Inepta acumulación de pretensiones en un recurso de revisión penal


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Revisión

TSJ/SCP Nº: 145      Fecha: 07-04-2017

Caso: Jonnhy Yanner Sánchez Jaimes

Decisión: Declara la inadmisibilidad por inepta acumulación del recurso de revisión interpuesto por la defensa.

Extracto:

“La recurrente con fundamento en los numerales 1 y 4 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, alegó que el 26 de febrero de 2013, su defendido fue sentenciado conforme al procedimiento por admisión de los hechos, a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión por la comisión de los delitos de tráfico agravado en la modalidad de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación, mientras que los otros dos acusados de autos por los mismos delitos, fueron sometidos a un juicio oral y público, resultando absueltos el 12 de febrero de 2014, respecto a ambos ilícitos penales, lo que trajo como consecuencia que, según su criterio, “(…) cesa[ron] las condiciones y requisitos que debe tener un hecho para ser calificado como el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (…) pues la acusación Fiscal (sic) admitida por el Tribunal de Control en su oportunidad, considero (sic) que se configuraba [dicho delito] en virtud de la participación de los tres jóvenes acusados, incluso acogiéndose al número de participantes, tal como lo expresa la propia Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (…), por lo que, al haber quedado como “único autor, mi defendido JONNHY YANNER SÁNCHEZ JAIMES (…) no pu[ede] subsumir[se] el comportamiento en dicha norma (…)”. Por tal motivo, solicitó de esta Sala de Casación Penal, la declaratoria con lugar del presente recurso de revisión, y como consecuencia de ello, la modificación de la pena en razón de la inexistencia de la comisión del delito de asociación por parte de su defendido.

Como se aprecia, resulta evidente para esta Sala de Casación Penal que, en el presente caso, se configuró una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que la recurrente alegó conjuntamente dos supuestos de procedencia del recurso de revisión que se excluyen entre sí, no solo por cuanto su conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales distintos, sino, además, por la incompatibilidad del procedimiento que le es aplicable.

En efecto, tal como se estableció en párrafos anteriores, esta Sala de Casación Penal resulta competente para conocer del supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, cuando la revisión se base en la existencia de sentencias contradictorias en virtud de las cuales estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola, conforme al trámite y reglas previstas para el recurso de casación en los artículos 457 y siguientes eiusdem; mientras, que en el caso del numeral 4 del artículo 462 del referido texto adjetivo penal, vale decir, cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió, será competente para conocer el Tribunal de Primera Instancia del lugar donde se perpetró el hecho, de acuerdo al procedimiento previsto para el recurso de apelación en los artículos 447 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Por esta razón, resulta evidente que, en el presente caso, la recurrente debió fundamentar su recurso de revisión en uno solo de los requisitos de procedencia previstos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, o aducir únicamente aquellos que pueden ser conocidos por un mismo órgano jurisdiccional a través de un único procedimiento, puesto que, se reitera, a esta Sala de Casación Penal solo le compete conocer cuando lo alegado se circunscriba a lo contenido en el numeral 1 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuyo caso, debe cumplirse con las reglas establecidas para el recurso de casación, mientras que cuando se trate de la causal contemplada en el numeral 4 de la referida norma su conocimiento corresponde al tribunal de primera instancia del lugar donde ocurrió el hecho punible, concretamente, en este caso, a un tribunal del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, conforme al procedimiento previsto para el recurso de apelación.

Por consiguiente, al haber fundado la recurrente la revisión solicitada en dos supuestos de procedencia cuyo conocimiento corresponde a dos tribunales distintos a través de procedimientos evidentemente incompatibles entre sí y, por tanto, no susceptibles de resolución conjunta, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar la inadmisibilidad de dicho recurso, pues de lo contrario, se vulneraría la garantía del debido proceso al admitir un medio impugnativo que no puede resolverse sobre la base de la unidad de procedimientos característicos de la acumulación de pretensiones en general [Vid. Rengel Romberg, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Venezuela, 1991].

Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal declara inadmisible el presente recurso de revisión, en virtud de haberse alegado conjuntamente dos supuestos de procedencia que corresponden al conocimiento de distintos órganos jurisdiccionales y cuya tramitación se efectúa a través de procedimientos incompatibles entre sí, de conformidad con lo establecido en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso se declara inadmisible el recurso de revisión penal, por considerar que el recurrente presentó se fundamentó en dos causales o motivos de revisión que en criterio de la Sala resultan contradictorios entre sí, cuyo conocimiento correspondería a distintos Tribunales y con procedimientos incompatibles; no obstante, si bien es cierto que el conocimiento del asunto podría corresponder a Tribunales diferentes dependiendo de la causal de revisión invocada, no es menos cierto que cualquier tribunal que resulte competente deberá aplicar el mismo procedimiento, es decir, el de la revisión. Además, la incompetencia podría impedir a la Sala pronunciarse con respecto a uno de los alegatos, pero no con respecto al otro. Por ello, consideramos que no debió declararse inadmisible el recurso, sino pronunciarse al fondo con respecto al punto que le corresponde a la Sala y desechar aquél para el cual no es competente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197744-145-7417-2017-17-54.HTML

Sobre el vicio de inmotivación en la sentencia


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 143      Fecha: 07-04-2017

Caso: José Gregorio Brito Moreno

Decisión: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano JOSÉ GREGORIO BRITO MORENO. Anula la sentencia dictada, el 31 de mayo de 2016, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro. Ordena remitir la presente causa a la Presidencia del referido Circuito Judicial Penal, a los fines de constituir una Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, para que se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto, con prescindencia del vicio que dio lugar al presente fallo.

