Autorización del TSJ por encima de la AN al Ejecutivo para crear empresas mixtas


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SALA CONSTITUCIONAL

Recurso de interpretación

TSJ/SC Nº 156  Fecha: 29-03-2017

Caso: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. (CVP)

Decisión: La Sala se fundamenta en la presunta situación de desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional, para relevar al Ejecutivo Nacional del cumplimiento del requisito de aprobación previa de la creación y constitución de empresas mixtas, por parte de la Asamblea Nacional. Según la sentencia, será la propia Sala la que ejercerá el control de la constitución de tales empresas, imponiendo al Ejecutivo la obligación de notificarla de dicha creación. Ello con fundamento en los siguientes argumentos:

 

“En tal sentido, la consecuencia lógica de los diversos y multifactoriales desacatos desplegados por un sector que dirige la Asamblea Nacional, desde la teoría jurídica de las nulidades, es generar la nulidad absoluta y carencia de cualquier tipo de validez y eficacia jurídica de las actuaciones que ha venido realizando. Así se declara.  

Tal aserto debe ser necesariamente así, como consecuencia de una aplicación lógica del derecho y del debido respeto y acatamiento a las decisiones proferidas por los órganos jurisdiccionales de la República, ya que lo contrario implicaría una violación a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al propio Estado Constitucional de Derecho, comportando un desprecio a la majestad de la justicia y de la ley, pudiendo generar diversos tipos de responsabilidad jurídica, política, ética y social en general.  

Así, la tutela judicial efectiva reconocida de manera expresa en el artículo 26 constitucional,  implica uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sustenta la noción de Estado de Derecho, ya que el mismo tiene por finalidad última hacer prevalecer el orden jurídico y en definitiva el respeto al imperio del derecho y de la ley, lo cual se logra asegurando la preservación del conjunto de derechos legítimos que el ordenamiento jurídico establece y que conforman la esfera plurisubjetiva de todo ciudadano y de las sociedades como conglomerado social; otorgando a los mismos la certeza de que tales derechos serán debidamente asegurados y resguardados, a los efectos de lograr su efectiva vigencia, comportando por ello un compromiso por parte del Estado, visto desde la perspectiva de su función jurisdiccional, en el que se proveerá a sus derechos la seguridad de ser efectivamente materializados y de mantener su intangibilidad y absoluto resguardo, en los términos constitucional y legalmente establecidos. Es por esta razón que el precepto constitucional previsto en el artículo 26, indica que los mismos serán efectivamente tutelados por los órganos jurisdiccionales cuando pretendan ser vulnerados y se acuda ante ellos, exigiendo la debida tutela que detentan, para de esta manera hacer prelar la noción de justicia, que constituye el fin último de todo proceso judicial y la esencia misma de nuestro Estado.   

(…OMISSIS…)

Por ende, el verdadero significado del derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra nuestro texto constitucional, apareja la necesidad de que los mismos sean eficaces en la realidad, que sus efectos sean en verdad materializados en el plano fáctico, para poder alcanzar la verdadera justicia que la Constitución consagra; razón por la que el verdadero telos  de  la función jurisdiccional se consuma precisamente en el momento en el que el fallo es llevado a la realidad,  haciendo efectivos  los derechos que mediante la decisión judicial son tutelados, para de esta forma preservar el Estado de Derecho y de Justicia que vincula la existencia de la República.   

(…OMISSIS…)

Resulta claro de lo expuesto, que siendo la ejecutoriedad de la sentencia una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una violación del prenombrado derecho a la tutela judicial efectiva.  

(…OMISSIS…)

Conforme a lo antes expuesto, tal situación de desacato “incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión”,

(…OMISSIS…) 

Ahora bien, constituye un hecho público, notorio y comunicacional que el 5 de enero de 2017, la Asamblea Nacional inició su Segundo periodo de sesiones en un acto iniciado e impulsado por la Junta Directiva saliente, que la dirigió durante el año 2016, y se realizó en el seno de ese órgano legislativo en desacato frente al Poder Judicial (vid supra), la elección y juramentación de su Junta Directiva para el periodo en curso, circunstancia que, por ende, implica un vicio de nulidad absoluta que afecta la validez constitucional de ese y de los actos subsiguientes, así como también la legitimidad y eficacia jurídica de la juramentación y demás actos de la referida junta directiva –incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional- (sin mencionar las probables vulneraciones al Reglamento Interior y de Debates de la propia Asamblea Nacional).

