Remoción de juez itinerante permanente


MONITOREO1

SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 54. Fecha: 16 de febrero de 2017.

Caso: Gloria Josefina Rey Moreno interpone demanda de nulidad contra el silencio administrativo de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia al no dar respuesta al recurso de reconsideración incoado contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nro. CJ-08-0488 de fecha 24.03. 2008.

Decisión: Declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Gloria Josefina Rey Moreno. En consecuencia, se ANULA el acto administrativo contenido en el Oficio N° CJ-08-0488, de fecha 24 de marzo de 2008, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Comisión Judicial del TSJ incurrió en un vicio de falso supuesto al considerar que la ciudadana Gloria Josefina Rey Moreno ocupaba un cargo de juez provisorio o temporal, y que por tanto, podía dejar sin efecto su designación, en ejercicio de una facultad eminentemente discrecional; cuando lo cierto es que ostentaba la categoría de juez itinerante permanente. En consecuencia, se anuló el acto de la Comisión y se ordenó su reincorporación al Poder Judicial en el cargo que ostentaba para el momento en que fue dejada sin efecto su designación, o a otro de igual categoría en la misma Circunscripción Judicial y, se acordó, también efectuar el pago de los salarios dejados de percibir por la recurrente, así como de los demás beneficios laborales.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/196041-00054-16217-2017-2008-0443.HTML

Falso supuesto en actos emanados de la SUNDDE


MONITOREO1

SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 39.   Fecha: 8 de febrero de 2017.

Caso: Automotriz Éxito, C.A. interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para Industria y Comercio, en el recurso jerárquico ejercido por la mencionada empresa contra la decisión de fecha 13.10.2011, dictada por el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

Decisión: Declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la sociedad mercantil AUTOMOTRIZ ÉXITO, C.A., contra el acto tácito denegatorio producto del silencio administrativo emanado del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, que ratificó la decisión tomada por el Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), sobre la denuncia N° DEN-009525-2010-0101, interpuesta por la ciudadana Deysi Josefina Landáez Hernández. En consecuencia, se ANULA el acto impugnado.

Comentario de Acceso a la Justicia: Resulta de interés esta sentencia porque son pocos los casos en que la Sala Político-Administrativa declara con lugar una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra un ente público. Tiene, igualmente, la particularidad de que se declara la nulidad de un acto emanado de INDEPABIS (hoy SUNDDE) por tener una irregularidad el elemento causal del acto y, por ende, configurarse el vicio de “falso supuesto”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/195939-00039-8217-2017-2012-1181.HTML

La decisión tardía no vulnera el derecho a la defensa y tampoco constituye un vicio de validez del acto administrativo


JUSTICIA-NOTA

SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 033   Fecha: 2 de febrero de 2017.

Caso: PROSEGUROS, S.A., interpone demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio al no dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la referida empresa contra Providencia Administrativa del l 19.09.2011, por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), hoy Superintendencia Nacional Para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

Decisión: SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada conjuntamente con amparo cautelar y solicitud de suspensión de efectos por la apoderada judicial de la sociedad mercantil PROSEGUROS, S.A., contra el acto denegatorio tácito en el que incurrió el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, al no decidir el recurso jerárquico ejercido contra la Providencia Administrativa dictada el 19 de septiembre de 2011, por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE). En consecuencia, queda FIRME la Providencia Administrativa impugnada.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se destaca en este caso en que la empresa Proseguros, S.A., alegó entre varios argumentos para solicitar la nulidad del acto del Instituto para Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), el retardo en decidir el procedimiento administrativo. Sin embargo, la SPA sostuvo que la decisión tardía no comporta la vulneración del derecho a la defensa de la sociedad mercantil Proseguros, C.A., ni mucho menos, la nulidad del acto.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/195814-00033-2217-2017-2012-0601.HTML

Las utilidades y el bono vacacional deben excluirse de la base de cálculo del ISLR


SENIAT-1

Sala Político Administrativa.

Recurso de apelación.

TSJ/SPA Nº 22. Fecha: 26/01/17.

