Inhabilitación política


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Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Demanda de nulidad

TSJ/SPA N° 1.110    Fecha: 17 de octubre de 2017

Caso: Vicencio Scarano Spisso interpone demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos contra la Resolución Nro. 01-00-000135 de fecha 17.02.2017, emitida por la Contraloría General de la República

Decisión: La Sala declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada por los apoderados judiciales del ciudadano VINCENCIO SCARANO SPISSO, contra la Resolución número 01-00-000135 dictada el 17 de febrero de 2017 por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por medio de la cual se impuso al demandante la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el lapso de quince (15) años. 2.- ADMITE la demanda de nulidad. 3.-IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar.

Extracto:

(…) observa este Alto Tribunal de manera preliminar que en el caso de autos la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de quince (15) años no puede ser considerada per se y de forma automática como una vulneración del referido derecho constitucional, por cuanto dicha sanción es la consecuencia jurídica establecida en la Ley, la cual debe ser aplicada por el Máximo Órgano Contralor con ocasión de la eventual declaratoria de la responsabilidad administrativa y la gravedad de las irregularidades en las que incurran con su actuación los y las  particulares, por lo que debe desecharse la violación denunciada por la parte actora. Así se declara. (Vid. Sentencia de esta Sala número 00062 del 2 de febrero de 2012).”

Comentario de Acceso a la Justicia: El fallo en cuestión, a pesar de admitir el recurso de nulidad en contra de la decisión de la CGR que declaró la inhabilitación del alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo Vicencio Scarano Spisso, rechaza expresamente la acción de amparo cautelar que presentó el mencionado ciudadano con el propósito de suspender los efectos de esa medida administrativa que estuvo basada en el artículo 105 de la legislación que rige la materia contralora, disposición que ha sido reconocida expresamente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como violatoria de los principios y valores democráticos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/203854-01110-171017-2017-2017-0649.HTML

Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción vs. Juez Provisorio o Temporal


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Recurso de Nulidad

TSJ/SPA Nº 1007

Fecha: 09/08/2017

Caso: Carmen Coralina Parejo interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo en el que incurrió la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al no dar respuesta al recurso de reconsideración interpuesto contra los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. CJ-14-2262 y CJ-14-2619 ambos de fecha 30.07.2014.

Decisión: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, actuando con el carácter de Fiscal del Ministerio Público; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad ejercida por la abogada Carmen Coralina Parejo contra la “denegatoria por silencio administrativo ante la interposición del Recurso de Reconsideración” ejercido contra los oficios “CJ-14-2262 y CJ-14-2619 de fecha 30 de julio de 2014” emanados de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; 3.- FIRMES los actos administrativos impugnados; 4.- Se ORDENA el pago de la diferencia de salarios, beneficios y demás asignaciones laborales percibidos por la demandante desde el 30 de julio de 2014 hasta el 24 de octubre de 2015, conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 420 la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Extracto:

(…) Ahora bien, también esta Sala ha indicado que toda sanción disciplinaria debe necesariamente estar antecedida por el procedimiento administrativo correspondiente, sea que se trate de un funcionario o de una funcionaria de carrera o de un funcionario o de una funcionaria de libre nombramiento y remoción.

Por el contrario, en los casos de remoción de un Juez o de una Jueza cuyo nombramiento ha sido de forma provisional o temporal, el acto administrativo que determina su separación del cargo no tiene que estar sujeto necesariamente a un procedimiento. Justamente, la garantía de estabilidad del Juez o de la Jueza y, por ende, el derecho a ser sometido o sometida al procedimiento correspondiente, se alcanzan con el concurso de oposición consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como una exigencia sine qua non para acceder al cargo de Juez o Jueza con carácter de titular o Juez o Jueza de carrera; estabilidad esta que no poseen los Jueces Provisorios ni Temporales así como tampoco las Juezas Provisorias ni Temporales. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional número 2.414 del 20 de diciembre del 2007 y sentencias de esta Sala números 00224 y 00321 de fechas 18 de febrero de 2009 y 4 de marzo de 2009, respectivamente).

