Confiscación de Bienes en casos de Drogas


JUSTICIA-NOTA

Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Recurso de Casación

TSJ/SCP Nº 280      Fecha: 18/07/2017

Caso: Ronald Miguel Morett Marti

Decisión: ANULA DE OFICIO los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por la Jueza en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Carcas, que ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados en el presente proceso penal y, por ende, la nulidad de los pronunciamientos dictados por la Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión del 13 de enero de 2016, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, ordenó la entrega plena de los bienes confiscados pertenecientes al referido ciudadano y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

Extracto:

“Como se aprecia, tanto en la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento en el cual se inició el presente proceso penal, como en la actual Ley Orgánica de Drogas, es al Juez de Primera Instancia en Funciones de Control a quien le compete, previa solicitud del representante del Ministerio Público, decretar la incautación preventiva de los bienes muebles o inmuebles empleados en la comisión del delito objeto de la investigación, incautación de la cual se encuentra exonerado el propietario de dichos bienes cuando concurran circunstancias que demuestren su falta de intención, por lo que solicitará al juez de control que haya acordado la incautación, su devolución, pedimento que, a tenor de lo establecido en las normas antes citadas, será resuelto en el acto de la audiencia preliminar.

(…) OMISSIS (…)

Atendiendo los criterios establecidos por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en las sentencias parcialmente transcritas, los propietarios de los bienes muebles o inmuebles que hubiesen sido incautados preventivamente con ocasión a la comisión de uno de los delitos previstos en la ley que rige la materia, son los únicos legitimados para recurrir en apelación contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control que niegue la entrega de los mismos. Por el contrario, dicho medio de impugnación no procede contra la sentencia condenatoria firme declarada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio, que acuerde la confiscación de los referidos bienes, toda vez que su reclamo debe ser tramitado mediante demanda de reivindicación, en razón de que la propiedad de estos se trasmite al Estado venezolano.

(…) OMISSIS (…)

Bajo estas premisas, en el caso bajo estudio, tal como precedentemente se reseñó, el Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud del representante del Ministerio Público, acordó la incautación preventiva de diversos bienes muebles e inmuebles que, de acuerdo a las diligencias de investigación practicadas, eran propiedad del ciudadano Ronald Miguel Morett Martí.

Dicha incautación preventiva de estos bienes fue objeto, inicialmente, de oposición por parte de terceros interesados quienes alegaron no solo la propiedad de los mismos, sino también no haber tenido participación en los hechos objeto de la investigación. Oposición que fue negada por el aludido Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, motivo por el cual los apoderados judiciales de éstos ejercieron los respectivos recursos de apelación contra ese pronunciamiento, el cual fue confirmado, en su oportunidad, por la por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Posteriormente, los terceros interesados visto el decreto de incautación preventiva sobre otros bienes muebles e inmuebles, solicitaron en diversas oportunidades la devolución, las cuales fueron negadas por el referido Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el acto de la audiencia preliminar con base en que “(…) deberá corresponder a un Juzgado en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal el que en la realización del juicio correspondiente emita el pronunciamiento sobre la entrega o no (…)”. En virtud de ello, interpusieron recursos de apelación que en su momento fueron declarados inadmisibles por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en razón de “(…) no poseer los mismos legitimación para recurrir (…)”.

De igual modo, en el presente caso, consta que el ciudadano Ronald Miguel Morett Martí, en el juicio celebrado ante la Jueza Itinerante Décima Séptima de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió los hechos objeto del proceso seguido en su contra, por lo que fue condenado a cumplir la pena de ocho años de prisión por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales, previstos y sancionados en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (ambas leyes vigentes para la época en que ocurrieron los hechos), respectivamente; asimismo, en virtud de la condenatoria decretada se ordenó la confiscación de todos los bienes que habían sido incautados preventivamente.

Contra la anterior sentencia, el prenombrado ciudadano Ronald Miguel Morett Martí, no ejerció recurso alguno, razón por la cual la condenatoria como la confiscación de los bienes, quedó definitivamente firme. No obstante, tal como precedentemente se indicó, los abogados Roberto Taricani Lozada, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka y de las empresas “Automotriz ROMAX C.A.” y “D.P.S. CARGOS C.A.”, terceros interesados, y Dionisio Cañates, apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler, también terceros interesados, ejercieron recursos de apelación contra el pronunciamiento de la referida Jueza Itinerante Décima Séptima de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que ordenó la confiscación de los bienes cuya incautación preventiva había sido objeto de oposición, correspondiéndole conocer de dicho recurso a la Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual una vez admitidos los recursos ejercidos, declaró con lugar la impugnación del apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka y de las empresas “Automotriz ROMAX C.A.” y “D.P.S. CARGOS C.A.”, terceros interesados, ordenando la entrega de los bienes reclamados, siendo ellos los siguientes: “(…) • Inmueble y bienhechurías, ubicada al final de la autopista Piedra Azul, al lado de la sede policial del Municipio Baruta, sector Piedra Azul, Municipio Baruta Estado Miranda. • Vehículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 1.8, año 2009, color plata, clase automóvil, tipo sedan, serial de carrocería 8XBBA42EX97802755, placas AA734ZA, identificada en autos. • Vehículo marca Toyota, modelo Hilux DC 4WD 1.G, año 2008, color verde, clase camioneta, tipo Pick Up, serial de carrocería 8XA33ZV2589002875, serial de motor 1GR0875438, placas A77AE5W, identificada en autos. • Vehículo marca Nissan, modelo Armada LE año 2006, color gris, placas AA164BO, serial de carrocería 5N1AA08B86N732898, serial de motor 8CIL, identificado en autos. • Sede del Fondo de Comercio en el cual se desarrolló el objeto social de la empresa ‘RO-MAX AUTOMOTRIZ C.A.’ ubicado en al final de la autopista Piedra Azul, al lado de la sede policial del municipio Baruta, sector Piedra Azul, municipio Baruta Estado Miranda. • Vivienda tipo Unifamiliar construida sobre una parcela signada con el Nro. 009, del Registro de Bienhechurías del poblado Gran Roque, ubicada dentro de la zona de uso poblacional autóctona de la Isla Gran Roque, que forma parte del Archipiélago Los Roques (…)”, más respecto a la impugnación del apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler, la declaró sin lugar.

