Falso supuesto


juez-nota

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo

N° de Sentencia: 1.391                                 Fecha: 12 de diciembre de 2017

Caso: Demanda de nulidad ejercida conjuntamente con amparo cautelar por las ciudadanas Lorena del Valle Petit Montiel y Gloria Ramírez contra los actos siguientes: i) decisión dictada el 22 de noviembre de 2013, por la Directora de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales actuando por delegación de la Contralora General de la República (E) que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra el Auto Decisorio Nro. 08-01-PADR-012-2012 de fecha 11 de mayo de 2012, a través del cual se declaró la responsabilidad administrativa, en su condición de Presidenta y Directora de Administración del Instituto de la Renta de Beneficencia Pública y de Asistencia Social del Estado Zulia (Lotería del Zulia), respectivamente, y les impuso una sanción de multa por treinta y tres mil trescientos noventa y nueve bolívares (Bs.33.399,00).

Decisión: PRIMERO: Se ANULA PARCIALMENTE la decisión de fecha 22 de noviembre de 2013 emanada de la Directora de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales actuando por delegación de la Contralora General de la República (E), únicamente en cuanto a la imputación referida a la actuación negligente en la preservación y salvaguarda del patrimonio atribuida a la ciudadana Lorena del Valle Petit Montiel por haber permitido que la sociedad mercantil Playtex, C.A., utilizara la marca denominada “Triple Zodiacal” sin ser su legítima propietaria. SEGUNDA: FIRME el resto de los supuestos generadores atribuidos a las demandantes. TERCERO: FIRME la Resolución Nro. 01-00-000158 del 8 de agosto de 2014 dictada por la Contraloría General de la República, que impuso sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por un período de siete (07) años y seis (6) meses a la ciudadana Lorena del Valle Petit Montiel.

Extracto:

“…observa esta Sala que el Órgano de Control Fiscal sostuvo que la ciudadana Lorena del Valle Petit Montiel actuó “negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público” del Instituto de la Renta de Beneficencia, toda vez que al momento de la suscripción del contrato con la empresa Playtex, C.A., le permitió la utilización de la marca denominada “Triple Zodiacal”, sin ser su legítimo propietario, pues para ese momento su titular era la sociedad mercantil Alfa Lottery, C.A., siendo que la cesión de la marca a favor de la primera empresa mencionada, se realizó el 30 de agosto de 2007, es decir, con posterioridad a la suscripción del contrato.

Establecido lo anterior, debe destacar esta Sala que no resulta controvertido el hecho que para la fecha que el contrato en cuestión fue suscrito (15 de marzo de 2007), la sociedad mercantil Playtex, C.A., no era la legítima propietaria de la marca “Triple Zodiacal”, sino la empresa Alfa Lottery, C.A. Por tanto, debe realizarse las siguientes consideraciones, para constatar si efectivamente tal situación acarreó una conducta negligente en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio del Instituto de la Renta de Beneficencia, a tal efecto:

El artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

Artículo 4: La cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registro correspondientes.

Parágrafo Primero: La cesión de una marca entraña la transferencia al cesionario de todo derecho sobre otras marcas iguales o semejantes del cedente salvo expresa convención en contrario.

Parágrafo Segundo: Las denominaciones comerciales no podrán ser cedidas sino con el negocio que distinguen y los demás comerciales con la marca a la cual correspondan”.

Ahora bien, del expediente administrativo se desprende que la Registradora de la Propiedad Industrial mediante comunicación Nro. DRPI/EA/2009-149 del 5 de marzo de 2009, informó al Director de Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la República que el titular de la marca “TRIPLE ZODIACAL” es la empresa Alfa Lottery, C.A., quien “en fecha 30 de agosto de 2007, present[ó] una solicitud de cesión a favor de PLAYTEX, C.A., (…) la cual aun no ha sido protocolizada”. (Ver folios 1.328 y 1.329 de la pieza Nro. 6 del expediente administrativo).

Asimismo, el 16 de enero de 2007, el ciudadano Luciano Milli Calci, actuando como representante legal de la empresa Alfa Lottery, C.A., declaró al Presidente de la Comisión Nacional de Loterías (CONALOT) que “a partir del 15 de enero de 2.007, la sociedad mercantil PLAYTEX, C.A., (…) hará uso sin ningún tipo de restricciones de las marcas comerciales SORTEO ZODIACAL, SORTEO ZODIACAL MILLONARIO TRIPLE ZODIACAL, toda vez que la propiedad y demás derechos sobre dichas marcas han sido cedidas a ella, por mi representada; dicha cesión se realizó de forma privada, y la misma se autenticará a la brevedad posible, al igual que el respectivo cambio de titularidad, ante el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI)”. (Ver folio 6.310 de la pieza Nro. 24 del expediente administrativo).

La mencionada cesión de “forma privada”, consta según documento autenticado el 31 de  mayo de 2007 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, en el que se traspasó todos los derechos de registro de la marca Sorteo Zodiacal a favor de la empresa Playtex, C.A. (Ver folios del 1.333 al 1.339 de la pieza Nro. 6 del expediente administrativo).

De lo anterior, evidencia esta Sala que efectivamente el 15 de marzo de 2007, fecha en la que el Instituto de la Renta Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Zulia (Lotería del Zulia) suscribió el contrato de servicios con la sociedad mercantil Playtex, C.A., no ostentaba la titularidad de la marca “Triple Zodiacal”, mas sin embargo, a juicio de esta Sala, tal situación no puede considerarse como negligente en la preservación del patrimonio, toda vez que la referida empresa tenía “autorización” emitida el 16 de enero de 2007, por su propietario para el uso de la misma, lo cual devino en virtud de la cesión que éste le efectuó y que posteriormente fue autenticada y presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial. (Ver folio 6.310 de la pieza Nro. 24 del expediente administrativo).

Asimismo, llama la atención que en el acto administrativo impugnado se declare la responsabilidad administrativa de la ciudadana Lorena del Valle Petit Montiel por un hecho que no ocurrió, pues estableció que el utilizar, gozar y disponer de una marca sin que la empresa contratada fuese su legítimo propietario “ha podido ocasionarle un perjuicio al patrimonio del Estado”.

En consecuencia, al comprobarse el falso supuesto en que incurrió el Director de la Determinación de Responsabilidades, esta Sala anula la referida imputación atribuida a la ciudadana Lorena del Valle Petit Montiel. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: La importancia de este fallo estriba sobre todo en la forma con que es utilizado el vicio del  falso supuesto por parte de la Sala para “anular” una imputación hecha por el órgano contralor.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/206383-01391-121217-2017-2014-1199.HTML

El hecho fortuito o la fuerza mayor como causa de exclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Demanda de indemnización por daños y perjuicios

N° de Sentencia: 1.390                           Fecha: 12 de diciembre de 2017

Caso: Diana Margarita Luna Basso demanda por indemnización de daños materiales y morales causados por la “(…) desaparición y muerte (…) [del] Ingeniero Agrónomo ROGELIO GONZÁLEZ SOSA (…) [quien fuera esposo de su mandante] y la destrucción total de [la] FINCA SIETE LUNAS(…), ubicada en la parcela 42, del Asentamiento Campesino El Pegón, Calle Este 2 Norte, (…) y demás bienes, durante los trágicos sucesos acaecidos el 16 de diciembre del año 1999 en la población El Guapo, Estado Miranda (…)”; contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, hoy Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas; y las sociedades mercantiles C.A., Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) y C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL).

Decisión: SIN LUGAR la demanda por indemnización de daños materiales y morales interpuesta por la ciudadana Diana Margarita Luna Basso contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, hoy Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas; y las sociedades mercantiles C.A., Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) y C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL).

Extracto:

“…La parte actora indicó que las empresas demandadas son responsables del daño generado a su propiedad, en virtud de lo previsto en el artículo 1.193 del Código Civil, por cuanto ésta tenía bajo su guarda la represa El Guapo y, además, porque la empresa C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL) no abrió oportunamente la válvula de fondo para aliviar dicho embalse.

