“No estamos dentro de la Constitución y por ello no sabemos qué ocurrirá”


laura

Luego de las elecciones regionales del 15 de octubre le quedó más claro al venezolano la magnitud del poder de la clase política gobernante en el país y hasta dónde está dispuesto a usarlo.

Sobre este tema conversó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, en entrevista con Azalea Liscano en Super Stereo 98.1 FM de Margarita, el 23 de octubre de 2017.

“El Estado ya no está controlado ni limitado por el derecho, lo usa para establecer las reglas que le convienen según el juego político. No estamos dentro de la Constitución y eso lleva a que lo que vaya a pasar no sea previsible. El derecho permite trazar hacia dónde vamos, pero como no se aplica es difícil predecir”, expresó la abogada constitucionalista.

Recordó que la ruptura del orden constitucional no viene con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en los comicios regionales y que llevó a la subordinación de cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD) ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el despojo de su investidura como nuevo mandatario del Zulia a Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, sino desde las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las competencias del Parlamento nacional en marzo de 2017. Lo que ha ocurrido, señaló es que la situación se agravó con la instalación de la ANC.

“El poder cada vez tiene más poder, y allí se ponen en evidencia los errores que tenemos como sociedad; tenemos que crecer, no podemos seguir dejándonos manipular. Parte de los errores de la oposición ha sido creer que los venezolanos somos los de antes y edulcorarnos las mentiras. La oposición debió hablar claro desde el principio, no prometer que el Gobierno saldría de un momento a otro o que por ejemplo acabaría con las colas (para comprar comida) en meses”, reprochó.

La directora de Acceso a la Justicia instó a la dirigencia política a convertirse en líder y dejar de actuar como si no supiera qué hacer, así como dejar de guiarse sólo por lo que le dicen las redes sociales.

“Juego macabro”

Louza admitió que la ONG Acceso a la Justicia estuvo de acuerdo con votar en las regionales, e incluso llamó a la ciudadanía a participar, porque no hay que ceder los espacios que se tienen hasta que se pierden completamente, pero lo ocurrido después demostró que el CNE no mantuvo ni las garantías de diciembre de 2015, por lo que no había garantías para que el derecho al sufragio fuera ejercido y respetado, ni siquiera mínimamente. Se trató de un “juego macabro” del Gobierno.

“La oposición democrática cometió muchos errores. Ella venía advirtiendo que no había Estado de derecho, por ello, llamó a la aplicación de los artículos (de la Constitución) 350 y 333, pero luego aceptó ir a elecciones. Es cierto que tenía miedo de repetir el error de 2005 (cuando no participó en los comicios parlamentarios con nefastas consecuencias), pero la situación no era la misma porque no había en esa época la ruptura del orden constitucional que hay ahora. Tampoco se podía confiar que una vez instalada la ANC en que habría las mismas reglas de (las parlamentarias) de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional”.

También subrayó que los resultados que según el Consejo Nacional Electoral favorecieron al Gobierno con dieciocho jefaturas regionales el 15 de octubre no son legítimos por las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada, y menos aún son indicadores de la realidad del país.

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Países con jurisdicción universal pueden juzgar delitos no cometidos en su territorio


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El coordinador de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aseguró en entrevista a la emisora Unión Radio 90.3 FM el miércoles 13 de septiembre que existen vías para lograr la justicia en lo que se refiere a delitos de lesa humanidad cometidos por algún Estado en situaciones de conflicto, entre ellas la jurisdicción universal reconocida por algunos países, lo cual se traduce en la posibilidad de juzgar crímenes no cometidos dentro de su territorio.

“Entre los delitos que pueden ser juzgados están los de lesa humanidad que no prescriben, siempre y cuando se pueda llevar al acusado al país que realiza el juicio, para que cumpla prisión en caso de ser condenado. En Estados Unidos y Bélgica se abrieron procesos por torturas cometidas en Liberia y en Ruanda. Si un país está interesado en que se haga justica hace lo posible”, subrayó el abogado.

Indicó que esta y otras vías legales pueden aplicarse contra el Estado venezolano puesto que quedó evidenciado que durante las protestas contra el Gobierno en 2014 y 2017 hubo ataques sistemáticos de las fuerzas de seguridad contra la población civil.