Siendo ello así, esta Sala de Casación Penal estima necesario advertir, en primer lugar, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, numeral 5, de la Ley Orgánica de Drogas, la confiscación es una pena accesoria de la pena principal impuesta a los acusados en la sentencia condenatoria dictada con ocasión a la comisión de uno de los delitos establecidos en dicha ley especial, toda vez que la norma en comento expresamente señala: “(…) Confiscación. Es una pena accesoria, que consiste en la privación de la propiedad con carácter definitivo de algún bien, por decisión de un tribunal penal (…)”.

Corolario de lo anterior, es que siendo la confiscación, en materia de drogas, una pena accesoria, su impugnación queda comprendida en la que se ejerza contra la pena principal que comporta la privativa de libertad, razón por la cual resulta forzoso concluir que por no haber ejercido el ciudadano Ronald  Miguel Morett Martí, recurso alguno contra la sentencia condenatoria que le fue impuesta, la misma adquirió el carácter de definitivamente firme y, por ende, la firmeza tanto de la pena por la cual fue condenado, esto es, a ocho (8) años de prisión, como de la accesoria de confiscación de los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales pesaba hasta ese momento la incautación preventiva.

Sobre la base de lo anteriormente indicado, en el presente caso, es indudable la violación de los derechos constitucionales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, pues, los apoderados judiciales de los terceros interesados, quienes a todo lo largo del proceso habían ejercido los medios impugnatorios establecidos, en garantía del derecho de propiedad alegado sobre los bienes incautados, no podían ejercer recurso alguno contra el pronunciamiento del Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio que ordenó la confiscación de dichos bienes, por lo que mal podía entonces la referida Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitir la apelación ejercida para posteriormente dictar los pronunciamientos ya señalados, toda vez que, se reitera, lo procedente era el reclamo de los legítimos propietarios mediante la acción reivindicatoria ante los tribunales competentes.

Ello es la razón por la cual, esta Sala de Casación Penal estima que lo procedente y ajustado a derecho es decretar la nulidad absoluta de los recursos de apelación interpuestos por el abogado Roberto Taricani Lozada, apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka y de “Automotriz ROMAX C.A.” y “D.P.S. CARGOS C.A.”, y por el abogado Dionisio Cañates, apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler, en su condición de terceros interesados, contra la sentencia dictada por la Jueza Itinerante del Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Carcas, respecto de la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados en el presente proceso penal y, por ende, la nulidad de los pronunciamientos dictados por la Sala Accidental 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión del 13 de enero de 2016, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Roberto Taricani Lozada, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Máximo Damasco Hintikka, ordenó la entrega plena de los bienes confiscados pertenecientes al referido ciudadano y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Dionisio Cañates, apoderado judicial de los ciudadanos Leo Weyand Henning y José Gregorio Breindembach Ziegler. Así se decide (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala no entró a conocer el recurso de casación, al considerar la existencia según su criterio, de vicios que afectan el orden público, la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En la decisión se alegan violaciones de orden constitucional para argumentar la nulidad decretada. Sin embargo, como lo exige el Código Orgánico Procesal Penal, no se señala con suficiente especificidad cuál o cuáles actos fueron en sí violatorios de derechos o garantías constitucionales; de qué manera se consideró que fueron violatorios del orden constitucional o por qué la única solución era un decreto de nulidad, entre otros aspectos. Otro de los argumentos de la Sala, consiste en que los recurrentes en Casación debían impugnar la sentencia condenatoria y así poder atacar la pena accesoria a esta, entre las cuales está la confiscación de los bienes. No obstante, en el presente caso, ello no era posible, ya que como terceros interesados (que incluso han venido solicitando la entrega de los bienes incautados desde la etapa de investigación ante el Tribunal de Control como correspondía y éste incurrió en una descarada omisión de pronunciamiento) carecían de la legitimación para impugnar (como lo sugiere la Sala) la sentencia condenatoria.

Cabe resaltar además que la Sala termina anulando de oficio los escritos de apelación de los recurrentes en Casación, lo cual resulta a todas luces improcedente, ya que en materia penal las nulidades sólo recaen sobre diligencias fiscales o judiciales, tal y como lo indica el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/201368-280-18717-2017-C16-259.HTML

¿Qué dice la sentencia N 537 sobre el artículo 305 del COPP?


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El 12 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la Sentencia Nº 537 de la Sala Constitucional, mediante la cual se suspenden los efectos del primer aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y se modifica el contenido del artículo 132 del mismo Código. Ello se traduce en que sólo será imputada aquella persona acusada de un delito delante de un juez, no antes, es decir, en las averiguaciones previas.