La demandada para eximir su responsabilidad, alegó que los daños ocasionados al patrimonio de la parte actora se generaron como consecuencia de los sucesos climatológicos ocurridos en diciembre de 1999, lo cual configura un caso fortuito o de fuerza mayor.

Con relación al argumento planteado por la parte accionada, considera la Sala necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 1.193 del Código Civil, el cual establece lo siguiente:

“Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor”.

En la norma antes transcrita se contempla la responsabilidad derivada de la guarda de las cosas, así como los eximentes de dicha responsabilidad a saber: i) falta de la víctima, ii) hecho de un tercero y iii) caso fortuito o fuerza mayor.

Ahora bien, respecto a la fuerza mayor, ésta ha sido considerada por la doctrina venezolana como un acontecimiento excepcional y extraordinario no derivado de la actividad humana, sino de las fuerzas de la naturaleza tales como: huracanes, inundaciones y terremotos. Igualmente, al delimitar sus características se ha precisado que debe ser un acontecimiento imprevisible e irresistible, es decir, un hecho que naturalmente no pueda ser previsto o si bien fue previsto no podía evitarse. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 00388 de fecha 22 de junio de 2017).

En el caso bajo estudio, la República y las empresas demandadas alegaron que la ruptura del aliviadero de la presa El Guapo se debió a las precipitaciones ocurridas en diciembre de 1999 y no a la presunta omisión de los funcionarios de la C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL) en abrir la válvula de fondo de la referida presa, pues ésta se encontraba abierta desde meses antes a la ocurrencia de los hechos que originaron la demandada bajo examen.

Frente a los hechos anteriormente debatidos, debe destacarse, por notoriedad judicial, que mediante decisión Nro. 01452, dictada en fecha 14 de octubre de 2009, este Máximo Tribunal se pronunció sobre la demanda por indemnización de daños y perjuicios materiales intentada por la empresa Agropecuaria D.M., C.A., contra la C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), en virtud de los hechos acaecidos en la represa El Guapo, de la forma siguiente:

“(…) En efecto, tal como se evidencia del citado instrumento y de la experticia realizada en el curso del proceso, los dispositivos de desagüe de la presa se encontraban funcionando a su máxima capacidad; sin embargo, las lluvias ocurridas para esa fecha fueron de tal magnitud que superaron todo pronóstico climatológico, y así lo afirma la Dirección de Hidrología, Meteorología y Oceanología del entonces Ministerio del Ambiente en el informe cursante a los autos (vid folios 79 al 81 de la cuarta pieza del expediente judicial), al cual se hizo referencia anteriomente, cuando señala que las precipitaciones de diciembre de 1999 superaron en un mil por ciento (1000%) los valores promedios del mes.

De esta manera, si bien la presa resistió las condiciones de carga extrema a la que estuvo sometida, los aliviaderos del embalse no estaban diseñados para liberar el volumen de agua acumulada durante la creciente ocurrida el 16 de diciembre de 1999, razón por la cual al descargar agua por encima de su capacidad se ocasionó el desbordamiento de las paredes del canal provocando la destrucción de la estructura del mencionado aliviadero.

Ahora bien, tal como se indicó precedentemente una de las eximentes de responsabilidad por la guarda de la cosa lo constituye el hecho fortuito o fuerza mayor, el cual comporta un suceso de carácter extraordinario e irresistible que deriva de la fuerza de la naturaleza y no de la actividad humana; es decir se trata de un hecho que naturalmente no puede ser previsto y, de serlo no podía evitarse, como lo ha afirmado la doctrina y la jurisprudencia.

Así, en el caso de autos, como se analizó a lo largo de este fallo, las precipitaciones ocurridas en el mes de diciembre de 1999 en el territorio nacional constituyeron un fenómeno climatológico sin precedente alguno en la historia del país, lo cual además de constituir un hecho notorio comunicacional, fue plenamente demostrado en el transcurso del proceso por la intensa actividad probatoria de ambas partes que cursan en el expediente.

En efecto, ha quedado demostrado que los funcionarios de la empresa demandada realizaron todas las labores necesarias para drenar el embalse y así evitar el colapso de la presa El Guapo, por cuanto tenían totalmente abiertas todas las válvulas de descarga con las que contaba la presa y ambos aliviaderos (túnel y canal); sin embargo, no pudieron evitar el incremento del nivel del agua que ocasionó la destrucción del aliviadero de canal y provocó los daños sufridos por la demandante.

Por esta razón, en el presente caso, estima la Sala que están dados todos los supuestos para considerar que los mencionados hechos generadores del daño sufrido por la demanda en su patrimonio por la destrucción de la finca La Ilusión, se debieron a un hecho fortuito o fuerza mayor, los cuales no pudieron ser previstos ni evitados por las autoridades de la empresa C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL).

(…)

En fuerza de lo expuesto, debe declararse sin lugar la demanda por indemnización de daños y perjuicios materiales ejercida por la sociedad de comercio AGROPECUARIA D.M, C.A., contra la empresa C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL). Así se decide (…)”. (Mayúsculas del fallo).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se evidencia que esta Sala Político-Administrativa estableció, en un caso similar al de autos, que los daños ocasionados por “la destrucción del aliviadero de canal” se debieron a un hecho fortuito o fuerza mayor en virtud de las precipitaciones ocurridas en el mes de diciembre de 1999 en el territorio nacional, las cuales no pudieron ser previstas ni evitadas por las autoridades de la empresa C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), quien tenía, efectivamente, a su cargo las operaciones de control, vigilancia, mantenimiento y custodia de la presa El Guapo, tal como se estableció con anterioridad.

Ciertamente, constituyó un hecho público y comunicacional que en el mes de diciembre de 1999 ocurrió un fenómeno climatológico sin precedente alguno en la historia del país, que ocasionó una catástrofe de proporciones inusuales en diversos Estados, lo cual trajo como consecuencia graves daños a bienes y personas. De allí que el Presidente de la República dictara el Decreto Nro. 577 del 15 de diciembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 36.851 de la misma fecha, en el cual se estableció lo siguiente:

“Decreto No. 577                                  15 de diciembre de 1999

HUGO CHAVEZ FRÍAS

Presidente de la República

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 6° del artículo 190 de la Constitución, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que en los últimos días se han presentado en todo el Territorio Nacional, y en particular en los Estados Vargas, Miranda, Falcón, Yaracuy, Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Distrito Federal, fenómenos climatológicos inusuales en esta época del año.

CONSIDERANDO

Que como consecuencia de lo anterior, por el fenómeno pluviométrico, se han ocasionado daños materiales que han afectado no solo la infraestructura vial, ocasionando en algunos casos el aislamiento de centros poblados, sino que también generaron la interrupción de los servicios de electricidad y aguas. Asimismo, numerosas viviendas han quedado total o parcialmente destruidas,

CONSIDERANDO

Que como consecuencia de lo anterior, han perdido la vida numerosas personas, quienes habitaban en las zonas de desastres con un lamentable saldo de heridos y desaparecidos,

CONSIDERANDO

Que situaciones como éstas ameritan ser atendidas de manera inmediata,

DECRETA

Artículo 1°: Se declara el Estado de Emergencia Nacional en todas aquellas entidades federales que sufran los efectos inmediatos del fenómeno climatológico que origina el presente Decreto y en particular en las entidades federales señaladas anteriormente.

Artículo 2°: Se crea una comisión de alto nivel, conformada por los Ministros de Interior y Justicia, quien lo coordinará, de la Defensa, de Infraestructura, de Salud y Desarrollo Social, del Ambiente y de los Recursos Naturales, de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de la Presidencia, la cual tendrá la responsabilidad de desarrollar todas las actividades necesarias con el fin de determinar la cuantía de los daños, ubicar los recursos disponibles dentro de los órganos de la administración pública nacional (sic), diseñar los mecanismos de distribución para que sean utilizados para afrontar la contingencia, y coordinando, cuando fuere necesario, las acciones a desarrollar entre el Ministerio directamente vinculado a la actividad y los entes territoriales respectivos.

