¿Error judicial o simulación de hecho punible?


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¿Error judicial o simulación de hecho punible?

Uno de los temas que no han sido resueltos en Venezuela es el relacionado con el error judicial y la simulación de hechos punibles. En efecto, son muchas las sentencias que terminan en nada, con el aserto “los hechos no revisten carácter penal”. Ello a pesar de que la máxima instancia de Casación Penal ha asegurado que un caso jamás debió ser tramitado por cuanto los hechos no son punibles, luego de varios años de trámite con gastos inmensos para el acusado y costas abundantes para la administración de justicia. En fin, el error judicial es un hecho dañoso en todos los sentidos que viola, incluso, los derechos a la presunción de inocencia, a un juicio justo, al debido proceso y a la necesaria indemnización por el error cometido.

Un ejemplo es el caso de un avocamiento sentenciado por la Sala de Casación Penal del TSJ (Nº 461 del 14/11/2016) en el cual, después de 7 años de parálisis, se dicta el sobreseimiento por haberse constatado “…que el Ministerio Público debió proceder a emitir un acto conclusivo en su oportunidad legal. Esta irregularidad creó una situación de indefinición jurídica a los justiciables por cuanto inobservó las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, siendo que en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas e indefinidas, las cuales eran propias de un proceso inquisitivo ya derogado por el sistema procesal penal actual…”. En otras palabras, el vicio procesal de la “averiguación abierta” infinita que existía en el anterior sistema inquisitivo se repite de facto y de forma ilegal en el modelo procesal acusatorio, pero sin consecuencia alguna para el infractor ni la debida reparación a la víctima. Algo sumamente grave.

Hay que preguntarse, ¿bajo qué argumento se puede justificar que un ciudadano se mantenga en entredicho durante años sin definición precisa de su posible o ninguna responsabilidad penal? ¿Quién resarce los daños materiales en costos de su defensa y los morales relativos a su reputación? Adicionalmente, si la persona estuvo privada de su libertad bajo un falso supuesto, ¿quién resarce al ciudadano por la interrupción de su proyecto de vida? Y, en el caso de estar detenido en uno de los pavorosos centros de reclusión (temporal o penitenciario), ¿quién lo protege de las agresiones de otros presos o de los abusos que suelen cometer funcionarios y guardias? ¿Quién le indemniza por una detención arbitraria? ¿Quién le reparará el sufrimiento causado en prisión? ¿Y la consecuente pérdida del afecto familiar y de su entorno social por el rechazo y el estigma? ¿Quién aliviará la rabia por la humillación e injusticia padecida?

La Constitución establece que toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas” (art. 49.8). No obstante, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) nada dice sobre cómo puede reclamarse la indemnización por el error judicial.

La jurisdicción contencioso-administrativa tampoco resuelve casos de este tipo, salvo meritorias excepciones como el histórico caso del Sr. Angel Nava, quien fue indemnizado por causa de una prisión injusta en El Dorado en aplicación de la anulada Ley sobre Vagos y Maleantes, que preveía medidas correccionales sin juicio ni proceso penales. Pero incluso en ese caso es difícil considerar que se hizo justicia, pues la retribución que se asignó al ciudadano antes mencionado no llega al salario mínimo que (a nivel conceptual, aunque la realidad diste de ser así) es el monto necesario para la subsistencia de una persona.  Lo peor es que cuando el Sr. Nava intentó recurrir esta decisión su causa fue desestimada.

De resto, la burocracia judicial se expresa en negativo, como fue el caso de Antonio Carlos Correia Freitas, quien intentó ser indemnizado y con pruebas fehacientes del error judicial que sufrió, pero su demanda fue declarada “sin lugar” luego de unos argumentos rocambolescos y absurdos para negar lo obvio.

En el artículo 30 constitucional se establece la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus derechohabientes, además de proteger a toda víctima de delitos comunes y procurar que los culpables reparen los daños causados. Sin embargo, en materia de errores judiciales y posibles simulaciones de hechos punibles nada ocurre. Es una norma muerta.

La Casación Penal corrige los errores sustantivos y procesales de las instancias inferiores y en ese sentido nadie duda de su importancia. El problema es que nada ocurra si el expediente que llega allí es falso o, simplemente, erróneo. En esos casos la Casación debería tener un propósito aleccionador de tipo penal o disciplinario si se constata, como fue el caso citado, una irregularidad tan grave como detener de manera indefinida un proceso contra un ciudadano.

En la justicia penal contemporánea y el derecho comparado, alejados de la presunción de culpabilidad y afincados en la presunción y el trato de inocente, el error judicial tiene consecuencias. La mala fe, la simulación de un hecho punible y la calumnia son más graves por el abuso de la violencia legal del Estado en contra de un inocente, a sabiendas de que lo es.

En Venezuela es muy fácil incurrir en errores en la imputación: la conducta no se subsume en el tipo penal; el tipo penal fue descriminalizado, derogado por una nueva ley o anulado por el TSJ. Repetimos, es fácil equivocarse, habida cuenta de la gran cantidad de leyes penales especiales (más de 80, incluido el Código Penal) y de delitos (casi 1.000). A lo que hay que sumar que el Código Penal es una colcha de retazos, lo cual facilita el error en la imputación.

Indefiniciones legales como la del error judicial ante hechos que no revisten carácter penal y, además, la inacción formalista de la Sala de Casación Penal, son oportunidades que favorecen la corrupción, el abuso, la simulación de hechos punibles, la detención arbitraria y sus consecuencias ulteriores como el terrorismo judicial, las persecuciones, las extorsiones, etc.  También es una forma inaceptable de violar derechos humanos que debe cesar.

Fernando M. Fernández

Radicación procede en caso de Fiscal del Ministerio Público


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Sala de Casación Penal. 

Radicación.

TSJ/SCP Nº 8. Fecha: 13/02/2017.

Caso: Solicitud de radicación en el proceso que se sigue contra NÉSTOR JOSÉ GÁMEZ LÓPEZ, por la presunta comisión de los delitos de CONCUSIÓN, previsto en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y AGAVILLAMIENTO, previsto en el artículo 286 del Código Penal.

Decisión: Con lugar la solicitud, y se radica la causa en el Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. Indicó la Sala:

Como figura jurídica especial mediante la cual se traslada una causa que conoce el tribunal correspondiente según las normas aplicables, a un órgano judicial adscrito a un Circuito Judicial Penal distinto, la radicación supone una excepción a la regla de competencia territorial, cuyo criterio atributivo responde al lugar donde el delito o la falta se hubiesen consumado (locus comissi delicta), tal como lo prescribe el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal; es decir, que mediante dicho instrumento se excluye del conocimiento del proceso al tribunal originalmente competente con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía perteneciente a un circuito judicial penal diferente, dada la necesidad de resguardar el examen de la causa de influencias ajenas a la verdad que incidan en su desenvolvimiento o influyan en el ánimo de los jueces o las juezas a quienes corresponda el trámite del asunto.

