La cosa juzgada, su importancia y efectos. Las dos únicas vías para revisar sentencias firmes


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Nulidad de sentencia de divorcio

N° Sent. 1005      Fecha: 14-11-2017

Caso: MIREYA CRISTINA CAMBERO contra JOSÉ FERNANDO DE MATOS REBOLLEDO.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 8 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Falcón, se desecha la demanda y se declara extinguido el proceso.

Extracto:

Esta Sala debe acotar que en nuestro ordenamiento jurídico sólo existen dos excepciones a la inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad que derivan de la cosa juzgada: el juicio de invalidación, cuyas causales se encuentran establecidas en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil y la revisión constitucional prevista en el artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado a nivel jurisprudencial. Sin embargo, en el presente juicio no se debate alguna de estas excepciones, por tanto, le estaba vedado al juez analizar nuevamente los hechos planteados y la validez de la sentencia de divorcio, toda vez que al existir una sentencia con carácter de cosa juzgada, debió desechar la pretensión y declarar extinguido el proceso, por existir un presupuesto procesal que afecta la validez de este nuevo juicio, tal como fue alegado por la representación judicial de la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda.

Por tanto, tomando en consideración que la pretensión de la parte actora es la de enervar una decisión que ha adquirido el carácter de cosa juzgada material, institución jurídica protegida constitucional y legalmente, que sirve de fundamento a la seguridad jurídica que es de eminente orden público, esta Sala de Casación Social, conforme al contenido de los artículos 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicable por remisión expresa del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, deviene en acordar: casar de oficio la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Falcón, con sede en Punto Fijo, de fecha 8 de marzo de 2017, que declaró sin lugar el recurso de apelación; cuando por el contrario debió desechar la demanda, declarar extinguido el proceso, y en consecuencia, anular el referido fallo por aplicación analógica del artículo 356 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.” (Negrillas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la cosa juzgada, su importancia y efectos y las dos únicas vías para revisar sentencias firmes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205269-1005-141117-2017-17-374.HTML

Las consecuencias de la conducta negligente del defensor ad litem. La imposibilidad de aplicar la confesión ficta en tales casos


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Infancia

N° Sent. 997        Fecha: 13-11-2017

Caso: Demanda de nulidad de contrato interpuesta por CARMEN RAMONA LÓPEZ SÁNCHEZ, DORCA SÁNCHEZ DE FERNÁNDEZ, TUBALCAÍN SEGUNDO SÁNCHEZ, ADILIA SÁNCHEZ, YAJAIRA MARILÍN SÁNCHEZ DE PÉREZ, HIDALGO SÁNCHEZ, LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ y el adolescente L.E.C.S., contra JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ, NELVIS JOHAN SÁNCHEZ URBINA y CORPORACIÓN UCRANIA C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2017, por el Juzgado Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Extracto:

“En todo caso, esta Sala extremando sus funciones ha podido evidenciar que designado como había sido un defensor ad litem en la causa, era deber de éste contestar la demanda, toda vez que la parte accionada compareció por primera vez a juicio el día en que se vencía el lapso de veinte (20) días para dar contestación a la misma, según lo contemplado en el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, sin que hasta ese momento el defensor ad litem hubiese asistido a cumplir con esta actuación, por lo que no podían aplicarse a los demandados los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, pues la diligencia debida imponía al defensor la obligación de velar por el cumplimiento de su mandato, durante el lapso previsto en la Ley.

En este sentido, la Sala Constitucional en sentencia Nº 531 de fecha 14 de abril de 2005, caso: Jesús Rafael Gil Márquez, ha atemperado los efectos de la confesión ficta cuando ha sido designado defensor ad litem, al establecer lo siguiente:

(…)la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (…omissis…) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara”. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.

Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre las consecuencias de la conducta negligente del defensor ad litem y la imposibilidad de aplicar la confesión ficta en tales casos, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la demandada.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205218-0997-131117-2017-17-479.HTML

Los efectos de la adopción en la extinción del parentesco. El interés superior como razón primordial al momento de decidir


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Infancia

N° Sent. 991        Fecha: 10-11-2017

Caso: Impugnación del reconocimiento interpuesta por JULIO JOSÉ FERRER ALFONZO contra ROSSI DOLORES GUERRA MERCHÁN y su hijo.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito Judicial del estado Sucre y sin lugar la demanda.

Extracto:

“En tal sentido conviene citar los artículos 427 y 428 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo contenido señala lo siguiente:

Artículo 427. Extinción de parentesco.

