Juzgamiento de Magistrado designado por la AN ante la Jurisdicción Militar


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Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Avocamiento

Nº Sent: 423                            Fecha: 27/11/2017

Caso: Ángel Wladimir Zerpa Aponte

Decisión: (…) Declara con lugar el avocamiento, conocido oficiosamente por esta Sala; y declara competente a la Jurisdicción Penal Ordinaria, para conocer del proceso penal seguido al ciudadano ÁNGEL WLADIMIR ZERPA APONTE. Se ordena la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para su distribución a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control (…)

Extracto:

“(…) 

(…) Ahora bien, siendo que en caso de marras, esta Sala de Casación Penal, en sentencia 363, del 23 de octubre de 2017, decidió avocarse de oficio al conocimiento del presente asunto, en atención a las irregularidades delatadas en la pretensión avocatoria interpuesta por la ciudadana Mariela Beatriz Zerpa de Santamaria, quien alegó actuar en su condición de hermana del ciudadano ángel Wladimir Zerpa Aponte.

En tal sentido, proviniendo el avocamiento de oficio, en virtud de estimarse la no existencia de otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica infringida, generadora de graves desórdenes procesales, capaces de deslucir ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, según lo establecido en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)

(…) OMISSIS (…)

(…) Así mismo, y de manera pertinente, esta Sala advierte que la conducta atribuida al ciudadano Ángel Wladimir Zerpa Aponte, fue subsumida en el tipo legal de Traición a la Patria, estipulado en el Artículo 464, numerales 25, 26 y 27, del Código Orgánico de Justicia Militar, siendo qué las acciones penalmente relevantes descritas en dicho texto legal militar, se encuentran correspondientemente plasmadas en el Capítulo I “De la Traición a la Patria y otros Delitos Contra Ésta”, Título I “De los Delitos Contra la Independencia y la Seguridad de la Nación”, del Libro Segundo del Código Penal, por lo cual es incontrovertible asumir que no son conductas de estricta naturaleza militar, por lo que pueden ser cometidas tanto por militares en funciones, como por civiles;  razón suficiente para concluir que la naturaleza de la acción y de la condición del autor o partícipe (militar o civil)  es determinante para el establecimiento de la competencia.

Incardinado en los aspectos enunciados, es menester para esta Sala de Casación Penal en virtud del avocamiento de oficio acordado, realizar el examen de lo argumentado en el escrito de solicitud de avocamiento interpuesto por la ciudadana Mariela Beatriz Zerpa de Santamaría, asistida de los profesionales del derecho Carlos Simón Bello Rengifo, Yván José Figueroa Ortega y Carlos Matos, en la causa seguida al ciudadano Ángel Wladimir Zerpa Aponte, ante la jurisdicción penal militar, en concatenación con las actuaciones que reposan en el expediente cursante ante la referida competencia especial.

 Ahora bien, se evidencia de lo referido por el aludido escrito de solicitud de avocamiento, así como de la revisión del expediente cuestionado, que el ciudadano Ángel Wladimir Zerpa Aponte, se encuentra procesado por el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, denotándose de manera inmediata que el referido imputado no ostenta ninguna condición militar y por tanto se trata de un ciudadano civil,  ello de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico de Justicia Militar (…) 

(…) OMISSIS (…)

(…) Las derivaciones jurídicas de la citada normativa constitucional y legal, devienen en la incompetencia de la Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento de delitos de naturaleza distinta a la militar, los cuales necesariamente comprenden la contravención o puesta en peligro a deberes estrictamente castrenses, obligaciones que por su restringido ámbito de aplicación no les son exigibles a los civiles, por tanto, la subsunción de las conductas reprochables, realizada por los no militares, ha de realizarse en la legislación penal ordinaria, aun cuando la conducta también estuviere descrita en la legislación penal militar. Lo que a todas luces revela que ante la condición de civil del procesado, debe imperar la supremacía de la jurisdicción penal ordinaria (…)

(…) OMISSIS (…)

De lo expuesto es ineluctable colegir que las reglas de la competencia material resultan de orden público, a su vez que se encuentran estrechamente vinculadas con el principio del juez natural, el cual es constitutivo de una garantía al debido proceso, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 49 Constitucional, en donde se determina que:

“Artículo 49.   El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia:

(omissis)

  1. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley…”.

(…) OMISSIS (…)

(…) Ahora bien, siendo que el artículo 23 del texto fundamental otorga rango constitucional a los tratados, pactos y convenciones internacionales, relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, y siendo que estos son de aplicación inmediata y directa por todos los órganos del Poder Público. Debemos colegir entonces como un mandato de rango constitucional, y de tuición de garantías fundamentales lo expresado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, el cual establece que:

  “… toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil”.

En el mismo sentido el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye lo siguiente:

“… [t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

De las anteriores determinaciones, con rango constitucional, a la luz de lo pautado en nuestra carta fundamental, y de la jurisprudencia de las Salas Constitucional y de Casación Penal, se concluye como una garantía universal el principio del juez natural competente, por tanto es vedado que los ciudadanos sean subordinados a dirimir sus controversias jurídicas a través de tribunales de excepción o por comisiones especiales ajenos a la jurisdicción ordinaria determinada por la ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual a decir de la sentencia 520 del 7 de junio del 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dicha jurisdicción (ordinaria) se debe entender cómo; “…[el órgano jurisdiccional qué] haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificativo de órgano especial o excepcional para el caso; y en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la ley (…) En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces…”.

Siendo entonces que el juez militar, no es el juez natural para el procesamiento penal de un civil, en razón de no reunir los requisitos constitucionales y legales para el sano desempeño de la función jurisdiccional, respecto a los no militares y menos aún en delitos distintos a la naturaleza marcial, en el entendido que la jurisdicción militar tiene como propósito el mantenimiento del orden y la disciplina dentro de la Fuerza Armada, a través del juzgamiento de los delitos castrenses cometidos por militares en funciones. 

Aunado a que en el caso bajo análisis, el ciudadano Ángel Wladimir Zerpa Aponte, está siendo procesado por la presunta comisión de un delito contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar, por el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, se trata de un civil, razón por la cual en obsequio del debido proceso, resguardo de las partes, en cumplimiento y tuición de lo ordenado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Pactos y Convenios Internacionales en Materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República, y del ordenamiento adjetivo penal, en afán de garantizar la aplicación de los principios de justicia ética, objetiva, responsable y de raíces democráticas, esta Sala de Casación Penal, en ejercicio de sus atribuciones, considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar a la Jurisdicción Militar incompetente para seguirla conociendo, y, en tal sentido remitirla a la Jurisdicción natural, la cual no es otra que la Jurisdicción Penal Ordinaria, para que de continuidad al proceso, afianzando las garantías constitucionales y legales inherentes a todo justiciable, con la debida atención a las consecuencias procesales derivadas de lo estatuido en el artículo 72 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala que el avocamiento procede en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Una vez más la Sala Penal reitera su criterio sobre la inconstitucionalidad de juzgar civiles en tribunales militares y se avoca a conocer esta causa que nunca debió estar en la jurisdicción militar.