(…) OMISSIS (…)

Determinado lo anterior resulta necesario traer a colación, el criterio sostenido por la Sala Constitucional en función del cual la potestad que tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a los Jueces designados y a las Juezas designadas con carácter provisional, es de carácter discrecional. En efecto, la aludida Sala en sentencia número 2.414 del 20 de diciembre de 2007, señaló que los Jueces Provisorios y las Juezas Provisorias carecen de estabilidad en los respectivos cargos y, por consiguiente, sus designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la exigencia de someterlos o someterlas a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar las razones específicas y legales que dieron lugar a la remoción (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica una vez más su criterio adoptado en el año 2005, acerca de la ausencia de estabilidad de los jueces Provisorios y/o temporales, a pesar de que ellos, como cualquier funcionario tiene derecho a un debido proceso y a la estabilidad en el ejercicio de sus potestades. No el mismo que un juez provisorio no goce de la misma estabilidad que un juez titular a que no goce de estabilidad alguna.Ccabe resaltar el hecho de que a pesar de que se afirma en la sentencia que los funcionarios administrativos de libre nombramiento y remoción tienen derecho a ser removidos a través de un acto debidamente motivado (tal y como lo exige la LOPA para cualquier acto administrativo); no obstante este derecho se les niega a los jueces provisorios y/o temporales, al concluir la Sala que pueden ser separados de sus cargos sin que medie motivación específica alguna acerca de las razones que provocaron la decisión y sin que se lleve a cabo procedimiento alguno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202350-01007-9817-2017-2014-1492.HTML

Nulidad del Reglamento de Visado de Estados Financieros y otras actuaciones del Contador Público por violar la reserva legal


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA N° 989      Fecha: 09/08/2017

Caso: Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela) apela sentencia de fecha 22.05.2003, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar por los ciudadanos Laura Álvarez Yépez, Juan Carlos Arends y otros contra el Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público, aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la mencionada Federación celebrada entre los días 10 y 12.02.2000.

Decisión: La Sala declara -SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela); -ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Observa esta Máxima Instancia que el visado debe ser el reconocimiento, por parte del Colegio respectivo del cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo referente a la forma y presentación de los informes y dictámenes.

No obstante, se infiere que la revisión que dispone el artículo 1 del Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público -en cuanto al visado- está referida esencialmente al pago efectivo de los aportes previstos en su artículo 4. Por lo tanto, en este caso, el Visado equivale a contribución.

Respecto a la posibilidad de establecer elementos del tributo mediante normas de rango sublegal, exponen los abogados apelantes que, por cuanto le corresponde al Poder Ejecutivo la atribución de reglamentar las leyes -y la potestad tributaria es inherente a la función administrativa-, esta facultad también la poseen algunos órganos administrativos y por tanto, el Reglamento anulado en el fallo impugnado no vulneró los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante.

(…) OMISSIS (…)

De lo anterior resulta evidente que la creación de gravámenes es materia de reserva legal y en consecuencia, solamente le está dada a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, la atribución de fijar mediante reglamento las cuotas ordinarias “que deben pagar a sus respectivos cuerpos los inscritos y asociados a los Colegios de Contadores Públicos y Delegaciones”, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, en concordancia con el artículo 42 de su Reglamento.

(…) OMISSIS (…)

Concluye la Sala que el cobro del “aporte de visado” de las certificaciones y dictámenes preparados por los profesionales de la Contaduría Pública -no previsto en la Ley- constituye una contribución especial impuesta por vía reglamentaria, por ende resulta violatorio de lo establecido en los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 del Código Orgánico Tributario al crearse -por esta vía- contribuciones parafiscales; por tanto, lo que correspondía era declarar la vulneración del principio constitucional de reserva legal en materia tributaria y en consecuencia su nulidad, tal como se desprende del texto de la sentencia impugnada, razón por la cual se desestima este alegato. Así se decide.

Aunado a lo anterior, a criterio de esta Sala resulta importante destacar que, aun cuando la Ley especial permita reglamentar la revisión de las actuaciones de los Contadores Públicos para el cumplimiento de las normativas dictadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela -referentes al cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo relativo a la forma y presentación de los informes y dictámenes-, el cobro de cantidades de dinero por la implementación del visado, como mecanismo de protección para el ejercicio de la actividad profesional de la contaduría y de los usuarios de tales servicios, establecido por vía reglamentaria, constituye un tributo inconstitucional e ilegal y un requisito contra lege para el ejercicio de dicha profesión.