La adopción extingue el parentesco del adoptado o adoptada con los y las integrantes de su familia de origen, excepto cuando el adoptado o adoptada sea hijo o hija del o la cónyuge del adoptante.

Artículo 428.Impedimentos matrimoniales. La adopción no extingue los impedimentos matrimoniales que existen entre el o la adoptado y los integrantes de su familia de origen.

Conforme a las normas anteriormente transcritas, una vez efectuado el decreto de adopción plena, indistintamente si la misma es individual o conjunta, se extingue el parentesco del adoptado o adoptada con los y las integrantes de su familia de origen, excepto cuando el adoptado o adoptada sea hijo o hija del o la cónyuge del adoptante, siendo que en el presente caso el juez ad quem no solo se extralimitó del thema decidendum sino que renovó la filiación biológica paterna que por efecto del juicio de adopción se encontraba extinguida, lo que conlleva a todas luces que la decisión esté inmersa en el vicio que se le imputa.”

“…OMISIS…”

El Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto éste engloba según lo establecido por el Comité de la Convención sobre los derechos del Niño, en especial en la “Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial” (artículo 3, parágrafo 1), de fecha 29/05/2013, una serie de elementos que el Juez debe tomar en consideración al momento de decidir, de la que se desprenden ciertos aspectos como:

“Dicho comité subraya que el interés superior del niño es un concepto Triple:

  1. a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo concreto o genérico o a los niños en general…

(…)

  1. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho, En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de caso concretos”.

Otro punto a destacar de lo establecido por el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial en la “Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial” (artículo 3, parágrafo 1), de fecha 29/05/2013, en cuanto indica:

“…La familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños (preámbulo de la Convención). El derecho del niño a la vida familiar está protegido por la Convención (art. 16). El término “familia” debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art.5)”.

Expuesto lo anterior, se impone destacar la importancia que tiene la protección familiar y el sano desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, en todos sus aspectos tanto físico, biológico, psicológico, moral, social y jurídico, más ante una situación donde la lesión deviene de la conducta de quienes han asumido su resguardo, su cuidado y defensa, lo que incrementa su vulnerabilidad, mereciendo en consecuencia un trámite especial que permita la protección debida por parte del Estado y de los organismos llamados a garantizar dicha protección.” (Negrillas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala sobre los efectos de la adopción en la extinción del parentesco; y sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial al momento de decidir.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205205-0991-101117-2017-17-473.HTML

 

La constitucionalidad de la caducidad de la acción de desconocimiento de paternidad. El doble carácter del interés superior del niño


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Infancia

N° Sent. 978        Fecha: 02-11-2017

Caso: Demanda por desconocimiento de paternidad interpuesta por MARCO ANTONIO MAUCO NODA contra JOSMIR LEONOR CASTILLO RODRÍGUEZ y su hijo J.D.M.C.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 14 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Falcón y sin lugar la demanda.

Extracto:

“Del fallo citado, se evidencia que: i) la caducidad no puede ser derogada ni tampoco pueden ser modificados los términos perentorios que la hacen aplicable, sino a través de normas explícitas; ii) la previsión de caducidad del artículo 206 del Código Civil, se encuentra precisamente establecida a favor del hijo o hija a fin de tenga certeza de su paternidad, por lo que el temor o la expectativa de que tal condición desaparezca no debe durar más tiempo del legalmente determinado; iii) en todo caso, es la acción de desconocimiento la que se dispuso en beneficio del padre, quien podrá ejercerla en un tiempo oportuno, so pena de sanción de caducidad.

“…OMISSIS…”

Por su parte, el juez superior decidió desaplicar el aludido artículo 206 que prevé la indicada acción por considerar que “encuentran en contraposición dos normas vigentes, el artículo 206 del Código Civil Venezolano y 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el primero limitando a -seis meses la acción propuesta en esta causa, y el segundo sin precisar límite en el tiempo al derecho que tiene el demandante en esta causa para indagar e investigar si es el verdadero padre (…)”.

Bajo este contexto, resulta imperativo citar el contenido del artículo 56 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé:

Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación.

 

En esta disposición se encuentra desarrollado el derecho a la identidad, el cual comprende, entre otros, el derecho al nombre, al apellido y a conocer la identidad de los padres, para lo cual se establece que el Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Ahora bien, esta Sala no considera, como lo expresó el juez superior, que el artículo 206 del Código Civil sea contrapuesto al artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que precisamente el legislador previó la acción de desconocimiento que permite investigar y desvirtuar la paternidad. No obstante, como se explicó supra dicha acción establece un tiempo de caducidad a favor del hijo o hija, por lo que no puede alegar el interés superior de éstos, cuando lo que se pretende es privarlos de su estatus filiatorio.

