¿Qué dice la sentencia Nº 545 de la Sala Constitucional?


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La Sala Constitucional, en el mismo día de un paro cívico nacional por la grave crisis que vive el país, dictó su sentencia Nº 545 de este año, en que anuló el procedimiento de designación de los 13 magistrados y 21 suplentes, que está llevando a cabo la Asamblea Nacional por considerar nulo el nombramiento realizado por la Asamblea Nacional saliente el 23 de diciembre de 2015. Debe aclararse que esta sentencia es muy oportuna porque la Asamblea Nacional aprobó juramentar a los magistrados el viernes 21 de julio, es decir el día después de la sentencia de la Sala, así que esta pretende impedirlo, ya que no solo anula esa decisión del Parlamento, sino que además advierte a los parlamentarios y a los magistrados que deberían ser juramentados mañana que si lo son incurrirán en usurpación de funciones, delito establecido en el artículo 213 del Código Penal.

¿Qué dice la sentencia Nº 544 de la Sala Constitucional del TSJ?


MONITOREO1

El Tribunal Supremo de Justicia dictó su Sentencia Nº 544 de la Sala Constitucional en la cual requiere a la Contraloría General de la República iniciar una investigación respecto de la aeronave marca King Air 300 Bech Aircraft Corporation, matrícula YV2899, serial FA-48, la cual según indicó el Fiscal Auxiliar Juan Torres Bonilla en su escrito del 8 de junio de 2017, tiene como “actual siglas YV3082”, e informe sobre las resultas a la Sala. Se trata de una averiguación en contra de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, por el presunto uso indebido de un avión privado.

Estabilidad de los profesores contratados de la UCV


MONITOREO1

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Apelación Amparo

Nº Exp: 15-1131      TSJ/SC Nº Sent: 505      Fecha: 28-06-2017

Caso: Universidad Central de Venezuela apela la “sentencia dictada (el 28 de octubre de 2015) por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano Jesús Manuel Silva Rivas, y en consecuencia, ordenó su reincorporación al puesto de Profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho dentro de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, así como el pago de los sueldos dejados de percibir y la publicación, por parte de la referida universidad, de un desagravio dirigido al querellante”, y en consecuencia solicitó “que se remita el presente expediente al Tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre la presente apelación y se continúe con la presente querella funcionarial en las Cortes Primera o Segunda de lo Contencioso Administrativo”.

Decisión: DECAIMIENTO DEL OBJETO en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús Manuel Silva contra “(…) DECISIÓN del 3 de marzo de 2015 del JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL a cargo de la JUEZA DEYANIRA MONTERO ZAMBRANO mediante la cual REVOCA AMPARO, asimismo contra AUTO del 18 de marzo de 2015 que falsamente declara INCOMPARECENCIA la (sic) parte actora; así como para restablecer el orden jurídico ante el EXTRAVÍO DE EXPEDIENTE número JSCA3-N-2014-0106 del mencionado JUZGADO donde cursa RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR en el cual soy DEMANDANTE contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA”; y en consecuencia, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA; en consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada, dictada el 28 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano JESÚS MANUEL SILVA RIVAS contra la referida casa de estudios. ORDENA al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, ejecutar su decisión de fecha 28 de octubre de 2015 que quedó definitivamente firme, debiendo informar a esta Sala al respecto, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de las presentes actuaciones, so pena de desacato.

Extracto:

“Fue en este último artículo, según se desprende de los autos, en el cual se basó la decisión de la Universidad Central de Venezuela de no renovar el contrato al profesor accionante; ante lo cual esta Sala, en consonancia con lo establecido en la sentencia apelada, señala que no podía cerrarse la asignatura que impartió ininterrumpidamente por más de dos (2) años el Profesor Jesús Manuel Silva Rivas, y aún en el caso de que no se abra el curso, por no existir el supuesto quórum requerido para abrir la asignatura, de conformidad con la última de las normas transcritas, ello no sustrae al hoy querellante como beneficiario de la estabilidad que le otorga el Acta Convenio suscrita entre la Universidad Central de Venezuela y su Asociación de Profesores, cuerpo normativo contentivo de las condiciones generales de trabajo, que a título de contrato, regulan las relaciones entre la Universidad Central de Venezuela y los miembros del Personal Docente y de Investigación a su servicio, específicamente en la cláusula 42, para el caso de los profesores contratados, cuya inobservancia por parte de la querellada es precisamente el núcleo de la pretensión de la parte actora.