Caso: Recurso de apelación del FISCO NACIONAL contra la sentencia definitiva número 021/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano ALEXIS RAMÓN MONJES GARCÍA.

Decisión: Sin lugar el recurso de apelación, y con lugar el recurso contencioso tributario. La Sala observó:

“Del cual reitera esta alzada, que la base imponible para determinar la cuantía del gravamen exigible al o la contribuyente, estaba integrada únicamente por aquellas remuneraciones que se pagan en forma “regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia”, y que deben ser excluidos aquellos correspondientes a conceptos tales como utilidades y bono vacacional, aunque estos se clasifican como una remuneración marginal al salario normal, de tipo accidental; pues, el primero, está condicionado a la rentabilidad o utilidad de la empresa en un momento dado; y, el segundo, está destinado al disfrute del descanso del trabajador asalariado o de la trabajadora asalariada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Podemos ratificar que permanece el criterio del año 2007 y no el de la nueva Ley de ISLR, por lo que solo se hace la retención y aporte de ISLR del trabajador con base en el salario normal, excluyendo los pagos extraordinarios o accidentales e ingresos que aunque enriquezcan al trabajador no mantienen carácter salarial, específicamente excluyendo las “aquellos correspondientes a conceptos tales como utilidades y bono vacacional”. La referida sentencia ratifica el criterio establecido por las Salas Constitucional y Político Administrativa en las anteriores sentencias: SC/TSJ Nº 673 del 02/08/16; N° 998 del 23/11/16; (iii) Nº 499 del 30/06/16, SPA/TSJ N° 768 del 26/07/16 y N° 818 del 27/07/16.

Sin embargo, todo ello deja en evidencia que el SENIAT no acata las numerosas sentencias emitidas por el TSJ, y a diferencia de lo que ocurre con la Asamblea Nacional, nada pasa ni se le aplican sanciones. Recientemente, el SENIAT ha publicado un boletín en su pág web basado en una opinión emitida por ellos mismos (Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT), en la que insiste en incluir las utilidades, bono vacacional, horas extras, bonos accidentales, entre otros conceptos en la base de ingreso para el pago de ISLR de trabajadores dependientes. Se sugiere ver boletín, así como un Dictamen suscrito por el Gerente General de Servicios Jurídicos, en la Gerencia de Doctrina y Asesoría, División de Doctrina Tributaria, Consulta Nº DCR-5-86009. Como resulta evidente, en materia de desacato existen dos tipos de justicia: una para la oposición y otra para el gobierno.

Fuente: http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/195511-00019-26117-2017-2016-0597.HTML

SPA se pronuncia sobre el derecho a la información en casos de corrupción


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Sala Político Administrativa. 

Demanda por abstención. 

TSJ/SPA Nº 1447. Fecha: 15/12/2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas por [esa organización] el 22 de mayo de 2015 y 2 de junio de 2015 sobre posibles hechos de corrupción relacionados con incumplimientos de procedimientos, amenazas, cobros indebidos por revisiones vehiculares y multas injustificadas [las cuales fueron] ratificadas el 23 de noviembre de 2015 y el 22 de julio de 2016 (…)”

Decisión: Inadmisible la demanda. La Sala indicó:

“Asimismo, se observa que la apoderada judicial de la referida asociación civil, se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de petición y a la información, consagrados en los artículos 51 y 58 de la Carta Magna, así como la violación de los principios que rigen la actividad administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 10, 13 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 6, 7 y 21 de la Ley Contra la Corrupción, alegando la ausencia de respuesta por parte del Ministerio demandando, respecto a sus comunicaciones y solicitudes planteadas.

De igual forma, se observa que la parte demandante indicó de manera genérica que la información requerida serviría para incrementar el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar la óptima gestión pública, la transparencia y credibilidad de las instituciones públicas, especialmente la del Ministerio demandando, y que la magnitud de la información peticionada es proporcional con la utilización que se le pretende dar.

