Casación por inmotivación


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 198      Fecha: 15-05-2017

Caso: Recurso de Casación interpuesto en el juicio penal seguido a Genna Jhoulyn Rubín Aranguren

Decisión: Declara con lugar la única denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensa de la ciudadana GENNA JHOULYN RUBÍN ARANGUREN; anula la sentencia dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, el 18 de octubre de 2016; y ordena al Presidente de la mencionada Sala, que lleve a cabo la constitución de una Sala Accidental para que se pronuncie respecto al recurso de apelación interpuesto con prescindencia del vicio que dio lugar al presente fallo. El Magistrado, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

“No obstante, dicho órgano colegiado omitió pronunciarse de manera específica en cuanto al alegato relativo a que el tribunal de la primera instancia atribuyó a las declaraciones emanadas de los funcionarios policiales y expertos “un alcance objetivo que no poseen (…) [lo que produjo] errores por falso juicio de identidad [y] una desfiguración de la prueba porque le hace expresar algo diferente a su verdadero contenido”, pues, a juicio del accionante, dichas deposiciones lejos de confirmar el testimonio rendido por la víctima y demostrar la responsabilidad penal de la ciudadana Genna Jhoulyn Rubin Aranguren, únicamente versaron sobre la práctica de diligencias de investigación que en modo alguno lograron vincular a aquella con la comisión del hecho punible.

Al respecto, la alzada se limitó a señalar de manera genérica que “la apreciación de estos [los testigos referenciales] fue debidamente adminiculada con los demás medios de prueba cursantes en autos como lo fue la declaración de los expertos y funcionarios adscritos al cuerpo (sic) de investigaciones (sic) Científicas, Penales y Criminalísticas de Guarenas (…) [determinándose] que ciertamente la ciudadana GENNA JHOULYN RUBIN ARANGUREN fue la persona que junto a otro ciudadano hicieron todo lo necesario para llevar a cabo el delito de HOMICIDIO” (Mayúsculas y negrillas de la decisión), de lo cual se colige que la sentencia hoy impugnada no dio una respuesta concreta y precisa al planteamiento del recurrente, relativo a que el tribunal a quo le atribuyó a los testimonios rendidos por los funcionarios policiales y los expertos un alcance que no poseen, incumpliendo así con el deber que tiene todo juzgador de motivar suficientemente sus decisiones en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico, como es, que tales órganos superiores de administración de justicia respondan a cada uno de los alegatos que soportan los vicios denunciados por quienes recurran en apelación, y que adicionalmente expliquen con claridad y precisión las bases jurídicas y fácticas que soportan el fallo emitido.

Ello es así, en virtud de que la motivación de las sentencias constituye “un derecho subjetivo que tienen las partes en el proceso”, a obtener una decisión razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, “que venga apoyada en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión”, pues de lo contrario, dicho fallo adolecerá del vicio de incongruencia omisiva, el cual se materializa cuando el juzgador omite “resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en los que vengan planteadas” [Cfr. Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Editorial Marcial Pons, España, año 2000].   

…OMISSIS…

En atención a los citados criterios, esta Sala de Casación Penal advierte que la señalada Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, estaba en la obligación de dar una respuesta motivada a cada uno de los puntos alegados por el recurrente, fundamentando con criterio propio los motivos por las cuales consideró que las declaraciones de los funcionarios policiales y los expertos, razonablemente apreciadas por la primera instancia conforme a la sana crítica, conjuntamente con el testimonio de la víctima y los testigos referenciales, demostraban de manera fehaciente la culpabilidad de la acusada de autos, en vez de limitarse a sustentar en un argumento genérico la resolución del punto específico denunciado, esto es, aquél que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso, violentando de esta manera el derecho a la defensa y el debido proceso del recurrente, al no permitirle conocer los argumentos con base a los cuales fue desestimado su planteamiento.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica las condiciones que deben darse para considerar que la sentencia ha incurrido en falta de motivación, haciendo hincapié en que la presentación de argumentos genéricos para resolver denuncias concretas, equivale a no responder.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/199148-198-15517-2017-C17-39.HTML

La prescripción de la acción como requisito de la extradición


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Extradición

TSJ/SCP Nº: 180      Fecha: 10-05-2017

Caso: Solicitud de extradición de Mercedes Bonett Semenas

Decisión: Declara improcedente la solicitud de extradición activa de la ciudadana MERCEDES BONETT SEMENAS, de nacionalidad argentina, identificada con la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela para extranjeros E 82.027.387, a la República Argentina, por encontrarse evidentemente prescrita la acción penal para perseguir el delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, con la circunstancia agravante prevista en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ambas legislaciones vigentes para la fecha de los hechos.

