En los reclamos de excesos legales, horas extras, feriados y descansos la carga probatoria es del trabajador


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 1.044                      Fecha: 23-11-2017

Caso: Pedro Manuel Infante Hernández y otros contra CNPC Services Venezuela LTD, S.A.

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada CNPC SERVICES VENEZUELA LTD. S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de febrero de 2017; SEGUNDO: ANULA la decisión impugnada; y TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por los ciudadanos Pedro Manuel Infante Hernández, Johan Mendoza, Héctor José Bermúdez Rodríguez, Harlin José Gómez, Sandro Carpio Oliveros, Martino De Silva Yaguaran; Joel Cairo Mejías, Wilmer Alexander Herrera y Douglas Luis García contra la sociedad mercantil Cnpc Services Venezuela Ltd., S.A.

Extracto:

“En cuanto a los sábados y domingos laborados y no pagados, la parte actora en su libelo de demanda manifestó: “Que la jornada de trabajo fue nocturna, de lunes a viernes, y sin pago de los días sábado ni domingo…”. En lo concerniente ante tal alegato y tal como se estableció en la resolución del recurso de casación, el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando hechos nuevos, y es criterio reiterado de esta Sala, el cual establece que: “…que cuando el trabajador reclama el pago de acreencias distintas o en exceso de las legales o especiales, como horas extras o feriados trabajados, la parte demandada no está obligada a exponer los fundamentos de su negativa de ocurrencia o procedencia, es decir, no está obligada a fundamentar una negativa pura y simple…”, por lo cual, en dichos casos, para que pueda ser declarada procedente la reclamación, corresponde a la parte demandante probar que verdaderamente trabajó en condiciones de exceso o especiales, situación fáctica que no demostraron, al no aportar los actores medios probatorios para ratificar sus dichos; sino por el contrario manifestando en su libelo de demanda que trabajaban de lunes a viernes, razón por la cual al no quedar demostrado la existencia de los sábados y domingos laborados, es por lo que resulta forzoso declarar la improcedencia de tal concepto. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Estableció la SCS/TSJ ratifica su criterio de sentencias análogas como caso AEROTÉCNICA, S.A. (HELICÓPTEROS) de ésta misma Sala Social, de fecha 10/06/03 o en el caso TELEPLASTIC, C.A de fecha 16/12/03 el cual la Sala Social, estableció que: “cuando el trabajador reclama el pago de acreencias distintas o en exceso de las LEGALES o especiales, como horas extras o feriados trabajados, la parte demandada no está obligada a exponer los fundamentos de su negativa de ocurrencia o procedencia. Es decir, no está obligada a fundamentar una negativa pura y simple.” Siendo así entonces, cuando el trabajor reclame estos conceptos, debe probar la justificación de los mismos.

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205563-1044-231117-2017-17-385.HTML

Procede el pago de la indemnización por despido aunque no sea imputable al patrono la terminación de la relación de trabajo


rosales-nota2

Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 1.016                      Fecha: 17-11-2017

Caso: Gregorio Jacobo Gutiérrez Navarro y otros contra Talleres Soloaire, C.A. y otros

Decisión: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 20 de abril del año 2017, emanada del Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido. Se condena en costas a las demandadas según lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Extracto:

…artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

“De la norma precedentemente transcrita se extrae que cuando la terminación del nexo laboral se produzca por causas ajenas a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente a la cantidad que corresponde por prestaciones sociales al accionante. (Sentencia N° 189 del 17 de marzo de 2017, caso: Yolimar Claret Cuellar Salazar contra Sanitas Venezuela, S.A. Empresa de Medicina Prepagada y otra).

 

 En el presente caso se advierte que está suficientemente probado en autos que la causa de terminación de la relación de trabajo, aun cuando no es imputable al patrono, tal como quedó demostrado, tampoco tiene su causa en el trabajador, por lo que a tenor de lo establecido en el citado artículo 92, corresponde la misma indemnización que procedería en caso de despido injustificado.

 

 De lo anteriormente expuesto por quien recurre, no logra esta Sala desprender de qué manera se considera quebrantado el artículo denunciado, pues tal artículo solo establece las causales de terminación de la relación de trabajo y no las  procedencia del pago a que fueron condenadas las accionadas y que  establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, antes citada.