En virtud de ello, esta Máxima Instancia considera necesario hacer referencia al criterio vinculante establecido en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010 dictada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en cuanto al ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional, en la cual se precisó que:

“(…) el derecho a la información está legitimado en función del principio de transparencia en la gestión pública, que es uno de los valores expresamente establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el artículo 143 eiusdem expresamente regula tal derecho, en los términos siguientes:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (resaltado añadido).

De dicha lectura se infiere que aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida. Así, la invocación del derecho constitucional a la información no actúa como causa excluyente de la antijuricidad.

De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada” (Destacado de la Sala).

De la sentencia supra transcrita determina los límites al ejercicio del derecho bajo análisis, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el relativo a la vida, por lo que aquél no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad.

Por lo tanto, se dispuso que a partir de la citada decisión, y para salvaguardar precisamente el derecho a la información, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales la requiere, así como justificar que ello sea proporcional con el uso que se le pretende dar (Vid. sentencia de esta Sala Político Administrativa Nro. 1.177 de fecha 6 de agosto de 2014).

Siendo ello así, en el asunto que se examina se observa que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiere la información y lo que en su criterio, justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización y el uso que se le pretender dar a la misma; sin embargo, a juicio de esta Sala Político Administrativa, en este caso en concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La asociación civil Transparencia Venezuela presentó demanda por abstención referente a diversas solicitudes vinculados con hechos de corrupción. Sin embargo, para la Sala Político-Administrativa la  demandante indicó de manera genérica “que la información requerida serviría para incrementar el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar la óptima gestión pública, la transparencia y credibilidad de las instituciones públicas, especialmente la del Ministerio demandando, y que la magnitud de la información peticionada es proporcional con la utilización que se le pretende dar”.

En tal sentido, puntualizó que la Sala Constitucional hizo referencia al criterio vinculante establecido en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, en cuanto al ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo declaró inadmisible la demanda porque debe manifestar expresamente las razones por las cuales requiere la información, así como justificar el uso que se le pretenda dar. Acceso a la justicia, al respecto, aprovecha la ocasión para destacar que en este día la Sala Político-Administrativa desechó con base en la mencionada sentencia de la SC-TSJ otras 10 demandas por abstención, que fueron presentadas por la organización Transparencia Venezuela contra distintos ministerios.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194229-01447-151216-2016-2016-0499.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA Nº 1448. Fecha: 15/12/2016. 

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre la denuncia de posible sobrefacturación en la presentación de un proyecto para los Juegos Panamericanos Bolívar 2019 (…)”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194230-01448-151216-2016-2016-0504.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.463. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención “contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS (…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a la solicitud de información (…) relacionada con la ejecución de una presa de 147 mts. de altura sobre el Río Cuira y sus obras complementarias de vialidad, estación de bombeo y tendido eléctrico 230 Kv y el Sistema de Irrigación en el Valle Quíbor, estado Lara (…)

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194246-01463-151216-2016-2016-0243.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.464. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información (…) sobre   posibles hechos de corrupción de funcionarios de una empresa encargada de llevar a cabo la ejecución de obras en carreteras y puentes de San Juan de Colón, estado Táchira (…)”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194247-01464-151216-2016-2016-0500.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.465. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre la denuncia de posibles hechos de corrupción realizados por funcionarios del Hotel Venetur Orinoco recibidos por esta organización  a través de la aplicación móvil ‘Dilo Aquí’, en fecha 16 de agosto de 2015 (…)”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194248-01465-151216-2016-2016-0505.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.466. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información (…)relacionada con las denuncias de i) posibles diferencias en el suministro de medicinas, malversación y ii) fallas en la prestación de los servicios médicos recibidos por esta organización a través de la aplicación móvil ‘Dilo aquí’, en fecha 02 de abril de 2015 y 10 de abril de 2015 respectivamente  (…)”

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194249-01466-151216-2016-2016-0510.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1523. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194313-01523-151216-2016-2016-0246.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1526. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el ciudadano MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre denuncias relacionadas con posibles cobros de comisiones por agilizar trámites de reenganches laborales, recibidas por [esa organización] a través de la aplicación móvil ‘Dilo Aquí’, en fecha 27 de septiembre de 2015”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194319-01526-151216-2016-2016-0503.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1527. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDAal no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción…”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194321-01527-151216-2016-2016-0508.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1534. Fecha: 15-12-2016.

