Horas Extras, forma de pago y carga de la prueba


SALARIO

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: de Casación

TSJ/SCS Nº 345      Fecha: 28-04-2017

Caso: Nanci del Socorro Uzcátegui de Andrade contra Peluquería y Barbería para Ellos C.A.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación

Extracto:

(…) las horas extras, al tratarse de una acreencia que deviene de condiciones distintas o que exceden de las legales, deben ser demostradas por quien las reclama, siendo que en el presente caso la parte actora no probó haber laborado la jornada, por lo que además lo adminiculó con los horarios de trabajos exhibidos en la audiencia de juicio, firmados y sellados por la Inspectoría del Trabajo, por lo que contrariamente a lo señalado por el recurrente, no se fundamentó en su decisión en el valor otorgado a las copias fotostáticas que fueran impugnadas en la oportunidad legal, pues acertadamente, estableció que no habían sido demostrada por la parte actora, razón suficiente para declarar su improcedencia, por lo que no trasgrede las normas denunciadas como infringidas, referidas a la valoración de la pruebas.

En lo referente a la carga de la prueba en materia de horas extras, esta Sala de Casación Social en sentencia N° 209 dictada por esta Sala en fecha 7 de abril de 2005 (caso. Henry Vargas contra Tucker Energy Services de Venezuela, S.A.), estableció:

(…) conteste con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria en materia laboral, se fijará de acuerdo con la forma en la que el accionando dé contestación a la demanda.(…). Por otra parte, la carga de la prueba del sistema de trabajo por guardias, disponibilidad las 24 horas y horas extras trabajadas corresponde a la parte actora, por cuanto son circunstancias especiales que exceden de las condiciones normales de trabajo previstas en la Ley Orgánica del Trabajo.

De manera que conforme al criterio reiterado y pacífico de esta Sala de Casación Social, correspondía a la parte actora probar que efectivamente laboró las horas extras indicadas en su libelo de demandada, al invocar una jornada que excede de las condiciones normales de trabajo, motivo por el cual al no demostrar las mismas mal podía aplicar el artículo 180 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, motivo por el cual no se evidencia que la recurrida haya incurrido en la delación que se le imputa.

Por las razones anteriores se declara improcedente la denuncia. Y así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece que recae en cabeza del actor en juicio, es decir, el trabajador la carga probatoria cuando reclama Horas extras que son calificadas como: “excesos legales”, es decir, el trabajador no tiene la carga de probar las obligaciones legales básicas que establece la Ley del Trabajo, como son que tiene derecho a reclamar utilidades o bono de fin de año, disfrute de vacaciones, bono vacacional, prestaciones sociales y sus intereses sobre prestaciones, pero sí tiene la carga de probar los “excesos legales” o conceptos que rebasan lo normal o deberes legales normales. Ver en el mismo sentido, Sentencia de la misma Sala del 10 de junio de 2003, caso: Guzmán Jaime Granados Ramírez.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197904-0345-28417-2017-16-490.HTML

El tiempo de viaje se computa como parte de la jornada laboral. Excepciones


TSJ1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 328      Fecha: 26-04-2017

Caso: Esnardo Castillo Rodríguez y otros contra Alimentos Polar Comercial, C.A.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación

Extracto:

Asimismo, la recurrida indica que, una vez que existe la obligación de otorgar el beneficio del transporte por obligación legal o contractual, el artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, contiene una regla general, en el sentido que se considerará la mitad del tiempo de viaje como jornada efectiva de trabajo, entendiéndose entonces que, el trabajador se encuentra a disposición del empleador y también comprende esta norma la excepción, esto es, que el sindicato y el empleador pueden convenir en no imputar el tiempo de viaje como jornada efectiva de trabajo, siempre y cuando se sustituya por el pago de la remuneración correspondiente. Por consiguiente, para el ad quem, la disposición contenida en el artículo anterior, es clara y precisa en cuanto a que, una vez que el patrono adquiera la obligación de otorgar el beneficio de transporte –legal o convencional-, computará la mitad de ese tiempo de viaje a la jornada de trabajo, lo cual no significa que deba pagarlo, toda vez que la no imputación a la jornada mediante el pago del tiempo, sólo será procedente única y exclusivamente por acuerdo entre los trabajadores y el patrono, destacando que el patrono está obligado legalmente al transporte en los casos establecidos en el citado artículo 240 y convencionalmente cuando se encuentre pactado en la convención colectiva de trabajo o en el contrato individual de trabajo. Finalmente, como quiera que para el juzgador de segundo grado, no se constata en el expediente que el lugar de trabajo, diste más de 30 kilómetros de la población más cercana, declaró sin lugar la pretensión.