Extracto:

“Siendo así, es innegable que la referida Sala Única incurrió en el vicio denunciado en casación por la defensa respecto a la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no dio respuesta a los alegatos expuestos en el recurso de apelación referidos “a la falta de contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia”, en la cual presuntamente habría incurrido la Jueza Primera Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, al dictar la sentencia condenatoria, en virtud que, según consideró la defensa, dicha juzgadora omitió el análisis y comparación de las pruebas evacuadas en el debate oral y público.

En efecto, la referida Sala de la Corte de Apelaciones sustentó la sentencia hoy recurrida en casación, en un argumento común, que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso, ya que luego de limitarse a transcribir el texto integro del fallo recurrido, y de citar doctrina y jurisprudencia relacionadas con la motivación de la sentencia, concluyó afirmando que del análisis de la sentencia de juicio se observaba que las pruebas habían sido debidamente valoradas y adminiculadas conforme a derecho, en razón de lo cual, dicha decisión del juzgador de juicio estuvo motivada.

A criterio de esta Sala de Casación Penal, la reseñada actuación de la alzada comporta la infracción de la garantía a la tutela judicial efectiva, toda vez que si bien dicha garantía no consiste en la obtención de una resolución favorable, la misma tiene que ser una resolución motivada, esto es: razonable, congruente y fundada en derecho.

De allí, que el derecho a la motivación del fallo sea de carácter subjetivo para las partes del proceso, y su ejercicio no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe entenderse como la exigencia en cuanto a que toda resolución judicial tiene que apoyarse en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales en los cuales se fundamenta.

…OMISSIS,,,

De lo anterior, se advierte que la falta de motivación de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, se produce bien por la omisión sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, o por la falta de fundamentos que permitan conocer la resolución de la denuncia alegada, tal violación quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de las partes intervinientes, al no permitírseles conocer los motivos por los cuales fueron rechazados los alegatos expuestos en la apelación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza y ratifica los criterios relativos a las circunstancias que deben ocurrir para que exista el vicio de inmotivación en la sentencia, indicando que la respuesta genérica sin dar respuesta expresa a los alegatos de impugnación constituye inmotivación.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197742-143-7417-2017-C16-319.HTML

Efectos de la publicación fuera de lapso de la sentencia penal


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: de Casación

TSJ/SCP Nº: 141      Fecha: 07-04-2017

Caso: Jonny Gabriel Daza Mendoza

Decisión: Decreta la nulidad de oficio de todas las actuaciones relacionadas con el acusado JONNY GABRIEL DAZA MENDOZA, posteriores a la sentencia condenatoria, por admisión de los hechos, de fecha 3 de septiembre de 2015, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida. Se ordena reponer la causa al estado que se realicen las notificaciones a las partes, (incluyendo al acusado detenido) de la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el 3 de septiembre de 2015.

Extracto:

“De lo anteriormente transcrito, se evidencia que existen tres momentos procesales para publicar una sentencia, bien sea definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, a saber:

1.- La sentencia se dicta una vez concluido el debate de juicio (fase de juzgamiento), o finalizado la audiencia preliminar (fase intermedia).

2.-  Cuando el Tribunal se acoge al lapso de ley a los fines de publicar el texto íntegro de la sentencia (10 días hábiles contados a partir del día siguiente que es pronunciada la parte dispositiva en juicio, conforme al artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, o 3 días hábiles si la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva es dictada en la fase intermedia).

3.-  Publicada fuera del lapso legal, en este caso, deberá notificarse la sentencia a las partes y a la víctima -si la hay-, debiendo correr el lapso de apelación una vez que conste en autos el último de los notificados (incluyendo el acusado detenido).

De lo anteriormente reseñado, es evidente que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, debió dictar el texto en extenso de la sentencia condenatoria por aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, el mismo día de la audiencia (19 de agosto de 2015), por cuanto no se desprende del acta de la Audiencia Preliminar que el juez se haya reservado el lapso legal para su publicación, previa notificación de las partes involucradas, y en caso que lo hubiera hecho, tenía hasta el día lunes 24 de agosto de 2015.

Ahora bien, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha señalado que en el caso que el Tribunal publique la sentencia fuera del lapso legal, está en la obligación de notificar a las partes y trasladar al acusado detenido para su imposición; asimismo el lapso para la interposición del recurso de apelación deberá computarse a partir de que conste en autos la última notificación. (Vid., fallo de esta Sala N° 139 del 11 de marzo de 2016, caso Omar Alexis Díaz Peña).

