La carga de la prueba del acoso laboral


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 0147. FECHA: 09-03-17

Caso: Recurso de Casación en Demanda por cobro de prestaciones sociales y acoso laboral interpuesta por Enrique Castro Castro contra Distribuidora Verocerámica, CA

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto y se CONFIRMA la decisión recurrida. Al respecto, señaló la Sala:

“Conforme al criterio citado, se observa que el daño moral derivado del acoso laboral o mobbing, encuentra su basamento legal en el artículo 1.185 del Código Civil, y el mismo deviene del hecho ilícito del patrono, por lo que se trata de una acreencia especial que inexorablemente debe ser demostrada por el actor, y además, debe existir relación de causalidad entre el agravio y el daño ocasionado; por lo que al no existir en el expediente probanza alguna que permita al accionante demostrar sus alegatos, resultaría forzoso para el administrador de justicia declarar la inexistencia del acoso aducido y declarar la improcedencia del daño moral peticionado.

En el caso sub-examine, se solicita el pago de una indemnización por daño moral, derivado del denunciado mobbing padecido por el demandante, el cual fue declarado improcedente por carecer de pruebas que demostraran tal afirmación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el principio jurídico según el cual la carga de la prueba en caso de reclamo de acoso laboral o daño moral derivado de un acoso laboral recae sobre quien lo alega

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196710-0147-9317-2017-16-729.HTML

En la propina de mesoneros qué es y qué no es salario


SALARIO

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 0142. FECHA: 07-03-16

Caso: Recurso de Casación interpuesto por la parte actora Luis Eduardo Arrieta Jiménez contra Inversiones 0209, C.A.

Decisión: Se declara Sin Lugar el Recurso de Casación y se Confirma la decisión impugnada. En tal sentido la Sala expresó:

“Adicionalmente, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que contiene un precepto de idéntico al contenido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, dispone:

 (…)

El valor que para el trabajador o trabajadora representa el derecho a percibir la propina, se determina considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador o la trabajadora, la categoría del local y demás elementos derivados de la costumbre o el uso. (Destacado de la Sala).

Como puede apreciarse, el precepto reproducido distingue y le atribuye carácter salarial, por un lado, al monto entre el recargo por servicio, esto es, el porcentaje fijo sobre el consumo que se carga a los clientes en la factura; porcentaje que usualmente es fijado en un 10% sobre el monto de lo facturado, y por otro, al que representa para el trabajador el derecho a percibir propinas, que es una retribución graciosa que otorga el cliente por el servicio recibido.

Por tanto, el recargo sobre el consumo es un componente del salario que paga el empleador al trabajador de acuerdo con un sistema de puntos o porcentajes que el uso y la costumbre han establecido; es parte integrante de la remuneración periódica del trabajador y, por el contrario, la propina depende por completo de la voluntad del cliente; de allí que se considere salario la totalidad de lo que percibe el trabajador por concepto de porcentaje sobre el consumo, en el primer caso, y, en el segundo, la suma que estimen convencionalmente el empleador y el trabajador como valor del derecho a percibir la propina.

Visto así, no debe entenderse que el patrono deba pagar al trabajador suma alguna por concepto de propina, pues no es a este concepto al que el legislador le atribuye el carácter de salario, que como supra se apuntó consiste en una retribución graciosa que recibe el trabajador directamente de los clientes del establecimiento donde presta sus servicios; lo que es reconocido como salario es el valor que para él representa el derecho a percibirla. Obviamente, es por esta especial característica que debe entenderse que la naturaleza salarial del valor estimado del derecho a percibir propinas es sólo a los efectos de la determinación de los beneficios derivados de la relación de trabajo, vale decir, debe considerarse sólo formando parte de la base de cálculo de los referidos beneficios, pero nunca como un concepto que el patrono deba cancelarle al trabajador.

En consecuencia, ante la existencia de una Convención Colectiva de Trabajo que en su cláusula 55 contempla el monto que corresponde al trabajador por el valor que para él representa el derecho a percibir propinas en la cantidad de Bs. 7 diarios, sin que se evidencie la existencia de algún instrumento normativo que modificara esa suma con el objeto de que fuese mejorada, es razón por la que se concluye que, conforme a los términos supra expuestos no resultaron vulnerados los principios denunciados como infringidos, y menos aún, cuando el salario devengado por el trabajador de acuerdo con los montos indicados en el escrito libelar, se encontrara por debajo del mínimo legal previsto para los años en los que se desarrolló la prestación del servicio.

