Entrevista Ali Daniels: “La Justicia venezolana requiere de la unión de la ciudadanía para su rescate”


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Alí Daniels abogado egresado UCAB 1986-1991, post grado en Derecho Administrativo, ex director de Indra Venezuela, colaboró con modernización del Poder Judicial con el Banco Mundial y Gerente de ONG Acceso a la Justicia.
Nos ofrece su visión analítica del Poder Judicial y desglosa la realidad a la que nos mantienen sometidos a los venezolanos donde la Asamblea Nacional sigue en “desacato”, con 54 sentencias anuladas. También continúa el estado de excepción por emergencia económica; hay ausencia de ayuda humanitaria y la falta del cronograma para las elecciones regionales, además los presos políticos siguen encarcelados.
La falta de institucionalidad afecta mucho a los ciudadanos de un país, ya que las violaciones a sus derechos suelen ser más comunes y más graves, aunado al hecho de la carencia de cualidades de los integrantes del Poder Judicial, en el que la ONG Acceso a la Justicia ha realizado profundas investigaciones curriculares que devela la poca o nula calidad académica de los integrantes de la Magistratura.
La recomendación que ofrece el Dr. Alí Daniels: no creer en matrices de opinión montadas por el Gobierno para desvirtuar a la OEA, exigir el cumplimiento democrático, en el cambio de actores del Poder Judicial, cumplir con la Constitución y mantener el hilo de protestas, porque lo que estamos viviendo es una autocracia con forma legalista

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Laura Louza: El TSJ se olvida de lo que necesita el ciudadano


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Radiografía de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, balance de la efectividad de este poder ciudadano y la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del Poder Ejecutivo fueron los temas que a la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, le tocó esbozar en una entrevista radial el 7 de Marzo en el programa “En Este País”, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, Barquisimeto.

“La justicia está presa del Gobierno, no hay independencia judicial”, aseveró la abogada quien luego agregó que los magistrados no actúan de acuerdo a las leyes sino a lo que el Gobierno les señala. “En Venezuela el poder está en el Poder Ejecutivo. Si los jueces hacen lo que les dice el poder, lo hacen para mantenerse en sus cargos, y en consecuencia no suelen estar atentos a lo que necesita el ciudadano”, expuso.

Louza recordó que el Derecho y la Constitución fueron creados para controlar el poder del Estado, para lograr que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos y que se respeten y aclaró que si esto no se cumple entonces la justicia, representada en Venezuela en su máxima instancia por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se olvida de lo que necesita el ciudadano.

Esto le sirvió a la abogada como preámbulo para exponer que la presentación de la Memoria y Cuenta de 2016 del vicepresidente Tareck El Aissami y el tren ministerial se realizó este año ante un órgano incompetente: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según las leyes venezolanas este deber del Poder Ejecutivo debe efectuarse ante la Asamblea Nacional, pero el 24 de febrero de este año, la Sala Constitucional declaró la “omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional” (sentencia 90/2017) y ordenar que se presentara la memoria y cuenta del Ejecutivo ante el propio TSJ.

“Lo que hicieron fue mantener la forma. ¿Para qué van a rendir cuenta si lo que presentan no tiene contenido? Prácticamente se lanzaron un discurso político. Además lo hicieron ante el organismo que no es”, manifestó la abogada y agregó que para ella el Poder Ejecutivo técnicamente no presentó su balance correspondiente.

Aseveró que el responsable de que se mantenga el supuesto desacato de la AN es el Gobierno: “El Gobierno dice que no va a presentarse ante la AN porque está en desacato. Pero es el TSJ que dio origen a ese supuesto desacato. ¿Por qué no se hacen elecciones en Amazonas para que se acabe la supuesta causa del desacato?”.

Louza analizó que la rendición de cuentas de este año estuvo vacía. No mostró cifras sino que fue un discurso justificativo. “Se repite el esquema que hemos oído en estos 17 años: mostrar lo que no se puede hacer porque alguien del pasado, de la oposición o del extranjero, no lo permite. La culpa para el Gobierno es de la comunidad internacional, de la guerra económica, de la cuarta república. El tema es que si tú eres el gobernante de un país por mucho tiempo y si el país no funciona no hay otro responsable que tú mismo, por mucho que alguien te lo impida. Si no logras cumplir las metas entonces tú eres un incompetente”, explicó la abogada.