(…OMISSIS…)

En tal sentido, se observa que Asamblea Nacional reconoció nuevamente su situación de desacato y de grave violación al orden constitucional, derivada, en esta oportunidad, de la reiterada e ilegítima incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, al realizar una nueva “desincorporación” de los mismos (esta vez de forma intempestiva y violando el propio Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y la sentencia 269/2016, además de hacerlo en una sesión deliberadamente inválida por estar dirigida por una junta directiva electa y juramentada en desacato –a diferencia de la junta directiva que dirigió el acto de desincorporación realizado el 13 de enero de 2016, que no fue electa bajo tal circunstancia –(…) con lo que nuevamente reconocen de forma voluntaria la nulidad de todas sus actuaciones desplegadas en desacato,

(…OMISSIS…)

Como puede apreciarse, la situación de desacato por parte de la Asamblea Nacional se ha mantenido y se mantiene de forma ininterrumpida, razón que determina la actual omisión parlamentaria inconstitucional, entre otros, respecto de los actos de designación y juramentación de la actual Junta Directiva, así como de los actos subsiguientes desplegados por la misma, incluyendo las convocatorias a las sesiones posteriores y a las actuaciones desplegadas en las mismas y a los actos parlamentarios generados en ellas” 

(…OMISSIS…) 

(…)esta Sala ha advertido diversos desacatos en los que ha venido incurriendo de forma reiterada la Asamblea Nacional, sobre la base de la conducta contumaz de la mayoría de sus miembros, lo que vicia de nulidad absoluta sus actuaciones y, por ende, genera una situación al margen del Estado de Derecho que le impide ejercer sus atribuciones; circunstancia que coloca a la Asamblea Nacional en situación de Omisión Inconstitucional parlamentaria (art. 336.7 del Texto Fundamental), que esta Sala declara en este mismo acto.

 (…OMISSIS…)

Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo.

Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones. 

 Aunado a ello, se advierte que, sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017).

 Finalmente, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.”

 Comentario de Acceso a la Justicia: Con esta decisión, la Sala modifica el contenido del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el cual exige expresamente la aprobación previa por parte de la Asamblea para la creación de empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin dar mayor explicación para ello, salvo que la Asamblea al encontrarse en desacato se encuentra impedida de ejercer sus funciones, entre ellas, dar su aprobación de conformidad con la Ley, por lo que la Sala o el órgano que ella indique, ejercerá sus funciones en su lugar. Otros aspectos de esta sentencia se pueden consultar aquí.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML

El principio de la autonomía de la voluntad y la libertad económica y contractual


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SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Apelación de amparo cautelar

TSJ/SPA Nº: 171   Fecha: 15/03/2017

Caso: Recurso de nulidad interpuesto por Construcciones y Servicios, C.A. (COYSERCA) contra el INDEPABIS

Síntesis: La Sala analiza las características del principio de la autonomía de la voluntad, concluyendo que no constituye un derecho subjetivo susceptible de ser protegido por vía de amparo y posteriormente, analiza cómo puede la actuación del INDEPABIS afectar o no el derecho a la libertad económica.

Extracto:

“es menester indicar que el principio de autonomía de la voluntad de las partes supone que éstas pueden pactar en una convención contractual todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 00360 del 24 de marzo de 2011).

Conforme a lo anterior, considera la Sala Político-Administrativa que el  principio bajo estudio no constituye un verdadero derecho subjetivo constitucional susceptible de tutela judicial directa, que pueda ser revisado en la oportunidad de resolver la medida cautelar de amparo. Aunado a que el análisis de la supuesta violación de tal principio conllevaría a la revisión de normas de rango infraconstitucional, lo que se encuentra vedado al órgano jurisdiccional actuando en sede constitucional (…omissis…)

“…conforme lo previsto en el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Constituyente confirió a todos los habitantes de la República, las más amplias facultades para dedicarse a las actividades económicas de su preferencia. No obstante, la referida norma prevé, no sólo la posibilidad del Estado de plantear directrices en la materia, sino también el poder de limitar el alcance de dicha libertad en beneficio del interés general.