(…) OMISSIS (…)

Aunado a ello, como también quedó establecido en la presente decisión, no deben los colegios profesionales, en este caso la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, condicionar el ejercicio de la Profesión al pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, pues ello constituye una limitación ilegal al ejercicio profesional del contador público y una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones anteriormente expuestas esta Sala extiende los efectos de la sentencia apelada, al reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016 y, en consecuencia, declara también la nulidad del mencionado Reglamento y de cualquier otro que haya dictado la aludida Federación, de cuyo contenido se advierta la reedición del texto normativo anulado por la sentencia impugnada y que mediante este fallo se confirma. Así se declara.

Por cuanto el contenido del presente fallo es de interés general y declara la nulidad de normas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial. Así se determina (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: El alegato tanto de la Corte Primera como de la SPA para confirmar la decisión de aquella, es que el Colegio de Contadores Públicos violó la reserva legal, al crear un tributo mediante un Reglamento, estableciendo que la cuota que deben cancelar los Contadores Públicos por concepto de visado por sus actuaciones profesionales, es una contribución especial y por ende materia de reserva legal. Este argumento resulta frágil por cuanto la propia Ley del Ejercicio del Contador Público (artículo 20) otorga la facultad para establecer o fijar cuotas a sus miembros inscritos, pero al mismo tiempo no señala que el incumplimiento de tales contribuciones sea causal de inhabilitación para el ejercicio profesional, por lo cual la violación del principio de reserva legal en materia de sanciones estaría en este argumento y no en el utilizado por la Sala.

Palabras Clave: REGLAMENTO, RESERVA LEGAL, NULIDAD 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202368-00989-9817-2017-2016-0345.HTML

Límites al derecho de acceso a la información


MONITOREO1

Sala Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Demanda

TSJ/SPA: 982      Fecha: 09/08/2017

Caso: Asociación civil Transparencia Venezuela interpone demanda por abstención contra el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Decisión: La Sala declara INADMISIBLE la demanda por abstención ejercida por la asociación civil TRANSPARENCIA VENEZUELA.

Extracto:

“Con vista a lo anterior, cabe destacar que de la señalada documentación y del escrito de demanda, se desprende que la parte demandante se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de petición y a la información, así como la violación de los principios que rigen la actividad administrativa conforme a lo establecido en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y; 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo; indicando genéricamente -tanto en sede administrativa como judicial- que la información solicitada permitirá “…que [esa] organización participe libremente en los asuntos públicos y que ejerza control en la ejecución de los recursos y gestión de la administración pública, genere propuestas con el conocimiento actual de las actividades desarrolladas por la Administración y promueva la eficiencia de las instituciones del Estado”.

Establecido el contenido de las citadas comunicaciones y a fin de continuar el análisis sobre la admisión de la presente demanda por abstención, es importante referir que la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, se pronunció con carácter vinculante acerca del derecho a la información contenido en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los términos indicados a continuación:

“(…) el derecho a la información está legitimado en función del principio de transparencia en la gestión pública, que es uno de los valores expresamente establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el artículo 143 eiusdem expresamente regula tal derecho, en los términos siguientes:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (resaltado añadido).

De dicha lectura se infiere que aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida. Así, la invocación del derecho constitucional a la información no actúa como causa excluyente de la antijuricidad.

De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”. (Vid., sentencia  Nro. 0745 del 15 de julio de 2010).

El fallo citado determina los límites al ejercicio del derecho a ser informado que tiene el ciudadano, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida; por lo que el derecho a la información no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad.

De modo que a partir de la citada sentencia, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la información, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales requiere la información, así como justificar que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar.

Al circunscribir el análisis al caso concreto, se aprecia que la representante judicial de la recurrente en cuanto al primer requisito, expresó que su mandante envió las comunicaciones supra descritas, con el objeto de informar al Ministro del Poder Popular para la Alimentación, la recepción de dos denuncias sobre posibles hechos de corrupción cometidos en la distribución y venta de alimentos por parte de la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), aunado a la solicitud de información relacionada con los planes y acciones a implementar por la referida autoridad para atender lo expuesto.