Ahora bien, por las razones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Social desestima la presente denuncia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se determinó que el recargo sobre el consumo, es decir, el 10% cobrado al cliente directamente en la factura forma parte del salario a todos los efectos, en cambio, el monto adicional que deja el cliente voluntariamente por concepto de propina, no.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196638-0142-7317-2017-16-578.HTML

Capacidad expresa del apoderado para desistir


tribunalnota

Sala de Casación Social

Regulación de Competencia

SCS/TSJ N° 0106. Fecha: 24-02-2017

Caso: Conflicto negativo de competencia en demanda de oferta real de pago de conceptos laborales interpuesto por la sociedad mercantil  DISTRIBUIDORA JEMBA-JEMBA en contra de Isbelyn Mayerlin Morales Hernández

Decisión: Se NIEGA la HOMOLOGACIÓN del desistimiento presentado por la empresa oferente, Distribuidora Jemba-Jemba, C.A. y se declara COMPETENTE para conocer de la causa al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas.

“Ahora bien, al efectuarse la lectura del instrumento poder otorgado por la sociedad mercantil Distribuidora JEMBA-JEMBA, C.A., se colige que la profesional del derecho Ana Sabrina Salcedo, mandataria de la oferente, no ostenta capacidad procesal para desistir en la presente causa, toda vez que no le fue otorgada expresamente dicha facultad para realizar dicha actuación procesal o manifestación unilateral de voluntad, mal podría, entonces, la prenombrada abogada, haber sustituido dicho mandato atribuyendo o extendiendo al sustituto facultades que no fueron originalmente otorgadas, conforme establece la norma, en consecuencia, al no encontrarse satisfechos los extremos legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para la Sala negar la homologación del desistimiento propuesto. Así se decide.”

Comentario de acceso a la justicia: La Sala indica la necesidad de que el apoderado de la parte tenga capacidad expresamente otorgado por su representado para desistir de la acción propuesta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196410-106-24217-2017-16-264.HTML

 

Aporte al fondo de ahorro no tiene carácter salarial si no es disponible


IMAGENES3

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 76. Fecha: 20/02/2017.

Caso: Recurso de casación en el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue ROXANA DE LOS ANGELES CASTRO OCHOA contra CITIBANK, N.A.Sucursal Venezuela.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación, se confirma el fallo recurrido. La Sala indicó:

“Se infiere de la doctrina jurisprudencial transcrita, que esta Sala ha sido consistente al establecer el carácter salarial de los aportes o depósitos efectuados por la entidad de trabajo demandada tanto al Fondo de Ahorro como al Fondo Especial de Prestación de Antigüedad Convencional FEPAC que lo sustituyó, con fundamento en que los trabajadores pueden disponer o retirar -en los porcentajes fijados por la Convención Colectiva- los referidos aportes en el caso del Fondo de Ahorro o depósitos en el caso del FEPAC.

En relación con el aspecto bajo estudio, la sentencia impugnada sostiene lo siguiente:

Ahora bien, tratándose el caso de autos de situación análoga a la examinada en el caso resuelto según el fallo señalado, debe este Tribunal en aras de mantener la uniformidad de la jurisprudencia, así como el principio de la expectativa plausible, aplicar el criterio de marras al presente asunto, toda vez que tanto Fondo de Ahorro como el llamado (FEPAC), eran, prácticamente, de la libre disponibilidad de la parte actora, siendo posible retirar de los mismos hasta un setenta y cinco por ciento (75%) de los fondos depositados, en el caso de FEPAC, en cada año, con una simple notificación al Departamento de Recursos Humanos, como se desprende del texto de la cláusula 41 de la convención colectiva, (sic) por lo que, salvo un veinticinco por ciento (25%) de lo aportado al FEPAC anualmente, viene a constituir salario, y en ese mismo porcentaje (75%) inciden los referidos aportes en el cálculo de los beneficios de la extrabajadora (…)  

Del análisis de la transcripción hecha del fallo impugnado, se desprende que, conforme con el criterio jurisprudencial de esta Sala, la Alzada estableció que los depósitos efectuados por la entidad demandada al denominado Fondo Especial de Prestación de Antigüedad Convencional FEPAC, previsto en la cláusula 41 de la Convención Colectiva de Trabajo, tienen naturaleza salarial en la proporción en que son disponibles por los trabajadores, esto es, el 75% de lo depositado; por tanto la recurrida interpretó correctamente la disposición convencional delatada.

