Formas de desvirtuar la presunción de laboralidad


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

TSJ/SCS Nº Sent: 722        Fecha: 04-08-2017

Caso: Demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por José Luis Cadenas Rodríguez contra Asociación Civil Unión Barquisimeto y otro

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN BARQUISIMETO, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa en fecha 21 de junio de 2016. ANULA el fallo anteriormente identificado y, SIN LUGAR la demanda incoada, por el ciudadano José Luis Cadenas Rodríguez. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión.

Extracto:

“De los elementos probatorios descritos y su análisis en conjunto surgen elementos suficientes que conllevan a concluir que la prestación del servicio laboral alegada en el libelo, pudo efectuarse, no para la Asociación Civil accionada, sino que eventualmente pudo configurarse con el propietario de la unidad de transporte, es decir, uno de los socios que integran la Asociación Civil, individualmente considerados.

En este orden de ideas, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que establece a la letra:

Artículo 53. Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba.

La norma en referencia consagra unos de los principios protectores que inspira al Derecho del Trabajo, como lo es la presunción de laboralidad, entendida como una herramienta de facilitación probatoria del trabajador que es desvirtuable por prueba en contrario, en ese sentido, la prestación personal del servicio a un empleador determinado, se configura como presupuesto indispensable para afirmar la existencia del contrato de trabajo.

Las consideraciones previamente expuestas, una vez adminiculadas con la doctrina de la Sala ut supra citada, permiten a la Sala precisar, no obstante la presunción de laboralidad establecida por efecto de la confesión relativa sin el debido análisis probatorio por parte del juez de alzada, que existen elementos en autos capaces de desvirtuar que el servicio haya sido prestada a la Asociación Civil Unión Barquisimeto, parte demandada en el presente juicio.

…OMISSIS…

Ahora bien, del análisis en conjunto de los elementos probatorios descritos y valorados, esta Sala tiene como un hecho cierto que el afiliado de la Asociación Civil Unión Barquisimeto, Freddy Pérez, según consta de la copia fotostática del Acta de Asamblea Ordinaria del referido ente, traída al proceso por la parte actora –folios 27 al 30 pieza 1 del expediente–, asumiendo el carácter de empleador, suscribió un contrato de trabajo con el accionante, a quien se le canceló prestaciones sociales y demás beneficios de trabajo derivado del contrato laboral, por el servicio prestado en los vehículos utilizados como unidades de transporte público, propiedad del empleador, antes identificado.

Bajo esa óptica, considera la Sala relevante citar el criterio sostenido en casos análogos al que se analiza, en el cual se determinó lo siguiente:

(…) el actor no logró demostrar la forma en que realizaba su actividad, quién supervisaba su trabajo, el tiempo y lugar de trabajo, forma de efectuarse el pago, la exclusividad, naturaleza del pretendido patrono etc., por lo que no se configuró la relación laboral alegada por el accionante en la presente causa.

Es decir, no existe en autos suficientes elementos probatorios que determinen que se han configurado los elementos de una relación de trabajo del actor con la accionada. Así y como antes se indicó, pudo haber quedado en cierta forma demostrada la prestación de servicios de forma ocasional, pero ello no se puede asimilar con una relación de trabajo, porque hay carencia de los otros elementos configurantes de la misma, como son, percepción de salario, la subordinación o dependencia y la ajenidad. La eventual relación sostenida entre el propietario del vehículo y el accionante resulta ajena a la situación que se verifica en el caso de autos entre la Asociación Civil demandada y quien presta sus servicios como chofer.

En tal sentido, analizada la prestación de servicios a la luz de los elementos que configuran la relación de trabajo, en el caso de una persona que preste sus servicios como avance -chofer que conduce un vehículo que presta servicios en el transporte público terrestre, sin tener la titularidad o propiedad del mismo- no se configura una relación de trabajo entre éste y la sociedad que preste servicios de transporte público, en todo caso y como se indicó en la audiencia pública y oral, habría una relación laboral entre el trabajador demandante y el propietario del vehículo.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto al no existir una relación laboral entre el avance y la Asociación Civil aquí demandada, se declara sin lugar la demanda. Así se resuelve. (Sent. N° 337 de fecha 7 de marzo de 2006 (caso: Carlos Abelardo Sanabria Torres contra “Unión de Conductores San Antonio”) (Resaltado de la presente decisión).

El criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, ha sido ratificado en diversas sentencias de esta Sala, entre otras en la N° 504 de fecha 10 de marzo de 2006 (caso: Rómulo Amado Delgado contra Cooperativa A.C. Mixta Los Tacariguas, R.L.) y en la N° 530 del 10 de julio de 2013 (caso: Rafael Marcano contra Unión Conductores Palo Alto -Santa Rosa y otro).

En el caso bajo estudio, conforme con lo expuesto, visto que en el escrito libelar además de alegarse la prestación del servicio personal a la Asociación Civil demandada, no se efectuó afirmación alguna con relación a la forma en que se realizaba la actividad, quién supervisaba el trabajo, cómo fue la forma de efectuarse el pago, como se materializó la exclusividad, entre otras características de la prestación del servicio y, constatado como ha sido que un socio del ente accionado fungió como empleador, cabe ratificar en el caso de marras que en el supuesto de que una persona preste sus servicios como avance –y chofer que conduce un vehículo que presta servicios en el transporte público terrestre, sin tener la titularidad o propiedad del mismo– no se configura una relación de trabajo entre éste y la sociedad que preste servicios de transporte público, en todo caso habría una relación laboral entre el trabajador demandante y el propietario del vehículo.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio según el cual, en los casos de prestación de servicio de conductor de un vehículo de transporte público por quien no es el propietario del mismo, se aplica la presunción de laboralidad con respecto a este y no con la empresa o asociación civil prestadora del servicio. 

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202021-0722-4817-2017-16-751.HTML

Requisitos para obtener indemnización por accidente o enfermedad de trabajo


DINERO

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 706                  Fecha: 03-08-2017

Caso: Demanda de indemnización interpuesta por Robert José Marín Sánchez contra Ford Motor de Venezuela, S.A.

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en fecha 10 de agosto de 2016. NULA la sentencia recurrida. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ROBERT JOSE MARÍN SANCHEZ, contra la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.

Extracto:

“En relación con la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el mencionado artículo establece que en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión; en el caso particular del numeral 4 del mencionado artículo, la indemnización será el equivalente a no menos de dos (2) años de salario ni más de cinco (5) años.   

        En ese sentido, esta Sala hizo una revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente, y pudo constatar del mismo, la certificación de enfermedad ocupacional emitida por la Diresat-Carabobo, la cual certificó que el trabajador demandante Robert José Marín Sánchez, padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual (ver folio 66 y 67, pieza N° 1). Asimismo se observa, que existe informe médico marcado “F”, cursante al folio 65 de la primera pieza, expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub-Comisión del estado Carabobo, donde se diagnosticó al demandante: “VERTEBRA EN CUÑA L2-L3. ARTROSIS LUMBAR SEVERA, ESCOLIOSIS LUMBAR- DEGENERACIÓN DE DISCOS L2.L3, L5.S1”; con una pérdida de capacidad para el trabajo de 67%.

        Por otra parte es importante destacar, que conforme al reiterado criterio  jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, no basta la certificación de enfermedad ocupacional emitida por el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales, para considerar que corresponden las indemnizaciones a que se contrae el artículo 130 y siguientes de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), toda vez que dicha certificación por sí sola, no resulta suficiente a los efectos de demostrar por ejemplo, que exista una relación de causa efecto entre el incumplimiento de obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la aparición o el agravamiento de los padecimientos físicos del trabajador o trabajadora demandante. De donde se desprende, que por el sólo hecho de que la mencionada institución, declare la existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, no corresponden automáticamente, las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, específicamente las contenidas en el artículo 130 de la ley especial en materia de salud y seguridad laborales.