A juicio de la Sala, la interpretación de los artículos 193 y 240 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) hecha por la alzada, está en consonancia con los criterios que al respecto han sido emitidos por ella, de allí que se estima que el ad quem, en modo alguno haya interpretado erróneamente las disposiciones legales acusadas, todo lo contrario, aplicó de manera concordada e íntegra sus contenidos, resolviendo la situación de forma ajustada a la preceptiva procedente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Consideró la Sala que el transporte se otorga de forma obligatoria a los trabajadores en los supuestos del artículo 240 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, cuando el centro de trabajo diste a más de 30 Km del poblado más cercano. Una vez que existe la obligación de otorgar el beneficio del transporte por disposición legal o contractual, el artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, contiene una regla general, en el sentido de que se considerará la mitad del tiempo de viaje como jornada efectiva de trabajo, entendiéndose entonces que, el trabajador se encuentra a disposición del empleador y también comprende esta norma la excepción, esto es, que el sindicato y el empleador pueden convenir en no imputar el tiempo de viaje como jornada efectiva de trabajo, siempre y cuando se sustituya por el pago de la remuneración correspondiente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197826-0328-26417-2017-15-599.HTML

Cestaticket o bono de alimentación pagado en efectivo es salario


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 304   Fecha: 24-04-2017

Caso: Jorge Juvencio González Montilla contra la sociedad Mercantil Constructora Venezolana de Edificaciones VENEDICA, C.A.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación

Extracto:

Sin embargo, la referida Ley de Alimentación para los trabajadores y las trabajadoras (2011) consagra unos casos de excepción en los que sí se permite que este beneficio sea otorgado en dinero, a saber, cuando el empleador con menos de veinte (20) trabajadores, se le dificulte cumplir con el beneficio de alimentación, mediante las formas enumeradas en el presente artículo; cuando a los trabajadores, independientemente del número de empleados con que cuente su empleador, se les dificulte acceder a los establecimientos habilitados para canjear los cupones o tickets de alimentación, o utilizar la tarjeta electrónica; en caso de que la jornada de trabajo no pueda ser cumplida por el trabajador por causas imputables a la voluntad del patrono, o por una situación de riesgo, emergencia, catástrofe o calamidad pública derivada de hechos de la naturaleza que afecten directa y personalmente al trabajador, pero no al patrono, así como en los supuestos de vacaciones, incapacidad por enfermedad o accidente que no exceda de doce (12) meses, descanso pre y post natal y permiso o licencia de paternidad, mientras dure cualquiera de las situaciones mencionadas, y; cuando en convenciones colectivas de trabajo se haya establecido el pago en efectivo.

Realizadas las precedentes consideraciones, debe esta Sala acotar que, según lo establecido en la sentencia recurrida, el denominado en los recibos de pago “bono de alimentación”, no cumplía con las características implícitas en el parágrafo tercero del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) ni en la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras (2011) para considerar ese pago un beneficio social de carácter no remunerativo, pues no constituía la provisión de una comida balanceada, en especie, ni tampoco se verificó la entrega de cupones, tickets o tarjeta electrónica de alimentación, sino un pago en efectivo, que tampoco se configuró en alguno de los supuestos de hecho que prevé dicha ley especial como excepción para que se permita el cumplimiento de la obligación allí establecida al empleador en dinero efectivo; por lo que no se puede imputar ese pago como cumplimiento de una comida balanceada bajo esa modalidad de efectivo, sino que por el contrario, el pago percibido por el trabajador bajo esa denominación de “bono de alimentación” revestía las características propias de las percepciones que integran el salario normal, pues constituyó una remuneración en efectivo devenida de la prestación de servicios, que era devengada de forma regular y permanente, que ingresaba a su patrimonio y podía ser utilizada según la voluntad del trabajador, no estando solo limitada a la obtención de alimentos.