Con respecto a lo señalado por la representación judicial de la parte recurrente, en relación con el carácter salarial del FEPAC, cuando citó la sentencia N° 325, en la cual indicó, que era criterio reiterado de la Sala que dicho aporte no es considerado salario, debe aclarar esta Sala que, por el contrario, el criterio imperante es el ratificado en esta sentencia, es decir, la Sala ha sido consistente al establecer el carácter salarial de los aportes o depósitos efectuados por la entidad de trabajo demandada tanto al Fondo de Ahorro como al Fondo Especial de Prestación de Antigüedad Convencional FEPAC que lo sustituyó. El extracto de la sentencia transcrita, fue lo establecido por el A quo, y no constituyó un criterio de la Sala.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En la sentencia, la Sala señaló que los aportes patronales al ahorro son salario en la medida en que el trabajador pueda disponer de ellos. Continuando con lo anterior, para que los aportes patronales al ahorro tengan posibilidades de ser considerados como elementos no salariales se requiere que dichos aportes efectivamente fomenten el ahorro del trabajador y no supongan una simulación o fraude a la Ley. Es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: (a) Debe existir un aporte del trabajador; (b) El aporte del patrono debe ser proporcional al aporte del trabajador; (c) El aporte patronal al ahorro no debe representar una parte muy significativa del ingreso del trabajador; (d) Las reglas que regulen el monto de los aportes del patrono deben ser de aplicación general para todos los trabajadores de cada categoría; (e) Deben existir limitaciones para la obtención de préstamos y la realización de retiros por parte del trabajador.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196146-076-17217-2017-14-1484.HTML

Salario por Unidad de Tiempo o Fijo y Salario Variable


Ley-Orgánica-de-Prevención,-Condiciones-y-Medio-Ambiente-de-Trabajo

Sala de Casación Social

Recurso de Casación

TSJ/SCS N° 082. Fecha: 20-02-2017

Caso: Recurso de Casación en demanda interpuesta por Nielsy Romero y otro contra Global Guards, C.A. y otra

Decisión: Se declara Con Lugar el Recurso de Casación y en consecuencia se Anula la decisión recurrida.

“Bajo ese orden argumentativo, esta Sala de Casación Social pudo apreciar de los recibos de pagos pertenecientes a los trabajadores -a los que se les confirió valor probatorio- que quincenalmente éstos percibían una remuneración conformada por los días trabajados, días libres, bono nocturno -en el caso del ciudadano Nielsy Enrique Romero-, bono de eficiencia, prima de antigüedad, hora de descanso y hora adicional de trabajo, entre otros elementos que variaban conforme al tiempo empleado en la labor desplegada por estos trabajadores independientemente del resultado, lo que conduce a asegurar que la remuneración percibida por los actores no pueda catalogarse como un salario variable, pues el trabajo desarrollado por los accionantes se enmarca dentro de un salario estipulado por unidad de tiempo y no por obra, por pieza o a destajo.

En sintonía con lo expresado, esta Sala de Casación Social mediante decisión Nro. 1.215 de fecha 2 de diciembre de 2013, caso: Alexis Jovan Ocariz Silva contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.), dejó sentado lo siguiente:

El carácter del salario lo determina la unidad considerada para medir su cuantía, así el salario es fijo cuando es estipulado por unidad de tiempo, en este caso se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin considerar el resultado del mismo. En cambio, el salario es variable cuando es estipulado por obra, por pieza o a destajo, en estos casos se toma en cuenta el trabajo realizado por el trabajador, sin considerar el tiempo empleado para ejecutarlo.

En el caso de autos, el salario fue estipulado por unidad de tiempo -mensual-, lo que significa que el salario es fijo, sin que pierda su carácter porque el trabajador percibiera un bono de producción anual con un monto variable, sostener lo contrario sería como pretender que, mutatis mutandi, un salario estipulado por unidad de tiempo o fijo se convierta en salario variable porque el trabajador perciba montos variables por laborar horas extras regularmente. 

