Derecho de los niños y adolescentes a opinar


lopna

Sala de Casación Social. 

Recurso de control de legalidad.

TSJ/SCS Nº 14. Fecha: 19/01/17.

Caso: Recurso de control de la legalidad en el juicio de privación de patria potestad que sigue MARIA VANESSA SUAREZ BOLIVAR contra RAFAEL ALEJANDRO BOCACHE MARULANDA.

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Cómo se desprende, el acto procesal de oír la opinión de niños, niñas o adolescentes, debe concluir con la lectura del acta levantada por el juez para dejar constancia de ello, acta sucinta que debe contener los puntos fundamentales de lo declarado, aún cuando se proceda a la grabación respectiva, lo que permite el control de la legalidad no sólo del acto procesal de oír la opinión, sino de la sentencia dictada y así  verificar que el interés superior del niño fue debidamente ponderado.

En el caso bajo estudio se observa que el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección, de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia en el acta de fecha 6 de julio de 2015, que consta en el folio 167 de la pieza 1, levantada con motivo de la celebración de la audiencia de juicio, que la adolescente fue entrevistada; sin embargó no cumplió con el requisito de recabarla a través de un acta ó de algún medio técnico de reproducción o grabación, lo cual impide controlar su legalidad, por tanto, no puede considerar, esta Sala de Casación Social válido el referido acto.

Cabe observar que la opinión del niño, niña o adolescente, debe valorarse como un acto sustancial del proceso, jamás como una mera formalidad no esencial, sobre todo porque se encuentra estrechamente relacionado con uno de los principios más importantes de la Doctrina de la Protección Integral, como es el Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual constituye un criterio para adoptar decisiones, medidas o acciones.

En razón de lo anterior y al no constar en actas lo declarado por la niña de marras, el Juez Superior Primero del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debió fijar la respectiva oportunidad para oír la opinión de ésta, a fin de determinar adecuadamente su interés superior y más aún en una causa tan importante para la vida de la niña, como es el juicio de privación de patria potestad.

La realización del referido acto es una obligación ineludible para cualquier órgano o autoridad que se encuentre conociendo de procesos o situaciones que de una u otra forma afecten o amenacen con afectar el bienestar de menores, de acuerdo con la edad y condiciones de salud mental en que éstos se encuentren. La garantía de tal derecho está orientada a proporcionarles oportunidad para expresarse libremente en audiencia especial, para que su manera de percibir las circunstancias que fueren del caso y sus opiniones en general cuenten, como elemento principalísimo, en el conjunto de factores que debe ponderar quien le corresponda adoptar decisiones de cualquier naturaleza (Vid. Sentencia 580 de la Sala Constitucional de fecha 20 de junio de 2000 caso: Fanny Carolina Salas Fumarola).

Un fallo sin la mencionada observancia, no sólo constituye una violación al derecho de los niños, niñas y adolescentes de opinar en los asuntos que les interesan, sino que además, constituye una violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, los cuales son de orden público, por cuanto, si el juez consideraba que su opinión no era precisa para resolver el caso, debía dejar constancia de tales motivos. (Vid. Sentencia No. 900/2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de mayo de 2008).”

“…OMISSIS…”

“En el presente caso, se privó de la patria potestad al progenitor con fundamento en las causales contenidas en los literales “c” e “i”, del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativos al incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y cuando se nieguen a cumplir con la obligación de manutención, respectivamente.

En principio el legislador consagró los motivos para que opere tal alejamiento, como establecidas en los artículos 352 y 356 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contentivas de las causales de privación y extinción de la patria potestad, respectivamente. En las mismas hay causales que son objetivas, es decir no tienen margen de interpretación por parte del juez, tal como ocurre con la causal contenida en el literal “g” del artículo 352 eiusdem, que dispone: “g) Sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o hija.”; causal que se demuestra con la simple presentación de la sentencia penal definitivamente firme para que se dé por demostrado ese hecho.