Recordemos que el avocamiento también puede proceder de oficio, ante las situaciones descritas en la norma del artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo en el contexto de este caso, cuando fue un hecho más que notorio y comunicacional, la designación de Magistrados por parte de la Asamblea Nacional y la persecución contra tales Magistrados. Todo lo cual, es una señal más, de la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.

Voto Salvado: No Tiene.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/205945-423-271117-2017-A17-253.HTML

Caso de civiles juzgados por militares


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Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Avocamiento

Nº Sent: 403                       Fecha: 16/11/2017

Caso: Roberto Picón Herrera y otros

Decisión: (…) Mediante la cual la Sala de Casación Penal, se avoca de oficio al conocimiento de la causa; acuerda sustraer el proceso penal seguido a los ciudadanos DAVID GUILLERMO SOSA ESCALANTE, MARÍA ANDREÍNA MONTILLA ESCALANTE, ROBERTO ANTONIO PICÓN HERRERA, ARÍSTIDES MANUEL MORENO MÉNDEZ, JOSÉ ENRIQUE BOSQUE MALAVÉ, JOSÉ JOAQUÍN QUINTERO ALBARRÁN y FORTUNATO BENACERRAF SAIAS, del Tribunal Militar Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas; y acuerda remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que, previa distribución, sea asignado a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, que seguirá conociendo de la causa (…)

Extracto:

“(…)Ahora bien, de las actas que conforman el expediente original, se observa que se inició un proceso penal contra los ciudadanos DAVID GUILLERMO SOSA ESCALANTEMARÍA ANDREÍNA MONTILLA ESCALANTEROBERTO ANTONIO PICÓN HERRERAARÍSTIDES MANUEL MORENO MÉNDEZJOSÉ ENRIQUE BOSQUE MALAVÉJOSÉ JOAQUÍN QUINTERO ALBARRÁN y FORTUNATO BENACERRAF SAIAS, por la comisión de delitos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, verificándose que los mismos, son ciudadanos civiles; en tal sentido, el artículo 124 del Código Orgánico de Justicia Militar dispone que los sometidos a la jurisdicción militar, son: 

“1) Los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía, y la situación en que se encuentren.

2) Los alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el presente Código y demás Leyes y Reglamentos militares.

3) Los que forman parte de las Fuerzas Armadas con asimilación militar.

4) Los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar.

5) Los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en los establecimientos o dependencias militares, por cualquier delito o falta cometidos dentro de ellos”.

(…) OMISSIS (…)

Es importante destacar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado que la aplicación de la justicia militar a civiles, es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los términos siguientes:

“La comisión reitera su doctrina de que la justicia militar puede ser aplicada sólo a militares que hayan incurrido en delitos de función…” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú, Pág. 72.OEA/ser.L/v/11.106. Doc.59 rev. 2 junio 2000)

“La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias (…) la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori el debido proceso, el cual a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia´ (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso castillo petruzzi y Otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 127 y 128) 

De modo que la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares, debiendo limitarse a los denominados delitos propiamente militares –por ser de naturaleza especial

(…) OMISSIS (…)

En conclusión, las reglas de competencia son de orden público y específicamente la competencia por la materia, es la que determina el juez natural que juzgará a las personas sometidas a un proceso penal, en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con obediencia de las garantías constitucionales y legales, conforme a lo establecido en el numeral 1, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Siendo que, en el presente caso, están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar, en la jurisdicción penal militar, es por lo que en resguardo de las partes intervinientes en la presente causa, y en cumplimiento de la aplicación de la justicia responsable y expedita, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho, es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria, para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales, todo conforme con lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, atendiendo al precepto constitucional contemplado en el artículo 49 (numerales 1 y 5) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se avoca de oficio al conocimiento de la presente causa; acuerda sustraer la causa seguida a los ciudadanos DAVID GUILLERMO SOSA ESCALANTEMARÍA ANDREÍNA MONTILLA ESCALANTEROBERTO ANTONIO PICÓN HERRERAARÍSTIDES MANUEL MORENO MÉNDEZJOSÉ ENRIQUE BOSQUE MALAVÉJOSÉ JOAQUÍN QUINTERO ALBARRÁN y FORTUNATO BENACERRAF SAIAS del Tribunal Militar Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar con sede en Caracas; y acuerda remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que previa distribución sea asignado a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control que seguirá conociendo de la causa. Así mismo, se acuerda remitir copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, para que designe el Representante del Ministerio Público en Fase Intermedia (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala que el avocamiento procede en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Roberto Picón Herrera, es uno de los asesores de la Mesa de la Unidad Democrática, detenido durante las protestas de este año, momento en el cual la estrategia oficial era la del juzgamiento de la disidencia civil en tribunales militares.

En este fallo y otros de similar contenido, la Sala Penal “se da cuenta”, gracias a la solicitud de avocamiento, que hay civiles siendo juzgados por militares y motiva el fallo incluso, haciendo alusión a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ninguna de cuyas sentencias ha querido hacer cumplir), para finalmente pasar el caso de la jurisdicción militar a la civil, como siempre debió ser.

El detalle a destacar acá y en casos similares, como por ejemplo Consorcio CREDICARD o el Magistrado Ángel Zerpa Aponte, es que el juzgamiento de civiles ante la jurisdicción militar en estos casos, fue un hecho notorio e incluso comunicacional, siendo que el avocamiento en este tipo de situaciones puede proceder de oficio, cabe preguntarse entonces por qué la Sala Penal esperó la solicitud de avocamiento para proceder en consecuencia.

Voto Salvado: No Tiene.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/205462-403-161117-2017-A17-301.HTML

Radicación a Caracas del juicio seguido al actor Manuel “Coco” Sosa


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Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Radicación

Nº Sent: 397                                      Fecha: 10/11/2017

Caso: Manuel Vicente Sosa Morales

Decisión: (…) Declara ha lugar la pretensión de radicación propuesta por los representantes del Ministerio Público, en el proceso penal seguido al ciudadano MANUEL VICENTE SOSA MORALES. Ordena radicar la causa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, la remisión inmediata del expediente original identificado con el alfanumérico BP-01-P-2017-013055, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin que sea remitido al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control, que conozca de la causa principal (…)

Extracto:

“(…) En la solicitud bajo examen, se observa que los fundamentos expuestos describen que los hechos y los delitos imputados son graves, y han sido reseñados en los medios de comunicación social, generando alarma y escándalo público en los habitantes del estado Anzoátegui.