Del criterio parcialmente transcrito, se desprende que el salario estipulado por unidad de tiempo o fijo no puede convertirse en una remuneración variable porque el trabajador perciba montos inconstantes por laborar en horas adicionales entre otros -como ocurre en el asunto bajo examen-, lo que conduce a esta Sala a determinar que el salario devengado por los accionantes era un salario fijo, por consiguiente, ello no tendría incidencia en el pago de los días domingos y feriados, conforme a lo previsto en el artículo 216 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el criterio que establece que la diferencia entre salario por unidad de tiempo o fijo y salario variable es la unidad de medida sobre la cual se calcula, tal y como se establece en los artículos 113 y 114 de la LOTTT.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196197-082-20217-2017-16-400.HTML

Durante la suspensión de la relación de trabajo no se generan vacaciones ni utilidades pero sí antigüedad


MONITOREO1

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 75. Fecha: 17/02/2017.

Caso: Recurso de casación en el juicio que por cobro de prestaciones sociales, indemnización derivada de enfermedad ocupacional y daño moral sigue KEIDA BEATRIZ RIVERO MARTÍNEZ, contra GRAN HOTEL DELICIAS, C.A., y solidariamente a GIAN CARLO FRANCESCHI.

Decisión: Sin lugar el recurso, se confirma la sentencia recurrida. Para decidir, la Sala expresó:

“Conforme al análisis de las normas antes transcritas, se puede apreciar, en primer lugar, que la suspensión de la relación de trabajo procede por enfermedad ocupacional que le impida al trabajador prestar servicio, por un período que no debe exceder de doce meses, y, en segundo lugar, que durante el tiempo de la suspensión el trabajador o trabajadora no estará obligado u obligada a prestar el servicio ni el empleador a pagar el salario, por tanto, este período no contará como tiempo efectivo de servicio a los efectos de los beneficios -vacaciones, utilidades y bono vacacional-, a los que tendría derecho el trabajador de no estar suspendida la relación, pero si se tomará en cuenta solo para la antigüedad del trabajador.

Con el propósito de verificar si el fallo recurrido está incurso en la infracción delatada se transcribe del mismo lo siguiente:

(…)

Del extracto transcrito de la recurrida, esta Sala observa que el ad quem basó su decisión en el hecho que la relación de trabajo se encontraba suspendida desde el 18 de octubre de 2012 hasta su finalización, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, estableció que el tiempo transcurrido a partir de la suspensión no cuenta como tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, no se derivó para la trabajadora los beneficios reclamados.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La suspensión de la relación de trabajo es la cesación temporal de la actividad de trabajo, que no pone fin al vínculo laboral, el cual se reanuda una vez cesa la causa de interrupción. La Sala estableció que el tiempo de suspensión este período no se cuenta como tiempo efectivo de servicio a los efectos de los beneficios de vacaciones, utilidades y bono vacacional, pero sí para la antigüedad del trabajador.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196142-075-17217-2017-16-236.HTML

Accidente en la ruta al trabajo o accidente in itinere


Ley-Orgánica-de-Prevención,-Condiciones-y-Medio-Ambiente-de-Trabajo

Sala de Casación Social.

Recurso de apelación.

TSJ/SCS Nº 58. Fecha: 13/02/17.

Caso: Recurso de apelación en la demanda de nulidad de acto administrativo interpuesta por MONAPLAS, C.A., contra la certificación N° 0426-2014 de fecha 17 de julio de 2014, emanada de la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Monagas y Delta Amacuro adscrita al Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laborales INPSASEL, que calificó como laboral el accidente de tránsito in itinere sufrido por la ciudadana AIDA DEL CARMEN DUARTE DE VIÑA.

Decisión: Se declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, se revoca la decisión recurrida y se declara sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por MONAPLAS. La Sala indicó:

“De acuerdo con el informe de investigación de origen de accidente,  que forma parte del expediente administrativo resalta que el trayecto (rutagrama) que debió ser  solicitado por la empresa al trabajador en el que especificara el recorrido desde su casa al trabajo y viceversa así como el tiempo empleado, es inexistente, es decir, que sin ese instrumento no existe punto de partida para establecer lo habitual del itinerario que debe transitar la trabajadora a su ida y regreso de su hogar a su trabajo, menos aún a esas altas horas de la noche donde debe resguardarse de zonas donde exista algún riesgo o peligrosidad.