La expedita orden de detención domiciliaria para el legislador de Barinas, Wilmer Azuaje


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Sala: Plena

Tipo De Recurso: Solicitud

SP/TSJ Nº 55                      Fecha: 12/07/2017

Caso: Solicitud formulada por el ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director de Técnico Científica y de Investigaciones del Ministerio Público, comisionado por la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela sobre la detención domiciliaria del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, en virtud del procedimiento efectuado en fecha 02 de mayo de 2017, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Decisión: 1.- Que es COMPETENTE para conocer y decidir la solicitud. 2.- SEGUNDO: Que, en el presente procedimiento, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, por tratarse su aprehensión en flagrante delito. 3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, el ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, deberá permanecer detenido en su residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. En consecuencia, se ORDENA notificar la presente decisión al Consejo Legislativo del estado Barinas. 4.- Que en el caso de que el Consejo Legislativo del estado Barinas juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de la reapertura de la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario. Caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, con arreglo a las normas del procedimiento penal pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. 5.- Se ORDENA remitir las presentes actuaciones a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente.

Extracto:

De acuerdo con el contenido de la citada disposición normativa, delito flagrante es aquel que se está cometiendo o que acaba de cometerse, también es aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que es el autor o autora.

(…) OMISSIS (…)

Siendo así, es evidente que la aprehensión efectuada por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del estado Barinas, al ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, fue en virtud de la comisión de un delito en el cual “(…) se producen los efectos de la flagrancia (…)”, puesto que entre dicho delito “(…) y la detención in fraganti existe una relación causa y efecto (…)”.

Ello es la razón por la cual, ante la comisión de un delito flagrante de carácter grave cuya autoría le es atribuida a un legislador, no es procedente el antejuicio de mérito, toda vez que para gozar de dicha prerrogativa es necesario que medie una acusación o denuncia contra el funcionario, la cual deberá ser examinada por esta Máxima Instancia, con el objeto de verificar la comisión de un tipo delictivo y, en caso de existir elementos de convicción suficientes que presuman su autoría o participación, ordenar su detención para su posterior enjuiciamiento, previa autorización del Consejo Legislativo Estadal.

Por el contrario, en los casos ya señalados de flagrancia, lo procedente es que esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la libertad del funcionario bajo custodia y remita la causa para su procesamiento ordinario ante el tribunal de instancia competente, obviamente, previo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria por el Consejo Legislativo correspondiente.

(…) OMISSIS (…)

Acorde con lo anterior, esta Sala Plena reitera que, en el presente caso, no procede el antejuicio de mérito del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, toda vez de las actuaciones que cursan en el expediente se evidencia que el mencionado ciudadano fue aprehendido en flagrancia por “(…) encontrase presuntamente incurso en uno de los delitos contemplados en la Ley de Armas y Explosivos y de los contemplados en la Legislación Venezolana (…)”. Delitos respecto de los cuales la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz señaló expresamente que “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, en virtud de lo cual, a criterio de esta Sala Plena, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, en aras de la garantía consagrada en el artículo 49, numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con base en los razonamientos expuestos, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, de acuerdo con los cuales en los casos de la comisión flagrante de un delito por parte de uno de los funcionarios amparados por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde solo decidir “(…) sobre la libertad del funcionario o funcionaria bajo custodia (…)”, considera que lo procedente es mantener la detención del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, Diputado del Consejo Legislativo del estado Barinas, en su lugar de residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, a cuyos fines se ordena notificar de la presente decisión. Así se decide.

De igual modo, esta Sala Plena considera pertinente establecer que en el caso de que el Consejo Legislativo del estado Barinas juzgue improcedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano Wilmer José Azuaje Cordero, cesará la detención domiciliaria del prenombrado ciudadano y no podrá continuarse con su enjuiciamiento, sin perjuicio de la reapertura de la causa penal una vez que cese en sus funciones como parlamentario. Caso contrario, si dicho Consejo Legislativo estima procedente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, su enjuiciamiento ineludiblemente corresponde a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, por cuanto “(…) la jurisdicción penal militar, está exceptuada de conocer (…)”, tal como lo expresó la Fiscal General Militar en el oficio N° 0836, del 4 de mayo de 2017, dirigido a la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, con arreglo a las normas del procedimiento penal pautado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

En el marco de lo anteriormente expuesto, esta Sala Plena ordena que las presentes actuaciones sean remitidas a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente. Y, así se dispone. (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: Lo primero que salta gravemente a la vista en esta sentencia de la Sala Plena del TSJ, es que se acordó que el legislador Wilmer Azuaje permaneciera detenido en su residencia mientras se decidía sobre el levantamiento o no de su inmunidad, cuando llevaba más de 2 meses detenido en una celda común del SEBIN, donde incluso fue víctima de tortura, y más grave aún, obviando que en todo ese lapso no había sido presentado ante un juez de control, violando la garantía constitucional según la cual ninguna persona puede ser detenida más de 48 sin ser presentado ante un tribunal competente.

Con respecto a la comisión de un hecho punible por parte de un miembro de un Consejo Legislativo Estadal, se aplicó el procedimiento que indica la Ley Orgánica de Consejos Legislativos de los Estados, pero el mismo se aplicó (como ya se indicó), cuando habían transcurrido más de 2 meses desde la detención de Azuaje, en franca violación de la inmunidad que lo ampara y de los derechos fundamentales que protegen a toda persona detenida, por lo cual esta decisión de la Sala Plena consistente en que Wilmer Azuaje permaneciera detenido en su residencia, fue sólo letra muerta, ya que apenas 6 días después de este fallo, fueron suficientes para que el Consejo Legislativo del Estado Barinas, acordara levantar la inmunidad del legislador detenido; acotando que entre la fecha de esta sentencia y la decisión del Consejo Legislativo, Azuaje nunca fue trasladado a su residencia, como lo ordenó la sentencia de la Sala Plena del TSJ, lo cual evidencia la importancia que desde el poder se le da al cumplimiento de lo dicho por ese órgano jurisdiccional. En ese sentido, esto que sí es un desacato, no ha tenido consecuencia alguna para quienes lo realizaron.