Artículo 3°: Quedan encargados de la ejecución de este Decreto los ministros nombrados anteriormente”.

Igualmente, mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente de fecha 20 de diciembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.853 de esa misma fecha, se facultó al Ejecutivo Nacional para que adoptara todas las previsiones y medidas tendentes a evitar mayores perjuicios y atender los requerimientos de la población por los daños sufridos.

De lo antes expresado, resulta evidente que la actuación del Estado estuvo dirigida a enfrentar la catástrofe natural en todas aquellas entidades federales que resultaron perjudicadas por el fenómeno climatológico acaecido en el país, al prestar la ayuda necesaria a las familias afectadas y realizar las labores necesarias para la reactivación de las actividades paralizadas con ocasión a dicha tragedia. (Vid., sentencia 01572 de fecha 4 de noviembre de 2009).

Ello así, visto que el asunto planteado ha sido resuelto por esta Sala en decisiones anteriores, esta Máxima Instancia considera que están dados todos los supuestos para considerar que los mencionados hechos generadores del daño sufrido por la demandante, se debieron a un hecho fortuito o fuerza mayor, los cuales no pudieron ser previstos ni evitados por las autoridades de la empresa C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL). En consecuencia, el daño cuyo resarcimiento se solicita no es imputable a la Administración, resultando inoficioso pronunciarse respecto del otro requisito -la causalidad entre el hecho imputado y el daño producido- toda vez que éstos son concurrentes.

Por lo anterior, debe declararse sin lugar la demanda por indemnización de daños materiales y morales interpuesta contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, hoy Ministerio del Poder Popular Para Ecosocialismo y Aguas; y las sociedades mercantiles C.A., Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN) y C.A., Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL). Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: La importancia de esta sentencia de la Sala Político-Administrativa se apoya en que el  hecho fortuito o fuerza mayor”  han sido utilizados como causales para exonerar la responsabilidad patrimonial del Estado y, por ende, la razón justificadora para declarar sin lugar este tipo de demandas contra la República.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/206381-01390-121217-2017-2004-0352.HTML

Responsabilidad patrimonial del Estado por ocupación no autorizada de inmueble


Estado propietario en nombre del pueblo y pueblo sin propiedad

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Demanda de indemnización por daños y perjuicios

N° de Sentencia: 1.369                           Fecha: 12 de diciembre de 2017

Caso: Ganadería La Pradeña, C.A. (GANPRACA) interpone demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Decisión: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR  la demanda de indemnización por daños y perjuicios incoada por la sociedad mercantil GANADERÍA LA PRADEÑA, C.A. (GANPRACA) contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DE LA DEFENSA, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. En consecuencia, ORDENA:

1.- Que la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por intermedio del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, le pague a la sociedad mercantil GANADERÍA LA PRADEÑA, C.A. (GANPRACA), el equivalente al canon de arrendamiento mensual que hubiese obtenido la actora, de haber alquilado las bienhechurías del Fundo La Pradeña, valoradas en diecisiete millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs. 17.040.440,00) hoy diecisiete mil cuarenta bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs.  17.040,44), según avalúo de fecha 07 de agosto de 1989, por la ocupación no autorizada que de ellas hicieron efectivos de la Fuerzas Armadas Nacionales, desde el 07 de agosto de 1989 al 18 de octubre de 1994 [por cinco (5) años, dos (2) meses y once (11) días]. 2.- La realización de una experticia complementaria del fallo para determinar el monto del canon de arrendamiento mensual que hubiese obtenido la actora de haber alquilado las bienhechurías del referido fundo, en esa zona del país o en una similar, desde el 07 de agosto de 1989 al 18 de octubre de 1994 [por cinco (5) años, dos (2) meses y once (11) días], para lo cual cada parte designará un experto, y un tercer experto será designado por esta Sala. Los expertos deberán establecer cuánto hubiese costado mensualmente alquilar unas bienhechurías como las descritas en el avalúo previo, valoradas en la cantidad de diecisiete millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta bolívares (Bs. 17.040.440,00) hoy diecisiete mil cuarenta bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs.  17.040,44), en esa zona del país o en una similar, desde el 07 de agosto de 1989 al 18 de octubre de 1994. 3.- PROCEDENTES los intereses moratorios del tres por ciento (3%) anual de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.746 del Código Civil.  En consecuencia, determinada por la experticia la suma que se adeuda, se remitirá copia certificada de sus resultas, así como de esta sentencia al Banco Central de Venezuela a los fines de que -por vía de colaboración- calcule los intereses moratorios desde el 18 de octubre de 1994 (fecha estimada de culminación del arrendamiento), hasta la fecha de publicación del presente fallo. 4.- PROCEDENTE la corrección monetaria. En consecuencia, determinada que sea dicha suma por la experticia, también deberá remitirse copia certificada de sus resultas, así como de esta sentencia al Banco Central de Venezuela a los fines de que -por vía de colaboración- calcule la indexación que corresponde desde el 18 de octubre de 1994 (fecha estimada de culminación del arrendamiento) hasta la fecha de publicación del presente fallo. 5.- NOTIFÍQUESE a la Procuraduría General de la República.

Extracto:

“…De las normas transcritas se deriva que el Ejecutivo Nacional puede decretar de utilidad pública aquellos terrenos y construcciones que considere esenciales para la seguridad o defensa de la Nación. Aun en esos casos, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social aplicable ratione temporis disponía que ello debería efectuarse siguiendo el procedimiento de expropiación previsto en dicho texto legal.

Lo más relevante de la normativa transcrita es que cualquiera que sea el motivo para declarar de utilidad pública un inmueble o unas bienhechurías, cada vez que los propietarios o el ocupante, sean privados del goce de su propiedad, de alguna utilidad, queden gravados con una servidumbre o sufran un daño que derive en la pérdida o disminución de sus derechos, deberán ser indemnizados por los daños y perjuicios causados.

Incluso está prevista la indemnización por los perjuicios que le cause al propietario la ocupación temporal de su propiedad para hacer estudios, practicar operaciones facultativas de corta duración que tengan por objeto recoger datos para la formación del proyecto, para el replanteo de la obra, para el establecimiento de estaciones y caminos provisionales, y otras actividades que se requieran para la construcción de la obra. Ocupación que tendrá una duración máxima de seis (6) meses prorrogables por una sola vez, por causa justificada.    

Con fundamento en todos los elementos probatorios analizados, la Sala concluye que en el presente caso sí se verifican los elementos que comprometen la responsabilidad patrimonial de la República (por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa) al haber ocupado el Fundo propiedad de la accionante por cinco (5) años, dos (2) meses y once (11) días, dado que, conforme a la normativa citada, la sola ocupación realizada por efectivos del Ministerio de la Defensa causó daños materiales a la actora, al haberla privado de la posesión y disfrute de tales bienes y haber utilizado sus instalaciones sin pago de contraprestación alguna por su uso, daños que deben ser reparados. Así se decide.

Precisado como ha sido que se produjo un daño atribuible a la demandada…”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Sorprende este tipo de fallos emitidos por la Sala Político-Administrativo en los que declara la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios que por su actuación  u omisión causen sus órganos a las personas, partiendo de la verificación de los siguientes requisitos concurrentes: 1.- Que se haya producido un daño o perjuicio en la esfera de los derechos o intereses de la actora. 2.- Que ese daño sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública.  3.- Que exista una relación de causalidad entre el daño o perjuicio causado y la actividad administrativa. (Vid. sentencias Nros. 00303, 0888 y 01452 del 13 de abril de 2004, 17 de junio de 2009 y 14 de octubre de 2009, respectivamente).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/206352-01369-121217-2017-2000-0871.HTML

Intervención de la policía del municipio Chacao


tsj..

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Apelación

N° de Sentencia: 1.329                             Fecha: 30 de noviembre de 2017

Caso: Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda interpone demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 29.05.2016, emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Síndico Procurador del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda contra la decisión Nro. 269 de fecha 6 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado de Sustanciación que declaró inadmisible la demanda de nulidad interpuesta, en consecuencia SE CONFIRMA dicho fallo.