“Fue una estrategia definida de intimidación a las personas por parte del Estado para evitar protestas, no fueron casos aislados o individuales cometidos por algún funcionario de seguridad. Se trató de una acción debidamente planificada porque se evidenció el mismo patrón en todas las ciudades del país donde se presentaron las manifestaciones de calle para acallar la voz de la disidencia”, advirtió.

En este sentido, Daniels destacó la importancia de que tales violaciones a los Derechos Humanos se denuncien y documenten “por muy traumática” que sea la experiencia, para que se puedan establecer los indicios de un patrón en la conducta del Estado contra los ciudadanos y servir como pruebas en los mencionados juicios o en demandas ante organismos internacionales como la Corte Penal.

“Es importante acotar que no sólo es el caso de los que murieron o fueron víctimas de torturas a raíz de las manifestaciones sino de las personas que fallecen en hospitales públicos por falta de medicinas o insumos que debería proveer el Estado, que además rechaza la ayuda humanitaria por razones políticas, a sabiendas de la escasez de medicamentos y dólares para importar equipos. No debemos tener miedo, hay que denunciar, hablar. Ponerse en contacto con ONG que tienen procesos de acompañamiento y de consuelo”, acotó.

Destacó que la Corte Penal Internacional ha dictado alrededor de nueve sentencias condenatorias en su mayoría relacionadas con países africanos por ataques a la población civil y que se trató de procedimientos en los que se respetó el debido proceso y en los que las decisiones podían apelarse.

“Las sentencias incluyen la confiscación de bienes adquiridos producto de los delitos cometidos, entre otras medidas, en las que se hacen valer los derechos de las víctimas”, añadió.

Por último, recordó las tres situaciones en las que la Corte Penal puede actuar en casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos: a solicitud del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como ocurrió con el exdictador libio Muamar El Gadafi, que el país reconozca que fue desbordado y que sus instituciones no sean lo suficientemente fuertes para investigar o que el fiscal de la Corte Penal diga que hay suficientes indicios para hacer una investigación, para lo cual la ONU puede documentar lo ocurrido y remitírselo al Fiscal.

“No es un tribunal etéreo sino uno que condena y hace cumplir sus decisiones”, aseguró.

Foro A Tiempo: Sanciones a los alcaldes opositores


FORO-A-TIEMPO

La directora de la ONG acceso a la justicia, Laura Louza, el coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) quien también es abogado y escritor de ficción, Carlos Patiño, junto a la directora ejecutiva del centro de justicia y paz (Cepaz), Beatriz Borges Urrutia. Hablaron sobre las sanciones a los alcaldes opositores.

En el programa A Tiempo transmitido por Unión RadioBorges dijo que, desde el 2014 se le están dando seguimientos a las persecuciones políticas. “El tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el principal actor de esa persecución” dijo Borges.

Por su parte Louza acotó que la política del gobierno ha sido la que ha creado una situación de odio con un discurso “agresivo y violento”. Señaló que “cada vez más evidente se han ido eliminando derechos de los ciudadanos donde el TSJ protege al poder y va en contra del ciudadano”.

Patiño aclaró que con la nueva ley propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Ley contra el odio, lo utilizan como instrumento para calificar cualquier acto que tenga que ver con una critica hacia el gobierno. “Comunidad internacional comprende y se pronuncia más sobre la situación de Venezuela por la rebelión popular”.

Además hizo énfasis que pese a la instalación de la ANC tiene algo positivo y es que los países entienden  aún más que se está en dictadura.

Enlace al audio : https://goo.gl/PNFsgZ

El TSJ viola constantemente el derecho de acceso a la información


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En entrevista del 16 de agosto con Piero Trepiccione en el programa En este país, transmitido por Radio Fe y Alegría 105.7 FM y 1390 AM, la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, habló acerca del Informe sobre la negativa del Poder Judicial de dar acceso a la información pública, divulgado el 10 de agosto por la ONG.

El estudio de Acceso a la Justicia abarca los años 2000 y 2016 de las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en materia de derecho de acceso a la información pública y las respuestas negativas dadas, las cuales atentan contra la eficiencia de la administración pública.