Atendiendo a dicha disposición recalca la Sala que el acto impugnado fue dictado en atención a que la Administración Pública fundamentó las sanciones impuestas en el acto impugnado, esto es, que procediera la sociedad mercantil Construcciones y Servicios, C.A., (COYSERCA) a reintegrar la cantidad de noventa y cuatro mil quinientos ochenta y siete bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 94.587,88) al denunciante en sede administrativa, así como también le impuso una multa de mil quinientas Unidades Tributarias (1.500 U.T.), equivalentes a la cantidad de ochenta y dos mil quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 82.500,00), empleando la regulación contenida en los artículos 16 numeral 8; 18 y 78 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, aplicable ratione temporis, citados en líneas precedentes.

Ahora bien, resulta prudente señalar, que en modo alguno se ha atropellado la libertad económica de la accionante, toda vez que la imposición de la multa no la ha privado del derecho que le asiste para dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sino que simplemente, mediante el acto impugnado, la parte recurrente fue sancionada por haber actuado, aparentemente, en contravención de la legislación vigente aplicable a la actividad por ella desarrollada.”

Decisión: Se declara sin lugar la apelación ejercida y en consecuencia, firme la decisión de amparo cautelar dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sociedad mercantil Construcciones y Servicios, C.A., (COYSERCA) demandó, entre otras razones, que la Administración Pública (INDEPABIS) violó su derecho a la libertad económica con la sanción pecuniaria impuesta. Al respecto, la Sala sostuvo que la imposición de la multa no lesiona “el derecho que le asiste para dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sino que simplemente, mediante el acto impugnado, la parte recurrente fue sancionada por haber actuado, aparentemente, en contravención de la legislación vigente aplicable a la actividad por ella desarrollada”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/196887-00171-15317-2017-2013-0820.HTML

Remoción de juez itinerante permanente


MONITOREO1

SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 54. Fecha: 16 de febrero de 2017.

Caso: Gloria Josefina Rey Moreno interpone demanda de nulidad contra el silencio administrativo de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia al no dar respuesta al recurso de reconsideración incoado contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nro. CJ-08-0488 de fecha 24.03. 2008.

Decisión: Declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Gloria Josefina Rey Moreno. En consecuencia, se ANULA el acto administrativo contenido en el Oficio N° CJ-08-0488, de fecha 24 de marzo de 2008, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Comisión Judicial del TSJ incurrió en un vicio de falso supuesto al considerar que la ciudadana Gloria Josefina Rey Moreno ocupaba un cargo de juez provisorio o temporal, y que por tanto, podía dejar sin efecto su designación, en ejercicio de una facultad eminentemente discrecional; cuando lo cierto es que ostentaba la categoría de juez itinerante permanente. En consecuencia, se anuló el acto de la Comisión y se ordenó su reincorporación al Poder Judicial en el cargo que ostentaba para el momento en que fue dejada sin efecto su designación, o a otro de igual categoría en la misma Circunscripción Judicial y, se acordó, también efectuar el pago de los salarios dejados de percibir por la recurrente, así como de los demás beneficios laborales.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/196041-00054-16217-2017-2008-0443.HTML

Falso supuesto en actos emanados de la SUNDDE


MONITOREO1

SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 39.   Fecha: 8 de febrero de 2017.

Caso: Automotriz Éxito, C.A. interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para Industria y Comercio, en el recurso jerárquico ejercido por la mencionada empresa contra la decisión de fecha 13.10.2011, dictada por el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

Decisión: Declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la sociedad mercantil AUTOMOTRIZ ÉXITO, C.A., contra el acto tácito denegatorio producto del silencio administrativo emanado del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, que ratificó la decisión tomada por el Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), sobre la denuncia N° DEN-009525-2010-0101, interpuesta por la ciudadana Deysi Josefina Landáez Hernández. En consecuencia, se ANULA el acto impugnado.

