Forma de calcular la cuantía para recurrir en casación social


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-193      TSJ/SCS Nº Sent: 626      Fecha: 20-07-2017

Caso: demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por Pedro Celestino Guzmán y otros contra Matadero Municipal de Caroni, C.A.

Decisión: Declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte demandante recurrente.

Extracto:

“El criterio precedentemente transcrito es reiterado por esta Sala de Casación Social, por lo cual considera que, para la determinación del interés principal del juicio en las demandas laborales, se tomará en consideración el valor económico de cada una de las pretensiones reclamadas por los sujetos activos, verificándose que alguna de ellas exceda la cuantía mínima exigida para acceder a casación.

En sujeción al contenido de la decisión previamente citada, observa esta Sala que en la presente causa la acción está integrada por la pretensión de cinco (5) ex trabajadores de la empresa demandada, es decir, cinco (5) sujetos diferentes, lo cual trae como consecuencia que a pesar del litis consorcio activo conformado, cada pretensión deba ser individualmente considerada. A tal efecto, la Sala ha verificado que los montos reclamados fueron expresados de forma separada por cada uno de los actores en el libelo, de la siguiente manera: PEDRO CELESTINO GUZMÁN, por la cantidad de Bs. 102.925,86; ARGENIS ANTONIO MARTÍNEZ QUIJADA, por la cantidad de Bs. 102.925,86; MANUEL VICENTE HIGUEREY, por la cantidad de Bs. 102.925,86; EDITH BERTHA ALEXANDER TORREVILLA, por la cantidad de Bs. 102.925,86; y DOMINGO ISMAEL MARCHAN, por la cantidad de Bs. 102.925,86.

Visto que ninguna de las pretensiones de los actores individualmente consideradas supera la cantidad mínima exigida antes referida para interponer el presente medio recursivo, es decir, la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs. 450.000,00), resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso de casación ejercido, al no estar satisfecho el requisito de la cuantía, conteste con lo pautado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala observó que en el caso bajo estudio la cuantía mínima para recurrir en Casación era de Bs. 450.000,oo (equivalentes a 3.000 UT a Bs. 150,oo) y dicha cantidad fue superada únicamente sumando los montos reclamados por todos los demandantes en conjunto; no obstante, la Sala ratificó su criterio según el cual, la cuantía mínima para recurrir en casación debe calcularse de forma individual y no grupal, aunque las demandas se hayan interpuesto de forma conjunta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201341-0626-20717-2017-17-193.HTML    

Vicio de falso supuesto de hecho en la certificación de enfermedad ocupacional


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Consulta

Nº Exp: 13-1476      TSJ/SCS Nº Sent: 622      Fecha: 19-07-2017

Caso: Demanda de nulidad interpuesta por Festejo Mar, C.A. contra Acto Administrativo N° 0439, de fecha 09/06/2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) caso: Javier Durán Tafur

Decisión: Procedente la consulta de la sentencia dictada. CONFIRMA fallo consultado; y, NULO el acto administrativo impugnado.

Extracto:

“Sin embargo, de una revisión exhaustiva de los autos se constata que cursa en los folios 65 al 95 copia de sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de noviembre de 2009, confirmada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial mediante decisión de fecha 17 de marzo de 2010, en la cual se establece, con fuerza de cosa juzgada, que entre el ciudadano Javier Durán y la sociedad mercantil Festejos Mar, C.A.,  existió una relación de trabajo que inició el 12 de julio de 2005.

Siendo así las cosas, no podía el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales señalar, por no ser cierto, que la relación de trabajo que existió entre el ciudadano Javier Durán y la sociedad mercantil Festejos Mar, C.A., comenzó el 5 de enero de 1993, pues esta inició el 12 de julio de 2005, por tanto, no puede ser certificada como de origen ocupacional la enfermedad diagnosticada al nombrado ciudadano, cuyos síntomas se presentaron en 2001, es decir, cuatro (4) años antes de iniciar la relación de trabajo.

De manera que, en criterio de esta Sala, los hechos que constituyen la base fáctica del acto administrativo impugnado no están debidamente demostrados, por el contrario, están desvirtuados por otros hechos establecidos, con fuerza de cosa juzgada, por los tribunales del trabajo.

Por ello, se concluye que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho. Así se decide.