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de Casación Penal, considera que el  Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, así como la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, lesionaron derechos constitucionales y procesales al no analizar y darle efectiva aplicación a las referidas jurisprudencias, con respecto al deber de notificar a las partes, con la finalidad de que comience a contarse los lapsos para el ejercicio de los medios recursivos, pronunciándose la Corte de Apelaciones sobre la inadmisibilidad de la sentencia recurrida, y no constatando la omisión de las notificaciones a las partes de la publicación de la sentencia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Por una parte se ratifica el criterio relativo a los tipos y oportunidades para publicar sentencias en el proceso penal y se hace énfasis en la necesidad de notificar a las partes la sentencia que haya sido publicada fuera de los lapsos previamente señalados; lo cual de no cumplirse conlleva a la nulidad de todas las actuaciones posteriores.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197740-141-7417-2017-C17-78.HTML

 

La cualidad de parte en el juicio penal


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Radicación

TSJ/SCP Nº: 86      Fecha: 20-03-2017

Caso: ZURIMAR DEL VALLE BERMÚDEZ SILVA, REYSBER STAYLER GONZÁLEZ CONTRERAS y ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ CONTRERAS.

Decisión: Declara inadmisible la solicitud de radicación propuesta por el abogado RAMÓN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ, quien indicó ser abogado defensor de los ciudadanos ZURIMAR DEL VALLE BERMÚDEZ SILVA, REYSBER STAYLER GONZÁLEZ CONTRERAS y ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ CONTRERAS.

Extracto:

“De igual manera, establece que la radicación procederá a solicitud de las partes, por lo que se hace necesario en primer lugar, examinar los documentos consignados por el solicitante, para así poder determinar si tiene o no cualidad para actuar en el proceso penal. En consecuencia, se observa lo siguiente:

De las actas consignadas por el profesional del derecho Ramón José García López, se evidencian actuaciones de investigación realizadas por la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Monagas, escritos interpuestos por el referido abogado ante el Juzgado Sexto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, así como recortes de medios de comunicación impresos que reseñan los hechos relacionados con el presente caso.

De otra parte, se advierte en el anexo que fue consignado por el solicitante ante esta Sala de Casación Penal, dos diligencias firmadas por los imputados Ángel Rodríguez y Reysber González, a través de las cuales revocan la defensa que les venía asistiendo y en su lugar nombran a los abogados Marco Antonio Flores y Ramón García López como sus defensores privados, no obstante, no consta de dichos recaudos el acta de aceptación y juramentación que exige el ordenamiento jurídico penal, que atribuye tal cualidad, en este caso, al abogado solicitante de la radicación de la causa en representación de los ciudadanos Reysber Stayler González Contreras y Ángel Gabriel Rodríguez Contreras. De otro lado, no consta alguna diligencia de nombramiento de defensa realizada por la imputada Zurimar Del Valle Bermúdez Silva, ni la correspondiente aceptación y juramentación del defensor privado.

Tampoco se constata de los documentos cursantes en el anexo consignado, algún auto, decisión interlocutoria o definitiva, o bien otro dictamen emanado del Juzgado Sexto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas u órgano jurisdiccional, en el que se reconozca o establezca la cualidad de defensor privado, del abogado Ramón José García López, de alguno de los ciudadanos sobre los que afirma ejercer su defensa técnica.

Al respecto, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en la sentencia núm. 75 del 15 de febrero de 2013, caso Gonzalo José Tirado Yépez, señaló lo siguiente:

“ (…) en el proceso penal actual es imprescindible la estadía a derecho del imputado, acusado o procesado para dirimir cualquier solicitud que este efectúe, incluida por supuesto en primer lugar aquella tendiente a la juramentación de quien va hacer valer y defender sus derechos en juicio, y respecto de la cual pretenda favorecerse invocado sus derechos, aceptar lo contrario implicaría desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y trastocar los principios que informan el Código Orgánico Procesal Pena” (vid., fallo No. 840 del 9 de agosto de 2010, caso Luis Alexander Silva Lozada).

Asimismo, esta Máxima Instancia en la sentencia núm. 40 del 10 de febrero de 2015, caso Yuris Delmar Bolívar Trejo de Flores, señaló que:

“(…) La consignación, aún en copia simple, de la aceptación y de juramentación de los defensores ante el juez competente, que los habilite para actuar como parte en el proceso penal seguido contra el ciudadano ANDRÉS SALVADOR FLORES FIGUEROA, es ineludible, pues en el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal (…)”.

En tal sentido, esta Sala debe reiterar su criterio relativo a la necesidad de que conste en autos el acta de juramentación y aceptación del abogado designado como defensor privado, por cuanto el Código Orgánico Procesal Penal, establece como necesaria la efectiva designación del profesional del derecho como defensor, el cual requiere que el mismo acepte el cargo y jure cumplir con los deberes inherentes al mismo ante el Juez, haciéndose constar en acta, para así poder actuar en el proceso penal (artículo 141 eiusdem).

