto de estado de excepción se asemeja en su contenido a los anteriores, es mucho más severo en cuanto a las restricciones que le impone a los derechos humanos de los venezolanos. En efecto, el decreto le atribuye al Presidente la facultad de restringir todas las garantías constitucionales, menos las que la Constitución prohíbe limitar como el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de expresión, entre otras garantías, aunque de todas formas, precisa la entrevistada que de hecho están restringidas.

Finaliza Laura Louza, expresando, que los derechos son de los ciudadanos y no del Estado, por ende, el Estado no está en la capacidad de limitarlos como desee, únicamente de cumplir con su deber de protegerlos y garantizarlos.

“El gobierno no ataca la impunidad”


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Laura Louza, directora de “Acceso a la Justicia”, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que en el país se vive una “anarquía gubernamental”.

A propósito del foro: Libertad, Justicia y Derechos en Venezuela, llevado a cabo en la Universidad de Los Andes (ULA), Louza precisó que la impunidad está cada vez más arraiga dentro del Estado, lo cual genera todo un proceso de deterioro reflejado en el descontento de la población.

“Hay una ineficiencia enorme de todos los órganos del Estado en materia de perseguir el delito, el mismo ciudadano no denuncia porque tiene miedo, porque no es protegido y no confía en la autoridad”. Aseguró la directora de la Organización No Gubernamental (ONG).

Algunas cifras

En el informe de “Acceso a la Justicia” titulado: El Poder Judicial venezolano en cifras, se revela que entre el 2001 y el 2016 se registró un descenso de casos ingresados y resueltos. Entre el 2001 y el 2005 ingresó un promedio de 8.732 asuntos, mientras que, entre 2006 y 2016 solo ingresaron 6.467, lo que representa una caída de un 26% de casos ingresados.

Entre 2001 y 2006 se tomaron cerca de 10.263 decisiones por año, mientras que, entre 2007 y 2016 se registraron 6.467. Hubo una disminución de un 30% de decisiones entre un periodo y otro.

Déficit de jueces y no titulares

“Acceso a la Justicia” asegura en el informe que en Venezuela existen 2139 jueces, eso revela que, en promedio, se tiene 6,89 administradores de justicia por cada cien mil habitantes, entre tanto, en América Latina se tiene en promedio 9 jueves por cada cien mil pobladores.

596 jueces tienen su titularidad en Venezuela, lo que representa el 27,86% del total delos magistrados. En la nación existen 1184 jueces son provisionales, 243 son temporales, 90 suplentes, 11 itinerantes y 15 accidentales.

Una frágil administración de justicia al mando de magistrados inconstitucionales


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Actualmente, una gran cantidad de magistrados del TSJ son seleccionados más por su lealtad política con el gobierno que por sus méritos y honores obtenidos durante el ejercicio de su carrera como abogados. Ello genera una inestabilidad en la administración de justicia que compromete la imparcialidad en las decisiones que toma este tribunal cada día. Esto fue afirmado por Laura Louza, Directora de Acceso a la Justicia, en una entrevista del 4 de abril a las 2 pm con Alvaro Pérez Kattar en la emisora Circuito Éxitos 99.7 FM.

Explica Laura Louza que para ser magistrado en Venezuela, se debe cumplir con una serie de requisitos contenidos en el artículo 263 de nuestra Constitución y en el artículo 27 de la LOTSJ. Requisitos que, por ejemplo, están orientados a ser un ciudadano de reconocida honorabilidad, un jurista que haya ejercido su carrera por más de 15 años, tener una especialización en algún área del Derecho, entre otros.

Observa la entrevistada, como algunos de los magistrados que fueron electos en el 2015 por la antigua Asamblea Nacional de mayoría oficialista, no cumplen con algunos de estos requisitos mínimos.

Magistrados como Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez no han ejercido la abogacía por 15 años y no cuentan con una especialización en el área del Derecho; por otro lado, los magistrados Juan José Mendoza y Carmen Zuleta tienen un procedimiento en su contra, lo cual cuestiona su honorabilidad como ciudadanos.

Es por ello, que un magistrado que no cumple con los requisitos que establece nuestra Constitución, así como tampoco con la LOTSJ, destaca Laura Louza, es un magistrado inconstitucional que debe ser removido inmediatamente por la Asamblea Nacional como son los magistrados llamados exprés.