Al respecto, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal determina los supuestos cuya verificación darían pie para que una causa sea radicada, a saber: cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; o en caso que por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Ministerio Público.

A la luz de dicha norma, podría afirmarse que con este instrumento jurídico se pretende garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia e independencia del órgano que juzga, los cuales se verían comprometidos si las situaciones apuntadas no recibiesen la respuesta adecuada.

 Por tales razones, la interposición de una solicitud de radicación exige que se describan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la respectiva investigación, que se señalen las incidencias ocurridas en el curso de la causa, y que se dé cuenta del estado actual del proceso, acompañando dichas referencias con las reseñas periódicas o los documentos que, de existir, revelen la presencia de un obstáculo ostensible para el desenvolvimiento del proceso en el circuito judicial penal donde se desarrolle.

Así, el Ministerio Público para demostrar la relevancia del hecho, alarma, sensación o escándalo público que causó el mismo en la entidad, señaló como medios de prueba las reseñas periodísticas realizadas por el portal web de los diarios digitales: “diarioelpitazo.com” el 14 de septiembre de 2016, “diariosenderosdeapure.net” el 16 de septiembre de 2016, “lapatilla.com” el 20 de septiembre de 2016, y “eluniversal.com” el 20 de septiembre y 10 de noviembre de 2016, los cuales constituyen un hecho comunicacional.

Al respecto señala la representación fiscal que las “… notas de prensa, las cuales sirven como sustento probatorio, han hecho referencia a situaciones que presuntamente violan el derecho a la defensa que ostenta el justiciable de autos, indicando que el mismo ha sufrido tratos crueles y despectivos así como maltratos físicos por parte de los organismos actuantes en el caso, creando una atmósfera apartada de lo real, una matriz de opinión que busca separar lo fáctico de lo ilusorio, ello con la intención de perturbar el sano desarrollo del proceso penal que se sigue en contra del ciudadano NÉSTOR JOSÉ MARCAQNO (sic) LÓPEZ. Hechos estos que podrían influir en el ánimo de los operadores de justicia del estado Apure.

De otro lado, indica el abogado Yimit José Mirabal, en su carácter de defensor privado del ciudadano Néstor José Gámez López, que el “… hecho causó gran conmoción social, por las reseñas publicadas en los distintos medios de comunicación social impresos y televisivos, a nivel nacional y regional, causando de igual manera gran sensación dentro del sistema de administración de justicia del estado Apure, específicamente dentro del Circuito Judicial Penal con sede en la ciudad de San Fernando, así como en la institución del Ministerio Público, donde labora el imputado (…)”.

Ciertamente los argumentos expuestos por los solicitantes, constituyen alarma, sensación y escándalo público, partiendo de la naturaleza grave de los delitos imputados, siendo que se trata de un acontecimiento reciente, que a juicio de la Sala de Casación Penal determina la ocurrencia de una situación de peligro que pudiera obstaculizar la continuidad regular del proceso, vulnerando garantías constitucionales y legales que protegen a las partes.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso, notamos que coinciden el Ministerio Público y la defensa en solicitar la radicación. Ahora bien, de las noticias reseñadas en la sentencia, no parece que haya suficiente motivo para creer que exista una alarma tan grande que afecte el proceso in conmento. No hubo continuidad, ni siquiera se puede pensar que hubo una campaña difamatoria que afectase la reputación del acusado ni pudiese afectar el ánimo del juzgador, así como que hiciese peligrar su independencia y autonomía. Tampoco se probaron los presuntos maltratos infligidos al procesado, según las noticias mencionadas. En nuestra opinión, según la narrativa de la Sala, el caso carecía del mérito suficiente para que procediera la radicación, que es una excepción al principio del juez natural y al principio de competencia por el territorio, garantías esenciales del ordenamiento jurídico procesal venezolano.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/196021-008-13217-2017-R16-412.HTML

Sala de Casación Penal acepta no conocer de posibles delitos de corrupción en materia eléctrica


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Sala de Casación Penal.

Avocamiento.

TSJ/SCP N° 2. Fecha: 13/02/2017.

Caso: Solicitud de avocamiento en la causa penal seguida contra JAVIER ALVARADO OCHOA y NERVIS GERARDO VILLALOBOS, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN.

Decisión: Se declara homologado el desistimiento de la solicitud presentada. Los hechos señalados por la sentencia son los siguientes:

“… La presente causa, se refiere a la investigación adelantada por el Ministerio Público, iniciada en fecha 30/03/2015, por la Fiscalía Vigésima Quinta Nacional con Competencia Plena, con ocasión a presuntas irregularidades atribuidas a los ciudadanos JAVIER ALVARADO OCHOA… y NERVIS GERARDO VILLALOBOS … en su condición de Vice Ministro del Ministerio de Energía y Petróleo… con ocasión a la contratación de la sociedad mercantil Española DURO FELGUERA, S.A. para ejecutar la obra de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado, Planta Tremo Centro, ubicada en los Valles del Tuy del Estado Miranda. Así las cosas, tenemos que en fecha 10 de marzo del año 2015, el Ministerio Público recibió denuncia, suscrita por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL BONILLA SALAS… la cual fue ampliada en entrevista tomada en fecha 31 de marzo de 2015, mediante la cual entre otras cosas señala que es propietario de una sociedad mercantil denominada GROUP MONSUSERCA C.A, RIF-J30754383-3, la cual fue contratada por la empresa española denominada ‘PROTECCIONES PLASTICAS’ (PROTESA C.A), ubicada en Barcelona, España, empresa que a su vez fue contratada por la también española empresa DURO FELGUERA, ubicada en Asturias, Jigon, España, esta última contratada por CORPOELEC (PROYECTOS MAYORES), en el año 2009, para la construcción de una PLANTA TERMOELÉCTRICA UTE TERMOCENTRO INDIA URQUIA, ubicada en la carretera Santa Teresa-Lucia, Municipio Paz Castillo de los Valles del Tuy, Estado Miranda. En cuanto a lo concerniente a la contratación que fue realizada a la empresa GROUP MONSUSERCA C.A, RIF-J30754383-3, el denunciante manifestó, entre otras cosas lo siguiente: ‘… La parte de la obra que le correspondía a mi empresa, debió iniciarse según el contrato firmado con PROTESA, y el acuerdo de cesión, el quince 15 de julio de 2012, con fecha de terminación total el 15 de diciembre de 2012 (…) Las fechas contractuales no fueron cumplidas en ninguna de las fases, ni de la llegada de materiales, ni de su entrega, así como de la entrega de las zanjas. El arribo a la obra de los materiales (tuberías y accesorios (PRFV)), era responsabilidad de la empresa española PROTESA C.A, no llegando estos materiales a tiempo, sino cinco meses después de lo estipulado en el contrato, a su vez la responsabilidad de la entrega de la zanja, corresponde al CONSORCIO EL SITIO, el cual está compuesto por la empresa española DURO FELGUERA, y las empresas Venezolanas Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Y TURBO GENERADORES DE VENEZUELA, está ultima si bien esta registrada en Venezuela tengo conocimiento que es propiedad de la empresa española DURO FELGUERA. En cuanto a la construcción de la zanja (excavar, confeccionar y entregar), que mencione (sic) y que es parte del alcance del CONSORCIO EL SITIO, debía ser entregada a mi representada para realizar el montaje de las tuberías, la cual fue entregada en malas condiciones ya que no tiene talud, colocación inadecuada del encabillado, no existe el colchón o lecho de arena en la cual deben reposar 100% las tuberías, no existen cajuelas en las uniones y las que existen son inadecuadas, el suelo de la zanja no fue compactada, no se utilizó cimentación, macizos mal construidos; zanja ésta que fue entregada para iniciar el montaje de tuberías en marzo del año 2013, ocho meses después a la fecha estipulada en el contrato que era el 15 de julio de 2013. Así mismo, para disminuir costos el CONSORCIO EL SITIO, decidió mas lechos de concreto en la obra ejecutada, pese a que CORPOELEC, había preestablecido las condiciones y aspectos de calidad que debían cumplir las zanjas en las que irían introducidas las tuberías de fibra de vidrio (…) las alteraciones que la contratista CONSORCIO EL SITIO realizó, modificando el contrato, sin previa autorización por escrito del contratante CORPOELEC, incumpliendo y violando el artículo 106 de la Ley de Contrataciones Públicas. De igual forma, el CONSORCIO EL SITIO, violo (sic) la norma internacional AWWA45, que regula el método y las condiciones que deben cumplir las zanjas a utilizar en la montura fabricación e instalación de tuberías de fibra de vidrio entre otros y las especificaciones del proyecto y los procedimientos de los fabricantes de tuberías. Con estas inobservancias, impericia y negligencia en las recomendaciones para excavar y confeccionar zanjas la contratista CONSORCIO EL SITIO, ocasionó daños y perjuicio al patrimonio público de la nación ya que en un tiempo no muy lejano las tuberías montadas en estas zanjas podrían sufrir fallas mecánicas por deflexión, longitudinal, pierden alineación, puesto que las tuberías no se encuentran reposando o apoyadas 100% sobre un lecho de cama de arena, cimentación y concreto, estas zanjas están inadecuadas, mal confeccionadas, y podrían ocurrió (sic) un desastre, puesto que estas tuberías son las venas mismas de la planta, dentro de ella circula el agua que enfría la planta (Refrigeración principal y secundaria), es decir son las que permiten el proceso de refrigeración de la planta eléctrica (…) todas estas irregularidades fueron notificadas y repudiadas por mi representada en reiteradas oportunidades a la contratista CONSORCIO EL SITIO, a la subcontratista PROTECCIONES PLASTICAS, y al propietario proyecto CORPOELEC…’ (…). Con relación a esos hechos, en cuanto a la contratación de la sociedad mercantil española DURO FELGUERA, se tomó denuncia al ciudadano INCARY GUERRA TORRES, titular de la cédula de identidad signada con el número V-13.286.491, en fecha treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015), quien se desempeña como Gerente Nacional de Litigio adscrito a la Consultoría Jurídica de CORPOELEC, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, quien entre otras cosas señaló lo siguiente: ‘… comparezco ante este Despacho con la finalidad de denunciar presuntos hechos de corrupción acaecidos en CORPOELEC, relacionados con el pago de comisiones en divisas con ocasión a la contratación de empresas en España, para ejecutar la obra de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado, Planta Termo Centro, ubicada en los Valles del Tuy del Estado Miranda. Tal contratación se realizó durante la gestión del ex Vice Ministerio NERVIS GERARDO VILLALOBOS (…) en el cual hace referencia a que la empresa española denominada ‘Duro Felguera’, pago (sic) un total de 50 millones de dólares, al mencionado funcionario por concepto de comisiones, hechos que actualmente se investigan en el país europeo por presunta legitimación de capitales, de allí, deviene nuestro interés en realizar la presente denuncia con la finalidad [que] se investigue la legalidad de las distintas contrataciones realizadas durante la gestión del ex Vice Ministro NERVIS GERARDO VILLALOBOS. Con la finalidad de soportar lo expuesto, consigno en este acto en copia simple impresión de distintos artículos de prensa obtenidos vía on line, que hacen mención a las irregularidades denunciadas. Así mismo, en uno de los artículos de prensa, se menciona que el ex Viceministro es propietario conjuntamente con su esposa de una empresa venezolana denominada Ingespre, así mismo, de dos sociedades en el exterior como son Kingsway Holding Overseas, en las Islas Vírgenes y kinsway en Madeira’. (…) Ahora bien, respecto a la cuestionada contratación, se recibió también una denuncia presentada por la ciudadana Yajaira Navas Morales, quien en representación del Ingeniero Miguel Gallardo, adjuntó documentos y escrito de denuncia formulada por el mencionado ciudadano por presuntos hechos de corrupción cometidos por la empresa Duro Felguera... Se desprende de esa denuncia, la presunta comisión de hechos de corrupción que vinculan de manera directa, a los ex funcionarios JAVIER ALVARADO OCHOA, C.I. V-5.003.011, en su condición de Presidente de la C.A. Electricidad de Caracas y NERVIS GERARDO VILLALOBOS C.I. V-7.830.467, quien se desempeñó entre otros cargos como Vice Ministro del Ministerio de Energía y Petróleo, quienes son señalados de manera directa y pública de haber recibido comisiones en divisas, procedentes de recursos públicos del Estado Venezolano, erogados con ocasión a la contratación pública realizada entre la C.A ELECTRICIDAD DE CARACAS (EDC), representado por su Presidente JAVIER ALVARADO OCHOA (…) y la empresa DURO FELGUERA S.A, para la construcción de la obra: Construcción de la Planta Termoeléctrica UTE TERMOCENTRO INDIA URQUÍA (…) Es relevante afirmar, que el ciudadano NERVIS GERARDO VILLALOBOS, facilitó la apropiación de los recursos procedentes del patrimonio público al ciudadano JAVIER ALVARADO OCHOA, permitiendo que parte de éstas fueran depositadas en sus cuentas en bancos internacionales, por la sociedad mercantil DURO FELGUERA S.A, que como ésta demostrado es una empresa contratista del Estado Venezolano (…)”

Ahora bien, respecto del desistimiento de la solicitud de avocamiento realizada por la Fiscal, la Sala indicó:

“Cabe reseñar la regulación que de la figura del desistimiento establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 431, siendo que reza textualmente:

Visto lo anteriormente transcrito, se tiene que el desistimiento viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada. Y en el caso en concreto, el Ministerio Público hizo saber el cinco (5) de agosto de 2016, a esta Sala de Casación Penal, su intención de que fuese deshecho esa declaración donde se exigía la auto-atribución de un derecho; en este sentido, dicha solicitud se encuentra ajustada a Derecho ya que se cumple con los requisitos legales necesarios, resultando por tanto inviable dar curso a la acción evocatoria y juzgar sobre la pretensión interpuesta.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal HOMOLOGA el DESISTIMIENTO de la PRETENSIÓN AVOCATORIA propuesto por la ciudadana IVANNA NAZARETH GONZÁLEZ, Fiscal Auxiliar Interina Nonagésima Tercera del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia contra la Corrupción, con relación al proceso penal seguido contra los ciudadanos JAVIER ALVARADO OCHOA y NERVIS GERARDO VILLALOBOS, siendo que el asunto no afecta al orden público. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Este caso inicia por hechos de gran relevancia como son supuestas comisiones ilegales derivadas de contrataciones de servicios en materia de infraestructura eléctrica. No queda claro, desde el punto de vista procesal, que haya o no una investigación penal en España acerca del Banco de Andorra y el Banco Madrid. Si bien es cierto que debe privar el principio de libertad en favor del procesado, sobre todo ante un posible error judicial, no es menos cierto que los hechos deben ser investigados en virtud del principio de no impunidad, que opera la cooperación penal internacional, y que la corrupción y los delitos contra el patrimonio son imprescriptibles, según la Constitución. En tal virtud, la Sala pudo ordenar la reposición de la causa al momento de detectarse la irregularidad, y continuar la investigación sobre posibles pagos de comisiones a funcionarios públicos en ejercicio; ello por el obvio interés público en determinar los hechos que son muy graves, establecer las responsabilidades penales a que hubiere lugar y, sobre todo, recuperar los activos del posible hecho corrupto. El cambio de la posición del Ministerio Público no está motivado. En este caso quedan sin investigarse hechos muy graves, de suma importancia para la colectividad, como ha sido la crisis eléctrica que azota al país desde hace varios años. Además, se imposibilita la recuperación de activos producto de actos de corrupción.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/196015-002-13217-2017-A16-241.HTML

Requisitos de admisibilidad del avocamiento en materia penal


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Sala de Casación Penal.

Avocamiento.

SCP/TSJ N° 005. Fecha: 13-02-2017

Caso: Solicitud de Avocamiento interpuesta por los Abogados defensores de OMAR EL HINNAOUI SALAH, DAYRON WOLFANG YÉPEZ VILLA, GABRIEL ANTONIO ÁLVAREZ VILLEGAS y RANDY GABRIEL ALMEIDA PADILLA, con respecto a la causa penal que se les sigue ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo.

Decisión: Se declara inadmisible la solicitud de avocamiento. En tal sentido, la Sala indica:

“El avocamiento es una atribución del Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, otorgada legalmente para atraer una causa que se está desarrollando en un tribunal inferior, constituyendo una institución jurídica que le confiere a este máximo órgano judicial, la facultad para conocer y decidir, de oficio o a petición de parte, sobre cualquier expediente o causa.  

Debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice, debe ser examinada prudencialmente, por cuanto exige cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en los artículos 107 y 108 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que especifican: 

Artículo 107:

“El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”.

Artículo 108:

“La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

Partiendo de lo expuesto, es necesario precisar, que los requisitos de admisibilidad concurrentes del avocamiento como institución jurídica excepcional, son: a) que la solicitud no sea contraria al orden jurídico interno; b) que sea de un proceso judicial; c) que el solicitante esté legitimado para actuar; d) que se cumpla con las condiciones legales para su interposición; e) que se hayan agotado las vías ordinarias; y f) que en el juicio existan graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al orden jurídico que originen un perjuicio contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana.

Ahora bien, corresponde a la Sala de Casación Penal analizar si la pretensión bajo análisis se adapta a las exigencias de ley, en los términos supra desarrollados.

…omissis…

Ahora bien, la Sala advierte que las denuncias planteadas se circunscriben a cuestionar la actuación procesal de los representantes del Ministerio Público y el control judicial de la causa ejercido por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo, quienes han negado las solicitudes y peticiones de la defensa.

Al respecto es necesario advertir, que este argumento por sí solo no determina la existencia de un grave desorden procesal o de una escandalosa violación al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, requisitos indispensables para la materialización del avocamiento, pues, esta institución no está concebida por el legislador para pretender convertirse en una tercera instancia, con el propósito de dirimir las incidencias procesales de toda índole y naturaleza.

Distinguiendo además, que esta figura de derecho adjetivo, no puede ser utilizada discrecionalmente para exponer el desacuerdo de las partes en torno a los diferentes fallos que le son adversos. Precisamente, la presente solicitud solo plantea el desacuerdo de la defensa con los pronunciamientos obtenidos respecto de sus solicitudes y recursos, y esta circunstancia   no justifica la figura de avocamiento, debido a que se trata de una institución, que por mandato legal debe ser ejercida con mucho comedimiento y moderación.”

Comentario de acceso a la justicia: Se señalan los requisitos que debe llenar toda solicitud de avocamiento ante la Sala de Casación, a la luz de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con referencia específica al desorden procesal. Al respecto se precisa que la negativa por parte del Ministerio Público y el Juez de conceder las peticiones presentadas por la defensa no puede considerarse como un desorden procesal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/196018-005-13217-2017-A16-351.HTML

SCP niega la radicación en caso de tortura


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Sala de Casación Penal.

Radicación. 

TSJ/SCP N° 522. Fecha: 06/12/2016.

Caso: El Fiscal Provisorio Trigésimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena remitió solicitud de RADICACIÓN del proceso penal que cursa ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Barinas contra CRUZ VLADIMIR AVILEZ GONZÁLEZ, por la presunta comisión de los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica

Decisión: Se declaró no ha lugar la radicación. La Sala expuso:

“Conforme con lo preceptuado en la disposición normativa precedentemente transcrita, la radicación procede, específicamente, en dos casos; el primero, cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; y, el segundo, cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Ministerio Público. Ambos motivos de radicación no son concurrentes, en razón de lo cual basta que el solicitante señale que se está en presencia de uno de estos supuestos para que se entre a examinar la procedencia de su solicitud.

Precisado lo anterior, esta Sala de Casación Penal advierte que el representante del Ministerio Público solicitó que el proceso penal seguido contra el ciudadano Cruz Vladimir Avilez González, fuese radicado en un Circuito Judicial Penal distinto al del estado Barinas, con fundamento en el hecho de que “(…) nos encontramos ante delitos que son considerados como violaciones graves a los derechos humanos (…)”, los cuales, a su juicio, causaron alarma, sensación o escándalo público, por cuanto el imputado “(…) es funcionario policial adscrito al Instituto Autónomo de Policía del estado Barinas (…) quien precisamente tiene la obligación irrestricta de resguardar la vida de sus conciudadanos (…)”.  