Ello así, y de conformidad con la aludida cláusula contractual, en términos de la decisión cuestionada, era obligación de la Universidad Central de Venezuela garantizar los derechos del Profesor Jesús Manuel Silva Rivas, en el caso que nos ocupa, específicamente de resguardar su estabilidad laboral, no pudiendo ser despedido, trasladado, desmejorado o removido, sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente, previsto en la normativa aplicable, por lo que ciertamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al aplicar erróneamente el dispositivo contenido en el artículo 3° de las “Normas sobre el Cupo Mínimo de Estudiantes requeridos para la Apertura de Asignaturas en Semestres Continuos, Cursos Monográficos y Seminarios”, desconociendo su derecho a la estabilidad laboral previsto en la cláusula 42 del Acta Convenio suscrita entre la Universidad Central de Venezuela y su Asociación de Profesores. Así se declara.

A mayor abundamiento, tal como acertadamente advirtiese el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, importa destacar que respecto a la estabilidad de la cual gozan los profesores contratados por más de dos (2) años por la Universidad Central de Venezuela, ya se ha pronunciado la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en decisión de fecha 24 de octubre de 2011 (caso:María Elena Leonett Guevara vs. UCV)…”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia está dedicada a proteger a los profesores contratados de la UCV. De hecho determina que los profesores contratados por más de dos (2) años gozan de estabilidad laboral, según lo previsto en la cláusula 42 del Acta Convenio suscrita entre la Universidad Central de Venezuela y su Asociación de Profesores.

Sobre esta base, mal pueden ser despedidos, trasladados, desmejorados o removidos los profesores sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente, tal como ocurrió con el profesor Jesús Silva, a quien se le cerró la asignatura que impartía ininterrumpidamente en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, de la UCV, desconociéndosele la estabilidad laboral que había adquirido.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/200516-505-28617-2017-15-1131.HTML    

Responsabilidad extracontractual del Estado por daños morales


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Demanda

 

TSJ/SPA Nº: 388      Fecha: 22-06-2017

Caso: Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila interponen demanda por indemnización de daño moral contra la sociedad mercantil Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC).

Síntesis y comentarios:

Es ente caso la SPA declaró con lugar la demanda presentada por las ciudadanas Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila contra la empresa del Estado CORPOELEC como indemnización por el daño moral causado a raíz de la muerte de Guillermo Sahmkow Perera y del niño, quienes fallecieron el día 13 de junio de 2010 a causa de “congestión y edema pulmonar por electrocución”, producido por “un conductor o línea electrificada que se había desprendido del poste”, situado en la calle Lisboa entre las calles Bolívar y Alí Jurado, Sector Playa Norte de Chichiriviche, Estado Falcón.

Al respecto, debe hacerse notar, que son pocos los casos en que el TSJ a través de la SPA reconoce y declara la responsabilidad patrimonial del Estado, institución fundamental de un Estado constitucional de derecho que aparece consagrada en el artículo 140 de la Constitución.

Es importante este fallo porque le permite a la SPA reiterar las condiciones para responsabilizar al Estado por los daños morales experimentados por las demandantes con motivo de la muerte del señor Guillermo Sahmkow Perera y del niño. Debe destacarse, asimismo, que los parámetros para la determinación de los daños morales están previstos en el artículo 1.196 del Código venezolano, disposición que a pesar de su naturaleza civil resulta aplicable supletoriamente al régimen público de la responsabilidad estatal.   