Comentario de Acceso a la Justicia: Resulta de interés esta sentencia porque son pocos los casos en que la Sala Político-Administrativa declara con lugar una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra un ente público. Tiene, igualmente, la particularidad de que se declara la nulidad de un acto emanado de INDEPABIS (hoy SUNDDE) por tener una irregularidad el elemento causal del acto y, por ende, configurarse el vicio de “falso supuesto”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/195939-00039-8217-2017-2012-1181.HTML

La decisión tardía no vulnera el derecho a la defensa y tampoco constituye un vicio de validez del acto administrativo


JUSTICIA-NOTA

SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 033   Fecha: 2 de febrero de 2017.

Caso: PROSEGUROS, S.A., interpone demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular para el Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio al no dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la referida empresa contra Providencia Administrativa del l 19.09.2011, por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), hoy Superintendencia Nacional Para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).

Decisión: SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada conjuntamente con amparo cautelar y solicitud de suspensión de efectos por la apoderada judicial de la sociedad mercantil PROSEGUROS, S.A., contra el acto denegatorio tácito en el que incurrió el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, al no decidir el recurso jerárquico ejercido contra la Providencia Administrativa dictada el 19 de septiembre de 2011, por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE). En consecuencia, queda FIRME la Providencia Administrativa impugnada.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se destaca en este caso en que la empresa Proseguros, S.A., alegó entre varios argumentos para solicitar la nulidad del acto del Instituto para Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), el retardo en decidir el procedimiento administrativo. Sin embargo, la SPA sostuvo que la decisión tardía no comporta la vulneración del derecho a la defensa de la sociedad mercantil Proseguros, C.A., ni mucho menos, la nulidad del acto.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/195814-00033-2217-2017-2012-0601.HTML

Las utilidades y el bono vacacional deben excluirse de la base de cálculo del ISLR


SENIAT-1

Sala Político Administrativa.

Recurso de apelación.

TSJ/SPA Nº 22. Fecha: 26/01/17.

Caso: Recurso de apelación del FISCO NACIONAL contra la sentencia definitiva número 021/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano ALEXIS RAMÓN MONJES GARCÍA.

Decisión: Sin lugar el recurso de apelación, y con lugar el recurso contencioso tributario. La Sala observó:

“Del cual reitera esta alzada, que la base imponible para determinar la cuantía del gravamen exigible al o la contribuyente, estaba integrada únicamente por aquellas remuneraciones que se pagan en forma “regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia”, y que deben ser excluidos aquellos correspondientes a conceptos tales como utilidades y bono vacacional, aunque estos se clasifican como una remuneración marginal al salario normal, de tipo accidental; pues, el primero, está condicionado a la rentabilidad o utilidad de la empresa en un momento dado; y, el segundo, está destinado al disfrute del descanso del trabajador asalariado o de la trabajadora asalariada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Podemos ratificar que permanece el criterio del año 2007 y no el de la nueva Ley de ISLR, por lo que solo se hace la retención y aporte de ISLR del trabajador con base en el salario normal, excluyendo los pagos extraordinarios o accidentales e ingresos que aunque enriquezcan al trabajador no mantienen carácter salarial, específicamente excluyendo las “aquellos correspondientes a conceptos tales como utilidades y bono vacacional”. La referida sentencia ratifica el criterio establecido por las Salas Constitucional y Político Administrativa en las anteriores sentencias: SC/TSJ Nº 673 del 02/08/16; N° 998 del 23/11/16; (iii) Nº 499 del 30/06/16, SPA/TSJ N° 768 del 26/07/16 y N° 818 del 27/07/16.

Sin embargo, todo ello deja en evidencia que el SENIAT no acata las numerosas sentencias emitidas por el TSJ, y a diferencia de lo que ocurre con la Asamblea Nacional, nada pasa ni se le aplican sanciones. Recientemente, el SENIAT ha publicado un boletín en su pág web basado en una opinión emitida por ellos mismos (Gerente General de Servicios Jurídicos del SENIAT), en la que insiste en incluir las utilidades, bono vacacional, horas extras, bonos accidentales, entre otros conceptos en la base de ingreso para el pago de ISLR de trabajadores dependientes. Se sugiere ver boletín, así como un Dictamen suscrito por el Gerente General de Servicios Jurídicos, en la Gerencia de Doctrina y Asesoría, División de Doctrina Tributaria, Consulta Nº DCR-5-86009. Como resulta evidente, en materia de desacato existen dos tipos de justicia: una para la oposición y otra para el gobierno.

