El tribunal competente para conocer de la extensión de la obligación de manutención y la oportunidad para solicitarla.


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 272      Fecha: 06-04-2017

Caso: Demanda de divorcio interpuesta por GIUSEPPE MURO COLITTO contra ELISA PRIANO BRUNETTI DE MURO.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 30 de marzo de 2015, por el Juzgado Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional

Extracto:

Así, debe enfatizarse que no se extiende la obligación de manutención porque se está cursando estudios, esta situación tiene que ser tramitada y sustanciada ante un juez de protección, para que se autorice o niegue la aludida extensión, de modo que no opera de pleno derecho, toda vez que deberá otorgarse mediante un procedimiento judicial donde se le garantice el derecho de defensa de las partes y se concedan todas las garantías procesales constitucionales.

Por otra parte, el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, los cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley”, de modo que, siendo mayor de edad la ciudadana Valeria Muro Priano para el momento de la interposición de la demanda de divorcio, era ésta a quien le correspondía solicitar la extensión de la obligación de manutención.

En consecuencia, la ciudadana Valeria Muro Priano -hija mayor del matrimonio “Muro-Priano”-, se encontraba facultada para solicitar la extensión de la obligación de manutención, toda vez que para el momento de la interposición de la demanda de divorcio contaba con veinte (20) años de edad y ostentaba plena capacidad para obrar en juicio, pudiendo gestionar por sí misma o por medio de apoderados, la aludida extensión ante un tribunal de protección (vid. Sentencias de la Sala Constitucional Nros. 2.623 de fecha 11 de diciembre de 2001, caso: Haydé Arguinzones Negrín y otro, y 3.260 del 13 de diciembre de 2002, caso: Sherline del Valle Chirinos Loaiza), con el propósito de verificar las condiciones previstas en el artículo 383 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con las debidas garantías procesales.”

“…OMISSIS…”

“De acuerdo como fue resuelto en la denuncia anterior, conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en cuanto a la demostración de las causales de divorcio previstas en el artículo 185 del Código Civil, en sentencia Nro. 693, del 2 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, (caso: Francisco Anthony Correa Rampersad), se estableció:

“…OMISSIS…”

Así, entiende esta Sala de Casación Social que esta interpretación “constitucionalizante” de la norma en referencia, fundamentada en el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, en la que se concibe el consentimiento como base nuclear del vínculo jurídico que se produce con el matrimonio, debe ser extendida también a una nueva exégesis de las causales ya existentes, que conduzca a una flexibilización de lo que hasta ahora debía ser tomado en cuenta para considerar demostrada la causal, e incluso, para aplicar la doctrina del divorcio solución, pues ahora no se exige para ello la demostración de una de las causales que taxativamente contempla la referida norma, siendo que la evidencia en autos de la ruptura de la vida en común en sí misma y/o el incumplimiento de los deberes que se deben los cónyuges entre sí, constituye causal suficiente para declarar el divorcio, con independencia de quien haya dado origen a estos hechos.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece que corresponde a un Juez de Protección conocer de las solicitudes de extensión de la obligación de manutención y la oportunidad para solicitarla; de igual manera, se ratifica el criterio sobre el carácter enunciativo de las causales de divorcio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197612-0272-6417-2017-15-507.HTML

La inexistencia del litisconsorcio activo necesario en los juicios de cobro de prestaciones sociales


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 263      Fecha: 05-04-2017

Caso: Demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales interpuesta por BESANIA MARÍA MÉNDEZ DE STINSON, en su propio nombre y representación de sus hijos B.B.S.M. y L.J.S.M., contra M-I DRILLING FLUIDS DE VENEZUELA C.A.

Decisión: Se declara sin lugar los recursos de casación contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Extracto:

Con relación a la afirmación de la existencia de dos hijos adicionales a los que constituyen la parte actora en el presente juicio, que a decir del recurrente se desprende de la prueba documental contentiva del escrito libelar antes referido –situación con relación a la cual el superior nada dijo- y respecto de la cual, la formalizante asegura la conformación de un litisconsorcio activo necesario, lo que habría derivado en la falta de cualidad de los accionantes en el proceso objeto de estudio.

En torno a la figura del litisconsorcio necesario este alto Tribunal en Sala de Casación Civil se ha pronunciado del siguiente modo:

La institución del litisconsorcio necesario surge cuando varias personas tienen, y conforman de manera indisoluble, la calidad de parte material, es decir, participan de una relación jurídica sustantiva. En este caso, sólo se perfecciona la relación jurídica procesal si todos los litisconsortes comparecen, es decir interponen demanda judicial o si todos los litisconsortes son emplazados, salvo disposición legal en contrario.