Decisión: CON LUGAR la demanda por indemnización de daño moral interpuesta por las ciudadanas Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila, y por ende: 1.- ACUERDA para la demandante Cristina María Sánchez Cruz una indemnización por el daño moral causado con ocasión de la muerte de su esposo y de su hijo la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.197.744.099,16). 2.- ACUERDA para la demandante Andrea Alejandra Sahmkow Ardila una indemnización por el daño moral causado con ocasión de la muerte de su padre y de su hermano, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.197.744.099,16).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/200276-00388-22617-2017-2012-1730.HTML     

 

Naturaleza jurídica de acto convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 647      Fecha: 06-06-2017

Caso: Yvett Lugo Urbaez, Elinor Teresa Montes Méndez, Letty Mercedes Piedrahita, Elenis Rodríguez Martínez, Carlos Alfonso Prince, Jaime Daniel Martínez Mila y Omar Estacio interponen demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos, contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, ambos de fecha 01.05.2017, dictados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Síntesis y comentarios:  

Expone la SPA en este fallo que el Presidente de la República como Jefe del Poder Ejecutivo Nacional tiene atribuidas un conjunto de competencias previstas tanto en la Constitución como en el resto del ordenamiento jurídico; “de manera que puede dictar actos que son ejecución directa e inmediata de la Carta Magna, pues obedecen al ejercicio de competencias previstas de manera expresa en ella, o puede dictar actos de rango sublegal, en ejecución de leyes u otras normas de inferior jerarquía”.

En razón de lo anterior, y con el apoyo de lo asentado por la SC-TSJ en la sentencia N° 2748 del 20 de diciembre de 2001, recaída en el caso: Javier Elechiguerra Naranjo, la SPA estableció que los actos dictados por el Presidente de la República referentes a la convocatoria y las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente son de rengo legal, es decir, actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y, en consecuencia, es competencia de la SC del máximo tribunal del país conocer de la demanda de nulidad presentada por los abogados Yvett Lugo Urbaez y otros en contra de los Decretos presidenciales Nos. 2.830 y 2.831.

Es de interés, además destacar, lo dicho por la SPA acerca de la competencia de la SC y la jerarquía de los actos “(…) el criterio acogido por el constituyente y seguido por el legislador para definir las competencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, atiende a la jerarquía del acto objeto de impugnación respecto del Texto Fundamental, esto es, que dicho acto tenga una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de mayor jerarquía dentro del sistema jurídico venezolano”. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nos. 1.243 del 13 de agosto de 2014; y 393 del 6 de abril de 2016).

Decisión: : INCOMPETENCIA para conocer la “demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad” ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos, por  los abogados Ivett Lugo Urbaez, Elionor Teresa Montes Méndez y otros contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, dictados por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y publicados en la Gaceta Oficial Nro. 6.295 Extraordinario del 1° de mayo de 2017, mediante los cuales: i) convocó una Asamblea Nacional Constituyente; y ii) creó una Comisión Presidencial a tales fines. Se DECLINA la competencia para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/199659-00647-6617-2017-2017-0428.HTML    

 

Retardo en la resolución de los asuntos administrativos


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 634      Fecha: 30-05-2017

Caso: :  Previsivos Paolini C.A. (PREPACA) interpone demanda de nulidad en virtud del silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, al no dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la referida empresa contra la Providencia Administrativa Nro. FSS-2-3-000116 del 12.01.2011, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil PREVISIVOS PAOLINI, C.A. (PREPACA), contra el acto denegatorio tácito en virtud del silencio administrativo producido por el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS (hoy Economía y Finanzas), al no decidir el recurso jerárquico ejercido contra la Providencia Administrativa Núm. FSS-2-3-000116 del 12 enero de 2011, emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), mediante la cual expresó que existen fundados y suficientes indicios para presumir que la empresa accionante al ofrecer servicios funerarios al público, realiza operaciones de seguros, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros, hechos sancionables de acuerdo a lo previsto en el artículo 185 eiusdem. En consecuencia, FIRME el acto.

Extracto:

“Particularmente, en el presente caso la parte actora consideró que el acto “violó el debido proceso y por ende el principio de legalidad”por no haberse prorrogado el lapso de cuatro (04) meses de los estipulados en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone:

Artículo 60.- La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.

La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses”.