Por otra parte, en esta sentencia se observa una clara confusión entre la inmunidad de la cual gozan los miembros de cuerpos legislativos y el procedimiento especial de antejuicio de mérito, pues señala la sentencia que al haber sido aprehendido Azuaje de manera flagrante, no procedía el antejuicio de mérito. Sin embargo, se desconoce el motivo de este pronunciamiento sobre el antejuicio de mérito, porque ello no era parte de la solicitud del Ministerio Público.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/julio/201023-55-12717-2017-2017-000056.HTML

Medida cautelar de arresto domiciliario


Cronología caso Leopoldo López

Sala: Casación Penal

Tipo De Recurso: Avocamiento

TSJ/SCP Nº 261      Fecha: 07/07/2017

Caso: Leopoldo Eduardo López Mendoza

Decisión: (…) Se avoca de oficio al conocimiento del presente asunto, y en consecuencia decreta en favor del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad, específicamente, las contempladas en el artículo 242 numerales 1 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en la detención domiciliaria en su propio domicilio, bajo vigilancia de funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y, prohibición de dar declaraciones con respecto al presente procedimiento ante cualquiera de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional; atendiendo a las garantías constitucionales establecidas en los artículos 83 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 106, 107, 108 y 109, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)

Extracto:

(…) Se evidencia igualmente de las actuaciones, que la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la fecha, no ha distribuido el expediente al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución correspondiente, a los fines que éste diera cumplimiento a lo establecido en el Libro Quinto, Capítulo I, artículo 470 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal, sino que por el contrario, se evidencia que el mismo se mantenía en el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del  mismo Circuito Judicial Penal.

Así, el carácter extraordinario del avocamiento, permite a la Sala sustraer la causa del conocimiento del juez con competencia territorial (cuando el caso lo amerite), con el propósito de velar por una correcta administración de justicia.

En otro contexto, constituye una circunstancia pública, notoria y comunicacional, lo manifestado por familiares y uno de los abogados defensores del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, quienes arguyen que el mismo presenta complicaciones médicas, en consecuencia, atendiendo a los preceptos constitucionales contemplados en los artículos 83 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acuerda avocarse de oficio al conocimiento de la presente causa y en consecuencia, ordena sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad, que pesa sobre el ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, y en su lugar, decreta a favor del supra referido, medidas cautelares sustitutivas, específicamente, las contempladas en el artículo  242 numerales 1 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en: Primero (numeral 1), detención domiciliaria en su propio domicilio, que de acuerdo a lo que consta en las actuaciones que componen el expediente, es: “(…)”; medida que estará bajo la vigilancia de funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y; Segundo (numeral 9), prohibición de dar declaraciones con respecto al presente procedimiento, ante cualquiera de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional.

En consecuencia, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que la envíe de manera inmediata al Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mencionado Circuito Judicial Penal, quien deberá librar los oficios conducentes, y ejecutar las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad acordadas en los términos expuestos en la presente decisión. Así se decide (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala que el avocamiento procede en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

En este caso, la Sala decidió avocarse a pesar de que no se cumplían los extremos antes señalados, pues la justificación de la Sala además de resultar débil y es incongruente con lo que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto, las supuestas “irregularidades” con respecto a la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución, lo cual vale acotar, es un trámite meramente administrativo y ajeno al proceso; no se traduce en lo más mínimo, en un grave desorden procesal, o violaciones graves al ordenamiento jurídico, en detrimento del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Por otro lado, llama la atención que la Sala dé como válido lo alegado por la familia respecto a la salud del detenido sin tener la opinión de los expertos que siempre intervienen en este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo obvia las denuncias de esos mismos familiares de tortura y tratos crueles al detenido.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/200912-261-7717-2017-A17-211.HTML

Beneficios procesales relativos a los delitos de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 222      Fecha: 16-06-2017

Caso: Diego Armando Maluenga Figueroa

Decisión: Declara con lugar la única denuncia planteada en el recurso de casación propuesto por el representante del Ministerio Público; se rectifica la pena a imponer al ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, quedando en definitiva la pena a cumplir en nueve (9) años, seis (6) meses y veinte (20) días de prisión, por ser cómplice en el delito de Secuestro.

Extracto:

Siendo así se advierte que el delito de Secuestro se materializa cuando ilegítimamente una persona es privada de su libertad, o cuando se retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad; y el cómplice es aquel que sin ser autor o determinador, ejecute o realice cualquier actividad o suministre algún medio, destinado a facilitar la perpetración de cualquier delito; ahora bien, cuando el cómplice coadyuve con la autoridad competente, tendrá derecho a que se le rebaje un tercio de la pena a cumplir, tal como lo realizó el Juez  del Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, extensión San Carlos, al momento de calcular pena a imponer al ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA.