Por lo antes expuesto, esta máxima Instancia debe concluir que para presentar una solicitud de Radicación el abogado defensor que ejerza tal función, debe aceptar el cargo y estar juramentado ante el tribunal, debiendo consignar dicho documento, es decir, debe demostrar la cualidad de parte que le acredite la legitimación activa para ejercer la solicitud de radicación de la causa, como defensor.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza la legitimación del apoderado o representante de los acusados en el juicio penal, para determinar si tiene la potestad para interponer el recurso de radicación. En tal sentido señalan que no basta que los acusados los hayan designados como sus defensores privados, sino que es necesario que conste en autos el acta de aceptación y juramentación del o de los abogados nombrados, para poder considerarlos como parte en el juicio.

Palabras Clave: RADICACION, DEFENSA, LEGITIMACION PROCESAL

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/197207-086-20317-2017-R17-57.HTML

¿Incapacidad de la Sala Penal para interpretar la ley en un Recurso de Casación?


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 083      Fecha: 20-03-2017

Caso: Henry Eduardo Pedraza Ortíz

Decisión: Desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Extracto:

“Se hace necesario un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los autos que ponen fin al proceso y que se equiparan a las sentencias definitivas.

En efecto la Sala Constitucional estableció que la decisión que se dicta en el procedimiento de admisión de los hechos es un auto y se debe apelar como un auto interlocutorio lo cual se contradice con la misma Sala, que declaró respecto al sobreseimiento, pues en ese sentido se estableció que  aunque es un auto, al tener fuerza de sentencia debe apelarse como si fuera apelación de sentencia y no de auto.

Esta disparidad de criterios, con todo el respeto por los Magistrados, podría conllevar a la inseguridad jurídica, toda vez que ambos autos (decisión de sobreseimiento y decisión por admisión de los hechos) tienen los mismos efectos de sentencia definitiva por cuanto ponen fin al juicio e impiden su continuación. Y la consecuencia de considerar que las apelaciones respectivas a cada uno de ellos se apela de modo diferente, no solo conlleva inseguridad jurídica para los usuarios de la administración de justicia, son que al tramitarse la apelación como auto se lesiona la tutela judicial efectiva toda vez que el trámite no permite la celebración de una audiencia oral. Y esta audiencia es tan importante como el contenido escrito del recurso que se plantee, tratándose de la oralidad no solo un principio rector, y la escritura de a excepción, resulta que la oralidad produce la inmediación el apelante y los magistrados que asistan a la audiencia.

En el presente caso, el recurso de apelación se tramitó como recurso contra auto interlocutorio y no se celebró audiencia, por lo que el recurso se resolvió a través de la lectura efectuada por la ponente, quien omitió detalles que bien se hubiesen podido resaltar en la audiencia oral, de haberse realizado, obteniendo una dispositiva distinta con la anulación de la decisión apelada, tal como se explicara de seguidas al fundamentar el presente recurso de casación.

Por otra parte, en el escrito de apelación se ofrecieron pruebas documentales que bien podrían incorporarse a la audiencia mediante lectura de haberse celebrado la audiencia, en efecto en la apelación se dijo:

Y no obstante a este ofrecimiento la Corte de Apelaciones violó el contenido del artículo 442 en su 2do aparte del COPP que dispone ‘si alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte de Apelaciones la estima necesaria y útil, fijará una audiencia oral. …´.

La Corte de Apelaciones no se pronunció acerca de la pertinencia de las pruebas ofrecidas, para fijar la audiencia oral e incorporarlas en ella mediante la lectura. Y tomando en cuenta que se ofreció todo el contenido del expediente, entre las actuaciones se encontraba el escrito de acusación donde la Fiscalía (sic).

La cualidad para solicitar la interpretación aquí planteada me deviene de mi carácter de defensora en esta causa penal y de la consecuencia que produjo la no celebración de la audiencia. …”.

La Sala para decidir observa:

En lo concerniente al referente punto, se observa que la recurrente pretende plantear como punto previo, una solicitud de interpretación en lo referente a si el “… procedimiento de admisión de los hechos es un auto y se debe apelar como un auto interlocutorio. …”, en tal sentido, la Sala pasa a realizar las siguientes consideraciones:

El recurso de interpretación es un medio procesal preventivo y de carácter excepcional, dado que su finalidad consiste en declarar el sentido y alcance de una norma de rango legal y evitar así las dudas que pudieran ir en desmedro de los derechos constitucionales de las partes. Por tal motivo, no puede ser considerado un recurso normal para la resolución de cualquier duda que se le presente al peticionante durante el desarrollo del proceso penal. Tal como lo ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 777, de fecha 2 de diciembre de 2015.

Siendo así, la procedencia del recurso de interpretación, está determinada por el cumplimento de una serie requisitos, en tal sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en sentencia N° 368, de fecha 24 de octubre de 2013, lo siguiente:

“… esta Sala de Casación Penal ha establecido en reiteradas oportunidades (ver sentencia N° 237, del 15 de julio de 2004, entre otras), cuáles son los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación, entre ellos, los siguientes:

  1. La conexión con un caso concreto para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal, que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la aclaratoria de ésta. Quien intente un recurso de interpretación debe invocar un interés jurídico, actual, legítimo y fundado en una situación jurídica correcta y que requiera necesariamente, la interpretación de disposiciones legales aplicables al caso concreto para que cese la incertidumbre que motivó su solicitud.
  2. La solicitud de la interpretación debe expresar con toda precisión en qué consiste la oscuridad, ambigüedad o la contradicción de las disposiciones cuya interpretación se solicita.
  3. Que el recurso de interpretación no sustituya los recursos procesales existentes, pues si existieren medios de impugnación la interpretación solicitada deberá declararse inadmisible.
  4. Será inadmisible el recurso de interpretación cuando la Sala haya resuelto el punto y no sea necesario modificarlo.
  5. Que la disposición cuya interpretación y análisis se solicita sea de rango legal…”.