En este tipo de litisconsorcio no existe un criterio de oportunidad o conveniencia que viabilice el que varias partes actúen conjuntamente en el proceso, sino que es un criterio de necesidad que impone la presencia de varios litigantes en el mismo proceso.

A diferencia del litisconsorcio facultativo, en el litisconsorcio necesario existe una pretensión única con varios sujetos legitimados, para que la demanda sea interpuesta por éstos, o también que lo sea contra ellos y no solo contra unos, sino necesariamente contra todos. En este caso deben comparecer todos los que tienen interés legítimo o deben citarse a todos los litisconsortes necesarios, para que el juez pueda resolver el fondo de la controversia. [Sentencia del 9 de febrero de 2015, expediente número AA-20-C-2014-000552, caso: Pedro Pablo Rivas Sena contra Rodelsi, C.A. y otros].

En cuanto a la posibilidad de que las partes formulen nuevos alegatos, las normas que regulan el trámite del recurso de apelación no la establecen; no obstante, el artículo 484 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, regula lo siguiente:

Artículo 484. Audiencia de juicio.

[Omissis].

Las partes deben exponer oralmente sus alegatos contenidos en la demanda y en su contestación y no se admitirán nuevos alegatos, salvo aquellos que hayan surgido durante el proceso o, que a criterio del juez o jueza, sean anteriores al proceso pero no se tuvo conocimiento de ellos. No se permitirá a las partes la presentación o lectura de escritos, salvo que se trate de alguna prueba existente en autos, a cuyo tenor deba referirse la exposición oral.

[…].

De manera que existe la posibilidad de que las partes puedan formular nuevos alegatos, posterior a la oportunidad en que debían producirse, entiéndase demanda y contestación, siempre y cuando sean sobrevenidos, es decir, surgidos durante el proceso, o aquellos que, a criterio del juez o jueza sean anteriores al proceso, pero no se tuvo conocimiento de ellos.

En todo caso en el supuesto de existencia de otros herederos, es decir, otros hijos del de cujus, siempre tendrían estos la posibilidad de satisfacción de sus pretensiones por vía jurisdiccional, ya que las declaraciones de únicos y universales herederos dejan a salvo los derechos de terceros [Sentencia de la Sala Constitucional número 198 del 28 de febrero de 2008, caso: Miguel Uribe Henríquez, citada en decisión de esta Sala número 1108 del 1 de noviembre de 2016, caso: Efrén Samuel Paredes Huggins y otros].”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio que en el cobro de prestaciones sociales no hay un litisconsorcio activo necesario y, por tanto, no hay falta de cualidad por la existencia de otros herederos del de cuius no incluidos en el libelo, quienes pueden reclamar sus derechos en juicio aparte, sin que ello perjudique su derecho de acceso a la justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197483-0263-5417-2017-16-343.HTML

No es necesario desalojar un inmueble para demandar la partición de bienes conyugales


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 230      Fecha: 03-04-2017

Caso: Demanda de partición de bienes de comunidad conyugal interpuesta por JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ PADRÓN contra SOL DEL VALLE RAMOS MELÉNDEZ.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 7 de abril de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

Extracto:

Entendido así, es claro que se debe ponderar a los fines de exigir como requisito previo para la admisibilidad de una demanda, el procedimiento previsto en el Decreto 8190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, que la decisión que se profiera en la acción incoada conlleve en la ejecución del fallo, la pérdida material de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal.

La presente causa versa sobre un juicio de partición y liquidación de la comunidad conyugal, que tiene por objeto la división de las cosas y bienes adquiridos durante la existencia del vínculo matrimonial que ha sido disuelto, con la finalidad de adjudicar a cada ex cónyuge la porción que corresponda de los bienes comunes; por lo que la sentencia que se profiere en el mismo, es merodeclarativa de la existencia de un derecho, en este caso de propiedad, cuya ejecución en el caso de los bienes inmuebles se perfecciona mediante la orden de protocolización del fallo de partición judicial en la oficina de Registro competente, ello, conforme a lo dispuesto en los ordinales 1º y 8º del artículo 1920 del Código Civil en concordancia con los artículos 1925 al 1927 eiusdem, por ende, no acarrea en ningún caso la orden de desalojo o desocupación de dicho bien.

De modo que al estar involucrado como bien común conyugal, el inmueble destinado a vivienda principal, el propósito del demandante no se encuentra enmarcado dentro de la ratio legis del citado Decreto Ley, pues como se señaló ut supra la partición del bien inmueble objeto del litigio, involucra el derecho de propiedad de los ex cónyuges, sobre el mismo, pretendiendo el actor del tribunal la mero declaración del porcentaje que corresponde a cada uno o a quien corresponde el mismo. Visto así, es evidente que no persigue quien acciona la restitución de la posesión de dicho inmueble, que lleve implícito solicitar el desalojo o la desocupación de la demandada.