Laura Louza: La peor condena del Poder Judicial fue someterse al Ejecutivo


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La renuncia de la jueza Karla Moreno de Caracas en pleno juicio por la presión para que cambiara su decisión, al igual que ocurrió en Anzoátegui en la  sala del Tribunal sexto de Control, levantó polémica en la opinión pública y aparecieron nuevos cuestionamientos sobre la independencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre este tema, la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, fue entrevistada el 2 de marzo en Mesa Editorial, programa de VivoPlay conducido por Ana Virginia Escobar. En su intervención la abogada constitucionalista expresó que a partir de los dos episodios mencionados el gremio y los venezolanos comenzaron a hacerse la pregunta: ¿quién manda a quién?

“Por lo general el Gobierno se ampara en decisiones del TSJ para decir que lo está haciendo bien. Vemos a su vez cómo el Poder Judicial está presionado por un órgano que al final del día es parte del Gobierno: el Sebin. Esto indica que aquí quien manda realmente es el Gobierno, no el Poder Judicial”, apuntó Louza.

La abogada se refiere a las múltiples sentencias que el máximo representante de la justicia en el país ha emitido en favor de directrices del presidente Nicolás Maduro. En un estudio realizado por su organización se determinó que las acciones a su favor reciben respuesta en un promedio de apenas nueve días y siempre a favor.

Louza recordó que el norte del Poder Judicial es la ley y la Constitución, por lo que sus jueces no deben imputar delitos sin pruebas. “El Poder Judicial se ha ido autosometiendo al Ejecutivo y eso ha sido su propia condena. No hay mayor garantía para un juez que decir que sigue la Constitución y la ley. Incluso internacionalmente los jueces pudieron haber sido defendidos si así lo hubieran hecho. Al no seguir las leyes ni la Constitución entonces han sido cada vez más esclavos del régimen”, aseveró.

Recordó el calificativo que le dio el magistrado Eladio Aponte Aponte, quien fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional (mayoría oficialista) en 2012. Ese mismo año él viajó a Estados Unidos y declaró desde ese país que no existía autonomía en el TSJ por lo que aseguró que la justicia en Venezuela era de plastilina porque se podía moldear.

“Lo que nos imaginamos es que persiste lo que dijo Aponte Aponte. Él dijo que todas las decisiones que tomaba el TSJ eran ordenadas por el Presidente de la República y un comité que se reunía los viernes con la Fiscalía, el Defensor y otros órganos”.

Louza, explicó que el régimen está mutando hacia una dictadura más tradicional, de tipo militar con un sistema de justicia paralelo para los opositores a su régimen.

“Hoy en día por la misma conciencia de Estado de derecho y por la relación del país con la comunidad internacional es muy difícil para el Gobierno actuar fuera de su poder judicial formal. Aunque tenga controlado al Poder Judicial, hay cosas que se le escapan de las manos porque al final este va a buscar seguir su fin natural que es seguir la ley y la Constitución. Por ello, ocurrió lo de la jueza Karla Moreno, y como consecuencia de ello, tuvo que intervenir el Sebin. Entonces el Gobierno va a tener que ir hacia otro esquema, más allá del Poder Judicial y sin acatar la Constitución de manera alguna, y está claro que así lo ha ido haciendo, entre otros, con la situación del estado de excepción indefinido. Hasta ahora lo que hemos tenido es una autocracia legalista”, explicó.

Laura Louza, “Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”


“Según TSJ: Soberanía es el poder del gobierno… No del pueblo”

El 2 de Marzo en entrevista con Azalea Liscano, por la emisora Super Estereo 98.1 FM del estado Nueva Esparta, la Dra. Laura Louza, abogado, profesora universitaria, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que las constantes modificaciones ilegítimas a la Constitución y las leyes, las realizan solo para favorecer los intereses del Presidente de la República y de su partido, alejándose de forma grotesca de sus verdaderos postulados, así como de la libertad y dignidad de los venezolanos, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

El TSJ “legitima” el ejercicio de medidas arbitrarias que puedan ser dictadas por la misma Sala Constitucional o por otros órganos del Estado contra la Asamblea Nacional, con el propósito de obstaculizar aún más el ejercicio de funciones parlamentarias, pero bajo un velo de supuesta “legalidad”.

