¿Qué dice la sentencia N 537 sobre el artículo 305 del COPP?


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El 12 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la Sentencia Nº 537 de la Sala Constitucional, mediante la cual se suspenden los efectos del primer aparte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y se modifica el contenido del artículo 132 del mismo Código. Ello se traduce en que sólo será imputada aquella persona acusada de un delito delante de un juez, no antes, es decir, en las averiguaciones previas.

Beneficios procesales relativos a los delitos de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 222      Fecha: 16-06-2017

Caso: Diego Armando Maluenga Figueroa

Decisión: Declara con lugar la única denuncia planteada en el recurso de casación propuesto por el representante del Ministerio Público; se rectifica la pena a imponer al ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, quedando en definitiva la pena a cumplir en nueve (9) años, seis (6) meses y veinte (20) días de prisión, por ser cómplice en el delito de Secuestro.

Extracto:

Siendo así se advierte que el delito de Secuestro se materializa cuando ilegítimamente una persona es privada de su libertad, o cuando se retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad; y el cómplice es aquel que sin ser autor o determinador, ejecute o realice cualquier actividad o suministre algún medio, destinado a facilitar la perpetración de cualquier delito; ahora bien, cuando el cómplice coadyuve con la autoridad competente, tendrá derecho a que se le rebaje un tercio de la pena a cumplir, tal como lo realizó el Juez  del Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, extensión San Carlos, al momento de calcular pena a imponer al ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA.

Sin embargo, alega el recurrente que la Juzgadora al momento de calcular la pena a imponer,  aplicó lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión (tal como se explicó anteriormente) pero además también aplicó el contenido del artículo 21 eiusdem, incurriendo en una rebaja de pena contraria a derecho, pues, en su criterio,  lo correcto era aplicar únicamente la rebaja de pena establecida en el artículo 11 ibídem, ya que dicho artículo por sí mismo explica la rebaja prevista por el legislador en los casos como el presente asunto penal, y por ello interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes…

OMISSIS…

De la norma antes transcrita se puede observar que el legislador, le otorgó al  Ministerio Público, la posibilidad de suspender el ejercicio de la acción penal en delitos tipificados en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, pero “conforme a lo establecido”  en el artículo 39 (hoy 40) del Código Orgánico Procesal Penal

OMISSIS…

Este supuesto es un procedimiento de naturaleza especial, distinto a los tradicionalmente conocidos, con características singulares de inicio, tramitación, acuerdo y aprobación judicial. Constituyendo entonces, una medida alternativa especial, que responde a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el esclarecimiento de delitos y autores en el ámbito de la transacción penal, como un medio de lucha no convencional contra el crimen organizado.

En este sentido, la colaboración de los sujetos investigados en el sistema probatorio criminal, se verá retribuida con beneficios judiciales o de protección a su favor. La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal. Estos beneficios se orientan a estimular la disociación de las organizaciones del crimen.

Esta figura viene a ser como un mecanismo de simplificación del proceso, de conformidad con las nuevas corrientes doctrinarias, tiene su base en el derecho procesal penal transaccional, cuya finalidad es evitar un proceso regular largo e innecesario, bajo la conducción de someterse a un acuerdo con el Fiscal y obtener la reducción de la pena, pero siempre con la aprobación del Juez en la fase preparatoria.

Es importante resaltar, que este mecanismo transaccional proviene de la cultura jurídica del derecho anglosajón, donde la utilidad y la eficacia del procedimiento constituyen los ejes del sistema. También cabe mencionar, que algunos autores la denominan como una forma de manifestación de la justicia penal consensuada.

OMISSIS…

Del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que deben concurrir las condiciones establecidas en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda el principio de oportunidad; pero también se destaca, que es una facultad del Ministerio Público, como titular de la acción penal en delitos de acción pública, y es este quien deberá solicitarlo al Juez de Control, previa su autorización, verificando que se haya cumplido con los requisitos previamente establecidos en la norma in comento; por lo tanto, se trata de una atribución legal que posee el representante Fiscal y que, por ende, es potestativo del representante del Estado, de acuerdo a la Ley, en atención al artículo 111, numeral 6, eiusdem.

Así las cosas, la Sala concluye que cuando estén dados los supuestos para la aplicación del artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, es el Ministerio Público quien podrá solicitar el supuesto especial, no siendo permitido a los Jueces de Instancia ni a los de la Corte de Apelaciones, proceder de oficio, en cuanto a la aplicabilidad de la figura de la delación, ya que esta es una potestad exclusiva del titular de la acción penal.