Respecto al segundo requisito, la representación judicial de la accionante indicó que el uso de la información solicitada contribuirá con la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión pública y la disminución de los niveles de corrupción en las instituciones públicas.

En el asunto que se examina se observa que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiere la información y lo que en su criterio, justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización y uso que le pretende dar; sin embargo, a juicio de esta Sala, en este caso concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, en el sentido de que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar, motivo por el que no se considera satisfecha la referida exigencia (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 1447 del 15 de diciembre de 2016, caso Transparencia Venezuela vs. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La inadmisibilidad de esta demanda, al igual que en otras demandas presentadas por otras asociaciones civiles incluida la propia demandante, se basa en una sentencia con carácter vinculante dictada por la Sala Constitucional acerca del alcance del ejercicio del derecho constitucional a la información.

Ha de recordarse que esos requisitos, que limitan el ejercicio de un derecho humano, fueron creados por la Sala Constitucional y no se compadecen con los estándares internacionales en materia de acceso a la información, pues en los casos de asuntos de interés general, como la corrupción, no es compatible con el derecho a la información el solicitar la justificación sobre el uso que se le va a dar a la misma, pues resulta obvio que al ser de interés general, cualquiera debe tener acceso a ella.

En consecuencia, la sentencia aplica los criterios de la Sala Constitucional pero al mismo tiempo viola el derecho a la información de los solicitantes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202361-00982-9817-2017-2017-0456.HTML

Formas de manifestación de la vía de hecho


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Sala Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Demanda contra una vía de hecho

TSJ/SPA Nº 952      Fecha: 09/08/2017

Caso: Rebeca Cristina Manzanares Ramírez interpone “recurso contencioso administrativo funcionarial” conjuntamente con acción de amparo contra la presunta vía de hecho cometida por el Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Aragua.

Decisión: La Sala declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de reclamación contra la vía de hecho ejercida por la ciudadana REBECA MANZANARES RAMÍREZ.

Extracto:

“En este contexto debe indicarse, que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que “ningún órgano de la administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales efectos”.

Al respecto cabe señalar, que si bien tal disposición legal se encuentra contenida en el Capítulo V, Título III de la aludida Ley, referido a la “Ejecución de los Actos Administrativos”, la vía de hecho puede producirse no solo por actuaciones materiales de la Administración en ausencia de una decisión administrativa previa, sino también cuando se materializa un exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada, lesionando un derecho o garantía constitucional del particular. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional Nro. 00912 de fecha 5 de mayo de 2006).

Ahora bien, en el caso bajo examen, de una revisión exhaustiva de las actas procesales se desprende que no consta en autos que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia como órgano competente, haya dejado sin efecto la designación de la ciudadana Rebeca Manzanares Ramírez como Jueza Itinerante de Primera Instancia de los Circuitos Judiciales Penales, así como tampoco hay evidencia de que se hubiere impartido la orden de excluirla de la nómina del Poder Judicial y del seguro médico, de lo cual se puede concluir que las actuaciones llevadas a cabo por el Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y la Dirección Administrativa Regional del Estado Aragua de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no tienen fundamento en una decisión administrativa emanada de la autoridad competente según lo dispuesto en el artículo 6, aparte 6 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.   Aunado a la falta de decisión administrativa, de los medios probatorios cursantes en el expediente este Órgano Jurisdiccional verifica un exceso y una desproporción en la ejecución de la orden de entrega del Tribunal, que se evidencia de los siguientes hechos:

a)La accionante no pudo hacer la entrega personal del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control Nro. 7 del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, tal como se evidencia del “Acta de Entrega Formal del Juzgado”de fecha 11 de junio de 2010, la cual fue suscrita exclusivamente por el Secretario del Tribunal. (Folio 358 del expediente judicial).

…OMISSIS…

b)La demandante fue excluida de la nómina del Poder Judicial y del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad que la amparaba, inmediatamente después de que el Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua diera la orden de entrega del Tribunal.

…OMISSIS…

c)No hay constancia en autos que el programa de jueces itinerantes haya concluido en el Estado Aragua para la fecha que se produjo la lesión.