Ahora bien, en lo concerniente al punto previo planteado por la recurrente, la Sala observa que si bien se hace mención al artículo 442, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, la pretensión del recurrente se enfoca en buscar por parte de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un pronunciamiento sobre una supuesta disparidad de criterios expuestos por la Sala Constitucional de este Tribunal, lo cual no corresponde a la finalidad del recurso de interpretación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala confunde una solicitud de pronunciamiento realizado por el recurrente, en cuanto al sentido y alcance que debe dársele a unas normas aplicables al caso en concreto y necesarias para resolver uno de los puntos planteados en el recurso de casación; con un recurso autónomo de interpretación de normas; negándose en definitiva a pronunciarse sobre el punto, porque la solicitud no llena los requisitos jurisprudencialmente establecidos para interponer este tipo de acciones.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/197204-083-20317-2017-C16-408.HTML

 

La fundamentación del recurso de casación como requisito de fondo


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 080      Fecha: 20-03-2017

Caso: Ericsson Cheyn Avendaño Delgado,

Decisión: Desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación propuesto por la defensa del ciudadano ERICSSON CHEYN AVENDAÑO DELGADO.

Extracto:

“Ahora bien, en cuanto al deber de indicar los motivos de procedencia del recurso de casación, quien recurre indicó la violación de ley por falta de aplicación de los artículos 157, 346 (numeral 4) y 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Especificando el recurrente que  la Corte de Apelaciones no resolvió los puntos alegados en el recurso de apelación y a su vez refiere su inconformidad con dicho pronunciamiento, considerando que hizo una motivación defectuosa.

Siendo necesario destacar, que dicha denuncia carece de la debida fundamentación, ya que además de resultar contradictorios los argumentos expuestos, no cumple con los requisitos previstos en el artículo 452 y 454 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen taxativamente los motivos de procedencia del recurso de casación, debiendo quien recurre, indicar con toda precisión, por qué considera que hubo falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de un precepto legal, así como el modo en que impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente.

Por otra parte, la Sala ha decidido reiteradamente, que la defensa no puede procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo cumplirse con los requisitos que establece la ley, por cuanto este grado del proceso penal, no constituye una tercera instancia que puede conocer de todas las decisiones, por el simple hecho que el impugnante las considere contrarias a los intereses de su defendido.

Haciendo énfasis, que cuando la pretensión de una de las partes es resuelta y ésta no le es satisfactoria en todas sus aspiraciones, ello no implica que la misma sea inmotivada. Por ello, la importancia que todo argumento expuesto en el recurso, desarrolle de forma clara y precisa cuál es el vicio, cómo incidió y el efecto que produjo en la decisión recurrida.

Así mismo, el recurrente indicó que la Corte de Apelaciones no analizó y comparó las pruebas existentes en autos para determinar la perpetración del delito y bajo este aspecto, debe reiterarse que la valoración de pruebas corresponde a los tribunales de instancia y, aún cuando la defensa impugna la decisión de la corte de apelaciones, de sus alegatos, se infiere la intención, que la referida instancia judicial valore los medios de prueba.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza, a la luz del caso concreto, la necesidad de que los alegatos de vicios en la sentencia que se recurre en casación sean explicados y fundamentados exhaustivamente, sin que ello implique que la Sala se pronuncie una tercera vez sobre el fondo del asunto, ni que valore nuevamente las pruebas presentadas en el juicio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/197201-080-20317-2017-C16-266.HTML

 

La SC confirma criterio de la SCP sobre no beneficios procesales a condenados por delitos atroces sexuales


MONITOREO1

SALA CONSTITUCIONAL

RECURSO DE REVISIÓN

TSJ/SC Nº 91   Fecha: 15-03-2017

Caso: Recurso de Revisión interpuesto por ALFONSO NICOLÁS DE CONNO ALAYA en contra de sentencia de la Sala de Casación Penal

Decisión: Se declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta; SE ESTABLECE, CON CARÁCTER VINCULANTE, que, en el juzgamiento de los siguientes delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cuales son: 1) violencia sexual, tipificado en el artículo 43, cometido en forma continuada; 2) acto carnal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV); 3); prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV); 4) esclavitud sexual (artículo 47 LOSDMVLV); 5) tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 55 LOSDMVLV); 6) trata de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 56 LOSDMVLV); 7) explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma continuada (artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); y 8) abuso sexual a niños y adolescentes, cometidos en continuada (artículos 259 y 260 eiusdem), una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena; y SE ESTABLECE, CON CARÁCTER VINCULANTE, que cuando  la víctima agredida de los delitos señalados en el dispositivo anterior, sea niño, niña y adolescente de menor edad, empezará a computarse el lapso de prescripción la acción penal desde el día en que la víctima cumpla su mayoría de edad. En el caso de que se produzca la muerte de la víctima, niño, niña y/o adolescente, dicho lapso de prescripción comenzará a computarse desde el día que fallezca la víctima menor de edad.