Las excusas para no proporcionar información son de las más increíbles: no se debe molestar a la administración y, en el caso del Contralor, se dijo que su sueldo era parte de su derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental de los funcionarios públicos. “Se ha creado un superestado que cree que tiene derechos y no deberes, no tiene responsabilidad, hay una impunidad y una corrupción a causa de eso impresionantes”, afirmó Louza. “Además, el propio Estado promueve esa corrupción y esa impunidad”.

La abogada constitucionalista también afirmó que el Poder Judicial en Venezuela en vez de proteger al ciudadano frente al poder, protege al poder y restringe al ciudadano en el ejercicio de sus derechos.

Elevar pena máxima a 50 institucionalizaría persecución política


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El miércoles 16 de agosto Laura Louza, abogada constitucionalista y directora de la ONG Acceso a la Justicia, fue entrevistada por Sergio Novelli y Alba Cecilia Mujica en el programa Alba y Sergio, transmitido por Onda 107.9 La Superestación para hablar sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno,  para elevar de 30 a  50 años la pena máxima a quienes hayan incurrido en delitos considerados graves, entre ellos instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.

La primera preocupación acerca de la propuesta hecha por Moreno radica en la ambigüedad de la misma, ya que habla de “por lo menos 50 años”, con lo cual se está diciendo que se trata de un mínimo; de ser así, “se trata en buena medida de una pena perpetua y eso viola el derecho a la vida”, atentando contra la progresividad de los derechos.

Louza además cuestionó la posición del magistrado al poner al TSJ a la orden de la ANC. “¿Qué significa esto? ¿Van a proponer que eliminen la garantía de independencia judicial e imparcialidad que debe tener el Tribunal Supremo?”. Toda esta situación es vista por la abogada como un instrumento de amedrentamiento propio de las dictaduras que se evidencia en hechos como las persecuciones a los alcaldes o a las supuestas agresoras de la rectora  del  Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. “Hay toda una política de persecución de la disidencia”, dijo.

También tocaron el tema del uso de la justicia militar contra la población civil; esta depende directamente del Ministerio de la Defensa y, en consecuencia, del Ejecutivo, pero con el nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General ya no es “necesario” utilizarla, pues el Ministerio Público actúa según lo que dicte la ANC. “Ahora me puedo volver a la justicia civil pues es más fácil, ya que tienes más tribunales civiles que militares y puedes extender más la persecución”.

Por último, Louza señaló que la ANC, por su pretendido poder originario, no solo puede cambiar los órganos constituidos sino que también podría ocurrir lo mismo con las leyes vigentes. “Están por encima de la Constitución” y “puede que deroguen las leyes que tenemos”.

En Venezuela se aplica una justicia al revés


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Laura Louza y Alí Daniels, directores de la ONG Acceso a la Justicia, fueron entrevistados el viernes 17 de agosto por Clemente Scotto en Clementadas, por Onda 97.3 FM, en Puerto Ordaz, para promocionar junto a Mairis Balza, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu, el foro Hablemos Derechos Humanos. Guayana en contexto.

Además de difundir el evento, en el que Louza y Daniels dictarán las charlas TSJ, política de impunidad, y La justicia militar contra civiles, tocaron diversos temas sobre el acontecer diario relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente y la arbitrariedad en la administración de justicia. “Tenemos que conocer nuestros derechos para motorizar las instituciones, las instituciones se motorizan solo si nosotros se lo pedimos y se hacen conscientes”, afirmó Louza, quien además señaló la instauración de una “justicia al revés” en el país, en la cual “se da más poder a la autoridad y no hay control, y menos garantías para el ciudadano”.

Por su parte, Alí Daniels señaló que en la actualidad el Gobierno está violando el derecho al juez natural con el uso de la justicia militar. “Si usted es civil tiene que ser juzgado por un juez civil y aquí se ha llegado al extremo de torcer los tipos penales”. Indicó además que el Tribunal Supremo de Justicia está violando sus propias sentencias al colocar a la jurisdicción militar sobre la penal ordinaria en  delitos tipificado en ambos cuerpos normativos, como lo es el delito de traición a la patria.