Al respecto, ha establecido de manera reiterada tanto esta Sala de Casación Social, como Sala Constitucional, que en casos como el de autos, donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, necesariamente deben demostrarse al menos tres elementos que resultan absolutamente indispensables para que procedan dichas indemnizaciones, a saber: la ocurrencia del daño mismo, el incumplimiento de normas y obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y finalmente, una relación causal entre dichos incumplimientos patronales y la ocurrencia del infortunio laboral, llámese éste accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En el criterio expresado por la Sala se aclara que no todo accidente de trabajo o enfermedad que afecte el desempeño laboral de una persona da derecho a la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley orgánica de Prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo; debe demostrarse además que hay relación de causalidad entre el accidente o enfermedad y una conducta culposa o dolosa por parte del patrono.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/201813-0706-3817-2017-16-857.HTML

Las circunstancias que constituyen un accidente de trabajo


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

TSJ/SCS Nº 694                  Fecha: 02-08-2017

Caso: Servicios Venezolanos Costa Afuera, C.A. contra acto administrativo CMO-NE-002-15, de fecha 23 de enero de 2014, dictada por Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, hoy Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). Tercero interviniente: José Antonio Gutiérrez.

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil SERVICIOS VENEZOLANOS COSTA AFUERA, C.A., contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná; se CONFIRMA el fallo apelado y queda FIRME el acto administrativo recurrido.

Extracto:

“En ese sentido, resulta imperativo traer a colación el contenido del artículo 69, numeral 3, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el cual prevé:

“Artículo 69.- Se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.

Serán igualmente accidentes de trabajo:

(…Omissis…)

  1. Los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo (…)

Ahora bien, se desprende del Acta de Declaración de Accidente de Trabajo, sin fecha en los autos, (folios 18 y 19 de la pieza 1 del expediente); del Informe de Investigación de Accidente del “24 de agosto de 2011” (sic), elaborado por la entidad de trabajo accionante (folios 164 y 165 de la citada pieza) y del Informe para la Calificación de Accidente emanado de la entonces Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) del 8 de abril de 2014 (folios 233 al 242 ídem) que el accidente de tránsito, en el que resultó lesionado el ciudadano José Antonio Gutiérrez, ocurrió el día 26 de abril de 2012, cuando el prenombrado trabajador “(…) se encontrab[a] siendo trasladad[o] vía terrestre desde la ciudad de Carúpano a la Unidad de Perforación PetroSaudí Discoverer [a la cual arribaría vía marítima (en lancha) desde] (…) el muelle Ubicado en la Ciudad de Cumaná” (Agregados de este fallo), siendo a destacar que se desplazaba entre las referidas ciudades, con la finalidad de acudir a su lugar de trabajo a bordo de un vehículo (automóvil, tipo taxi) de un particular, que había sido contratado por su patrono a tales fines, y que el accidente se produjo, específicamente, en la “Carretera Cumaná-Carúpano Sector Mariguitar”, del Estado Sucre, por colisión entre dos vehículos.

…OMISSIS…

Ahora bien, del contenido de tales probanzas y lo establecido en la sentencia apelada, se desprende que el accidente padecido por el trabajador, en fecha 26 de abril de 2012, momento en el que se dirigía a cumplir sus labores correspondientes al cargo de “Camarero” en la entidad de trabajo accionante, a bordo de un vehículo (taxi) que había sido contratado por el patrono con esa expresa finalidad, ocurrió, en la carretera que comunica a las ciudades de Carúpano y Cumaná del Estado Sucre, específicamente en el sector denominado Mariguitar, destacándose que se trasladaba hacia la última de las indicadas ciudades, por cuanto allí abordaría una lancha que lo transportaría a la “Unidad de Perforación PetroSaudí Discoverer” (Buque Taladro), para ese entonces, ubicada en la costa (campo Dragón) del Estado Sucre de la República Bolivariana de Venezuela, punto no controvertido en el juicio sub examine, circunstancias que permiten determinar que el accidente suscitado, constituye una acción determinada con ocasión del trabajo, puesto que en tales circunstancias el ciudadano José Antonio Gutiérrez, estaba a disposición y bajo la responsabilidad de su empleador, sociedad mercantil Servicios Venezolanos Costa Afuera, C.A., como fuera certificado por la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en fecha 23 de febrero de 2015, conforme a la investigación realizada para la calificación del accidente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio según el cual, el accidente de tránsito ocurrido en el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo debe considerarse como un accidente de trabajo; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/201730-0694-2817-2017-17-093.HTML