Se dejó plenamente establecido en el expediente y por el informe de investigación de accidente de trabajo (folios 26 y 423 1ª y 2ª pieza del expediente, respectivamente), que la empresa no notificó los riesgos en trayecto ni registró una vía o ruta para los trabajadores desde su casa hasta la entidad de trabajo (rutagrama) el cual sería el punto de partida para realizar la investigación, lo que ocasiona la falta de certeza acerca de si el recorrido habitual de la trabajadora, era el lugar donde ocurrió el accidente. Esa carencia del rutagrama, provocó que el funcionario del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales advirtiera a la entidad de trabajo, y además la apercibiera por no notificar el accidente de trabajo recomendando un procedimiento de multa, razón por la cual por el principio de favor y el in dubio pro operario debe tenerse como cierto -porque no existe otra prueba concluyente- que el recorrido habitual de la trabajadora en altas horas de la noche era por donde circulaba en ese momento donde ocurrió el accidente de tránsito.

En otras palabras, el funcionario estableció la vía más corta y expedita a su parecer, pero tal apreciación no se encuentra corroborada por la declaración de testigos y el testimonio directo de la trabajadora accidentada que demostrase el recorrido habitual y la hora de salida en altas horas de la noche. De allí que no quedaron probados los hechos que la recurrida estableció en consonancia con la pretensión de la parte actora, siendo otro aspecto favorable al débil jurídico.

Concluye esta Sala afirmando que la concordancia entre estos dos elementos de tiempo y lugar, deben ser concurrentes para catalogar el accidente in itinere como de carácter laboral, cuestión que como se explicó supra fueron demostrados considerando que, la empresa no cumplió con el deber de solicitar a la trabajadora cuál era su recorrido habitual para ir del trabajo a su hogar a esas altas horas de la noche, por lo que concuerdan los elementos temporales y espaciales que califican el infortunio como de trabajo, sin que haya prueba en contrario aportada por la parte actora en nulidad, siendo procedente la denuncia del apelante. Y así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia establece la importancia de que se tenga una declaración de recorrido habitual o trayecto hacia y desde el centro de trabajo, como se desprende del artículo 69, numeral 3, de la LOPCYMAT. Así en caso de no tenerlo, se acepta como válida la ruta utilizada por el trabajador y se reconoce como un accidente in itinere.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196002-058-13217-2017-16-244.HTML

No basta alegar daños y perjuicios, se deben probar


MONITOREO1

Sala de Casación Social. 

Recurso de Casación. 

TSJ/SCS Nº 29. Fecha: 31/01/2017.

Caso: Recurso de casación en el juicio de cumplimiento de contrato seguido por  JOSÉ LUIS DE LA TRINIDAD DELGADO contra el GRUPO INMOBILIARIO CEDEÑO MÉNDEZ C.A., y solidariamente contra MANUEL RENÉ CEDEÑO ROMERO, así como contra los herederos del de cujus NELSON ALFONSO MÉNDEZ RODRÍGUEZ, ciudadanos NELSON MÉNDEZ, MANUEL MÉNDEZMARÍA PINTO y LIGIA ARROYO.

Decisión: Con lugar la demanda, se anula el fallo recurrido. La Sala indicó:

“Ahora bien en cuanto a la indemnización solicitada relativa al pago de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000) por concepto de daños y perjuicios es preciso señalar que para su procedencia no basta únicamente su alegato, como ocurrió en el presente caso, sino que la parte tiene la carga de argumentar y demostrar en qué consiste el daño cuya indemnización pretende, actuación con la cual no cumplió el demandante quien solo se limitó genéricamente  a solicitar se le indemnizase, por lo que debe declararse la improcedencia de tal requerimiento. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En la sentencia se establece una diferencia entre la aplicación de “oficio” a conceptos de índole laboral, y conceptos de origen pecuniario u obligaciones pecuniarias como es el caso de daños y perjuicios. Esto es, no basta únicamente su alegato, como ocurrió en el presente caso, sino que la parte tiene la carga de argumentar y demostrar en qué consiste el daño cuya indemnización pretende.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195734-029-31117-2017-16-025.HTML

Lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador


DINERO

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 27. Fecha: 30/01/17.