OMISSIS…

En efecto, en el presente caso, tanto en el escrito acusatorio, como en la admisión de los hechos y en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, quedaron establecidas todas las circunstancias fácticas por las cuales resultó condenado el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, quedando como un hecho incontrovertido, cierto y apreciado, que luego de participar de manera activa en el secuestro del ciudadano Joseph  Jokim, en su planificación, ejecución y con concierto previo,  luego de ser identificado por las cámaras de video como la persona que dejó el vehículo de la víctima frente a su casa mientras éste último se encontraba plagiado, y durante un interrogatorio policial, señaló el lugar exacto donde se encontraba privado de libertad la víctima, en razón de lo cual se trasladaron al lugar para el rescate de ésta, lo cual generó un enfrentamiento entre los órganos de policía y los captores, resultando los mismos abatidos producto del procedimiento.

Como puede apreciarse, la conducta desplegada por el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, no se trató de una delación o de un informante arrepentido, con los requisitos exigidos por nuestra legislación, aunado al hecho que el hoy acusado tampoco colaboró de manera útil y eficaz con la información.

OMISSIS…

En razón de lo antes expuesto, la indebida aplicación del artículo 21 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, tuvo una incidencia relevante no solo en el fallo sino en el cálculo de la pena que en definitiva debe cumplir el ciudadano DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala concluye que la competencia para solicitar cualquier beneficio procesal a algún cómplice en la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión corresponde exclusivamente al Ministerio Público y no los puede conceder el Juez de la causa de oficio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/200040-222-16617-2017-C16-393.HTML

El vicio de falta de aplicación de una norma en la sentencia y la inmotivación del fallo


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 220      Fecha: 16-06-2017

Caso: Luisa Andreína Brito Ojeda

Decisión: Desestima por manifiestamente infundado, el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Extracto:

En la primera denuncia, del recurso de casación se aprecia que la abogada LUCY FIGUEROA, manifiesta que la Corte de Apelaciones incurrió en “…violación de la ley por la falta de aplicación de los artículos 346 numeral 3 y 4 y 157 del Código Orgánico Procesal Penal…” , y para ello dejó establecido lo siguiente: “…El fallo recurrido simplemente se limitó a transcribir las testimoniales evacuadas en el debate oral y público, así como parte de la sentencia apelada; haciendo discurrir directamente sobre el fondo de las denuncias por falta algunos exiguos comentarios sobre los razonamientos del Juez de la causa, pero sin discurrir directamente sobre el fondo de las denuncias por falta manifiesta en la motivación propia, clara y completa y violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica que se hicieron en el recurso de apelación (…) La Corte de Apelaciones debió explicar suficientemente las razones por las cuales concluyó que la sentencia no adolecía de falta de motivación y de violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica, y no simplemente transcribir los hechos dados por comprobados por el Tribunal de la causa, aparentando con ello que estaba ‘ motivando’ su decisión, lo cual no ocurrió en ningún caso…”.  

Sobre el vicio de falta de aplicación, es oportuno señalar que surge cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente, para una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, es decir, no se aplica una norma a un caso regulado por ella, sea porque se ignore o porque se contraríe su texto.

OMISSIS…

En cuanto a la infracción del numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, vale la oportunidad para destacar lo que sobre este particular ha venido sosteniendo la Sala de Casación Penal, que la infracción del numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, por inmotivación no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, en virtud que esta no determina de manera precisa y circunstanciada los hechos de instancia, por cuanto dicha labor corresponde al juzgador de juicio en virtud del principio de inmediación.

Así pues, verificado que aún cuando la recurrente alega la falta de aplicación del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, no expresó de forma detallada los argumentos que a su decir, omitió resolver el tribunal de alzada para catalogar de inmotivado el fallo dictado el veintitrés (23) de noviembre de 2016; en tal sentido se estima que los fundamentos de la presente denuncia, son genéricos y no se ajustan a los supuestos establecidos del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio acerca del concepto del vicio por falta de aplicación de una norma y su vinculación con el vicio de inmotivación, cuando lo alegado es la falta de aplicación de la norma que exige suficiente motivación al fallo.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/200038-220-16617-2017-C17-156.HTML

Legitimación procesal para actuar en nombre de la víctima


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 214      Fecha: 05-06-2017

Caso: Nilda Elena Ferrero De Hernández

Decisión: Declara inadmisible el recurso de casación propuesto por los apoderados judiciales de los ciudadanos ANDREA ANA ABRAMS y MARTÍN MIGUEL HERNÁNDEZ, por no acreditar la debida legitimidad para actuar en nombre y representación de las víctimas. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

Ante el recurso de casación propuesto por los abogados José Valentín González Prieto y Alejandra Nadales Trujillo, actuando en representación de los  ciudadanos Andrea Ana Abrams y Martín Miguel Hernández, víctimas en la presente causa, la Sala, pasa a resolver sobre la admisibilidad o desestimación del mismo, en los términos siguientes:  

Conforme con lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal, podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En el presente caso, el recurso de casación fue propuesto por los abogados José Valentín González Prieto y Alejandra Nadales Trujillo, quienes consignaron dos (2) poderes actuando como apoderados judiciales de las víctimas (no querelladas), que corren insertos en los folios 48 al 50 y folios 65 al 68, de las actas que conforman el expediente. 