Sin embargo, alega el recurrente que la Juzgadora al momento de calcular la pena a imponer,  aplicó lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión (tal como se explicó anteriormente) pero además también aplicó el contenido del artículo 21 eiusdem, incurriendo en una rebaja de pena contraria a derecho, pues, en su criterio,  lo correcto era aplicar únicamente la rebaja de pena establecida en el artículo 11 ibídem, ya que dicho artículo por sí mismo explica la rebaja prevista por el legislador en los casos como el presente asunto penal, y por ello interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes…

OMISSIS…

De la norma antes transcrita se puede observar que el legislador, le otorgó al  Ministerio Público, la posibilidad de suspender el ejercicio de la acción penal en delitos tipificados en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, pero “conforme a lo establecido”  en el artículo 39 (hoy 40) del Código Orgánico Procesal Penal

OMISSIS…

Este supuesto es un procedimiento de naturaleza especial, distinto a los tradicionalmente conocidos, con características singulares de inicio, tramitación, acuerdo y aprobación judicial. Constituyendo entonces, una medida alternativa especial, que responde a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el esclarecimiento de delitos y autores en el ámbito de la transacción penal, como un medio de lucha no convencional contra el crimen organizado.

En este sentido, la colaboración de los sujetos investigados en el sistema probatorio criminal, se verá retribuida con beneficios judiciales o de protección a su favor. La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal. Estos beneficios se orientan a estimular la disociación de las organizaciones del crimen.

Esta figura viene a ser como un mecanismo de simplificación del proceso, de conformidad con las nuevas corrientes doctrinarias, tiene su base en el derecho procesal penal transaccional, cuya finalidad es evitar un proceso regular largo e innecesario, bajo la conducción de someterse a un acuerdo con el Fiscal y obtener la reducción de la pena, pero siempre con la aprobación del Juez en la fase preparatoria.

Es importante resaltar, que este mecanismo transaccional proviene de la cultura jurídica del derecho anglosajón, donde la utilidad y la eficacia del procedimiento constituyen los ejes del sistema. También cabe mencionar, que algunos autores la denominan como una forma de manifestación de la justicia penal consensuada.

OMISSIS…

Del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que deben concurrir las condiciones establecidas en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda el principio de oportunidad; pero también se destaca, que es una facultad del Ministerio Público, como titular de la acción penal en delitos de acción pública, y es este quien deberá solicitarlo al Juez de Control, previa su autorización, verificando que se haya cumplido con los requisitos previamente establecidos en la norma in comento; por lo tanto, se trata de una atribución legal que posee el representante Fiscal y que, por ende, es potestativo del representante del Estado, de acuerdo a la Ley, en atención al artículo 111, numeral 6, eiusdem.

Así las cosas, la Sala concluye que cuando estén dados los supuestos para la aplicación del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, es el Ministerio Público quien podrá solicitar el supuesto especial, no siendo permitido a los Jueces de Instancia ni a los de la Corte de Apelaciones, proceder de oficio, en cuanto a la aplicabilidad de la figura de la delación, ya que esta es una potestad exclusiva del titular de la acción penal.

OMISSIS…

En efecto, en el presente caso, tanto en el escrito acusatorio, como en la admisión de los hechos y en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, quedaron establecidas todas las circunstancias fácticas por las cuales resultó condenado el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, quedando como un hecho incontrovertido, cierto y apreciado, que luego de participar de manera activa en el secuestro del ciudadano Joseph  Jokim, en su planificación, ejecución y con concierto previo,  luego de ser identificado por las cámaras de video como la persona que dejó el vehículo de la víctima frente a su casa mientras éste último se encontraba plagiado, y durante un interrogatorio policial, señaló el lugar exacto donde se encontraba privado de libertad la víctima, en razón de lo cual se trasladaron al lugar para el rescate de ésta, lo cual generó un enfrentamiento entre los órganos de policía y los captores, resultando los mismos abatidos producto del procedimiento.

Como puede apreciarse, la conducta desplegada por el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, no se trató de una delación o de un informante arrepentido, con los requisitos exigidos por nuestra legislación, aunado al hecho que el hoy acusado tampoco colaboró de manera útil y eficaz con la información.

OMISSIS…

En razón de lo antes expuesto, la indebida aplicación del artículo 21 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, tuvo una incidencia relevante no solo en el fallo sino en el cálculo de la pena que en definitiva debe cumplir el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala concluye que la competencia para solicitar cualquier beneficio procesal a algún cómplice en la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión corresponde exclusivamente al Ministerio Público y no los puede conceder el Juez de la causa de oficio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/200040-222-16617-2017-C16-393.HTML

El vicio de falta de aplicación de una norma en la sentencia y la inmotivación del fallo


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 220      Fecha: 16-06-2017

Caso: Luisa Andreína Brito Ojeda

Decisión: Desestima por manifiestamente infundado, el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Extracto:

En la primera denuncia, del recurso de casación se aprecia que la abogada LUCY FIGUEROA, manifiesta que la Corte de Apelaciones incurrió en “…violación de la ley por la falta de aplicación de los artículos 346 numeral 3 y 4 y 157 del Código Orgánico Procesal Penal…” , y para ello dejó establecido lo siguiente: “…El fallo recurrido simplemente se limitó a transcribir las testimoniales evacuadas en el debate oral y público, así como parte de la sentencia apelada; haciendo discurrir directamente sobre el fondo de las denuncias por falta algunos exiguos comentarios sobre los razonamientos del Juez de la causa, pero sin discurrir directamente sobre el fondo de las denuncias por falta manifiesta en la motivación propia, clara y completa y violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica que se hicieron en el recurso de apelación (…) La Corte de Apelaciones debió explicar suficientemente las razones por las cuales concluyó que la sentencia no adolecía de falta de motivación y de violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica, y no simplemente transcribir los hechos dados por comprobados por el Tribunal de la causa, aparentando con ello que estaba ‘ motivando’ su decisión, lo cual no ocurrió en ningún caso…”.  