Sobre la base de lo anterior, es concluyente para esta Sala, que no existe causal legal para declarar la inadmisibilidad de la partición y liquidación de la comunidad conyugal intentada por el ciudadano José Enrique Martínez Padrón, en contra de la ciudadana Sol Del Valle Ramos Meléndez, pues con base en los razonamientos precedentemente expuestos, no resulta aplicable como requisito previo a la admisión de la demanda el agotamiento del procedimiento administrativo a que hace referencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. Así se decide.” (Negrillas de la Sala).

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia acoge el criterio de la Sala Constitucional sobre la inaplicabilidad del procedimiento administrativo previo, establecido en la Ley sobre desalojos de viviendas, como requisito de admisión de la demanda en los juicios que no conlleven el desalojo o desocupación del inmueble, en particular, la Sala de Casación Social lo extiende a los juicios de partición.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197429-0230-3417-2017-16-480.HTML

    

El interés superior del niño, niña o adolescente frente a otros derechos


lopna

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 207      Fecha: 23-03-2017

Caso: Demanda de nulidad de actas de asambleas interpuesta por JERYMAR ESTUPIÑÁN ANDRADE contra PRODUCTOS LÁCTEOS PALMIANDINO C.A. y AGROPECUARIA PALMI YORDÁN C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 13 de enero de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

Extracto:

En relación con el interés superior del niño, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 1917 del 14 de julio de 2003 (caso: José Fernando Coromoto Angulo y otra) estableció:

“El concepto ‘interés superior del niño’ constituye un principio de interpretación del Derecho de Menores, estructurado bajo la forma de un concepto jurídico indeterminado. La Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, en el caso RCTV-Hola Juventud, decisión del 5 de mayo de 1983, caracterizó los conceptos jurídicos indeterminados como ‘…conceptos que resulta difícil delimitar con precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta, que no es otra que aquella que se conforme con el espíritu, propósito y razón de la norma.’

(…)

Por ello, el ‘interés superior del niño’ previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente viene a excluir y no a limitar la libertad individual de establecer y perseguir fines individuales, pues cuando se trata de la protección y cuidado de los niños se persiguen fines que van más allá de los personales. Así, el interés individual es sustituido por un interés superior, que es el del niño, porque a las necesidades de éste subviene la tutela jurídica con la cual se obtiene el fin superior de la comunidad social.

Si la Constitución, en su artículo 78, habla de que ‘El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan’ y el parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente dicen que ‘En aplicación del Interés Superior del Niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros’ ¿Implica lo anterior que el concepto jurídico indeterminado ‘Interés superior’ del niño se antepone a cualquier otro derecho subjetivo o interés legítimo de los ciudadanos? No, sólo significa que, bajo ningún concepto, ha de prevalecer, en el Derecho de Menores, otro interés que el que la propia Ley tutela: El del niño y el del adolescente, sin obviar que dicho interés debe aplicarse en forma adecuada y razonable respetando el resto del sistema constitucional y legal, ya que no puede llevar a subvertir o derogar implícitamente las demás normas del ordenamiento jurídico, y así se declara”.

Como puede apreciarse del criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, acogido en forma íntegra por esta Sala, el interés superior del niño no puede ser invocado a los fines de subvertir o derogar las leyes que componen el ordenamiento jurídico, a los fines de enervar determinadas consecuencias jurídicas que se imponen a determinados supuestos de hecho.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia acoge el criterio de la Sala Constitucional sobre lo que debe entenderse por interés superior del niño, niña o adolescente, como principio de interpretación de las normas de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolecente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/197130-0207-23317-2017-16-152.HTML

El derecho del niño, niña y adolescente a opinar y ser oído.


lopna

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 131    Fecha: 06-03-2017

Caso: Demanda de indemnización de daños provenientes de un accidente de trabajo interpuesta por DIANA CAROLINA MENDOZA MAURERA, en representación del niño J.C.G.M., en su condición de único y universal heredero del de cujus JULIO CÉSAR GONZÁLEZ OLIVEROS, contra SUPERMERCADOS LUXOR C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 28 de enero de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

Extracto: 

“La Sala precisa que, si bien es cierto que de conformidad con los artículos 12 de la Ley Aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño, 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe oírse la opinión del niño en aquellos casos que afecten sus derechos e intereses, puesto que es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes que sean escuchados en todos los juicios que los afecten directa o indirectamente (vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 900 de fecha 30 de mayo de 2008, Expediente N° 08-0256 caso: Jesús Armando Colmenares), en el presente caso el daño moral fue acordado conforme a los elementos de entidad del daño, culpabilidad del accionado, conducta de la víctima, grado de educación, cultura, posición social y económica del reclamante, capacidad económica de la demandada, posibles atenuantes a favor de la demandada, retribución satisfactoria y referencias pecuniarias para la estimación del daño moral, de manera que su estimación en la cantidad de Bs. 400.000,00 resulta ajustada a derecho y si bien resulta importante la opinión del adolescente, dar lugar a una reposición de la causa, lejos de garantizar los derechos del adolescente repercutiría contrariamente a su interés superior, lo que retardaría el proceso, lo cual resultaría inútil.