Sin embargo, la causal de negarse a cumplir con la obligación de manutención, en principio implica la sentencia que condene por incumplir esa obligación, pero también debe atenderse al último aparte del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que regula: “El juez o jueza atenderá a la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los hechos.” Es decir que debe valorar cada uno de estos parámetros, los cuales en el presente caso no se materializan por la conducta llevada a cabo por el progenitor, aunque fue tardía, quien antes de ser privado cumplió con su deber y por tanto se considera que el Juez incumplió con el debido análisis de las causales legales a la luz de los referidos principios de la doctrina de la protección integral, pues en el presente caso se observa que lo más conveniente para la niña era mantener el contacto con el progenitor, lo cual era lo más idóneo al hacer el ejercicio ponderativo, entre entender únicamente la causal como una sanción de aplicación indubitable y analizar dicha institución como un mecanismo de protección que procura garantizar los derechos de la infante, para lo cual debía tener como norte de su interpretación los principios de interés superior del niño y que el contacto entre padres e hijos es la regla; con lo cual resulta evidente la errónea interpretación formulada por el Juez Superior, que conlleva a una lesión del orden público constitucional.

Al estudiar la otra causal que el juez dio por comprobada, es decir, la contenida en el literal “c” del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que regula como supuesto de hecho cuando los padres incumplan los deberes inherentes a la patria potestad. Esta causal debe ser interpretada con sumo cuidado, porque su contenido no se encuentra delimitado objetivamente.

En tal sentido hay que señalar que para poder declarar la pérdida de la patria potestad con fundamento en esta causal, es necesario la demostración plena de un abandono total y absoluto de los deberes parentales y no un incumplimiento parcial de los mismos, pues al efecto se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su voluntad manifiesta.

Así tenemos que el Juez estimó tres (3) factores para llenar de contenido los deberes que estimó inherentes, a saber: que el padre incumplió la obligación de manutención; las actuaciones procesales del progenitor en los expedientes de autorización para emitir pasaporte y de autorización de viaje; y la  prueba testimonial.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante por dos razones. En primer lugar, porque establece el criterio de la Sala sobre el carácter esencial del derecho a opinar de niños, niñas y adolescentes y las consecuencias de su omisión. En segundo lugar, porque explica cuándo hay negativa a cumplir con la obligación de manutención e incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, que hagan procedente la demanda de privación de patria potestad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195135-014-19117-2017-16-072.HTML

Reconocimiento de los derechos de hijos de parejas del mismo sexo


contuitucion-630-16anosl1

Sala Constitucional. 

Amparo Constitucional.

TSJ/SC Nº 1187. Fecha: 15-12-2016.

Caso: Acción de amparo constitucional ejercida por MIGDELY MIRANDA RONDÓN contra la Oficina Nacional de Registro Civil, el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional y el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución.

Decisión: Admite la acción por orden público, y declara:

“Esta Sala Constitucional, en atención de lo explanado en la presente acción de amparo, constata que la prenombrada ciudadana Migdely Miranda Rondón, a través de las técnicas de reproducción asistida se encuentra en la condición de gestante subrogada, de acuerdo a la definición plasmada en el presente fallo en su Capítulo II “esto es, aquella mujer que, de común acuerdo con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona o pareja, con el fin de quedar embarazada de dicho embrión, gestarlo a término, parirlo en sustitución de la mencionada persona o pareja y con intención de entregárselo a éstas”.