Para cerrar, mencionaron el reciente lanzamiento del Diccionario Jurídico Para Todos,  a disposición del público venezolano profesional o no del Derecho, con el que se podrán consultar digitalmente términos jurídicos tanto de uso nacional como internacional.

ANC oficializará la neodictadura del socialismo del siglo XXI


ANC

En entrevista dada el 27 de julio a la emisora SuperStereo 98.1 FM, del estado Nueva Esparta,  Laura Louza, abogada constitucionalista y directora de la ONG Acceso a la Justicia, analizó diversos temas del acontecer político actual, como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un posible conflicto armado y la persecución a la disidencia, la imposibilidad de actuar por parte del Ministerio Público (MP) y la política de impunidad, entre otros.

Explicó la ilegalidad y carácter fraudulento de la ANC y planteó la posibilidad de suspender la ANC —lo cual no ocurrió— a fin de evitar un conflicto armado. “No estamos en un estado de derecho, es un estado de fuerza”, dijo.

Louza alertó sobre el peligro de una guerra civil que no sería tal, pues para que la haya debe haber dos grupos armados. “Aquí sólo hay un grupo. El que tiene las armas es el que manda”.

Se instauraría además un plan de persecución para imponer un orden socialista, estimulado por las numerosas tergiversaciones del Tribunal Supremo de Justicia ante las manifestaciones de la ciudadanía presionando a los alcaldes.

En cuanto al Ministerio Público (MP), la abogada destacó que este es irrespetado por la actitud del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, de paso, se encuentra atado de manos debido a la querella del Defensor del Pueblo contra la Fiscal General.

Acerca de la política de impunidad, el Gobierno la estimula a través del TSJ, según Louza, pues, por ejemplo, no pueden ser investigados el ex ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o el caso de la contratista de obras de infraestructura, Odebrecht.

La abogada recalcó que el pueblo tiene derecho a  mantenerse en las calles y recomendó  a los actores políticos buscar el apoyo de las instituciones internacionales.

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TSJ aplica justicia a la carta en antejuicio contra Fiscal


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En entrevista del 4 de julio con Valentina Quintero, en el programa de radio Valen de viaje, a través de la emisora Onda 107.9 la Superestación, Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decide que hay mérito para el enjuiciamiento de la Fiscal General de la República (FGR) Luisa Ortega Díaz, podría suspenderla de su cargo de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), pero se cometería un fraude procesal al usar una norma para un fin diferente al que está destinada.

“A la Fiscal General se le está siguiendo un antejuicio de mérito porque ha cometido faltas graves, esto es lo que ha dicho la Sala Plena del TSJ en su decisión”, afirmó Louza. Sin embargo, tales faltas no son un delito y por ello no puede ser aplicable el COPP, que es para causas penales, sino la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC).

De acuerdo a la LOPC, Luisa Ortega Díaz pudiera ser removida del cargo si se considera que hay mérito y a quien le corresponde destituirla es a la Asamblea Nacional. No obstante, la manera en la que se ha manifestado el TSJ, sobre todo el dictamen de medidas preventivas de índole penal, hace pensar que se está siguiendo un antejuicio por supuesta comisión de delitos. De ser este el caso, lo que procedería según el COPP es la suspensión.

“Se trata de una aplicación del derecho un poco a la medida, una justicia a la carta”.

Autoridad del Ejecutivo se impone sobre voluntad del pueblo


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La directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, reiteró que desde el inicio, la propuesta de la Asamblea Nacional  Constituyente fue inconstitucional, puesto que la Constitución sólo puede ser transformada si el pueblo lo aprueba. Por lo tanto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, debía consultarle al pueblo si estaba de acuerdo o no con la convocatoria. No puede omitir este paso y atribuirse una potestad que no le está reconocida en la Carta Magna.

Entrevistada en el programa de radio “En el medio”, con Azalea Liscano Henríquez, el 25 de junio, la abogada constitucional explicó que la esencia de una Constituyente en Venezuela es la de transformar el Estado, su modelo económico, social e incluso su ordenamiento jurídico, lo que a su vez, implica la redacción de una nueva Constitución, tal como establece el artículo  347 de la Carta Magna.