Extracto:

“De otra parte, en el sentido de sancionar integralmente los delitos atroces, el Estado venezolano cumpliendo con el compromiso adoptado en la Ley Aprobatoria de los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, publicada en la Gaceta Oficial N° 481, extraordinario, del 21 de febrero de 1956, se obliga en tiempo de guerra a tomar todas las medidas necesarias que permitan determinar las sanciones penales para quienes cometan infracciones graves contra el “Derecho Internacional Humanitario”, y en efecto, ha tipificado en la legislación interna aquellas conductas prohibidas en el referido campo del derecho internacional, y particularmente, a raíz de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha incorporado dentro de su ordenamiento jurídico aquellos delitos de alto impacto social en materia de violencia de género. Tal es el sentido con el cual el legislador incorporó el delito de “Femicidio”, en su artículo 57, en la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (2014), cuando en la parte in fine, estableció que:

“Quien fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho de gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena”.

Consecuencia esta del tratamiento constitucional a los delitos de violaciones graves contra los derechos humanos.

En vista de las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional resuelve que los hechos punibles que ocasionan un alto impacto social y que constituyen delitos atroces, por sus graves violaciones a los derechos humanos, son los siguientes:

1.- El delito de violencia sexual (tipificado en el artículo 43 LOSDMVLV), cometido en forma continuada; 2.- el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV); 3.- el delito de prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV); 4.- el delito de esclavitud sexual (artículo 47 LOSDMVLV); 5.- el delito de tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 55 LOSDMVLV); y 6.- el delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 56 LOSDMVLV).

Estos hechos punibles, constituyen delitos atroces configurativos de “una violación sistemática de los derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer (incluidas niñas y adolescentes) por razones de sexo en la sociedad”; por lo que, al estar estos delitos vinculados estrechamente con el compromiso por parte del Estado venezolano de adoptar las sanciones penales contra aquellos hechos pertenecientes al “Derecho Internacional Humanitario”, y dado que causan –como hemos referido- un alto impacto tanto en la sociedad venezolana como en la internacional, la Sala resuelve, con carácter vinculante, que en el juzgamiento de estos delitos, calificados por esta máxima instancia constitucional como atroces, una vez que se haya desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Así se decide.

Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; esta Sala Constitucional, atendiendo a las condiciones de igualdad y trato igual, extiende a los delitos de explotación sexual de niños y adolescentes varones; y abuso sexual a niños y adolescentes varones, cometidos en forma continuada, tipificados en los artículos 258, 259 y 260 eiusdem, por ser también violaciones graves contra los derechos humanos; en consecuencia, se establece igualmente con carácter vinculante, que en el juzgamiento de estos delitos una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. Así también se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional en principio declara que no se han dado las condiciones necesarias para que se proceda a la revisión constitucional del fallo emitido por la Sala de Casación Penal, para luego entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado y dar respuestas a todas y cada una de las solicitudes presentadas por el recurrente.

Adicionalmente a ello, y sin que medie solicitud al respecto, se pronuncia con respecto a la procedencia de beneficios procesales aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales catalogados como atroces por los instrumentos internacionales; con lo cual termina ratificando criterios previos de la propia Sala de Casación Penal sobre el tema.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/196883-91-15317-2017-14-0130.HTML 

Requisitos para la procedencia de la extradición pasiva


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Extradición

TSJ/SCP Nº 065   Fecha: 13-03-2017

Caso: Solicitud de extradición interpuesta por la Embajada de la República de Colombia con respecto al ciudadano Daría Ederlan Leguizamón Pulido.

Síntesis:

Decisión: La Sala DECLARA PROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva del ciudadano DAIRO EDERLAN LEGUIZAMÓN PULIDO. LA EXTRADICIÓN ESTÁ SUPEDITADA al compromiso por parte de la República de Colombia, de no imponerle al ciudadano DAIRO EDERLAN LEGUIZAMÓN PULIDO, la pena de muerte, ni penas infamantes como trabajos forzosos, ni cadena perpetua.

Extracto:

            “En primer término, se deben verificar los extremos siguientes: 1) Que la solicitud de extradición sea presentada por vía diplomática; 2) Que la misma esté acompañada de la debida documentación que le brinde soporte, esto es, de la sentencia condenatoria, del auto de aprehensión o juzgamiento, según sea el caso; 3) Que de la documentación ofrecida, se constate el delito o el crimen cometido y la fecha en la que ocurrieron los hechos, así como los medios de prueba (declaraciones y experticias), en los cuales se apoya; y 4) Tales documentos deben ser presentados en original o en copia debidamente certificada. También debe constar una copia del texto de la ley aplicable al caso incluidas las normas sobre prescripción, incluyendo las características fisionómicas del solicitado.