Fuente: http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/spa/enero/195511-00019-26117-2017-2016-0597.HTML

SPA se pronuncia sobre el derecho a la información en casos de corrupción


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Sala Político Administrativa. 

Demanda por abstención. 

TSJ/SPA Nº 1447. Fecha: 15/12/2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas por [esa organización] el 22 de mayo de 2015 y 2 de junio de 2015 sobre posibles hechos de corrupción relacionados con incumplimientos de procedimientos, amenazas, cobros indebidos por revisiones vehiculares y multas injustificadas [las cuales fueron] ratificadas el 23 de noviembre de 2015 y el 22 de julio de 2016 (…)”

Decisión: Inadmisible la demanda. La Sala indicó:

“Asimismo, se observa que la apoderada judicial de la referida asociación civil, se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de petición y a la información, consagrados en los artículos 51 y 58 de la Carta Magna, así como la violación de los principios que rigen la actividad administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 10, 13 y siguientes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo establecido en los artículos 6, 7 y 21 de la Ley Contra la Corrupción, alegando la ausencia de respuesta por parte del Ministerio demandando, respecto a sus comunicaciones y solicitudes planteadas.

De igual forma, se observa que la parte demandante indicó de manera genérica que la información requerida serviría para incrementar el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar la óptima gestión pública, la transparencia y credibilidad de las instituciones públicas, especialmente la del Ministerio demandando, y que la magnitud de la información peticionada es proporcional con la utilización que se le pretende dar.

En virtud de ello, esta Máxima Instancia considera necesario hacer referencia al criterio vinculante establecido en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010 dictada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en cuanto al ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional, en la cual se precisó que:

“(…) el derecho a la información está legitimado en función del principio de transparencia en la gestión pública, que es uno de los valores expresamente establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el artículo 143 eiusdem expresamente regula tal derecho, en los términos siguientes:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (resaltado añadido).

De dicha lectura se infiere que aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida. Así, la invocación del derecho constitucional a la información no actúa como causa excluyente de la antijuricidad.

De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada” (Destacado de la Sala).

De la sentencia supra transcrita determina los límites al ejercicio del derecho bajo análisis, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el relativo a la vida, por lo que aquél no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad.

Por lo tanto, se dispuso que a partir de la citada decisión, y para salvaguardar precisamente el derecho a la información, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales la requiere, así como justificar que ello sea proporcional con el uso que se le pretende dar (Vid. sentencia de esta Sala Político Administrativa Nro. 1.177 de fecha 6 de agosto de 2014).

Siendo ello así, en el asunto que se examina se observa que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiere la información y lo que en su criterio, justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización y el uso que se le pretender dar a la misma; sin embargo, a juicio de esta Sala Político Administrativa, en este caso en concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La asociación civil Transparencia Venezuela presentó demanda por abstención referente a diversas solicitudes vinculados con hechos de corrupción. Sin embargo, para la Sala Político-Administrativa la  demandante indicó de manera genérica “que la información requerida serviría para incrementar el conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas sobre los asuntos públicos y los mecanismos de control implementados para garantizar la óptima gestión pública, la transparencia y credibilidad de las instituciones públicas, especialmente la del Ministerio demandando, y que la magnitud de la información peticionada es proporcional con la utilización que se le pretende dar”.

En tal sentido, puntualizó que la Sala Constitucional hizo referencia al criterio vinculante establecido en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, en cuanto al ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo declaró inadmisible la demanda porque debe manifestar expresamente las razones por las cuales requiere la información, así como justificar el uso que se le pretenda dar. Acceso a la justicia, al respecto, aprovecha la ocasión para destacar que en este día la Sala Político-Administrativa desechó con base en la mencionada sentencia de la SC-TSJ otras 10 demandas por abstención, que fueron presentadas por la organización Transparencia Venezuela contra distintos ministerios.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194229-01447-151216-2016-2016-0499.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA Nº 1448. Fecha: 15/12/2016. 