De acuerdo con los criterios citados, se colige que tanto la alarma como la sensación y el escándalo público causados por la perpetración del delito, tienen que generar en las partes del proceso y en la colectividad, una inquietud capaz de entorpecer el correcto desarrollo del proceso judicial, y por ende, la recta aplicación de la justicia penal.

Bajo estos supuestos, del análisis de la solicitud de radicación y de los recaudos que la acompañan, esta Sala de Casación Penal advierte que el requirente no indicó la materialización de algún hecho concreto que haya originado alarma, sensación o escándalo público causado por la perpetración de los delitos por los cuales está siendo juzgado el ciudadano Cruz Vladimir Avilez González en el Circuito Judicial Penal del estado Barinas, que permita justificar la remisión de la causa a un órgano jurisdiccional distinto al del mencionado Circuito Judicial Penal, así como ninguna otra circunstancia tangible que incida de manera directa en la imparcialidad de los jueces o juezas a quienes le corresponda el conocimiento del asunto, pues el solo hecho de que se trate de delitos “considerados como violaciones graves a los derechos humanos”, no supone a priori una circunstancia para la radicación del juicio si ello no va aunado a la presencia de una situación objetiva debidamente acreditada que sea capaz de afectar el normal desenvolvimiento del juicio.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Consideramos que la Sala yerra en su decisión de este caso, dado que la radicación procede -en uno de sus supuestos- ante delitos graves que causen escándalo público; la tortura es un delito que cumple con la gravedad necesaria para hacerlo. La sentencia pone en evidencia la falta de una política de Estado contra el delito de tortura, considerado éste como un gravísimo abuso de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Existe un alto riesgo de impunidad de este caso por causa de la influencia negativa que podría haber en la circunscripción del estado Barinas, consecuencia de no exponer bien los hechos ni probarlos de forma clara y contundente por parte del MP,  y de una tendencia más formalista que sustantiva de la SCP. Ello considerando además que la tortura es un delito muy grave y un abuso del derecho humano a la integridad personal de un detenido, considerado de  jurisdicción universal y que tiene historial negativo de impunidad en Venezuela.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/193575-522-61216-2016-R16-369.HTML

Caso del video de Primero Justicia es enviado a jurisdicción penal ordinaria


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Sala de Casación Penal. 

Avocamiento.

TSJ/SCP Nº 518. Fecha: 06-12-2016.

Caso: Avocamiento de la Sala en el juicio penal seguido contra JAMES JOSÉ MATHISON GRANADA, CÉSAR CUÉLLAR OLMOS, MARCOS AURELIO TREJO FREITAS y ÁNDRES ELOY MORENO FEBRES CORDERO, entre otros posibles involucrados, por la presunta comisión de los delitos de INSTIGACIÓN A LA REBELIÓN, USURPACIÓN DE FUNCIONES, SUSTRACCIÓN DE PRENDAS y UNIFORMES MILITARES.

Decisión: La Sala se avoca de oficio. Para decidir, expuso:

“Siendo que en el presente caso, están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar, en la jurisdicción penal militar, es por lo que en resguardo de las partes intervinientes en la presente causa, y en cumplimiento de la aplicación de la justicia responsable y expedita, la Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho, es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria, para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales, todo conforme con lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que estipula lo siguiente:

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

En virtud de lo antes expuesto, y vistos los graves desordenes procesales existentes en la causa penal signada con el alfanumérico CJPM-TM1C-081-2016, la cual cursa ante el Juzgado Militar Primero de Control con sede en Caracas, es por lo que esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se AVOCA de oficio al conocimiento del presente asunto, y en consecuencia declara que la jurisdicción competente para conocer del enjuiciamiento de los ciudadanos JAMES JOSÉ MATHISON GRANADA, CÉSAR AUGUSTO CUÉLLAR OLMOS, MARCO AURELIO TREJO FREITAS, ANDRÉS ELOY MORENO FREBRES CORDERO, corresponde a la jurisdicción penal ordinaria.

El carácter extraordinario del avocamiento, permite a la Sala sustraer la causa del conocimiento del juez con competencia territorial (cuando el caso lo amerite), con el propósito de velar por una correcta administración de una justicia.

En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo para que previa distribución sea asignado a un Tribunal de Primera Instancia en función de Control que seguirá conociendo de la causa; y se remite copia certificada de la presente decisión al Ministerio Público, para que concluya la investigación y presente el acto conclusivo que corresponde en derecho. Y así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es necesario señalar que en este caso existe una motivación política. La importancia del mismo tiene que ver con la libertad de expresión (recordemos la difusión de un video de Primero Justicia), sobre todo desde el inicio del procedimiento penal por el delito de ultraje al centinela -un claro tipo penal de desacato-. Resalta y preocupa en este caso el mal uso de los tribunales penales militares para abrir averiguaciones y privar de libertad a opositores, que eran civiles. Asimismo se debe destacar el mal uso de tales tipos penales militares para disimular una persecución política.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/193571-518-61216-2016-CC16-383.HTML

Se niega la radicación en caso de corrupción


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Sala de Casación Penal.

TSJ/SCP Nº 521. Fecha: 06/12/2016.

Caso: Las Fiscales Provisoria y Auxiliar Interina Quinta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y los Fiscales Provisorio y Auxiliar Interino Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, interpusieron solicitud de RADICACIÓN de la causa penal seguida contra LEANDRO JESÚS FORNERINO BOSCÁNJEAN CARLOS SOTILLO MORILLORAMÓN ELICIO NADAL OROPEZA y GEORGINA DEL CARMEN VILLEGAS DE NADAL por los delitos de “TRÁFICO y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN… DEFRAUDACIÓNESTAFA y FORJAMIENTO DE DOCUMENTOCONTRABANDO DE EXTRACCIÓNAPROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS

Decisión: No ha lugar la solicitud de radicación. La Sala observó:

“Como se aprecia, los representantes del Ministerio Público sustentan la procedencia de la radicación del juicio, en razón de encontrase comprometida la imparcialidad de los órganos de administración de justicia, debido a los cargos ejercidos por el ciudadano Leandro Jesús Fornerino Boscán en la localidad donde ocurrieron los hechos objeto de la investigación, lo cual puede influir sobre la opinión y el desenvolvimiento de los operadores de justicia del Circuito Judicial Penal del estado Apure, extensión Guasdualito, por cuanto “(…) los familiares del referido ciudadano se desempeñan como funcionarios adscritos al Circuito Judicial Penal de esa Circunscripción Judicial y, de alguna manera, pudiera verse afectada su objetividad e imparcialidad en el desarrollo de la actividad jurisdiccional (…)”.