Extracto:

“En este particular, resulta necesario analizar la prescripción ordinaria de la acción penal, así tenemos, que los hechos atribuidos a la ciudadana Mercedes Bonett Semenas, y por los cuales la representación del Ministerio Público solicitó la referida orden de aprehensión, ocurrieron el 18 de mayo de 2002, siendo acordada dicha solicitud el 4 de mayo de 2005, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas.

Ello así, el artículo 108, ordinal 4°, del Código Penal venezolano, vigente a la fecha de los hechos, establecía que la acción penal para perseguir este delito prescribía:

“(…) 4°. Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años (…)”.

Por su parte, el artículo 109 del mencionado texto sustantivo, agregaba que la prescripción ordinaria de la acción penal debía comenzar a contarse: “(…) para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho (…)”.

Y, el artículo 110 eiusdem, establecía:

“(…) Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare.

Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que le siga; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarara prescrita la acción penal (…).

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción (…)”.

Ahora bien, de la denuncia interpuesta por el ciudadano Waldo Enrique Díaz, padre de la víctima, se evidencia: a) que el presente proceso se inició el 18 de mayo de 2002, cuando dicho ciudadano interpuso la referida denuncia; b) que con ocasión a dicha denuncia el representante del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra la ciudadana Mercedes Bonett Semenas, por estar presuntamente incursa en la comisión del delito de homicidio culposo, la cual fue acordada el 4 de mayo de 2005, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas; y c) que dicho proceso se encuentra paralizado por no haberse hecho efectiva la aludida orden de aprehensión, sin embargo, desde el momento en el cual se cometió el hecho objeto del proceso hasta la presente fecha, ha transcurrido en demasía el lapso de los cinco (5) años previsto en el aludido artículo 108, ordinal 4°, del entonces vigente Código Penal, para que opere la prescripción de la acción penal en relación al referido delito, pese a la interrupción de su curso en razón de la orden de aprehensión dictada el 14 de mayo de 2005.

En razón de ello, esta Sala de Casación Penal estima que, en el presente caso, no se cumple la exigencia prevista en el artículo 359 del Código de Derecho Internacional Privado para declarar la procedencia de la extradición activa, por haber operado la prescripción ordinaria de la acción penal, en razón de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal declara improcedente la solicitud de extradición activa de la ciudadana Mercedes Bonett Semenas, de nacionalidad argentina, identificada con la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela para extranjeros N° E-82.027.387, a la República Argentina. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se analiza la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 110 del Código Penal; como requisito indispensable para solicitar la extradición.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/199005-180-10517-2017-E17-134.HTML      

 

El lapso para apelar del fallo de la Audiencia Preliminar


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 170      Fecha: 02-05-2017

Caso: Edwin Alberto Melo Corredor

Decisión: Decreta de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas, en el proceso penal seguido al ciudadano EDWIN ALBERTO MELO CORREDOR, desde el cómputo de los días de despacho, realizado por la Secretaría del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de julio de 2016; y ordena reponer la causa al estado en que se encontraba para la oportunidad en la cual se efectúo el cómputo anulado, todo ello a los efectos que el referido Juzgado realice de nuevo la certificación de los días de despacho y remita el expediente a la Corte de Apelaciones para el pronunciamiento correspondiente sobre la admisibilidad del recurso de apelación ejercido. La Magistrada, Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

“Como se aprecia de los citados criterios, es a través de la publicación del texto íntegro del fallo cuando las partes conocen los razonamientos de hecho y de derecho de esa decisión, y de esta manera pueden detectar los presuntos vicios de los que adolezca, a los fines de fundamentar el respectivo medio de impugnación contra la misma.

Es por ello, que en el presente caso, aun cuando la juzgadora a cargo del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas profirió el dispositivo de la sentencia condenatoria en la audiencia preliminar que tuvo lugar el 9 de mayo de 2016, no fue sino hasta el 17 de mayo de ese mismo mes y año (al tercer (3°) día de despacho siguiente a dicha audiencia) cuando publicó el texto íntegro de ese fallo, contentivo de la motivación de la sentencia condenatoria, el cual no requirió ser notificado a las partes por haber sido publicado dentro del lapso legal previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que éstas quedaron notificadas al finalizar dicha audiencia oral -como se evidencia en el acta que se levantó a tal efecto- de lo que se colige que el lapso para el ejercicio del recurso de apelación debió comenzar a computarse a partir del día hábil siguiente a este último acto procesal, a saber, el 23 de mayo de 2016, según consta en el cómputo antes referido.