(…) OMISSIS (…)

Con relación a lo anterior, los representantes del Ministerio Público en cuanto a los hechos expresan lo siguiente: “…la consumación de los delitos que se tramita y se ventila en la Ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, los cuales han causado conmoción y escándalo público a nivel Regional, debido al bien jurídico lesionado, considerando el grave daño al Patrimonio Público realizado por el imputado de la presente causa a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) la cual es la encargada por decreto gubernamental de la explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, lo cual constituye con certeza un verdadero impacto social; además, fue un hecho público, notorio y comunicacional que durante los días previos a la aprehensiones de algunos de los involucrados, siendo reseñados en los diarios de principal circulación nacional y regional…”(folio seis de la pieza 1-1 del expediente).

Adicionalmente, los representantes del Ministerio Público para demostrar la alarma, sensación o escándalo público de los hechos que originaron el presente proceso, describen “digitales periodísticos” donde se refleja los portales web en los cuales fue publicada la noticia relacionada con los sucesos acaecidos (folios 11 vto y 12 de la pieza 1-1 del expediente).

Ahora bien, recordando que el numeral primero del artículo 64 de nuestra norma adjetiva penal, establece que la solicitud de radicación debe sustentarse en delitos graves, es oportuno señalar que la gravedad del delito no solo debe determinarse en el quantum de la pena, sino además debe ser valorado el perjuicio ocasionado a un individuo o a la colectividad, la condición del agresor, las relaciones existentes entre el agresor y el agredido, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de la cual forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho. 

Además de ello, exige el referido dispositivo penal que la perpetración de los hechos ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, que puede definirse como el aviso o señal que advierte sobre la proximidad de un peligro, que se cierne sobre la administración de justicia y la incolumidad del proceso penal.

            Así entonces, al cotejar la norma adjetiva penal (artículo 64) con el caso de autos, podemos determinar que es evidente la gravedad del hecho, toda vez que la conducta desplegada por el imputado de autos, encuadra en la presunta comisión de los delitos PECULADO DOLOSO PROPIO EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATOEVASIÓN DE PROCESOS LICITATORIOS y ASOCIACIÓN, generando dicha circunstancia un estado de inquietud y conmoción a la colectividad del estado Anzoátegui, en virtud que se relaciona con el manejo inadecuado de los recursos públicos, atentando directamente contra los bienes e intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela, por tratarse de empresas “pertenecientes a la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con ocasión a la contratación de bienes, obras y servicios”.

De tal manera que las condiciones existentes en el ámbito territorial del estado Anzoátegui, donde actualmente se desarrolla el proceso penal, no son las más idóneas para el desenvolvimiento de la causa.

(…) OMISSIS (…)

Por ende, la solicitud se enmarca en los supuestos de excepcionalidad que exige la norma adjetiva penal para la procedencia de la radicación, fundamentándose en delitos graves cuya perpetración ha causado alarma, sensación o escándalo público en la colectividad, capaz de afectar el normal desenvolvimiento del proceso penal, comprometiendo los derechos y garantías de los cuales están revestidos los imputados. Verificándose el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual justifica subrogar la competencia territorial, en un tribunal de diferente extensión territorial (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: Recordemos que en este caso, está implicado el actor Manuel (Coco) Sosa. El mismo fue imputado por delitos contra la corrupción y delincuencia organizada, relacionados con la Faja Petrolífera del Orinoco. Todo ello, como parte de la campaña iniciada por el Fiscal General designado por la ANC, Tarek William Saab, tendiente a retomar investigaciones sobre casos de corrupción, iniciados durante la gestión de Luisa Ortega Díaz.

Voto Salvado: No Tiene.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/205284-397-101117-2017-R17-306.HTML

¿Qué dice la sentencia 69 de la Sala Plena del TSJ?


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Sala Plena

Tipo de recurso: antejuicio de mérito

TSJ/SP n.º 69      Fecha: 03-11-2017

La Sala Plena del TSJ, dando respuesta a una solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente; mediante sentencia n.° 69 del 03 de noviembre de 2017, con ponencia del Magistrado: Marco Antonio Medina, declaró:

  1. Que existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad del ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, de haber incurrido de manera permanente en los delitos de ASOCIACIÓN, INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, tipificados respectivamente en los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; 285 del Código Penal vigente en relación con el artículo 99 eiusdem; y 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.
  2. Que, en los casos de los delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
  3. Que, por tratarse de delitos comunes y permanentes el enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.
  4. ORDENA enviar copias certificadas de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  5. ORDENA la prohibición de salida del país del ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ORDENA oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela.
  6. Remítase copia certificada de las presentes actuaciones al Ministerio Público, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente.

La decisión antes descrita se fundamenta en el hecho de que, a criterio de la Sala Plena, los delitos continuados y permanentes necesariamente deben juzgarse en flagrancia. Como consecuencia de ello se citan las sentencias n.° 55 y 66 de la misma sala (casos Wilmer Azuaje y Germán Ferrer), que al interpretar el artículo 200 de la Constitución se concluye que para los delitos flagrantes no es necesario acudir al mecanismo de antejuicio de mérito para proceder el enjuiciamiento de aquellos funcionarios amparados por tal privilegio.

Con esta decisión no sólo se violentan derechos fundamentales correspondientes al diputado Freddy Guevara como lo son el debido proceso, en todas sus formas y manifestaciones, su derecho a la inmunidad consagrado en nuestra Carta Magna que el TSJ no le puede quitar, y su derecho a la presunción de inocencia, entre otros, sino que además se rompe con los principios y valores democráticos más fundamentales al irrespetarse la separación de poderes y las garantías establecidas constitucionalmente para proteger las funciones del Poder Legislativo frente a los demás poderes del Estado.

Adicionalmente, llama poderosamente la atención que esta decisión se haya hecho del conocimiento público en primer término por el vicepresidente ejecutivo de la República, incluso antes de que siquiera se publicara en la página oficial del TSJ el resumen de la misma y luego el texto de la sentencia. Una muestra más de la falta de independencia del Poder Judicial y su estrecha colaboración en la destrucción del Estado de derecho en Venezuela.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/noviembre/204801-69-31117-2017-2017-000112.HTML

Orden de Enjuiciamiento y Prohibición de Salida del País del Diputado Freddy Guevara


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Sala: Plena

Tipo De Recurso: Antejuicio de Merito

Nº Sent: 69                                   Fecha: 03/11/2017

Caso: TAREK WILLANS SAAB, en su condición de Fiscal General de la República, contra el ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, en su condición de Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda.