Caso: Recurso de casación en el juicio por indemnizaciones derivadas de accidente laboral que siguen LUZ MERALYS JIMÉNEZ MOLINA, en su nombre y en representación de sus dos hijos E.D.C.J. y E.S.C.J., contra INVERSIONES JUANA ANTONIA, C.A. y el grupo económico conformado por las empresas COROMIX PREMEZCLADOS, C.A.COROMIX CORO, C.A. y COROMIX PARAGUANÁ, C.A. (GRUPO COROMIX).

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Lucro cesante

A este respecto, debe indicarse que es criterio reiterado y pacífico de esta Sala que para la procedencia de los reclamos por lucro cesante se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Sobre tal premisa, esta Sala de Casación Social ha afirmado en reiteradas oportunidades, entre ellas en decisión nº 768 del 6 de julio de 2005, el criterio que sigue:

[…] el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el Artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio este, mantenido por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. En lo que respecta al Artículo 1.354 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso Isidro Arias Suárez contra Manufacturas Orgam, C.A.).’ (Sentencia N° 116, de fecha 17 de mayo de 2000, Sala de Casación Social).

Así las cosas, y en lo que se refiere al lucro cesante, es obligación de los órganos jurisdiccionales ajustar su decisión a los extremos que exige el derecho común en materia de hecho ilícito, por lo que es necesario verificar si la materialización del accidente o enfermedad ocupacional, según sea el caso, ha concurrido la intención, negligencia o imprudencia del empleador, demostrando el daño sufrido y la relación de causalidad.

El artículo 1.273 del Código Civil, establece.

Los daños y prejuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación.

En tal sentido, toda vez que quedó demostrado el hecho ilícito del patrono y que resulta imposible que el ciudadano Edgar Castro siga percibiendo ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales, procede condenar al pago por lucro cesante, para lo cual se considera la edad del causante al momento del accidente (30 años) y el tiempo útil de un trabajador según lo establece la Ley del Seguro Social (de 60 años de edad), aunado al hecho de que el contrato era por tiempo indeterminado. De lo anterior, resulta que el ciudadano Edgar Castro, contaba con una vida útil 30 años de edad, correspondiendo el cálculo de la indemnización a razón el salario integral diario, base de cálculo admitida por esta Sala de Casación Social, entre otras en sentencia n° 341 del 11 de abril de 2016 (caso Carmen Zoraima Delgado de Abreu y otros contra Cantv).

Por tanto, la Sala acuerda como indemnización por lucro cesante la cantidad de Bs. 1.700.352,00, que resulta de multiplicar el salario integral diario del trabajador, por 10.800 días. Así se decide.

De la responsabilidad del grupo Coromix

Al momento de resolver el recurso de casación, se dispuso que la responsabilidad civil ordinaria del patrono por hecho ilícito, no excluye necesariamente la posibilidad de que se admita, al propio tiempo, la reclamación por responsabilidad civil de quien concurre en el hecho ilícito.

Partiendo de esta premisa, se observa que el caso marras el grupo Coromix participó en la comisión del hecho ilícito que produjo la muerte del ciudadano Edgar Castro, circunstancia que se verifica, entre otros elementos, del expediente de investigación del Inpsasel en el cual cursa la certificación de accidente de trabajo que dispone:

[…] para el momento del hecho se encontraba específicamente en la parte superior de la edificación sujetando el brazo mecánico del equipo bomba de concreto con el propósito de realizar el vaciado de cemento, en ese momento dicho brazo (cuello de jirafa o pluma) golpea una línea de alta tensión provocando una fuerte descarga eléctrica al trabajador supramencionado ocasionándole la muerte, debida a Insuficiencia Cardio-Respiratoria Aguda, Choque eléctrico […]. [Folio 157 de la pieza 3 del expediente].

Esta prueba, al igual que los testimonios y el informe de Corpoelec, dan cuenta de la presencia del camión de concreto premezclado el día del accidente, y que fue el brazo jirafa o pluma del referido camión el que derribó la línea eléctrica que causó la muerte del trabajador Edgar Castro.

Al mismo tiempo, en informe de la Corporación eléctrica Nacional, S.A., que figura en la pieza tres del expediente, refiere que la ruptura abrupta de la línea de media tensión (13 kV) correspondiente al circuito Los Taques, fue provocada por un camión de la empresa Coromix que estaba haciendo un vaciado de concreto.