(…OMISSIS…)

En síntesis, al analizar la documentación enviada por el Gobierno de la República de Colombia, se evidencia que en el presente caso se cumplen los principios generales que regulan la materia de extradición en nuestro país. Así, pues, la Sala de Casación Penal es del parecer que se cumple con los siguientes: 

  1. a)Principio de la doble incriminación: De acuerdo con el cual el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, los delitos deHOMICIDIO y DESAPARICIÓN FORZADA, se encuentran tipificados en las legislaciones de ambos países, no así con relación al delito de TORTURA, en virtud de las consideraciones referidas anteriormente. 
  2. b)Principio de la mínima gravedad del hecho: En sintonía con dicha prescripción, sólo procede la extradición por delitos y no por faltas, y en el caso que nos ocupa la extradición fue solicitada por la supuesta comisión de delitos con pena de privación de libertad superior a seis meses en su límite máximo, tal como lo dispone el artículo 5, literal “a”, del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición.
  3. c) Principio de la especialidad: Con fundamento en el mismo, el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, y en el presente caso la extradición debe concederse única y exclusivamente por los delitos que motivaron la solicitud, esto es por los delitos de HOMICIDIO yDESAPARICIÓN FORZADA, tipificados en los artículos 279, 323 de la Ley 599 del 24 de julio de 2000 del Código Penal de la República de Colombia.
  4. d) Principio de no entrega por delitos políticos: Conforme con dicha exigencia se prohíbe la entrega de personas perseguidas por delitos políticos, y en el presente caso se dejó claramente establecido que los delitos que motivaron la solicitud no son políticos ni conexos con éste.
  5. e) Principio de la no entrega del nacional: Según el cual el Estado requerido no entregará a sus nacionales y, en el presente caso, se solicita a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de un ciudadano extranjero, de nacionalidad colombiana.
  6. f) Principios relativos a la acción penal: Con arreglo a la mencionada pauta, no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme con la ley del Estado requirente o del Estado requerido, y en el presente caso no consta ningún elemento que acredite la prescripción. 
  7. g) Principios relativos a la pena:Según los cuales no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte, ni penas infamantes como trabajos forzosos, ni cadena perpetua.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En esta decisión, la Sala realiza un análisis de los requisitos de forma y de fondo que debe llenar toda solicitud de extradición para su procedencia, a la luz de las leyes nacionales y de los acuerdos y tratados internacionales que rigen la materia.

Adicionalmente, resulta de trascendental importancia que se haya aprobado la extradición de un líder de las fuerzas paramilitares colombianas.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/196865-065-13317-2017-E16-350.HTML

Principios que rigen el procedimiento de extradición activa


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN PENAL

Tipo De Recurso: Solicitud de extradición

TSJ/SCP Nº 061   Fecha: 03-03-2017

Caso: ALBERTO MANUEL BARROSO VALDIVIA

Decisión: declara PROCEDENTE solicitar al Reino de España, LA EXTRADICIÓN del ciudadano ALBERTO MANUEL BARROSO VALDIVIA

Extracto:

Corresponde ahora, verificar los principios que rigen la extradición, los cuales establecen las condiciones de procedencia para solicitar la entrega de los ciudadanos solicitados y su enjuiciamiento en nuestro país.

A tal efecto, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito previsto en el estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena aplicada no sea mayor a treinta años, pena perpetua o pena de muerte, conforme con el principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo al principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado. Y naturalmente, el procedimiento de extradición se rige por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos entre Venezuela y otros países, y a falta de estos, se regirá por el Principio de Reciprocidad internacional, que consiste en el deber que tienen los países de prestarse ayuda mutua para la represión del crimen.

Al respecto, el principio de territorialidad, determina que se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente, conforme al artículo 5, numeral 1, del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas el 4 de enero de 1989, cuya aprobación Legislativa es de fecha 25 de abril de 1990 y Ratificación Ejecutiva de fecha 25 de abril de 1990, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.476, de fecha 28 de mayo de 1990 cuya entrada en Vigor fue en fecha 26 de abril de 1990, que establece lo siguiente: “…1. Para que proceda la extradición, es necesario que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente o que, cometido fuera de dicho territorio, tenga el Estado requirente jurisdicción para conocer de ese delito. …”.

Comentario de Acceso a la Justicia: En esta decisión la Sala enumera los principios cuya verificación deberá realizarse para que proceda la solicitud de extradición activa; con especial referencia a los casos en que la solicitud esté dirigida al Reino de España

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/196656-061-3317-2017-E17-063.HTML

¿Error judicial o simulación de hecho punible?


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¿Error judicial o simulación de hecho punible?

Uno de los temas que no han sido resueltos en Venezuela es el relacionado con el error judicial y la simulación de hechos punibles. En efecto, son muchas las sentencias que terminan en nada, con el aserto “los hechos no revisten carácter penal”. Ello a pesar de que la máxima instancia de Casación Penal ha asegurado que un caso jamás debió ser tramitado por cuanto los hechos no son punibles, luego de varios años de trámite con gastos inmensos para el acusado y costas abundantes para la administración de justicia. En fin, el error judicial es un hecho dañoso en todos los sentidos que viola, incluso, los derechos a la presunción de inocencia, a un juicio justo, al debido proceso y a la necesaria indemnización por el error cometido.