 

 En mérito de las consideraciones expuestas, no encuentra esta Sala que la decisión impugnada incurra en violaciones que impregnen de nulidad el fallo recurrido, por lo que se declara sin lugar el recurso de casación intentado. Así se declara.”

 

Comentario de Acceso a la Justicia: La SCS/TS interpretando  el art. 92 LOTTT, establece que procede el pago de la indemnización por despido (conocido como Doblete) aún en el caso que la causa que originó la terminación de la relación de trabajo, no fuese imputable al patrono, salvo que exista un hecho imputable al trabajador, es decir, un hecho imputable al trabajador, a saber: (i) despido justificado; (ii) retiro voluntario (renuncia). Dicha interpretación del art. 92 LOTTT, cambia radicalmente la aplicación o aplicación del pago por indemnización por despido con relación a la Ley del Trabajo derogada (LOT) al establecer que también procede dicho pago en los casos de terminación por causa no imputables a las partes, ejemplo: Caso Fortuito y Fuerza Mayor (muerte del trabajador, catástrofe, expropiación, etc.). Así, en el supuesto de la terminación de la relación de trabajo por una expropiación, no resulta apegado a la justicia que se imponga al patrono una indemnización por un hecho del Estado, y más si a ello agregamos que en muchas expropiaciones la indeminzación no se hace o se efectúa tardíamente.

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205388-1016-171117-2017-17-444.HTML

Elementos y consecuencias de la cosa juzgada


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 1.014                      Fecha: 17-11-2017

Caso: Ramón Alberto Ron Alí contra Compañía Anónima Nacional Telefonos de Venezuela (C.A.N.T.V.)

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora, ciudadano RAMÓN ALBERTO RON ALI, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Octavo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 9 de julio de 2015. SEGUNDO: NULA la sentencia recurrida. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano RAMÓN ALBERTO RON ALI, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)

Extracto:

“Por otra parte es preciso señalar, que la eficacia de autoridad de la cosa juzgada, según lo ha establecido este Máximo Tribunal, se traduce en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada, no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que da la ley, inclusive el de invalidación. A ello se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada; y, c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es, “la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales”; se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso.

En consonancia con lo anterior, podemos concluir que la cosa juzgada presenta un aspecto material y uno formal, éste último se presenta dentro del proceso al hacer inimpugnable la sentencia, mientras que la primera trasciende al exterior con la finalidad de prohibir a las partes el ejercicio de una nueva acción sobre lo ya decidido, obligando a su vez a los jueces, así como al resto de las personas a reconocer el pronunciamiento de la sentencia que contiene el derecho que debe regir entre las partes.

(…)observa esta Sala que el accionante pretende con el presente juicio, cobrar nuevamente los conceptos que fueron demandados en el mencionado expediente AP21-L-2010-003708, cuyo procedimiento quedó definitivamente firme, a la luz de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que: “ningún Juez podrá volver a decidir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita”; lo cual indica, que se evidencia en ambos procedimientos, la identidad de los elementos para que se configure la cosa juzgada, como son: que la cosa demandada sea la misma (identidad de objeto); que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa (identidad de causa); que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior (identidad de sujetos).

De manera que, debe esta Sala declarar la procedencia de la defensa de cosa juzgada opuesta por la demandada en el presente juicio, respecto a los conceptos cuya diferencia reclama el accionante en su escrito libelar (salario, vacaciones y utilidades por bono de productividad del 20% del salario mensual), toda vez que ya fueron decididos mediante transacción debidamente homologada por órgano competente. Así se establece.” 

Comentario de Acceso a la Justicia: La SCS/TSJ concluye que ya existe una transacción celebrada entre las partes, debidamente homologada, ordenándose el cierre y archivo del expediente con constancia de copia del cheque por el monto cancelado al accionante, producto de la mencionada transacción, y que luego de verificar demanda está fundada sobre la misma causa; mismas partes y mismo carácter que el anterior y consecuencia se declara la improcedencia de esta solicitud

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205386-1014-171117-2017-15-1254.HTML

Peluqueros bajo contrato de cuenta en participación no son trabajadores dependientes


Trabajadores Polar

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 987             Fecha: 08-11-2017

Caso: Amalia Rosa Baez y otro contra la Sociedad Mercantil PELUQUERÍA UNISEX EL SANCH, C.A. (SANDRO PELUQUERÍA) y OTROS

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada Peluquería Unisex el Sanch, C.A., contra la decisión proferida en fecha 17 de noviembre de 2016 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara. SEGUNDO: se ANULA la sentencia recurrida antes identificada. TERCERO: SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos Amalia Rosa Báez y José de Jesús Aguilar.