Ahora bien, conforme a nuestro ordenamiento jurídico se le atribuye la filiación materna a la ciudadana Migdely Miranda Rondón, ya que fue ésta la que llevo a cabo el proceso de gestación y materializó el hecho cierto del parto, filiación que esta Sala Constitucional ratifica, por cuanto realmente desde el inicio del procedimiento de reproducción asistida nunca hubo tal intención de “entrega del niño” por parte de la gestante subrogada, condición que consta en las actas del expediente, recaudos de la institución médica de fertilización evidenciando tal situación (ver, constancia de la Unidad de Medicina Reproductiva (VIDAFER), técnica de reproducción asistida siendo la paciente Migdely Miranda, como receptora y Giniveth Soto, como la donante del embarazo controlado de feto único masculino de 19 semanas que corre inserta al folio 54 del expediente signada con la letra “C”). Sino que más bien de todo lo comprobado en autos, adminiculada las pruebas traídas por la parte actora con los hechos notorios comunicacionales referidos supra, lo que esta Sala Constitucional constata es una clara manifestación de voluntad de constituir una familia homoparental con los efectos jurídicos que la misma conllevaría en similares circunstancias a la de una familia tradicional.

Sin embargo, en búsqueda de la verdad real, y con fundamento en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a su identidad, y ésta comprende a la identidad biológica, tal como esta Sala lo dispuso expresamente en la sentencia n.° 1443 de fecha 14 de agosto de 2008, (caso: Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente); luego de haber sido analizado y valorado el Informe Pericial practicado por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales en el Área Metropolitana de Caracas en fecha 06 de marzo de 2015, se observa que del mismo se desprende lo siguiente:

(…) El perfil de identidad genético autosómico caracterizado en la muestra 14-059.A, perteneciente a la ciudadana GINYVETH SOTO QUINTANA (Presunta Madre), GF15-047.1 (Presunto Abuelo Materno) y GF15-047.2 (Presunto Tío Materno), respecto a la muestra GF15-047.3, perteneciente al niño (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (Hijo), conforma la hipótesis H1 planteada, indicando que SI existe una relación heredo biológica entre las muestras comparadas (…) (Negrillas y mayúsculas propias del oficio).

Conforme a lo anterior, esta Sala constata que producto de la filiación como vínculo existente entre padres e hijos, que genera una identidad legal y una identidad biológica, en el presente caso es imprescindible su determinación, a los efectos de resolver lo planteado por la parte actora, en interés superior del niño procreado, mediante un método de reproducción asistida, como lo es la Fertilización in Vitro (del latín dentro del vidrio se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo).

En consecuencia, genéticamente el niño (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), es hijo de la ciudadana Ginyveth Soto Quintana (fallecida), por lo cual tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras, y así se ordena sea rectificado por la autoridad civil competente. Así se decide.

Aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional colige que no se encuentra ajena a las realidades sociales y en su condición de máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde fijar las interpretaciones y aplicación del contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335), velando por la efectividad del ordenamiento jurídico, y en búsqueda de la verdad real quedando obligada en el caso en concreto a restablecer el equilibrio e inclusión social, tomando en cuenta el afecto, la dignidad humana y la tolerancia que debe imperar en la sociedad, para lo cual es necesario el estudio del contenido del artículo 75 de la Constitución, que reza:

Como se desprende del texto de la disposición constitucional transcrita, el Constituyente previó la obligación del Estado a garantizar la protección integral a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (Destacado nuestro).

Por ello, conforme a lo establecido en dicha norma, concatenado al derecho a la igualdad y no discriminación, previstos en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reconoce en esta sede constitucional, el derecho de maternidad de las ciudadanas Ginyveth Soto Quintana y Migdely Miranda Rondón de su hijo (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es un caso de suma importancia para el país en que la Sala Constitucional mediante un amparo constitucional, que admitió por tratarse de una materia de “orden público constitucional” reconoce, expresamente, los derechos de los niños nacidos dentro de familias homoparentales, en este caso entre dos mujeres de nacionalidad venezolana que contrajeron matrimonio en la República de Argentina. En efecto, la Sala sostuvo que los niños nacidos dentro de estas familias gozan de los mismos derechos que los que nazcan en familias tradicionales, para lo cual interpretó el artículo 75 de la Constitución venezolana.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/194078-1187-151216-2016-16-0357.HTML

Aspectos que deben ser tomados en cuenta para fijar la indemnización por daños


contuitucion-630-16anosl1

Sala de Casación Social. 