El derecho del trabajador de conocer las condiciones y riesgos en el sitio de trabajo


Ley-Orgánica-de-Prevención,-Condiciones-y-Medio-Ambiente-de-Trabajo

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 680                   Fecha: 01-08-2017

Caso: Juicio por cobro de indemnización por enfermedad laboral interpuesta por María Auxiliadora Graterol Bastidas contra Manaplas, S.A.

Decisión:  SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, sociedad mercantil MANAPLAS, S.A., contra la sentencia dictada el 11 de febrero de 2015, por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“Para la resolución de la denuncia planteada, resulta imperativo reproducir la normativa prevista en los numerales 3 y 4 del artículo 56, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, los cuales se transcriben a continuación:

Artículo 56. Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su desarrollo en los términos previstos en la presente Ley y en los tratados internacionales suscritos por la República, en las disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así como en los contratos individuales de trabajo y en las convenciones colectivas. A tales efectos deberán:

(Omisis)

  1. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras de los principios de la prevención de las condiciones inseguras o insalubres, tanto al ingresar al trabajo como al producirse un cambio en el proceso laboral o una modificación del puesto de trabajo e instruirlos y capacitarlos respecto a la promoción de la salud y la seguridad, la prevención de accidentes y enfermedades profesionales así como también en lo que se refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y protección.
  2. Informar por escrito a los trabajadores y trabajadoras y al Comité de Seguridad y Salud Laboral de las condiciones inseguras a las que están expuestos los primeros, por la acción de agentes físicos, químicos, biológicos, meteorológicos o a condiciones disergonómicas o psicosociales que puedan causar daño a la salud, de acuerdo a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

Las normas antes descritas, destacan el derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen las condiciones de seguridad, salud; y bienestar adecuados; entre las medidas que debe cumplir el empleador, está en notificar de los riesgos sobre las condiciones inseguras a que está expuesto el trabajador al inicio de la prestación de servicio, y al momento de producirse una modificación en el proceso laboral o en el puesto de trabajo; igualmente, tiene el deber de capacitar a sus empleados sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud, las medidas preventivas sobre los accidentes o enfermedades ocupacionales y el empleo de dispositivos personales de seguridad y protección.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio acerca del derecho que tiene el trabajador de conocer las condiciones y riesgos en su puesto de trabajo y por lo tanto, la obligación en que se encuentra el patrono de informar por escrito al trabajador de esto al momento del inicio de la relación laboral.

Fuente:   http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/201628-0680-1817-2017-15-319.HTML

Forma de calcular la cuantía para recurrir en casación social


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-193      TSJ/SCS Nº Sent: 626      Fecha: 20-07-2017

Caso: demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por Pedro Celestino Guzmán y otros contra Matadero Municipal de Caroni, C.A.

Decisión: Declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte demandante recurrente.

Extracto:

“El criterio precedentemente transcrito es reiterado por esta Sala de Casación Social, por lo cual considera que, para la determinación del interés principal del juicio en las demandas laborales, se tomará en consideración el valor económico de cada una de las pretensiones reclamadas por los sujetos activos, verificándose que alguna de ellas exceda la cuantía mínima exigida para acceder a casación.