Caso: ESPACIO PÚBLICO interpuso demanda por abstención contra la ciudadana MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a la solicitud que [realizaron] mediante comunicación entregada en fecha veintinueve (29) de junio de 2016 (…) y que fue reiterada en una comunicación entregada el día quince (15) de agosto de 2016”, en la cual solicitan información respecto “… a los proyectos y presupuestos destinados a la protección y apoyo a los Pueblos Indígenas que se verán afectados por el Arco Minero”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: La demanda por abstención estuvo dirigida contra la omisión de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, al no dar respuesta a la solicitud de información planteada por la organización Espacio Público y un grupo de ciudadanos y ciudadanas miembros de comunidades indígenas mediante comunicaciones de fechas 17 de junio y 10 de agosto de 2016, respecto a temas referentes a las obras del proyecto del “Arco Minero”. Al respecto, la Sala Político-Administrativa sostuvo que la demandante  no cumplió con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia. Puntualizó, en efecto, que la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, ha establecido los requisitos para el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo, procedió a declarar inadmisible la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194335-01534-151216-2016-2016-0718.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1561. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓNal no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas (…) en marzo y abril de 2015 (…) ratificadas el 23 de noviembre de 2015 y el 22 de julio de 2016”, por presuntos “hechos de corrupción de funcionarios de la Zona Educativa Santa Rita Cecilio Acosta”, del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Para la Sala Político-Administrativa la demandante  no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia. Puntualizó, en efecto, que la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, ha establecido los requisitos para el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo, procedió a declarar inadmisible la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194341-01561-151216-2016-2016-0501.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1562. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIA Y COMERCIO  “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas (…) en fecha 23 de junio de 2015 y 28 de julio de 2015, respectivamente, ratificadas el 23 de noviembre de 2015 y 22 de julio de 2016”, por presuntos hechos de corrupción “relacionados con el cobro de comisiones a proveedores a cambio de la emisión de pagos pendientes y malversación de vehículos financiados por el Estado”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Para la Sala Político-Administrativa la demandante  no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia. Puntualizó, en efecto, que la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, ha establecido los requisitos para el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo, procedió a declarar inadmisible la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194344-01562-151216-2016-2016-0506.HTML

Control fiscal en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana


nota-excepcion

Sala Político Administrativa.

Recurso de Interpretación. 

TSJ/SPA Nº 1421. Fecha; 15-12-2016.

Caso: Recurso de interpretación interpuesto por la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA“en cuanto al espíritu, alcance, sentido e inteligencia del contenido del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 26 eiusdem; 13 y 16, numerales 8 y 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los fines de que se interpreten las funciones de control que ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre las unidades de auditorías internas de los órganos y entes adscritos al Sector Defensa”.

Decisión: Procedente el recurso de interpretación. Indicó la Sala:

“2.1. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, de rango constitucional, dotado de autonomía, funcional, administrativa, organizativa y presupuestaria, que ejerce, principalmente y por antonomasia, un control fiscal interno especializado.

2.2. El ámbito de las funciones de control fiscal interno de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comprende:

2.2.1. Los órganos que integran la estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
2.2.2. Los órganos, componentes y cuerpos que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esto es: a) el Comando Estratégico Operacional (máximo órgano de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional), b) Los Componentes Militares (Ejército, Armada, Aviación Militar y Guardia Nacional), c) la Milicia Bolivariana  (cuerpo especial destinado a complementar a la Fuerza Armada en la defensa de la Nación), y d) las Regiones Militares.