Recurso de casación.

TSJ/SCS N° 1147. Fecha: 10/11/2016.

Caso: Recurso de casación de YUNEIRE MARÍA APONTE SOLARTE y KENEDY JOSÉ QUINTERO VILORIA, quienes pretenden el pago de la indemnización por daños morales y materiales actuando en nombre y procuración de su hijo JDQA, contra la sociedad mercantil INVERSIONES ANDES MÁGICOS, C.A.

Decisión: Con lugar el recurso de casación, y se anula la sentencia impugnada. La Sala observó:

“De la transcripción parcial de la decisión objeto del presente recurso, se desprende que la alzada censura la conducta del juez de primera instancia por haber omitido el análisis que ha debido hacer tomando en cuenta las circunstancias jurisprudencialmente establecidas, la inmovilidad del dedo lesionado y por considerar, que el monto fijado por éste “parece elevado” ya que no hubo muerte, incapacidad total o falta de movilidad de las extremidades y en tal virtud, modificó el monto por concepto de daño moral acordado por el juzgado de la causa.

Es doctrina reiterada de esta Sala de Casación Social que el sentenciador que conoce de una acción por daño moral debe hacer un examen del caso concreto, analizando los siguientes aspectos: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) el grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último; i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.”(Sentencia del 7 de marzo de 2002, con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, caso José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.)”.

Comentario de Acceso a la Justicia: En su sentencia, la Sala ratifica su criterio sobre los aspectos que deben ser tomados en cuenta para estimar la indemnización por daño moral. Es decir, aunque el daño moral sea un concepto indeterminado, sí están establecidos los criterios para determinar cuándo se produce y, entonces, cuándo debe ser indemnizado. Estos requisitos, que son aplicados a particulares, contrastan con el criterio aplicado cuando se trata de establecer parámetros para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, donde el TSJ ha dictado sentencias totalmente arbitrarias y en perjuicio de los ciudadanos afectados por la negligencia de la Administración Pública.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/192321-1147-101116-2016-15-841.HTML

Impugnación judicial del reconocimiento mediante ADN y el reconocimiento como determinante de la filiación extramatrimonial


CODIGO-CIVIL

Sala de Casación Social. 

Recurso de casación. 

TSJ/SCS Nº 1013. Fecha: 21/10/2016.

Caso: Recurso de casación en el juicio de nulidad de partida de nacimiento del niño S A (cuya identidad se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) que sigue MARJORE ALEXANDRA VEITIA VOLWEIDER contra la DIRECTORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Decisión: Con lugar el recurso de casación y se anula el fallo. La Sala indicó:

… la naturaleza del reconocimiento como determinante de la filiación extramatrimonial, con especial referencia al reconocimiento voluntario de paternidad, que es el supuesto del caso que ocupa la atención de la Sala.

En este sentido, debe recordarse que la filiación extramatrimonial resulta de su reconocimiento, que consiste en el acto jurídico mediante el cual el hijo adquiere el título de su filiación y puede ser voluntario o judicial. En el primero la filiación se establece de manera espontánea, en el segundo resulta de una sentencia que la declara.

El reconocimiento voluntario expreso de la paternidad consiste en una declaración espontánea hecha con las formalidades exigidas por la ley, de la cual resulta un vínculo de filiación entre la persona que la hace (padre) y la que señala como hijo. De modo que el reconocimiento voluntario, de la misma manera que el judicial, es declarativo de filiación, ello porque es una afirmación de la cual deriva el vínculo jurídico de la filiación extramatrimonial.

Es decir, que, si bien el nexo biológico que existe entre el padre y el hijo no resulta del reconocimiento, solo este lo pone de manifiesto, puesto que la relación jurídica entre el padre extramatrimonial y su hijo, y, por tanto, la prueba de la filiación derivan del reconocimiento.

