Censura indirecta a la libertad de prensa


El TSJ aprueba inconstitucionalmente la prórroga​ ​de la emergencia económica

Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Demanda por derechos o intereses difusos o colectivos

N° de Sentencia: 1.085                                   Fecha: 8 de  diciembre de 2017

Caso: Asociación Civil “Espacio Público” y otros interpusieron demanda para la protección de los derechos e intereses difusos conjuntamente con amparo cautelar, contra el ciudadano Hugo César Cabezas Bracamontes, en su carácter de Director General del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., por las presuntas irregularidades en la venta, distribución y entrega de papel periódico al Diario “El Carabobeño” del estado Carabobo, lo cual conforme a lo alegado por los y las demandantes lesiona flagrantemente los derechos a la no discriminación e igualdad y; a la libertad de expresión e información consagrados en las disposiciones contenida en los artículos 21, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Decisión: Declara SU INCOMPETENCIA para conocer la demanda interpuesta.  COMPETENTE un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción del Estado Carabobo que corresponda, ORDENA la remisión e INOFICIOSO efectuar pronunciamiento sobre el amparo cautelar solicitado.

Extracto:

“…del escrito libelar se desprende la invocación de la tutela de un interés de naturaleza difusa, alegando la parte actora que es “(…) un bien que atañe a la colectividad, no atribuible a un sector poblacional identificable o individualizado y que, sin vínculo jurídico que los una, se vean lesionados o amenazados por el mismo hecho denunciado (…)”.  

De igual modo, observa esta Sala que conforme con lo alegado por las y los justiciables, el Diario “El Carabobeño” es “(…) un emblemático diario regional con 81 años de historia y uno de los medios de comunicación más importantes antiguos y preferidos del estado Carabobo (…)” También este diario opera en la región central (…)”. (Énfasis de esta Sala).

Además, se evidencia claramente que quienes hacen valer sus derechos e intereses difusos ante este órgano de administración de justicia son diversas asociaciones civiles, sin fines de lucro, no gubernamentales, independientes y autónomas, –personas colectivas que tienen por objeto representar agrupaciones de individuos cuyos intereses requieren protección- cuya finalidad es la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de los medios de comunicación, así como por el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por varios ciudadanos y ciudadanas domiciliados en la ciudad de Valencia del Estado Carabobo, quienes consideran afectados sus derechos a la no discriminación e igualdad y a la libertad de expresión e información en virtud de la presunta negativa por parte de la Dirección del COMPLEJO EDITORIAL ALFREDO MANEIROS.A., de proporcionar de manera regular el suministro tradicional de las bobinas de papel al Diario “El Carabobeño”.

Al respecto, la doctrina de esta Sala Constitucional, ha determinado en reiteradas sentencias, que estamos en presencia de los intereses difusos cuando las pretensiones:

“(…) se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión.

Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…)”. (Ver sentencias Nros. 483/2000, 656/2000, 770/2001, 1571/2001, 1321/2002, 1594/2002, 1595/2002, 2354/2002, 2347/2002, 2634/2002, 3342/2002, 2/2003, 225/2003, 379/2003, 1924/2003, 3648/2003, 1522/2007, 1617/2011, 436/2013, 1186/2015, 429/2016). (Subrayado de esta Sala).

En plena sintonía con el criterio jurisprudencial citado, se puede colegir que el presente caso trata de una solicitud de tutela de intereses difusos, por cuanto, es solicitada en primer lugar; por grupos gremiales dedicados al periodismo y a la comunicación social, cuya finalidad es la defensa de la libertad de expresión e información y en segundo lugar; por habitantes de la ciudad de Valencia del Estado Carabobo, ya que alegan no poder expresar sus ideas u opiniones a través de un medio de comunicación escrito, así como estar informados de manera oportuna, veraz e imparcial, en virtud del cese en la distribución del Diario “El Carabobeño”, configurándose así la protección de un número indeterminado de individuos que representan a toda la sociedad o a un segmento cuantitativamente importante de ella. Así se declara.

Determinada la naturaleza de la demanda por derechos e intereses difusos, corresponde analizar si la situación denunciada como lesiva tiene relevancia nacional. Se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales a la no discriminación e igualdad y la libertad de expresión e información, contemplados en los artículos 21, 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la falta de suministro de material a un diario de circulación regional. En consecuencia, esta Sala concluye que la presente causa no reviste relevancia nacional, ya que sus efectos están circunscritos al Estado Carabobo y sus adyacencias, lo cual determina que el ámbito de afectación es regional, razón por la cual esta Sala debe declararse incompetente para conocer de la demanda para tutelar los intereses difusos incoada, tal como lo consagra el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en plena sintonía con lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

En virtud de la anterior declaratoria y con base en la norma citada se establece que el órgano jurisdiccional competente para conocer la presente causa es un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que corresponda previa distribución, el cual deberá pronunciarse respecto a la admisibilidad de la demanda propuesta…”.