En tal sentido, y a los efectos de analizar el requisito referido a la legitimidad para recurrir, la Sala considera preciso destacar, la necesidad de poseer poder especial para representar a la víctima. A tal efecto, en primer lugar debemos señalar la diferencia existente entre querella y acusación privada, siendo la primera un modo de proceder para los delitos de acción pública y la segunda; aquella que deberá formularse para los delitos de acción privada o instancia de parte agraviada.

Para el caso de la representación para presentar Acusación Privada, se requiere poder especial, tal y como lo establece el artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual  se constituirá conforme  a  las formalidades de los poderes para asuntos civiles, no pudiendo abarcar más de tres abogados o abogadas.

Por su parte el artículo 124 eiusdem, establece que en los casos de delegación del ejercicio de los derechos de la víctima  por medio de la Defensoría del Pueblo, no se exigirá poder especial, sino que la delegación conste en un escrito firmado por quien delegue en el o la representante legal de dicho organismo. De tal modo, que si el legislador en la disposición que revisamos anteriormente,  aclara que para delegar la representación no se requerirá de poder especial,  debemos entender que éste si es necesario para  todos los demás casos para actuar en nombre  de la víctima.

Con respecto a este particular, la Sala Constitucional (Sent. N° 1771 de fecha 10-10-2006), ha expresado: 

“…Ahora bien, no es materia de este fallo, los derechos que la víctima de delito puede ejercer en el proceso penal -artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal- aun cuando no se haya constituido como querellante y los cuales han sido reconocidos por esta Sala en numerosas sentencias.

El asunto en discusión es la actuación de la víctima por medio de una representación. Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal, salvo en el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte –artículo 415- no establece norma expresa con relación a la representación de la víctima en los procesos por delitos de acción pública.

En efecto, en el Capítulo V, Título IV del Libro Primero “De la Víctima”, sólo dos de los artículos que lo conforman, refieren la actuación de la víctima mediante representación: el único aparte del artículo 119, que obliga a las víctimas “si fueren varias” a actuar por medio de una sola representación, y el único aparte del artículo 122, que no exige poder especial a la víctima, para delegar, en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses; pues, en este caso, bastará sólo con que la delegación conste en un escrito firmado por ésta y el representante legal de entidad delegada.

Sí en los casos de asistencia especial, a la víctima que delega el ejercicio de sus derechos e intereses, no se le exige poder especial para ello; por argumento en contrario, para actuar en representación de la víctima -en todos los otros casos- es necesario que dicha representación conste en un poder especial para ello.

Lo apuntado se consolida con lo preceptuado en el artículo 304 del texto adjetivo penal. El referido artículo establece el carácter de los actos de la investigación, los cuales serán reservados para los terceros, ya que sólo podrán ser examinados por el imputado, por sus defensores y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados con poder especial…”

Aunado a lo anterior, es preciso destacar lo establecido en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Artículo 286: “…Todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado y la imputada, por sus defensores o defensoras y por la víctima, se haya o no querellado, o por sus apoderados o apoderadas con poder especial. No obstante los funcionarios o funcionarias que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados u obligadas a guardar reserva. (…)”.    

En el caso bajo análisis, el Fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa que se inicio con motivo de la denuncia interpuesta por el abogado Pedro Perera apoderado judicial,  quien actuó  en representación de las víctimas (no querelladas), conjuntamente con otros abogados entre éstos, José Valentín González Prieto y María Alejandra Nadales, mediante la consignación de sendos poderes judiciales “…con facultades para actuar conjunta o separadamente en todos los procesos penales que pudieran iniciarse por la presunta comisión de cualquier delito en su contra…”  en la investigación  que se inició contra la ciudadana NILDA ELENA FERRERO DE HERNÁNDEZ, la cual concluyó con una declaratoria de sobreseimiento acordada por el Juez Octavo  de Primera Instancia Itinerante de Sobreseimiento en Funciones de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al considerar que los hechos no revisten carácter penal.