“…OMISSIS…”

El interés superior constituye un principio de interpretación y aplicación de la Ley de imperativo cumplimento, pero también una garantía constitucional que tiene como fin asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través del disfrute y ejercicio de sus derechos y garantías, así como el cumplimiento de sus deberes (artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

En tal sentido, la valoración que se realice de las normas a aplicar en una situación o un caso determinado, debe hacerse bajo la concepción de que impere lo más favorable para los niños, niñas y adolescentes.

“…OMISSIS…”

Se evidencia del fallo parcialmente transcrito, que el derecho a la identidad es un derecho humano, pero para el caso de los niños, niñas y adolescentes este derecho debe ser interpretado desde el interés superior de éstos, prevaleciendo incluso, sobre los intereses jurídicos de otros, es decir, sus propios padres, terceros, el Estado.

Del mismo modo, importa precisar que no hay impedimento para que la presente cuestión sea promovida nuevamente por el propio hijo, en los términos establecidos en el Código Civil.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la constitucionalidad de la caducidad de la acción de desconocimiento de paternidad establecida en el artículo 206 del Código Civil y su finalidad, porque no contradice el derecho a la identidad dispuesto en el artículo 56 de la Carta Magna; y, sobre el doble carácter del interés superior del niño como principio de interpretación y al mismo tiempo como garantía constitucional para asegurar su desarrollo integral.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/204759-0978-21117-2017-17-378.HTML

Forma de tramitar la denuncia de fraude procesal


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

TSJ/SCS N° 959             Fecha: 31-10-2017

Caso: Demanda de nulidad de venta de acciones interpuesta por MABEL DEL CARMEN MACÍAS RAMÍREZ, actuando en su propio nombre y en representación de su hijo J.I. contra JACINTO SÁNCHEZ MORA y CARLOS GREGORIO ROMERO ORTA

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de septiembre de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui y se repone la causa al estado de que el Tribunal de Primera Instancia de Juicio que resulte competente, ordene la tramitación de la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

Extracto:

“En tal sentido, los jueces de instancia no podían cerrarle el paso a dicha denuncia bajo premisas evasivas, en virtud que al tratarse de una necesidad del procedimiento, el juez debe abrir una articulación probatoria, de acuerdo a lo previsto por el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para no sólo oír a las partes, sino para producir y materializar los medios de pruebas que acrediten la existencia del fraude procesal.

Consecuencia de lo expuesto y con base en los criterios jurisprudenciales invocados supra, la Sala concluye en que, efectivamente, al formalizante se le menoscabó el derecho a la defensa, pues el juzgador superior al desechar de manera pura y simple el alegato planteado por el hoy recurrente, tendente a enervar un presunto fraude procesal que obraba en su contra, y que consideraba decisivo en la suerte de la controversia, toda vez que tal decisión pudiera conllevar a determinar la nulidad de la compra-venta de acciones del codemandado, por lo que debió ordenar la tramitación de la incidencia solicitada y abrir la articulación probatoria ante el tribunal a quo, tal como se encuentra prevista en la ley adjetiva civil.

Con base en los argumentos expuestos, la Sala debe subsanar el defecto evidenciado en el proceso, y; en consecuencia, se ordena reponer la causa al estado en que el Tribunal de Juicio de Primera Instancia que resulte competente disponga la tramitación de la articulación probatoria ya señalada y alegada por el hoy formalizante; para que de esta manera, se le permita a los litigantes producir los alegatos y pruebas que consideren pertinentes para dilucidar lo referente a la ocurrencia del fraude procesal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la necesidad de abrir una articulación probatoria en caso de que se alegue fraude procesal para permitirle a las partes la demostración de sus alegatos y a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Voto salvado: No hay.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204697-0959-311017-2017-16-996.HTML

Los requisitos que deben ser demostrados para que se reconozca la unión concubinaria


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

TSJ/SCS N° 957            Fecha: 31-10-2017

Caso: Demanda por reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por YENIS YANETTE LINARES CARRASQUEL contra JESÚS ALBERTO CLARO BELLO y la adolescente A.S.C.L.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 6 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Extracto:

Ahora bien, tal como lo ha resuelto esta Sala con anterioridad, en sentencia N° 220 del 3 de abril de 2017 (caso: Félida Yarisma Fuentes contra Pablo Rafael Esqueda Freitez), lo que distingue a la unión concubinaria, es la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros; sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio; y que no toda unión de dos personas del sexo opuesto, aunque de ella exista descendencia, puede denominarse concubinato, puesto que debe tener todas las apariencias de un matrimonio legítimo y responder a las siguientes condiciones:

  1. Debe ser público y notorio, lo que va determinar una “posesión de estado de concubinos”: tanto el hombre como la mujer son tenidos como tales por sus familiares y relacionados.
  2. Debe ser regular y permanente; pues una unión transitoria u ocasional, no configura la unión concubinaria.
  3. Debe ser singular; es decir, entre un solo hombre y una sola mujer.
  4. Por último, debe tener lugar entre personas del sexo opuesto: de lo contrario, no se cumplirían los postulados relativos a sus fines y dejaría de tener semejanza con el matrimonio.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos que deben ser demostrados para que se reconozca la unión concubinaria, a saber: su publicidad, su regularidad y que ocurra entre un hombre y una mujer.

Voto salvado: No hay.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/204695-0957-311017-2017-16-976.HTML

El documento fundamental en la solicitud de exequátur


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Sala: de Casación Social

Procedimiento: Exequátur

Materia: Infancia

N° Sent. 885        Fecha: 18-10-2017

Caso: MARYORIS DEL CARMEN ANDRADE ZÁRRAGA contra NÉSTOR ALBERTO GONZÁLEZ

Decisión: Se rechaza la solicitud de exequátur de la sentencia dictada el 4 de mayo de 2016, por el Tribunal de Circuito del Estado de Oregón para el Condado de Washington, Estado Unidos de América, mediante la cual declaró la disolución del vínculo conyugal de los ciudadanos Néstor Alberto González y Maryoris del Carmen Andrade Zárraga.

Extracto:

“En el caso concreto, la solicitante no acompañó la sentencia extranjera cuya ejecución requiere, sino una traducción de la decisión de disolución del matrimonio (f. 7 al 11 del expediente), tampoco consta la ejecutoria, las cuales deben estar en forma auténtica y legalizada por autoridad competente; con la advertencia de que si no están extendidas en idioma castellano, deben aportarse traducidas por un intérprete público, lo cual conlleva a determinar que la solicitud no cumple con las exigencias previstas en el citado artículo 852 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 185 ejusdem y 9 constitucional.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la necesidad de acompañar a la solicitud de exequátur la sentencia extranjera y su ejecutoria, debidamente traducida (en el caso que proceda) y legalizada, para que pueda reconocerse la sentencia extranjera.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203948-0885-181017-2017-17-0213.HTML

Los hechos que se deben demostrar para declarar la existencia de la unión concubinaria. La importancia de la prueba testimonial en estos juicios


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

TSJ/SCS N° 862             Fecha: 04-10-2017

Caso: ALEXIS RAFAEL RIVERO OROZCO contra LAURA PATRICIA TABATA RINCONES

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y sin lugar la demanda.

Extracto:

“Como corolario de lo anterior se desprende que tradicionalmente el concubinato ha sido considerado como una unión estable de hecho (unión more uxorio), es decir, una relación o situación fáctica, contraria a una situación de derecho como lo es el matrimonio, pues alude a un conjunto de hechos o circunstancias que surgen de forma espontánea y sin formalidades dando origen a la situación concubinaria, que una vez probada, generalmente por vía judicial, produce determinados efectos jurídicos. Por lo tanto, para su declaración se requiere la demostración de determinados requisitos.

Entre estos presupuestos destaca el tratamiento recíproco de marido y mujer que debe prevalecer entre la pareja, ello supone que se encuentren presentes en la relación los elementos esenciales de la posesión de estado como lo son el trato y la fama, siendo primordial el primero de estos requerimientos, es decir, que aunque las partes no se presenten como cónyuges, se dispensen idéntico trato.

Para la demostración de estas circunstancias, adquiere especial relevancia la prueba testimonial y en el caso en concreto ha resultado determinante para esta Sala que los testigos aportados por la parte actora no lograron crear la suficiente convicción acerca de la existencia de la unión alegada, mientras que los testigos de la demandada consiguieron desvirtuar los alegatos efectuados por el actor en su libelo de demanda, al colocar en evidencia, no sólo la ausencia del trato como cónyuges, sino además, que la relación entre las partes no gozó del carácter de estabilidad que debe imperar en las uniones estables de hecho para poder ser declaradas como tal.

Adicionalmente, debe esta Sala destacar que si bien no es un hecho controvertido la presencia de una hija en común, ello por sí solo no basta para declarar la existencia de la relación invocada, por lo tanto ante la ausencia de otros elementos probatorios capaces de generar la certeza necesaria para considerar demostrada la unión invocada, resulta imperativo para esta Sala declarar sin lugar la demanda interpuesta. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los hechos que se deben demostrar para declarar la existencia de la unión concubinaria y la importancia de la prueba testimonial en estos juicios.