En virtud de todo lo expuesto, se impone para esta Sala confirmar la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 19 de julio de 2013, que declaró con lugar la demanda de nulidad. Así se decide.

En consecuencia, se declara con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Festejos Mar, C.A., contra el acto administrativo N° 0439-10 de fecha 9 de junio de 2010, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laborales (INPSASEL) –Dirección Estadal (hoy Gerencia Regional) de Salud de los Trabajadores Miranda “DELEGADO DE PREVENCIÓN JESÚS BRAVO”. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Social declara con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la empresa toda vez probó que la Administración (DIRESAT Miranda) incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho al momento de emitir la certificación de enfermedad ocupacional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201214-0622-19717-2017-13-1476.HTML

Lapso del procedimiento de estabilidad, se computa para cálculo de prestaciones sociales y demás conceptos


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Consulta

Nº Exp: 17-112      TSJ/SCS Nº Sent: 619      Fecha: 14-07-2017

Caso: Demanda por coro de prestaciones sociales interpuesta por Orlando José Álvarez y otras contra Corp-Banca, Banco Universal actualmente fusionado con B.O.D. Banco Occidental de Descuento

Decisión: Procedente la consulta de la sentencia dictada. CONFIRMA fallo consultado; y, NULO el acto administrativo impugnado.

Extracto:

“A la par de lo anterior, –se insiste– que esta Sala ha sostenido que ordenado el reenganche de un trabajador despedido injustificadamente, si el patrono persiste en su despido, el lapso transcurrido en el procedimiento de estabilidad laboral, debe computarse como prestación efectiva del servicio para el cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Esto implica afirmar, en el mismo sentido anterior, que debe computarse como prestación efectiva del servicio para el cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales, el lapso transcurrido hasta el retiro justificado manifestado por los trabajadores.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Social reitera su criterio por el cual el lapso del procedimiento de estabilidad, se computa para cálculo de prestaciones sociales y demás conceptos como si efectivamente el trabajador hubiese prestado servicios.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201084-0619-14717-2017-17-112.HTML

Gerente de Servicios Logísticos y Administrativos es calificado como trabajador de Dirección


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-872      TSJ/SCS Nº Sent: 618      Fecha: 12-07-2017

Caso: Demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por Antonio María Cárdenas González contra Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación. Se CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“En el caso concreto, fue un hecho admitido que el actor tomaba decisiones conjuntamente con la Comisión de Contrataciones Públicas; y, quedó demostrado que tenía firma autorizada para movilización de cuentas, participaba en las órdenes para pago de servicios, representaba al patrono ante otros trabajadores al ser cabeza de una gerencia y representaba a la institución ante terceros al asistir a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios del Edificio Centro Gerencial Mohedano y  formar parte de la Junta de Condominio del mencionado inmueble como Miembro Principal, todo lo cual, considera la Sala son actividades que se corresponden con las funciones de un trabajador de dirección, definidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras e interpretadas por la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social, como lo estableció la recurrida, razón por la cual, no incurrió en falsa aplicación del artículo denunciado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el Gerente de Servicios Logísticos y Administrativos es un trabajador de Dirección. Tal declaración trae como consecuencias, entre otras, la pérdida del derecho de reclamar indemnización por Despido, pero quizás lo más importante es la pérdida del derecho a “estabilidad” y la indemnización adicional en caso de despido injustificado.

Los trabajadores de “Dirección”, son los establecidos en el art. 37 y 41 LOTTT. En nuestro criterio, debemos desaplicar la doctrina jurisprudencial que ha reconocido que esta categoría de trabajadores, son “exclusivamente” los que integran la Junta Directiva o Directorio y por tanto interviene en la toma de decisiones y orientación. Consideramos que al quedar eliminada la figura de trabajador de “Confianza”, los “representantes del patrono” establecidos ahora en el artículo 41 LOTTT, también pasan a ser trabajadores de Dirección, con las consecuencias que esto conlleva. Así se han calificado a Gerentes, Gerentes de Recursos Humanos, Jefes de Relaciones Industriales, Jefes de Personal etc., como Trabajadores de “Dirección”, Ver decisión N° 01240 del 25/10/2012 caso Banco de Venezuela y caso de un “supervisor de mantenimiento” Sent. SPAdministrativa TSJ Nro 490 del 29-04-15.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201025-0618-12717-2017-16-872.HTML    

Cálculo de intereses e indexación de los conceptos condenados en materia del trabajo


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 591      Fecha: 03-07-2017

Caso: Juan Carlos Montoya Hernández contra Constructora Noberto Odebrecht, S.A.