Los DDHH no aceptan dualidad, el Estado Venezolano debe resolver la crisis humanitaria de alimentos, medicamentos y las elecciones, como lo dictamina la Constitución Nacional. Por ello Luis Almagro, en nombre de la OEA agradeció este miércoles 1 de marzo el apoyo bipartidista del Senado de EE.UU. para que el organismo aplique la Carta Democrática a Venezuela.

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Laura Louza: Asamblea Nacional está en un cierre técnico


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Anulación de actos, amenazas y detención de parlamentarios, intervención de auditoría interna, supresión de recursos: esto es parte de la movida progresiva del Gobierno para dejar en cierre técnico a la Asamblea Nacional. Así lo explicó Laura Louza,  directora de la ONG Acceso a la Justicia, durante una entrevista en el programa radial 60 Minutos con Carlos Fernándes por Play 95.5 FM en Caracas hoy 23 de febrero de 2017.

“Lo que quieren es un cierre técnico. Lo que vivimos es lo que Diosdado Cabello y los personeros del Gobierno advirtieron sobre la intención de disolver la AN. En suma lo que hemos visto en un año es la vía legal, entre comillas, de disolver el parlamento y quién sabe si el Gobierno terminará militarizando a la AN y prohíbe la entrada a los diputados”, afirmó la abogada constitucionalista.

Mientras el Gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, arrincona a la AN, ésta no ve respuesta oportuna a sus solicitudes de amparos. Louza citó un trabajo realizado por Acceso a la Justicia en el que se explica cómo los recursos intentados por diputados de la oposición (mayoría en el actual Parlamento) son respondidos por el TSJ en promedio 436,6 días después y en ningún caso en menos de un mes, llegando a esperar hasta más de 5 años en un caso.  “Cómo la AN va a pedir un amparo si cuando pide algo no hay respuesta, en cambio cuando lo solicita el Ejecutivo es rápido y a favor”, denunció.

Incumplimiento de pago como excusa

Louza, quien también es profesora de sociología del derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que una de las primeras excusas que usaron en contra de la AN es el fallo en los pagos a sus empleados.

“Un grupo de trabajadores dice que no se les paga el salario; es decir que la AN no cumple con sus funciones. Pero es que el presupuesto lo eroga la Tesorería, luego de una orden de la directiva de la AN. El Ejecutivo es el que está incumpliendo, no la Asamblea”, aseveró la abogada.

Louza aseveró que para que el Poder Legislativo sea independiente requiere de su presupuesto anual, que por ahora permanece cautivo por el Ejecutivo. “Hay una sentencia del TSJ que dice que como la AN no cumple con los pagos, el Ejecutivo es quien va a pagar, pero es él el ente que administra el presupuesto. Entonces ahí le quita otra función al Parlamento: la independencia presupuestaria, importantísima para que haya separación de poderes y democracia. El Ejecutivo ahora administra el presupuesto de la AN, pero no contento con eso, además se le va a hacer una auditoría”.

Con relación a esta auditoría solicitada recientemente por el Contralor General de la República, Louza expresó: “Este Gobierno es como una dictadura legalista. En este caso van a pedir un  amparo cautelar al TSJ y si se lo otorga eso permitirá con una orden judicial entrar y hacer su auditoría, ya todos sabemos cuál será la respuesta”.

Diputados en la mira

La también profesora de la UCV calificó como grave la sentencia que solicita al Poder Ciudadano investigar a los diputados que promovieran la declaración del abandono del cargo del Presidente.

“Hay otra sentencia del TSJ que dice que como la Asamblea está en desacato y además ha habido una conspiración por parte de los diputados porque han estado mandando comunicaciones afuera sobre la situación de Venezuela, pide al Poder Ciudadano averiguar y eventualmente determinar si hay responsabilidad penal de algunos o todos los diputados, pero lo que me llamó la atención es que el año pasado antes de esta sentencia el contralor se pronunció sobre eso y dijo lo mismo en una carta dirigida al TSJ y al Ejecutivo, entonces cómo él puede hacer una averiguación de algo sobre lo que ya se pronunció”, manifestó Louza.