Voto salvado: No hay.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/203497-0862-41017-2017-17-068.HTML

La prueba de ADN para determinar la filiación y sus consecuencias


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

TSJ/SCS N° 845             Fecha: 14-08-2017

Caso: PAOLO GRASSANO CASTELMEZZANO, ANTONIA GRASSANO CASTELMEZZANO, TERESA GRASSANO CASTELMEZZANO, PANCRAZIO GRASSANO CASTELMEZZANO, CARMELA GRASSANO CASTELMEZZANO y PASCUALINA GRASSANO CASTELMEZZANO contra YAJAIRA JOSEFINA VALERO BRICEÑO y MAURICIO ENRIQUE GRASSANO VALERA

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 10 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

Extracto:

“Se colige así que la jurisprudencia ha dejado claramente establecido que en los juicios de inquisición de paternidad los indicios por conducta procesal se constituyen como una presunción legal en contra del demandado (artículo 210 del Código Civil), y ésta a su vez, resulta suficiente para decidir el establecimiento de la filiación paterna hasta ahora inexistente.

Expuesto lo anterior, tenemos que la conclusión a la que arribó el juzgador ad quem al atribuirle a la negativa de la parte demandada de practicarse la prueba heredo-biológica, como carácter de presunción legal que deviene del artículo 210 del Código Civil y a su vez como un indicio por conducta procesal de conformidad con lo previsto en el artículo 482 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no constituye en forma alguna error de juzgamiento, pudiendo establecer las consecuencias derivadas de la ley al respecto.

Adicionalmente, cabe referir que la prueba heredo-biológica se promovió en la persona de un tercero, ciudadano Leivis Pérez, titular de la cédula de identidad N° 8.723.552, quien alega ser el padre biológico del demandado, o sobre los hermanos del de cujus, en virtud que el padre legal fue cremado, siendo que ante la negativa el juez si bien aplicó la presunción legal que operaba en contra del demandado, consideró que la misma no era suficiente, dado que ante la posesión de estado y el reconocimiento voluntario, debían constar otras pruebas capaces de enervar en su conjunto la filiación, lo cual no ocurrió, siendo ajustada a derecho dicha decisión, motivo por el cual se desecha la denuncia.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la prueba de ADN para determinar la filiación y las consecuencias de la falta de colaboración de una parte para la realización de la misma, así como las diferencias cuando se trate de un juicio para impugnar la filiación.

Voto salvado: No hay. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202948-0845-14817-2017-17-304.HTML

Formas válidas de disolver la comunidad conyugal y sus efectos


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

TSJ/SCS: N° 822             Fecha: 14-08-2017

Caso: Demanda de partición interpuesta por JUAN JOSÉ TORRES SILVA contra IDENIA COROMOTO GÓMEZ DE FRANCA

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 19 de julio de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas y sin lugar la demanda.

Extracto:

Por tanto, las únicas causas legales que permiten la disolución y liquidación de la comunidad de gananciales, son: la nulidad del matrimonio, la ausencia declarada, la quiebra de uno de los cónyuges y la separación judicial de bienes. De lo contrario, los cónyuges no pueden voluntariamente disolver y liquidar la comunidad de bienes, mientras no quede ejecutoriada la sentencia de divorcio. En el presente caso, nos encontramos bajo la figura de la separación judicial de bienes.

Ahora corresponde analizar cómo opera dicha disolución, pues en el caso del divorcio o muerte aplica de mero derecho. Pero en casos como la separación de bienes solicitada durante la solicitud de la separación de cuerpos, implica un proceso judicial con sus diferentes etapas, donde el juez verificará que el acuerdo no sea contrario al orden público, las buenas costumbres o una disposición expresa de la ley; esto como regla general de análisis a las homologaciones que se presentan en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.”

“…OMISSIS…”

“En este sentido, las partes suscribieron un acuerdo de separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento, conforme los artículos 189 y 190 del Código Civil, que fue homologada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Vargas en fecha 03 de agosto de agosto de 2012, y por tanto tiene efecto de cosa juzgada y por ende es de cumplimiento obligatorio entre las partes aunado al compromiso que adquirieron en relación a la niña.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la prohibición de disolver voluntariamente la comunidad conyugal, salvo el caso de la separación judicial de bienes, la cual produce efectos de cosa juzgada, es decir, que no es revisable posteriormente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/202884-0822-14817-2017-16-723.HTML