Comentario de Acceso a la Justicia: La escasez de papel de prensa es la nueva forma de censurar –indirectamente- a los medios de comunicación por parte del Gobierno nacional. A pesar que con esta sentencia la Sala Constitucional (SC)  remite el caso a un tribunal de primera instancia, aún cuando la situación denunciada es nacional y no regional, y no deja de ser relevante pues pone en evidencia cómo se ha criminalizado la libertad de  prensa en el país.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/206255-1085-81217-2017-16-0323.HTML

Elección diputados por el estado Amazonas a la AN


El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas

Sala: Electoral

Tipo de recurso: Recurso contencioso electoral con medida cautelar

N° de Sentencia: 221                                Fecha: 7 de diciembre de 2018

Caso: Pedro Luis Cabello Hermoso interpone recurso contencioso electoral conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra las Elecciones de Diputados y Diputadas a la Asamblea Nacional, en la Circunscripción Electoral número 1, del estado Amazonas

Decisión: Declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el recurso contencioso electoral interpuesto el 17 de marzo de 2015 por los abogados Francisco Encinas Verde y Agustín Díaz Díaz  actuando en nombre propio, contra “(…) la Normativa Sobre Postulaciones de Precandidatos a Elecciones Primarias de 2015 de la Mesa de la Unidad Democrática aprobada en Caracas a los 9 días del mes de marzo de 2015 (…) por la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (…)”.

Extracto: 

“…Corresponde a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre la obligación de la parte recurrente respecto al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento de los interesados, en el lapso previsto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:

El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos. (Negrillas de la Sala).

 Conforme a la norma citada, el emplazamiento de los interesados debe realizarse mediante cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, con la carga procesal para la parte recurrente de su retiro, publicación y consignación en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición.

 El incumplimiento de la parte recurrente de esta obligación es sancionado con la perención de la instancia, que constituye uno de los modos anormales de extinguir la relación procesal. En ese sentido, la Sala Político Administrativa, en relación a la perención de la instancia, declaró en sentencia número 01279 del 7 de noviembre de 2013:

La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Al respecto, es criterio reiterado de esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que “(…) la perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso. El efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, y no impide que se ejerza de nuevo la acción para reclamarlo” (vid. Sentencias números 43 del 18 de marzo de 2014, 163 del 13 de noviembre de 2013 y 131 del 8 de octubre de 2013).

De conformidad con lo expuesto, esta Sala Electoral observa que en el presente caso, verificado en autos la constancia de las notificaciones ordenadas el 11 de junio de 2015, se libró el cartel de emplazamiento el 07 de noviembre de 2017 (folio 67 del expediente), con la carga procesal de la parte recurrente de retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición, los cuales transcurrieron, así: 08, 09, 13, 14, 15, 16 y 20 de noviembre de 2017. En consecuencia, hasta el 20 de noviembre de 2017 la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la carga procesal referida.

De igual forma, consta que el 21 de noviembre de 2017, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral ordenó agregar al expediente el original del cartel de emplazamiento librado el 07 de noviembre de 2017 (folio 67 del expediente), lo cual evidencia que la parte recurrente incumplió la carga de retirar el mencionado cartel para su posterior publicación y consignación.

Considerando lo anterior, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Electoral declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por no existir razones de orden público que justifiquen la continuación del procedimiento. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: A pesar de que la Sala Electoral (SE) declaró concluido este caso, no tiene nada que ver con la sentencia 260 en la que suspendió a los cuatro diputados. Por tal razón, la situación de los diputados electos en los comicios parlamentarios celebrados en diciembre de 2015 por el estado Amazonas no muestra ningún cambio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/206153-221-71217-2017-2015-000140.HTML

Publicidad electoral anticipada


CNE-VIOLARA-SU-REGLAMENTO-NOTA2

Sala: Electoral

Tipo de recurso: Recurso contencioso electoral por abstención

N° de Sentencia: 214                                 Fecha: 7 de  diciembre de 2017

Caso: La abogada Astrid Herrera, actuando en representación de la Asociación Civil “Transparencia Venezuela” interpuso recurso contencioso electoral de abstención o carencia contra la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, por no haberse pronunciado sobre la admisibilidad de las denuncias formales realizadas por esta organización consignadas en fecha 3,6,20,26,30 de noviembre y 7 de diciembre de 2015.

Decisión: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso electoral interpuesto. 2. SIN LUGAR el recurso contencioso electoral por cuanto no se configura negativa tácita, así como tampoco omisión, abstención o carencia de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, respecto al inicio del procedimiento o trámite de las denuncias presentadas los días 20, 26, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2015 por la Asociación Civil “Transparencia Venezuela”.