Ella agregó que otro factor que permite ver cómo se ha desplazado al Poder Legislativo es el desconocimiento de la nueva directiva de la AN,  presidida por el diputado por Primero Justicia Julio Borges.

“El TSJ le solicitó a la AN que desincorporara a los diputados de Amazonas, pero que esta desincorporación la debía realizar la directiva anterior, la cual actualmente tiene el lapso vencido y que la Constitución no le permite hacer nada. Lo que pasó fue que ellos se constituyen (directiva de Borges) y después  desincorporan a los parlamentarios de Amazonas. El TSJ dice que es la anterior la que los debe desincorporar porque es la que le tocaba hacerlo”.

Louza sostiene que en el fondo el desconocimiento de la nueva directiva de la AN se podría deber a un pase de factura al diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup: “Hay un tema político donde ahora la idea es castigar a Ramos Allup por su gestión del año pasado y ese es el mecanismo que están usando, porque realmente en un Estado de Derecho todo es al revés porque la Asamblea Nacional es un órgano independiente, tiene unas garantías para ser independiente, entonces han violado la inmunidad, le han quitado sus funciones y lo que sucedería en un Estado de Derecho es precisamente que  recurra a un amparo por la urgencia del caso para que restituya todo eso, y el Ejecutivo aquí está usando lo que los juristas llamamos vías de hecho que es cuando actúas prácticamente sin un amparo legal, aunque se le quiera dar esa apariencia de legalidad y recurriendo al Tribunal Supremo”.

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Laura Louza: “Lo último en Venezuela es que el Poder decide si el pueblo puede o no ejercer su soberanía”


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Laura Louza: “Lo último en Venezuela es que el Poder decide si el pueblo puede o no ejercer su soberanía”

Caracas, 16 de febrero de 2016.- Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, aseguró que ahora el Poder es el que decide cuándo y cómo puede el pueblo ejercer su soberanía. Estas declaraciones las ofreció durante el programa 60 Minutos con Carlos Fernández en Play 95.5 FM en Caracas.

En ese sentido afirmó: “la soberanía es del pueblo, lo dice la Constitución, y sobre esa base está erigido todo nuestro sistema político, así nacimos como país, pero ahora el poder político pretende decidir si el pueblo puede ejercer esa soberanía, cuándo y cómo, y de hecho, ha puesto cantidad de trabas para ello. Todo empezó el año pasado con una sentencia del TSJ que pasó por debajo de la mesa, la que exhortaba al CNE a exigir la renovación de los partidos políticos y prohibía la doble militancia. Para ese momento, habían otros temas en el tapete, como la sentencia que todos recordamos que también fue grave para el derecho al voto, que le quitó la representación a Amazonas en la Asamblea Nacional.

“Volviendo sobre la sentencia de los partidos, esta establece que hay que renovar aquellos que participaron en las parlamentarias con menos del 1 por ciento de los votos, que son prácticamente todos menos las coaliciones. La regulación sobre este aspecto por el CNE se fue postergando durante el 2016, hasta que un día el TSJ hizo una aclaratoria, y aunque el CNE, en octubre a raíz del diálogo aseguró que habría regionales en el primer trimestre del año, ahora nos encontramos con la sorpresa de que no va a haber regionales hasta que se renueven los partidos, bajo la justificación de que el CNE por querer ser muy democrático prefiere esperar la renovación de los partidos para garantizar que todos puedan participar en esas elecciones”.

Louza, también profesora de la UCV, manifestó que de lo anterior queda claro cómo tanto el TSJ como el CNE han generado escollos para que los venezolanos ejerzan su derecho al voto: “Igual fue con el revocatorio, primero hubo un obstáculo puesto por el CNE del 1 por ciento que no está en la Constitución ni en la ley, cuando la Constitución lo que pedía era el 20 por ciento, pero nunca se llegó siquiera a saber si ese 20% apoyaba o no el revocatorio, y al final cuando ya no parecía haber más impedimentos, el TSJ dijo que era por estado  y finalmente con el diálogo todo se postergó hasta que se perdió la oportunidad legal para hacerlo.