Ahora bien, de los alegatos esgrimidos por los representantes del Ministerio Público, esta Sala de Casación Penal observa que de los mismos no se advierten datos, referencias, testimonios, noticias o decisión alguna que hagan presumir tal influencia, lo cual es necesario en vista de que es evidente que una afirmación como la que se analiza requiere estar respaldada en algún elemento que la haga verosímil, pues, como se apuntó anteriormente, un planteamiento de esta naturaleza persigue que se sustraiga una causa de su juez natural, por lo que el mismo debería estar sustentado en hechos verificables y no en meras sospechas o conjeturas.

En este sentido, cabe señalar que la ley garantiza la debida imparcialidad de los administradores de justicia, a través de una serie de normas a las cuales pueden recurrir las partes para hacer efectiva dicha imparcialidad. Por ello, esta Sala advierte que la desconfianza que manifiesten las partes sobre los jueces y juezas, no supone a priori una circunstancia para que se dé la radicación del juicio, pues su procedencia dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, la alarma, sensación o escándalo público generada por la gravedad del delito o la paralización del proceso indefinidamente como consecuencia de las incidencias de recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y suplentes, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público.

De igual modo, esta Sala de Casación Penal observa que la presente causa se encuentra en la fase de investigación en la cual el Ministerio Público no ha presentado acto conclusivo, en virtud de lo cual no se encuentra acreditada en autos una línea sesgada y unívoca de información por parte de los medios que pueda desequilibrar la administración de justicia, evidenciándose igualmente, de acuerdo con lo señalado por los requirentes, que contra los ciudadanos Leandro Jesús Fornerino Boscán, Jean Carlos Sotillo Morillo, Ramón Elicio Nadal Oropeza y Georgina del Carmen Villegas de Nadal, existe es una orden de aprehensión, de la cual se desconoce la fecha en la que fue solicitada, cuándo fue decretada, y si la misma se encuentra materializada.

Igualmente, del análisis del escrito presentado ante esta Sala de Casación Penal, se puede evidenciar que, los solicitantes en ningún momento comprobaron el escándalo y la alarma que ha causado en el estado Apure, específicamente, en la localidad de Guasdualito donde ocurrieron los hechos objeto de la investigación seguida contra los ciudadanos Leandro Jesús Fornerino Boscán, Jean Carlos Sotillo Morillo, Ramón Elicio Nadal Oropeza y Georgina del Carmen Villegas de Nadal, ni hacen referencia a conducta alguna que suponga una parcialidad de los operadores de justicia, lo que argumentan son elementos subjetivos respecto a la confianza de los juzgadores, lo cual no hace presumir una circunstancia que amerite la radicación de la causa.

De allí, que la radicación de un juicio debe estar justificada por una verdadera limitación tangible que incida directamente en la psiquis del sentenciador, y con ello en la recta e imparcial administración de justicia. Por ende, la petición de radicación debe estar fundamentada en acontecimientos recientes y demostrables, que determinen una situación de peligro que imposibilite llevar el proceso con el debido resguardo de las garantías constitucionales y legales que le asisten a las partes. Circunstancia que no pueden corroborarse en el presente caso.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso, la Sala declaró que no se acreditó la ocurrencia de un hecho que causara alarma o escándalo público, y por tanto negó la radicación de la causa. Ahora bien, según la sentencia, el MP no pudo probar la influencia del autor de los delitos (Comandante de la GNB en el Estado Apure) en el ánimo de los jueces que llevan la causa; no obstante, el tribunal no tomó en cuenta la posición de poder del procesado ni el contexto en el que se produjeron los delitos. Es grave el riesgo que se corre en estos casos, puesto que se trata de delitos de gran trascendencia. El riesgo de impunidad de estos graves delitos de corrupción y delincuencia organizada es muy alta, consecuencia de la falla del MP en no exponer bien los hechos ni probarlos de forma clara y contundente,  así como de una tendencia más formalista que sustantiva de la SCP.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/193574-521-61216-2016-R16-364.HTML

Se deja en libertad a ciudadano italiano en proceso de extradición


TSJ1

Sala de Casación Penal.

Extradición.

TSJ/SCP Nº 496. Fecha: 05-12-2016.

Caso: Solicitud de EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano PAOLO DALLA VALERIA, de nacionalidad italiana, pasaporte italiano número A674337, y quien fue aprehendido el veinte (20) de octubre de 2015, en el Estado Aragua, en virtud de notificación roja internacional identificada con el alfanumérico A-7814/9-2015,  de fecha veintidós (22) de septiembre de 2015, requerido por el Gobierno de la República Italiana por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, previsto en el artículo 110 del Código Penal y artículo 173 de la Ley de Drogas 309/90, de la legislación penal italiano.

Decisión: Se ordenó la libertad absoluta del procesado. La Sala expuso:

“En este orden y de acuerdo a la transcripción de las referidas notas verbales diferenciadas con los números 001718, 001744 y 001777, respectivamente, de fechas once (11), dieciséis (16) y veintitrés (23) de noviembre de 2016, proferidas todas por la Embajada de la República Italiana, se puede evidenciar que la respectiva Nación hace formal y manifiesto su desinterés en venir a retirar a la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano PAOLO DALLA VALERIA, de nacionalidad italiana con el pasaporte italiano número A674337, quien estaba siendo requerido por las autoridades judiciales de ese país, según notificación roja internacional A-7814/9-2015, de fecha veintidós (22) de septiembre de 2015, haciéndose de esta manera, imposible que se ejecute la sentencia dictada por esta Sala de Casación Penal mediante la cual se acordó su extradición.

Con relación a tal norma, se colige fácilmente que estando cualquiera de estos Estados contratantes reclamando al otro un sujeto, bien porque ha sido acusado o condenado, para juzgarle o ejecutar la pena, confirma la normativa que el Estado requirente dispondrá de un lapso de ciento cincuenta 150 días, para hacerse cargo de la persona solicitada, una vez puesta a su disposición, caso contrario de no hacerse dentro  de este período, se pondría en libertad al procesado, con la circunstancia que no podrá abrírsele un nuevo procedimiento de extradición por el mismo delito o delitos.

Lo que nos interesa resaltar con lo anteriormente apuntalado es que la República Italiana en todo momento cumplió con lo que dispone el citado dispositivo, el cual además viene a formar parte de los lineamientos generales en el procedimiento de extradición pasiva, en virtud de haber realizado lo conducente para conducir al ciudadano PAOLO DALLA VALERIA, fuera del territorio venezolano.

Sin embargo, surgió para la República Italiana aquel motivo que trajo como consecuencia que en la causa de marras esa responsabilidad penal se extinguiera, por lo que fue necesario advertirlo y por ende tomar como decisión no llevarse a la persona hacia ese país, en razón de que para el Estado cesó el derecho de hacer efectiva o continuar exigiendo el cumplimiento de la pena.

