Cuáles son los bienes comunes de los cónyuges


matrimonio

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-129      TSJ/SCS Nº Sent: 638      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de partición de bienes interpuesta por BELAIME DEL CARMEN CALDERÓN BARRIOS contra LUIS EMILIO GALVIS MOLINA.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, y parcialmente con lugar la demanda.

Extracto:

“De las normas transcritas, se desprende que la comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente desde el día de la celebración del matrimonio, y son comunes, de por mitad, los beneficios que se obtengan durante su vigencia hasta la disolución del vínculo, los cuales podrán ser adquiridos a título oneroso, por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges, así como los frutos, rentas o intereses que provengan de esos bienes comunes.

En conexión con lo anterior, los bienes obtenidos a título oneroso por la industria, profesión, oficio, salario o trabajo por alguno de los cónyuges, resultan comprendidos dentro de la comunidad conyugal, salvo las excepciones previstas en la ley.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre cuáles son los bienes comunes de los cónyuges.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201563-0638-28717-2017-17-129.HTML    

 

El interés superior del niño, niña o adolescente y la prohibición de la prueba de confesión


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-441      TSJ/SCS Nº Sent: 637      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por GABRIELA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ contra su menor hijo E.J.O.R. y el adolescente J.E.O.H.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

Extracto:

“En este sentido, analizado como ha sido el marco legal invocado por el recurrente, en armonía con el criterio jurisprudencial supra citado, según el cual es erróneo entender que el principio del interés superior se antepone a cualquier otro derecho subjetivo o interés legítimo de los ciudadanos, se concluye que el derecho ejercido por la ciudadana Gabriela Alejandra Rodríguez González en aras de que le fuese reconocida la unión estable de hecho, que alegó haber mantenido con el de cujus, obedece a un interés legítimo, consagrado constitucionalmente, que no puede ser soslayado al amparo de los principios de prioridad absoluta y del interés superior del niño, los cuales en su contenido invitan a la ponderación entre los derechos de niños, niñas y adolescentes y los de las demás personas.

Por lo tanto, esta Sala estima que la infracción encontrada no resultó determinante para la resolución de la controversia, pues si bien la Juez de Alzada, omitió el pronunciamiento en cuanto al particular, cualquier decisión en este sentido no hubiere modificado el resultado del presente juicio, toda vez que los principios invocados, no pueden ser empleados para subvertir o derogar implícitamente otras normas del ordenamiento jurídico, siendo que debe atenderse siempre a la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ello, sin menoscabo del ejercicio de las acciones legales pertinentes para salvaguardar los derechos patrimoniales que pudieran haberse visto afectados, así como para garantizar el reforzamiento del vínculo entre los hermanos, quienes tienen derecho a la convivencia familiar.”

“…OMISSIS…”

“De lo anterior se colige, que el ad quem desatinó su decisión al omitir pronunciamiento en cuanto al particular. Sin embargo, resulta evidente que ello no tuvo incidencia determinante en el dispositivo del fallo, pues de conformidad con el criterio supra explanado, esta prueba [confesión provocada (posiciones juradas)] resulta improcedente en este tipo de asuntos que versan sobre estado y capacidad de las personas, en las que está interesado el orden público y que adicionalmente, por su naturaleza, son materias sometidas a la comprobación judicial de los hechos. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre lo que debe entenderse por interés superior del niño, niña o adolescente, como principio de interpretación y la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolecente; así como la prohibición de la prueba de confesión en estos juicios.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201562-0637-28717-2017-16-441.HTML    

 

La falta de cualidad en las demandas de nulidad de venta por simulación en un concubinato


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-908      TSJ/SCS Nº Sent: 620      Fecha: 14-07-2017

Caso: Demanda de nulidad de venta por simulación interpuesta por JORGE RAFAEL CARVAJAL CASTILLO contra CARMEN JANNETT LARA TORRES.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

Extracto:

De acuerdo con el criterio jurisprudencial, expuesto supra se afirma que la cualidad de la parte es de orden público, que obliga al juez a examinar y declarar de oficio su existencia en todo estado y grado del proceso, más aún en el presente caso al conocer de una apelación ejercida contra una decisión en etapa de sustanciación que es el momento idóneo establecido por el legislador para dictar tal proveimiento.