Un ejemplo es el caso de un avocamiento sentenciado por la Sala de Casación Penal del TSJ (Nº 461 del 14/11/2016) en el cual, después de 7 años de parálisis, se dicta el sobreseimiento por haberse constatado “…que el Ministerio Público debió proceder a emitir un acto conclusivo en su oportunidad legal. Esta irregularidad creó una situación de indefinición jurídica a los justiciables por cuanto inobservó las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, siendo que en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas e indefinidas, las cuales eran propias de un proceso inquisitivo ya derogado por el sistema procesal penal actual…”. En otras palabras, el vicio procesal de la “averiguación abierta” infinita que existía en el anterior sistema inquisitivo se repite de facto y de forma ilegal en el modelo procesal acusatorio, pero sin consecuencia alguna para el infractor ni la debida reparación a la víctima. Algo sumamente grave.

Hay que preguntarse, ¿bajo qué argumento se puede justificar que un ciudadano se mantenga en entredicho durante años sin definición precisa de su posible o ninguna responsabilidad penal? ¿Quién resarce los daños materiales en costos de su defensa y los morales relativos a su reputación? Adicionalmente, si la persona estuvo privada de su libertad bajo un falso supuesto, ¿quién resarce al ciudadano por la interrupción de su proyecto de vida? Y, en el caso de estar detenido en uno de los pavorosos centros de reclusión (temporal o penitenciario), ¿quién lo protege de las agresiones de otros presos o de los abusos que suelen cometer funcionarios y guardias? ¿Quién le indemniza por una detención arbitraria? ¿Quién le reparará el sufrimiento causado en prisión? ¿Y la consecuente pérdida del afecto familiar y de su entorno social por el rechazo y el estigma? ¿Quién aliviará la rabia por la humillación e injusticia padecida?

La Constitución establece que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas” (art. 49.8). No obstante, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) nada dice sobre cómo puede reclamarse la indemnización por el error judicial.

La jurisdicción contencioso-administrativa tampoco resuelve casos de este tipo, salvo meritorias excepciones como el histórico caso del Sr. Angel Nava, quien fue indemnizado por causa de una prisión injusta en El Dorado en aplicación de la anulada Ley sobre Vagos y Maleantes, que preveía medidas correccionales sin juicio ni proceso penales. Pero incluso en ese caso es difícil considerar que se hizo justicia, pues la retribución que se asignó al ciudadano antes mencionado no llega al salario mínimo que (a nivel conceptual, aunque la realidad diste de ser así) es el monto necesario para la subsistencia de una persona.  Lo peor es que cuando el Sr. Nava intentó recurrir esta decisión su causa fue desestimada.

De resto, la burocracia judicial se expresa en negativo, como fue el caso de Antonio Carlos Correia Freitas, quien intentó ser indemnizado y con pruebas fehacientes del error judicial que sufrió, pero su demanda fue declarada “sin lugar” luego de unos argumentos rocambolescos y absurdos para negar lo obvio.

En el artículo 30 constitucional se establece la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus derechohabientes, además de proteger a toda víctima de delitos comunes y procurar que los culpables reparen los daños causados. Sin embargo, en materia de errores judiciales y posibles simulaciones de hechos punibles nada ocurre. Es una norma muerta.

La Casación Penal corrige los errores sustantivos y procesales de las instancias inferiores y en ese sentido nadie duda de su importancia. El problema es que nada ocurra si el expediente que llega allí es falso o, simplemente, erróneo. En esos casos la Casación debería tener un propósito aleccionador de tipo penal o disciplinario si se constata, como fue el caso citado, una irregularidad tan grave como detener de manera indefinida un proceso contra un ciudadano.

En la justicia penal contemporánea y el derecho comparado, alejados de la presunción de culpabilidad y afincados en la presunción y el trato de inocente, el error judicial tiene consecuencias. La mala fe, la simulación de un hecho punible y la calumnia son más graves por el abuso de la violencia legal del Estado en contra de un inocente, a sabiendas de que lo es.

En Venezuela es muy fácil incurrir en errores en la imputación: la conducta no se subsume en el tipo penal; el tipo penal fue descriminalizado, derogado por una nueva ley o anulado por el TSJ. Repetimos, es fácil equivocarse, habida cuenta de la gran cantidad de leyes penales especiales (más de 80, incluido el Código Penal) y de delitos (casi 1.000). A lo que hay que sumar que el Código Penal es una colcha de retazos, lo cual facilita el error en la imputación.

Indefiniciones legales como la del error judicial ante hechos que no revisten carácter penal y, además, la inacción formalista de la Sala de Casación Penal, son oportunidades que favorecen la corrupción, el abuso, la simulación de hechos punibles, la detención arbitraria y sus consecuencias ulteriores como el terrorismo judicial, las persecuciones, las extorsiones, etc.  También es una forma inaceptable de violar derechos humanos que debe cesar.

Fernando M. Fernández