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el ciudadano, JUAN CARLOS MONTOYA HERNÁDEZ, contra el fallo dictado por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, sede San Juan de los Morros, el 14 de abril de 2015. SEGUNDO: SE ANULA la sentencia recurrida. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA.

Extracto:

Intereses e indexación.

Establecidos los conceptos adeudados, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio sostenido por esta Sala en sentencia nº 1.841 del 11 de noviembre de 2008 (caso: José Surita contra Maldifassi & Cía. C.A.), esta Sala ordena el pago de los intereses moratorios de los conceptos condenados a pagar a la parte demandada, desde la fecha en que los mismos sean exigibles, vale decir, desde la finalización de la relación de trabajo, a saber, desde el 20 de febrero de 2013 hasta la oportunidad del pago efectivo; el cómputo se efectuará mediante experticia complementaria del fallo, por un único perito designado por el Tribunal de Ejecución, considerando para ello la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni de indexación.

Asimismo, se condena a la parte demandada el pago de la corrección monetaria sobre las sumas ordenadas a pagar, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, sobre la base del índice nacional de precios al consumidor conforme los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, desde la notificación de la demanda el 9 de abril de 2013 (folio 25 de la primera pieza del expediente), para los conceptos laborales acordados, hasta la fecha del pago efectivo excluyendo, únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, así como vacaciones judiciales.

En caso de incumplimiento voluntario, se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se resuelve.

Advierte esta Sala, que si para el momento de la ejecución de la presente decisión está en práctica en dicho tribunal lo previsto en el Reglamento del Procedimiento Electrónico para la Solicitud de Datos al Banco Central de Venezuela del 30 de julio de 2014, emanado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicado en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela n° 47 del 5 de marzo de 2015 y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.616 del 9 de marzo de 2015, el juez ejecutor procederá a aplicarlo con preferencia a la experticia complementaria del fallo, para el cálculo de los intereses moratorios e indexación de los conceptos condenados. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social del TSJ, ratifica su criterio con relación a desde cuando se calculan los intereses e indexación sobre conceptos y montos condenados en la sentencia, concluyéndose el pago de los intereses moratorios, desde la finalización de la relación de trabajo hasta la oportunidad del pago efectivo; con base a la tasa de interés fijada por el BCV, y no serán objeto de capitalización, ni de indexación. Mientras la corrección monetaria sobre las sumas ordenadas a pagar serán calculadas desde la notificación de la demanda hasta la fecha del pago efectivo, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, así como vacaciones judiciales.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200770-0591-3717-2017-15-648.HTML

Supuesta burla a Hugo Chávez es calificada como causa justificada de despido


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 590      Fecha: 03-07-2017

Caso: José Antonio de Barros de Freitas contra Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y otra

Decisión: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de febrero de 2015 y; SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida. Se condena en costas del recurso a la parte actora, conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Extracto:

Ahora bien, con relación al punto debatido la recurrida determinó:

Pues bien, respecto a esta circunstancia, vale indicar que el hecho denunciado como desencadenante del despido, fue debidamente probado por la demandada, toda vez que al analizarse la deposición del testigo Antonio José Veracierta Pérez (a la cual se le confirió valor probatorio), quien expresó que en horas del medio día del día 05/03/2013, previo al anuncio final de la muerte del Presidente de la República Hugo Chávez, cuando en Cadena Nacional fue anunciado el padecimiento de enfermedad que acaecía la máxima autoridad del País, inmediatamente comenzaron a surgir burlas en cuanto a la situación anunciada, y entre las personas que festejaban, emitían palabras no adecuadas para ese momento se encontraba el hoy accionante, y, adminicularse con la documental marcada “d”, cursante al folio 62 (a la cual se le confirió valor probatorio), de la cual se desprende comunicación suscrita por el ciudadano Francisco López Soto, en su condición de Gerente de Relaciones Laborales, Gerencia General de Gestión Humano de la Empresa Movilnet, de fecha 14/03/2013, dirigida al ciudadano José Antonio de Barros Freitas, donde, despiden al accionante, en virtud que el día de 05/03/2013, siendo aproximadamente las 5:30 pm, inmediatamente después de que el entonces Vicepresidente de la República hoy Presidente Encargado Ciudadano Nicolás Maduro Moros anunciara en Cadena Nacional el fallecimiento del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, usted, reunido con otro grupo de personas en el área de Logística Comercial, ubicada en el edificio de CANTV, Cortijos III, piso 3 expreso públicamente y de viva voz su jubilo y alegría ante tan lamentable noticia, quedó demostrado plenamente que el ciudadano José Antonio de Barros Freitas, con tal actuar, asumió una conducta no cónsona con las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, pues no es ético ni moral, que durante la jornada de trabajo el accionante celebrara la muerte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que con ello cometió además una falta grave al respeto y consideración debidos al patrono y a sus representantes, lo que hace que se tenga al despido como justificado de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 literales “a”, “c” e “i” de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, por tanto, se confirma la decisión recurrida, empero, con la motiva precedentemente expuesta. Así se establece. (Sic). (Destacado de la Sala).