Extracto:

“En el presente caso, con la aplicación de las premisas desarrolladas en el test de laboralidad, se puede inferir lo siguiente: (…)

En ese contexto, del contrato suscrito voluntariamente entre las partes se evidencia que la infraestructura es aportada por la demandada para la explotación de la actividad relacionada con el ramo de la peluquería y la parte demandante aporta su industria y los elementos de trabajo; que el cumplimiento de un horario no es preestablecido por la empresa sino de mutuo acuerdo según las cláusulas contractuales; no se impartían órdenes e instrucciones, lo que denota la inexistencia del elemento de subordinación; no se observa que la demandada fijara los montos a cobrar por parte de los accionantes a sus clientes, sino que por el contrario se observa de las facturas de pago que los accionantes recibían los pagos y se retenía los impuestos correspondientes, repartiéndose entre las partes los márgenes de ganancia convenidos, por lo que los actores asumían los riesgos de sus servicios. Se deduce que no existió restricción de los accionantes en su margen de libertad para desarrollar su industria, ni que estuvieran sometidos a supervisiones ni controles, por lo cual no se constata la restricción del marco de autonomía de los accionantes.

Los demandantes prestaban servicios a una empresa que a su vez era franquiciada de la marca SANDRO; los contratos suscritos entre las partes son catalogados de naturaleza mercantil, en los mismos se estableció el porcentaje de ganancia entre las partes, ello es, el 55% para las demandantes y el 45% para la empresa demandada, vale decir, ambas asumían las ganancias y pérdidas en la explotación de la actividad del ramo de la peluquería; los clientes pagaban a favor de los demandantes, quienes elaboraban facturas con retención de impuestos y al final de cada mes eran distribuidas las ganancias entre la empresa y las accionantes.

En razón de lo determinado supra, esta Sala evidencia que en la relación que existió entre las partes no se encuentran presentes los elementos característicos de una relación de trabajo como son la ajenidad, el salario y la subordinación, ya que la parte demandada logró desvirtuar la presunción de laboralidad establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y demostrar que la vinculación entre las partes era de naturaleza mercantil bajo la figura de contratos de cuentas en participación, en consecuencia, se declara que entre las partes no existió una relación  de trabajo.

(…)

En conclusión, con sustento de las consideraciones que anteceden y conforme a la valoración de las pruebas cursantes en autos, se declara sin lugar la demanda intentada (…) Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es frecuente que la Sala Social en los casos complejos en los que es necesario determinar si el servicio personal prestado tiene carácter laboral o mercantil, aplica un inventario de indicios que permiten determinar de manera general, la naturaleza laboral o no de una relación jurídica discutida, también denominado test de laboralidad, el cual fue establecido por la Sala en sentencia N° 489 del 13 de agosto de 2002 (caso:FENAPRODO).

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205026-0987-81117-2017-17-067.HTML

La comunidad de residentes es el patrono del conserje y no la administradora de condominio


MONITOREO1

Sala: Constitucional  

Tipo De Recurso: Revisión

Materia: Laboral

Nº Sent: 795             Fecha: 27-10-2017

Caso: Recurso de revisión interpuesto por ADMINISTRADORA DANORAL, C.A. en contra de la sentencia dictada, el 6 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Decisión: HA LUGAR la solicitud de revisión presentada. ANULA la sentencia dictada, el 6 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y REPONE la causa al estado de que otro Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncie sobre el recurso de apelación ejercido y dicte sentencia conforme a la doctrina de la Sala expresada en el presente fallo.

Extracto:

“Al respecto, advierte la Sala que la fundamentación del fallo objeto de revisión para desestimar el alegato de la falta de legitimación pasiva, estableció:

(…)

De la sentencia parcialmente trascrita, advierte la Sala el error cometido por el Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al desestimar los alegatos esgrimidos por la hoy solicitante, Administradora Danoral C.A, respecto a la violación del derecho a la defensa y el debido proceso, generadas por la Providencia Administrativa N° 515-11, dictada el 20 de septiembre de 2011, por la Inspectoría del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, la cual ordenó a la referida Administradora el reenganche y el pago de unos salarios dejados de percibir en un procedimiento administrativo del cual nunca fue parte, ya que fue excluida ab initio por la trabajadora solicitante del procedimiento, lo cual consta en el folio 1 de la mencionada Providencia Administrativa.