…OMISSIS…

d) Frente a la solicitud de reincorporación en la nómina del Poder Judicial y el seguro médico realizada por la accionante ante la Dirección Administrativa Regional del Estado Aragua de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura el 15 de junio de 2010, no se produjo ningún tipo de respuesta ni aclaratoria sobre su situación laboral.” 

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala indicó las distintas formas en que se puede materializar una vía de hecho, a saber: en ausencia de acto administrativo que la respalde o por exceso en la ejecución de uno existente. En tal sentido, consideró que el Presidente del Circuito Penal de Aragua incurrió en vía de hecho, al momento de ejecutar el cese de funciones de la demandante como Juez Penal Itinerante

Asimismo, la Sala señaló que el Juez Presidente del Circuito y el Director de la DEM, infringieron la inamovilidad laboral por fuero maternal de la demandante y señalan de igual modo, que los mismos infringieron el contenido de los artículos 51, 75, 76, 91 y 93 Constitucionales. A pesar de ello no ordenó la remisión del expediente al Ministerio Público para que el mismo determinara las responsabilidades que de ello se generaran con lo que incumplió la obligación que tienen todos los órganos públicos de denunciar la comisión de cualquier hecho punible. 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202324-00952-9817-2017-2011-0149.HTML

¿Qué dice la sentencia Nº 545 de la Sala Constitucional?


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La Sala Constitucional, en el mismo día de un paro cívico nacional por la grave crisis que vive el país, dictó su sentencia Nº 545 de este año, en que anuló el procedimiento de designación de los 13 magistrados y 21 suplentes, que está llevando a cabo la Asamblea Nacional por considerar nulo el nombramiento realizado por la Asamblea Nacional saliente el 23 de diciembre de 2015. Debe aclararse que esta sentencia es muy oportuna porque la Asamblea Nacional aprobó juramentar a los magistrados el viernes 21 de julio, es decir el día después de la sentencia de la Sala, así que esta pretende impedirlo, ya que no solo anula esa decisión del Parlamento, sino que además advierte a los parlamentarios y a los magistrados que deberían ser juramentados mañana que si lo son incurrirán en usurpación de funciones, delito establecido en el artículo 213 del Código Penal.

¿Qué dice la sentencia Nº 544 de la Sala Constitucional del TSJ?


MONITOREO1

El Tribunal Supremo de Justicia dictó su Sentencia Nº 544 de la Sala Constitucional en la cual requiere a la Contraloría General de la República iniciar una investigación respecto de la aeronave marca King Air 300 Bech Aircraft Corporation, matrícula YV2899, serial FA-48, la cual según indicó el Fiscal Auxiliar Juan Torres Bonilla en su escrito del 8 de junio de 2017, tiene como “actual siglas YV3082”, e informe sobre las resultas a la Sala. Se trata de una averiguación en contra de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, por el presunto uso indebido de un avión privado.

Estabilidad de los profesores contratados de la UCV


MONITOREO1

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Apelación Amparo

Nº Exp: 15-1131      TSJ/SC Nº Sent: 505      Fecha: 28-06-2017

Caso: Universidad Central de Venezuela apela la “sentencia dictada (el 28 de octubre de 2015) por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano Jesús Manuel Silva Rivas, y en consecuencia, ordenó su reincorporación al puesto de Profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho dentro de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, así como el pago de los sueldos dejados de percibir y la publicación, por parte de la referida universidad, de un desagravio dirigido al querellante”, y en consecuencia solicitó “que se remita el presente expediente al Tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre la presente apelación y se continúe con la presente querella funcionarial en las Cortes Primera o Segunda de lo Contencioso Administrativo”.