El reconocimiento voluntario expreso se forma y perfecciona, como antes se señaló, con la simple declaración de la paternidad hecha con las formalidades exigidas por la ley, esto siempre será así y no admite excepción ni aun en los casos en los que se exige el consentimiento o aceptación del reconocimiento, como los considerados en el artículo 220 del Código Civil. Solo que, cuando se requiere la aceptación, los efectos de la declaración de la filiación paterna quedan en suspenso hasta que se produzca el consentimiento o aceptación.

De lo antedicho, se deriva el carácter irrevocable del reconocimiento de la paternidad, pues sería contrario al orden público y a la seguridad jurídica que la subsistencia del estado familiar que se crea con esa declaración de voluntad dependa de lo que pueda posteriormente decidir el padre reconociente.

Corolario de lo anterior, es que lo que señale o deje de señalar la madre en la partida de nacimiento sobre el padre reconociente de su hijo, no impide ni le resta eficacia al reconocimiento; de allí que el artículo 212 del Código Civil establezca que “la declaración de la madre no basta para excluir la paternidad”. La declaración de la paternidad pierde eficacia solo cuando ha sido efectuada en contradicción con normas legales o con principios fundamentales del Derecho, es decir, sin cumplir con la formalidades exigidas por la ley; o si se realizó en contradicción con la verdad material; siempre que tal ineptitud sea declarada en el respectivo juicio de nulidad, en el primer caso,  o de impugnación, en el segundo; de esta manera, mientras no haya sido declarada judicialmente la ineficacia del reconocimiento, este produce todos sus efectos.

Cuando el reconocimiento es efectuado en contradicción con la verdad, esto es, cuando el sujeto pasivo o reconocido no es hijo de quien lo reconoce, sin importar si en la declaración hubo falsedad consciente o equivocación involuntaria, el único medio con que cuenta quien se considere afectado para que sea declarada la falsedad es la impugnación judicial del reconocimiento. Para lo cual puede hacer valer en el juicio todos los medios de prueba que pone a su disposición el ordenamiento jurídico, incluida la experticia del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), medio este que, por efecto de los avances tecnológicos, se ha convertido en la prueba por excelencia en este tipo de juicios, así como en los de inquisición de paternidad, en los cuales lo que se persigue es determinar o establecer la filiación real o biológica.           

De manera que, puede sostenerse que, así como el marido se presume padre biológico del hijo nacido dentro del matrimonio, salvo que en juicio se demuestre lo contrario, mutatis mutandi, en el reconocimiento voluntario el reconocido se presume hijo biológico de quien lo reconoce, salvo que en el juicio respectivo de impugnación se demuestre lo contrario.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Determinó la SCS/TSJ que lo que señale o deje de señalar la madre en la partida de nacimiento sobre el padre reconociente de su hijo, no impide ni le resta eficacia al reconocimiento; de allí que el artículo 212 del Código Civil establezca que “la declaración de la madre no basta para excluir la paternidad”. Así, el único medio con que cuenta quien se considere afectado para que sea declarada la falsedad es la impugnación judicial del reconocimiento. Para lo cual puede hacer valer en el juicio todos los medios de prueba que pone a su disposición el ordenamiento jurídico, incluida la experticia del Ácido Desoxirribonucleico (ADN).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/191146-1013-211016-2016-15-649.HTML

Sala Constitucional del TSJ estima aceptable un escrito de 4 folios y sus vueltos


slider-opacidad-nota

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 901. Fecha: 26/09/2016.

Caso: recurso de casación en el proceso relativo a la acción mero declarativa de concubinato, seguido por YESENIA DEL VALLE VILORIA PALENCIA contra los adolescentes A.S.M.A., C.D.M.M. y G.A.M.B.