Así las cosas tenemos que la cualidad es relación de identidad entre el actor en un proceso concreto y la persona a la cual la ley faculta para interponer una pretensión determinada (legitimación activa) y por otra parte la identidad entre el demandado y con la persona contra la cual es concedida la pretensión (legitimación pasiva). Determinación que en la mayoría de los casos es abierta y sólo hace falta la autoatribución de un derecho, pero que en casos especiales la ley determina unas condiciones particulares que pueden verificarse incluso in limine litis como indicó la Sala, tal como ocurre en el presente proceso donde la pretensión implica la nulidad de la venta por simulación fundada en la posibilidad que ostenta el cónyuge o la persona que tiene una unión estable de hecho, contra la otra persona en la relación, para lo cual necesariamente debe demostrarse ese vínculo; siendo que en el presente caso al haber sido desechada por esta Sala de Casación Social la pretensión mero declarativa de unión estable de hecho mediante decisión N° 0758 de fecha 1° de agosto de 2016, la parte actora no tiene la cualidad para actuar en el presente juicio, tal como lo declaró el Juzgado Superior que conoció la apelación.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la falta de cualidad y su carácter de orden público, haciendo referencia concreta al caso de la nulidad de venta por simulación en un concubinato.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201085-0620-14717-2017-16-908.HTML   

 

Los requisitos de procedencia del exequatur


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: exequatur

Nº Exp: 15-641      TSJ/SCS Nº Sent: 528      Fecha: 22-06-2017

Caso: Solicitud de exequátur interpuesta por WALDO DE LA CARIDAD VALDÉS-VALLE RODRÍGUEZ contra NELLY CARMEN NOGUEIRA DE JESÚS.

Decisión: Se concede fuerza ejecutoria en el territorio de la República a la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2010, por la Corte Distrital del Distrito Judicial 233 del Condado Tarrant, estado de Texas, Estados Unidos de América, mediante la cual declaró la disolución del vínculo conyugal, el destino de sus propiedades y el régimen familiar de sus hijos.

Extracto:

“Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la solicitud formulada, se observa que toda solicitud de exequátur debe fundamentarse para su decisión, en la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.

Dicho orden de prelación aparece claramente expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, en los términos siguientes:

Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las Normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptado.

La disposición transcrita ordena, en primer lugar, la aplicación de las Normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los Tratados Internacionales vigentes en Venezuela.

En el caso de autos, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, de una sentencia dictada por un tribunal de los Estados Unidos de Norteamérica, país con el que la República Bolivariana de Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias; por tal razón, y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano.

En este orden de ideas, la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra en su Capítulo X las disposiciones concernientes a la eficacia de las sentencias extranjeras, estableciendo en el artículo 53, derogatorio parcialmente de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, los cuales son:

Artículo 53:

  1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;
  2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
  3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio;
  4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
  5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
  6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los requisitos de procedencia del exequátur.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200202-0528-22617-2017-15-641.HTML    

 

El registro de las uniones estables de hecho, la diferencia entre la declaración voluntaria y la judicial


matrimonio

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-980      TSJ/SCS Nº Sent: 519      Fecha: 20-06-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por CARLA MANUELA FONSECA GONZÁLEZ contra MARÍA ALEJANDRA NOGUEIRA ARREAZA, ALEJANDRO PAUL NOGUEIRA ARREAZA y MARÍA DANIELA DE JESÚS NOGUEIRA ARREAZA

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 1° de agosto de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, y, con lugar la demanda.

Extracto:

“Como corolario de lo anterior se desprende que tradicionalmente el concubinato ha sido considerado como una unión estable de hecho (unión more uxorio), es decir, una relación o situación fáctica, contraria a una situación de derecho como lo es el matrimonio, pues alude a un conjunto de hechos o circunstancias que surgen de forma espontánea y sin formalidades dando origen a la situación concubinaria, que una vez probada, generalmente por vía judicial, produce determinados efectos jurídicos, para cuya declaración se requieren ciertos requisitos.

Sin embargo, partiendo de lo establecido en los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, en interpretación de la Ley Orgánica de Registro Civil, queda claro que la decisión judicial es sólo una manera de obtener los aludidos efectos jurídicos, pues el Registro Civil que se realiza por la manifestación de la voluntad de ambas partes, constituye otra de las forma de alcanzar los mismos.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el registro de las uniones estables de hecho y la diferencia entre la declaración voluntaria y la judicial.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/200062-0519-20617-2017-16-980.HTML    

 

El derecho a probar como garantía del derecho a la defensa


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-804      TSJ/SCS Nº Sent: 499      Fecha: 12-06-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinario interpuesta por ELDA ISABEL GARCÍA MÉNDEZ contra MÓNICA LORENA CELIS GONZÁLEZ, NÉSTOR ALEJANDRO CELIS GONZÁLEZ, SONIA ANDREINA CELIS GONZÁLEZ y ADRIANA LUISA CELIS GONZÁLEZ, y contra el adolescente (se omite nombre).