En sujeción al contenido de la decisión previamente citada, observa esta Sala que en la presente causa la acción está integrada por la pretensión de cinco (5) ex trabajadores de la empresa demandada, es decir, cinco (5) sujetos diferentes, lo cual trae como consecuencia que a pesar del litis consorcio activo conformado, cada pretensión deba ser individualmente considerada. A tal efecto, la Sala ha verificado que los montos reclamados fueron expresados de forma separada por cada uno de los actores en el libelo, de la siguiente manera: PEDRO CELESTINO GUZMÁN, por la cantidad de Bs. 102.925,86; ARGENIS ANTONIO MARTÍNEZ QUIJADA, por la cantidad de Bs. 102.925,86; MANUEL VICENTE HIGUEREY, por la cantidad de Bs. 102.925,86; EDITH BERTHA ALEXANDER TORREVILLA, por la cantidad de Bs. 102.925,86; y DOMINGO ISMAEL MARCHAN, por la cantidad de Bs. 102.925,86.

Visto que ninguna de las pretensiones de los actores individualmente consideradas supera la cantidad mínima exigida antes referida para interponer el presente medio recursivo, es decir, la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs. 450.000,00), resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso de casación ejercido, al no estar satisfecho el requisito de la cuantía, conteste con lo pautado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala observó que en el caso bajo estudio la cuantía mínima para recurrir en Casación era de Bs. 450.000,oo (equivalentes a 3.000 UT a Bs. 150,oo) y dicha cantidad fue superada únicamente sumando los montos reclamados por todos los demandantes en conjunto; no obstante, la Sala ratificó su criterio según el cual, la cuantía mínima para recurrir en casación debe calcularse de forma individual y no grupal, aunque las demandas se hayan interpuesto de forma conjunta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201341-0626-20717-2017-17-193.HTML    

Vicio de falso supuesto de hecho en la certificación de enfermedad ocupacional


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Consulta

Nº Exp: 13-1476      TSJ/SCS Nº Sent: 622      Fecha: 19-07-2017

Caso: Demanda de nulidad interpuesta por Festejo Mar, C.A. contra Acto Administrativo N° 0439, de fecha 09/06/2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) caso: Javier Durán Tafur

Decisión: Procedente la consulta de la sentencia dictada. CONFIRMA fallo consultado; y, NULO el acto administrativo impugnado.

Extracto:

“Sin embargo, de una revisión exhaustiva de los autos se constata que cursa en los folios 65 al 95 copia de sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de noviembre de 2009, confirmada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial mediante decisión de fecha 17 de marzo de 2010, en la cual se establece, con fuerza de cosa juzgada, que entre el ciudadano Javier Durán y la sociedad mercantil Festejos Mar, C.A.,  existió una relación de trabajo que inició el 12 de julio de 2005.

Siendo así las cosas, no podía el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales señalar, por no ser cierto, que la relación de trabajo que existió entre el ciudadano Javier Durán y la sociedad mercantil Festejos Mar, C.A., comenzó el 5 de enero de 1993, pues esta inició el 12 de julio de 2005, por tanto, no puede ser certificada como de origen ocupacional la enfermedad diagnosticada al nombrado ciudadano, cuyos síntomas se presentaron en 2001, es decir, cuatro (4) años antes de iniciar la relación de trabajo.

De manera que, en criterio de esta Sala, los hechos que constituyen la base fáctica del acto administrativo impugnado no están debidamente demostrados, por el contrario, están desvirtuados por otros hechos establecidos, con fuerza de cosa juzgada, por los tribunales del trabajo.

Por ello, se concluye que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho. Así se decide.

En virtud de todo lo expuesto, se impone para esta Sala confirmar la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de julio de 2013, que declaró con lugar la demanda de nulidad. Así se decide.