Sin embargo, tal como precedentemente se señaló, la Secretaria del referido Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los efectos del ejercicio del recurso de apelación, computó los días hábiles transcurridos “(…) desde el día lunes nueve (09) de mayo de 2016 (exclusive), al día hábil siguiente a la decisión del Tribunal, hasta el día lunes treinta (30) de mayo de 2016 (inclusive) (…)”, haciéndose patente el error que derivó en un vicio procesal de orden público que conculcó la garantía de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a ser oído del acusado de autos, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impidiendo a la alzada conocer del recurso de apelación ejercido por los defensores privados del ciudadano Edwin Alberto Melo Corredor, yerro que tampoco fue advertido por la Sala Accidental N° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Ilícitos Económicos, lo que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad por extemporáneo de dicho medio de impugnación.

En tal sentido, constatada como ha sido la infracción de los derechos del acusado de autos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a ser oído, contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal en atención a lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, estima que lo procedente y ajustado a derecho es decretar de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en el presente proceso desde el cómputo de los días de despacho efectuado por la Secretaria del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de julio de 2016, en el que “(…) HACE CONSTAR: Que desde el día lunes nueve (09) de mayo de 2016 (exclusive), al día hábil siguiente a la decisión del Tribunal, hasta el día lunes treinta (30) de mayo de 2016 (inclusive), transcurrieron seis (06) días de despacho contados de la siguiente manera: martes 10.05.2016, lunes 16.05.2016, marte (sic) 17.05.2016, lunes 23.05.2016, martes 24.05.2016, lunes 30.05.2016, así mismo, desde el día hábil siguiente al lunes (06) de junio de 2016 (exclusive) hasta el día martes (14) de junio de 2016 (inclusive), oportunidad en la cual dicha representación fiscal debió haber (sic) dado contestación al recurso de apelación, transcurrieron los tres (03) días hábiles de despacho contados de la siguiente manera: Martes 07.06.2016, lunes 13.06.2016 y martes 14.06.2016 (…)”.

En consecuencia, en virtud de la nulidad que se decreta se repone la causa al estado en que se encontraba para la oportunidad en la cual se efectuó el cómputo anuladotodo ello a los efectos de que el referido Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realice de nuevo la certificación de los días de despacho y remita el expediente a la Corte de Apelaciones para el pronunciamiento correspondiente sobre la admisibilidad del recurso de apelación ejercido. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala, siguiendo criterios anteriores de la misma Sala y de la Sala Constitucional, ratifica que el lapso para apelar de la decisión del juez de control sobre la Audiencia Preliminar comienza a correr, luego de publicada la sentencia, no desde que se dicta el dispositivo. En tal sentido, al haber sido realizado de manera errónea el cálculo de los días transcurridos para ejercer el recurso de apelación, la consecuencia será reponer la causa, al estado de realizar nuevo cálculo y admitir el recurso de apelación interpuesto; toda vez que con ello se le violó el derecho a la defensa y al debido proceso al procesado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/198127-170-2517-2017-C16-365.HTML

    

La cualidad de víctima del denunciante y su legitimación para intentar recurso de casación


juez-nota

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 168      Fecha: 02-05-2017

Caso: Elia Cristina Zuluoga de Dib

Decisión: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto

Extracto:

Para determinar la cualidad, es decir, el carácter de parte, de quien ejerció el recurso de casación en el caso presente, se aprecia que dicho recurso, fue interpuesto por la ciudadana Elia Cristina Zuloaga de Dib, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.339.127, inscrita en el Inpreabogado con el N° 131.868, actuando en su propio nombre e interés, y quien con la denuncia escrita presentada el 30 de enero de 2015, ante el Ministerio Público, dio lugar al inicio de la correspondiente investigación; de igual manera, observa la Sala que, la denunciante ha conservado su condición de tal, hasta la presente fecha, sin modificación alguna.

Respecto del alcance jurídico del radio de acción procesal del denunciante esta Sala de Casación Penal ha establecido el criterio jurisprudencial, según el cual, “… la interposición de una denuncia por sí misma no otorga el carácter de víctima a quien la formula…”. (Cfr. Sentencia N° 119/2011, del 29 de marzo).

En el caso bajo examen, el recurso de casación interpuesto, fue ejercido por la mencionada profesional del Derecho, ciudadana Elia Cristina Zuloaga, contra la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de febrero de 2017, que declaró sin lugar la apelación incoada contra la sentencia que en primera instancia acordó el referido sobreseimiento, quien manifestó expresamente: “Apelo de la decisión Nro. 024-17 dictada en fecha 22/02/2017…”, como consta en la diligencia presentada en un folio único, ante dicha Corte de Apelaciones el 22 de febrero de 2017 (folio 479 de la primera pieza); impugnación tramitada como tal recurso de apelación, de acuerdo al contenido del auto emitido el 24 de febrero de 2017, por la mencionada Corte de Apelaciones  (folio 480 de la primera pieza).

El Código Orgánico Procesal Penal, señala de manera precisa los sujetos a quienes reconoce legitimación activa para el ejercicio de los recursos judiciales contra las decisiones que declaren el sobreseimiento de la causa, en términos indubitables:

“Artículo 307. El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya querellado, podrán interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto que declare el sobreseimiento”. (Subrayado del fallo).