Sin embargo, no puede pasar por alto esta Sala la omisión en que incurrieron los juzgadores de instancia al no oír la opinión del adolescente de marras razón por la cual se apercibe, so pena de incurrir en error inexcusable de derecho, a los fines de no volver a cometer el agravio de cercenar el derecho a opinar que tienen los niños, niñas y adolescentes en cualquier causa en que pueda verse afectado sus derechos e intereses. Y así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre el derecho del niño, niña y adolescente a opinar y ser oído, pero excluye la nulidad del fallo en caso de incumplimiento cuando la decisión esté ajustada a derecho y la reposición de la causa perjudique su interés superior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196621-0131-6317-2017-16-250.HTML 

Derecho de los niños y adolescentes a opinar


lopna

Sala de Casación Social. 

Recurso de control de legalidad.

TSJ/SCS Nº 14. Fecha: 19/01/17.

Caso: Recurso de control de la legalidad en el juicio de privación de patria potestad que sigue MARIA VANESSA SUAREZ BOLIVAR contra RAFAEL ALEJANDRO BOCACHE MARULANDA.

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Cómo se desprende, el acto procesal de oír la opinión de niños, niñas o adolescentes, debe concluir con la lectura del acta levantada por el juez para dejar constancia de ello, acta sucinta que debe contener los puntos fundamentales de lo declarado, aún cuando se proceda a la grabación respectiva, lo que permite el control de la legalidad no sólo del acto procesal de oír la opinión, sino de la sentencia dictada y así  verificar que el interés superior del niño fue debidamente ponderado.

En el caso bajo estudio se observa que el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección, de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia en el acta de fecha 6 de julio de 2015, que consta en el folio 167 de la pieza 1, levantada con motivo de la celebración de la audiencia de juicio, que la adolescente fue entrevistada; sin embargó no cumplió con el requisito de recabarla a través de un acta ó de algún medio técnico de reproducción o grabación, lo cual impide controlar su legalidad, por tanto, no puede considerar, esta Sala de Casación Social válido el referido acto.

Cabe observar que la opinión del niño, niña o adolescente, debe valorarse como un acto sustancial del proceso, jamás como una mera formalidad no esencial, sobre todo porque se encuentra estrechamente relacionado con uno de los principios más importantes de la Doctrina de la Protección Integral, como es el Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual constituye un criterio para adoptar decisiones, medidas o acciones.

En razón de lo anterior y al no constar en actas lo declarado por la niña de marras, el Juez Superior Primero del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debió fijar la respectiva oportunidad para oír la opinión de ésta, a fin de determinar adecuadamente su interés superior y más aún en una causa tan importante para la vida de la niña, como es el juicio de privación de patria potestad.

La realización del referido acto es una obligación ineludible para cualquier órgano o autoridad que se encuentre conociendo de procesos o situaciones que de una u otra forma afecten o amenacen con afectar el bienestar de menores, de acuerdo con la edad y condiciones de salud mental en que éstos se encuentren. La garantía de tal derecho está orientada a proporcionarles oportunidad para expresarse libremente en audiencia especial, para que su manera de percibir las circunstancias que fueren del caso y sus opiniones en general cuenten, como elemento principalísimo, en el conjunto de factores que debe ponderar quien le corresponda adoptar decisiones de cualquier naturaleza (Vid. Sentencia 580 de la Sala Constitucional de fecha 20 de junio de 2000 caso: Fanny Carolina Salas Fumarola).

Un fallo sin la mencionada observancia, no sólo constituye una violación al derecho de los niños, niñas y adolescentes de opinar en los asuntos que les interesan, sino que además, constituye una violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, los cuales son de orden público, por cuanto, si el juez consideraba que su opinión no era precisa para resolver el caso, debía dejar constancia de tales motivos. (Vid. Sentencia No. 900/2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de mayo de 2008).”

“…OMISSIS…”

“En el presente caso, se privó de la patria potestad al progenitor con fundamento en las causales contenidas en los literales “c” e “i”, del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativos al incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y cuando se nieguen a cumplir con la obligación de manutención, respectivamente.