En efecto, la norma plantea un término para la tramitación y resolución de los expedientes, no obstante, esta Sala en casos similares al de autos ha sostenido que aun cuando se evidencie el retardo en la resolución del asunto, “nuestra legislación no contempla la nulidad de los actos emanados de la Administración cuando la decisión de los procedimientos se dicte de forma extemporánea” (ver sentencia Núm. 00960 de fecha 14 de julio de 2011).

En otro caso, este Alto Tribunal, en sentencia Núm. 486 del 23 de febrero de 2006, expresó lo siguiente:

“(…) Sin perjuicio de lo expuesto, y como quiera que la parte recurrente sostiene, en definitiva, que en el presente caso se produjo el decaimiento de la potestad sancionatoria de CONATEL por haber emitido su decisión transcurridos los quince (15) días que prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, resulta pertinente señalar que uno de los derechos de los particulares respecto de los procedimientos administrativos en los que son parte o interesados legítimos, es, ciertamente, el derecho a que la Administración respete los lapsos y decida en los términos legales, y es por ello que se previó en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que ‘Los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los particulares interesados en los mismos.’

Sin embargo, es necesario destacar que:

  1. La previsión de lapsos para que la Administración decida los asuntos que son sometidos a su consideración o los procedimientos que la misma decide iniciar, se traduce en una exigencia que obedece a la necesidad de ordenar la actividad que aquélla desarrolla y de garantizar la celeridad en sus actuaciones y, por ende, su eficacia; mas, debe precisarse, no está prevista en nuestra legislación una causal de nulidad de los actos de la Administración referida, per se, a la decisión extemporánea de los procedimientos(…)”. (Resaltado de este fallo).

Igualmente, en cuanto a la violación al artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala ha establecido (ver, entre otras, sentencia Núm. 054 del 21 de enero de 2009) que:

“(…) esta actuación que se imputa a la Administración no constituye por sí sola, en principio, un vicio que afecte directamente la validez del acto administrativo y por tanto no implica la nulidad del mismo.

El retardo de la Administración en producir decisiones acarrea, en todo caso, la responsabilidad del funcionario llamado a resolver el asunto en cuestión, pues el mismo, ciertamente, transgrede el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme al cual las autoridades y funcionarios competentes deben observar los términos y plazos legalmente establecidos, para el despacho de los asuntos sometidos a su consideración. Esta responsabilidad, tanto de los funcionarios como de las demás personas que presten servicios en la Administración Pública, se encuentra expresamente consagrada en los artículos 3 y 100 eiusdem.  

Una denuncia como la que aquí se examina, sólo prosperaría en caso de que el retardo constituya un menoscabo a los derechos e intereses del particular, cuestión que no ha sido esgrimida en el caso de autos, resultando por tanto infundado el presente alegato. Así se declara. (…)”. (Negrillas de esta decisión).

De este modo, esta Sala ratifica en esta oportunidad su criterio y desestima la denuncia interpuesta por la actora, considerando que el retardo o la falta de prórroga del lapso establecido no vicia de nulidad el acto impugnado por violación al debido proceso, ni tampoco viola el principio de legalidad. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el retardo y el incumplimiento de los lapsos máximos establecidos en la Ley para la duración del procedimiento administrativo no es causal de nulidad del acto que se dicte al final, por considerar que en estos casos no se viola el debido proceso. Se observa cómo se confunden los vicios de los actos administrativos con la violación de principios jurídicos y las consecuencias jurídicas en ambos casos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199480-00634-30517-2017-2012-1235.HTML       

Notificación defectuosa


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 609      Fecha: 25-05-2017

Caso: GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO,  interpuso demanda de nulidad contra el acto administrativo distinguido con el alfanumérico MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013, dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, en el que confirmó la Resolución número 016822 del 9 de diciembre de 2010, a través de la cual el demandante fue excluido del proceso de ascenso del Grado de Maestro Técnico de Tercera (MT3) a Maestro Técnico de Segunda (MT2), por haber estado de licencia durante seis (6) meses en el año 2006, sin que se le hubiese permitido concursar en igualdad de condiciones a la de sus compañeros y compañeras de promoción, quienes, para ese momento, fueron ascendidos y ascendidas al Grado de Maestro Técnico de Segunda (MT2).