Sobre el vicio de falta de aplicación, es oportuno señalar que surge cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente, para una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, es decir, no se aplica una norma a un caso regulado por ella, sea porque se ignore o porque se contraríe su texto.

OMISSIS…

En cuanto a la infracción del numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, vale la oportunidad para destacar lo que sobre este particular ha venido sosteniendo la Sala de Casación Penal, que la infracción del numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, por inmotivación no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, en virtud que esta no determina de manera precisa y circunstanciada los hechos de instancia, por cuanto dicha labor corresponde al juzgador de juicio en virtud del principio de inmediación.

Así pues, verificado que aún cuando la recurrente alega la falta de aplicación del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, no expresó de forma detallada los argumentos que a su decir, omitió resolver el tribunal de alzada para catalogar de inmotivado el fallo dictado el veintitrés (23) de noviembre de 2016; en tal sentido se estima que los fundamentos de la presente denuncia, son genéricos y no se ajustan a los supuestos establecidos del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio acerca del concepto del vicio por falta de aplicación de una norma y su vinculación con el vicio de inmotivación, cuando lo alegado es la falta de aplicación de la norma que exige suficiente motivación al fallo.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/200038-220-16617-2017-C17-156.HTML

Legitimación procesal para actuar en nombre de la víctima


juez-nota

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 214      Fecha: 05-06-2017

Caso: Nilda Elena Ferrero De Hernández

Decisión: Declara inadmisible el recurso de casación propuesto por los apoderados judiciales de los ciudadanos ANDREA ANA ABRAMS y MARTÍN MIGUEL HERNÁNDEZ, por no acreditar la debida legitimidad para actuar en nombre y representación de las víctimas. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

Ante el recurso de casación propuesto por los abogados José Valentín González Prieto y Alejandra Nadales Trujillo, actuando en representación de los  ciudadanos Andrea Ana Abrams y Martín Miguel Hernández, víctimas en la presente causa, la Sala, pasa a resolver sobre la admisibilidad o desestimación del mismo, en los términos siguientes:  

Conforme con lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal, podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En el presente caso, el recurso de casación fue propuesto por los abogados José Valentín González Prieto y Alejandra Nadales Trujillo, quienes consignaron dos (2) poderes actuando como apoderados judiciales de las víctimas (no querelladas), que corren insertos en los folios 48 al 50 y folios 65 al 68, de las actas que conforman el expediente. 

En tal sentido, y a los efectos de analizar el requisito referido a la legitimidad para recurrir, la Sala considera preciso destacar, la necesidad de poseer poder especial para representar a la víctima. A tal efecto, en primer lugar debemos señalar la diferencia existente entre querella y acusación privada, siendo la primera un modo de proceder para los delitos de acción pública y la segunda; aquella que deberá formularse para los delitos de acción privada o instancia de parte agraviada.

Para el caso de la representación para presentar Acusación Privada, se requiere poder especial, tal y como lo establece el artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual  se constituirá conforme  a  las formalidades de los poderes para asuntos civiles, no pudiendo abarcar más de tres abogados o abogadas.

Por su parte el artículo 124 eiusdem, establece que en los casos de delegación del ejercicio de los derechos de la víctima  por medio de la Defensoría del Pueblo, no se exigirá poder especial, sino que la delegación conste en un escrito firmado por quien delegue en el o la representante legal de dicho organismo. De tal modo, que si el legislador en la disposición que revisamos anteriormente,  aclara que para delegar la representación no se requerirá de poder especial,  debemos entender que éste si es necesario para  todos los demás casos para actuar en nombre  de la víctima.

Con respecto a este particular, la Sala Constitucional (Sent. N° 1771 de fecha 10-10-2006), ha expresado: 

“…Ahora bien, no es materia de este fallo, los derechos que la víctima de delito puede ejercer en el proceso penal -artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal- aun cuando no se haya constituido como querellante y los cuales han sido reconocidos por esta Sala en numerosas sentencias.

El asunto en discusión es la actuación de la víctima por medio de una representación. Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal, salvo en el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte –artículo 415- no establece norma expresa con relación a la representación de la víctima en los procesos por delitos de acción pública.

En efecto, en el Capítulo V, Título IV del Libro Primero “De la Víctima”, sólo dos de los artículos que lo conforman, refieren la actuación de la víctima mediante representación: el único aparte del artículo 119, que obliga a las víctimas “si fueren varias” a actuar por medio de una sola representación, y el único aparte del artículo 122, que no exige poder especial a la víctima, para delegar, en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses; pues, en este caso, bastará sólo con que la delegación conste en un escrito firmado por ésta y el representante legal de entidad delegada.

Sí en los casos de asistencia especial, a la víctima que delega el ejercicio de sus derechos e intereses, no se le exige poder especial para ello; por argumento en contrario, para actuar en representación de la víctima -en todos los otros casos- es necesario que dicha representación conste en un poder especial para ello.

Lo apuntado se consolida con lo preceptuado en el artículo 304 del texto adjetivo penal. El referido artículo establece el carácter de los actos de la investigación, los cuales serán reservados para los terceros, ya que sólo podrán ser examinados por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial…”

Aunado a lo anterior, es preciso destacar lo establecido en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Artículo 286: “…Todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado y la imputada, por sus defensores o defensoras y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados o apoderadas con poder especial. No obstante los funcionarios o funcionarias que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados u obligadas a guardar reserva. (…)”.    