Extracto:

“…observa la Sala que ante la Administración Electoral fueron presentadas diversas denuncias realizadas por la Asociación Civil Transparencia Venezuela, actuando como intermediaria de supuestos denunciantes a través de redes sociales, correo electrónico y de la red móvil “Dilo Aquí”, que a su decir, realizaron señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción respecto a la propaganda y publicidad electoral, a través de fotografías, videos y notas de prensa, en el marco de las elecciones parlamentarias 2015.

Advierte la Sala que dichas denuncias se realizaron con fundamento en los artículos 75, 76, 85 y 86 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y lo dispuesto en los artículos 224 al 226 del Reglamento General de la referida Ley, solicitando que “(…) se investiguen los hechos denunciados, se determine los responsables de la colocación y uso de bienes públicos para el beneficio de una determinada parcialidad política y se proceda a establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas que hubiera lugar (…)”. 

Ahora bien, a los fines de constatar la existencia de obligación legal del Consejo Nacional Electoral de dar respuesta a la parte recurrente sobre las denuncias realizadas en las fechas señaladas, resulta necesario observar la regulación de los procedimientos de averiguación administrativa por hechos considerados como infracción de las normas sobre propaganda electoral, con base en lo previsto en el artículo 66 numeral 5, de la Ley Orgánica del Poder Electoral que es del siguiente tenor:

La Comisión de Participación Política y Financiamiento tiene las siguientes funciones:

           (…)

Solicitar al Consejo Nacional Electoral el inicio de las averiguaciones administrativas por presuntas irregularidades que se cometan en los procesos electorales, de referendo y otras consultas populares, cuando deriven elementos que pudieren considerarse delitos o faltas. (Destacado de la Sala).

El procedimiento para el inicio de la averiguación administrativa a que hace referencia la anterior disposición se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento, de la manera siguiente:

(…)

De acuerdo con las normas transcritas, la solicitud de la recurrente ante la Administración Electoral se enmarca en la regulación del procedimiento de denuncias a instancia de parte ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento sobre hechos relacionados con propaganda y publicidad electoral, conforme al cual deberá el Consejo Nacional Electoral evaluar previamente el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias de la denuncia presentada, y de encontrar indicios suficientes, iniciará la averiguación administrativa y ordenará al órgano competente la apertura y formación del respectivo expediente.

Es decir, el inicio de dicho trámite se encuentra condicionado a la constatación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el referido Reglamento General en el señalado lapso de dos días hábiles, y en caso contrario, impone la ley que el Consejo Nacional Electoral “desestimará la denuncia y ordenará su archivo”. En ese sentido, aprecia la Sala que ni la ley, ni el reglamento aplicable establecen o atribuyen al Consejo Nacional Electoral, o bien, a la Comisión de Participación Política y Financiamiento el deber u obligación de informar, emitir respuesta o acto de efectos particulares al denunciante respecto de “la admisibilidad” de las denuncias formuladas en el lapso de dos días hábiles, tal como alega la parte recurrente, así como tampoco de dictar notificación alguna sobre la admisibilidad de la denuncia de que se trate, siendo que en el caso concreto, se observa que la Asociación Civil Transparencia Venezuela, actuó ante la Administración Electoral en su pretendido carácter de intermediaria o representante de unos supuestos denunciantes que no están identificados, ni consta en autos el otorgamiento de poder o mandato a quien dice representarlos, conforme lo dispone el artículo 226, en sus numerales 1 y 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, lo cual no podría dar lugar al inicio del trámite de las denuncias recibidas por parte del órgano rector electoral. Así se establece.

Del mismo modo, se observa que la parte recurrente solicita a la Sala Electoral ORDENE a la Comisión de Participación Política y Financiamiento órgano subordinado del Consejo Nacional Electoral el inicio de las correspondientes averiguaciones administrativas, su efectiva tramitación y posterior establecimiento de responsabilidades con ocasión a la colocación de propaganda indebida y uso de recursos públicos para beneficio de una parcialidad política en las instituciones públicas del estado denunciadas el 3, 6, 20, 26, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2015” (destacado del original).

Al respecto, la Sala advierte contradicción de la organización recurrente en cuanto al objeto de impugnación judicial, ya que por una parte, aduce que el recurso es contra la “negativa tácita” del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la admisibilidad de las denuncias, y de otra, alega una supuesta “abstención o carencia” del Poder Electoral en dar respuesta sobre las denuncias presentadas con base en el derecho constitucional de petición, y solicita se ordene el inicio de la averiguación administrativa y la imposición de las sanciones correspondientes.

Considerando el análisis realizado en el presente fallo, la Sala Electoral observa que en el caso de autos no se configura negativa tácita del órgano recurrido con respecto a las solicitudes realizadas por la parte actora con fundamento en supuestos hechos previstos en la ley electoral sobre publicidad y propaganda electoral, por cuanto la normativa aplicable no establece dicha consecuencia jurídica en la regulación del procedimiento de averiguación administrativa antes referido. Así se establece.