(…)

Así entonces, aprecia la Sala que, el acto administrativo objeto de nulidad condenó a las dos entidades de trabajo -por vía de solidaridad- a reenganchar a la solicitante a su puesto habitual de trabajo como trabajadora residencial, lo cual es inejecutable ya que el reenganche debe demandarse contra el patrono que contrata directamente al trabajador, por ser una obligación de hacer, no siendo posible, subrogar el cumplimiento de la obligación a una empresa distinta a aquella que ha contratado (Vide. sSCS núm.2391/2007); y en segundo lugar, observa que una de las empresas a la cual se le ordena el reenganche de la trabajadora residencial es a la administradora del condominio, lo cual contradice lo establecido en el artículo 9 de la Ley Especial para la Dignificación de las Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, que al respecto, señala lo siguiente:

(…)

La figura de patrono estará representada por la comunidad de residentes, quien actuará a los efectos de establecer las órdenes e instrucciones para el trabajador o trabajadora, a través de la junta de condominio. No se considerarán patronos, ni actuarán como tales, las empresas u organizaciones que presten servicios de administración de condominio (Resaltado de este fallo).

En virtud de los razonamientos expuestos, la Sala considera que la decisión objeto de revisión se apartó de la doctrina respecto de los derechos a la defensa y al debido proceso que esta Sala ha establecido y reitera en este fallo, razón por la cual se declara ha lugar la solicitud de revisión constitucional presentada por la apoderada judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA DANORAL C.A., de la sentencia dictada, el 6 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual anula, y repone la causa al estado de que otro Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se pronuncie sobre el recurso de apelación ejercido y dicte sentencia conforme a la doctrina de la Sala expresada en el presente fallo. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional resuelve un conflicto de interpretación en el que se confronta quién es el patrono del trabajador residencial (¿Es la Administradora del Condominio o la Comunidad de Residentes que actúa a través de la Junta de Condominio?), determinando que el patrono del trabajador residencial es la comunidad de residentes, quien actuará a los efectos de establecer las órdenes e instrucciones para el trabajador o trabajadora, a través de la junta de condominio.

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204581-795-271017-2017-16-0892.HTML

Sala Constitucional considera necesario reformar la “LOTTT”, con la finalidad de que se cumpla el reenganche de los trabajadores


Trabajadores Polar

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Revisión

Materia: Laboral

Nº Sent: 758             Fecha: 27-10-2017

Caso: Recurso de revisión interpuesto por ALFREDO JOSÉ RIVAS en contra de la sentencia dictada el 9 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Decisión: HA LUGAR  la solicitud de revisión constitucional interpuesta. ANULA la decisión dictada el 9 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. ORDENA a otro Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia pronunciarse sobre la apelación ejercida contra la decisión dictada el 25 de enero de 2017, por el Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial y ORDENA remitir mediante oficio, copia certificada de la presente decisión a la Asamblea Nacional Constituyente y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a los fines que ponderen el contenido de este Obiter Dictum.

Extracto:

“Asimismo, esta Sala observa por notoriedad judicial que ante la imposibilidad de ejecutar eficazmente las providencias administrativas, los trabajadores acuden a interponer solicitudes de cumplimiento de las mismas ante los Juzgados de la jurisdicción laboral –cfr. Sentencias de la Sala Político Administrativa Nros. 278 del 29 de marzo de 2017, y N° 1026 del 28 de septiembre de 2017, entre otras–, pero la falta de ejecución de las providencias administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo se erigen materialmente en una afectación de los derechos fundamentales de los trabajadores, tal como se señaló supra particularmente el derecho al salario al que tiene todo trabajador, el cual será inembargable y pagado periódica y oportunamente en moneda de curso legal, (artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), con lo cual cuando el trabajador que es beneficiario de una medida de protección dictada por un órgano competente como lo es la Inspectoría del Trabajo, no logra o se le priva por la negativa del patrono de pagar los salarios caídos y su reenganche en definitiva se le impide recibir oportunamente esos conceptos con lo cual se le vulneran sus derechos constitucionales.