En principio el legislador consagró los motivos para que opere tal alejamiento, como establecidas en los artículos 352 y 356 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contentivas de las causales de privación y extinción de la patria potestad, respectivamente. En las mismas hay causales que son objetivas, es decir no tienen margen de interpretación por parte del juez, tal como ocurre con la causal contenida en el literal “g” del artículo 352 eiusdem, que dispone: “g) Sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o hija.”; causal que se demuestra con la simple presentación de la sentencia penal definitivamente firme para que se dé por demostrado ese hecho.

Sin embargo, la causal de negarse a cumplir con la obligación de manutención, en principio implica la sentencia que condene por incumplir esa obligación, pero también debe atenderse al último aparte del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que regula: “El juez o jueza atenderá a la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los hechos.” Es decir que debe valorar cada uno de estos parámetros, los cuales en el presente caso no se materializan por la conducta llevada a cabo por el progenitor, aunque fue tardía, quien antes de ser privado cumplió con su deber y por tanto se considera que el Juez incumplió con el debido análisis de las causales legales a la luz de los referidos principios de la doctrina de la protección integral, pues en el presente caso se observa que lo más conveniente para la niña era mantener el contacto con el progenitor, lo cual era lo más idóneo al hacer el ejercicio ponderativo, entre entender únicamente la causal como una sanción de aplicación indubitable y analizar dicha institución como un mecanismo de protección que procura garantizar los derechos de la infante, para lo cual debía tener como norte de su interpretación los principios de interés superior del niño y que el contacto entre padres e hijos es la regla; con lo cual resulta evidente la errónea interpretación formulada por el Juez Superior, que conlleva a una lesión del orden público constitucional.

Al estudiar la otra causal que el juez dio por comprobada, es decir, la contenida en el literal “c” del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que regula como supuesto de hecho cuando los padres incumplan los deberes inherentes a la patria potestad. Esta causal debe ser interpretada con sumo cuidado, porque su contenido no se encuentra delimitado objetivamente.

En tal sentido hay que señalar que para poder declarar la pérdida de la patria potestad con fundamento en esta causal, es necesario la demostración plena de un abandono total y absoluto de los deberes parentales y no un incumplimiento parcial de los mismos, pues al efecto se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su voluntad manifiesta.

Así tenemos que el Juez estimó tres (3) factores para llenar de contenido los deberes que estimó inherentes, a saber: que el padre incumplió la obligación de manutención; las actuaciones procesales del progenitor en los expedientes de autorización para emitir pasaporte y de autorización de viaje; y la  prueba testimonial.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante por dos razones. En primer lugar, porque establece el criterio de la Sala sobre el carácter esencial del derecho a opinar de niños, niñas y adolescentes y las consecuencias de su omisión. En segundo lugar, porque explica cuándo hay negativa a cumplir con la obligación de manutención e incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, que hagan procedente la demanda de privación de patria potestad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195135-014-19117-2017-16-072.HTML

Reconocimiento de los derechos de hijos de parejas del mismo sexo


contuitucion-630-16anosl1

Sala Constitucional. 

Amparo Constitucional.

TSJ/SC Nº 1187. Fecha: 15-12-2016.

Caso: Acción de amparo constitucional ejercida por MIGDELY MIRANDA RONDÓN contra la Oficina Nacional de Registro Civil, el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional y el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución.

Decisión: Admite la acción por orden público, y declara:

“Esta Sala Constitucional, en atención de lo explanado en la presente acción de amparo, constata que la prenombrada ciudadana Migdely Miranda Rondón, a través de las técnicas de reproducción asistida se encuentra en la condición de gestante subrogada, de acuerdo a la definición plasmada en el presente fallo en su Capítulo II “esto es, aquella mujer que, de común acuerdo con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona o pareja, con el fin de quedar embarazada de dicho embrión, gestarlo a término, parirlo en sustitución de la mencionada persona o pareja y con intención de entregárselo a éstas”.

Ahora bien, conforme a nuestro ordenamiento jurídico se le atribuye la filiación materna a la ciudadana Migdely Miranda Rondón, ya que fue ésta la que llevo a cabo el proceso de gestación y materializó el hecho cierto del parto, filiación que esta Sala Constitucional ratifica, por cuanto realmente desde el inicio del procedimiento de reproducción asistida nunca hubo tal intención de “entrega del niño” por parte de la gestante subrogada, condición que consta en las actas del expediente, recaudos de la institución médica de fertilización evidenciando tal situación (ver, constancia de la Unidad de Medicina Reproductiva (VIDAFER), técnica de reproducción asistida siendo la paciente Migdely Miranda, como receptora y Giniveth Soto, como la donante del embarazo controlado de feto único masculino de 19 semanas que corre inserta al folio 54 del expediente signada con la letra “C”). Sino que más bien de todo lo comprobado en autos, adminiculada las pruebas traídas por la parte actora con los hechos notorios comunicacionales referidos supra, lo que esta Sala Constitucional constata es una clara manifestación de voluntad de constituir una familia homoparental con los efectos jurídicos que la misma conllevaría en similares circunstancias a la de una familia tradicional.