Decisión: Casa de oficio la sentencia recurrida y la anula. Para decidir, la Sala observa:

“Conteste con lo anterior, la Sala Constitucional estimó aceptable un escrito de cuatro (4) folios y sus vueltos, presentado en forma manuscrita, aseverando que ello no representa una sobreabundancia y que, “de haberse escrito los cuatros folios en un procesador de palabras quedarían reducidos a los tres exigidos por la norma especial”. Por su parte, esta Sala de Casación Social consideró excesivo un escrito de doce (12) páginas, equivalente a seis (6) folios y sus vueltos.

Siguiendo el razonamiento anterior, si bien en principio carecería de eficacia un escrito que no se ajustara al límite que en cuanto a su extensión contempla la ley especial, el máximo de tres (3) folios útiles y sus vueltos no constituye un margen inflexible, visto que la Sala Constitucional ha permitido –y, aún más, exigido– que se examinen las circunstancias del caso concreto, para evitar formalismos excesivos.

En este orden de ideas, en el caso concreto se aprecia –como se indicó supra–que la parte actora razonó el recurso de apelación interpuesto, en un escrito que consta de siete (7) páginas –impresas únicamente en el anverso de cada una– (folios 12 al 18, 2ª pieza), de modo que, si hubiera utilizado también el reverso, la extensión del escrito alcanzaría tres y medio (3,5) folios útiles y sus vueltos.

Ahora bien, visto que el escrito de formalización del recurso de apelación consignado por la parte actora, hoy recurrente en casación, está conformado por siete (7) páginas –o tres y medio (3,5) folios útiles y sus vueltos–, pero tres (3) de dichas páginas sólo contienen una transcripción textual del fallo apelado, esta Sala estima que el límite legal no fue excedido en sobreabundancia –tal como ocurrió en el asunto analizado por la Sala Constitucional–, razón por la cual no procede aplicar la consecuencia jurídica relativa al perecimiento del recurso de apelación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social casa de oficio la sentencia impugnada, por cuanto el juzgador de alzada quebrantó el artículo 488-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al incurrir en un excesivo formalismo contrario a lo establecido por la Sala Constitucional, en la citada sentencia N° 106 del año 2014, vulnerando el derecho a la doble instancia. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional reconoce un supuesto de excepción que rompe con el límite de aceptable un escrito no puede pasar de 3 folios y sus vueltos, y acepta uno de cuatro (4) folios y sus vueltos, presentado en forma manuscrita, aseverando que ello no representa una sobreabundancia y que, “de haberse escrito los cuatros folios en un procesador de palabras quedarían reducidos a los tres exigidos por la norma especial”. Por su parte, esta Sala de Casación Social consideró excesivo un escrito de doce (12) páginas, equivalente a seis (6) folios y sus vueltos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/septiembre/190439-0901-26916-2016-15-340.HTML

Derecho a pasaporte venezolano aún en caso de doble o múltiple nacionalidad


PASAPORTE VENEZOLANO

Sala Constitucional

Acción de amparo constitucional.

TSJ/SC sentencia N° 300. Fecha: 27/04/2016.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia resuelve el caso de una niña con múltiples nacionalidades, a quien le negaron su pasaporte. Al respecto, destaca que la Sala afirmó que en el caso de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será esta la que prevalezca en el país.

Caso: Acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 10 de febrero de 2015, por el Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, mediante la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Francois Daniel Guerin, padre de la niña; se anuló la decisión apelada por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del mismo Circuito Judicial de Protección, mediante la cual se concedió autorización a fin de que realizara los trámites pertinentes ante el SAIME para la tramitación del pasaporte de la niña.

Decisión: CON LUGAR la acción de amparo constitucional y se REVOCA la medida cautelar decretada por esta Sala Constitucional sentencia n° 1416, del 13 de noviembre de 2015. También ORDENA la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial de la República, en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, que ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/187471-300-27416-2016-15-0235.HTML  

Para conocer la opinión de Acceso a la Justicia sobre este tema:

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-caso-de-la-multiple-nacionalidad-que-convulsiono-los-medios/

En los procesos de inquisición de paternidad pueden dictarse medidas preventivas


lopna

Sala de Casación Social.