Conforme a lo expuesto, la mencionada denunciante no estaba legitimada para impugnar mediante el ejercicio de los recursos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal vigente las decisiones dictadas en el referido proceso penal, en virtud de que no es ni representa a ninguna de las partes, de conformidad con el señalado artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal; menos aún, cuando la pretensión recursiva –como en el caso bajo examen– estuvo dirigida a cuestionar la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 22 de febrero de 2017, que declaró sin lugar la apelación ejercida por la referida denunciante, sin acreditar su condición de parte; exigencia ésta que se potencia aun más tratándose del recurso de casación, ejercido contra la decisión que confirmó el sobreseimiento de la causa; materia en la que el Código Orgánico Procesal Penal, consagró una regulación expresa (artículo 307), de interpretación estricta, además.

Por estas razones concluye la Sala, que la ciudadana Elia Cristina Zuloaga de Dib, carece del interés jurídico legítimo actual para impugnar –en el caso concreto y mediante el recurso de casación– la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la decisión que decretó el sobreseimiento de la causa, a pesar de la condición de denunciante de la proponente del Recurso de Casación.

A lo anterior se adiciona, la constatación de que la recurrente no es víctima directa de los delitos objeto de la investigación, a saber, uso de documento falso y usurpación de identidad, los cuales de acuerdo al interés jurídico protegido afectan la fe pública [entendida no como la pura confianza del particular en el particular, sino la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria por él atribuida a algunos objetos o signos, o formas exteriores, en concepto de Grisanti Aveledo, 1995:1.023]; y tampoco representa a ninguna de las partes en la señalada investigación; todo ello, impide reconocer en la proponente del recurso antes dicho, la legitimación procesal requerida por el ordenamiento jurídico vigente, conforme al principio de impugnabilidad subjetiva, previsto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, en conexión con el indicado artículo 307 eiusdem.”

 Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala señala las diferencias entre ser el denunciante en un proceso penal y constituirse en víctima en el mismo. En tal sentido, se ratifica el criterio según el cual sólo las partes y sus representantes pueden intentar recurso de casación penal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/198125-168-2517-2017-C17-113.HTML

    

 

Es válido ejercer el recurso de casación penal antes de tiempo


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 158      Fecha: 02-05-2017

Caso: Heimer Enrique García Cortes

Decisión: Desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Extracto:

“En relación con el supuesto de la tempestividad, consta en el folio 136 de la pieza nro. 5 del expediente, sello húmedo de la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el cual se evidencia que el veinticuatro (24) de mayo de 2016, fue interpuesto el recurso de casación, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal en fecha 25 de abril del mismo año.

 Asimismo, del cómputo realizado por el abogado JESÚS ANDRÉS BORREGO, Secretario de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, se evidencia lo siguiente:

 “… Que desde el día de despacho siguiente a la fecha (10/10/2016) en que fue impuesto personalmente el acusado de autos de la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones en fecha 25 de abril de 2016, correspondiente al lapso para que las partes ejerzan el recurso de casación, a que se refiere el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta el día 08 de noviembre de 2016, (inclusive) transcurrieron quince (15) días de despacho, contados así: 111317, 18, 19, 20, 252627, 2831 de octubre0103, 07 y 08 de noviembre de 2016…”.

Siendo así, se verifica que transcurrieron quince (15) días hábiles, desde que el acusado HEIMER ENRIQUE GARCÍA CORTÉS, fue impuesto de la decisión emitida por la Corte de Apelaciones en fecha veinticinco (25) de abril de 2016, sin embargo de las actuaciones se extrae que el defensor privado, presentó el recurso de casación antes de comenzar a correr el lapso establecido en el artículo 454 de nuestra Ley Adjetiva Penal. No obstante, conforme algunos de los criterio reiterados en decisiones emanadas por este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1842, de fecha tres (3) de octubre de 2001, de Sala Constitucional, y a la decisión identificada con el alfanumérico RC 00785, dictada por la Sala de Casación Civil, el dieciséis (16) de diciembre de 2009, se considera que el recurso de casación fue presentado de forma tempestiva.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se ratifica el criterio según el cual es válido ejercer el recurso de casación aún antes de que comience a correr el lapso para ello; siempre y cuando, ya haya sido dictada la sentencia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/198115-158-2517-2017-C16-411.HTML

     

Se ordena la radicación del juicio por la masacre de Tumeremo


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Radicación

TSJ/SCP Nº: 156      Fecha: 02-05-2017

Caso: Luis Enrique Gámez Zamora y otros

Decisión: Declara ha lugar la pretensión de radicación propuesta por la ciudadana Fiscal General Militar Capitán de Navío SIRIA VENERO DE GUERRERO.