En virtud de las razones expuestas, considera esta Sala que el sentenciador de la recurrida no incurrió en la infracción del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable ratione temporis, por errónea interpretación, motivo por el cual la única denuncia contenida en el escrito de formalización resulta improcedente y en consecuencia, se resuelve sin lugar el recurso de casación anunciado por la parte demandada. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Consideró la Sala que al entregar el beneficio fuera de las excepciones o modalidades y bajo los requisitos de Ley se debe reconocer su carácter salarial. Así, en caso que el empleador otorgue el beneficio a través de dinero en efectivo sin estar en alguno de los tres (3) supuestos de excepción establecidos en el artículo 4°, Parágrafo Primero de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras, se corre el riesgo de tener que confrontar un reclamo o demanda en el que se considere que ese dinero entregado sea sumado como parte del salario para el cálculo de las prestaciones sociales y otras indemnizaciones. Adicionalmente, encontramos la presunción de que cualquier cantidad de dinero entregado al trabajador forma parte de sus ingresos con carácter salarial.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197784-0304-24417-2017-14-1245.HTML 

No es trabajador el Directivo de una empresa


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº 289   Fecha: 20-04-2017

Caso: Omaira de Jesús Uncein contra Banco Caroní, C.A. Banco Universal

Decisión: Sin Lugar el Recurso de Casación

Extracto:

Bajo este hilo argumental, concluyó la sentencia que la labor desplegada por la parte actora era a favor de sus propios intereses al momento de desempeñarse en el alto cargo para el cual fue designada dentro de la Junta Directiva de la demandada, así como en la sociedad mercantil Desarrollos Urbanos La Ceiba, C.A., funciones reguladas por los estatutos sociales de las demandadas y por las juntas directivas de las que formaba parte, lo cual dista de la figura del trabajador prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) aplicable ratione temporis, pues su prestación de servicios no nació del contrato de trabajo, sino de la designación directa de miembro principal de la Junta Directiva, por la cual recibía como contraprestación una dieta equivalente al cinco por ciento (5%) de las utilidades líquidas del banco.

Asimismo, advierte esta Sala que a pesar de que en la parte in fine de la motiva, se observa que el juez superior de forma aislada, hace mención del término “grupo económico”, no se aprecia que establezca categóricamente que está conformado por las dos empresas a las que la actora prestó sus servicios, por tanto, a juicio de esta Sala, el fallo no está incurso en vicio de falso supuesto, máxime cuando de la extensa motivación reseñada supra se desprenden las razones por las cuales fue desvirtuada la presunción de laboralidad, concretamente, la autonomía e independencia en el ejercicio de las actividades, al desempeñar la actora de forma coetánea cargos administrativos para dos empresas distintas, la no subordinación en las actividades, la dieta percibida como contraprestación, etc., aspectos demostrados por la empresa demandada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Consideró la SCS/TSJ en la sentencia, queda desvirtuada la presunción de laboralidad luego de analizar los indicios establecidos en el “Test de Laboralidad”, concretamente, se establece que existe autonomía e independencia en el ejercicio de las actividades, al desempeñar la actora de forma coetánea cargos administrativos para dos empresas distintas, la no subordinación en las actividades, y que en lugar de un salario recibió una dieta por participar en las asambleas y demás reuniones de junta directiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197761-0289-20417-2017-15-307.HTML 

Requisitos para interponer un recurso de control de la legalidad y cuantía.