Decisión: DECAIMIENTO DEL OBJETO en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús Manuel Silva contra “(…) DECISIÓN del 3 de marzo de 2015 del JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL a cargo de la JUEZA DEYANIRA MONTERO ZAMBRANO mediante la cual REVOCA AMPARO, asimismo contra AUTO del 18 de marzo de 2015 que falsamente declara INCOMPARECENCIA la (sic) parte actora; así como para restablecer el orden jurídico ante el EXTRAVÍO DE EXPEDIENTE número JSCA3-N-2014-0106 del mencionado JUZGADO donde cursa RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR en el cual soy DEMANDANTE contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA”; y en consecuencia, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA; en consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada, dictada el 28 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano JESÚS MANUEL SILVA RIVAS contra la referida casa de estudios. ORDENA al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, ejecutar su decisión de fecha 28 de octubre de 2015 que quedó definitivamente firme, debiendo informar a esta Sala al respecto, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de las presentes actuaciones, so pena de desacato.

Extracto:

“Fue en este último artículo, según se desprende de los autos, en el cual se basó la decisión de la Universidad Central de Venezuela de no renovar el contrato al profesor accionante; ante lo cual esta Sala, en consonancia con lo establecido en la sentencia apelada, señala que no podía cerrarse la asignatura que impartió ininterrumpidamente por más de dos (2) años el Profesor Jesús Manuel Silva Rivas, y aún en el caso de que no se abra el curso, por no existir el supuesto quórum requerido para abrir la asignatura, de conformidad con la última de las normas transcritas, ello no sustrae al hoy querellante como beneficiario de la estabilidad que le otorga el Acta Convenio suscrita entre la Universidad Central de Venezuela y su Asociación de Profesores, cuerpo normativo contentivo de las condiciones generales de trabajo, que a título de contrato, regulan las relaciones entre la Universidad Central de Venezuela y los miembros del Personal Docente y de Investigación a su servicio, específicamente en la cláusula 42, para el caso de los profesores contratados, cuya inobservancia por parte de la querellada es precisamente el núcleo de la pretensión de la parte actora.

Ello así, y de conformidad con la aludida cláusula contractual, en términos de la decisión cuestionada, era obligación de la Universidad Central de Venezuela garantizar los derechos del Profesor Jesús Manuel Silva Rivas, en el caso que nos ocupa, específicamente de resguardar su estabilidad laboral, no pudiendo ser despedido, trasladado, desmejorado o removido, sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente, previsto en la normativa aplicable, por lo que ciertamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al aplicar erróneamente el dispositivo contenido en el artículo 3° de las “Normas sobre el Cupo Mínimo de Estudiantes requeridos para la Apertura de Asignaturas en Semestres Continuos, Cursos Monográficos y Seminarios”, desconociendo su derecho a la estabilidad laboral previsto en la cláusula 42 del Acta Convenio suscrita entre la Universidad Central de Venezuela y su Asociación de Profesores. Así se declara.

A mayor abundamiento, tal como acertadamente advirtiese el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, importa destacar que respecto a la estabilidad de la cual gozan los profesores contratados por más de dos (2) años por la Universidad Central de Venezuela, ya se ha pronunciado la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en decisión de fecha 24 de octubre de 2011 (caso:María Elena Leonett Guevara vs. UCV)…”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia está dedicada a proteger a los profesores contratados de la UCV. De hecho determina que los profesores contratados por más de dos (2) años gozan de estabilidad laboral, según lo previsto en la cláusula 42 del Acta Convenio suscrita entre la Universidad Central de Venezuela y su Asociación de Profesores.

Sobre esta base, mal pueden ser despedidos, trasladados, desmejorados o removidos los profesores sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente, tal como ocurrió con el profesor Jesús Silva, a quien se le cerró la asignatura que impartía ininterrumpidamente en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, de la UCV, desconociéndosele la estabilidad laboral que había adquirido.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/200516-505-28617-2017-15-1131.HTML    

Responsabilidad extracontractual del Estado por daños morales


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Demanda

 

TSJ/SPA Nº: 388      Fecha: 22-06-2017

Caso: Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila interponen demanda por indemnización de daño moral contra la sociedad mercantil Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC).

Síntesis y comentarios:

Es ente caso la SPA declaró con lugar la demanda presentada por las ciudadanas Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila contra la empresa del Estado CORPOELEC como indemnización por el daño moral causado a raíz de la muerte de Guillermo Sahmkow Perera y de su hijo, quienes fallecieron el día 13 de junio de 2010 a causa de “congestión y edema pulmonar por electrocución”, producido por “un conductor o línea electrificada que se había desprendido del poste”, situado en la calle Lisboa entre las calles Bolívar y Alí Jurado, Sector Playa Norte de Chichiriviche, Estado Falcón.