De acuerdo con esto, observa la Sala que los dependientes o trabajadores del grupo Coromix, fueron quienes operaron los equipos que causaron la ruptura abrupta de la línea de media tensión eléctrica. Que además el grupo Coromix es el propietario del camión bomba y la jirafa o pluma que causa la ruptura de la línea de alta tensión eléctrica, de tal modo que el accidente de trabajo es imputable de manera concurrente a la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y al grupo Coromix, de conformidad con los artículos 1191 y 1195 del Código Civil.

De tal manera, si bien en el caso no se encuentran presentes las circunstancias para establecer la responsabilidad del grupo Coromix por lo que respecta a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social, no ocurre lo mismo en relación a la responsabilidad de acuerdo a las normas de derecho civil.

Consecuentemente, de conformidad con las normas de derecho común, específicamente de acuerdo a los artículos 1.191 y 1.195 del Código Civil, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la condena por lucro cesante establecida en este fallo. Así se decide.

De la indemnización a cargo del grupo Coromix por concepto de daño moral o extrapatrimonial

Los demandantes reclaman a título propio, indemnización por daño moral ante el sufrimiento que les supone la muerte del ciudadano Edgar Castro, alegando que deben responder solidariamente la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y el grupo Coromix.

Al respecto, quedó comprobado en autos que hubo una lesión a un bien extrapatrimonial que afecta a la esfera íntima de los actores generando una aflicción, lo cual da lugar a una indemnización compensatoria, ya impuesta por la Sala a la empresa Inversiones Juana Antonia, C.A.

Ahora bien, observando que en el presente caso existe la circunstancia particular de la concurrencia del grupo Coromix en el hecho generador del infortunio (por cuenta de los dependientes del grupo), y que se han determinado los elementos de su responsabilidad civil (daño, culpa y relación de causalidad) según el cúmulo de pruebas aducidas al proceso, corresponde establecer su responsabilidad solidaria de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1191, 1195, 1196 y 1221 del Código Civil, último de los cuales dispone:

Artículo 1.221. La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho a uno solo de ellos liberte al deudor para con todos.

Conviene reiterar que en el caso bajo análisis hubo una cadena causal. Inobservancia de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A., y la acción para la ocurrencia del daño por parte del grupo Coromix. La primera (patrono) tenía la capacidad (y la obligación) de evitar el infortunio, y el segundo realizó la acción necesaria que produjo la muerte (golpear la línea de transmisión eléctrica).

De tal modo, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la indemnización compensatoria por daño moral establecida precedentemente, atendiendo a que, en definitiva, se trata de un solo concepto que obedece a la aflicción producida por la muerte del ciudadano Edgar Castro. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la procedencia y determinación del lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador, esto es, que se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Además, establece la responsabilidad solidaria de un grupo económico por su concurrencia en el hecho generador del daño.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195641-027-30117-2017-15-1317.HTML

Las propinas recibidas por un mesero sí son salario


Billetes-de-100-1024x714-760x460-760x460

Sala de Casación Social. 

Recurso de control de legalidad. 

TSJ/SCS Nº 20. Fecha: 26/01/2017.

Caso: Recurso de control de la legalidad en el juicio que por cobro de acreencias laborales sigue CÉSAR ALFONZO DELGADO contra INVERSIONES L´ INCANTO, C.A., y solidariamente CHARLES DENIS DE SOUSA RODRÍGUEZ y JOAO DIONISIO DE SOUSA DE JESÚS.

Decisión: Con lugar y se anula parcialmente el fallo. Expuso la Sala:

“NATURALEZA SALARIAL DEL PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO Y LAS PROPINAS: Se instruye del contenido establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (…)

PROPINA: la norma expresamente señala que el valor que para él representa el derecho a percibirlas se considerará de carácter salarial.