(…)

En conexión con lo anterior, el respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de considerar, vale decir, equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona, y, en tal sentido, es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es esencial para alcanzar una armoniosa interrelación social, que implique ser tolerante con la persona que no piensa igual, con aquel que no comparte los mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse y, ante la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser, éste representa un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a ser justas para garantizar una sana convivencia.

Ahora bien, el respeto no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar y, más aun, de no ofender al prójimo por la manera de conducir su vida y sus acciones, siempre y cuando estas últimas no causen daño alguno, ni afecten o menosprecien a los demás.

Bajo ese hilo argumentativo, llama poderosamente la atención a esta Sala, que la parte demandante en su escrito de formalización del recurso de casación en ningún momento niega haber incurrido en el comportamiento hilarante del día 5 de marzo de 2013, sino que se limita a cuestionar el momento en que éste se produce, circunstancia que conlleva a esta Sala de Casación Social a inferir, que independiente del momento y lugar donde se desarrolle esa conducta -incluso cuando ésta se ocasionara fuera de la empresa o de la jornada de trabajo- se produce la pérdida de confianza del empleador, que como -elemento imprescindible del contrato de trabajo- justifica la terminación de la relación laboral, toda vez que la falta de respeto y compostura que debe mostrar todo trabajador en su labor cotidiana, provoca la falta de seguridad del patrono hacia éste, y permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales.

En consecuencia, al resultar el comportamiento desarrollado por el ciudadano José Antonio De Barros De Freitas -que como quedó demostrado se suscitó desde horas del mediodía del 5 de marzo de 2013- contrario a las consideraciones mínimas debidas a todo ser humano -respeto, amor al prójimo, entre otras- circunstancia que generan la pérdida de confianza del empleador hacia el trabajador y, que conforme fue supra expuesto justifica la terminación de la relación laboral, esta Sala de Casación Social colige, que la conducta del demandante producida el día 5 de marzo de 2013, se encuentre enmarcada dentro de la causal de despido justificado prevista en el literal c) del artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, relativa a la injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono. Así se determina.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala de Casación Social del TSJ, determinó como causa justificada de despido para un trabajador de Movilnet (Filial del operador estatal CANTV), que el ex trabajador se hubiese presuntamente burlado del fallecimiento de Hugo Chávez. Determinando que dichos hechos encuadran en la causa justificada de despido del literal “c” del art. 79 LOTTT (Ofensa al patrono). Lo particular es que La Sala reconoce como patrono al fallecido Hugo Chávez, por ser el presidente de la República, cuando la empresa pertenece al “Estado” venezolano y en todo caso el presidente Chávez no era accionista u ocupaba algún cargo en la directiva de la empresa como patrono o representante del patrono, ejemplo: gerente supervisor del trabajador, no obstante repetimos se le reconoce como patrono, con lo cual se fija un precedente por el cual el actual presidente funge como “patrono” de todos los trabajadores que prestan servicio para empresas del Estado, o de capital del Estado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200769-0590-3717-2017-15-345.HTML

El bono vacacional y utilidades causadas se calculan con base a los días establecidos en la ley vigente para el momento en que se causan


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 589      Fecha: 03-07-2017

Caso: Richard José Cordero Petit contra Irvin Enrique Sánchez

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2016 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón SEGUNDO: ANULA el fallo recurrido y TERCERO: CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por el ciudadano Richard José Cordero Petit contra el ciudadano Irvin Enrique Sánchez.