Decisión: Que existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad del ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, de haber incurrido de manera permanente en los delitos de ASOCIACION, INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA, y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, tipificados respectivamente en los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; 285 del Código Penal vigente en relación con el artículo 99 eiusdem; y 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. 2. Que, en los casos de los delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 3. Que, por tratarse de delitos comunes y permanentes el enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse por ante los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. 4. ORDENA enviar copias certificadas de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que determine lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 5. ORDENA la prohibición de salida del país del ciudadano FREDDY ALEJANDRO GUEVARA CORTEZ, con fundamento en lo dispuesto en artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ORDENA oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela. 6. Remítase copia certificada de las presentes actuaciones al Ministerio Público, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente.

Extracto:

“(…) El Diputado Freddy Alejandro Guevara Cortez, ha sido señalado por el Ministerio Público incurso en la comisión de los delitos de asociación el cual tiene carácter permanente, instigación pública en grado de continuidad, y uso de adolescente para delinquir, tipificados respectivamente en los artículos 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 285 del Código Penal vigente en relación con el artículo 99 eiusdem y 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,  Niñas y Adolescentes.

Asimismo, el Fiscal General de la República indicó que existen fundados elementos de convicción que vinculan en forma permanente y en flagrancia al ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez, en los delitos  mencionados, quien actualmente desempeña el cargo de Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolivariano de Miranda y posee la condición de alto funcionario, a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 266 numeral 3, y en los artículos 37 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de lo cual solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declare la existencia de la flagrancia en el presente caso y en consecuencia, la no procedencia del antejuicio de mérito.

(…) OMISSIS (…)

(…) De acuerdo con el contenido de la citada disposición, delito flagrante es aquel que se está cometiendo o que acaba de cometerse, también es aquel por el cual el sospechoso o la sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que es el autor o la autora (…)

(…) OMISSIS (…)

(…) Por otra parte, los delitos permanentes se caracterizan por la existencia de una acción o estado que subsiste en el tiempo, es decir, de un comportamiento que se está ejecutando o perpetrando, de lo que podemos concluir en la compatibilidad de esta institución jurídica con la flagrancia, concretamente con la definición legal del delito que se está cometiendo, así las cosas, de la particularidad de delitos permanentes resulta asimilable la noción de permanencia que los caracteriza, lo que nos lleva en un primer momento a la conclusión de que todos los delitos caracterizados por tal noción son flagrantes (…)

(…) OMISSIS (…)

(…) En cuanto al delito de asociación, resulta evidente que al comienzo de la consumación le sigue un estado antijurídico duradero por la prolongación de la conducta voluntaria del sujeto, de modo que el delito se agota solo cuando aquella se suspende, y en estos delitos el hecho lo caracteriza el estado antijurídico duradero que lo prolonga en el tiempo la conducta del sujeto, quien puede hacerlo cesar, y que, en la estructura del delito, se pone como requisito necesario.

Señala igualmente el máximo representante del Ministerio Público, la comisión del delito de Instigación en continuidad, en virtud de lo cual resulta necesario precisar que la continuidad se refiere a la pluralidad de comportamientos que, cohesionada por una misma ideación, vulnera en diversas oportunidades el interés jurídico protegido por un mismo tipo penal (…)

(…) OMISSIS (…)

(…) En virtud de los razonamientos expuestos, resulta claro que la noción de delitos continuados y permanentes, son flagrantes, siempre que no haya cesado la permanencia o la continuidad.

Ahora bien, ante la comisión de delitos flagrantes de carácter grave cuya autoría en este caso le es atribuida al Diputado de la Asamblea Nacional Freddy Alejandro Guevara Cortez, no es procedente el antejuicio de mérito, toda vez que para gozar de dicha prerrogativa es necesario que medie una acusación o denuncia contra el aludido funcionario, la cual deberá ser examinada por esta Máxima Instancia, con el objeto de verificar la comisión de un tipo delictivo y, en caso de existir elementos de convicción suficientes que presuman su autoría o participación, ordenar su detención para su posterior enjuiciamiento, previo levantamiento de la inmunidad parlamentaria (…)

(…) OMISSIS (…)

(…) Este criterio fue reiterado por esta Sala Plena en Sentencia número 55 del 12 de julio de 2017, caso: Wilmer José Azuaje Cordero, en virtud de lo cual resulta necesario ratificar que en el presente caso no procede el antejuicio de mérito del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez, Diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolivariano de Miranda, toda vez que las actuaciones que cursan en el expediente evidencian que el mencionado ciudadano ha cometido delitos permanentes y continuados, por lo tanto está en situación de flagrancia, en virtud de lo cual, en criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, en aras de la garantía consagrada en el artículo 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Situación similar resolvió la Sala Plena del Tribunal Supremo en Sentencia número 66 del 16 de agosto de 2017, caso: Germán Darío Ferrer, en el cual reiteró que en los supuestos de delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y al tratarse de juzgamiento de delitos comunes son competentes los tribunales ordinarios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, correspondería ordenar la remisión de las actas a la Asamblea Nacional para que ésta ejerza su facultad de levantar la inmunidad parlamentaria; sin embargo, al encontrarse el Parlamento en desacato conforme a la decisión número 01 del 11 de enero de 2016, emitida por la Sala Electoral; y las sentencias números 808 y 810, de fechas 2 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente; ratificado dicho desacato en el fallo número 952 de 21 de noviembre de 2016, así como también en las decisiones números 1012, 1013, 1014 del 25 de noviembre de 2016, y la número 01 del 6 de enero de 2017, todas dictadas por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, y dada la instalación en fecha 4 de agosto de 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente, como máxima expresión del Poder Constituyente Originario, con plenos poderes, se ordena la remisión de copias certificadas de las actuaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a los efectos contemplados en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, es un hecho público, notorio y comunicacional que el ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez, ha demostrado a través de múltiples salidas del país, que tiene facilidad para evadir el proceso instado por el máximo representante del Ministerio Público, lo cual denota un peligro de infructuosidad, de esta manera resulta necesario traer a colación la doctrina pacífica y reiterada de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia número 269 del 25 de abril de 2002, Caso: ICAP, en la que se estableció que la tutela cautelar constituye un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y por tanto, un supuesto fundamental del proceso que persigue un fin preventivo de modo explícito y directo.  De allí su carácter instrumental, esto es, que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que se encuentran preordenadas a una decisión ulterior de carácter definitivo, por lo que en relación al derecho sustancial fungen de tutela mediata y de salvaguarda del eficaz funcionamiento de la actividad jurisdiccional, criterio este que fue ratificado en la sentencia número 44 del 28 de junio de 2017, emanada de la Sala Plena de esta Máxima Instancia, caso: Luisa Ortega Díaz;  motivos por los cuales resulta procedente ordenar la prohibición de salida del país del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ordena oficiar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: Entre otras muchas consideraciones, debemos decir que en esta sentencia se incurre en el error de equiparar las figuras del delito permanente y el delito flagrante, para no aplicar el procedimiento de antejuicio de mérito al Diputado Freddy Guevara. Esta sentencia contiene otra particular referencia, relacionada con el otorgamiento a Guevara de una medida cautelar de coerción personal, consistente en prohibirle la salida del país. A los fines de argumentar el otorgamiento de esta medida, se hace referencia al peligro de infructuosidad, el cual deviene del peligro en la demora y se relaciona con el otorgamiento de medidas cautelares de carácter civil y no a la acá otorgada, que es una medida cautelar de coerción personal y por ende, son otros los fundamentos que se deben analizar para el otorgamiento de la misma. Todo lo cual denota una vez más es la vulneración por parte de los Magistrados del TSJ de la inmunidad parlamentaria, lo cual acarrea responsabilidad administrativa y penal, además de incurrir en causales de destitución por error inexcusable de derecho, con respecto a las equiparaciones que hacen del delito permanente y el flagrante, además de utilizar criterios erróneos para el otorgamiento al Diputado Guevara, de una medida de coerción personal como lo es, la prohibición de salida del país. Ver nota de Acceso a la Justicia sobre esta sentencia: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/las-graves-contradicciones-del-tsj-en-el-caso-de-freddy-guevara/