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

Extracto:

“De la transcripción de la sentencia recurrida, así como de las normas denunciadas como infringidas, esta Sala no observa la violación de los referidos artículos, en razón (por lo constatado tanto en la citas de la sentencia impugnada en la denuncia anterior como en la presente), que los testigos fueron debidamente promovidos en la fase de sustanciación, aunado que en ningún momento fueron llamados a rendir sus declaraciones, a pesar de que estuvieron presentes en el tribunal al momento de la audiencia de juicio y su prolongación, sumado al hecho que el a quo omitió todo pronunciamiento sobre tales testimoniales, por lo que el ad quem en cumplimiento del mandato constitucional al debido proceso, que implica, igualmente, el derecho a la defensa de las partes, actuó ajustado a derecho al ordenar la reposición, en virtud de los principios rectores que orientan el proceso en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, conforme lo establece el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a saber la oralidad, la inmediación y la concentración, ya que la audiencia de juicio es una sola aunque esta se prolongue en distintos días. Razones estas que se consideran suficientes para desechar la presente denuncia. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el derecho a probar como garantía del derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199867-0499-12617-2017-16-804.HTML    

 

La existencia del concubinato putativo y los requisitos de procedencia de la demanda


matrimonio

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 15-1362      TSJ/SCS Nº Sent: 495      Fecha: 12-06-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por ISORA MERCEDES LUNA MELO contra GIUSEPPE MANNONE IACALONI.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 28 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y, parcialmente con lugar la demanda.

Extracto:

“Por tanto, debe concluirse, que sí es factible que existan uniones estables de hecho o concubinatos putativos que se formaron o nacieron entre una mujer y un hombre, que si bien uno de ellos era casado, el otro lo desconocía, es decir, se unió establemente a dicha persona actuando de buena fe y, en ese sentido, es necesario advertir, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Civil antes transcrito, la unión estable putativa o el concubinato putativo, resulta válido y surte efectos hacia el pasado, “ex tunc”, desde que comenzó, o desde que quedó demostrado que se inició la unión estable o concubinato, hasta el momento que se produce la sentencia en la cual se declara su existencia y, dicha sentencia adquiera el carácter de sentencia definitivamente firme.

“…OMISSIS…”

Así tenemos que, lo que distingue en la determinación de la unión estable de hecho, es la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros; sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.

En tal sentido, la existencia de la unión estable de hecho se formará mediante una declaración judicial dictada en un proceso con ese fin, el cual dependerá de la comprobación de elementos indispensables para calificar una relación como una unión estable de hecho en la modalidad de concubinato, la cual está signada por la permanencia de la vida en común, que tal y como fue interpretado por la Sala Constitucional, resulta identificada por actos que hacen presumir a terceras personas que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la existencia del concubinato putativo, cuando uno de los concubinos desconoce que el otro está casado, y los requisitos de procedencia de la demanda.

Fuente:   http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199862-0495-12617-2017-15-1362.HTML  

 

El principio finalista del proceso para garantizar una justicia sin dilaciones indebidas


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-795      TSJ/SCS Nº Sent: 472      Fecha: 05-06-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por KATIUSKA YOLANDA HERNÁNDEZ, madre de la adolescente CYEH y de los niños JSEH y AIEH contra JOSÉ GREGORIO ESCORCHE CARRASQUEL.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Accidental de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo; y, con lugar la demanda.

Extracto:

“Ahora bien, la reposición de la causa es un remedio procesal que debe ser aplicado siempre que atienda al principio finalista, que tiene rango constitucional, puesto que el artículo 26 del Texto Fundamental garantiza una justicia sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, según el cual no debe ser declarada la nulidad por la nulidad misma, sino que debe tenerse en cuenta la verdadera función de las formas procesales.

Considera la Sala que la recurrida, cuando ordenó la reposición de la causa al estado de que se evacuara nuevamente la prueba de informes a la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público, incurrió en violación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ordenar una reposición inútil, para evacuar una prueba sobre la cual la parte promovente había desistido, la cual fue sustituida legalmente por el juez de juicio por otra prueba de informes al tribunal de control, cuyas resultas constan en el expediente; y, porque, independientemente de ello, aunque no se hubiera sustituido, no era determinante del dispositivo del fallo.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el principio finalista del proceso a fin de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, como garantía de la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199621-0472-5617-2017-16-795.HTML    

 

Las medidas cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, su trámite, sustanciación y recursos


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Control de legalidad

Nº Exp: 16-784      TSJ/SCS Nº Sent: 451      Fecha: 05-06-2017

Caso: Demanda de rendición de cuentas interpuesta por EUCLEIDYS JOHANA VILLASANA PALACIOS contra JOSÉ DE NÓBREGA DA SILVA.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de control de la legalidad contra la sentencia dictada el 26 de julio de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

Extracto:

En ese orden de ideas, es menester atender a la naturaleza de la medidas cautelares, las cuales implican brindar tutela judicial anticipada a los beneficiarios de las mismas; razón por la cual, se les reconoce autonomía en cuanto a la medida en sí misma y al procedimiento para sustanciarlas, pues los requisitos para su procedencia son distintos, aunque íntimamente relacionados, a los exigidos para la procedencia de las pretensiones debatidas en la causa principal. Esto es lo que explica que su trámite y sustanciación, no obstante su carácter instrumental y, por ende, accesorio con respecto al juicio en el que son solicitadas, se realice en cuaderno separado, con lo que, las decisiones que se dicten en la sustanciación deben estar sometidas a un régimen recursivo igualmente separado y autónomo.”