Sin embargo, en búsqueda de la verdad real, y con fundamento en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a su identidad, y ésta comprende a la identidad biológica, tal como esta Sala lo dispuso expresamente en la sentencia n.° 1443 de fecha 14 de agosto de 2008, (caso: Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente); luego de haber sido analizado y valorado el Informe Pericial practicado por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales en el Área Metropolitana de Caracas en fecha 06 de marzo de 2015, se observa que del mismo se desprende lo siguiente:

(…) El perfil de identidad genético autosómico caracterizado en la muestra 14-059.A, perteneciente a la ciudadana GINYVETH SOTO QUINTANA (Presunta Madre), GF15-047.1 (Presunto Abuelo Materno) y GF15-047.2 (Presunto Tío Materno), respecto a la muestra GF15-047.3, perteneciente al niño (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (Hijo), conforma la hipótesis H1 planteada, indicando que SI existe una relación heredo biológica entre las muestras comparadas (…) (Negrillas y mayúsculas propias del oficio).

Conforme a lo anterior, esta Sala constata que producto de la filiación como vínculo existente entre padres e hijos, que genera una identidad legal y una identidad biológica, en el presente caso es imprescindible su determinación, a los efectos de resolver lo planteado por la parte actora, en interés superior del niño procreado, mediante un método de reproducción asistida, como lo es la Fertilización in Vitro (del latín dentro del vidrio se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo).

En consecuencia, genéticamente el niño (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), es hijo de la ciudadana Ginyveth Soto Quintana (fallecida), por lo cual tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras, y así se ordena sea rectificado por la autoridad civil competente. Así se decide.

Aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional colige que no se encuentra ajena a las realidades sociales y en su condición de máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde fijar las interpretaciones y aplicación del contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335), velando por la efectividad del ordenamiento jurídico, y en búsqueda de la verdad real quedando obligada en el caso en concreto a restablecer el equilibrio e inclusión social, tomando en cuenta el afecto, la dignidad humana y la tolerancia que debe imperar en la sociedad, para lo cual es necesario el estudio del contenido del artículo 75 de la Constitución, que reza:

Como se desprende del texto de la disposición constitucional transcrita, el Constituyente previó la obligación del Estado a garantizar la protección integral a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (Destacado nuestro).

Por ello, conforme a lo establecido en dicha norma, concatenado al derecho a la igualdad y no discriminación, previstos en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reconoce en esta sede constitucional, el derecho de maternidad de las ciudadanas Ginyveth Soto Quintana y Migdely Miranda Rondón de su hijo (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es un caso de suma importancia para el país en que la Sala Constitucional mediante un amparo constitucional, que admitió por tratarse de una materia de “orden público constitucional” reconoce, expresamente, los derechos de los niños nacidos dentro de familias homoparentales, en este caso entre dos mujeres de nacionalidad venezolana que contrajeron matrimonio en la República de Argentina. En efecto, la Sala sostuvo que los niños nacidos dentro de estas familias gozan de los mismos derechos que los que nazcan en familias tradicionales, para lo cual interpretó el artículo 75 de la Constitución venezolana.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/194078-1187-151216-2016-16-0357.HTML

Aspectos que deben ser tomados en cuenta para fijar la indemnización por daños


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Sala de Casación Social. 

Recurso de casación.

TSJ/SCS N° 1147. Fecha: 10/11/2016.

Caso: Recurso de casación de YUNEIRE MARÍA APONTE SOLARTE y KENEDY JOSÉ QUINTERO VILORIA, quienes pretenden el pago de la indemnización por daños morales y materiales actuando en nombre y procuración de su hijo JDQA, contra la sociedad mercantil INVERSIONES ANDES MÁGICOS, C.A.

Decisión: Con lugar el recurso de casación, y se anula la sentencia impugnada. La Sala observó:

“De la transcripción parcial de la decisión objeto del presente recurso, se desprende que la alzada censura la conducta del juez de primera instancia por haber omitido el análisis que ha debido hacer tomando en cuenta las circunstancias jurisprudencialmente establecidas, la inmovilidad del dedo lesionado y por considerar, que el monto fijado por éste “parece elevado” ya que no hubo muerte, incapacidad total o falta de movilidad de las extremidades y en tal virtud, modificó el monto por concepto de daño moral acordado por el juzgado de la causa.