Visto que en el presente caso, el proceso penal culminó en la fase preliminar, y en el cual no se dio la oportunidad para la designación y juramentación de los defensores privados o apoderados judiciales que actuarían en representación de las víctimas en el juicio, ni  para  la adhesión de éstas al representante del Ministerio Público como titular de la acción penal  (el cual en este caso solicitó el sobreseimiento de la causa), debían necesariamente otorgarse poderes especiales penales (con facultades especificas para actuar en la causa), para  acreditar la  legitimidad de los referidos abogados.   

De allí que deba concluirse, en razón de lo expuesto, que para interponer querella en nombre de la víctima y en general para intervenir en su nombre en un proceso penal, se requiere poder especial.”  

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala determina que para ejercer recurso casación en nombre de la víctima en un proceso penal, se requiere de un poder especial.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199793-214-5617-2017-C16-320.HTML

Acumulación de causas penales a favor de Tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Conflicto de competencia

TSJ/SCP Nº Sent: 213      Fecha: 05-06-2017

Caso: Duilio José Paz Cordero

Decisión: Declara competente al Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, para que continúe conociendo de la ejecución de la pena en la causa que se le sigue al ciudadano DUILIO JOSÉ PAZ CORDERO; se ordena remitir el expediente al referido tribunal para que la causa continúe su curso legal. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

El presente asunto, trata de un Conflicto de Competencia de No Conocer planteado por el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de la misma circunscripción judicial.

Al respecto, es importante resaltar que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Coro, inicialmente solo conocía de la causa seguida al penado Duilio José Paz Cordero por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía en Grado de Complicidad Necesaria, y Ocultamiento de Arma de Fuego, previstos en los artículos 406 (numeral 1), y 277 del Código Penal, respectivamente, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Gustavo Rafael González, donde resultó condenado a quince (15) años de prisión.

Ahora bien, el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, se declara igualmente incompetente fundamentándose en el hecho de que la mayor pena impuesta al mencionado penado fue por el delito perpetrado en la jurisdicción del estado Zulia, donde resultó condenado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a diecinueve (19) años, siete (7) meses y dieciséis (16) días de presidio, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional Simple, previsto en el artículo 407 del  Código Penal, en concordancia con el artículo 65 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Amenaza, establecido en el artículo 41 eiusdem, en perjuicio de las ciudadanas Giannina Marlith D’ Ambrosio Gómez (occisa) y Lisbeth Gómez, respectivamente, correspondiéndole  -a su criterio- el conocimiento al Tribunal de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

OMISSIS…

cuando sobre un mismo ciudadano versen varias sentencias condenatorias firmes, solo un Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución deberá conocer todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena.

OMISSIS…

en aquellos casos donde al imputado, acusado o penado (dependiendo de la fase procesal en que se encuentre), se le califique su acción dentro de un tipo penal previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el conocimiento de la causa le corresponde a un  tribunal de la jurisdicción especial de violencia contra la mujer.

De esa forma, resulta claro que el legislador expresó su voluntad de consagrar la competencia de los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer para conocer de todos aquellos casos en los cuales  la víctima sea una mujer, en aras de la protección efectiva de las mujeres contra el maltrato y ataques a su integridad personal y física, incluida la muerte, independientemente de la edad de la víctima del sexo femenino, por razones de género. (Vid., sentencia de esta Sala N° 108 del 26 de febrero de 2016, caso Filadelfio Mora Mora).

OMISSIS…

En este orden de ideas, el artículo 74 del texto penal adjetivo, prevé la forma de dirimir cuál es el Tribunal competente ante la presencia de delitos conexos, y establece:

Artículo 74. El conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los tribunales competentes.

Son tribunales competentes según su orden para el conocimiento de las causa por delitos conexos:

1. El del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena.

2. El que debe intervenir para juzgar el que se cometió primero en el caso de los delitos que tengan señalada igual pena”.

De esta manera, se vislumbra que el Tribunal Único de Primera Instancia en funciones de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial del estado Falcón, con sede en Coro, fundamentó correctamente su decisión al afirmar que el conocimiento del proceso le corresponde al Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por ser en esta jurisdicción donde el ciudadano Duilio José Paz Cordero, resultó condenado a mayor pena, ello en aplicación de los artículos 74 (numeral 1), y 471 (numeral 2), del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala determina que ante la presencia de dos tribunales que han dictado sentencia condenatoria al mismo ciudadano, uno penal ordinario y otro con competencia en delitos de violencia contra la mujer, es éste último a quien corresponde acumular ambas causas y ejecutar la sentencia respectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199792-213-5617-2017-CC17-143.HTML

Las nulidades en el proceso penal


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº Sent: 204      Fecha: 05-06-2017