Voto Salvado: No Tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/noviembre/204801-69-31117-2017-2017-000112.HTML

Avocamiento de Oficio del caso de Angel Zerpa


juez-nota

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Avocamiento

TSJ/SP Nº 363         Fecha: 23-10-2017

Caso: Ángel Wladimir Zerpa Aponte.

Decisión: Se avoca de oficio al conocimiento del presente asunto; se ordena la suspensión inmediata del curso de la causa, así como, la prohibición de la realización de cualquier clase de actuación; se ordena la remisión del expediente seguido al ciudadano ÁNGEL WLADIMIR ZERPA APONTE, ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con sede en Caracas, a esta Sala de Casación Penal.

Extracto:

“En aplicación de las citadas normativas se verifica, previa revisión de los autos, que el escrito contentivo de la solicitud de avocamiento a la cual se refiere la presente decisión, se encuentra suscrito por la ciudadana Mariela Beatriz Zerpa de Santamaría, quien alega ser hermana del imputado, Ángel Wladimir Zerpa Aponte en el proceso penal que actualmente cursa ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas.

Sin embargo, en los documentos que conforman la presente solicitud, no se verifica acta alguna que permita a la Sala determinar, la cualidad para actuar en nombre de su hermano a través de un instrumento poder para plantear ante este Supremo Tribunal el asunto sometido a análisis, pues no se demuestra que la solicitante se encuentre acreditada para el fin que se propone, hecho que viene a contrariar el criterio de la  indispensable demostración de la cualidad del abogado que representa al solicitante del avocamiento como parte en el proceso.

En este sentido, la Sala de Casación Penal, al referirse a la legitimación de las partes estableció en la sentencia  Núm. 40 del 10 de febrero de 2015, lo que sigue:

“(…) en el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal…”.

De lo anterior se puede colegir la falta de cualidad de la solicitante, sin embargo, tal circunstancia no impide que la Sala de Casación Penal, pueda conocer oficiosamente de casos en materia penal, en donde se presuman vicios generadores de graves desordenes (Sic) procesales que desluzcan la imagen del Poder Judicial, razón por la cual, a pesar del incumplimiento de la formalidad exigida a quien pretende en defensa del imputado, el avocamiento de esta Sala, de ostentar la representación que lo legitimaría para accionar dicho mecanismo procesal, tal como lo señalan entre otras, sentencias como la núm. 234, del 17 de julio de 2014, de esta Sala, en donde se puede leer que; “… [e]n lo que respecta al Defensor, sólo el profesional del derecho debidamente nombrado, juramentado y acreditado para ello, será el único habilitado para ejercer la representación judicial del imputado…”.

Lo expuesto permite afirmar que la exigencia formal antedicha, no puede traducirse en un escollo insalvable para que la Sala eventualmente se avoque a conocer según sea procedente, cuando precisamente lo denunciado como en el caso de autos versa sobre presuntas irregularidades en la provisión de defensores de confianza del imputado en el proceso penal, en desmedro -según afirma la solicitud- del constitucional derecho a la defensa y asistencia jurídica, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese sentido, no puede obviar la Sala -sin menoscabo de su propia doctrina y la establecida por la Sala Constitucional del máximo Tribunal del país- que de acuerdo a lo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “… todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución…”.  Por esta razón, en su labor de resguardo de los derechos y garantías fundamentales que integran la Constitución, esta Sala de Casación Penal, y asumiendo su competencia funcional de tuición constitucional, en el contexto de una justicia material acorde con los postulados previstos en el artículo 2 del texto fundamental; todo ello, y en consonancia con las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; declara que está facultada para conocer de oficio y en forma excepcional por vía de avocamiento, muy a pesar de que en principio resulte inadmisible por razones de estricto carácter procesal, la solicitud de avocamiento cursada, pues la envergadura de las denuncias de graves infracciones indicativas de “graves desordenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”, bien justifica la actuación oficiosa de la Sala, en conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.” 