MONITOREO1

Sala de Casación Social

Recurso de control de la legalidad

TSJ/SCS Nº 186. Fecha: 16/03/2017

Caso: Recurso de control de la legalidad intentado en Demanda por indemnización de daños interpuesta por  NILVA MARINA FUENTES Y JOSÉ ELEUTERIO DELGADO PÉREZ actuando en su carácter de madre y padre de CARLOS JOSÉ DELGADO FUENTES (+) contra CAYCA ALIMENTOS (CALSA), S.A. Y OTRAS

Decisión: Se declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad. Con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales son:

1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;

2.- Que no sean impugnables en casación;

3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público. 

Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar:

1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y

2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

(…)

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

(…)debe tomarse en cuenta a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación, la cuantía que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda y, siendo que esta lo fue en fecha 14 de abril del año 2015, la cuantía requerida en ese momento era de cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs. 450.000,00), por lo que al haber estimado la parte actora la demanda en la cantidad de un millón ochocientos noventa y seis mil ochocientos cuatro bolívares con ochenta céntimos (Bs.1.896.804,80) forzoso es para esta Sala, declarar la inadmisibilidad del presente medio excepcional de impugnación, por no cumplir con uno de los requisitos previstos en el artículo 178 de la ley adjetiva laboral, como es que la sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo no sea impugnable en casación.

En consecuencia, resulta inadmisible el presente recurso de control de la legalidad propuesto. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso se declara el incumplimiento del segundo requisito de admisibilidad del Recurso de control de la legalidad, a saber: que la sentencia no sea recurrible en Casación; ello, porque para el momento en que se dictó la sentencia impugnada sí era posible ejercer recurso de casación en virtud de la cuantía; la cual se determina por la cuantía necesaria “para el momento en que se interpuso la demanda”aunque para la fecha, ya no sea posible. Se puede concluir entonces que el análisis de los requisitos de admisibilidad de este tipo de recurso se hará tomando en cuenta el momento en que se dictó la sentencia impugnada y no para el momento de la admisión.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196955-0186-16317-2017-16-789.HTML

Hay que probar el daño moral en accidentes laborales


MONITOREO1

Sala de Casación Social

Recurso de Casación

TSJ/SCS Nº 179.    Fecha: 15/03/2017

Caso: Recurso de Casación en demanda por daños y perjuicios intentada por Yajaira Martínez contra Compañia Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)

Decisión: Se declaró con lugar el recurso de casación, se anuló la sentencia recurrida y Parcialmente Con Lugar la demanda de indemnización de daños incoada. La Sala para tomar su decisión señaló:

“En primer lugar debe reconocerse que ciertamente ha establecido la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia (como lo ha señalado el apoderado judicial de la trabajadora demandante), que es factible obligar al empleador con base únicamente en la responsabilidad objetiva patronal, vale decir, sin que medie hecho ilícito de su parte (como ocurre en el caso concreto), al pago de indemnizaciones tanto materiales, como de carácter moral. Así lo ha establecido de manera reiterada la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en su Sala de Casación Social, como a través de su Sala Constitucional. Sin embargo, lo que no ha dispuesto la doctrina jurisprudencial, es que la parte que pretende la indemnización de algún daño, bien sea éste material o moral, se encuentre exceptuada o dispensada de demostrarlo, es decir, relevada de su obligación de demostrar la existencia del daño mismo que le afecta y cuya indemnización pretende.

Ahora bien, lo que acertadamente ha dispuesto la sentencia recurrida en el caso concreto, es que no resulta procedente la indemnización reclamada por concepto de daño moral, porque no está demostrada la ocurrencia misma del mencionado daño moral. En ese sentido, a juicio de esta Alzada, para la procedencia de la indemnización por daño moral que pretende la demandante, no es suficiente la demostración del daño físico que la afecta (el cual si está demostrado en autos, consistente en la hernia discal que padece la trabajadora demandante, conforme a la certificación que obra en los autos), sino que adicionalmente es necesario e indispensable demostrar, el daño moral propiamente dicho, cuya indemnización se reclama, el cual no está demostrado de forma alguna en este caso.