Ahora bien, en el presente caso se aprecia que sobre el ciudadano PAOLO DALLA VALERIA, pesa una medida de coerción personal desde el día veinte (20) de septiembre de 2015, fecha en la cual fue detenido por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de Interpol-Aragua, y el día veintiuno (21) de octubre de 2015 del mismo año se celebró la audiencia para oír al imputado ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, el cual decretó la aprehensión del referido ciudadano a fin de iniciar el procedimiento de extradición ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual se encuentra privado de su libertad; luego, esta Sala de Casación Penal declaró procedente la extradición pasiva del mismo mediante sentencia número 270, del quince (15) de julio de 2016.

Al respecto, este Alto Tribunal, en resguardo de las garantías constitucionales del ciudadano PAOLO DALLA VALERIA, consagradas en los artículos 26, numeral 1 del 49, y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo estatuido en el numeral 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su vez  los numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y de conformidad con los artículos 9, 229, 230 y 233 del Código Orgánico Procesal Penal; y así mismo, tomando en cuenta que el país requirente por la situación jurídica ocurrida de haber transcurrido en la respectiva causa los plazos legales de la prescripción de la pena, tal como lo establece su legislación interna, lo cual  genero no disponer en Extradición al mencionado ciudadano; es por lo que la Sala de Casación Penal debe ordenar el cese inmediato de la medida de coerción personal que pesa sobre el mismo, pues subsiste la imposibilidad de ejecutar dicha extradición acordada por este órgano jurisdiccional.

Comentario de Acceso a la Justicia: Este caso llama la atención en un sistema judicial como el nuestro, puesto que se dio celeridad al procedimiento de no procedencia de la extradición pasiva por causa de la extinción de la pena en el país requirente. Sin embargo, puede notarse que en otro tipo de casos o procedimientos no existe tal celeridad, lo que ocasiona retardo judicial y, por ende, lesión del derecho al debido proceso. No obstante, de esta sentencia se destacan tres aspectos positivos: a) No se hace mención  de la errónea tesis sustentada en otros caso previos acerca de considerar los delitos de drogas como delitos de lesa humanidad; b) Se aplica el principio de convencionalidad de los derechos humanos in favor libertatis; c) Se hace mención expresa de la Convención Americana de Derechos Humanos,  la cual fue denunciada por el Presidente Nicolás Maduro, lo cual involucra un reconocimiento de la vigencia de la misma a efectos del derecho interno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/diciembre/193503-496-51216-2016-E15-438.HTML

SCP declara sobreseimiento por simulación de hecho punible


COPP (1)

Sala de Casación Penal. 

Avocamiento. 

SCP/TSJ Nº 461. Fecha: 14/11/2016.

Caso: Solicitud de avocamiento presentada por GUMER QUINTANA GÓMEZ respecto de la causa penal distinguida con el alfanumérico 34C-413-08, cursante en el Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Decisión: Con lugar el avocamiento, y se declaró el sobreseimiento de la causa. La Sala indicó:

“Sin embargo, pasó por alto el Ministerio Público que de las declaraciones de las funcionarias judiciales, los asientos de los Libros del Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y de las resultas de la experticia, no emergen elementos que demuestran la comisión de hecho punible alguno, menos aún los delitos imputados al ciudadano GUMER QUINTANA GÓMEZ, en razón de lo cual el acto de imputación de éste se realizó sin estar satisfechos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

En este orden, se verifica como última actuación procesal, la decisión dictada por esta Sala de Casación Penal el veintiocho (28) de octubre de 2008, mediante la cual se admitió solicitud de avocamiento, se requirió el expediente y se ordenó la paralización del proceso, lo cual no pudo ser ejecutado, en virtud de haberse remitido las actuaciones a la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, la cual por solicitud propia, requirió dichas actuaciones mediante la entrega formal del expediente y a fin de continuar con la investigación penal.

En tal sentido, habiendo transcurrido más de siete (07) años desde que la Sala de Casación Penal dictó dicho pronunciamiento, en aras de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva y con el único propósito de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas como establecen el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que, para el caso en concreto, la orden impartida al Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas sería una formalidad no esencial, por cuanto en definitiva, se ratificarían las consideraciones realizadas en el presente fallo.

Es necesario colegir, que el Ministerio Público debió proceder a emitir un acto conclusivo en su oportunidad legal. Esta irregularidad creó una situación de indefinición jurídica a los justiciables por cuanto inobservó las normas sobre el archivo fiscal y los actos conclusivos, siendo que en el proceso penal acusatorio vigente, no existen las averiguaciones abiertas e indefinidas, las cuales eran propias de un proceso inquisitivo ya derogado por el sistema procesal penal actual.

En el caso particular, el Ministerio Público mantuvo hasta la presente fecha una investigación sin proceder a dictar un acto conclusivo, colocando a los imputados en una situación de indefensión ante un proceso penal, que por su inacción e incumplimiento de los trámites dispuestos por el legislador, los mantendría en esa condición indefinidamente y con ello, vulneró principios fundamentales como lo es el derecho al debido proceso, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a  la presunción de inocencia, dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollados en el Código Orgánico Procesal Penal.

 Es así, que el proceso está sometido a formalidades esenciales, por lo que deben realizarse de acuerdo con ciertas condiciones de tiempo y de lugar, conforme a un orden preestablecido y una manera concreta para su validez jurídica, estando entonces los actos procesales sometidos a reglas (unas generales y otras especiales para cada uno en particular), y precisamente esas formas y reglas significan una garantía para la mejor administración de justicia y la aplicación del derecho, obteniéndose así ciertos valores como la seguridad jurídica, la certeza y la equidad.

Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el Código Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que las partes llamadas a administrar justicia apliquen de manera correcta las disposiciones jurídicas.

La Sala de Casación Penal ha indicado reiteradamente, que el Poder Judicial es el llamado a aplicar el ordenamiento jurídico, de manera eficiente y efectiva, siendo de impretermitible cumplimiento su ejercicio, tomando en cuenta la axiología jurídica y la posibilidad innegable de dar respuesta a todos los delitos, considerando el sistema de valores jerarquizados constitucionalmente, pues lo contrario haría que se difumine la certeza en la aplicación de la justicia, cayendo en un penalismo falso, cuya consecuencia es un discurso jurídico-penal mendaz, en detrimento de la justicia cierta.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala deja ver que de ciertas actuaciones realizadas por el Ministerio Público, se evidencia el complicado entramado de irregularidades ocurridas en el proceso. Siendo así, por evidente la ilegalidad identificada por la SCP, la cual debió pronunciarse sobre el delito de simulación de hecho punible, dado que no surgieron elementos de convicción respecto de la comisión de los hechos punibles imputados por el MP. Sobre ello, la Sala declaró con lugar la excepción a la persecución penal contenida en el artículo 28 (numeral 4 literal  “c”) del Código Orgánico Procesal Penal relativa a la acción promovida ilegalmente por no revestir los hechos carácter penal, es decir, fue sobreseída la causa. Resulta lamentable que el juicio estuviese paralizado OCHOS años (no siete como dice la sentencia) sin que los órganos de administración de justicia hicieran nada para evitar una decisión a destiempo. Recordemos que una justicia tardía no es justicia. Finalmente, resulta también reprobable que a pesar de que la Sala expresamente señala que el Ministerio Público violó derechos constitucionales, en su decisión no hace nada al respecto. Esto tampoco es justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/192964-461-141116-2016-A14-418.HTML

Sobre la Alerta Roja de la INTERPOL


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Sala de Casación Penal.