Extracto:

En lo que respecta al bono vacacional, el artículo 223 eiusdem, dispone que en la oportunidad de las vacaciones del trabajador, éste tendrá derecho a percibir una bonificación especial equivalente a un mínimo de siete (7) días de salario más un (1) día adicional por cada año de servicio, hasta un total de veintiún (21) días de salario, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a recibir una bonificación mayor a la de siete (7) salarios. Caso contrario, recibirá la cantidad a que se haya hecho acreedor, sin perjuicio del día adicional de un (1) día de salario por año de servicio.

Del mismo modo, el artículo 192 de la Ley de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece, que los patronos y las patronas pagarán al trabajador o a la trabajadora en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de quince días (15) de salario normal más un día (1) por cada año de servicios hasta un total de treinta (30) días de salario normal. Este bono vacacional tiene carácter salarial.

 En consecuencia, se declara procedente el concepto de bono vacacional, el  cual debe ser calculado por el experto designado al respecto, con base en el promedio del salario normal de los últimos tres (3) meses a la fecha de finalización de la relación de trabajo, conteste con lo establecido en el aparte único del artículo 121 de la referida ley sustantiva laboral, de la siguiente manera:

Período

Días por bono vacacional

2009-2010

7

2010-2011

8

2011-2012

17

2012-2013

18

Fracción 20013-2014

12,66

  Utilidades:

 Respecto a las utilidades, de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, los trabajadores tienen derecho a una participación en las utilidades líquidas de la empresa, la cual no puede ser inferior al equivalente a quince (15) días de salario ni mayor al equivalente de cuatro (4) meses; y, cuando el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados. Por su parte, el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras modifica el límite inferior de este derecho estableciéndolo en treinta (30) días de salario.

En este caso, el actor reclamó utilidades desde 2009 hasta 2014 y dado que la demandada no demostró haber pagado estos derechos laborales durante el periodo solicitado, se declara procedente la pretensión. A tales fines, el experto designado deberá considerar el salario normal promedio devengado por el trabajador durante el ejercicio fiscal del año respectivo, tomando en consideración que el accionante percibía una remuneración variable -aparte único del artículo 121 de la referida ley sustantiva laboral-  y en virtud de que el demandante no aportó las pruebas necesarias para determinar si el demandado obtuvo en su ejercicio anual beneficios líquidos repartibles, ni que pagaba anualmente los días de utilidades pretendidos, razón por la cual, procede el pago de este concepto con base en el límite mínimo establecido legalmente, desde 2009 hasta 2014. (Sala de Casación Social, sentencia n° 0314 de 16 de febrero de 2006, caso: Juan Andrade contra Videos & Juegos Costa Verde, C.A.).

De manera sucinta corresponde al accionante por concepto de utilidad, los días que se discriminan a continuación:

Año

Días por utilidades

2009

8,75

2010

15

2011

15

2012

30

2013

30

Fracción 2014

2,5

 Comentario de Acceso a la Justicia: Es muy común que las empresas paguen por vacaciones causadas antes de mayo del 2012, con base a 15 días el primer año más los días acumulados, incluso ese es la interpretación de muchos funcionarios en las distintas Inspectorías del Trabajo pero en la sentencia se puede apreciar como La Sala Social interpreta que se aplica la ley vigente para el momento en que se generó o causó el derecho, por lo que por ejemplo en las vacaciones causadas en el período 2009-2010 ordena pagar 7 días y no 15 días como dispone la ley del trabajo (Decreto LOTTT de mayo/2012) vigente para el momento de finalizada la relación y/o calculo efectivo del beneficio. Lo mismo ocurre con las utilidades, la Sala ordena el pago de 15 por año o ejercicio anual y no con base a 30 días sino a partir de las utilidades causadas luego del 2012

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200768-0589-3717-2017-16-692.HTML

Principio de inmediación del juez en el proceso judicial del trabajo


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 587      Fecha: 03-07-2017

Caso: Otilio Antonio Martínez contra Comercializadora Dinapos, C.A. y Otras y Theodore Panayotis Konstantino Zumbillo

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte actora, contra el fallo emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha en fecha 4 de agosto del año 2016; SEGUNDO: NULA la decisión antes identificada; TERCERO: NULAS las actuaciones practicadas desde la audiencia de juicio realizada en fecha 19 de marzo del año 2015; y, CUARTO: REPONE LA CAUSA al estado en que el Juzgado de Juicio que resulte competente fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, sin notificación previa de las partes, por encontrarse a derecho .