Decisión: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado judicial del Mayor de la Aviación Militar GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO, contra el acto administrativo MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013 dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, el cual SE ANULA. En consecuencia: SE ORDENA al Ministro del Poder Popular para la Defensa 1) reconocer el ascenso del demandante al grado de Maestro Técnico de Segunda con antigüedad del 5 de julio de 2008, 2) Evaluar los ascensos a los rangos que correspondan, y su inclusión en el Régimen de Transición de Sub Oficial Profesional de Carrera a Oficial Técnico, en el grado de Maestro Técnico de Segunda, en igualdad de condiciones a sus compañeros de promoción.

Extracto:

“De la sentencia parcialmente transcrita, se observa como la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal interpretó los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y su relación con los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, así como con el principio pro actione. En tal sentido, pone de relieve que es imprescindible para computar la caducidad válidamente que el demandante haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses, es decir, que haya sido informado de los recursos que proceden contra el acto notificado, así como el tribunal competente y el lapso para su interposición pues de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que esta Sala Político-Administrativa, respecto a la notificación defectuosa, ha reiterado el criterio que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado establecido, según el cual los vicios en la notificación e incluso la ausencia de ésta no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada (ver, entre otras, la sentencia número 01742 publicada en fecha 2 de diciembre de 2009, caso: María Mercedes Prado Rendón Vs. Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia). De manera que, con el ejercicio oportuno del recurso, el defecto de la notificación queda convalidado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es importante la sentencia, entre otras razones, porque la SPA asienta  expresamente que los vicios en la notificación e incluso su ausencia “no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada”.

Por otra parte, no se puede dejar de lado advertir que en el caso decidido por la Sala declaró la nulidad del acto del Ministerio para la Defensa por haber incurrido en falso supuesto, y esto resulta relevante en el estudio de los vicios del acto administrativo porque sanciona con nulidad absoluta las decisiones administrativas viciadas con esa irregularidad pese que no aparece consagrado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como causal de nulidad absoluta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199346-00609-25517-2017-2013-1463.HTML       

 

Vicios en el procedimiento administrativo


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 590      Fecha: 18-05-2017

Caso: Sociedad mercantil HIGH TECH ELECTRÓNICA, C.A., Resolución N° 013 del 9 de marzo de 2012, dictada por la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, que rescindió el contrato N° MPPE-CA-011-2008, suscrito “en fecha 18 de diciembre de 2008, con el objeto de que la empresa suministrara por su exclusiva cuenta y riesgo, (…) 50 impresoras Láser blanco/negro, Marca Hewlett Packard; 2500 Equipos de Computación Marca HP; y 30 Scanner Marca Hewlett Packard”, así como el cartel de notificación del acto contentivo de la orden de “ejecución de las fianzas de fiel anticipo N° 0034400 y de fiel cumplimiento N° 0034399”, suscrito por el Director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicado en el “Diario Vea”, el 13 de abril de 2012.

Decisión: SIN LUGAR la demanda de nulidad ejercida por la apoderada judicial de la sociedad mercantil HIGH TECH ELECTRÓNICA, C.A. contra la Resolución N° 013 del 9 de marzo de 2012, dictada por la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, que resolvió rescindir el contrato N° MPPE-CA-011-2008, suscrito “en fecha 18 de diciembre de 2008, con el objeto de que la empresa suministrara por su exclusiva cuenta y riesgo, (…) 50 impresoras Láser blanco/negro, Marca Hewlett Packard; 2500 Equipos de Computación Marca HP; y 30 Scanner Marca Hewlett Packard”, así como la orden de “ejecución de las fianzas de fiel anticipo N° 0034400 y de fiel cumplimiento N° 0034399”, contenidas en el cartel de notificación del recurrente, suscrito por el Director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, publicado en el Diario Vea, del 13 de abril de 2012, por ello que en consecuencia quedan FIRMES los actos administrativos impugnados.