(Omissis)

(…) es imprescindible a los efectos de la procedencia de dicha indemnización, que el daño moral esté plenamente demostrado, por cuanto no es consustancial a todo daño material, la generación de un daño moral y en el presente asunto, no quedó demostrada una afectación en la esfera psíquica o moral de la trabajadora demandante, derivada o con ocasión de la “Discopatía Degenerativa de L5-S1”, que padece. Por el contrario, observa esta Alzada que gran parte de los medios probatorios de la actora fueron dirigidos a comprobar el carácter ocupacional de la enfermedad que ésta padece, pasando por alto la necesidad de demostrar la existencia misma del daño moral que tal enfermedad supuestamente le produce, indistintamente de su naturaleza ocupacional o común, ya que, como antes se estableció, el daño moral no es una consecuencia “automática” de todo padecimiento físico, por lo cual, resulta indispensable su demostración a los efectos de que resulte procedente su indemnización, circunstancia de hecho que no fue demostrada en el presente asunto. Y así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia declara que no resulta procedente la indemnización reclamada por concepto de daño moral, porque no basta con probar el daño físico o material, sino que hay que probar la ocurrencia misma del mencionado daño moral. Este criterio rompe con los criterios tradicionales en materia de daños, ya que, el daño moral se considera una consecuencia lógica del daño físico; toda vez que es prácticamente imposible probar y más aún medir, el sufrimiento causado como consecuencia de un daño material.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196945-0179-15317-2017-16-733.HTML

Los Tribunales Laborales no son competentes para conocer de demandas de docentes al servicio de la Administración Pública


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Sala de Casación Social

Recurso de Casación 

TSJ/SCS N° 175.   Fecha: 15/03/2017

Caso: Recurso de Casación intentado por la parte atora en la demanda por cobro de acreencias laborales interpuesta por María Auxiliadora Díaz Najul contra República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Decisión: Se declara la incompetencia de la jurisdicción laboral para el conocimiento de la causa por corresponder al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, y se repone la causa al estado que el órgano jurisdiccional declarado competente se pronuncie con relación a la admisión de la causa bajo estudio, conservando las pruebas aportadas al proceso para su estudio.

En tal sentido, la Sala para tomar su decisión señaló:

“Del mismo modo, la Sala Político Administrativa, en decisión número 1.014 de fecha 31 de julio de 2002 (Caso: Martha Yolanda Monsalve de Gutiérrez), ratificó la situación de los docentes dependientes del Ejecutivo Nacional, indicando que por su relación de empleo Público deben regirse por las normas previstas en la Ley de Carrera Administrativa, derogada por la Ley del Estatuto de la Función Pública (…).

Así, esta Sala debe precisar que si bien es cierto que la Ley Orgánica de Educación señala que los docentes se regirán por dicha ley -Ley Orgánica del Trabajo-, así como que éstos gozarán de las prestaciones sociales en la forma establecida por esta última, no es menos cierto que tales indicaciones van referidas a la aplicación de las disposiciones que consagren beneficios al docente en su condición de trabajador, es decir, que debe el juez remitirse a la ley laboral en aquello que se refiera a los privilegios consagrados a favor de los trabajadores, sin embargo, ello no implica que los juzgados laborales deban conocer de las acciones intentadas por los docentes al servicio de la Administración Pública, negándole el carácter de funcionario Público a los docentes.

Siendo ello así, se observa que por cuanto la hoy accionante, sostuvo una relación funcionarial con la Oficina de Supervisión Zona 4, ubicada en la zona educativa del estado Aragua, la cual está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, resulta claro para esta Sala la condición de funcionaria pública que ostentaba la demandante, y por ende, su relación de servicio Público estuvo regulada por la Ley de la Carrera Administrativa, derogada por la Ley del Estatuto de la Función Pública.

De acuerdo al criterio antes expuesto y al tratarse el caso de autos de una demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales, generadas con ocasión a la relación funcionarial que mantuvo la querellante con el Ministerio de Educación (…).