Es por lo que considera esta Sala que la aplicación del artículo 512 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, si bien constituyó un importante avance en la materia, en las actuales circunstancias podría complementarse con la ampliación o revisión de las competencias legalmente establecidas a favor de las Inspectorías del Trabajo, con el propósito de establecer una normativa dirigida a lograr el efectivo cumplimiento de las providencias administrativas respectivas, pero particularmente aquellas que ordenen el pago de salarios caídos de los trabajadores, pues el derecho al salario afecta o incide directamente en la garantía de otros derechos fundamentales, ya que es por medio de este ingreso que el trabajador debe satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, y en muchos casos no solo para sí mismo, sino también para su aquellos que dependen económicamente de él.

En ese contexto, si la jurisprudencia de este Alto Tribunal y la legislación vigente optó por otorgarle la competencia a las Inspectorías del Trabajo para la tutela inmediata de dichos derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico debe articularse en orden al logro efectivo de tal cometido, estableciendo mecanismos legales idóneos mediante los cuales se le adjudiquen al Inspector facultades que permitan la efectiva materialización de actos administrativos dictados por él, lo cual considera esta Sala se podría alcanzar con una reforma legislativa que en el marco de la garantía del principio de legalidad desarrolle además de los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, mecanismos que conlleven a forzar el cumplimiento mediante el apremio sobre el patrimonio de los patronos, como medio directo de ejecución forzosa de los actos administrativos que dictan las Inspectorías del Trabajo, los cuales perfectamente pueden coexistir con medios de ejecución subsidiaria –entre otros– como han sido los procedimientos de multa recogidos en la legislación vigente y derogada en la materia.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala considera oportuno remitir mediante oficio, copia certificada de la presente decisión a la Asamblea Nacional Constituyente y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines que ponderen el contenido de este Obiter Dictum.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional instó a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente a reformar la “LOTTT”, con la finalidad de hacer ejecutable los reenganches de trabajadores. En tal sentido, para mayor información sobre el contenido de esta sentencia y las opiniones de Acceso a la Justicia al respecto ir a: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sentencia-del-tsj-abre-debate-sobre-ampliar-competencias-a-inspectorias-del-trabajo/

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204555-758-271017-2017-17-452.HTML

Reclamo de indemnización por despido injustificado no procede a pesar de haber orden de reenganche


INCES

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 926             Fecha: 25-10-2017

Caso: Derguí Dahian Jáuregui Aranguren y otros contra el Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista (INCES).

Decisión:  PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación formalizado por la parte demandada el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), contra la decisión del 4 de agosto de 2016, emanada del Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE ANULA el fallo recurrido. TERCERO: CON LUGAR LA DEFENSA DE COSA JUZGADA opuesta por la parte demandada, respecto a los conceptos señalados en esta decisión. CUARTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda.

Extracto:

“Analizadas y valoradas como fueron los medios probatorios aportados por cada una de las partes, así como la declaratoria precedente de cosa juzgada, esta Sala pasa a pronunciarse sobre los conceptos indemnización por despido injustificado y prestación de antigüedad de acuerdo a la controversia planteada:

Indemnización por despido injustificado. 

En lo que respecta a este concepto era carga de los actores demostrar el retiro justificado alegado en el libelo de la demanda, situación fáctica que no cumplieron, por lo que se debe declarar la improcedencia del presente concepto.”

Comentario de Acceso a la Justicia:  Los actores aducen que desde que fue emitida la providencia administrativa que ordena el reenganche contra el “INCES” el instituto se ha negado a dar cumplimiento a la misma, por lo tanto, en vista de que los demandantes ya no están interesados en el reenganche, pasan a reclamar entre otros conceptos el de indemnización por despido, sin embargo la Sala Social indica que: “era carga de los actores demostrar el retiro justificado alegado en el libelo de la demanda, situación fáctica que no cumplieron, por lo que se debe declarar la improcedencia del presente concepto”, con lo cual se establece que no procede reclamo por indemnización de despido en caso de reenganches en los cuales el trabajador demanda tal concepto luego que ha sido infructuoso el reenganche por inamovilidad especial. Es decir, en este caso los trabajadores perdieron en todos los sentidos, pues por un lado un ente público se niega a reengancharlos y por el otro el poder judicial no les reconoce la indemnización por despido a pesar de que el INCES no cumple con el reenganche ordenado. Esta es una evidencia más del doble discurso oficial que por un lado dice que está de lado de los derechos de los trabajadores y por el otro, cuando le toca cumplirlos, no hay nadie, ni siquera el poder judicial, que lo obligue a respetarlos.