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza la legitimación activa para solicitar el avocamiento de una causa, concluyendo que los actores carecían de la misma, por no ostentar el carácter de apoderados o defensores del enjuiciado en la causa penal; no obstante, termina avocándose la Sala al conocimiento del asunto de oficio, en virtud de que precisamente, uno de los alegatos de los solicitantes era la imposibilidad que habían tenido los abogados del imputado de constituirse en sus defensores, por impedimentos impuestos por el tribunal de la causa. Debemos enfatizar, que a pesar de la gravedad de esta denuncia, que pone en evidencia la indefensión del imputado, la Sala, ante la presunta comisión de un hecho punible, no ordena la remisión al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes, sino que simplemente se avoca a conocer de la causa.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/octubre/204502-363-231017-2017-A17-253.HTML

Confiscación de Bienes en casos de Drogas


JUSTICIA-NOTA

Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Recurso de Casación

TSJ/SCP Nº 280      Fecha: 18/07/2017

Caso: Ronald Miguel Morett Marti

Decisión: ANULA DE OFICIO los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por la Jueza en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Carcas, que ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados en el presente proceso penal y, por ende, la nulidad de los pronunciamientos dictados por la Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión del 13 de enero de 2016, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, ordenó la entrega plena de los bienes confiscados pertenecientes al referido ciudadano y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

Extracto:

“Como se aprecia, tanto en la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento en el cual se inició el presente proceso penal, como en la actual Ley Orgánica de Drogas, es al Juez de Primera Instancia en Funciones de Control a quien le compete, previa solicitud del representante del Ministerio Público, decretar la incautación preventiva de los bienes muebles o inmuebles empleados en la comisión del delito objeto de la investigación, incautación de la cual se encuentra exonerado el propietario de dichos bienes cuando concurran circunstancias que demuestren su falta de intención, por lo que solicitará al juez de control que haya acordado la incautación, su devolución, pedimento que, a tenor de lo establecido en las normas antes citadas, será resuelto en el acto de la audiencia preliminar.

(…) OMISSIS (…)

Atendiendo los criterios establecidos por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en las sentencias parcialmente transcritas, los propietarios de los bienes muebles o inmuebles que hubiesen sido incautados preventivamente con ocasión a la comisión de uno de los delitos previstos en la ley que rige la materia, son los únicos legitimados para recurrir en apelación contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control que niegue la entrega de los mismos. Por el contrario, dicho medio de impugnación no procede contra la sentencia condenatoria firme declarada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio, que acuerde la confiscación de los referidos bienes, toda vez que su reclamo debe ser tramitado mediante demanda de reivindicación, en razón de que la propiedad de estos se trasmite al Estado venezolano.

(…) OMISSIS (…)

Bajo estas premisas, en el caso bajo estudio, tal como precedentemente se reseñó, el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud del representante del Ministerio Público, acordó la incautación preventiva de diversos bienes muebles e inmuebles que, de acuerdo a las diligencias de investigación practicadas, eran propiedad del ciudadano Ronald Miguel Morett Martí.

Dicha incautación preventiva de estos bienes fue objeto, inicialmente, de oposición por parte de terceros interesados quienes alegaron no solo la propiedad de los mismos, sino también no haber tenido participación en los hechos objeto de la investigación. Oposición que fue negada por el aludido Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, motivo por el cual los apoderados judiciales de éstos ejercieron los respectivos recursos de apelación contra ese pronunciamiento, el cual fue confirmado, en su oportunidad, por la por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Posteriormente, los terceros interesados visto el decreto de incautación preventiva sobre otros bienes muebles e inmuebles, solicitaron en diversas oportunidades la devolución, las cuales fueron negadas por el referido Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el acto de la audiencia preliminar con base en que “(…) deberá corresponder a un Juzgado en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal el que en la realización del juicio correspondiente emita el pronunciamiento sobre la entrega o no (…)”. En virtud de ello, interpusieron recursos de apelación que en su momento fueron declarados inadmisibles por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en razón de “(…) no poseer los mismos legitimación para recurrir (…)”.

De igual modo, en el presente caso, consta que el ciudadano Ronald Miguel Morett Martí, en el juicio celebrado ante la Jueza Itinerante Décima Séptima de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió los hechos objeto del proceso seguido en su contra, por lo que fue condenado a cumplir la pena de ocho años de prisión por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales, previstos y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (ambas leyes vigentes para la época en que ocurrieron los hechos), respectivamente; asimismo, en virtud de la condenatoria decretada se ordenó la confiscación de todos los bienes que habían sido incautados preventivamente.

Contra la anterior sentencia, el prenombrado ciudadano Ronald Miguel Morett Martí, no ejerció recurso alguno, razón por la cual la condenatoria como la confiscación de los bienes, quedó definitivamente firme. No obstante, tal como precedentemente se indicó, los abogados Roberto Taricani Lozada, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka y de las empresas “Automotriz ROMAX C.A.” y “D.P.S. CARGOS C.A.”, terceros interesados, y Dionisio Cañates, apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler, también terceros interesados, ejercieron recursos de apelación contra el pronunciamiento de la referida Jueza Itinerante Décima Séptima de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que ordenó la confiscación de los bienes cuya incautación preventiva había sido objeto de oposición, correspondiéndole conocer de dicho recurso a la Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual una vez admitidos los recursos ejercidos, declaró con lugar la impugnación del apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka y de las empresas “Automotriz ROMAX C.A.” y “D.P.S. CARGOS C.A.”, terceros interesados, ordenando la entrega de los bienes reclamados, siendo ellos los siguientes: “(…) • Inmueble y bienhechurías, ubicada al final de la autopista Piedra Azul, al lado de la sede policial del Municipio Baruta, sector Piedra Azul, Municipio Baruta Estado Miranda. • Vehículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 1.8, año 2009, color plata, clase automóvil, tipo sedan, serial de carrocería 8XBBA42EX97802755, placas AA734ZA, identificada en autos. • Vehículo marca Toyota, modelo Hilux DC 4WD 1.G, año 2008, color verde, clase camioneta, tipo Pick Up, serial de carrocería 8XA33ZV2589002875, serial de motor 1GR0875438, placas A77AE5W, identificada en autos. • Vehículo marca Nissan, modelo Armada LE año 2006, color gris, placas AA164BO, serial de carrocería 5N1AA08B86N732898, serial de motor 8CIL, identificado en autos. • Sede del Fondo de Comercio en el cual se desarrolló el objeto social de la empresa ‘RO-MAX AUTOMOTRIZ C.A.’ ubicado en al final de la autopista Piedra Azul, al lado de la sede policial del municipio Baruta, sector Piedra Azul, municipio Baruta Estado Miranda. • Vivienda tipo Unifamiliar construida sobre una parcela signada con el Nro. 009, del Registro de Bienhechurías del poblado Gran Roque, ubicada dentro de la zona de uso poblacional autóctona de la Isla Gran Roque, que forma parte del Archipiélago Los Roques (…)”, más respecto a la impugnación del apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler, la declaró sin lugar.

Siendo ello así, esta Sala de Casación Penal estima necesario advertir, en primer lugar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, numeral 5, de la Ley Orgánica de Drogas, la confiscación es una pena accesoria de la pena principal impuesta a los acusados en la sentencia condenatoria dictada con ocasión a la comisión de uno de los delitos establecidos en dicha ley especial, toda vez que la norma en comento expresamente señala: “(…) Confiscación. Es una pena accesoria, que consiste en la privación de la propiedad con carácter definitivo de algún bien, por decisión de un tribunal penal (…)”.