Extracto:

“Bajo este aspecto, la radicación surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia, la cual debe encontrarse al margen de inconvenientes que puedan interferir en la integridad e independencia del Poder Judicial.

Formalmente, el referido artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, limita los supuestos para la procedencia de la radicación, enmarcándolos en: 1) cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; y 2) cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

Por consiguiente, la radicación de una causa penal se justifica solo en el caso de delitos graves, determinados  por el perjuicio ocasionado a la colectividad o al individuo  y por factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de la que forman parte, los medios utilizados por el delincuente, así como la forma de cometer el hecho, cuya perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, producto de una inquietud o impresión por un peligro, o como causa de una conmoción por un hecho.

Por tal motivo, la interposición de la solicitud de radicación exige la clara descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conjuntamente con el señalamiento de las incidencias ocurridas en el curso de la causa, la identificación de la instancia y el estado actual del proceso, acompañadas de las referencias periodísticas y documentales que demuestren la existencia de un obstáculo ostensible para el adecuado desenvolvimiento del proceso en el circuito judicial penal donde se desarrolla.

Debiendo destacar que la solicitud de radicación es de derecho estricto, limitada por las formalidades de ley. Por consiguiente, su procedencia se restringe al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, procurándose garantizar el debido proceso y la tutela judicial de los y las justiciables.

Siendo necesario analizar, en el presente caso, la adecuación a derecho de la pretensión de marras.

En la causa bajo estudio, los alegatos expuestos en la solicitud de radicación, describen que los hechos y el delito imputado son graves, y han sido reseñados en los medios de comunicación social del estado Bolívar, generando alarma y escándalo público en los habitantes de dicho estado. 

Señala la ciudadana Fiscal General Militar, en su solicitud de radicación, que es un hecho notorio y comunicacional el drama que se ha desarrollado en la población del estado Bolívar, por las incalculables víctimas que han generado las masacres ocurridas meses atrás, en la población de Tumeremo, generando en los habitantes un estado de conmoción y predisposición al considerar que se reproduzcan hechos similares.

Lo anterior conlleva a determinar la gravedad del hecho, al tomar en cuenta las circunstancias de peligrosidad y el daño causado socialmente con su ejecución, especialmente porque este tipo de hechos, que están íntimamente relacionados a la minería ilegal, atentan directamente contra la seguridad de la nación, incrementando el temor fundado en la población, aunado a los medios de comisión y el modo de consumación del delito.

De tal manera que las condiciones existentes en el ámbito territorial del estado Bolívar, donde actualmente se desarrolla el proceso penal, no son las más idóneas para el desenvolvimiento de la causa.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En esta decisión, la Sala indica en primer lugar los requisitos que deben darse para que proceda la radicación de una causa, para luego considerar que en el caso de la masacre de Tumeremo, efectivamente se dan los dos requisitos: gravedad del asunto y la incapacidad de los tribunales del Estado Bolívar para llevar a cabo el juicio, debido a su relevancia mediática.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/198113-156-2517-2017-R16-176.HTML

Inepta acumulación de pretensiones en un recurso de revisión penal


mfoaq_juez

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Revisión

TSJ/SCP Nº: 145      Fecha: 07-04-2017

Caso: Jonnhy Yanner Sánchez Jaimes

Decisión: Declara la inadmisibilidad por inepta acumulación del recurso de revisión interpuesto por la defensa.

Extracto:

“La recurrente con fundamento en los numerales 1 y 4 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, alegó que el 26 de febrero de 2013, su defendido fue sentenciado conforme al procedimiento por admisión de los hechos, a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión por la comisión de los delitos de tráfico agravado en la modalidad de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación, mientras que los otros dos acusados de autos por los mismos delitos, fueron sometidos a un juicio oral y público, resultando absueltos el 12 de febrero de 2014, respecto a ambos ilícitos penales, lo que trajo como consecuencia que, según su criterio, “(…) cesa[ron] las condiciones y requisitos que debe tener un hecho para ser calificado como el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (…) pues la acusación Fiscal (sic) admitida por el Tribunal de Control en su oportunidad, considero (sic) que se configuraba [dicho delito] en virtud de la participación de los tres jóvenes acusados, incluso acogiéndose al número de participantes, tal como lo expresa la propia Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (…), por lo que, al haber quedado como “único autor, mi defendido JONNHY YANNER SÁNCHEZ JAIMES (…) no pu[ede] subsumir[se] el comportamiento en dicha norma (…)”. Por tal motivo, solicitó de esta Sala de Casación Penal, la declaratoria con lugar del presente recurso de revisión, y como consecuencia de ello, la modificación de la pena en razón de la inexistencia de la comisión del delito de asociación por parte de su defendido.