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE “(…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre la denuncia de posible sobrefacturación en la presentación de un proyecto para los Juegos Panamericanos Bolívar 2019 (…)”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194230-01448-151216-2016-2016-0504.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.463. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención “contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS (…) al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a la solicitud de información (…) relacionada con la ejecución de una presa de 147 mts. de altura sobre el Río Cuira y sus obras complementarias de vialidad, estación de bombeo y tendido eléctrico 230 Kv y el Sistema de Irrigación en el Valle Quíbor, estado Lara (…)

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194246-01463-151216-2016-2016-0243.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.464. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información (…) sobre   posibles hechos de corrupción de funcionarios de una empresa encargada de llevar a cabo la ejecución de obras en carreteras y puentes de San Juan de Colón, estado Táchira (…)”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194247-01464-151216-2016-2016-0500.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.465. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre la denuncia de posibles hechos de corrupción realizados por funcionarios del Hotel Venetur Orinoco recibidos por esta organización  a través de la aplicación móvil ‘Dilo Aquí’, en fecha 16 de agosto de 2015 (…)”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194248-01465-151216-2016-2016-0505.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1.466. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra la MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información (…)relacionada con las denuncias de i) posibles diferencias en el suministro de medicinas, malversación y ii) fallas en la prestación de los servicios médicos recibidos por esta organización a través de la aplicación móvil ‘Dilo aquí’, en fecha 02 de abril de 2015 y 10 de abril de 2015 respectivamente  (…)”

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194249-01466-151216-2016-2016-0510.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1523. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194313-01523-151216-2016-2016-0246.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1526. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el ciudadano MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre denuncias relacionadas con posibles cobros de comisiones por agilizar trámites de reenganches laborales, recibidas por [esa organización] a través de la aplicación móvil ‘Dilo Aquí’, en fecha 27 de septiembre de 2015”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194319-01526-151216-2016-2016-0503.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1527. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDAal no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas sobre denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción…”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Ver comentario anterior.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194321-01527-151216-2016-2016-0508.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1534. Fecha: 15-12-2016.

Caso: ESPACIO PÚBLICO interpuso demanda por abstención contra la ciudadana MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS, “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a la solicitud que [realizaron] mediante comunicación entregada en fecha veintinueve (29) de junio de 2016 (…) y que fue reiterada en una comunicación entregada el día quince (15) de agosto de 2016”, en la cual solicitan información respecto “… a los proyectos y presupuestos destinados a la protección y apoyo a los Pueblos Indígenas que se verán afectados por el Arco Minero”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: La demanda por abstención estuvo dirigida contra la omisión de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, al no dar respuesta a la solicitud de información planteada por la organización Espacio Público y un grupo de ciudadanos y ciudadanas miembros de comunidades indígenas mediante comunicaciones de fechas 17 de junio y 10 de agosto de 2016, respecto a temas referentes a las obras del proyecto del “Arco Minero”. Al respecto, la Sala Político-Administrativa sostuvo que la demandante  no cumplió con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia. Puntualizó, en efecto, que la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, ha establecido los requisitos para el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo, procedió a declarar inadmisible la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194335-01534-151216-2016-2016-0718.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1561. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓNal no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas (…) en marzo y abril de 2015 (…) ratificadas el 23 de noviembre de 2015 y el 22 de julio de 2016”, por presuntos “hechos de corrupción de funcionarios de la Zona Educativa Santa Rita Cecilio Acosta”, del Municipio Maracaibo, Estado Zulia.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Para la Sala Político-Administrativa la demandante  no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia. Puntualizó, en efecto, que la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, ha establecido los requisitos para el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo, procedió a declarar inadmisible la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194341-01561-151216-2016-2016-0501.HTML

Sala Político Administrativa.

Recurso por abstención. 

TSJ/SPA N° 1562. Fecha: 15-12-2016.

Caso: TRANSPARENCIA VENEZUELA interpuso demanda por abstención contra el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA INDUSTRIA Y COMERCIO  “al no otorgar oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes de información enviadas (…) en fecha 23 de junio de 2015 y 28 de julio de 2015, respectivamente, ratificadas el 23 de noviembre de 2015 y 22 de julio de 2016”, por presuntos hechos de corrupción “relacionados con el cobro de comisiones a proveedores a cambio de la emisión de pagos pendientes y malversación de vehículos financiados por el Estado”.