En consecuencia, se declara con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Festejos Mar, C.A., contra el acto administrativo N° 0439-10 de fecha 9 de junio de 2010, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laborales (INPSASEL) –Dirección Estadal (hoy Gerencia Regional) de Salud de los Trabajadores Miranda “DELEGADO DE PREVENCIÓN JESÚS BRAVO”. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Social declara con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la empresa toda vez probó que la Administración (DIRESAT Miranda) incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho al momento de emitir la certificación de enfermedad ocupacional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201214-0622-19717-2017-13-1476.HTML

Lapso del procedimiento de estabilidad, se computa para cálculo de prestaciones sociales y demás conceptos


salario-nota

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Consulta

Nº Exp: 17-112      TSJ/SCS Nº Sent: 619      Fecha: 14-07-2017

Caso: Demanda por coro de prestaciones sociales interpuesta por Orlando José Álvarez y otras contra Corp-Banca, Banco Universal actualmente fusionado con B.O.D. Banco Occidental de Descuento

Decisión: Procedente la consulta de la sentencia dictada. CONFIRMA fallo consultado; y, NULO el acto administrativo impugnado.

Extracto:

“A la par de lo anterior, –se insiste– que esta Sala ha sostenido que ordenado el reenganche de un trabajador despedido injustificadamente, si el patrono persiste en su despido, el lapso transcurrido en el procedimiento de estabilidad laboral, debe computarse como prestación efectiva del servicio para el cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Esto implica afirmar, en el mismo sentido anterior, que debe computarse como prestación efectiva del servicio para el cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales, el lapso transcurrido hasta el retiro justificado manifestado por los trabajadores.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Social reitera su criterio por el cual el lapso del procedimiento de estabilidad, se computa para cálculo de prestaciones sociales y demás conceptos como si efectivamente el trabajador hubiese prestado servicios.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201084-0619-14717-2017-17-112.HTML

Gerente de Servicios Logísticos y Administrativos es calificado como trabajador de Dirección


TSJ organización 1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-872      TSJ/SCS Nº Sent: 618      Fecha: 12-07-2017

Caso: Demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por Antonio María Cárdenas González contra Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación. Se CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“En el caso concreto, fue un hecho admitido que el actor tomaba decisiones conjuntamente con la Comisión de Contrataciones Públicas; y, quedó demostrado que tenía firma autorizada para movilización de cuentas, participaba en las órdenes para pago de servicios, representaba al patrono ante otros trabajadores al ser cabeza de una gerencia y representaba a la institución ante terceros al asistir a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del Edificio Centro Gerencial Mohedano y  formar parte de la Junta de Condominio del mencionado inmueble como Miembro Principal, todo lo cual, considera la Sala son actividades que se corresponden con las funciones de un trabajador de dirección, definidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras e interpretadas por la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social, como lo estableció la recurrida, razón por la cual, no incurrió en falsa aplicación del artículo denunciado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el Gerente de Servicios Logísticos y Administrativos es un trabajador de Dirección. Tal declaración trae como consecuencias, entre otras, la pérdida del derecho de reclamar indemnización por Despido, pero quizás lo más importante es la pérdida del derecho a “estabilidad” y la indemnización adicional en caso de despido injustificado.

Los trabajadores de “Dirección”, son los establecidos en el art. 37 y 41 LOTTT. En nuestro criterio, debemos desaplicar la doctrina jurisprudencial que ha reconocido que esta categoría de trabajadores, son “exclusivamente” los que integran la Junta Directiva o Directorio y por tanto interviene en la toma de decisiones y orientación. Consideramos que al quedar eliminada la figura de trabajador de “Confianza”, los “representantes del patrono” establecidos ahora en el artículo 41 LOTTT, también pasan a ser trabajadores de Dirección, con las consecuencias que esto conlleva. Así se han calificado a Gerentes, Gerentes de Recursos Humanos, Jefes de Relaciones Industriales, Jefes de Personal etc., como Trabajadores de “Dirección”, Ver decisión N° 01240 del 25/10/2012 caso Banco de Venezuela y caso de un “supervisor de mantenimiento” Sent. SPAdministrativa TSJ Nro 490 del 29-04-15.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201025-0618-12717-2017-16-872.HTML    

Cálculo de intereses e indexación de los conceptos condenados en materia del trabajo


IMAGENES3

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 591      Fecha: 03-07-2017

Caso: Juan Carlos Montoya Hernández contra Constructora Noberto Odebrecht, S.A.