Extracto:

Visto todo lo anterior, esta Sala observa que tal y como lo denuncia la parte actora recurrente, el acto de instalación de la audiencia de juicio y evacuación de las pruebas fue presenciado por el Juez Rubén de Jesús Medina Aldana; que posteriormente, se abocó al conocimiento de la causa el Juez Carlos Luis Adelis Santeliz Casamayor, quien dictó la decisión definitiva, sin haber participado en la etapa inicial del proceso ni haber declarado la reposición de ésta, con el objeto de presenciar las exposiciones de las partes y conocer el carácter, alcance y objeto demostrativo pretendido con las pruebas aportadas al proceso. Por lo que, habiendo sido admitido el presente recurso, conforme a lo dispuesto en la ley adjetiva laboral, resultan aplicables los principios que rigen el proceso en esta materia, entre los cuales se encuentra el de inmediatez.

Es por ello, que esta Sala señala, que el juez que dictó la sentencia recurrida debió considerar la aplicación del principio de inmediación, a través del cual y de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo “…Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento”, para de este modo, otorgarle a las partes, la oportunidad de reponer la causa al estado en el que se realizara nuevamente la audiencia de juicio, garantizándole de esta manera, un debido proceso, ajustado a lo establecido en la ley adjetiva laboral, es decir, que el mismo Juez que escuche a las partes y presencie el debate procesal, sea el que finalmente decida sobre el fondo de la demanda interpuesta.

Por las razones expuestas, una vez verificado que la recurrida incurrió en la acusada violación de una norma procesal aplicable, como lo es el principio de inmediación, se declara procedente la presente delación. Así se declara.

Dada la declaratoria anterior, la Sala considera inoficioso el análisis las demás denuncias planteadas en el escrito de formalización. Así se declara.

En virtud de lo anteriormente señalado, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte actora recurrente y en consecuencia, se declara la nulidad de las actuaciones practicadas, desde la audiencia de juicio realizada en fecha 19 de marzo del año 2015, y se repone la causa al estado en que el Juzgado de Juicio que resulte competente fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Social considera que como el juez que dictó la sentencia no fue el mismo juez del acto de instalación de la audiencia de juicio y evacuación de las pruebas, se incumplió con el “principio de inmediación del juez laboral”, por lo que La Sala declara nula la decisión; nulas las actuaciones practicadas desde la audiencia de juicio y ordena reponer la causa.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/200766-0587-3717-2017-16-800.HTML

El percibir un bono anual no convierte el salario en variable.


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 543      Fecha: 27-06-2017

Caso: Laura Beatriz González Rodríguez contra Compañia Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Otra

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada contra la sentencia publicada el 16 de mayo de 2016, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se ANULA el fallo recurrido; y, TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por la ciudadana Laura Beatriz González Rodríguez, contra las empresas Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela C.A. (CANTV), y Telecomunicaciones Movilnet C.A. No hay condenatoria en costas dada la índole de la presente decisión.

Extracto:

En el presente caso, el llamado bono de resultado o bono corporativo, está directamente relacionado con la prestación de servicio de la trabajadora y la productividad de la empresa, era pagado por la entidad demandada en razón del desempeño en el trabajo de la demandante, apreciable en dinero efectivo, percibido por la trabajadora de manera anual en forma constante desde el año 2001 hasta el año 2013, es decir, se canceló de manera regular y permanente, por lo cual se considera que dicha remuneración tiene carácter salarial. Y, en consecuencia debe tomarse en consideración en el salario base de cálculo de las prestaciones sociales y pensión de jubilación de la trabajadora.

Empero, considera la Sala que la sentencia incurrió en el vicio delatado al señalar que, como el monto anual del bono corporativo no era fijo, esa circunstancia convierte el salario devengado por la demandante en salario variable, pues el hecho que el mencionado bono variase en su monto, no convierte el salario en variable, lo contrario equivale a afirmar que, mutatis mutandi, cuando un trabajador perciba por concepto de horas extras sumas diferentes en cada período remunerado, su salario es mixto.