Caso: Robert José Gibory

Decisión: Decreta de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal con Competencia Múltiple en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con posterioridad a la decisión de fecha trece (13) de octubre de 2015, la cual se mantiene incólume; se ordena reponer la causa al estado que la Sala Accidental de la mencionada Corte de Apelaciones, realice de manera efectiva, la notificación a las partes de la decisión dictada por ese órgano jurisdiccional, el trece (13) de octubre de 2015, mediante la cual declaró entre sus pronunciamientos, inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el abogado RODRIGO ANTONIO ELIZONDO JIMÉNEZ, Defensor Público Séptimo Penal encargado de la Defensoría Tercera Penal, adscrito a la unidad de Defensa Pública del estado Delta Amacuro, actuando como defensor del ciudadano ROBERT JOSÉ GIBORY, a los efectos del ejercicio del recurso de casación y en garantía de sus derechos e intereses. El Magistrado, Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

Todo proceso se encuentra integrado por actos procesales, sin embargo para la realización de estos actos, los sujetos intervinientes en el proceso penal deberán obligatoriamente cumplir con ciertos requisitos para que los mismos sean acreditados de manera lícita y sean viables en el campo penal.

No obstante a ello, estas mismas exigencias procedimentales se encuentran concretamente establecidas, en forma clara en el Código Orgánico Procesal Penal, siendo que su inobservancia estructurada por la ley adjetiva penal, traerá consigo la ineficacia de los actos realizados, a menos que la anomalía pueda ser enmendada o en última instancia haya quedado convalidada.

En razón de ello, surge la figura de las nulidades que tiene como fin impedir la transgresión del derecho de defensa y de resguardar el debido proceso, derechos estos que pueden ser impetrados por el imputado o el acusado, también por la víctima, y que pueden ser declaradas ex officio por el Juzgador, en cualquier estado y grado del proceso, cuando sea imposible su saneamiento.”      

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala indica la razón de existencia y los objetivos de la teoría de las nulidades en el proceso judicial penal. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/199783-204-5617-2017-C16-46.HTML

Casación por inmotivación


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 198      Fecha: 15-05-2017

Caso: Recurso de Casación interpuesto en el juicio penal seguido a Genna Jhoulyn Rubín Aranguren

Decisión: Declara con lugar la única denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensa de la ciudadana GENNA JHOULYN RUBÍN ARANGUREN; anula la sentencia dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, el 18 de octubre de 2016; y ordena al Presidente de la mencionada Sala, que lleve a cabo la constitución de una Sala Accidental para que se pronuncie respecto al recurso de apelación interpuesto con prescindencia del vicio que dio lugar al presente fallo. El Magistrado, Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

“No obstante, dicho órgano colegiado omitió pronunciarse de manera específica en cuanto al alegato relativo a que el tribunal de la primera instancia atribuyó a las declaraciones emanadas de los funcionarios policiales y expertos “un alcance objetivo que no poseen (…) [lo que produjo] errores por falso juicio de identidad [y] una desfiguración de la prueba porque le hace expresar algo diferente a su verdadero contenido”, pues, a juicio del accionante, dichas deposiciones lejos de confirmar el testimonio rendido por la víctima y demostrar la responsabilidad penal de la ciudadana Genna Jhoulyn Rubin Aranguren, únicamente versaron sobre la práctica de diligencias de investigación que en modo alguno lograron vincular a aquella con la comisión del hecho punible.

Al respecto, la alzada se limitó a señalar de manera genérica que “la apreciación de estos [los testigos referenciales] fue debidamente adminiculada con los demás medios de prueba cursantes en autos como lo fue la declaración de los expertos y funcionarios adscritos al cuerpo (sic) de investigaciones (sic) Científicas, Penales y Criminalísticas de Guarenas (…) [determinándose] que ciertamente la ciudadana GENNA JHOULYN RUBIN ARANGUREN fue la persona que junto a otro ciudadano hicieron todo lo necesario para llevar a cabo el delito de HOMICIDIO” (Mayúsculas y negrillas de la decisión), de lo cual se colige que la sentencia hoy impugnada no dio una respuesta concreta y precisa al planteamiento del recurrente, relativo a que el tribunal a quo le atribuyó a los testimonios rendidos por los funcionarios policiales y los expertos un alcance que no poseen, incumpliendo así con el deber que tiene todo juzgador de motivar suficientemente sus decisiones en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico, como es, que tales órganos superiores de administración de justicia respondan a cada uno de los alegatos que soportan los vicios denunciados por quienes recurran en apelación, y que adicionalmente expliquen con claridad y precisión las bases jurídicas y fácticas que soportan el fallo emitido.

Ello es así, en virtud de que la motivación de las sentencias constituye “un derecho subjetivo que tienen las partes en el proceso”, a obtener una decisión razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, “que venga apoyada en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión”, pues de lo contrario, dicho fallo adolecerá del vicio de incongruencia omisiva, el cual se materializa cuando el juzgador omite “resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en los que vengan planteadas” [Cfr. Pérez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional, Editorial Marcial Pons, España, año 2000].   