Voto Salvado: No tienE

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204410-0926-251017-2017-16-1018.HTML

La responsabilidad objetiva del empleador por daño moral en accidente de trabajo


justicia

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 906                  Fecha: 23-10-2017                                            

Caso: Demanda de indemnización por accidente de trabajo interpuesta por Reyna Ramona Castillo Reinoso y otros contra T-Ventas, C.A., y otro

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación y SE CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“Ahora bien, es importante resaltar que respecto de la procedencia del daño moral, de acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial establecida sobre la responsabilidad del patrono en casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, aún cuando no sea posible establecer que los daños experimentados en la salud o integridad física de los laborantes, estén ligados causalmente a una conducta culposa o dolosa del empleador, éste queda obligado a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación de servicios, en virtud de que el daño -lesiones derivadas de accidente o enfermedad ocupacional- constituye la materialización de un riesgo introducido por el empresario en el tráfico jurídico mediante la explotación de una actividad económica que le reporta un lucro. Por tanto, en atención a la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo profesional, el alcance sobre la indemnización por la responsabilidad del patrono, abarca la esfera del daño moral, cuya cuantificación queda a la estimación discrecional del juez.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social reitera que las indemnizaciones por daño moral proceden con independencia de la culpa del patrono. Así, se establece que la responsabilidad objetiva del patrono (guardián de la cosa) en materia de accidentes o enfermedades profesionales, sobre la base del riesgo que éste asume por ser quien lo origina y recibe los beneficios del trabajo, es procedente independientemente de la culpa o negligencia del empleador, siempre que se configure el presupuesto de hecho esencial como lo es que el accidente o enfermedad provenga del trabajo mismo o con ocasión directa de él. Así, y en atención al concepto de daño moral demandado, en aplicación de la “teoría del riesgo profesional”, dicho daño debe ser reparado por el patrono aunque no haya habido culpa en la ocurrencia del infortunio de trabajo”. Lo dicho ratifica la Sentencia de la Sala de Casación Social dictada el 01/07/09; caso Sonia Maribel Ramírez contra C.A. Metro de Caracas. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204287-0906-231017-2017-17-022.HTML

Elementos para la estimación del monto a indemnizar por daño moral en caso de accidente o enfermedad ocupacional


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 906                  Fecha: 23-10-2017

Caso: Demanda de indemnización por accidente de trabajo interpuesta por Reyna Ramona Castillo Reinoso y otros contra T-Ventas, C.A., y otro

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación y SE CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“En ese sentido, siendo que la presente denuncia persigue refutar la estimación hecha por el juez de la recurrida, por cuanto no tomó en consideración los elementos establecidos por esta misma Sala en sentencia N° 144 de fecha 7 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), se hace necesario analizar dichos elementos, a los fines de constatar la procedencia o no de la presente denuncia, para lo cual observa:

a) Respecto a la entidad del daño (la llamada escala de los sufrimientos morales): Siguiendo el criterio establecido para la estimación y cuantificación del daño moral, se observa que en el caso bajo estudio, el trabajador perdió la vida en el accidente acaecido, lo cual obviamente causa un daño emocional de gran magnitud a los actores beneficiarios que interpusieron la presente demanda.

b) El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el acto ilícito que causó el daño: En el caso de autos, tal como fue establecido por el Tribunal ad quem, hubo incumplimientos en materia de salud y seguridad laborales que fueron determinantes en el infortunio acaecido.

c) En relación a la conducta de la víctima: No se evidenció de las pruebas de autos, que la conducta de la víctima (trabajador fallecido), haya sido determinante en la ocurrencia del accidente donde éste perdiera la vida.

d) Respecto al grado de educación y cultura de la víctima: Consta en el expediente que el trabajador fallecido, tenía un grado de instrucción de 4° año de bachillerato, y desempeñó dentro de la empresa durante la existencia de la relación de trabajo, varios cargos, siendo el último el de chofer, lo que hace presumir que tenía un nivel de educación media.