De manera que, el salario devengado por la demandante es un salario fijo y no variable, como erradamente lo estableció la recurrida, por lo que el pago de los días de descanso y feriados -a la luz de lo previsto en el artículo 217 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1.997- se encuentra comprendido en la remuneración mensual. Además, en todo caso, el llamado bono corporativo no tendría incidencia en la remuneración mensual, es decir, como dicho pago se recibe una vez al año, no podría ser considerado en la base de cálculo para el pago de los días de descanso y feriados, toda vez que la base para calcular dicho concepto sería el promedio de lo generado en el mes respectivo.

Por las razones expuestas, se declara procedente la denuncia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En criterio de la Sala Social el pago del “bono corporativo” por ser recibido por el trabajador una vez al año, no podría ser considerado en la base de cálculo para el pago de los días de descanso y feriados, toda vez que la base para calcular dicho concepto sería el promedio de lo generado en el mes respectivo. Al leer el artículo 217 LOT (actual art. 119 LOTTT), se aprecia que el ingreso salarial variable sólo remunera los días hábiles y que a parte se deben pagar los descansos y feriados con base al promedio <<semanal, quincenal o mensual>> del trabajador, con lo cual se aprecia que no incluye el promediar ingresos anuales. De igual forma, afirma la Sala que un bono percibido anualmente, cuyo monto varía no convierte al salario del trabajador en variable.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200363-0543-27617-2017-16-838.HTML

Requisitos para conceder fuerza ejecutoria en Venezuela a una sentencia extranjera


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Exequátur

TSJ/SCS Nº Sent: 529      Fecha: 22-06-2017

Caso: Antonieta Di Bari Martinelli y Luis Alejandro Veiga Pérez

Decisión:  CONCEDE FUERZA ejecutoria parcial en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela solo respecto a la disolución del vínculo conyugal existente entre los ciudadanos ANTONIETA DI BARI MARTINELLI y LUIS ALEJANDRO VEIGA PÉREZ, a la sentencia dictada N° 807/13 dictada en fecha 9 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial Sección Décima de Valencia, España, que confirmó lo decidido en la sentencia N° 51/2013 proferida por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Moncada-Valencia, España respecto a la disolución del matrimonio entre los solicitantes.

Extracto:

Sala pasa a evaluar si en la presente solicitud están cumplidos plenamente los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, así como, si la sentencia analizada no contraría preceptos del orden público venezolano, y al efecto observa que entre los requisitos se encuentran:

1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas. (…)

2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. (…)

3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio. (…)

4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley. (…)

5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. (…)

6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera. (…)

Asimismo, la Sala observa que la sentencia extranjera sometida a exequátur no afecta ni contraría los principios esenciales del orden público venezolano, pues aun cuando la motivación del fallo para acordarse el divorcio solicitado es que habían transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio, como lo establece el apartado 2 del artículo 81 del Código Civil de España, consta en la decisión que el demandado abandonó el país (España) durante más de un año anterior a la demanda de divorcio, lo cual ha sido asimilado por analogía en la República Bolivariana de Venezuela a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, referido a la separación de cuerpos por más de un (1) año sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges.

Vista toda la relación anterior, esta Sala de Casación Social considera que la presente solicitud de exequátur parcial de la sentencia extranjera N° 807/13 dictada en fecha 9 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial Sección Décima de Valencia, España, que confirmó lo decidido en la sentencia N° 51/2013 proferida por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Moncada-Valencia, España respecto a la disolución del matrimonio entre los solicitantes, cumple los requisitos esenciales y concurrentes establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado para su procedencia. En consecuencia, concede fuerza ejecutoria parcial en la República Bolivariana de Venezuela a la referida decisión, solo respecto a la disolución del vínculo conyugal existente entre los ciudadanos ANTONIETA DI BARI MARTINELLI y LUIS ALEJANDRO VEIGA PÉREZ, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Un Exequátur” es un procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado requirente a efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de la misma.

En el fallo la Sala pasa a evaluar si en la presente solicitud están cumplidos plenamente los extremos previstos en la Ley de Derecho Internacional Privado, y si la sentencia no contraría preceptos del orden público venezolano, y al efecto observa que cumple con los requisitos por lo que CONCEDE FUERZA ejecutoria parcial en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la disolución del vínculo conyugal dictada en España.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200203-0529-22617-2017-16-516.HTML