Recurso de control de legalidad.

TSJ/SCS sentencia N° 656. Fecha: 06/08/2015.

Caso: Recurso de control de legalidad en el juicio por impugnación de paternidad que siguen EDUARDO ANTONIO ECHAVEZ BARBOSA y LUZ ESTHER TRUJILLO DE ECHAVEZ contra MARGARITA MARÍA MARÍN.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala realiza algunas consideraciones sobre las acciones de inquisición e impugnación de paternidad, indicando que:

“Preliminarmente, conviene precisar que la decisión citada se produjo en un juicio de inquisición de paternidad, a diferencia del caso actual que está referido a una acción de impugnación de paternidad. Aunque ambas son acciones declarativas de estado, pues procuran el reconocimiento de una situación legal preexistente, la primera es de “reclamación” y la segunda es de “supresión”.

Esta distinción adquiere relevancia, porque en las acciones de estado de reclamación, las medidas preventivas que pudieren dictarse obraran en favor de niños, niñas y adolescentes; pero, en las de supresión, deberá el juez extremar el cuidado al  ponderar el decreto de la tutela preventiva, pues las medidas que se dicten en tal sentido podrían ir en contra de los intereses del niño, niña o adolescente.”

Asimismo, respecto de la posibilidad de dictar medidas preventivas para garantizar algún derecho, la Sala estableció que:

“Ahora bien, en los juicios relativos al establecimiento de la filiación, la sentencia de declaración o supresión del vínculo filial del que se trate, genera una serie de efectos en la esfera jurídica de los involucrados que trascienden de la simple declaración de estado, éstos pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Si bien la acción está dirigida al establecimiento de la filiación, no puede desconocerse que en la mayoría de los casos lo que se pretende alcanzar, no es sólo el derecho a la identidad, es también el paso previo y necesario para la reclamación de otros derechos de orden sucesoral o el cumplimiento de la obligación de manutención, derechos que pudieran verse menoscabados si no se emplean a tiempo medidas preventivas, toda vez que mientras se debate la filiación existe el riesgo de que el acervo patrimonial del cual se trate resulte dilapidado.

… Por las razones expuestas, esta Sala abandona el criterio conforme al cual en los juicios de inquisición de paternidad, al no estar declarado el vínculo paterno filial no existen otros derechos susceptibles de ser protegidos mediante medidas preventivas, ni legitimación para solicitar las mismas, pues en estos casos la tutela preventiva no persigue asegurar la ejecución del fallo, sino su efectividad y eficacia en su fin último que es la consecución de la justicia.

Sin embargo, debe advertirse que este nuevo criterio no resulta aplicable al caso en concreto, en virtud de las salvedades supra planteadas. Asimismo, atendiendo al principio de confianza legítima o expectativa plausible, sus efectos son ex nunc, únicamente para los casos referidos a medidas preventivas en los juicios de acciones declarativas de estado, que sean decididos con posterioridad a la presente decisión.

Decisión: Se declara inadmisible el recurso de control de legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 16 de octubre de 2014.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/180445-0656-6815-2015-14-1519.HTML 

Competencias de los Tribunales de Protección en procedimientos de incapacidad para personas mayores de edad


lopna

Sala Constitucional.

Conflicto de Competencia.

TSJ/CS sentencia N° 289. Fecha: 18/03/2015.

Decisión: Sentencia de la Sala Constitucional que determina la competencia de los Juzgados especializados en la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para conocer de oficio o a instancia de parte, del procedimiento de incapacidad de las personas que habiendo adquirido la mayoría de edad, ostentan una discapacidad, total o parcial, de carácter intelectual congénita o sugerida en la niñez o en la adolescencia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/175530-289-18315-2015-15-0050.HTML

Procesos de inquisición de paternidad y específicamente con relación a la prueba de exámenes filiatorios


lopna

Sala de Casación Social. 