Extracto:

“cuando el vicio de procedimiento no produce una disminución efectiva, real y trascendente de las garantías del administrado, sino que representa sólo fallas o irregularidades parciales, derivadas del incumplimiento de un trámite del procedimiento, la jurisprudencia ha considerado que el vicio es sancionado con anulabilidad, ya que sólo constituyen vicios de nulidad absoluta aquellos que tengan suficiente relevancia y como tales provoquen una lesión grave al derecho de defensa del destinatario. (Vid. Sentencias de esta Sala números 1110 y 0134 del 4 de mayo de 2006 y 1° de diciembre de 2016, respectivamente)”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Destaca la SPA cuándo una irregularidad en el procedimiento administrativo puede implicar la nulidad de la decisión que surja de este y cuando no. En tal sentido se apoyó en criterios jurisprudenciales anteriores; no obstante, terminan confundiendo la nulidad relativa o anulabilidad con convalidación de los vicios; es decir, al contrario de lo señalado por la Sala, la ausencia de un vicio de nulidad absoluta no quiere decir que el acto no esté viciado; ya que lo vicios de nulidad relativa también son capaces de anular los actos; sin embargo, esto no se indica en la sentencia y simplemente se convalida el acto, por no estar presente el vicio de nulidad absoluta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199083-00590-18517-2017-2012-1785.HTML      

Irretroactividad de la ley


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 589      Fecha: 18-05-2017

Caso: Sociedad mercantil EL TOPACIO, C.A., interpuso recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución DM/N° 105-2011, de fecha 14 de octubre de 2011, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA, mediante la cual se resolvió, entre otros aspectos, declarar la extinción de la concesión de exploración y subsiguiente explotación de diamantes denominada “Nur”, que fuera otorgada a la referida empresa.

Decisión: :  SIN LUGAR la demanda de nulidad con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos ejercida por la sociedad mercantil EL TOPACIO, C.A.

Extracto:

“…esta Sala ha establecido que la irretroactividad de la ley constituye uno de los principios rectores del ordenamiento jurídico, que se conecta y cobra valor en función de los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, siendo este último entendido “como la confianza y previsibilidad que poseen los administrados en torno a la observancia y acatamiento de las situaciones derivadas de la aplicación del ordenamiento jurídico vigente al momento en que se suceden las mismas” (vid sentencia de esta Sala N° 00861 del 9 de agosto de 2016).

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto.

En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad, por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden. (vid sentencias de la Sala Constitucional Nros. 1760/2001; 2482/2001, 104/2002 y 1507/2003).

Igualmente, ha reiterado esta Sala que en razón de este principio “…la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, por lo que la retroactividad está referida a la incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores…”, lo cual “…se traduce, al final, en la interdicción de la arbitrariedad en que pudiera incurrir los entes u órganos encargados de la aplicación de aquella…”. (vid sentencia N° 00861 del 9 de agosto de 2016).

…OMISSIS…

Analizando la alegada vulneración, se tiene que el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que todo ciudadano tiene derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia. No obstante, no lo consagra como un derecho de carácter absoluto sino que, por el contrario, contempla expresamente la posibilidad de que el Estado pueda limitarlo de acuerdo con la Ley y por razones de desarrollo humano, sanidad, protección del medio ambiente u otras de interés social.

En este sentido, debe indicarse que el reconocimiento del derecho a la libertad económica puede ser restringido en aplicación de normas elementales que justifican la intervención del Estado en la economía; de allí que no toda medida que incida en el desarrollo de actividades empresariales, resultan contrarias al derecho en referencia, salvo que pueda evidenciarse o presumirse que se persigue la obstaculización caprichosa o ilegítima del derecho, o que no guarda relación con la finalidad de las normas constitucionales y legales que protegen la libre competencia (vid sentencia de esta Sala Nro. 00584 del 13 de junio de 2016).

Ahora bien, el caso que nos ocupa esta referido a la extinción de la concesión de exploración y subsiguiente explotación de diamantes otorgada a la empresa actora, con lo cual resulta más que evidente la necesaria intervención del Estado en el desarrollo de dicha actividad minera por parte de la concesionaria, por corresponderle la dirección sobre tal materia.