Decisión: Inadmisible la demanda.

Comentario de Acceso a la Justicia: Para la Sala Político-Administrativa la demandante  no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, respecto a que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar a la información solicitada, motivo por el cual no se encuentra satisfecha la referida exigencia. Puntualizó, en efecto, que la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, ha establecido los requisitos para el ejercicio del derecho a la información contenido en el artículo 143 constitucional y, con fundamento en este fallo, procedió a declarar inadmisible la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194344-01562-151216-2016-2016-0506.HTML

Control fiscal en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana


nota-excepcion

Sala Político Administrativa.

Recurso de Interpretación. 

TSJ/SPA Nº 1421. Fecha; 15-12-2016.

Caso: Recurso de interpretación interpuesto por la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA“en cuanto al espíritu, alcance, sentido e inteligencia del contenido del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con los artículos 26 eiusdem; 13 y 16, numerales 8 y 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los fines de que se interpreten las funciones de control que ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre las unidades de auditorías internas de los órganos y entes adscritos al Sector Defensa”.

Decisión: Procedente el recurso de interpretación. Indicó la Sala:

“2.1. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, de rango constitucional, dotado de autonomía, funcional, administrativa, organizativa y presupuestaria, que ejerce, principalmente y por antonomasia, un control fiscal interno especializado.

2.2. El ámbito de las funciones de control fiscal interno de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comprende:

2.2.1. Los órganos que integran la estructura orgánica del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
2.2.2. Los órganos, componentes y cuerpos que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esto es: a) el Comando Estratégico Operacional (máximo órgano de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional), b) Los Componentes Militares (Ejército, Armada, Aviación Militar y Guardia Nacional), c) la Milicia Bolivariana  (cuerpo especial destinado a complementar a la Fuerza Armada en la defensa de la Nación), y d) las Regiones Militares.

  1. El control interno de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa compete a sus respectivas Unidades de Auditoría Interna y, en el supuesto de que alguno de ellos no cuente con dichas unidades de control, tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 26, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
  2. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejerce un control fiscal externo sui generis sobre las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
  3. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe actuar en coordinación con las mencionadas Unidades de Auditoría Interna y con la Contraloría General de la República.
  4. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejercerá sus funciones sin perjuicio de las competencias constitucional y legalmente atribuidas a la Contraloría General de la República, por ser esta el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Político-Administrativa establece con esta sentencia “interpretativa” que la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha sido expresamente designada como órgano de control fiscal externo por la normativa que rige la materia; además, que ejerce como función fundamentalmente y por antonomasia, “un control fiscal interno especializado de la Fuerza Armada Nacional y otros órganos del Sector Defensa, en los términos en que se precisará al examinarse el siguiente punto”.

Por otra parte, la Sala indicó que respecto al control interno de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, compete “a sus respectivas Unidades de Auditoría Interna y en el supuesto de que tales entes no cuenten con dichas unidades de control, se aplicará lo previsto en el trascrito Parágrafo Único del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es decir, corresponderá al órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (Contraloría General de la República), previo examen del caso concreto, autorizar que las funciones de los mismos sean ejercidas por aquel  que tiene atribuido el control interno del órgano de adscripción, esto es, por la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional”.

Asimismo, que la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejerce un control fiscal externo sui generis sobre las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/194202-01421-151216-2016-2011-0044.HTML

Régimen presupuestario de los municipios


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Sala Constitucional. 

Ampliación de sentencia.

TSJ/SC Nº 1107. Fecha: 15/12/2016.

Caso: Poder Ejecutivo Municipal del Municipio Bolivariano Santiago Mariño del Estado Aragua, solicitó ampliación de la sentencia n.° 954 del 22 de noviembre de 2016, dictada por esta Sala Constitucional, en la que se declaró la admisión de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa que el mismo propuso contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, al publicar la “Ordenanza sobre el Régimen para la Comparecencia de los Funcionarios y Funcionarias Públicas y los o las Particulares ante el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua”, sin que el Alcalde del referido Municipio refrendara y promulgara la misma.