La directora de la ONG sostuvo que “la actual situación electoral es muy compleja porque ningún órgano administrativo, ni judicial, ni siquiera el Tribunal Supremo, puede prever requisitos que la Constitución no establezca, y menos aún impedir el ejercicio de un derecho tan fundamental para un país y para su democracia como lo es el derecho al sufragio”.

Para la directora de Acceso a la Justicia, la sentencia dictada por el TSJ el 30 de diciembre de 2015 fue el inicio de lo que serían en lo sucesivo, durante todo el año 2016, trabas impuestas por el máximo órgano judicial. A su juicio, dichas trabas no tienen ninguna base jurídica, en efecto, carecen de legalidad, por ejemplo, en el caso de los diputados del estado Amazonas.

Este caso se basa en una prueba que es inconstitucional e ilegal, ya que es un audio cuya proveniencia no se conoce y no fue realizado en las condiciones que establece la Constitución, es más es una prueba prohibida por esta, y a pesar de ello, hay una Asamblea que ha sido prácticamente disuelta, sobre la base de una prueba que no se sabe de dónde vino, presentada por unos ciudadanos que no se sabe quiénes son, aunque se tiene conocimiento de que quien presentó el recurso tienen vinculaciones con el partido de gobierno. Al final el país está trancado en su funcionamiento institucional con sentencias que lo que van es poniendo trabas”.

La mayor paradoja según la abogada es que el TSJ ha insistido en lo grave que es cuando se vence el periodo de una persona en un cargo, no se proceda al nombramiento del nuevo responsable, pero este argumento ha sido válido solo para ciertos cargos, como los de los rectores del CNE, pero no de aquellos que deben ser elegidos por votos. Afirma Laura Louza en este sentido que el argumento es que “tiene que haber continuidad del servicio y los cargos no pueden estar vencidos, pero esto vale para nombramientos como los de las rectoras del CNE, o cuando el TSJ nombra a los jueces provisorios porque no puede esperar a que haya concurso por la continuidad del servicio, siendo que es responsabilidad del TSJ hacer esos concursos y tiene más de 10 años en mora; entonces ¿por qué la Asamblea no puede funcionar si hay unos diputados que están suspendidos? Sobre todo considerando que la responsabilidad de hacer esas elecciones es del CNE, no de la Asamblea. Igual ocurre con las gobernaciones, en ese caso parece que no importa que no haya elecciones, entonces pareciera que en unos casos no importa que no haya continuidad del servicio y personas que ocupan cargos cuyo periodo está vencido, pero en otros es muy importante, tanto como para que el TSJ usurpe funciones de la Asamblea y nombre a los rectores del CNE”.

Louza concluyó la entrevista diciendo que “lo que importa ahora es nombrar a alguien en un puesto que políticamente el Gobierno pueda controlar; pareciera que entonces lo importante es la continuidad del servicio al poder político instaurado, no al ciudadano y menos aún al pueblo”.

Laura Louza: El año pasado hubo más de 64 sentencias del TSJ a favor del Gobierno


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Laura Louza: El año pasado hubo más de 64 sentencias del TSJ a favor del Gobierno

(Caracas, 27 de enero de 2016).- Este jueves, la coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, en entrevista en el programa radiofónico 60 Minutos de Carlos Fernándes, aseguró que el pasado año hubo más de 64 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia a favor del Gobierno y en contra de los venezolanos, aclarando que muchas de las decisiones tomadas por el Poder Legislativo fueron desestimadas por declarar al Parlamento en “desacato”.

“Desde Acceso a la Justicia estamos haciendo análisis de las sentencias del año pasado y hubo más de 64 sentencias del Tribunal Supremo a favor del Gobierno, en contra del ciudadano y de la Asamblea, y lo más triste es que el venezolano fue muy afectado por estas sentencias cuando precisamente la ideología del Gobierno pregonaba la democracia participativa, el derecho al voto, Chávez decía que ese era su gran logro en Venezuela, una elección por año, y ahora vemos como el año pasado el propio Tribunal Supremo dijo que no hay derecho a enmienda, que no hay derecho a revocatorio, no reconoció a la Asamblea Nacional electa como la representante del pueblo ya que nada de lo que diga vale, dijo que un estado completo no está representado y no ha arreglado esa situación”, sostuvo la abogada constitucionalista.