Extracto:

“…considera la Sala necesario revisar el contenido de la Resolución de fecha 29 de mayo de 2016 dictada por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.229 Extraordinario de igual fecha, esto es, el acto impugnado, mediante el cual se acordó:

Artículo 1. Se ordena iniciar el proceso de Intervención del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, en virtud de la participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias en violación de los derechos humanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

(…)

Artículo 2. Se designa la Junta Interventora del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, la cual estará integrada por:

(…)

Artículo 13. La Junta Interventora tendrá un lapso de noventa (90) días continuos para llevar a cabo el proceso de intervención del referido cuerpo policial, el cual podrá ser prorrogado por igual período” (sic) (negrillas de la Sala).

De lo anterior se aprecia, que la Resolución cuya nulidad se demanda fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.229 Extraordinario del 29 de mayo de 2016, con lo que el lapso para recurrir de ella comenzó a computarse al día inmediato siguiente, y también de manera clara se estableció que el período de tiempo otorgado a la junta designada para llevar a cabo el proceso de intervención del mencionado Instituto de Policía Municipal era de noventa (90) días continuos, con lo cual resulta evidente la voluntad de la Administración de conferirle un carácter temporal a dicha medida extraordinaria, contrariando lo afirmado por el apelante respecto a la duración de la intervención ordenada.

Así, debe esta Sala referirse a lo dispuesto en el artículo 32 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, norma que prevé lo siguiente:

“Artículo 32. Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:

(…)

  1. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de treinta días continuos”.

La disposición bajo análisis establece, que el lapso de caducidad para proceder a demandar la nulidad de aquellos actos cuyos efectos sean temporales será de treinta (30) días continuos.

Igualmente debe señalarse que ha sido criterio de esta Sala, que “la medida extraordinaria administrativa, denominada ‘Intervención’, constituye una expresión del poder de prevención de la Administración Pública y su vocación es esencialmente temporal, lo cual modifica las reglas generales y lapsos previstos para recurrir los actos administrativos de esta naturaleza”, y en lo que respecta al lapso para impugnar este tipo de actos, se estimó que los mismo deben ser recurridos dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación, ello en razón del carácter temporario de sus efectos (vid sentencia de esta Sala Nro. 00777 del 4 de julio de 2012).

Bajo estas premisas se observa de la revisión de las actas que conforman el expediente que, tal como ya se señaló en acápites anteriores, la Resolución del 29 de mayo de 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial Nro. 6.229 Extraordinario de esa misma fecha, y que la demanda a que se contrae el caso de autos fue interpuesta el 10 de agosto de 2016, con lo cual se estima que transcurrió sobradamente el lapso de caducidad al que alude la disposición antes transcrita.

Por otra parte, aprecia la Sala que la parte accionante adujo que la providencia accionada “ha surtido efectos por más de cuatro (4) meses y los seguirá surtiendo hasta el término de la prórroga de noventa (90) días, pudiendo extenderse hasta por un año inicialmente, e incluso por dos si se prórroga por decisión del órgano administrativo. Este lapso de dos años, e incluso el lapso de seis (6) meses al que se encuentra actualmente extendida la intervención, es el que determina los efectos en el tiempo o la duración máxima de la Resolución Recurrida, por lo que no debe tenerse a ésta como un acto de efectos temporales a los fines de la admisibilidad de [la] acción de nulidad” (sic) (agregado de la Sala).

En ese sentido, resulta necesario indicar que si bien es cierto que el proceso de intervención del Instituto de Policía Municipal de Chacao ha sido prorrogado por orden de la autoridad competente, tal como lo aseveró la parte demandante, dicha actuación al igual que la Resolución impugnada no pueden entenderse como una mutación de la naturaleza de la aludida Resolución, esto es, un acto de efectos temporales.

Por tanto, en atención a los razonamientos precedentemente expuestos debe esta Sala declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia Nro. 269 dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 6 de octubre de 2016, la cual se confirma. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: A pesar que la Sala Político-Administrativa (SPA) declaró sin lugar la apelación presentada contra la decisión del Juzgado de Sustanciación en que declaró inadmisible la demanda de nulidad por haber sido interpuesta de manera extemporánea, es importante destacar la intervención a la que se ha visto sometida la policía de Chacao desde el mes de mayo del año 2016 por parte del Gobierno nacional produciéndose una alteración del ordenamiento jurídico y de la autonomía municipal. Adicionalmente, la Sala Constitucional obvi{o el hecho de esta prolongada intervención por parte del Poder Ejecutivo cuando ordenó la detención del Alcalde de Chacao Ramón Muchacho y lo condenó a 15 meses de prisión.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205841-01329-301117-2017-2016-0491.HTM

Derecho a la información


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Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Apelación

N° de Sentencia: 1.313                                  Fecha: 30 de noviembre de 2017

Caso: Asociación Civil Transparencia Venezuela apela sentencia de fecha 25.10.2016, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con motivo de la demanda por abstención interpuesta contra la Fundación Nacional “El Niño Simón” adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, siendo su última modificación estatutaria la establecida en el Decreto Presidencial Nro. 5.982 del 3 de abril de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.902 de la misma fecha “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas por es[a] organización (…) sobre posibles hechos de corrupción de funcionarios de la Fundación Regional El Niño Simón Miranda (…) lo cual constituye una violación al Derecho de Petición y Oportuna Respuesta por la Administración Pública consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 51, 58, 141 y 143, así como la Garantía del Derecho a la Petición establecida en el artículo 9 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (…)”.

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA VENEZUELA, contra la decisión Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, que declaró inadmisible la demanda por abstención interpuesta contra “la Presidenta” de la FUNDACIÓN NACIONAL “EL NIÑO SIMÓN, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.

Extracto:

“…se advierte que la sentencia objeto de apelación es la dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016 que declaró inadmisible la demanda por abstención incoada y que mediante auto del 25 de mayo de 2017 la Secretaría de esta Sala ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fijando un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, siendo que lo correcto era, una vez se diera cuenta este Alto Tribunal de la apelación interpuesta, se designara el Magistrado o la Magistrada  Ponente y comenzaran a discurrir los diez (10) días de despacho para la decisión.

Sin embargo, del análisis de las actas procesales que conforman el expediente judicial se aprecia que la parte accionante interpuso un “escrito de fundamentación de apelación”, razón por la cual esta Alzada considera que ordenar la nulidad del auto que acordó la aplicación del procedimiento de segunda instancia y de los actos procesales subsiguientes traería consigo una reposición inútil en detrimento de la tutela judicial efectiva y de los principios que informan los procedimientos judiciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son estas razones suficientes para que la Sala no declare la nulidad del auto de Secretaría de fecha 25 de mayo de 2017, así como las subsiguientes actuaciones procesales. (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 516, 1014 y 0581 del 7 de mayo de 2015, 6 de octubre de 2016 y 17 de mayo de 2017, respectivamente). Así se decide.

Establecido lo anterior, cabe señalar que en la decisión Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se fundamentó en la sentencia Nro. 745 del 15 de julio de 2010, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, por considerar que “(…) el derecho a la información al no tratarse de un derecho absoluto, está sujeto a determinados límites; por lo que, no puede ser invocado como un elemento excluyente de la ilegalidad; siendo, que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer la resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular”.

Aunado a ello, determinó que la parte solicitante “(…) no posee legitimación alguna para solicitarle a la Fundación Nacional El Niño Simón, que le suministre información relacionada a supuestos hechos de corrupción, dado que dichas investigaciones deben ser realizadas por los Organismos del Estado creados a tal fin; por lo que, mal puede pretender la Asociación Civil actora, acreditarse legitimación para efectuar tales requerimientos”.

En tal sentido, debe esta Máxima Instancia atender el criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en la mencionada sentencia Nro. 745 del 15 de julio de 2010 con carácter vinculante, en cuanto al ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se señaló lo que sigue:

“(…) el derecho a la información está legitimado en función del principio de transparencia en la gestión pública, que es uno de los valores expresamente establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el artículo 143 eiusdem expresamente regula tal derecho, en los términos siguientes:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (resaltado añadido).