Corolario de lo anterior, es que siendo la confiscación, en materia de drogas, una pena accesoria, su impugnación queda comprendida en la que se ejerza contra la pena principal que comporta la privativa de libertad, razón por la cual resulta forzoso concluir que por no haber ejercido el ciudadano Ronald  Miguel Morett Martí, recurso alguno contra la sentencia condenatoria que le fue impuesta, la misma adquirió el carácter de definitivamente firme y, por ende, la firmeza tanto de la pena por la cual fue condenado, esto es, a ocho (8) años de prisión, como de la accesoria de confiscación de los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales pesaba hasta ese momento la incautación preventiva.

Sobre la base de lo anteriormente indicado, en el presente caso, es indudable la violación de los derechos constitucionales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, pues, los apoderados judiciales de los terceros interesados, quienes a todo lo largo del proceso habían ejercido los medios impugnatorios establecidos, en garantía del derecho de propiedad alegado sobre los bienes incautados, no podían ejercer recurso alguno contra el pronunciamiento del Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio que ordenó la confiscación de dichos bienes, por lo que mal podía entonces la referida Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitir la apelación ejercida para posteriormente dictar los pronunciamientos ya señalados, toda vez que, se reitera, lo procedente era el reclamo de los legítimos propietarios mediante la acción reivindicatoria ante los tribunales competentes.

Ello es la razón por la cual, esta Sala de Casación Penal estima que lo procedente y ajustado a derecho es decretar la nulidad absoluta de los recursos de apelación interpuestos por el abogado Roberto Taricani Lozada, apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka y de “Automotriz ROMAX C.A.” y “D.P.S. CARGOS C.A.”, y por el abogado Dionisio Cañates, apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler, en su condición de terceros interesados, contra la sentencia dictada por la Jueza Itinerante del Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Carcas, respecto de la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados en el presente proceso penal y, por ende, la nulidad de los pronunciamientos dictados por la Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión del 13 de enero de 2016, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Taricani Lozada, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka, ordenó la entrega plena de los bienes confiscados pertenecientes al referido ciudadano y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Dionisio Cañates, apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler. Así se decide (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala no entró a conocer el recurso de casación, al considerar la existencia según su criterio, de vicios que afectan el orden público, la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En la decisión se alegan violaciones de orden constitucional para argumentar la nulidad decretada. Sin embargo, como lo exige el Código Orgánico Procesal Penal, no se señala con suficiente especificidad cuál o cuáles actos fueron en sí violatorios de derechos o garantías constitucionales; de qué manera se consideró que fueron violatorios del orden constitucional o por qué la única solución era un decreto de nulidad, entre otros aspectos. Otro de los argumentos de la Sala, consiste en que los recurrentes en Casación debían impugnar la sentencia condenatoria y así poder atacar la pena accesoria a esta, entre las cuales está la confiscación de los bienes. No obstante, en el presente caso, ello no era posible, ya que como terceros interesados (que incluso han venido solicitando la entrega de los bienes incautados desde la etapa de investigación ante el Tribunal de Control como correspondía y éste incurrió en una descarada omisión de pronunciamiento) carecían de la legitimación para impugnar (como lo sugiere la Sala) la sentencia condenatoria.

Cabe resaltar además que la Sala termina anulando de oficio los escritos de apelación de los recurrentes en Casación, lo cual resulta a todas luces improcedente, ya que en materia penal las nulidades sólo recaen sobre diligencias fiscales o judiciales, tal y como lo indica el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/201368-280-18717-2017-C16-259.HTML

¿Qué dice la sentencia N 537 sobre el artículo 305 del COPP?


fiscal-vs-magistrados-nota2

El 12 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la Sentencia Nº 537 de la Sala Constitucional, mediante la cual se suspenden los efectos del primer aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y se modifica el contenido del artículo 132 del mismo Código. Ello se traduce en que sólo será imputada aquella persona acusada de un delito delante de un juez, no antes, es decir, en las averiguaciones previas.

La expedita orden de detención domiciliaria para el legislador de Barinas, Wilmer Azuaje


juez-nota

Sala: Plena

Tipo De Recurso: Solicitud

SP/TSJ Nº 55                      Fecha: 12/07/2017

Caso: Solicitud formulada por el ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director de Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público, comisionado por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela sobre la detención domiciliaria del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, en virtud del procedimiento efectuado en fecha 02 de mayo de 2017, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Decisión: 1.- Que es COMPETENTE para conocer y decidir la solicitud. 2.- SEGUNDO: Que, en el presente procedimiento, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, por tratarse su aprehensión en flagrante delito. 3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, el ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, deberá permanecer detenido en su residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, se ORDENA notificar la presente decisión al Consejo Legislativo del estado Barinas. 4.- Que en el caso de que el Consejo Legislativo del estado Barinas juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de la reapertura de la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario. Caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, con arreglo a las normas del procedimiento penal pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. 5.- Se ORDENA remitir las presentes actuaciones a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente.

Extracto:

De acuerdo con el contenido de la citada disposición normativa, delito flagrante es aquel que se está cometiendo o que acaba de cometerse, también es aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que es el autor o autora.

(…) OMISSIS (…)

Siendo así, es evidente que la aprehensión efectuada por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del estado Barinas, al ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, fue en virtud de la comisión de un delito en el cual “(…) se producen los efectos de la flagrancia (…)”, puesto que entre dicho delito “(…) y la detención in fraganti existe una relación causa y efecto (…)”.

Ello es la razón por la cual, ante la comisión de un delito flagrante de carácter grave cuya autoría le es atribuida a un legislador, no es procedente el antejuicio de mérito, toda vez que para gozar de dicha prerrogativa es necesario que medie una acusación o denuncia contra el funcionario, la cual deberá ser examinada por esta Máxima Instancia, con el objeto de verificar la comisión de un tipo delictivo y, en caso de existir elementos de convicción suficientes que presuman su autoría o participación, ordenar su detención para su posterior enjuiciamiento, previa autorización del Consejo Legislativo Estadal.

Por el contrario, en los casos ya señalados de flagrancia, lo procedente es que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la libertad del funcionario bajo custodia y remita la causa para su procesamiento ordinario ante el tribunal de instancia competente, obviamente, previo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria por el Consejo Legislativo correspondiente.