Para finalizar resalta Louza que en el 2016 de una muestra de 65 sentencias del TSJ que seleccionó la ONG por su carácter noticioso, ese máximo tribunal se tardó en promedio 21 días para decidir sobre un caso que tuviese alguna consecuencia favorable para el gobierno o que fuese introducido por un simpatizante o adepto al gobierno, y siempre dando una respuesta afirmativa. De lo contrario, casos que iban en contra del gobierno se tardaban en promedio 1171 días y tenían como resultado, una respuesta negativa.

Para finalizar en Acceso a la Justicia queremos destacar que tener un Tribunal Supremo de Justicia que sea dirigido por magistrados que no son aptos para el cargo, compromete nuestro derecho constitucional de acceder a la justicia, ya que en ese caso el Estado no nos puede garantizar que ésta sea imparcial, transparente e independiente lo cual viola, los principios fundamentales de todo Estado de Derecho.

 

Entrevista Ali Daniels: “La Justicia venezolana requiere de la unión de la ciudadanía para su rescate”


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Alí Daniels abogado egresado UCAB 1986-1991, post grado en Derecho Administrativo, ex director de Indra Venezuela, colaboró con modernización del Poder Judicial con el Banco Mundial y Gerente de ONG Acceso a la Justicia.
Nos ofrece su visión analítica del Poder Judicial y desglosa la realidad a la que nos mantienen sometidos a los venezolanos donde la Asamblea Nacional sigue en “desacato”, con 54 sentencias anuladas. También continúa el estado de excepción por emergencia económica; hay ausencia de ayuda humanitaria y la falta del cronograma para las elecciones regionales, además los presos políticos siguen encarcelados.
La falta de institucionalidad afecta mucho a los ciudadanos de un país, ya que las violaciones a sus derechos suelen ser más comunes y más graves, aunado al hecho de la carencia de cualidades de los integrantes del Poder Judicial, en el que la ONG Acceso a la Justicia ha realizado profundas investigaciones curriculares que devela la poca o nula calidad académica de los integrantes de la Magistratura.
La recomendación que ofrece el Dr. Alí Daniels: no creer en matrices de opinión montadas por el Gobierno para desvirtuar a la OEA, exigir el cumplimiento democrático, en el cambio de actores del Poder Judicial, cumplir con la Constitución y mantener el hilo de protestas, porque lo que estamos viviendo es una autocracia con forma legalista

Para escuchar la entrevista Aquí

Laura Louza: El TSJ se olvida de lo que necesita el ciudadano


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Radiografía de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, balance de la efectividad de este poder ciudadano y la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del Poder Ejecutivo fueron los temas que a la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, le tocó esbozar en una entrevista radial el 7 de Marzo en el programa “En Este País”, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, Barquisimeto.

“La justicia está presa del Gobierno, no hay independencia judicial”, aseveró la abogada quien luego agregó que los magistrados no actúan de acuerdo a las leyes sino a lo que el Gobierno les señala. “En Venezuela el poder está en el Poder Ejecutivo. Si los jueces hacen lo que les dice el poder, lo hacen para mantenerse en sus cargos, y en consecuencia no suelen estar atentos a lo que necesita el ciudadano”, expuso.

Louza recordó que el Derecho y la Constitución fueron creados para controlar el poder del Estado, para lograr que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos y que se respeten y aclaró que si esto no se cumple entonces la justicia, representada en Venezuela en su máxima instancia por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se olvida de lo que necesita el ciudadano.

Esto le sirvió a la abogada como preámbulo para exponer que la presentación de la Memoria y Cuenta de 2016 del vicepresidente Tareck El Aissami y el tren ministerial se realizó este año ante un órgano incompetente: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según las leyes venezolanas este deber del Poder Ejecutivo debe efectuarse ante la Asamblea Nacional, pero el 24 de febrero de este año, la Sala Constitucional declaró la “omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional” (sentencia 90/2017) y ordenar que se presentara la memoria y cuenta del Ejecutivo ante el propio TSJ.

“Lo que hicieron fue mantener la forma. ¿Para qué van a rendir cuenta si lo que presentan no tiene contenido? Prácticamente se lanzaron un discurso político. Además lo hicieron ante el organismo que no es”, manifestó la abogada y agregó que para ella el Poder Ejecutivo técnicamente no presentó su balance correspondiente.