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el ciudadano, JUAN CARLOS MONTOYA HERNÁDEZ, contra el fallo dictado por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, sede San Juan de los Morros, el 14 de abril de 2015. SEGUNDO: SE ANULA la sentencia recurrida. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA.

Extracto:

Intereses e indexación.

Establecidos los conceptos adeudados, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio sostenido por esta Sala en sentencia nº 1.841 del 11 de noviembre de 2008 (caso: José Surita contra Maldifassi & Cía. C.A.), esta Sala ordena el pago de los intereses moratorios de los conceptos condenados a pagar a la parte demandada, desde la fecha en que los mismos sean exigibles, vale decir, desde la finalización de la relación de trabajo, a saber, desde el 20 de febrero de 2013 hasta la oportunidad del pago efectivo; el cómputo se efectuará mediante experticia complementaria del fallo, por un único perito designado por el Tribunal de Ejecución, considerando para ello la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni de indexación.

Asimismo, se condena a la parte demandada el pago de la corrección monetaria sobre las sumas ordenadas a pagar, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, sobre la base del índice nacional de precios al consumidor conforme los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, desde la notificación de la demanda el 9 de abril de 2013 (folio 25 de la primera pieza del expediente), para los conceptos laborales acordados, hasta la fecha del pago efectivo excluyendo, únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, así como vacaciones judiciales.

En caso de incumplimiento voluntario, se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se resuelve.

Advierte esta Sala, que si para el momento de la ejecución de la presente decisión está en práctica en dicho tribunal lo previsto en el Reglamento del Procedimiento Electrónico para la Solicitud de Datos al Banco Central de Venezuela del 30 de julio de 2014, emanado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela n° 47 del 5 de marzo de 2015 y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.616 del 9 de marzo de 2015, el juez ejecutor procederá a aplicarlo con preferencia a la experticia complementaria del fallo, para el cálculo de los intereses moratorios e indexación de los conceptos condenados. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social del TSJ, ratifica su criterio con relación a desde cuando se calculan los intereses e indexación sobre conceptos y montos condenados en la sentencia, concluyéndose el pago de los intereses moratorios, desde la finalización de la relación de trabajo hasta la oportunidad del pago efectivo; con base a la tasa de interés fijada por el BCV, y no serán objeto de capitalización, ni de indexación. Mientras en la corrección monetaria sobre las sumas ordenadas a pagar serán calculadas desde la notificación de la demanda hasta la fecha del pago efectivo, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, así como vacaciones judiciales.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200770-0591-3717-2017-15-648.HTML

Supuesta burla a Hugo Chávez es calificada como causa justificada de despido


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 590      Fecha: 03-07-2017

Caso: José Antonio de Barros de Freitas contra Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y otra

Decisión: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de febrero de 2015 y; SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida. Se condena en costas del recurso a la parte actora, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Extracto:

Ahora bien, con relación al punto debatido la recurrida determinó:

Pues bien, respecto a esta circunstancia, vale indicar que el hecho denunciado como desencadenante del despido, fue debidamente probado por la demandada, toda vez que al analizarse la deposición del testigo Antonio José Veracierta Pérez (a la cual se le confirió valor probatorio), quien expresó que en horas del medio día del día 05/03/2013, previo al anuncio final de la muerte del Presidente de la República Hugo Chávez, cuando en Cadena Nacional fue anunciado el padecimiento de enfermedad que acaecía la máxima autoridad del País, inmediatamente comenzaron a surgir burlas en cuanto a la situación anunciada, y entre las personas que festejaban, emitían palabras no adecuadas para ese momento se encontraba el hoy accionante, y, adminicularse con la documental marcada “d”, cursante al folio 62 (a la cual se le confirió valor probatorio), de la cual se desprende comunicación suscrita por el ciudadano Francisco López Soto, en su condición de Gerente de Relaciones Laborales, Gerencia General de Gestión Humano de la Empresa Movilnet, de fecha 14/03/2013, dirigida al ciudadano José Antonio de Barros Freitas, donde, despiden al accionante, en virtud que el día de 05/03/2013, siendo aproximadamente las 5:30 pm, inmediatamente después de que el entonces Vicepresidente de la República hoy Presidente Encargado Ciudadano Nicolás Maduro Moros anunciara en Cadena Nacional el fallecimiento del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, usted, reunido con otro grupo de personas en el área de Logística Comercial, ubicada en el edificio de CANTV, Cortijos III, piso 3 expreso públicamente y de viva voz su jubilo y alegría ante tan lamentable noticia, quedó demostrado plenamente que el ciudadano José Antonio de Barros Freitas, con tal actuar, asumió una conducta no cónsona con las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, pues no es ético ni moral, que durante la jornada de trabajo el accionante celebrara la muerte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que con ello cometió además una falta grave al respeto y consideración debidos al patrono y a sus representantes, lo que hace que se tenga al despido como justificado de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 literales “a”, “c” e “i” de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, por tanto, se confirma la decisión recurrida, empero, con la motiva precedentemente expuesta. Así se establece. (Sic). (Destacado de la Sala).