En el caso bajo análisis, el Fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa que se inicio con motivo de la denuncia interpuesta por el abogado Pedro Perera apoderado judicial,  quien actuó  en representación de las víctimas (no querelladas), conjuntamente con otros abogados entre éstos, José Valentín González Prieto y María Alejandra Nadales, mediante la consignación de sendos poderes judiciales “…con facultades para actuar conjunta o separadamente en todos los procesos penales que pudieran iniciarse por la presunta comisión de cualquier delito en su contra…”  en la investigación  que se inició contra la ciudadana NILDA ELENA FERRERO DE HERNÁNDEZ, la cual concluyó con una declaratoria de sobreseimiento acordada por el Juez Octavo  de Primera Instancia Itinerante de Sobreseimiento en Funciones de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al considerar que los hechos no revisten carácter penal.

Visto que en el presente caso, el proceso penal culminó en la fase preliminar, y en el cual no se dio la oportunidad para la designación y juramentación de los defensores privados o apoderados judiciales que actuarían en representación de las víctimas en el juicio, ni  para  la adhesión de éstas al representante del Ministerio Público como titular de la acción penal  (el cual en este caso solicitó el sobreseimiento de la causa), debían necesariamente otorgarse poderes especiales penales (con facultades especificas para actuar en la causa), para  acreditar la  legitimidad de los referidos abogados.   

De allí que deba concluirse, en razón de lo expuesto, que para interponer querella en nombre de la víctima y en general para intervenir en su nombre en un proceso penal, se requiere poder especial.”  

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala determina que para ejercer recurso casación en nombre de la víctima en un proceso penal, se requiere de un poder especial.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199793-214-5617-2017-C16-320.HTML

Acumulación de causas penales a favor de Tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Conflicto de competencia

TSJ/SCP Nº Sent: 213      Fecha: 05-06-2017

Caso: Duilio José Paz Cordero

Decisión: Declara competente al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, para que continúe conociendo de la ejecución de la pena en la causa que se le sigue al ciudadano DUILIO JOSÉ PAZ CORDERO; se ordena remitir el expediente al referido tribunal para que la causa continúe su curso legal. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

El presente asunto, trata de un Conflicto de Competencia de No Conocer planteado por el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la misma circunscripción judicial.

Al respecto, es importante resaltar que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, inicialmente solo conocía de la causa seguida al penado Duilio José Paz Cordero por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía en Grado de Complicidad Necesaria, y Ocultamiento de Arma de Fuego, previstos en los artículos 406 (numeral 1), y 277 del Código Penal, respectivamente, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Gustavo Rafael González, donde resultó condenado a quince (15) años de prisión.

Ahora bien, el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, se declara igualmente incompetente fundamentándose en el hecho de que la mayor pena impuesta al mencionado penado fue por el delito perpetrado en la jurisdicción del estado Zulia, donde resultó condenado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a diecinueve (19) años, siete (7) meses y dieciséis (16) días de presidio, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Simple, previsto en el artículo 407 del  Código Penal, en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Amenaza, establecido en el artículo 41 eiusdem, en perjuicio de las ciudadanas Giannina Marlith D’ Ambrosio Gómez (occisa) y Lisbeth Gómez, respectivamente, correspondiéndole  -a su criterio- el conocimiento al Tribunal de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

OMISSIS…

cuando sobre un mismo ciudadano versen varias sentencias condenatorias firmes, solo un Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución deberá conocer todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena.

OMISSIS…

en aquellos casos donde al imputado, acusado o penado (dependiendo de la fase procesal en que se encuentre), se le califique su acción dentro de un tipo penal previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el conocimiento de la causa le corresponde a un  tribunal de la jurisdicción especial de violencia contra la mujer.

De esa forma, resulta claro que el legislador expresó su voluntad de consagrar la competencia de los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer para conocer de todos aquellos casos en los cuales  la víctima sea una mujer, en aras de la protección efectiva de las mujeres contra el maltrato y ataques a su integridad personal y física, incluida la muerte, independientemente de la edad de la víctima del sexo femenino, por razones de género. (Vid., sentencia de esta Sala N° 108 del 26 de febrero de 2016, caso Filadelfio Mora Mora).

OMISSIS…

En este orden de ideas, el artículo 74 del texto penal adjetivo, prevé la forma de dirimir cuál es el Tribunal competente ante la presencia de delitos conexos, y establece:

Artículo 74. El conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los tribunales competentes.

Son tribunales competentes según su orden para el conocimiento de las causa por delitos conexos:

1. El del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena.

2. El que debe intervenir para juzgar el que se cometió primero en el caso de los delitos que tengan señalada igual pena”.

De esta manera, se vislumbra que el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, fundamentó correctamente su decisión al afirmar que el conocimiento del proceso le corresponde al Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por ser en esta jurisdicción donde el ciudadano Duilio José Paz Cordero, resultó condenado a mayor pena, ello en aplicación de los artículos 74 (numeral 1), y 471 (numeral 2), del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala determina que ante la presencia de dos tribunales que han dictado sentencia condenatoria al mismo ciudadano, uno penal ordinario y otro con competencia en delitos de violencia contra la mujer, es éste último a quien corresponde acumular ambas causas y ejecutar la sentencia respectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199792-213-5617-2017-CC17-143.HTML

Las nulidades en el proceso penal


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 204      Fecha: 05-06-2017

Caso: Robert José Gibory

Decisión: Decreta de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal con Competencia Múltiple en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con posterioridad a la decisión de fecha trece (13) de octubre de 2015, la cual se mantiene incólume; se ordena reponer la causa al estado que la Sala Accidental de la mencionada Corte de Apelaciones, realice de manera efectiva, la notificación a las partes de la decisión dictada por ese órgano jurisdiccional, el trece (13) de octubre de 2015, mediante la cual declaró entre sus pronunciamientos, inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el abogado RODRIGO ANTONIO ELIZONDO JIMÉNEZ, Defensor Público Séptimo Penal encargado de la Defensoría Tercera Penal, adscrito a la unidad de Defensa Pública del estado Delta Amacuro, actuando como defensor del ciudadano ROBERT JOSÉ GIBORY, a los efectos del ejercicio del recurso de casación y en garantía de sus derechos e intereses. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

Todo proceso se encuentra integrado por actos procesales, sin embargo para la realización de estos actos, los sujetos intervinientes en el proceso penal deberán obligatoriamente cumplir con ciertos requisitos para que los mismos sean acreditados de manera lícita y sean viables en el campo penal.