Aseveró que el responsable de que se mantenga el supuesto desacato de la AN es el Gobierno: “El Gobierno dice que no va a presentarse ante la AN porque está en desacato. Pero es el TSJ que dio origen a ese supuesto desacato. ¿Por qué no se hacen elecciones en Amazonas para que se acabe la supuesta causa del desacato?”.

Louza analizó que la rendición de cuentas de este año estuvo vacía. No mostró cifras sino que fue un discurso justificativo. “Se repite el esquema que hemos oído en estos 17 años: mostrar lo que no se puede hacer porque alguien del pasado, de la oposición o del extranjero, no lo permite. La culpa para el Gobierno es de la comunidad internacional, de la guerra económica, de la cuarta república. El tema es que si tú eres el gobernante de un país por mucho tiempo y si el país no funciona no hay otro responsable que tú mismo, por mucho que alguien te lo impida. Si no logras cumplir las metas entonces tú eres un incompetente”, explicó la abogada.

Laura Louza: La peor condena del Poder Judicial fue someterse al Ejecutivo


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La renuncia de la jueza Karla Moreno de Caracas en pleno juicio por la presión para que cambiara su decisión, al igual que ocurrió en Anzoátegui en la  sala del Tribunal sexto de Control, levantó polémica en la opinión pública y aparecieron nuevos cuestionamientos sobre la independencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre este tema, la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, fue entrevistada el 2 de marzo en Mesa Editorial, programa de VivoPlay conducido por Ana Virginia Escobar. En su intervención la abogada constitucionalista expresó que a partir de los dos episodios mencionados el gremio y los venezolanos comenzaron a hacerse la pregunta: ¿quién manda a quién?

“Por lo general el Gobierno se ampara en decisiones del TSJ para decir que lo está haciendo bien. Vemos a su vez cómo el Poder Judicial está presionado por un órgano que al final del día es parte del Gobierno: el Sebin. Esto indica que aquí quien manda realmente es el Gobierno, no el Poder Judicial”, apuntó Louza.

La abogada se refiere a las múltiples sentencias que el máximo representante de la justicia en el país ha emitido en favor de directrices del presidente Nicolás Maduro. En un estudio realizado por su organización se determinó que las acciones a su favor reciben respuesta en un promedio de apenas nueve días y siempre a favor.

Louza recordó que el norte del Poder Judicial es la ley y la Constitución, por lo que sus jueces no deben imputar delitos sin pruebas. “El Poder Judicial se ha ido autosometiendo al Ejecutivo y eso ha sido su propia condena. No hay mayor garantía para un juez que decir que sigue la Constitución y la ley. Incluso internacionalmente los jueces pudieron haber sido defendidos si así lo hubieran hecho. Al no seguir las leyes ni la Constitución entonces han sido cada vez más esclavos del régimen”, aseveró.

Recordó el calificativo que le dio el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional (mayoría oficialista) en 2012. Ese mismo año él viajó a Estados Unidos y declaró desde ese país que no existía autonomía en el TSJ por lo que aseguró que la justicia en Venezuela era de plastilina porque se podía moldear.

“Lo que nos imaginamos es que persiste lo que dijo Aponte Aponte. Él dijo que todas las decisiones que tomaba el TSJ eran ordenadas por el Presidente de la República y un comité que se reunía los viernes con la Fiscalía, el Defensor y otros órganos”.

Louza, explicó que el régimen está mutando hacia una dictadura más tradicional, de tipo militar con un sistema de justicia paralelo para los opositores a su régimen.

“Hoy en día por la misma conciencia de Estado de derecho y por la relación del país con la comunidad internacional es muy difícil para el Gobierno actuar fuera de su poder judicial formal. Aunque tenga controlado al Poder Judicial, hay cosas que se le escapan de las manos porque al final este va a buscar seguir su fin natural que es seguir la ley y la Constitución. Por ello, ocurrió lo de la jueza Karla Moreno, y como consecuencia de ello, tuvo que intervenir el Sebin. Entonces el Gobierno va a tener que ir hacia otro esquema, más allá del Poder Judicial y sin acatar la Constitución de manera alguna, y está claro que así lo ha ido haciendo, entre otros, con la situación del estado de excepción indefinido. Hasta ahora lo que hemos tenido es una autocracia legalista”, explicó.