La demandada rechazó que las propinas recibidas por el demandante tenga naturaleza salarial con el argumento que el derecho a percibirlas fue tasado en dos (2) Unidades Tributaria (U.T.), que dicho elemento de cálculo (Unidades Tributarias) se actualiza anualmente y por ello, en su decir, el haber tasado el derecho a percibir propinas determinan: 1) que las propinas no son una parte variable del salario, 2) que el pago, de la incidencia salarial del valor del derecho a percibir propina en los días de descanso semanal está comprendido dentro del valor tasado y, 3) que el valor tasado del derecho a percibir las propinas no tiene naturaleza salarial y por ello no causan incidencia salarial en la base de cálculo de ningún concepto. Sin duda el argumento de defensa de la demandada es errado, pues, el hecho que se haya tasado el derecho a percibir propinas no desvirtúa la naturaleza salarial legal (atribuida por la Ley) del referido pago por propinas, ni le atribuye una naturaleza distinta. Así mismo, el valor tasado del derecho a percibir propina no se constituye en un valor paquete, es decir, que en su valor estén contenido la incidencia salarial de dicho elemento en todos o algunos de los conceptos causados con motivo de la existencia de un contrato de trabajo y, finalmente, tampoco determina que el ingreso tasado por la propina se constituya en un elemento fijo del salario, pues, el valor tasado del derecho a percibir propina o la propina tasada mantienen su naturaleza salarial legal y el valor que hayan acordado las partes (trabajador y patrono) se integra al salario normal como elemento base de cálculo de los derechos del trabajador. Así se declara. 

PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO: La demandada rechaza la naturaleza salarial de dicho pago, por cuanto en su decir; los elementos base de cálculo que ella usó para determinar el monto a pagar por dicho porcentaje están comprendidas las cantidades que le puedan corresponder al demandante por concepto de la incidencia salarial en los descansos semanales. Ahora bien, el elemento base de cálculo al cual hace referencia la demandada y por el cual considera que no se adeudan incidencias, es el número de días de la semana en el que se toman las ventas totales, esto es, que se toman las ventas completas del total de días de la semana trabajados por la empresa sin excluir los días de descanso que haya disfrutado cada trabajador. Así las cosas, dicha base de cálculo del porcentaje sobre el consumo no libera a la demandada de su obligación de considerar lo pagado por dicho concepto como elemento integrante del salario normal para el cálculo de los días de descanso semanales trabajados. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Consideró la Sala que el demandante tenía derecho al reconocimiento de la propina como salario, es decir, que el monto porcentual recibido en propina sí tiene carácter salarial de conformidad con el art. 108 LOT. Otro conflicto muy común con el pago de las propinas es si son o no salario variable, y si las mismas se pueden pagar sin salario fijo en paralelo. Es decir, ¿Un trabajador puede devengar sólo variable o comisión sin contar con un salario fijo y seguro?

La Sala de Casación Social TSJ estableció en el pasado que, entre las características que debe comportar el salario (incluyendo al salario variable) está que sea: “cierto y seguro, no sujeta a ninguna contingencia[1], por lo que bajo ese criterio siempre debía el trabajador obtener “por el empleador[2]una parte fija de salario, y que esa parte fija en ningún caso podía comportar un ingreso menor al salario mínimo (Ver art. 129 LOT y 129 LOTTT). Bajo el referido criterio se presentaron numerosas demandas de trabajadores a los que se les remuneró con base en comisiones o propinas sin una parte fija de, por lo menos, el salario mínimo legal. En dichos casos el trabajador demandaba el pago correspondiente a la parte fija y su efecto sobre prestación social de antigüedad, vacaciones, bono vacacional, utilidades, y otros conceptos.

Ese criterio cambió a través de numerosas sentencias (SCS-TSJ N° 0387 del 10/06/13; N° 1466 del 17/12/13; N° 0961 del 28/07/14, y Caso de propinas Restaurant Lee Hamilton N°1266 del 12/08/14), y se advierte que a las demandas presentadas luego del cambio de criterio les será aplicado el nuevo. Este permite que se pague únicamente salario variable sin la parte fija, siempre que ese pago del variable (ej. comisiones o propinas) sea superior al mínimo legal, y por tanto no serán procedentes demandas en las que se pretenda el pago de la parte fija o su diferencia con relación con el salario mínimo.

[1] Sentencia SCS-TSJ N° caso Ferre Herramientas N° 1716 de fecha 06/11/09.

[2] Se dice “por el empleador” debido a que no se aceptó que el pago proviniera de un tercero, por ej. co­mensales en el caso de las propinas.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195505-020-26117-2017-15-1420.HTML