e) En cuanto a la capacidad económica y condición social de la víctima: En el asunto bajo análisis, para la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, se determinó que el trabajador devengaba un salario mensual de Bs. 1.191,60 y en el curso del juicio se demostró que tenía a su cargo y que dependían económicamente de él, a su concubina, su padre y su madre.

f) Con respecto a la capacidad económica de la accionada: Se trata de una empresa cuyo objeto está relacionado al negocio de la comercialización, venta y distribución, de productos cosméticos, alimenticios, prendas de vestir, productos naturales, medicamentos, representación de empresas nacionales e internacionales, por lo que cuenta con activos para cubrir las indemnizaciones acordadas a favor de los actores.

g) Los posibles atenuantes a favor del responsable: No se evidenció, de la investigación realizada por el órgano competente, la existencia de atenuantes, por el contrario se estableció la conexión entre los incumplimientos en materia de salud y seguridad laborales y el fallecimiento del trabajador.

h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitarían los beneficiarios de las indemnizaciones, como víctimas, tomando en consideración que se produjo la muerte del trabajador que ocasiona sentimientos de tristeza, por la pérdida de un ser integrante del grupo familiar, aunado al hecho de ser el sostén económico de sus integrantes: Una retribución dineraria como se procederá a condenar a pagar en favor de los beneficiarios de la víctima.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social considera que el juez de alzada no aplica expresamente el análisis o tasación de la indemnización por daño moral con base al test o elementos para la estimación de la indemnización por daño moral, no obstante la Sala, considera que ello no tiene incidencia en el dispositivo de la decisión, por cuanto después de haber analizado el caso de autos conforme a lo establecido en la referida decisión, llegó a la misma conclusión que dicho juez de alzada.  

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204287-0906-231017-2017-17-022.HTML

Aplicación del principio de “norma más favorable” en materia laboral


justicia

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 894                  Fecha: 18-10-2017

Caso: Demanda por cobro de conceptos laborales interpuesta por Vilma del Carmen Materano Marval contra Asociación Civil Club de Playa El Aguasal

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación y SE CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“En lo que respecta a la aplicabilidad de la regla “de la norma más favorable” o teoría del conglobamiento denunciada como infringida, se observa que en nuestro ordenamiento jurídico laboral dichas reglas existen como técnica de articulación normativa para determinar cuál es la norma aplicable en caso de colisión y conflicto entre normas. Es así, que los artículos 59 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable rationae tempore y 7 de su Reglamento, señalan expresamente lo siguiente:

Artículo 59: En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del Trabajo, sustantivas o de procedimientos. Si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptada deberá aplicarse en su integridad.

Artículo 7°: En caso de conflicto entre normas constitucionales, legales, reglamentarias y demás derivadas del Estado, regirán, junto con el principio de favor, los de jerarquía (regla de la norma mínima), especialidad y temporalidad. Cuando las normas en conflicto ostente idéntica jerarquía, privará aquella que más favorezca al trabajador (regla de la norma más favorable), salvo que alguna revista carácter de orden público estricto, caso en el cual prevalecerá ésta (norma imperativa absoluta).

 Si el conflicto se planteare entre normas contenidas en convenciones colectivas, contratos de trabajo, reglamentos internos, usos y costumbres y cualquiera otra de naturaleza análoga; así como entre estas y aquellas revestidas de orden público estricto, será aplicada la más favorable al trabajador (regla de la norma más favorable). (Acotaciones, y énfasis de la Sala).

(…)

Por su parte, el artículo 89 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: Artículo 89.

 (Omissis).

  1. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La norma más favorable (artículos: 89.3 CRVB, 16 lit. g LOTTT, 9. lit. a Reglamento LOT). Es el principio que resuelve el conflicto en el que dos normas vigentes y mutuamente incompatibles resultan aplicables a una sola situación y es necesario definir cuál de ellas la regirá. La regla actúa precisamente para dirimir en pro de la más beneficiosa al trabajador en su “integridad”. Este principio de norma más favorable se debe aplicar en concatenación al principio de aplicación de la <<norma que por Jerarquía sea Superior>> en el supuesto que aplique.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203985-0894-181017-2017-16-1001.HTML