No obstante a ello, estas mismas exigencias procedimentales se encuentran concretamente establecidas, en forma clara en el Código Orgánico Procesal Penal, siendo que su inobservancia estructurada por la ley adjetiva penal, traerá consigo la ineficacia de los actos realizados, a menos que la anomalía pueda ser enmendada o en última instancia haya quedado convalidada.

En razón de ello, surge la figura de las nulidades que tiene como fin impedir la transgresión del derecho de defensa y de resguardar el debido proceso, derechos estos que pueden ser impetrados por el imputado o el acusado, también por la víctima, y que pueden ser declaradas ex officio por el Juzgador, en cualquier estado y grado del proceso, cuando sea imposible su saneamiento.”      

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala indica la razón de existencia y los objetivos de la teoría de las nulidades en el proceso judicial penal. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199783-204-5617-2017-C16-46.HTML

Casación por inmotivación


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 198      Fecha: 15-05-2017

Caso: Recurso de Casación interpuesto en el juicio penal seguido a Genna Jhoulyn Rubín Aranguren

Decisión: Declara con lugar la única denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensa de la ciudadana GENNA JHOULYN RUBÍN ARANGUREN; anula la sentencia dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, el 18 de octubre de 2016; y ordena al Presidente de la mencionada Sala, que lleve a cabo la constitución de una Sala Accidental para que se pronuncie respecto al recurso de apelación interpuesto con prescindencia del vicio que dio lugar al presente fallo. El Magistrado, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

“No obstante, dicho órgano colegiado omitió pronunciarse de manera específica en cuanto al alegato relativo a que el tribunal de la primera instancia atribuyó a las declaraciones emanadas de los funcionarios policiales y expertos “un alcance objetivo que no poseen (…) [lo que produjo] errores por falso juicio de identidad [y] una desfiguración de la prueba porque le hace expresar algo diferente a su verdadero contenido”, pues, a juicio del accionante, dichas deposiciones lejos de confirmar el testimonio rendido por la víctima y demostrar la responsabilidad penal de la ciudadana Genna Jhoulyn Rubin Aranguren, únicamente versaron sobre la práctica de diligencias de investigación que en modo alguno lograron vincular a aquella con la comisión del hecho punible.

Al respecto, la alzada se limitó a señalar de manera genérica que “la apreciación de estos [los testigos referenciales] fue debidamente adminiculada con los demás medios de prueba cursantes en autos como lo fue la declaración de los expertos y funcionarios adscritos al cuerpo (sic) de investigaciones (sic) Científicas, Penales y Criminalísticas de Guarenas (…) [determinándose] que ciertamente la ciudadana GENNA JHOULYN RUBIN ARANGUREN fue la persona que junto a otro ciudadano hicieron todo lo necesario para llevar a cabo el delito de HOMICIDIO” (Mayúsculas y negrillas de la decisión), de lo cual se colige que la sentencia hoy impugnada no dio una respuesta concreta y precisa al planteamiento del recurrente, relativo a que el tribunal a quo le atribuyó a los testimonios rendidos por los funcionarios policiales y los expertos un alcance que no poseen, incumpliendo así con el deber que tiene todo juzgador de motivar suficientemente sus decisiones en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico, como es, que tales órganos superiores de administración de justicia respondan a cada uno de los alegatos que soportan los vicios denunciados por quienes recurran en apelación, y que adicionalmente expliquen con claridad y precisión las bases jurídicas y fácticas que soportan el fallo emitido.

Ello es así, en virtud de que la motivación de las sentencias constituye “un derecho subjetivo que tienen las partes en el proceso”, a obtener una decisión razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, “que venga apoyada en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión”, pues de lo contrario, dicho fallo adolecerá del vicio de incongruencia omisiva, el cual se materializa cuando el juzgador omite “resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en los que vengan planteadas” [Cfr. Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Editorial Marcial Pons, España, año 2000].   

…OMISSIS…

En atención a los citados criterios, esta Sala de Casación Penal advierte que la señalada Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, estaba en la obligación de dar una respuesta motivada a cada uno de los puntos alegados por el recurrente, fundamentando con criterio propio los motivos por las cuales consideró que las declaraciones de los funcionarios policiales y los expertos, razonablemente apreciadas por la primera instancia conforme a la sana crítica, conjuntamente con el testimonio de la víctima y los testigos referenciales, demostraban de manera fehaciente la culpabilidad de la acusada de autos, en vez de limitarse a sustentar en un argumento genérico la resolución del punto específico denunciado, esto es, aquél que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso, violentando de esta manera el derecho a la defensa y el debido proceso del recurrente, al no permitirle conocer los argumentos con base a los cuales fue desestimado su planteamiento.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica las condiciones que deben darse para considerar que la sentencia ha incurrido en falta de motivación, haciendo hincapié en que la presentación de argumentos genéricos para resolver denuncias concretas, equivale a no responder.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/199148-198-15517-2017-C17-39.HTML