Recurso de casación.

TSJ/SCS sentencia N° 510. Fecha: 17/12/2014.

Caso: Recurso de casación en el juicio que por inquisición de paternidad sigue MORELA JOSEFINA MÁRQUEZ VILLEGAS contra ENRIQUE IGNACIO MORICI ASTORE.

Comentario de Acceso a la Justicia: En esta sentencia, teniendo en cuenta los diez años de dilaciones en el proceso que era en interés de un niño, la Sala estableció una serie de lineamientos para la notificación y práctica de los exámenes heredobiológicos:

“a.   Los procesos judiciales de inquisición de paternidad deben llevarse con total transparencia y de forma expedita, sin dilaciones indebidas.
b.   Las juezas y los jueces están en el deber de adoptar las medidas preventivas necesarias para que la demora no haga nugatorio los intereses y derechos del niño, niña o adolescente.
c.   Las juezas y los jueces, ordenada la prueba heredobiológica, en caso de incomparecencia justificada del inquirido, podrán ordenar la práctica de dicho examen hasta por un máximo de dos ocasiones, siempre y cuando las circunstancias sobrevenidas sean debidamente justificadas y dentro de un plazo razonable.
d.   Los actos de comunicación mediante los cuales se informe de las fechas fijadas para las pruebas heredobiológicas, se efectuarán mediante boleta de notificación, que debe contener la orden de comparecencia y la advertencia que su no asistencia, dará lugar a la presunción del artículo 210 del Código Civil.
e.   Los actos de comunicación, adicionalmente se podrán efectuar mediante llamadas telefónicas o correo electrónico, así como cualquier otro medio idóneo de comunicación que garantice el derecho a la defensa, sin menoscabo del interés superior del niño, en tanto se encuentre señalado por el solicitante de la prueba en sus escritos.”

Decisión: Se declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto, y se establecieron los lineamientos para la notificación y práctica de los exámenes heredobiológicos en procesos de inquisición de paternidad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/173271-2153-171214-2014-13-1099.HTML

Protección de los Derechos Patrimoniales de los Niños, Niñas y Adolescentes


lopna

Sala Constitucional. 

Amparo constitucional.

TSJ/SC sentencia N° 284. Fecha: 30/04/2014.

Caso: Amparo constitucional de RUTH DESlRÉ PATRIZZI GÓMEZ contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional del 3 de diciembre de 2012

Comentario de Acceso a la Justicia: La relevancia de esta sentencia radica en que, con anterioridad a ella, no existía un procedimiento para solicitar el ejercicio unilateral de la patria potestad. En ese sentido, se estableció que:

… considera esta Sala preciso advertir a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, en aras de hacer más útil y efectivo el instituto contemplado en el aludido artículo 262 del Código Civil, ante la ausencia de un texto expreso que establezca el procedimiento a seguir, con el propósito de unificar criterios, resulta conveniente que tales solicitudes, de ejercicio unilateral de la patria potestad, se tramiten conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, empero, como se estableció, será preciso que el Juzgador o juzgadora sea acucioso y exhaustivo con el material probatorio, y deberá tener como norte la búsqueda de la verdad, de conformidad con los principios de primacía de la realidad y libertad probatoria que caracterizan los procedimientos previstos y regulados por la aludida Ley Orgánica. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece con carácter vinculante para todos los tribunales de la República la utilización del referido procedimiento para tramitar la solicitud a que se refiere el artículo 262 del Código Civil.

Decisión: Sentencia de la Sala Constitucional que ordena, con carácter vinculante, que las solicitudes efectuadas para el ejercicio unilateral de la patria potestad, conforme al artículo 262 del Código Civil, deben tramitarse conforme a lo establecido en el artículo 517, que forma parte del Capítulo VI que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/163496-284-30414-2014-13-0332.HTML