Decisión: Procedente la ampliación de sentencia. La Sala expuso:

Igualmente, visto lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, esta Sala, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado de la causa, para preservar las resultas del juicio, evitar que se causen daños de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias reseñadas respecto a la atención del Ejecutivo Local en el pago de beneficios y compromisos laborales con los trabajadores y trabajadoras de esa entidad local y sus dependencias adscritas, así como el hecho que el país se encuentra bajo un Estado de excepcionalidad,  ACUERDA –mientras se decide el recurso  interpuesto y con el objeto de prevenir posibles vicios de inconstitucionalidad- que todo acuerdo presentado para aprobación por el Concejo Municipal debe consultarse con carácter obligatorio al Ejecutivo Local, a los fines de determinar su conformidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, y se ORDENA al Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua abstenerse de modificar las partidas presupuestarias previamente estructuradas por el Alcalde de dicho Municipio, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia y responsabilidad. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional acuerda  la ampliación de la sentencia N° 954 dictada el 22 de noviembre de 2016 en que admitió la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. Al respecto, la ampliación del fallo está referida a la solicitud presentada por el Ejecutivo Municipal de que “se incluya en la referida sentencia las condiciones de presentación y aprobación de cualquier otro acto administrativo o instrumento jurídico que esté relacionado con la ejecución de las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional, esto en aras de no afectar la armonización en la gestión de las competencias del municipio”. Por la razón antes expuesta, la Sala ordenó que todo acuerdo que pretenda ser aprobado por el Concejo Municipal deberá ser consultado con carácter obligatorio al Ejecutivo Local, a los fines de determinar su conformidad económica. La Sala, asimismo, ordenó que el mencionado órgano legislativo del municipio Santiago Mariño del estado Aragua debe abstenerse de modificar las partidas presupuestarias previamente estructurada por el alcalde de dicha entidad municipal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193999-1107-151216-2016-16-1030.HTML

Actuación de la Fuerza Armada Nacional en las manifestaciones y protestas


2016090717365023486

Sala Político Administrativa.

Recurso de nulidad.

TSJ/SPA N° 1.351. Fecha: 1/12/2016.

Caso: Gilberto Rua interpuso demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, contra la Resolución Nro. 008610 dictada el 23 de enero de 2015 por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.589 del 27 de ese mes y año, mediante la cual se dictaron las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Decisión: Se admitió el recurso, y se negó la medida cautelar. La Sala indicó:

“Expuesto lo anterior, esta Sala observa que el accionante en su escrito de reforma al referirse a la Resolución impugnada alegó que la misma resultaba “discriminatoria, por desarrollar únicamente el control de las manifestaciones y excluir regular (sic) (…) Derechos de Manifestación Pacífica”. Asimismo, aludió a situaciones que, a su parecer, son contrarias al contenido del artículo 68 de la Constitución, relativo al derecho de manifestar.

En este sentido, vale precisar que además de tales argumentaciones el actor no invocó y, menos aún, desarrolló los elementos esenciales para el análisis del amparo cautelar y, los cuales quedaron establecidos en líneas anteriores. Concretamente, el ciudadano Gilberto Rua quien afirmó actuar como “defensor de los derechos, difusos y humanos” no fundamentó la petición cautelar, sino que solo se concretó en requerir la suspensión  temporal de los efectos del acto administrativo impugnado sin cumplir con los requisitos de procedencia establecidos jurisprudencialmente y, en particular, con la presunción del buen derecho.

Lo expuesto conlleva inexorablemente a declarar la improcedencia del amparo cautelar solicitado, por cuanto la parte actora no fundamentó el mismo y la Sala no puede suplirse en dicha actividad argumentativa y probatoria.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Político-Administrativa admitió la demanda de nulidad presentada contra la Resolución signada por el número 008610 que fue proferida por el Ministro del Poder Popular para la Defensa mediante la cual regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional en manifestaciones y protestas, y que según el parecer del demandante “vulnera el derecho de defensa”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/193319-01351-11216-2016-2015-0101.HTML