…OMISSIS…

En atención a los citados criterios, esta Sala de Casación Penal advierte que la señalada Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, estaba en la obligación de dar una respuesta motivada a cada uno de los puntos alegados por el recurrente, fundamentando con criterio propio los motivos por las cuales consideró que las declaraciones de los funcionarios policiales y los expertos, razonablemente apreciadas por la primera instancia conforme a la sana crítica, conjuntamente con el testimonio de la víctima y los testigos referenciales, demostraban de manera fehaciente la culpabilidad de la acusada de autos, en vez de limitarse a sustentar en un argumento genérico la resolución del punto específico denunciado, esto es, aquél que puede servir de fundamento para declarar sin lugar cualquier recurso, violentando de esta manera el derecho a la defensa y el debido proceso del recurrente, al no permitirle conocer los argumentos con base a los cuales fue desestimado su planteamiento.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica las condiciones que deben darse para considerar que la sentencia ha incurrido en falta de motivación, haciendo hincapié en que la presentación de argumentos genéricos para resolver denuncias concretas, equivale a no responder.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/199148-198-15517-2017-C17-39.HTML

La prescripción de la acción como requisito de la extradición


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Extradición

TSJ/SCP Nº: 180      Fecha: 10-05-2017

Caso: Solicitud de extradición de Mercedes Bonett Semenas

Decisión: Declara improcedente la solicitud de extradición activa de la ciudadana MERCEDES BONETT SEMENAS, de nacionalidad argentina, identificada con la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela para extranjeros E 82.027.387, a la República Argentina, por encontrarse evidentemente prescrita la acción penal para perseguir el delito de Homicidio Culposo, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, con la circunstancia agravante prevista en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ambas legislaciones vigentes para la fecha de los hechos.

Extracto:

“En este particular, resulta necesario analizar la prescripción ordinaria de la acción penal, así tenemos, que los hechos atribuidos a la ciudadana Mercedes Bonett Semenas, y por los cuales la representación del Ministerio Público solicitó la referida orden de aprehensión, ocurrieron el 18 de mayo de 2002, siendo acordada dicha solicitud el 4 de mayo de 2005, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas.

Ello así, el artículo 108, ordinal 4°, del Código Penal venezolano, vigente a la fecha de los hechos, establecía que la acción penal para perseguir este delito prescribía:

“(…) 4°. Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años (…)”.

Por su parte, el artículo 109 del mencionado texto sustantivo, agregaba que la prescripción ordinaria de la acción penal debía comenzar a contarse: “(…) para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho (…)”.

Y, el artículo 110 eiusdem, establecía:

“(…) Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare.

Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que le siga; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarara prescrita la acción penal (…).

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción (…)”.

Ahora bien, de la denuncia interpuesta por el ciudadano Waldo Enrique Díaz, padre de la víctima, se evidencia: a) que el presente proceso se inició el 18 de mayo de 2002, cuando dicho ciudadano interpuso la referida denuncia; b) que con ocasión a dicha denuncia el representante del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra la ciudadana Mercedes Bonett Semenas, por estar presuntamente incursa en la comisión del delito de homicidio culposo, la cual fue acordada el 4 de mayo de 2005, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas; y c) que dicho proceso se encuentra paralizado por no haberse hecho efectiva la aludida orden de aprehensión, sin embargo, desde el momento en el cual se cometió el hecho objeto del proceso hasta la presente fecha, ha transcurrido en demasía el lapso de los cinco (5) años previsto en el aludido artículo 108, ordinal 4°, del entonces vigente Código Penal, para que opere la prescripción de la acción penal en relación al referido delito, pese a la interrupción de su curso en razón de la orden de aprehensión dictada el 14 de mayo de 2005.

En razón de ello, esta Sala de Casación Penal estima que, en el presente caso, no se cumple la exigencia prevista en el artículo 359 del Código de Derecho Internacional Privado para declarar la procedencia de la extradición activa, por haber operado la prescripción ordinaria de la acción penal, en razón de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal declara improcedente la solicitud de extradición activa de la ciudadana Mercedes Bonett Semenas, de nacionalidad argentina, identificada con la cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela para extranjeros N° E-82.027.387, a la República Argentina. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se analiza la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 110 del Código Penal; como requisito indispensable para solicitar la extradición.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/199005-180-10517-2017-E17-134.HTML      

 

El lapso para apelar del fallo de la Audiencia Preliminar


MONITOREO1

Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 170      Fecha: 02-05-2017

Caso: Edwin Alberto Melo Corredor

Decisión: Decreta de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas, en el proceso penal seguido al ciudadano EDWIN ALBERTO MELO CORREDOR, desde el cómputo de los días de despacho, realizado por la Secretaría del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de julio de 2016; y ordena reponer la causa al estado en que se encontraba para la oportunidad en la cual se efectúo el cómputo anulado, todo ello a los efectos que el referido Juzgado realice de nuevo la certificación de los días de despacho y remita el expediente a la Corte de Apelaciones para el pronunciamiento correspondiente sobre la admisibilidad del recurso de apelación ejercido. La Magistrada, Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, no firmó por motivo justificado.