De dicha lectura se infiere que aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida. Así, la invocación del derecho constitucional a la información no actúa como causa excluyente de la antijuricidad.

De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que él o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”.

En la sentencia parcialmente transcrita, la Sala Constitucional determinó cuáles son los límites al ejercicio del derecho del ciudadano a ser informado  y, en tal sentido, afirma que no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida, por lo que el derecho a la información no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad. Así pues, a los fines de salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la misma, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales requiere esta, así como justificar que lo solicitado sea proporcional con el uso que se le pretende dar.

Atendiendo a lo anterior, se observa que en el caso bajo estudio la parte solicitante manifestó -en líneas generales- en su pedimento ante la Administración que “(…) no se hace responsable de la veracidad de la información suministrada por los denunciantes a través de [su] aplicación, en virtud que [su] objetivo es servir como enlace directo entre los ciudadanos y las instituciones (…)”, y que corresponde a la referida Fundación “investigar y verificar” la denuncia planteada “sobre la base de los principios que rigen la Actividad de Administración Pública”; sin embargo “(…) en aras de contribuir con el fortalecimiento institucional y con la firme intención de impedir abusos y actos de corrupción [les] complacería canalizar de manera conjunta las diferentes denuncias que en esta materia surgieran (…)”. (Folios 14 al 19).

Asimismo, adujo en su demanda por abstención respecto a los requisitos exigidos en la aludida sentencia dictada por la Sala Constitucional   -antes parcialmente citada- lo siguiente:

  1. En cuanto a que el “solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la [misma]”, expresó que  su “intención” de hacer del conocimiento a las instituciones de las “presuntas denuncias de corrupción” es “que sean estos, en ejercicio de sus facultades y competencias, quienes giren las instrucciones pertinentes a fin de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes(…)” (añadido de la Sala).
  1. Referente a “la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitadaalegó que el “(…) uso de la información solicitada permitirá incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar una óptima gestión pública por los funcionarios adscritos a ese Despacho (…)”.

Visto lo anterior, considera esta Sala que las razones expuestas por la parte recurrente resultan insuficientes y no justifican en modo alguno que la información requerida sea proporcional con el uso que se le pretendía dar, motivo por el que no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal.

En razón de lo indicado, a la luz del criterio vinculante sentado por la prenombrada Sala  en la sentencia Nro. 745 del 15 de julio de 2010, evidencia esta Alzada que la solicitud de la recurrente no cumple con las exigencias dispuestas en el referido fallo; razón por la cual se confirma la inadmisibilidad de la acción, por los motivos enunciados en esta decisión. Así se declara.

Hechas las anteriores consideraciones, esta Máxima Instancia declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, contra la decisión Nro. 2016-0580 de fecha 25 de octubre de 2016, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se confirma el fallo recurrido. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Lamentablemente la Sala Político-Administrativa (SPA) mantiene una tesis reiterada que es restrictiva al ejercicio del derecho a la información la cual está fundamentada en una sentencia de la Sala Constitucional (SC) plasmada en la decisión signada con el Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010. En consecuencia, la justicia administrativa sólo ha buscado imponer obstáculos para impedir el libre ejercicio de este derecho fundamental como mecanismo de control social que tienen todos los ciudadanos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205818-01313-301117-2017-2017-0451.HTML

Responsabilidad administrativa


TSJ

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Demanda por daños y perjuicios

N° de Sentencia: 1.301                                Fecha: 30 de noviembre de 2017

Caso: Ana Karina Moratinos Garantón interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

Decisión: SIN LUGAR la demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta por el abogado Juan Cancio Garantón Nicolai, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANA KARINA MORATINOS GARANTÓN contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV). Se  CONDENA en costas a la demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Extracto:

“…ciertamente en el mes de noviembre del año 2003 se desarrolló un “allanamiento” en la sede del inmueble identificado con el nombre XCELL ubicado en el Municipio Chacao, el cual tuvo como resultado la detención de la hoy actora. Asimismo se comprobó, que esa privación de libertad de la ciudadana ya mencionada fue producto de un irregular “procedimiento policial”.

Ahora, si bien la situación antes descrita sugeriría, en principio, la presencia del daño moral, lo cierto es que la decisión emitida en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral ante el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas vinculó a funcionarios de la Policía Municipal de Chacao como posibles responsables de los hechos irregulares ocurridos en la sede del local comercial, no así los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

En efecto, según se lee del Acta levantada en la audiencia celebrada el 11 de noviembre de 2003, se dispuso que:

“TERCERO: Se acuerda que el Ministerio Público deberá abrir la correspondiente investigación a los funcionarios actuantes en la aprehensión y en consecuencia se proceda a establecer las responsabilidades en las cuales hayan incurrido los funcionarios actuantes. CUARTO: Se acuerda librar oficio al Instituto Autónomo de Policía de Chacao, a los fines de participarle de la presente decisión y en vista de la petición del Ministerio Público se acuerda oficiar al ciudadano Alcalde del Municipio Chacao a los  fines de que esté en cuenta de la decisión dictada por el Tribunal en la cual se acuerda la apertura de la investigación de los funcionarios que practicaron la detención (…)”. (Resaltado de la Sala).

Así, se deriva de la anterior transcripción parcial que los posibles responsables del “allanamiento” calificado como irregular y la “aprehensión” de la ciudadana no son los trabajadores adscritos a la empresa demandada, lo cual es importante para la determinación de la responsabilidad aquí exigida.

De igual modo, se destaca de la exposición del Fiscal del Ministerio Público explanada en la citada Acta y reproducida en líneas anteriores, que la actitud ilegal asumida en el “allanamiento” devino de los funcionarios del citado cuerpo policial y, que por el contrario, requirió que el informe realizado por la empresa telefónica en el marco de presuntos hechos ilícitos, mantuviese su vigencia para su análisis.

Debe quedar claro que con ello la Sala no niega la presencia de los trabajadores de la empresa del Estado demandada en los hechos suscitados el día 10 de noviembre de 2003, pero el quid del asunto es que del procedimiento judicial llevado a cabo en el Tribunal antes identificado quedó claramente establecido quiénes efectuaron el allanamiento y posterior detención, hechos éstos que son los que justamente aduce la actora como motivo de su padecimiento físico y mental.

Aquí, cabe advertir que si bien las testimoniales promovidas por la parte actora (en particular las rendidas por los ciudadanos José Antonio Matute, Daniela Olivo Dubuc, Miriam Cristina Monasterios Rivero, Abdon Vivas Euigui) afirman que personas con vestimenta o uniformes con el logo de la empresa ingresaron al local el día 10 de noviembre de 2003, lo cierto es que ello no ofrece convicción que quiénes hayan realizado efectivamente el “allanamiento” durante el cual hubo decomiso de bienes y en el que practicaron la detención de la actora fueron trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

Y es que precisamente la falta de certeza surge pues ninguno de los testigos estuvo presente dentro del local durante el desarrollo de los hechos, por el contrario, sus apreciaciones fueron desde la parte externa del mismo y a metros de distancia.

Sumado a lo expuesto, debe destacarse que la parte actora también insistió en su escrito en que el daño moral habría sido ocasionado por “la violación a su domicilio”, cuestión ésta que, para su procedencia, se requiere inexorablemente que un órgano jurisdiccional competente en la materia (penal) establezca la comisión de ese ilícito penal, lo cual no ocurrió en el presente caso.

De manera que, conforme a lo narrado esta Sala considera que más allá del alegado daño moral que pudo sufrir la actora por los hechos ampliamente descritos en el presente fallo, lo cierto es que no está probado que hayan sido ocasionados por la empresa demandada. Por el contrario, las actuaciones procesales contenidas en las copias certificas del expediente  Nro.  C26 2613-03 tramitado por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas -aportado por la parte actora- denotan que los hechos  irregulares no provinieron de la parte demandada, de allí que resulte obligatorio desestimar la pretensión invocada por la actora. Así se decide.