Como se aprecia, resulta evidente para esta Sala de Casación Penal que, en el presente caso, se configuró una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que la recurrente alegó conjuntamente dos supuestos de procedencia del recurso de revisión que se excluyen entre sí, no solo por cuanto su conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales distintos, sino, además, por la incompatibilidad del procedimiento que le es aplicable.

En efecto, tal como se estableció en párrafos anteriores, esta Sala de Casación Penal resulta competente para conocer del supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, cuando la revisión se base en la existencia de sentencias contradictorias en virtud de las cuales estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola, conforme al trámite y reglas previstas para el recurso de casación en los artículos 457 y siguientes eiusdem; mientras, que en el caso del numeral 4 del artículo 462 del referido texto adjetivo penal, vale decir, cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió, será competente para conocer el Tribunal de Primera Instancia del lugar donde se perpetró el hecho, de acuerdo al procedimiento previsto para el recurso de apelación en los artículos 447 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Por esta razón, resulta evidente que, en el presente caso, la recurrente debió fundamentar su recurso de revisión en uno solo de los requisitos de procedencia previstos en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, o aducir únicamente aquellos que pueden ser conocidos por un mismo órgano jurisdiccional a través de un único procedimiento, puesto que, se reitera, a esta Sala de Casación Penal solo le compete conocer cuando lo alegado se circunscriba a lo contenido en el numeral 1 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuyo caso, debe cumplirse con las reglas establecidas para el recurso de casación, mientras que cuando se trate de la causal contemplada en el numeral 4 de la referida norma su conocimiento corresponde al tribunal de primera instancia del lugar donde ocurrió el hecho punible, concretamente, en este caso, a un tribunal del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, conforme al procedimiento previsto para el recurso de apelación.

Por consiguiente, al haber fundado la recurrente la revisión solicitada en dos supuestos de procedencia cuyo conocimiento corresponde a dos tribunales distintos a través de procedimientos evidentemente incompatibles entre sí y, por tanto, no susceptibles de resolución conjunta, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar la inadmisibilidad de dicho recurso, pues de lo contrario, se vulneraría la garantía del debido proceso al admitir un medio impugnativo que no puede resolverse sobre la base de la unidad de procedimientos característicos de la acumulación de pretensiones en general [Vid. Rengel Romberg, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, Venezuela, 1991].

Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal declara inadmisible el presente recurso de revisión, en virtud de haberse alegado conjuntamente dos supuestos de procedencia que corresponden al conocimiento de distintos órganos jurisdiccionales y cuya tramitación se efectúa a través de procedimientos incompatibles entre sí, de conformidad con lo establecido en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso se declara inadmisible el recurso de revisión penal, por considerar que el recurrente presentó se fundamentó en dos causales o motivos de revisión que en criterio de la Sala resultan contradictorios entre sí, cuyo conocimiento correspondería a distintos Tribunales y con procedimientos incompatibles; no obstante, si bien es cierto que el conocimiento del asunto podría corresponder a Tribunales diferentes dependiendo de la causal de revisión invocada, no es menos cierto que cualquier tribunal que resulte competente deberá aplicar el mismo procedimiento, es decir, el de la revisión. Además, la incompetencia podría impedir a la Sala pronunciarse con respecto a uno de los alegatos, pero no con respecto al otro. Por ello, consideramos que no debió declararse inadmisible el recurso, sino pronunciarse al fondo con respecto al punto que le corresponde a la Sala y desechar aquél para el cual no es competente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197744-145-7417-2017-17-54.HTML

Sobre el vicio de inmotivación en la sentencia


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 143      Fecha: 07-04-2017

Caso: José Gregorio Brito Moreno

Decisión: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano JOSÉ GREGORIO BRITO MORENO. Anula la sentencia dictada, el 31 de mayo de 2016, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro. Ordena remitir la presente causa a la Presidencia del referido Circuito Judicial Penal, a los fines de constituir una Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, para que se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto, con prescindencia del vicio que dio lugar al presente fallo.

Extracto:

“Siendo así, es innegable que la referida Sala Única incurrió en el vicio denunciado en casación por la defensa respecto a la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no dio respuesta a los alegatos expuestos en el recurso de apelación referidos “a la falta de contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia”, en la cual presuntamente habría incurrido la Jueza Primera Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, al dictar la sentencia condenatoria, en virtud que, según consideró la defensa, dicha juzgadora omitió el análisis y comparación de las pruebas evacuadas en el debate oral y público.

En efecto, la referida Sala de la Corte de Apelaciones sustentó la sentencia hoy recurrida en casación, en un argumento común, que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso, ya que luego de limitarse a transcribir el texto integro del fallo recurrido, y de citar doctrina y jurisprudencia relacionadas con la motivación de la sentencia, concluyó afirmando que del análisis de la sentencia de juicio se observaba que las pruebas habían sido debidamente valoradas y adminiculadas conforme a derecho, en razón de lo cual, dicha decisión del juzgador de juicio estuvo motivada.