Al respecto, debe hacerse notar, que son pocos los casos en que el TSJ a través de la SPA reconoce y declara la responsabilidad patrimonial del Estado, institución fundamental de un Estado constitucional de derecho que aparece consagrada en el artículo 140 de la Constitución.

Es importante este fallo porque le permite a la SPA reiterar las condiciones para responsabilizar al Estado por los daños morales experimentados por las demandantes con motivo de la muerte del señor Guillermo Sahmkow Perera y de su hijo. Debe destacarse, asimismo, que los parámetros para la determinación de los daños morales están previstos en el artículo 1.196 del Código venezolano, disposición que a pesar de su naturaleza civil resulta aplicable supletoriamente al régimen público de la responsabilidad estatal.   

Decisión: CON LUGAR la demanda por indemnización de daño moral interpuesta por las ciudadanas Cristina María Sánchez Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow Ardila, y por ende: 1.- ACUERDA para la demandante Cristina María Sánchez Cruz una indemnización por el daño moral causado con ocasión de la muerte de su esposo y de su hijo la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.197.744.099,16). 2.- ACUERDA para la demandante Andrea Alejandra Sahmkow Ardila una indemnización por el daño moral causado con ocasión de la muerte de su padre y de su hermano, la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON DIECISEIS CÉNTIMOS (Bs.197.744.099,16).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/200276-00388-22617-2017-2012-1730.HTML     

 

Naturaleza jurídica de acto convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente


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Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 647      Fecha: 06-06-2017

Caso: Yvett Lugo Urbaez, Elinor Teresa Montes Méndez, Letty Mercedes Piedrahita, Elenis Rodríguez Martínez, Carlos Alfonso Prince, Jaime Daniel Martínez Mila y Omar Estacio interponen demanda de nulidad conjuntamente con acción de amparo y solicitud subsidiaria de medida cautelar de suspensión de efectos, contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, ambos de fecha 01.05.2017, dictados por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Síntesis y comentarios:  

Expone la SPA en este fallo que el Presidente de la República como Jefe del Poder Ejecutivo Nacional tiene atribuidas un conjunto de competencias previstas tanto en la Constitución como en el resto del ordenamiento jurídico; “de manera que puede dictar actos que son ejecución directa e inmediata de la Carta Magna, pues obedecen al ejercicio de competencias previstas de manera expresa en ella, o puede dictar actos de rango sublegal, en ejecución de leyes u otras normas de inferior jerarquía”.

En razón de lo anterior, y con el apoyo de lo asentado por la SC-TSJ en la sentencia N° 2748 del 20 de diciembre de 2001, recaída en el caso: Javier Elechiguerra Naranjo, la SPA estableció que los actos dictados por el Presidente de la República referentes a la convocatoria y las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente son actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y, en consecuencia, es competencia de la SC del máximo tribunal del país conocer de la demanda de nulidad presentada por los abogados Yvett Lugo Urbaez y otros en contra de los Decretos presidenciales Nos. 2.830 y 2.831.

Es de interés, además destacar, lo dicho por la SPA acerca de la competencia de la SC y la jerarquía de los actos “(…) el criterio acogido por el constituyente y seguido por el legislador para definir las competencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, atiende a la jerarquía del acto objeto de impugnación respecto del Texto Fundamental, esto es, que dicho acto tenga una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de mayor jerarquía dentro del sistema jurídico venezolano”. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nos. 1.243 del 13 de agosto de 2014; y 393 del 6 de abril de 2016).

Decisión: INCOMPETENCIA para conocer la “demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad” ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos, por  los abogados Ivett Lugo Urbaez, Elionor Teresa Montes Méndez y otros contra los Decretos Nros. 2.830 y 2.831, dictados por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y publicados en la Gaceta Oficial Nro. 6.295 Extraordinario del 1° de mayo de 2017, mediante los cuales: i) convocó una Asamblea Nacional Constituyente; y ii) creó una Comisión Presidencial a tales fines. Se DECLINA la competencia para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/199659-00647-6617-2017-2017-0428.HTML