De modo que, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen aplicable al personal docente contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral, cuestión que no se verifica en el caso bajo análisis, toda vez que no existe en autos vinculación contractual alguna que evidencie la condición de “contratada” atribuida en algunas de las constancias de trabajo supra reseñadas, luego de la supresión del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) y la transferencia de la demandante al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

En mérito de las consideraciones expuestas, esta Sala de Casación Social actuando como cúspide de la jurisdicción laboral y siendo la competencia materia de orden público, revisable en cualquier estado y grado del proceso, declara la incompetencia por la materia de los tribunales laborales para dirimir el asunto sub examine, correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa, en atención al principio del juez natural, el cual debe garantizarse de conformidad con el numeral 4, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Precisado lo anterior, se considera necesario pronunciarse con relación al órgano jurisdiccional al que le corresponde el conocimiento de la causa. En tal sentido, debe observarse lo estipulado en el artículo 93 y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que prevén lo siguiente:

Artículo 93. Corresponderá a los Tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes:

  1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. (Destacado de la Sala).

(…)

Con base en lo expuesto, esta Sala determina que el conocimiento de las demandas incoadas por las funcionarias o los funcionarios públicos con motivo de las reclamaciones formuladas cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública, sea esta nacional, estadal o municipal, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, en primera instancia a los Juzgados Superiores Estadales en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6, del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en el caso bajo examen, específicamente a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, al cual sea asignada la causa previa distribución de la misma y, en segunda instancia, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica criterios de la SPA y concluye que la competencia para conocer de una demanda por conceptos laborales interpuesta por un docente al Servicio de la Administración Pública, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-administrativa (específicamente, a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo en primera instancia y a las Cortes de lo Contencioso Administrativo en apelación) y no a la Laboral, en virtud del carácter de funcionario público que ostenta el docente. Independientemente de que sustantivamente se aplique la legislación laboral ordinaria (Ley Orgánica del Trabajo).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196941-0175-15317-2017-16-463.HTML 

 

La carga de la prueba del acoso laboral


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 0147. FECHA: 09-03-17

Caso: Recurso de Casación en Demanda por cobro de prestaciones sociales y acoso laboral interpuesta por Enrique Castro Castro contra Distribuidora Verocerámica, CA

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto y se CONFIRMA la decisión recurrida. Al respecto, señaló la Sala:

“Conforme al criterio citado, se observa que el daño moral derivado del acoso laboral o mobbing, encuentra su basamento legal en el artículo 1.185 del Código Civil, y el mismo deviene del hecho ilícito del patrono, por lo que se trata de una acreencia especial que inexorablemente debe ser demostrada por el actor, y además, debe existir relación de causalidad entre el agravio y el daño ocasionado; por lo que al no existir en el expediente probanza alguna que permita al accionante demostrar sus alegatos, resultaría forzoso para el administrador de justicia declarar la inexistencia del acoso aducido y declarar la improcedencia del daño moral peticionado.

En el caso sub-examine, se solicita el pago de una indemnización por daño moral, derivado del denunciado mobbing padecido por el demandante, el cual fue declarado improcedente por carecer de pruebas que demostraran tal afirmación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el principio jurídico según el cual la carga de la prueba en caso de reclamo de acoso laboral o daño moral derivado de un acoso laboral recae sobre quien lo alega

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196710-0147-9317-2017-16-729.HTML

En la propina de mesoneros qué es y qué no es salario


SALARIO

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 0142. FECHA: 07-03-16

Caso: Recurso de Casación interpuesto por la parte actora Luis Eduardo Arrieta Jiménez contra Inversiones 0209, C.A.

Decisión: Se declara Sin Lugar el Recurso de Casación y se Confirma la decisión impugnada. En tal sentido la Sala expresó:

“Adicionalmente, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que contiene un precepto de idéntico al contenido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, dispone:

 (…)

El valor que para el trabajador o trabajadora representa el derecho a percibir la propina, se determina considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador o la trabajadora, la categoría del local y demás elementos derivados de la costumbre o el uso. (Destacado de la Sala).

Como puede apreciarse, el precepto reproducido distingue y le atribuye carácter salarial, por un lado, al monto entre el recargo por servicio, esto es, el porcentaje fijo sobre el consumo que se carga a los clientes en la factura; porcentaje que usualmente es fijado en un 10% sobre el monto de lo facturado, y por otro, al que representa para el trabajador el derecho a percibir propinas, que es una retribución graciosa que otorga el cliente por el servicio recibido.