Es doctrina reiterada de esta Sala de Casación Social que el sentenciador que conoce de una acción por daño moral debe hacer un examen del caso concreto, analizando los siguientes aspectos: a) la entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) el grado de educación y cultura del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f) capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último; i) referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto.”(Sentencia del 7 de marzo de 2002, con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, caso José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.)”.

Comentario de Acceso a la Justicia: En su sentencia, la Sala ratifica su criterio sobre los aspectos que deben ser tomados en cuenta para estimar la indemnización por daño moral. Es decir, aunque el daño moral sea un concepto indeterminado, sí están establecidos los criterios para determinar cuándo se produce y, entonces, cuándo debe ser indemnizado. Estos requisitos, que son aplicados a particulares, contrastan con el criterio aplicado cuando se trata de establecer parámetros para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, donde el TSJ ha dictado sentencias totalmente arbitrarias y en perjuicio de los ciudadanos afectados por la negligencia de la Administración Pública.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/192321-1147-101116-2016-15-841.HTML

Impugnación judicial del reconocimiento mediante ADN y el reconocimiento como determinante de la filiación extramatrimonial


CODIGO-CIVIL

Sala de Casación Social. 

Recurso de casación. 

TSJ/SCS Nº 1013. Fecha: 21/10/2016.

Caso: Recurso de casación en el juicio de nulidad de partida de nacimiento del niño S A (cuya identidad se omite por mandato del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) que sigue MARJORE ALEXANDRA VEITIA VOLWEIDER contra la DIRECTORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Decisión: Con lugar el recurso de casación y se anula el fallo. La Sala indicó:

… la naturaleza del reconocimiento como determinante de la filiación extramatrimonial, con especial referencia al reconocimiento voluntario de paternidad, que es el supuesto del caso que ocupa la atención de la Sala.

En este sentido, debe recordarse que la filiación extramatrimonial resulta de su reconocimiento, que consiste en el acto jurídico mediante el cual el hijo adquiere el título de su filiación y puede ser voluntario o judicial. En el primero la filiación se establece de manera espontánea, en el segundo resulta de una sentencia que la declara.

El reconocimiento voluntario expreso de la paternidad consiste en una declaración espontánea hecha con las formalidades exigidas por la ley, de la cual resulta un vínculo de filiación entre la persona que la hace (padre) y la que señala como hijo. De modo que el reconocimiento voluntario, de la misma manera que el judicial, es declarativo de filiación, ello porque es una afirmación de la cual deriva el vínculo jurídico de la filiación extramatrimonial.

Es decir, que, si bien el nexo biológico que existe entre el padre y el hijo no resulta del reconocimiento, solo este lo pone de manifiesto, puesto que la relación jurídica entre el padre extramatrimonial y su hijo, y, por tanto, la prueba de la filiación derivan del reconocimiento.

El reconocimiento voluntario expreso se forma y perfecciona, como antes se señaló, con la simple declaración de la paternidad hecha con las formalidades exigidas por la ley, esto siempre será así y no admite excepción ni aun en los casos en los que se exige el consentimiento o aceptación del reconocimiento, como los considerados en el artículo 220 del Código Civil. Solo que, cuando se requiere la aceptación, los efectos de la declaración de la filiación paterna quedan en suspenso hasta que se produzca el consentimiento o aceptación.

De lo antedicho, se deriva el carácter irrevocable del reconocimiento de la paternidad, pues sería contrario al orden público y a la seguridad jurídica que la subsistencia del estado familiar que se crea con esa declaración de voluntad dependa de lo que pueda posteriormente decidir el padre reconociente.

Corolario de lo anterior, es que lo que señale o deje de señalar la madre en la partida de nacimiento sobre el padre reconociente de su hijo, no impide ni le resta eficacia al reconocimiento; de allí que el artículo 212 del Código Civil establezca que “la declaración de la madre no basta para excluir la paternidad”. La declaración de la paternidad pierde eficacia solo cuando ha sido efectuada en contradicción con normas legales o con principios fundamentales del Derecho, es decir, sin cumplir con la formalidades exigidas por la ley; o si se realizó en contradicción con la verdad material; siempre que tal ineptitud sea declarada en el respectivo juicio de nulidad, en el primer caso,  o de impugnación, en el segundo; de esta manera, mientras no haya sido declarada judicialmente la ineficacia del reconocimiento, este produce todos sus efectos.