A criterio de esta Sala de Casación Penal, la reseñada actuación de la alzada comporta la infracción de la garantía a la tutela judicial efectiva, toda vez que si bien dicha garantía no consiste en la obtención de una resolución favorable, la misma tiene que ser una resolución motivada, esto es: razonable, congruente y fundada en derecho.

De allí, que el derecho a la motivación del fallo sea de carácter subjetivo para las partes del proceso, y su ejercicio no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe entenderse como la exigencia en cuanto a que toda resolución judicial tiene que apoyarse en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales en los cuales se fundamenta.

…OMISSIS,,,

De lo anterior, se advierte que la falta de motivación de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, se produce bien por la omisión sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, o por la falta de fundamentos que permitan conocer la resolución de la denuncia alegada, tal violación quebranta el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de las partes intervinientes, al no permitírseles conocer los motivos por los cuales fueron rechazados los alegatos expuestos en la apelación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza y ratifica los criterios relativos a las circunstancias que deben ocurrir para que exista el vicio de inmotivación en la sentencia, indicando que la respuesta genérica sin dar respuesta expresa a los alegatos de impugnación constituye inmotivación.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197742-143-7417-2017-C16-319.HTML

Efectos de la publicación fuera de lapso de la sentencia penal


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: de Casación

TSJ/SCP Nº: 141      Fecha: 07-04-2017

Caso: Jonny Gabriel Daza Mendoza

Decisión: Decreta la nulidad de oficio de todas las actuaciones relacionadas con el acusado JONNY GABRIEL DAZA MENDOZA, posteriores a la sentencia condenatoria, por admisión de los hechos, de fecha 3 de septiembre de 2015, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida. Se ordena reponer la causa al estado que se realicen las notificaciones a las partes, (incluyendo al acusado detenido) de la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida el 3 de septiembre de 2015.

Extracto:

“De lo anteriormente transcrito, se evidencia que existen tres momentos procesales para publicar una sentencia, bien sea definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, a saber:

1.- La sentencia se dicta una vez concluido el debate de juicio (fase de juzgamiento), o finalizado la audiencia preliminar (fase intermedia).

2.-  Cuando el Tribunal se acoge al lapso de ley a los fines de publicar el texto íntegro de la sentencia (10 días hábiles contados a partir del día siguiente que es pronunciada la parte dispositiva en juicio, conforme al artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, o 3 días hábiles si la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva es dictada en la fase intermedia).

3.-  Publicada fuera del lapso legal, en este caso, deberá notificarse la sentencia a las partes y a la víctima -si la hay-, debiendo correr el lapso de apelación una vez que conste en autos el último de los notificados (incluyendo el acusado detenido).

De lo anteriormente reseñado, es evidente que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, debió dictar el texto en extenso de la sentencia condenatoria por aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, el mismo día de la audiencia (19 de agosto de 2015), por cuanto no se desprende del acta de la Audiencia Preliminar que el juez se haya reservado el lapso legal para su publicación, previa notificación de las partes involucradas, y en caso que lo hubiera hecho, tenía hasta el día lunes 24 de agosto de 2015.

Ahora bien, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha señalado que en el caso que el Tribunal publique la sentencia fuera del lapso legal, está en la obligación de notificar a las partes y trasladar al acusado detenido para su imposición; asimismo el lapso para la interposición del recurso de apelación deberá computarse a partir de que conste en autos la última notificación. (Vid., fallo de esta Sala N° 139 del 11 de marzo de 2016, caso Omar Alexis Díaz Peña).

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala de Casación Penal, considera que el  Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, así como la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, lesionaron derechos constitucionales y procesales al no analizar y darle efectiva aplicación a las referidas jurisprudencias, con respecto al deber de notificar a las partes, con la finalidad de que comience a contarse los lapsos para el ejercicio de los medios recursivos, pronunciándose la Corte de Apelaciones sobre la inadmisibilidad de la sentencia recurrida, y no constatando la omisión de las notificaciones a las partes de la publicación de la sentencia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Por una parte se ratifica el criterio relativo a los tipos y oportunidades para publicar sentencias en el proceso penal y se hace énfasis en la necesidad de notificar a las partes la sentencia que haya sido publicada fuera de los lapsos previamente señalados; lo cual de no cumplirse conlleva a la nulidad de todas las actuaciones posteriores.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/197740-141-7417-2017-C17-78.HTML

 

La cualidad de parte en el juicio penal


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Radicación

TSJ/SCP Nº: 86      Fecha: 20-03-2017

Caso: ZURIMAR DEL VALLE BERMÚDEZ SILVA, REYSBER STAYLER GONZÁLEZ CONTRERAS y ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ CONTRERAS.