 En este sentido, recalcó, que en todo proceso constituyente la última palabra la tiene el pueblo porque es en la Constitución donde se encuentran garantizados y protegidos sus derechos más esenciales, aquellos que rigen la vida de cada uno de los ciudadanos. Por lo que recalcó que  si la última palabra la tuviera una sola autoridad habría un quebrantamiento de los principios democráticos y constitucionales, al haberse impuesto sobre la voluntad del pueblo.

Por otro lado, apuntó, el modo de elección de los constituyentes agrava aún más el escenario jurídico al violarse el derecho al voto de los ciudadanos contenido en el artículo 63 de la Constitución. Afirmó  que los ciudadanos no participarán realmente en unas elecciones democráticas, ya que indistintamente del constituyente que elijan estarán apoyando de una u otra forma el proyecto político del gobierno.

“Bajo el marco electoral impuesto por el Jefe de Estado los votos son desiguales entre ciudadanos de distintos estados, al valer el voto de un caraqueño 13 veces menos que el de un ciudadano proveniente de Amazonas; pese a que el Distrito Capital tiene muchos más habitantes que el estado Amazonas”, dijo.

Por último, aseguró que las bases comiciales impuestas por Maduro no garantizan una representación de la sociedad, pues 5 millones de habitantes quedan excluidos de esta votación por no estar dentro de los sectores señalados por el Presidente y aquellos, que sí logran votar por un sector no necesariamente se van a sentir representados por ese por haber sido decidido por el gobierno a qué sector pertenece cada ciudadano sin que haya un padrón electoral para esto.

TSJ da continuidad a golpe judicial


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La directora ejecutiva de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  continúa propinando un golpe judicial. Esta vez la Sala Constitucional (SC) limita deliberadamente competencias del Ministerio Público (MP) y sigue legitimando un proceso constituyente que no cumple con los principios que establece nuestra Constitución en su artículo 347.

En entrevista con el periodista Carlos Fernández, el 24 de junio, en el programa 60 minutos, Louza se refirió a las recientes sentencias No. 469 y 470 del TSJ. La primera es sobre la interpretación de la Constitución solicitada por el Defensor del Pueblo y la segunda es sobre las bases comiciales, aunque en ella el TSJ se pronuncia también sobre el nombramiento del Vicefiscal General.

Respecto a la Constituyente, Louza señala que lo más preocupante es que el TSJ está apoyando unas elecciones antidemocráticas en la que los electores sólo pueden votar por el proyecto político del Gobierno y los constituyentes son elegidos por unos sectores que fueron previamente establecidos por el Presidente de la República y no por el pueblo.

Por lo que según la abogada constitucional, 5 millones de habitantes ya quedan excluidos al no estar dentro de los sectores establecidos por el Presidente y aquellos, que sí logran votar por un sector no necesariamente tienen que sentirse representados por ellos ya que están votando bajo un modelo electoral que omitió la participación ciudadana.

Por otro lado, Louza sostiene que en sentencia 470, la Sala Constitucional anuló el nombramiento del vicefiscal general, Rafael González por haber sido aprobado por la Asamblea Nacional (AN) que al estar en desacato no podía hacerlo. Razón por la cual, la instancia determinó que nombraría al nuevo Vicefiscal.

Facultad para investigar

En cuanto a los cambios de competencia del Defensor del Pueblo, Louza señaló que la Sala Constitucional le atribuyó a la Defensoría del Pueblo funciones que son propias del Ministerio Público (MP), tales como ejercer la acción penal establecida en el artículo 285 de la Constitución.

Advirtió que si bien ambas instituciones pueden recibir casos de violaciones de derechos humanos las acciones a tomar son distintas. Mientras la Defensoría denuncia la violación, protege a la víctima e insta al MP a realizar una investigación contra un funcionario público; el Ministerio Público, investiga y acusa a al funcionario que haya cometido el delito.

Es decir, el Ministerio Público es el único quién tiene la facultad de investigar y acusar a una persona, indistintamente del delito que haya cometido y de quién sea esa persona; en cambio la Defensoría del Pueblo defiende a ciudadanos frente a violaciones de derechos humanos, que por su naturaleza, sólo comete el Estado.