Extradición.

TSJ/SCP Nº 447. Fecha: 11/11/2016.

Caso: Solicitud de EXTRADICIÓN PASIVA de JUAN CARLOS LUGO, venezolano, por el Gobierno de ARUBA, en atención a la Orden de Detención o Resolución Judicial expedida, el 19 de noviembre de 2015, por el delito de Importación y Venta Ilegal de Armas, tipificado en el artículo 2:79 del Código Penal de Aruba, en concordancia con los artículos 3 y 6 de la Ley contra la Venta y la Importación Ilegal de Armas de dicho país.

Decisión: La Sala acordó NOTIFICAR al Gobierno de Aruba, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene (luego de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano JUAN CARLOS LUGO, conforme con lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiendo especificarse que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso por el Gobierno de Aruba, se ordenará la libertad del mencionado ciudadano, conforme con lo previsto en el artículo 388 del mismo código adjetivo. Además, acordó SOLICITAR al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores que realice la notificación acordada, en garantía del derecho a la libertad y al principio de presunción de inocencia, a la brevedad posible y por la vía más expedita, y que luego de realizada, informe a esta Sala de Casación Penal de forma inmediata la fecha en que la misma fue efectuada. Indicó:

“Es menester destacar la entidad que posee la también denominada Alerta Roja Internacional, la cual es un instrumento o mecanismo utilizado en el plano internacional para solicitar la detención preventiva de una persona con miras a su extradición, y está sustentada en una orden de detención o en una sentencia judicial de condena dictada por las autoridades judiciales del país interesado.

Dicha entidad ha sido definida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia núm. 299, de fecha 19 de julio de 2011, de la manera siguiente:

“La Organización Internacional de Policía Internacional (INTERPOL), presta servicios y coadyuva en el logro de los fines perseguidos por la extradición. Una de sus funciones más importantes consiste en ayudar a las fuerzas policiales de los ciento ochenta y seis (186) países miembros, a intercambiar información policial esencial utilizando el sistema de notificaciones de la Organización.

Así, la notificación roja (alerta roja), se utiliza para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada, y se sustentan en una orden de detención o resolución judicial, es decir, no puede existir la alerta roja sin que previamente se expida una orden de detención o una resolución judicial por parte del Estado requirente.

El fundamento jurídico de este tipo de notificaciones, es la orden de detención o la sentencia judicial dictada por las autoridades judiciales del país interesado.

Así encontramos, que muchos de los países miembros, consideran que la notificación roja de INTERPOL equivale a una detención preventiva válida, y en varios convenios bilaterales y multilaterales de extradición, como por ejemplo, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, del 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, el Convenio de Extradición de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el Tratado Modelo de las Naciones Unidas sobre la Extradición, reconocen a INTERPOL como un conducto oficial para trasmitir solicitudes de detención preventiva” (Resaltado de ese fallo).

Lo propio ha reiterado la Sala en sentencia N° 327 del 31 de octubre de 2014:

“…La notificación roja consiste en una solicitud de localización de persona buscada y su detención preventiva o provisional, con la finalidad de requerir su extradición.

De lo expuesto se evidencia que, la notificación roja contiene efectivamente una solicitud de detención preventiva con el propósito de requerir la extradición formal, una vez localizada la persona requerida.

Por tratarse de un trámite relacionado con el proceso de extradición, su conocimiento corresponde a los órganos jurisdiccionales del país requerido, quienes en definitiva dictaminarán la procedencia o improcedencia de dicha medida cautelar, tal como lo establece el artículo 387 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal”.

De tal manera que en el sistema penal venezolano la aprehensión de una persona solicitada por un país con fines de extradición a través de requerimientos hechos de manera genérica por las Policías Internacionales, en principio, sólo puede producirse si existe una Alerta o Difusión Roja Internacional, ello en virtud de que la misma está revestida en la legislación procesal penal venezolana de una presunción (que admite prueba en contrario) respecto de su legalidad y validez, indistintamente de lo que con posterioridad pueda decidirse respecto a la procedencia o no de la correspondiente solicitud de extradición pasiva, una vez verificados los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico.

Del contenido de los artículos transcritos y de la jurisprudencia citada se sigue que cuando se hubiese emitido una Notificación Roja respecto a una persona, y ésta hubiese sido aprehendida en el territorio venezolano, de dicha aprehensión deberá ser notificado el Ministerio Público, con el fin de que la presente ante el Tribunal en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la aprehensión, en el que se celebrará la audiencia referida en la sentencia citada; dicho tribunal remitirá posteriormente las actuaciones a esta Sala de Casación Penal, la cual se pronunciará respecto al lapso que tendrá el país requirente para enviar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria.

Es importante insistir en que, conforme lo permite el primer párrafo del artículo 6 del Código Penal venezolano, si la persona requerida en extradición es nacional del Estado Venezolano, es menester dar cuenta de los elementos probatorios que posibiliten su juzgamiento en territorio venezolano, siempre y cuando lo solicite el Estado requirente. Igualmente, deberá consignarse copia certificada de la sentencia definitiva y firme en el caso de que el solicitado haya sido condenado por el Estado requirente, con el fin de que, si así se solicita, cumpla la pena impuesta en nuestro país.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala analiza los supuestos la Alerta Roja de la Interpol y los pasos de la cooperación penal internacional para  practicar la  Detención a los fines de extradición, respecto de los delitos de Importación y Venta Ilegal de Armas, tipificado en el artículo 2:79 del Código Penal de Aruba, en concordancia con los artículos 3 y 6 de la Ley contra la Venta y la Importación Ilegal de Armas de dicho país. Como es sabido, no procede la extradición de venezolanos, lo cual conduce a la impunidad en caso de delincuencia organizada y delitos de trascendencia internacional como es el tráfico internacional de armas. El juicio en Venezuela sería en libertad, si es que el gobierno de Aruba responde en el plazo perentorio de 60 días a partir de la notificación. ¿Se hará justicia o quedará impune este caso?

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/192950-447-111116-2016-E16-67.HTML