(…) OMISSIS (…)

Acorde con lo anterior, esta Sala Plena reitera que, en el presente caso, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, toda vez de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que el mencionado ciudadano fue aprehendido en flagrancia por “(…) encontrase presuntamente incurso en uno de los delitos contemplados en la Ley de Armas y Explosivos y de los contemplados en la Legislación Venezolana (…)”. Delitos respecto de los cuales la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz señaló expresamente que “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, en virtud de lo cual, a criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, en aras de la garantía consagrada en el artículo 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con base en los razonamientos expuestos, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, de acuerdo con los cuales en los casos de la comisión flagrante de un delito por parte de uno de los funcionarios amparados por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde solo decidir “(…) sobre la libertad del funcionario o funcionaria bajo custodia (…)”, considera que lo procedente es mantener la detención del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, en su lugar de residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, a cuyos fines se ordena notificar de la presente decisión. Así se decide.

De igual modo, esta Sala Plena considera pertinente establecer que en el caso de que el Consejo Legislativo del estado Barinas juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de la reapertura de la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario. Caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, con arreglo a las normas del procedimiento penal pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

En el marco de lo anteriormente expuesto, esta Sala Plena ordena que las presentes actuaciones sean remitidas a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente. Y, así se dispone. (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: Lo primero que salta gravemente a la vista en esta sentencia de la Sala Plena del TSJ, es que se acordó que el legislador Wilmer Azuaje permaneciera detenido en su residencia mientras se decidía sobre el levantamiento o no de su inmunidad, cuando llevaba más de 2 meses detenido en una celda común del SEBIN, donde incluso fue víctima de tortura, y más grave aún, obviando que en todo ese lapso no había sido presentado ante un juez de control, violando la garantía constitucional según la cual ninguna persona puede ser detenida más de 48 sin ser presentado ante un tribunal competente.

Con respecto a la comisión de un hecho punible por parte de un miembro de un Consejo Legislativo Estadal, se aplicó el procedimiento que indica la Ley Orgánica de Consejos Legislativos de los Estados, pero el mismo se aplicó (como ya se indicó), cuando habían transcurrido más de 2 meses desde la detención de Azuaje, en franca violación de la inmunidad que lo ampara y de los derechos fundamentales que protegen a toda persona detenida, por lo cual esta decisión de la Sala Plena consistente en que Wilmer Azuaje permaneciera detenido en su residencia, fue sólo letra muerta, ya que apenas 6 días después de este fallo, fueron suficientes para que el Consejo Legislativo del Estado Barinas, acordara levantar la inmunidad del legislador detenido; acotando que entre la fecha de esta sentencia y la decisión del Consejo Legislativo, Azuaje nunca fue trasladado a su residencia, como lo ordenó la sentencia de la Sala Plena del TSJ, lo cual evidencia la importancia que desde el poder se le da al cumplimiento de lo dicho por ese órgano jurisdiccional. En ese sentido, esto que sí es un desacato, no ha tenido consecuencia alguna para quienes lo realizaron.

Por otra parte, en esta sentencia se observa una clara confusión entre la inmunidad de la cual gozan los miembros de cuerpos legislativos y el procedimiento especial de antejuicio de mérito, pues señala la sentencia que al haber sido aprehendido Azuaje de manera flagrante, no procedía el antejuicio de mérito. Sin embargo, se desconoce el motivo de este pronunciamiento sobre el antejuicio de mérito, porque ello no era parte de la solicitud del Ministerio Público.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/julio/201023-55-12717-2017-2017-000056.HTML

Medida cautelar de arresto domiciliario


Cronología caso Leopoldo López

Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Avocamiento

TSJ/SCP Nº 261      Fecha: 07/07/2017

Caso: Leopoldo Eduardo López Mendoza

Decisión: (…) Se avoca de oficio al conocimiento del presente asunto, y en consecuencia decreta en favor del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, específicamente, las contempladas en el artículo 242 numerales 1 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en la detención domiciliaria en su propio domicilio, bajo vigilancia de funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y, prohibición de dar declaraciones con respecto al presente procedimiento ante cualquiera de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional; atendiendo a las garantías constitucionales establecidas en los artículos 83 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 106, 107, 108 y 109, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)

Extracto:

(…) Se evidencia igualmente de las actuaciones, que la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la fecha, no ha distribuido el expediente al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución correspondiente, a los fines que éste diera cumplimiento a lo establecido en el Libro Quinto, Capítulo I, artículo 470 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal, sino que por el contrario, se evidencia que el mismo se mantenía en el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del  mismo Circuito Judicial Penal.

Así, el carácter extraordinario del avocamiento, permite a la Sala sustraer la causa del conocimiento del juez con competencia territorial (cuando el caso lo amerite), con el propósito de velar por una correcta administración de justicia.

En otro contexto, constituye una circunstancia pública, notoria y comunicacional, lo manifestado por familiares y uno de los abogados defensores del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, quienes arguyen que el mismo presenta complicaciones médicas, en consecuencia, atendiendo a los preceptos constitucionales contemplados en los artículos 83 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acuerda avocarse de oficio al conocimiento de la presente causa y en consecuencia, ordena sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad, que pesa sobre el ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, y en su lugar, decreta a favor del supra referido, medidas cautelares sustitutivas, específicamente, las contempladas en el artículo  242 numerales 1 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en: Primero (numeral 1), detención domiciliaria en su propio domicilio, que de acuerdo a lo que consta en las actuaciones que componen el expediente, es: “(…)”; medida que estará bajo la vigilancia de funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y; Segundo (numeral 9), prohibición de dar declaraciones con respecto al presente procedimiento, ante cualquiera de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional.

En consecuencia, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que la envíe de manera inmediata al Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mencionado Circuito Judicial Penal, quien deberá librar los oficios conducentes, y ejecutar las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad acordadas en los términos expuestos en la presente decisión. Así se decide (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala que el avocamiento procede en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

En este caso, la Sala decidió avocarse a pesar de que no se cumplían los extremos antes señalados, pues la justificación de la Sala además de resultar débil y es incongruente con lo que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, las supuestas “irregularidades” con respecto a la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución, lo cual vale acotar, es un trámite meramente administrativo y ajeno al proceso; no se traduce en lo más mínimo, en un grave desorden procesal, o violaciones graves al ordenamiento jurídico, en detrimento del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Por otro lado, llama la atención que la Sala dé como válido lo alegado por la familia respecto a la salud del detenido sin tener la opinión de los expertos que siempre intervienen en este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo obvia las denuncias de esos mismos familiares de tortura y tratos crueles al detenido.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/200912-261-7717-2017-A17-211.HTML