(…)

En conexión con lo anterior, el respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de considerar, vale decir, equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona, y, en tal sentido, es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es esencial para alcanzar una armoniosa interrelación social, que implique ser tolerante con la persona que no piensa igual, con aquel que no comparte los mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse y, ante la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser, éste representa un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas para garantizar una sana convivencia.

Ahora bien, el respeto no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar y, más aun, de no ofender al prójimo por la manera de conducir su vida y sus acciones, siempre y cuando estas últimas no causen daño alguno, ni afecten o menosprecien a los demás.

Bajo ese hilo argumentativo, llama poderosamente la atención a esta Sala, que la parte demandante en su escrito de formalización del recurso de casación en ningún momento niega haber incurrido en el comportamiento hilarante del día 5 de marzo de 2013, sino que se limita a cuestionar el momento en que éste se produce, circunstancia que conlleva a esta Sala de Casación Social a inferir, que independiente del momento y lugar donde se desarrolle esa conducta -incluso cuando ésta se ocasionara fuera de la empresa o de la jornada de trabajo- se produce la pérdida de confianza del empleador, que como -elemento imprescindible del contrato de trabajo- justifica la terminación de la relación laboral, toda vez que la falta de respeto y compostura que debe mostrar todo trabajador en su labor cotidiana, provoca la falta de seguridad del patrono hacia éste, y permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales.

En consecuencia, al resultar el comportamiento desarrollado por el ciudadano José Antonio De Barros De Freitas -que como quedó demostrado se suscitó desde horas del mediodía del 5 de marzo de 2013- contrario a las consideraciones mínimas debidas a todo ser humano -respeto, amor al prójimo, entre otras- circunstancia que generan la pérdida de confianza del empleador hacia el trabajador y, que conforme fue supra expuesto justifica la terminación de la relación laboral, esta Sala de Casación Social colige, que la conducta del demandante producida el día 5 de marzo de 2013, se encuentre enmarcada dentro de la causal de despido justificado prevista en el literal c) del artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, relativa a la injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono. Así se determina.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social del TSJ, determinó como causa justificada de despido para un trabajador de Movilnet (Filial del operador estatal CANTV), que el ex trabajador se hubiese presuntamente burlado del fallecimiento de Hugo Chávez. Determinando que dichos hechos encuadran en la causa justificada de despido del literal “c” del art. 79 LOTTT (Ofensa al patrono). Lo particular es que La Sala reconoce como patrono al fallecido Hugo Chávez, por ser el presidente de la República, cuando la empresa pertenece al “Estado” venezolano y en todo caso el presidente Chávez no era accionista u ocupaba algún cargo en la directiva de la empresa como patrono o representante del patrono, ejemplo: gerente supervisor del trabajador, no obstante repetimos se le reconoce como patrono, con lo cual se fija un precedente por el cual el actual presidente funge como “patrono” de todos los trabajadores que prestan servicio para empresas del Estado, o de capital del Estado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200769-0590-3717-2017-15-345.HTML