  1. El control interno de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa compete a sus respectivas Unidades de Auditoría Interna y, en el supuesto de que alguno de ellos no cuente con dichas unidades de control, tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 26, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
  2. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejerce un control fiscal externo sui generis sobre las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
  3. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe actuar en coordinación con las mencionadas Unidades de Auditoría Interna y con la Contraloría General de la República.
  4. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejercerá sus funciones sin perjuicio de las competencias constitucional y legalmente atribuidas a la Contraloría General de la República, por ser esta el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Político-Administrativa establece con esta sentencia “interpretativa” que la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha sido expresamente designada como órgano de control fiscal externo por la normativa que rige la materia; además, que ejerce como función fundamentalmente y por antonomasia, “un control fiscal interno especializado de la Fuerza Armada Nacional y otros órganos del Sector Defensa, en los términos en que se precisará al examinarse el siguiente punto”.

Por otra parte, la Sala indicó que respecto al control interno de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, compete “a sus respectivas Unidades de Auditoría Interna y en el supuesto de que tales entes no cuenten con dichas unidades de control, se aplicará lo previsto en el trascrito Parágrafo Único del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, corresponderá al órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (Contraloría General de la República), previo examen del caso concreto, autorizar que las funciones de los mismos sean ejercidas por aquel  que tiene atribuido el control interno del órgano de adscripción, esto es, por la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional”.

Asimismo, que la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejerce un control fiscal externo sui generis sobre las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194202-01421-151216-2016-2011-0044.HTML

Régimen presupuestario de los municipios


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Sala Constitucional. 

Ampliación de sentencia.

TSJ/SC Nº 1107. Fecha: 15/12/2016.

Caso: Poder Ejecutivo Municipal del Municipio Bolivariano Santiago Mariño del Estado Aragua, solicitó ampliación de la sentencia n.° 954 del 22 de noviembre de 2016, dictada por esta Sala Constitucional, en la que se declaró la admisión de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa que el mismo propuso contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, al publicar la “Ordenanza sobre el Régimen para la Comparecencia de los Funcionarios y Funcionarias Públicas y los o las Particulares ante el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua”, sin que el Alcalde del referido Municipio refrendara y promulgara la misma.

Decisión: Procedente la ampliación de sentencia. La Sala expuso:

Igualmente, visto lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, esta Sala, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado de la causa, para preservar las resultas del juicio, evitar que se causen daños de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias reseñadas respecto a la atención del Ejecutivo Local en el pago de beneficios y compromisos laborales con los trabajadores y trabajadoras de esa entidad local y sus dependencias adscritas, así como el hecho que el país se encuentra bajo un Estado de excepcionalidad,  ACUERDA –mientras se decide el recurso  interpuesto y con el objeto de prevenir posibles vicios de inconstitucionalidad- que todo acuerdo presentado para aprobación por el Concejo Municipal debe consultarse con carácter obligatorio al Ejecutivo Local, a los fines de determinar su conformidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, y se ORDENA al Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua abstenerse de modificar las partidas presupuestarias previamente estructuradas por el Alcalde de dicho Municipio, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia y responsabilidad. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional acuerda  la ampliación de la sentencia N° 954 dictada el 22 de noviembre de 2016 en que admitió la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Al respecto, la ampliación del fallo está referida a la solicitud presentada por el Ejecutivo Municipal de que “se incluya en la referida sentencia las condiciones de presentación y aprobación de cualquier otro acto administrativo o instrumento jurídico que esté relacionado con la ejecución de las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional, esto en aras de no afectar la armonización en la gestión de las competencias del municipio”. Por la razón antes expuesta, la Sala ordenó que todo acuerdo que pretenda ser aprobado por el Concejo Municipal deberá ser consultado con carácter obligatorio al Ejecutivo Local, a los fines de determinar su conformidad económica. La Sala, asimismo, ordenó que el mencionado órgano legislativo del municipio Santiago Mariño del estado Aragua debe abstenerse de modificar las partidas presupuestarias previamente estructurada por el alcalde de dicha entidad municipal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193999-1107-151216-2016-16-1030.HTML

Actuación de la Fuerza Armada Nacional en las manifestaciones y protestas


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Sala Político Administrativa.