Decisión: Declara inadmisible la solicitud de radicación propuesta por el abogado RAMÓN JOSÉ GARCÍA LÓPEZ, quien indicó ser abogado defensor de los ciudadanos ZURIMAR DEL VALLE BERMÚDEZ SILVA, REYSBER STAYLER GONZÁLEZ CONTRERAS y ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ CONTRERAS.

Extracto:

“De igual manera, establece que la radicación procederá a solicitud de las partes, por lo que se hace necesario en primer lugar, examinar los documentos consignados por el solicitante, para así poder determinar si tiene o no cualidad para actuar en el proceso penal. En consecuencia, se observa lo siguiente:

De las actas consignadas por el profesional del derecho Ramón José García López, se evidencian actuaciones de investigación realizadas por la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Monagas, escritos interpuestos por el referido abogado ante el Juzgado Sexto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, así como recortes de medios de comunicación impresos que reseñan los hechos relacionados con el presente caso.

De otra parte, se advierte en el anexo que fue consignado por el solicitante ante esta Sala de Casación Penal, dos diligencias firmadas por los imputados Ángel Rodríguez y Reysber González, a través de las cuales revocan la defensa que les venía asistiendo y en su lugar nombran a los abogados Marco Antonio Flores y Ramón García López como sus defensores privados, no obstante, no consta de dichos recaudos el acta de aceptación y juramentación que exige el ordenamiento jurídico penal, que atribuye tal cualidad, en este caso, al abogado solicitante de la radicación de la causa en representación de los ciudadanos Reysber Stayler González Contreras y Ángel Gabriel Rodríguez Contreras. De otro lado, no consta alguna diligencia de nombramiento de defensa realizada por la imputada Zurimar Del Valle Bermúdez Silva, ni la correspondiente aceptación y juramentación del defensor privado.

Tampoco se constata de los documentos cursantes en el anexo consignado, algún auto, decisión interlocutoria o definitiva, o bien otro dictamen emanado del Juzgado Sexto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Monagas u órgano jurisdiccional, en el que se reconozca o establezca la cualidad de defensor privado, del abogado Ramón José García López, de alguno de los ciudadanos sobre los que afirma ejercer su defensa técnica.

Al respecto, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en la sentencia núm. 75 del 15 de febrero de 2013, caso Gonzalo José Tirado Yépez, señaló lo siguiente:

“ (…) en el proceso penal actual es imprescindible la estadía a derecho del imputado, acusado o procesado para dirimir cualquier solicitud que este efectúe, incluida por supuesto en primer lugar aquella tendiente a la juramentación de quien va hacer valer y defender sus derechos en juicio, y respecto de la cual pretenda favorecerse invocado sus derechos, aceptar lo contrario implicaría desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y trastocar los principios que informan el Código Orgánico Procesal Pena” (vid., fallo No. 840 del 9 de agosto de 2010, caso Luis Alexander Silva Lozada).

Asimismo, esta Máxima Instancia en la sentencia núm. 40 del 10 de febrero de 2015, caso Yuris Delmar Bolívar Trejo de Flores, señaló que:

“(…) La consignación, aún en copia simple, de la aceptación y de juramentación de los defensores ante el juez competente, que los habilite para actuar como parte en el proceso penal seguido contra el ciudadano ANDRÉS SALVADOR FLORES FIGUEROA, es ineludible, pues en el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal (…)”.

En tal sentido, esta Sala debe reiterar su criterio relativo a la necesidad de que conste en autos el acta de juramentación y aceptación del abogado designado como defensor privado, por cuanto el Código Orgánico Procesal Penal, establece como necesaria la efectiva designación del profesional del derecho como defensor, el cual requiere que el mismo acepte el cargo y jure cumplir con los deberes inherentes al mismo ante el Juez, haciéndose constar en acta, para así poder actuar en el proceso penal (artículo 141 eiusdem).

Por lo antes expuesto, esta máxima Instancia debe concluir que para presentar una solicitud de Radicación el abogado defensor que ejerza tal función, debe aceptar el cargo y estar juramentado ante el tribunal, debiendo consignar dicho documento, es decir, debe demostrar la cualidad de parte que le acredite la legitimación activa para ejercer la solicitud de radicación de la causa, como defensor.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza la legitimación del apoderado o representante de los acusados en el juicio penal, para determinar si tiene la potestad para interponer el recurso de radicación. En tal sentido señalan que no basta que los acusados los hayan designados como sus defensores privados, sino que es necesario que conste en autos el acta de aceptación y juramentación del o de los abogados nombrados, para poder considerarlos como parte en el juicio.

Palabras Clave: RADICACION, DEFENSA, LEGITIMACION PROCESAL

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/197207-086-20317-2017-R17-57.HTML