Por su parte y con respecto al derecho de propiedad, esta Sala ha advertido que el mismo, aun cuando su contenido es amplio, no es un derecho absoluto, antes bien se encuentra sometido a restricciones, cuando se trata de la protección de un interés superior.

En este sentido se insiste en que “…la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acordes con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general, las cuales deben ser establecidas con fundamento en un texto legal o reglamentario…”. (Sentencia No. 01812 de fecha 20 de noviembre de 2003).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala establece el alance del principio de la irretroactividad de la ley, el cual debe interpretarse conjuntamente con otros principios jurídicos para que cumpla con su función de dar confianza y previsibilidad al ordenamiento jurídico.

Asimismo, debe acotarse que la Sala aprovecha el recurso interpuesto para referirse a los derechos de la libertad económica y de propiedad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199081-00589-18517-2017-2012-1340.HTML      

 

Incompetencia de la Superintendencia Nacional de Cooperativas para anular las actas de la asamblea de asociados


EXCLUSIONNOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 502      Fecha: 09-05-2017

Caso: Asociación Cooperativa Organizada de Distribuidores Independientes de Aguas Minerales XX (CODIAM XX, R.L.) interpone demanda de nulidad contra la Resolución Nro. 077-2012 de fecha 29.06.2012, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Comunas y Protección Social, hoy Ministerio del Poder Popular para Las Comunas y los Movimientos Sociales

Decisión: : CON LUGAR la demanda de nulidad incoada por la Asociación Cooperativa Organizada de Distribuidores Independientes de Aguas Minerales XX (CODIAM XX, R.L.) contra la Resolución emanada del Ministerio del Poder Popular para Las Comunas y los Movimientos Sociales. En consecuencia, se ANULAN1) el acto administrativo identificado con el Nro. 077-2012 de fecha 29 de junio de 2012, dictado por el Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales; 2) la Providencia Administrativa Nro. PARR-181-12 del 5 de marzo de 2012, dictada por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) y 3) la Providencia Administrativa sancionatoria Nro. 094-11, dictada el 19 de mayo de 2011 por dicho ente, específicamente en lo que se refiere a la declaratoria de nulidad de la “Asamblea General Extraordinaria n° 23 de Asociados de la Cooperativa Codiam XX R.L. celebrada el doce (12) de mayo del 2007”.

Extracto:

“la competencia ha sido entendida como un título formal de habilitación, como la aptitud de las personas que actúan en el campo del Derecho Público de emanar determinados actos jurídicos, por lo que la incompetencia como vicio de los actos administrativos se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un acto para el cual no estaba legalmente autorizada, distinguiéndose jurisprudencialmente dentro de dicha irregularidad, tres tipos específicos de anomalías, a saber: a) la usurpación de autoridad, b) la usurpación de funciones, y c) la extralimitación de funciones; esta última ocurre cuando la autoridad administrativa investida legalmente de funciones públicas dicta un acto que constituye un exceso de las atribuciones que le han sido conferidas.

Determinar la incompetencia de un órgano de la Administración supone demostrar que el mismo ha actuado sin un poder jurídico previo que legitime su actuación, debiendo precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, solo la incompetencia manifiesta vicia de nulidad absoluta el acto, entendida dicha incompetencia manifiesta como aquella que es grosera, patente, esto es, cuando sin particulares esfuerzos interpretativos se comprueba que otro órgano es el realmente competente (Vid, sentencias de esta Sala Nos. 122 y 385 de fechas 30 de enero de 2008 y 30 de marzo de 2011, respectivamente).”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es de destacar que la SPA declara en este caso que la Superintendencia Nacional de Cooperativas, no estaba facultada para anular las asambleas de asociados celebradas por la Asociación Cooperativa Organizada de Distribuidores Independientes de Aguas Minerales XX (CODIAM XX, R.L.) y en tal virtud se declaró procedente el vicio de incompetencia alegado por los apoderados judiciales de la parte actora.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/198535-00502-9517-2017-2013-0677.HTML