Cuando el reconocimiento es efectuado en contradicción con la verdad, esto es, cuando el sujeto pasivo o reconocido no es hijo de quien lo reconoce, sin importar si en la declaración hubo falsedad consciente o equivocación involuntaria, el único medio con que cuenta quien se considere afectado para que sea declarada la falsedad es la impugnación judicial del reconocimiento. Para lo cual puede hacer valer en el juicio todos los medios de prueba que pone a su disposición el ordenamiento jurídico, incluida la experticia del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), medio este que, por efecto de los avances tecnológicos, se ha convertido en la prueba por excelencia en este tipo de juicios, así como en los de inquisición de paternidad, en los cuales lo que se persigue es determinar o establecer la filiación real o biológica.           

De manera que, puede sostenerse que, así como el marido se presume padre biológico del hijo nacido dentro del matrimonio, salvo que en juicio se demuestre lo contrario, mutatis mutandi, en el reconocimiento voluntario el reconocido se presume hijo biológico de quien lo reconoce, salvo que en el juicio respectivo de impugnación se demuestre lo contrario.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Determinó la SCS/TSJ que lo que señale o deje de señalar la madre en la partida de nacimiento sobre el padre reconociente de su hijo, no impide ni le resta eficacia al reconocimiento; de allí que el artículo 212 del Código Civil establezca que “la declaración de la madre no basta para excluir la paternidad”. Así, el único medio con que cuenta quien se considere afectado para que sea declarada la falsedad es la impugnación judicial del reconocimiento. Para lo cual puede hacer valer en el juicio todos los medios de prueba que pone a su disposición el ordenamiento jurídico, incluida la experticia del Ácido Desoxirribonucleico (ADN).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/191146-1013-211016-2016-15-649.HTML

Sala Constitucional del TSJ estima aceptable un escrito de 4 folios y sus vueltos


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Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 901. Fecha: 26/09/2016.

Caso: recurso de casación en el proceso relativo a la acción mero declarativa de concubinato, seguido por YESENIA DEL VALLE VILORIA PALENCIA contra los adolescentes A.S.M.A., C.D.M.M. y G.A.M.B.

Decisión: Casa de oficio la sentencia recurrida y la anula. Para decidir, la Sala observa:

“Conteste con lo anterior, la Sala Constitucional estimó aceptable un escrito de cuatro (4) folios y sus vueltos, presentado en forma manuscrita, aseverando que ello no representa una sobreabundancia y que, “de haberse escrito los cuatros folios en un procesador de palabras quedarían reducidos a los tres exigidos por la norma especial”. Por su parte, esta Sala de Casación Social consideró excesivo un escrito de doce (12) páginas, equivalente a seis (6) folios y sus vueltos.

Siguiendo el razonamiento anterior, si bien en principio carecería de eficacia un escrito que no se ajustara al límite que en cuanto a su extensión contempla la ley especial, el máximo de tres (3) folios útiles y sus vueltos no constituye un margen inflexible, visto que la Sala Constitucional ha permitido –y, aún más, exigido– que se examinen las circunstancias del caso concreto, para evitar formalismos excesivos.

En este orden de ideas, en el caso concreto se aprecia –como se indicó supra–que la parte actora razonó el recurso de apelación interpuesto, en un escrito que consta de siete (7) páginas –impresas únicamente en el anverso de cada una– (folios 12 al 18, 2ª pieza), de modo que, si hubiera utilizado también el reverso, la extensión del escrito alcanzaría tres y medio (3,5) folios útiles y sus vueltos.

Ahora bien, visto que el escrito de formalización del recurso de apelación consignado por la parte actora, hoy recurrente en casación, está conformado por siete (7) páginas –o tres y medio (3,5) folios útiles y sus vueltos–, pero tres (3) de dichas páginas sólo contienen una transcripción textual del fallo apelado, esta Sala estima que el límite legal no fue excedido en sobreabundancia –tal como ocurrió en el asunto analizado por la Sala Constitucional–, razón por la cual no procede aplicar la consecuencia jurídica relativa al perecimiento del recurso de apelación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social casa de oficio la sentencia impugnada, por cuanto el juzgador de alzada quebrantó el artículo 488-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al incurrir en un excesivo formalismo contrario a lo establecido por la Sala Constitucional, en la citada sentencia N° 106 del año 2014, vulnerando el derecho a la doble instancia. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional reconoce un supuesto de excepción que rompe con el límite de aceptable un escrito no puede pasar de 3 folios y sus vueltos, y acepta uno de cuatro (4) folios y sus vueltos, presentado en forma manuscrita, aseverando que ello no representa una sobreabundancia y que, “de haberse escrito los cuatros folios en un procesador de palabras quedarían reducidos a los tres exigidos por la norma especial”. Por su parte, esta Sala de Casación Social consideró excesivo un escrito de doce (12) páginas, equivalente a seis (6) folios y sus vueltos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/septiembre/190439-0901-26916-2016-15-340.HTML