“…OMISSIS…”

“No podía el Juez de la recurrida, sin vulnerar la ley, decidir en un mismo fallo, la solicitud de medidas cautelares y dictar sentencia sobre lo principal del juicio dirimiendo la controversia, pues por imperativo legal tanto en la Ley Especial como en el Código de Procedimiento Civil la incidencia sobre medidas cautelares debe tramitarse y decidirse en cuaderno separado e independiente del juicio principal. La violación de este principio procesal, trae diversas complicaciones que atentan contra el derecho a la defensa.

La incidencia cautelar, cuando se sustancia correctamente, se decide en primera instancia a través de un fallo susceptible de ser apelado en un solo efecto; esta apelación es independiente y autónoma de la apelación que pueda haberse intentado contra la sentencia definitiva. Si se decide el juicio principal y la medida cautelar en una misma sentencia se distorsiona la posibilidad de ejercer recursos independientes de apelación y extraordinario de impugnación contra las decisiones que resuelvan la incidencia cautelar.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la naturaleza de las medidas cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, su trámite, sustanciación y recursos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/199600-0451-5617-2017-16-784.HTML    

 

El registro de las uniones estables de hecho, la diferencia entre la declaración voluntaria y la judicial y el registro de la disolución.


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº Sent: 438      Fecha: 29-05-2017

Caso: Partición de mutuo acuerdo interpuesta por DEISY LLANIRE RODRÍGUEZ MERCADO y RONDER JAMES MUÑOZ SOSA

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2015, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y se homologa el acuerdo de partición.

Extracto:

No obstante, la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Registro Civil publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.264 en fecha 15 de septiembre de 2009, cuya vigencia comenzó el 15 de marzo de 2010, supuso la posibilidad de registrar las uniones estables de hecho, así como su disolución, satisfaciendo en parte los supuestos que pueden ocurrir, como es, la voluntaria manifestación de los interesados de la iniciación y finalización de la unión estable, que deben realizar ante la autoridad competente, por tanto, no obsta para que en otros casos deba recurrirse a la vía judicial.

La mencionada Ley Orgánica de Registro Civil, reguló un procedimiento administrativo para los casos en los cuales las personas que decidan tener una unión estable lo hagan cumpliendo con los requisitos de ley para que tenga plenos efectos, y como se indicó anteriormente, no se opone a que existan casos distintos por la misma naturaleza de la institución. En dicha Ley se estableció las formas de registrar la unión estable de hecho, de la siguiente manera:

Artículo 117. Las uniones estables de hecho se registrarán en virtud de:

  1. Manifestación de voluntad.
  2. Documento auténtico o público.
  3. Decisión judicial.

Artículo 118. La libre manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro.

Artículo 119. Toda decisión judicial definitivamente firme que declare o reconozca la existencia de una unión estable de hecho, será insertada en el Registro Civil. Los jueces y las juezas de la República Bolivariana de Venezuela deben remitir copia certificada de la decisión judicial definitivamente firme a las oficinas municipales de Registro Civil, para su inserción en el libro correspondiente.

Artículo 122. Se registrará la declaratoria de disolución de las uniones estables de hecho, en los siguientes casos:

  1. Manifestación de voluntad efectuada unilateral o conjuntamente por las personas unidas de hecho ante el Registro Civil.
  2. Decisión judicial.
  3. La muerte de una de las personas unidas de hecho, por declaratoria del sobreviviente.

En los casos de disolución unilateral de las uniones estables de hecho, el registrador o la registradora civil deberá notificar a la otra persona unida de hecho, de conformidad con la ley.

Tal como se desprende de las normas jurídicas anteriormente transcritas, se incorpora, que además de la decisión judicial declarativa de existencia de unión estable de hecho, las partes pueden registrar éstas uniones así como su disolución, con la simple manifestación de voluntad efectuada entre un hombre y una mujer declarada de manera conjunta ante el Registrador Civil, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala fija criterio acerca del registro de las uniones estables de hecho y establece la diferencia entre la declaración voluntaria y la judicial y el registro de la disolución del vínculo.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/199457-0438-29517-2017-15-197.HTML