Recurso de nulidad.

TSJ/SPA N° 1.351. Fecha: 1/12/2016.

Caso: Gilberto Rua interpuso demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, contra la Resolución Nro. 008610 dictada el 23 de enero de 2015 por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.589 del 27 de ese mes y año, mediante la cual se dictaron las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Decisión: Se admitió el recurso, y se negó la medida cautelar. La Sala indicó:

“Expuesto lo anterior, esta Sala observa que el accionante en su escrito de reforma al referirse a la Resolución impugnada alegó que la misma resultaba “discriminatoria, por desarrollar únicamente el control de las manifestaciones y excluir regular (sic) (…) Derechos de Manifestación Pacífica”. Asimismo, aludió a situaciones que, a su parecer, son contrarias al contenido del artículo 68 de la Constitución, relativo al derecho de manifestar.

En este sentido, vale precisar que además de tales argumentaciones el actor no invocó y, menos aún, desarrolló los elementos esenciales para el análisis del amparo cautelar y, los cuales quedaron establecidos en líneas anteriores. Concretamente, el ciudadano Gilberto Rua quien afirmó actuar como “defensor de los derechos, difusos y humanos” no fundamentó la petición cautelar, sino que solo se concretó en requerir la suspensión  temporal de los efectos del acto administrativo impugnado sin cumplir con los requisitos de procedencia establecidos jurisprudencialmente y, en particular, con la presunción del buen derecho.

Lo expuesto conlleva inexorablemente a declarar la improcedencia del amparo cautelar solicitado, por cuanto la parte actora no fundamentó el mismo y la Sala no puede suplirse en dicha actividad argumentativa y probatoria.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Político-Administrativa admitió la demanda de nulidad presentada contra la Resolución signada por el número 008610 que fue proferida por el Ministro del Poder Popular para la Defensa mediante la cual regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional en manifestaciones y protestas, y que según el parecer del demandante “vulnera el derecho de defensa”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/193319-01351-11216-2016-2015-0101.HTML

Las medidas preventivas, como actos de mero trámite, son irrecurribles


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Sala Político Administrativa.

Recurso de nulidad.

TSJ/SPA N° 1.312. Fecha: 1/12/2016.

Caso: Asociación Civil para el Fomento y Promoción del Esfuerzo (ASOESFUERZO) y otros, interponen demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el numeral 2 del resuelto de la Providencia Administrativa Nro. PADSR-1.427 de fecha 02.07.2009, dictada por la Directora General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Decisión: Inadmisible el recurso de nulidad. La Sala indicó:

“Conforme al criterio contenido en el fallo parcialmente transcrito, las medidas cautelares administrativas son actos de trámite, de naturaleza cautelar, que no tienen carácter definitivo ni resuelven el fondo del asunto debatido, dictadas mientras se sustancia el procedimiento que culminará con la decisión que resuelva el asunto.

En consecuencia, siendo dichas medidas preventivas actos de mero trámite son irrecurribles, sin embargo, conforme a la primera de las sentencias citadas, ello no implica la irrevisibilidad absoluta, pues existe la posibilidad de denunciar en vía administrativa los vicios en los que eventualmente pudiesen incurrir, en la oportunidad de interponer los recursos administrativos correspondientes contra el acto definitivo que ponga fin al procedimiento.