Louza desestimó la posibilidad de un diálogo ante la inexistencia de condiciones que restituyan la democracia y el Estado de derecho: “Es muy triste lo del diálogo porque la idea es que en política la gente se entienda hablando y llegue a acuerdos y es la única manera de ver si se logra crear una situación de gobernabilidad y de lógica en lo que es la conducción del país, pero ya sabemos lo que ha pasado. Lo que me llamó la atención en la época del diálogo es que muy rápidamente mientras se estaban haciendo los primeros acuerdos y las primeras conversaciones el TSJ sacó sentencias como la de la nacionalidad de Maduro, donde se veía que no había una intención seria del diálogo por parte del Gobierno, porque si el TSJ actuaba en nombre del propio presidente como si fuera un brazo ejecutor, pues evidentemente ya no puede haber diálogo”.

“Recientemente hubo una sentencia del TSJ que dice que por el hecho de tener un cargo público si tú tienes otra nacionalidad debes renunciar a ella, no es lo que dice la Constitución, porque en realidad no podrías tenerlo si eres venezolano por nacimiento y tienes otra nacionalidad, pero en este caso si aplicáramos esta nueva sentencia del TSJ, Maduro debería haber renunciado y no ser presidente, no entiendo por qué algunos artículos de la Constitución se interpretan de una manera para un lado y de otra para el otro. Aquí parece que el presidente tiene derechos y los venezolanos tienen solo deberes”, agregó.

Con relación a las sentencias atinentes a los partidos políticos publicadas recientemente por el máximo organismo judicial del país, Louza explicó: “Hay dos sentencias del TSJ, una que establece que los partidos se tienen que renovar, los que tienen menos de 1%, que son prácticamente todos, entre los cuales está la MUD y el partido de Gobierno, el resto, por ejemplo: AD, Copei, PJ, VP, se tienen que renovar, y ese es un problema porque si no se renuevan no pueden ir a elecciones regionales, es decir, ellos no pueden proponer a sus candidatos, entonces ahí el TSJ creó una trampa que no existía, que no está en la Constitución, que no está en ningún lado, y además estableció en otra sentencia que el CNE es quien va a decidir cuándo tú te puedes inscribir si tienes un partido nuevo y cómo lo vas a hacer, ahora hay trampas por todos lados para ejercer el derecho al sufragio”.

Con respecto al manejo de la economía por parte del Ejecutivo, la directora de Acceso a la Justicia, destacó: “Si el modelo económico del gobierno implica que el Ejecutivo hace lo que quiere y es el que decide qué tiene que comer el ciudadano y qué no, y es el dueño de todas las empresas, eso es contrario a lo que establece la Constitución, la Constitución establece que los venezolanos tenemos derechos a emprender, tenemos derecho a la propiedad privada”.

Louza indicó que ante la idea del Gobierno de establecer el Plan de la Patria, debería realizarse un plebiscito y en función de la elección empezar un diálogo: “Ya sabemos que en 2007 fue rechazado y ha ido siendo ejecutado, a pesar que ese plan no contiene lo que establece la Constitución; con ese panorama no puedes tener un diálogo. Insisto, es que el problema aquí es que el Gobierno lo que quiere aplicar es el Plan de la Patria, aceptando un solo pensamiento, una sola ideología que es la comunista, y eso es lo estamos viviendo y vamos a más”.

“Estamos muy preocupados porque el plan de la Patria niega los derechos constitucionales, los derechos humanos y también niega el derecho de acceso a la justicia, hemos estado siempre en contra de ese plan y es muy peligroso lo que nos está pasando. Ojalá en el Gobierno se entienda que ese no es el camino, que hay que seguir lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución para poder tener un régimen libre y democrático de verdad”, concluyó.

 

 

 

 

Entrevista a Laura Louza sobre el Referendo Revocatorio


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El pasado jueves el periodista Roberto Ruiz Tovar entrevistó a nuestra directora Laura Louza en su programa Rompiendo Esquemas El Show Ciudadano a través de Radio Continente 590AM. La conversación giró en torno a varios temas, incluyendo la solicitud de Referendo Revocatorio que intenta  la oposición y la respuesta de las instituciones del Estado y aquí puede escucharla completa.