Extracto:

“Como se aprecia de los citados criterios, es a través de la publicación del texto íntegro del fallo cuando las partes conocen los razonamientos de hecho y de derecho de esa decisión, y de esta manera pueden detectar los presuntos vicios de los que adolezca, a los fines de fundamentar el respectivo medio de impugnación contra la misma.

Es por ello, que en el presente caso, aun cuando la juzgadora a cargo del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas profirió el dispositivo de la sentencia condenatoria en la audiencia preliminar que tuvo lugar el 9 de mayo de 2016, no fue sino hasta el 17 de mayo de ese mismo mes y año (al tercer (3°) día de despacho siguiente a dicha audiencia) cuando publicó el texto íntegro de ese fallo, contentivo de la motivación de la sentencia condenatoria, el cual no requirió ser notificado a las partes por haber sido publicado dentro del lapso legal previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que éstas quedaron notificadas al finalizar dicha audiencia oral -como se evidencia en el acta que se levantó a tal efecto- de lo que se colige que el lapso para el ejercicio del recurso de apelación debió comenzar a computarse a partir del día hábil siguiente a este último acto procesal, a saber, el 23 de mayo de 2016, según consta en el cómputo antes referido.

Sin embargo, tal como precedentemente se señaló, la Secretaria del referido Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los efectos del ejercicio del recurso de apelación, computó los días hábiles transcurridos “(…) desde el día lunes nueve (09) de mayo de 2016 (exclusive), al día hábil siguiente a la decisión del Tribunal, hasta el día lunes treinta (30) de mayo de 2016 (inclusive) (…)”, haciéndose patente el error que derivó en un vicio procesal de orden público que conculcó la garantía de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a ser oído del acusado de autos, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impidiendo a la alzada conocer del recurso de apelación ejercido por los defensores privados del ciudadano Edwin Alberto Melo Corredor, yerro que tampoco fue advertido por la Sala Accidental N° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Ilícitos Económicos, lo que conllevó a la declaratoria de inadmisibilidad por extemporáneo de dicho medio de impugnación.

En tal sentido, constatada como ha sido la infracción de los derechos del acusado de autos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a ser oído, contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal en atención a lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, estima que lo procedente y ajustado a derecho es decretar de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en el presente proceso desde el cómputo de los días de despacho efectuado por la Secretaria del Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de julio de 2016, en el que “(…) HACE CONSTAR: Que desde el día lunes nueve (09) de mayo de 2016 (exclusive), al día hábil siguiente a la decisión del Tribunal, hasta el día lunes treinta (30) de mayo de 2016 (inclusive), transcurrieron seis (06) días de despacho contados de la siguiente manera: martes 10.05.2016, lunes 16.05.2016, marte (sic) 17.05.2016, lunes 23.05.2016, martes 24.05.2016, lunes 30.05.2016, así mismo, desde el día hábil siguiente al lunes (06) de junio de 2016 (exclusive) hasta el día martes (14) de junio de 2016 (inclusive), oportunidad en la cual dicha representación fiscal debió haber (sic) dado contestación al recurso de apelación, transcurrieron los tres (03) días hábiles de despacho contados de la siguiente manera: Martes 07.06.2016, lunes 13.06.2016 y martes 14.06.2016 (…)”.

En consecuencia, en virtud de la nulidad que se decreta se repone la causa al estado en que se encontraba para la oportunidad en la cual se efectuó el cómputo anuladotodo ello a los efectos de que el referido Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, realice de nuevo la certificación de los días de despacho y remita el expediente a la Corte de Apelaciones para el pronunciamiento correspondiente sobre la admisibilidad del recurso de apelación ejercido. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala, siguiendo criterios anteriores de la misma Sala y de la Sala Constitucional, ratifica que el lapso para apelar de la decisión del juez de control sobre la Audiencia Preliminar comienza a correr, luego de publicada la sentencia, no desde que se dicta el dispositivo. En tal sentido, al haber sido realizado de manera errónea el cálculo de los días transcurridos para ejercer el recurso de apelación, la consecuencia será reponer la causa, al estado de realizar nuevo cálculo y admitir el recurso de apelación interpuesto; toda vez que con ello se le violó el derecho a la defensa y al debido proceso al procesado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/198127-170-2517-2017-C16-365.HTML