En este orden de argumentación, concluye esta Sala Político-Administrativa tal y como fue apreciado recientemente en decisNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL=ión Nro. 882 del 9 de agosto de 2016, caso sociedad civil Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) y otros contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dictada por esta misma Sala, que el acto administrativo recurrido no encuadra en ninguna de las tres excepciones previstas en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que permiten la revisión en vía jurisdiccional de los actos de trámite, no siendo entonces susceptible de impugnación, y en consecuencia, inadmisible la demanda de nulidad que nos ocupa, conforme al dispositivo contenido en el numeral 7 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con esta sentencia la Sala ratifica su decisión N° 882 de fecha 9 de agosto de 2016, en que declaró la inadmisibilidad de la demanda presentada por la Sociedad Civil Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad  (CEDICE) contra un acto administrativo dictado por CONATEL en que ordena a VENEVISIÓN, MERIDIANO TV., TELEVEN, GLOBOVISIÓN, ONDA 107.9 FM y FIESTA 106.5 FM., abstenerse de difundir “…en forma inmediata todas las propagandas que conforman la campaña ‘En Defensa de la Propiedad’…”. En este caso, fue ASOESFUERZO quien ejerció la demanda de nulidad contra la providencia de CONATEL que prohibía la difusión de propagandas para promover ideas relacionadas con la libertad económica y defensa de la propiedad privada, por considerar que violaba el derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, además de imponer una censura previa antes de que se pudiera determinar si el medio de comunicación o el anunciante habían  incurrido en alguna infracción.

No obstante, para la Sala el acto de CONATEL, al tratarse de un acto administrativo de mero trámite, es irrecurrible y, en razón de esta premisa declaró inadmisible la demanda de nulidad y revocó el auto en que el Juzgado de Sustanciación de la SPA admitió la referida demanda de nulidad. De hecho, señaló que a tenor del artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos solo serán recurribles los actos que pongan fin a un procedimiento (definitivos) y los de trámite que imposibiliten la continuación del procedimiento, causen indefensión o prejuzguen como definitivos. Sin embargo, la Sala obvio el hecho de que la decisión de CONATEL afecta derechos constitucionales, y en la práctica se convierte en una censura prohibida por la Constitución. De este modo, se permite la irrecurribilidad de actos contrarios a la Constitución bajo el argumento de que son de “trámite”, sin considerar los derechos afectados.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/193286-01312-11216-2016-2009-1092.HTML

Necesidad de probar el hecho generador del daño moral para obtener indemnización


DINERO

Sala Político Administrativa.

Recurso de revisión.

TSJ/SPA N° 1.275. Fecha: 23/11/2016.

Caso:  Luis Asunción Bello Prado, Víctor Jesús Miranda Henríquez, Thaís Tibisay Perdomo Arteaga y otros interponen demanda por responsabilidad patrimonial contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Decisión: Parcialmente con lugar la demanda. Para decidir, la Sala observó:

“Siendo ello así, en materia de daño moral, el reclamante debe únicamente probar el llamado “hecho generador del daño moral”, es decir, el conjunto de circunstancias de hecho cuyo petitum doloris se reclama. Probado que sea el hecho generador, lo que procede es su estimación, lo cual se hace al prudente arbitrio del juez. Tal discrecionalidad encuentra su basamento en el supra citado artículo 1.196 del Código Civil, y se fundamenta en que ningún auxiliar de justicia o medio probatorio puede determinar a ciencia cierta cuánto sufrimiento o cuánto dolor padeció el agraviado o en qué medida se vio afectada su esfera intangible y personal (vid., sentencia de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal Nro. 1 del 17 de febrero de 2000, reiterado en decisión Nro. RC-466 del 11 de octubre de 2011, y otros). Al decidirse una reclamación por concepto de daños morales, el sentenciador, necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la Ley y la equidad, analizando la importancia del daño, el grado de culpabilidad de quien lo ha producido, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala decide, en este caso, una reclamación contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) por concepto de daños morales, con ocasión de la sentencia de la Sala Constitucional en que resolvió una solicitud de revisión constitucional contra la sentencia Nro. 01082 del 22 de julio de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa. Destaca la Sala que en materia de daño moral el reclamante debe únicamente probar el llamado “hecho generador del daño moral” y, una vez probado el hecho generador, lo que procede es la estimación que se hace al prudente arbitrio del juez. Tal discrecionalidad encuentra su basamento en el artículo 1.196 del Código Civil. Es decir, que queda a la apreciación del juez y no según lo estimado en el libelo. Una vez más se evade la obligación de establecer criterios como los que ha establecido la Sala de Casación Civil en la misma materia pero respecto de particulares.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/193039-01275-231116-2016-2004-0831.HTML