Lo expuesto además, está estrechamente vinculado con el segundo requisito que debe configurarse en la responsabilidad aquí requerida, el cual es el relativo a que el daño inferido sea imputable a la empresa demandada. Requisito éste que no se cumple en el caso bajo análisis.

Como corolario del análisis desarrollado, es que esta Sala debe declarar sin lugar la demanda de indemnización por daños y perjuicios planteada por la ciudadana Ana  Karina Moratinos Garantón. Así se establece”.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Político-Administrativa (SPA) se limitó a reiterar en el fallo que para que proceda la responsabilidad es imprescindible que el daño -material o moral- sea imputable a la persona demandada. Cabe acotar, al respecto, que para que proceda la responsabilidad es necesario probar la existencia de un daño, el nexo causal del daño y el hecho, acto u omisión y su imputabilidad a la persona o agente del daño.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205802-01301-301117-2017-2014-1176.HTML

Actividad farmacéutica


Justicia ciega ante escasez de medicamentos para chamos

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: nulidad con acción de amparo

N° de Sentencia: 1.296                    Fecha: 30 de noviembre de 2017

Caso: Abbott Laboratories, C.A. interpone demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos contra la Resolución Nro. 084 de fecha 13.02.2002, emitida por el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social, actualmente Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Decisión: SIN LUGAR la demanda  de nulidad interpuesta por los abogados Faustino Flamarique, José Valentín González, José Humberto Frías y Álvaro Guerrero Hardy, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil ABBOTT LABORATORIES, C.A., contra la Resolución Nro. 084 dictada el 13 de febrero de 2002 por la entonces MINISTRA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (hoy MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.393 del 27 de ese mes ya año, mediante el cual autorizó el expendio del producto farmacéutico “Caroxan”. En consecuencia, queda FIRME  el acto administrativo impugnado.

Extracto:

 en la importancia del derecho a la salud, tomando en cuenta que se trata de un derecho humano y por tanto regulaciones como las descritas en las líneas que anteceden, las cuales establecen limitaciones para el expendio de medicamentos, deben orientarse a la satisfacción de los intereses colectivos, lo cual puede incluso ameritar el sacrificio de intereses económicos concretos en aras de hacer prevalecer una necesidad colectiva primordial, esto es, la dotación a la población de medicamentos genéricos a unos precios más accesibles.

Por tal motivo, este Órgano Jurisdiccional interpretó que es incompatible con ese fin primordial del Estado supeditar el expendio de productos genéricos a un plazo preestablecido y expresamente reglado, ya que ello podría traducirse en graves violaciones al derecho constitucional a la salud.        

 De esta forma, la Sala concluyó en la aludida decisión Nro. 00151 del 13 de febrero de 2008 -y ratificada en la sentencia Nro. 01646 del 18 de noviembre de 2009- “(…) que una interpretación acorde con los postulados del Estado Social de Derecho conduce a entender que el carácter programático que debe atribuirse a la norma contemplada en el Tratado G3, debe armonizarse con la disposición contenida en la Decisión 486 cuando se define al plazo razonable de protección como  ‘…normalmente un lapso no menor de cinco años…’, en el sentido de sostener que existe por parte de los Estados miembros la potestad discrecional de ponderar, atendiendo a las necesidades colectivas, si siempre o sólo en determinadas ocasiones, deben respetarse los cinco años que ‘…normalmente…’ se conceden como período de protección a los laboratorios que introducen sustancias novedosas al mercado (…)”.       

Por lo tanto, lo expuesto se traduce en la potestad del Estado de expedir las autorizaciones en referencia cuando razones de orden público lo aconsejen, no pudiendo invocarse como limitación a dicha potestad la existencia de un lapso reglado de protección, al cual se le atribuya carácter inquebrantable.           

 Sumando a lo anterior, la Sala también realizó algunas consideraciones en torno a lo debatido que merecen su reproducción y ratificación en esta oportunidad, a saber:

“…el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del 10 de diciembre de 1948, conforme al cual:

‘1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

  1. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.’(Resaltado de la Sala).

Como puede apreciarse de la anterior disposición, en la referida declaración se consagra como parte integrante de los derechos humanos el que tiene toda persona de participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, situación que ha conllevado a que un sector respetable de la doctrina, cuestione la calificación de propiedad intelectual e industrial que suele atribuirse al creador o autor de una invención, por considerar que esta categoría de derechos se encuentra ligada más a los derechos culturales que a la propiedad como tal, ya que los conocimientos pertenecerían a la humanidad y por consiguiente tienen que ser compartidos sin restricciones.

Así, suele argumentarse que al consagrarse en el artículo 27 del aludido cuerpo normativo la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas, se estaría vinculando el derecho que de ello resulte a lo contemplado en los artículos 25 y 26 eiusdem en lugar del derecho de propiedad.

De ahí que, a juicio de la Sala y aun cuando deba reconocerse y garantizarse la protección bajo análisis brindada respecto a la información suministrada por las empresas que introducen nuevas sustancias farmacológicas en el mercado, ello no obsta para que en ocasiones el Estado pueda adoptar medidas limitadoras de tal protección.

Refuerza lo expuesto la circunstancia de que adicionalmente al carácter programático del artículo 18-22 del Tratado G3, éste expresamente define como plazo razonable de protección un lapso que ‘normalmente no será menor de 5 años, con lo cual se infiere que en ocasiones el Estado puede autorizar el expendio de medicamentos genéricos antes de transcurrir el mencionado período.

En sintonía con lo anterior, esta Sala estima conveniente reproducir una vez más las consideraciones que se hicieron en el título concerniente a la aplicabilidad del Tratado G3, en el cual se dispuso que una interpretación armónica del aludido Tratado así como de las disposiciones de la Decisión 486, conduce a sostener que existe por parte de los Estados miembros la potestad discrecional de ponderar, atendiendo a las necesidades colectivas, si siempre o sólo en determinadas ocasiones, deben respetarse los cinco años que ‘…normalmente…’ se conceden como período de protección a los laboratorios que introducen sustancias novedosas en el mercado’ (…)”. (Vid. sentencia Nro. 00151 del 13 de febrero de 2008 dictada por esta Sala).

Asimismo, este Órgano Jurisdiccional precisó que la mencionada protección no se circunscribe a los posibles “usos comerciales desleales”, sino que se extiende a toda divulgación, por las razones siguientes:

“(…) se desprende del artículo 266 de la Decisión 486 de la Comisión Andina de Naciones, que el Estado debe garantizar y resguardar la confidencialidad de la información no sólo en relación a las conductas identificadas en el artículo 262 eiusdem como situaciones que configurarían usos comerciales desleales y las cuales involucran en la generalidad de los supuestos la obtención ilícita de la información o una relación contractual o laboral que haya permitido el acceso a los datos divulgados; sino que adicionalmente la redacción de la primera de las mencionadas normas es clara cuando dispone que ‘…[a]demás los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sean necesarios para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de  los datos, contra todo uso comercial desleal…’. (Resaltado de la Sala)

De manera que, en principio y conforme a lo dispuesto en el artículo 266 eiusdem debe protegerse al poseedor de los datos respecto a ‘…toda divulgación…’, sin importar si ésta da lugar o no a un uso comercial desleal (…)”. (Vid. sentencia Nro. 00151 del 13 de febrero de 2008 dictada por esta Sala).

Pues bien, tomando en cuenta las argumentaciones expuestas y ratificadas en este fallo, esta Sala reitera entonces que la protección que se brinda a las compañías que descubren nuevas sustancias farmacéuticas no debe entenderse como ilimitada, sino que, por el contrario, existe la posibilidad de que el Estado en protección del derecho a la salud dicte medidas que restrinjan la aludida protección.                                                                                                                   

Precisamente en el presente caso, esta Máxima Instancia entiende que tal circunstancia -protección del derecho a la salud- medió para la aprobación de la comercialización del producto farmacéutico Caroxan en un tiempo menor a los cinco (5) años y ello se deriva por la importancia del principio activo que lo compone (Candersatán Cilexetil), el cual -según se constata del expediente administrativo- está indicado para el “Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada”, y se constituye en un factor vinculado a enfermedades cardiovasculares que tiene el índice más alto de muertes en el mundo.