    

La cualidad de víctima del denunciante y su legitimación para intentar recurso de casación


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Sala: de Casación Penal

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCP Nº: 168      Fecha: 02-05-2017

Caso: Elia Cristina Zuluoga de Dib

Decisión: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto

Extracto:

Para determinar la cualidad, es decir, el carácter de parte, de quien ejerció el recurso de casación en el caso presente, se aprecia que dicho recurso, fue interpuesto por la ciudadana Elia Cristina Zuloaga de Dib, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.339.127, inscrita en el Inpreabogado con el N° 131.868, actuando en su propio nombre e interés, y quien con la denuncia escrita presentada el 30 de enero de 2015, ante el Ministerio Público, dio lugar al inicio de la correspondiente investigación; de igual manera, observa la Sala que, la denunciante ha conservado su condición de tal, hasta la presente fecha, sin modificación alguna.

Respecto del alcance jurídico del radio de acción procesal del denunciante esta Sala de Casación Penal ha establecido el criterio jurisprudencial, según el cual, “… la interposición de una denuncia por sí misma no otorga el carácter de víctima a quien la formula…”. (Cfr. Sentencia N° 119/2011, del 29 de marzo).

En el caso bajo examen, el recurso de casación interpuesto, fue ejercido por la mencionada profesional del Derecho, ciudadana Elia Cristina Zuloaga, contra la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de febrero de 2017, que declaró sin lugar la apelación incoada contra la sentencia que en primera instancia acordó el referido sobreseimiento, quien manifestó expresamente: “Apelo de la decisión Nro. 024-17 dictada en fecha 22/02/2017…”, como consta en la diligencia presentada en un folio único, ante dicha Corte de Apelaciones el 22 de febrero de 2017 (folio 479 de la primera pieza); impugnación tramitada como tal recurso de apelación, de acuerdo al contenido del auto emitido el 24 de febrero de 2017, por la mencionada Corte de Apelaciones  (folio 480 de la primera pieza).

El Código Orgánico Procesal Penal, señala de manera precisa los sujetos a quienes reconoce legitimación activa para el ejercicio de los recursos judiciales contra las decisiones que declaren el sobreseimiento de la causa, en términos indubitables:

“Artículo 307. El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya querellado, podrán interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto que declare el sobreseimiento”. (Subrayado del fallo).

Conforme a lo expuesto, la mencionada denunciante no estaba legitimada para impugnar mediante el ejercicio de los recursos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal vigente las decisiones dictadas en el referido proceso penal, en virtud de que no es ni representa a ninguna de las partes, de conformidad con el señalado artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal; menos aún, cuando la pretensión recursiva –como en el caso bajo examen– estuvo dirigida a cuestionar la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 22 de febrero de 2017, que declaró sin lugar la apelación ejercida por la referida denunciante, sin acreditar su condición de parte; exigencia ésta que se potencia aun más tratándose del recurso de casación, ejercido contra la decisión que confirmó el sobreseimiento de la causa; materia en la que el Código Orgánico Procesal Penal, consagró una regulación expresa (artículo 307), de interpretación estricta, además.

Por estas razones concluye la Sala, que la ciudadana Elia Cristina Zuloaga de Dib, carece del interés jurídico legítimo actual para impugnar –en el caso concreto y mediante el recurso de casación– la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la decisión que decretó el sobreseimiento de la causa, a pesar de la condición de denunciante de la proponente del Recurso de Casación.

A lo anterior se adiciona, la constatación de que la recurrente no es víctima directa de los delitos objeto de la investigación, a saber, uso de documento falso y usurpación de identidad, los cuales de acuerdo al interés jurídico protegido afectan la fe pública [entendida no como la pura confianza del particular en el particular, sino la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria por él atribuida a algunos objetos o signos, o formas exteriores, en concepto de Grisanti Aveledo, 1995:1.023]; y tampoco representa a ninguna de las partes en la señalada investigación; todo ello, impide reconocer en la proponente del recurso antes dicho, la legitimación procesal requerida por el ordenamiento jurídico vigente, conforme al principio de impugnabilidad subjetiva, previsto en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, en conexión con el indicado artículo 307 eiusdem.”

 Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala señala las diferencias entre ser el denunciante en un proceso penal y constituirse en víctima en el mismo. En tal sentido, se ratifica el criterio según el cual sólo las partes y sus representantes pueden intentar recurso de casación penal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/198125-168-2517-2017-C17-113.HTML