Por tanto, el recargo sobre el consumo es un componente del salario que paga el empleador al trabajador de acuerdo con un sistema de puntos o porcentajes que el uso y la costumbre han establecido; es parte integrante de la remuneración periódica del trabajador y, por el contrario, la propina depende por completo de la voluntad del cliente; de allí que se considere salario la totalidad de lo que percibe el trabajador por concepto de porcentaje sobre el consumo, en el primer caso, y, en el segundo, la suma que estimen convencionalmente el empleador y el trabajador como valor del derecho a percibir la propina.

Visto así, no debe entenderse que el patrono deba pagar al trabajador suma alguna por concepto de propina, pues no es a este concepto al que el legislador le atribuye el carácter de salario, que como supra se apuntó consiste en una retribución graciosa que recibe el trabajador directamente de los clientes del establecimiento donde presta sus servicios; lo que es reconocido como salario es el valor que para él representa el derecho a percibirla. Obviamente, es por esta especial característica que debe entenderse que la naturaleza salarial del valor estimado del derecho a percibir propinas es sólo a los efectos de la determinación de los beneficios derivados de la relación de trabajo, vale decir, debe considerarse sólo formando parte de la base de cálculo de los referidos beneficios, pero nunca como un concepto que el patrono deba cancelarle al trabajador.

En consecuencia, ante la existencia de una Convención Colectiva de Trabajo que en su cláusula 55 contempla el monto que corresponde al trabajador por el valor que para él representa el derecho a percibir propinas en la cantidad de Bs. 7 diarios, sin que se evidencie la existencia de algún instrumento normativo que modificara esa suma con el objeto de que fuese mejorada, es razón por la que se concluye que, conforme a los términos supra expuestos no resultaron vulnerados los principios denunciados como infringidos, y menos aún, cuando el salario devengado por el trabajador de acuerdo con los montos indicados en el escrito libelar, se encontrara por debajo del mínimo legal previsto para los años en los que se desarrolló la prestación del servicio.

Ahora bien, por las razones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Social desestima la presente denuncia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se determinó que el recargo sobre el consumo, es decir, el 10% cobrado al cliente directamente en la factura forma parte del salario a todos los efectos, en cambio, el monto adicional que deja el cliente voluntariamente por concepto de propina, no.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196638-0142-7317-2017-16-578.HTML

Capacidad expresa del apoderado para desistir


tribunalnota

Sala de Casación Social

Regulación de Competencia

SCS/TSJ N° 0106. Fecha: 24-02-2017

Caso: Conflicto negativo de competencia en demanda de oferta real de pago de conceptos laborales interpuesto por la sociedad mercantil  DISTRIBUIDORA JEMBA-JEMBA en contra de Isbelyn Mayerlin Morales Hernández

Decisión: Se NIEGA la HOMOLOGACIÓN del desistimiento presentado por la empresa oferente, Distribuidora Jemba-Jemba, C.A. y se declara COMPETENTE para conocer de la causa al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con sede en Guarenas.

“Ahora bien, al efectuarse la lectura del instrumento poder otorgado por la sociedad mercantil Distribuidora JEMBA-JEMBA, C.A., se colige que la profesional del derecho Ana Sabrina Salcedo, mandataria de la oferente, no ostenta capacidad procesal para desistir en la presente causa, toda vez que no le fue otorgada expresamente dicha facultad para realizar dicha actuación procesal o manifestación unilateral de voluntad, mal podría, entonces, la prenombrada abogada, haber sustituido dicho mandato atribuyendo o extendiendo al sustituto facultades que no fueron originalmente otorgadas, conforme establece la norma, en consecuencia, al no encontrarse satisfechos los extremos legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para la Sala negar la homologación del desistimiento propuesto. Así se decide.”

Comentario de acceso a la justicia: La Sala indica la necesidad de que el apoderado de la parte tenga capacidad expresamente otorgado por su representado para desistir de la acción propuesta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196410-106-24217-2017-16-264.HTML