A lo anterior debe sumarse lo expresado en la Comunicación de fecha 29 de junio de 2001, dirigida por la Misión Permanente de Brasil, en nombre del Grupo Africano, Barbados, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Pakistán, Paraguay, Filipinas, Perú, Sri Lanka, Tailandia y Venezuela al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y perteneciente a la Organización Mundial del Comercio (folios 495 al 504 de la segunda pieza), en la cual se efectúa, entre otras consideraciones importantes respecto al régimen de licencias obligatorias, la siguiente precisión:

“(…) En muchos casos, los países en desarrollo, y en especial los menos adelantados y las economías menores, tienen una capacidad industrial limitada y un mercado nacional muy pequeño para fabricar medicamentos localmente a fin de garantizar  un suficiente acceso.  A tal efecto deberá tomarse nota de que ninguna disposición contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC impide a los miembros conceder licencias obligatorias a proveedores extranjeros para que abastezcan de medicamentos el mercado nacional (…)”.

Por lo tanto, en situaciones como la analizada, la concesión de las licencias obligatorias se funda principalmente en el deber del Estado de satisfacer una necesidad básica de la población, como lo es la dotación de un medicamento que por su importancia o por la poca producción en el mercado debe hacerse más accesible a los ciudadanos, siendo para ello indispensable proceder al otorgamiento de autorizaciones para la comercialización de productos genéricos incluso antes del vencimiento del lapso de protección a que haya lugar. 

En este punto debe advertirse que esta Sala en la citada decisión Nro. 00151 del 13 de febrero de 2008  señaló que “(…) quien pretenda impugnar el ejercicio de la potestad discrecional así entendida, deberá en todo caso cumplir con la carga de demostrar que en su supuesto particular no se verificaban las condiciones especiales que justificaban una reducción del aludido plazo y por consiguiente, el Estado habría afectado injustificadamente los intereses económicos de un determinado grupo o persona (…)”.

Así, a juicio de este Órgano Jurisdiccional -lo cual ratifica la posición asumida en la decisión Nro. 01646 dictada el 18 de noviembre de 2009-, la circunstancia descrita no condujo a una violación de los derechos a la propiedad intelectual  de la accionante, ya que sí mediaban razones de orden público que habilitaban a la Administración Pública para otorgar las autorizaciones para el expendio de los medicamentos genéricos del mencionado producto farmacéutico.

De manera que en atención a los argumentos antes expuestos y visto  como ha quedado demostrado en las líneas que anteceden, que el Estado a través de decisiones como la recurrida se encuentra resguardando la salud como derecho humano fundamental al garantizar el abastecimiento a la población de los productos farmacéuticos genéricos de primera necesidad, los cuales económicamente resultan mucho más accesibles que los medicamentos originales, es por lo que la Sala considera que la denuncia planteada relativa a la supuesta violación del derecho de propiedad intelectual de la empresa demandante debe ser desestimada. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia:  Es destacable el fallo dictado por la Sala Político-Administrativa (SPA) por cuanto reitera el criterio expuesto en la sentencia  Nro. 00151 del 13 de febrero de 2008 a partir de la cual deja constancia que existe la posibilidad de que el Estado en aras de proteger el derecho a la salud dicte medidas que restrinjan la comercialización de medicamentos. De hecho, afirma que el Estado está habilitado para dictar medidas que sirvan para  “garantizar el abastecimiento a la población de los productos farmacéuticos genéricos de primera necesidad, los cuales económicamente resultan mucho más accesibles que los medicamentos originales”. Finalmente, debemos destacar que la sentencia se dictó más 15 años luego de interpuesta la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205796-01296-301117-2017-2002-0784.HTML

Concesión administrativa


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Nulidad con acción de amparo

N° de Sentencia: 1.281                 Fecha: 22 de noviembre de 2017

Caso: CNB 102.1 Zuliana Radioemisora, C.A. interpone demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud de medida cautelar innominada contra la Resolución Nro. 146 de fecha 31.07.2009, emitida por el entonces Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, actualmente el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas.

Decisión: SIN LUGAR la demanda de nulidad ejercida por las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil CNB 102.1 ZULIANA RADIOEMISORA, C.A. y sus accionistas, contra la Resolución número 146 de fecha 31 de julio de 2009, dictada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. En consecuencia, FIRME el acto impugnado.

Extracto:

“…se evidencia que las apoderadas judiciales de la parte accionante consignaron junto al escrito de demanda (folios 156 al 176 de la pieza principal) copia simple de la “Versión sin corregir” de la transcripción del “Punto de información del ciudadano Ministro del Poder Popular para las Obras y Vivienda DIOSDADO CABELLO para referirse a la situación actual de los servicios de radiodifusión sonora, televisión abierta y difusión por suscripción”, que tuvo lugar en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de fecha 9 de julio de 2009.

Igualmente, promovieron la prueba de inspección judicial (evacuada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 26 de julio de 2011, según consta a los folios 124 y 195 de la Pieza 2) de las siguientes páginas web:

(omissis)…

Respecto a las mencionadas probanzas se pronunció esta Sala en casos similares al de autos, decididos en los fallos números 01398 del 22 de octubre de 2014 y 00548 del 11 de mayo de 2017, en los cuales dispuso lo siguiente:

“Sobre el punto de información de fecha 9 de julio de 2009, la Sala observa que contiene un conjunto de apreciaciones del Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda dirigidas a plantear la situación del uso y explotación del espectro radioeléctrico y la necesidad que se regularizara la situación de los prestadores de servicios de radiodifusión sonora, las cuales encuentran cabida dentro de los objetivos regulatorios del Ejecutivo Nacional y fundamento en los artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 (…)

(…)

Para el análisis de los documentos obtenidos a través de la evacuación de la inspección judicial realizada por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala de las páginas web antes identificadas, en atención al principio de libertad probatoria contemplado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil y a las reglas de la sana crítica, este Máximo Tribunal considerando que dichos instrumentos emanan de terceros ajenos al juicio y que no se verificó su ratificación en el curso del proceso, les otorga el valor de indicios y en función de su pertinencia pasa a valorarlos.

De la opinión emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe resaltarse que el caso bajo análisis, no versa sobre un ‘cierre’ de la emisora que operaba la frecuencia (…), sino sobre el decaimiento por extinción de la concesión por la renuncia de su titular y la ilegitimidad de la parte actora para efectuar el procedimiento administrativo de transformación de títulos, como se precisó en el presente fallo, evidenciándose que existieron hechos y razones jurídicas válidas para dictar tales decisiones. Esta circunstancia se verifica respecto de la copia simple del Comunicado de Prensa N° R57/09, emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial (…), que tampoco se funda sobre datos, cifras o análisis que juzguen la posición de hecho y de derecho de los demandantes o el cumplimiento de la regulación técnica, jurídica y económica analizada en el presente fallo.

Sobre los comunicados de prensa, la Sala debe insistir en que no se trata de una ‘clausura’ del establecimiento, puesto que la parte actora carece de los títulos jurídicos necesarios para la prestación del servicio de radiodifusión sonora ni de una actuación ‘sorpresiva’ por parte del Ejecutivo Nacional, puesto que la propia parte demandante no podía pretender jurídicamente la transformación del título ni el reconocimiento de un derecho inexistente según el ordenamiento jurídico venezolano.

Asimismo, cursa en autos copia simple de un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ‘DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA’ (…) en el que el referido órgano (…) reconoce que el Estado venezolano tiene la facultad de regular ‘las ondas radioeléctricas’ y adelantar procedimientos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, debiendo éstos desarrollarse con estricto apego a las leyes y al debido proceso, lo cual comparte esta Sala; sin embargo, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, queda claro que la parte actora pretendió que se le otorgara la transformación o regularización de un título que no le pertenecía.

Por su parte, los artículos de prensa publicados por los diarios digitales ‘Entorno Inteligente’, ‘El Nacional’ e ‘Incidencia Democrática’ (…), los dos primeros del 2 de agosto de 2009, y el último del 5 del mismo mes y año, contienen declaraciones del Presidente de la República donde expresa que no se trata de un cierre sino de recuperar señales que le pertenecen al pueblo, con lo cual la parte demandante no logra demostrar que exista una finalidad teleológica distinta a la prevista legalmente y verificada por la Administración en el caso de autos” (Sic) (Destacado del texto).

En esta oportunidad, la Sala ratifica las consideraciones expuestas en la sentencia parcialmente transcrita acerca del valor probatorio de los recaudos consignados por los y las demandantes, y en especial estima oportuno destacar que la actuación objeto de la demanda de nulidad, Resolución número 146 de fecha 31 de julio de 2009, no constituye el “cierre” o “clausura” de la emisora de radio 102.1 FM, ni mucho menos de la sociedad mercantil que la gestionaba, CNB 102.1 Zuliana Radioemisora, C.A.

Por el contrario, el acto administrativo impugnado fue el producto de la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000, en el que la mencionada empresa participó voluntariamente; no obstante, se determinó que no se trataba del titular del permiso de transmisiones regulares contenido en el oficio número 001440 del 20 de diciembre de 1989, emanado del Director General Sectorial de Comunicaciones del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones y, por lo tanto, no calificaba para la adecuación del título al nuevo régimen legal.

Por otra parte, debe reiterarse que el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está condicionada a la transformación de la autorización otorgada al ciudadano Luis Guillermo Govea Urdaneta, la cual fue declarada improcedente; y que, en todo caso, tanto los y las accionantes como la población en general pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de los demás medios de difusión existentes en el país (Vid. Sentencias números 0342 de fecha 26 de marzo de 2008 y 01001 del 20 de octubre de 2010).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse que el Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda no incurrió en el vicio de desviación de poder y, en consecuencia, tampoco en la violación del derecho a la libertad de expresión de la empresa accionante y del colectivo; por lo que tales alegatos deben desestimarse. Así se establece.

Comentario de Acceso a la Justicia: La radioemisora fue sacada del aire por decisión de CONATEL en el año 2009 dado que había determinado que el titular del permiso no era el legitimado para solicitar la transformación del título. Debe advertirse, al respecto, que bajo la apariencia de la validez del acto administrativo, la Sala Político-Administrativa ratifica medidas que solo buscan menoscabar derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, más allá del ostensible retardo procesal en que incurrió la Sala para adoptar esta decisión (8 años).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/205500-01281-221117-2017-2009-0740.HTML

Inhabilitación política


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Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 1.110    Fecha: 17 de octubre de 2017

Caso: Vicencio Scarano Spisso interpone demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos contra la Resolución Nro. 01-00-000135 de fecha 17.02.2017, emitida por la Contraloría General de la República

Decisión: La Sala declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada por los apoderados judiciales del ciudadano VINCENCIO SCARANO SPISSO, contra la Resolución número 01-00-000135 dictada el 17 de febrero de 2017 por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por medio de la cual se impuso al demandante la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el lapso de quince (15) años. 2.- ADMITE la demanda de nulidad. 3.-IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar.

Extracto:

(…) observa este Alto Tribunal de manera preliminar que en el caso de autos la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de quince (15) años no puede ser considerada per se y de forma automática como una vulneración del referido derecho constitucional, por cuanto dicha sanción es la consecuencia jurídica establecida en la Ley, la cual debe ser aplicada por el Máximo Órgano Contralor con ocasión de la eventual declaratoria de la responsabilidad administrativa y la gravedad de las irregularidades en las que incurran con su actuación los y las  particulares, por lo que debe desecharse la violación denunciada por la parte actora. Así se declara. (Vid. Sentencia de esta Sala número 00062 del 2 de febrero de 2012).”

Comentario de Acceso a la Justicia: El fallo en cuestión, a pesar de admitir el recurso de nulidad en contra de la decisión de la CGR que declaró la inhabilitación del alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo Vicencio Scarano Spisso, rechaza expresamente la acción de amparo cautelar que presentó el mencionado ciudadano con el propósito de suspender los efectos de esa medida administrativa que estuvo basada en el artículo 105 de la legislación que rige la materia contralora, disposición que ha sido reconocida expresamente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como violatoria de los principios y valores democráticos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/203854-01110-171017-2017-2017-0649.HTML

Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción vs. Juez Provisorio o Temporal


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Recurso de Nulidad

TSJ/SPA Nº 1007

Fecha: 09/08/2017

Caso: Carmen Coralina Parejo interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo en el que incurrió la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al no dar respuesta al recurso de reconsideración interpuesto contra los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. CJ-14-2262 y CJ-14-2619 ambos de fecha 30.07.2014.

Decisión: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, actuando con el carácter de Fiscal del Ministerio Público; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad ejercida por la abogada Carmen Coralina Parejo contra la “denegatoria por silencio administrativo ante la interposición del Recurso de Reconsideración” ejercido contra los oficios “CJ-14-2262 y CJ-14-2619 de fecha 30 de julio de 2014” emanados de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; 3.- FIRMES los actos administrativos impugnados; 4.- Se ORDENA el pago de la diferencia de salarios, beneficios y demás asignaciones laborales percibidos por la demandante desde el 30 de julio de 2014 hasta el 24 de octubre de 2015, conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 420 la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Extracto:

(…) Ahora bien, también esta Sala ha indicado que toda sanción disciplinaria debe necesariamente estar antecedida por el procedimiento administrativo correspondiente, sea que se trate de un funcionario o de una funcionaria de carrera o de un funcionario o de una funcionaria de libre nombramiento y remoción.

Por el contrario, en los casos de remoción de un Juez o de una Jueza cuyo nombramiento ha sido de forma provisional o temporal, el acto administrativo que determina su separación del cargo no tiene que estar sujeto necesariamente a un procedimiento. Justamente, la garantía de estabilidad del Juez o de la Jueza y, por ende, el derecho a ser sometido o sometida al procedimiento correspondiente, se alcanzan con el concurso de oposición consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como una exigencia sine qua non para acceder al cargo de Juez o Jueza con carácter de titular o Juez o Jueza de carrera; estabilidad esta que no poseen los Jueces Provisorios ni Temporales así como tampoco las Juezas Provisorias ni Temporales. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional número 2.414 del 20 de diciembre del 2007 y sentencias de esta Sala números 00224 y 00321 de fechas 18 de febrero de 2009 y 4 de marzo de 2009, respectivamente).

(…) OMISSIS (…)

Determinado lo anterior resulta necesario traer a colación, el criterio sostenido por la Sala Constitucional en función del cual la potestad que tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a los Jueces designados y a las Juezas designadas con carácter provisional, es de carácter discrecional. En efecto, la aludida Sala en sentencia número 2.414 del 20 de diciembre de 2007, señaló que los Jueces Provisorios y las Juezas Provisorias carecen de estabilidad en los respectivos cargos y, por consiguiente, sus designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la exigencia de someterlos o someterlas a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar las razones específicas y legales que dieron lugar a la remoción (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica una vez más su criterio adoptado en el año 2005, acerca de la ausencia de estabilidad de los jueces Provisorios y/o temporales, a pesar de que ellos, como cualquier funcionario tiene derecho a un debido proceso y a la estabilidad en el ejercicio de sus potestades. No el mismo que un juez provisorio no goce de la misma estabilidad que un juez titular a que no goce de estabilidad alguna.Ccabe resaltar el hecho de que a pesar de que se afirma en la sentencia que los funcionarios administrativos de libre nombramiento y remoción tienen derecho a ser removidos a través de un acto debidamente motivado (tal y como lo exige la LOPA para cualquier acto administrativo); no obstante este derecho se les niega a los jueces provisorios y/o temporales, al concluir la Sala que pueden ser separados de sus cargos sin que medie motivación específica alguna acerca de las razones que provocaron la decisión y sin que se lleve a cabo procedimiento alguno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202350-01007-9817-2017-2014-1492.HTML