(…) 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 745 de fecha 15 de julio de 2010 ha interpretado que el derecho de petición y oportuna respuesta respecto de los funcionarios y entes de la Administración Pública supone que, ante la petición de un particular, la Administración se encuentra en la obligación de dar respuesta específica a la solicitud; o en todo caso, indicar las razones por las cuales no resuelve respecto de lo que se le hubiere solicitado (vid. sent. 2031/2003 caso: Miguel Antonio Albornoz Rodríguez y Rosalba Marcano de Albornoz), sin que sea obligatorio dar una respuesta favorable a la petición del administrado.

En cuanto a la satisfacción del derecho de petición mediante el recurso contencioso por abstención o carencia, la Sala Constitucional en sentencia N° 547 de fecha 6 de enero de 2004, expresó:

(…) el recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede -y debe- dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida, sin que se distinga si ésta es específica o genérica. En consecuencia, puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente una petición administrativa –con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado- en garantía del derecho de petición. (Destacado de la Sala)

En este sentido, la Sala Electoral habiendo constatado que no existe obligación legal de la Administración Electoral que exija el cumplimiento de emitir un acto de contenido particular respecto de las denuncias formuladas, ya que al recapitular el contenido de las disposiciones de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento General, se observa que el inicio de la averiguación administrativa sobre publicidad y propaganda electoral constituye una potestad de la Administración Electoral que puede ser impulsada de oficio, o a instancia de parte mediante denuncia del interesado, con la previa verificación del cumplimiento de los requisitos que debe contener el escrito de denuncia, y solo en caso de encontrar indicios suficientes. Así, en caso que sea iniciada la averiguación, mediante acto de apertura se formará y sustanciará el expediente respectivo. En caso contrario, es decir, de no cumplir la denuncia las condiciones exigidas para su debida tramitación, o de ausencia de indicios suficientes para iniciar la averiguación, se desestimará la denuncia y se ordenará su archivo.

Ahondando más en la concepción de la denuncia, se puede afirmar que esta no es un modo de inicio per se del procedimiento de averiguación administrativa, sino que a través de ella el denunciante actúa como colaborador de la Administración, ya que pone en su conocimiento la ocurrencia de un hecho, que de encontrarse indicios suficientes, puede dar lugar al inicio de la averiguación administrativa.

En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 1899 del 26 de octubre de 2004, con relación a la figura de la denuncia apreció que “(…) sólo determinará el inicio formal del procedimiento cuando el órgano administrativo la valore y considere que los hechos en ella denunciados pueden ser subsumidos en alguno de los supuestos prohibidos por la Ley”.

Sobre el particular, esa misma Sala en decisión N° 1705 del 25 de noviembre de 2009, señaló que:

(…) debe esta Sala reiterar que la denuncia constituye un acto preliminar a través del cual la Administración Pública llega a tener conocimiento de unos hechos, que podrán ser considerados por el órgano competente como suficientes para comenzar el procedimiento sancionatorio respectivo, o bien ser desestimados por no constituir falta alguna o por infundados. De allí, que la “legitimidad” de un denunciante no es un presupuesto necesario para que la Administración Pública realice una averiguación sancionatoria, toda vez que, en definitiva, es el órgano competente quien, si lo estima procedente, inicia dicho procedimiento con ocasión a los hechos descritos por quien formula la denuncia. (Vid. Sentencia N° 2119 del 31 de octubre de 2000).

En este orden de ideas, visto que de acuerdo a los artículos 66 numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, 85 y siguientes de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y 224 del Reglamento General es potestad de la Administración Electoral ordenar el inicio de la averiguación administrativa por hechos relacionados con la supuesta infracción de normas relativas a publicidad y propaganda electoral, no podría ser condenada a una obligación de hacer, con fundamento en la violación del derecho constitucional de petición, en virtud de no haber dado una pretendida respuesta al particular sobre el inicio de dicho procedimiento, ya que es necesario que exista obligación legal de actuación, conforme al principio de legalidad.

Por lo anterior, concluye la Sala que en el caso de autos no se evidencia la configuración de omisión, abstención o carencia por parte de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, respecto al inicio de la averiguación o trámite de las denuncias presentadas los días 20, 26, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2015  por la Asociación Civil Transparencia Venezuela ante el señalado órgano del Poder Electoral. En consecuencia, la Sala Electoral declara Sin Lugar el recurso contencioso electoral interpuesto. Así se decide”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se puede encontrar en este fallo cómo  la Sala Electoral (SE) desestima las denuncias contra las campañas electorales anticipadas y el uso de los fondos públicos presentadas por la ONG “Transparencia Venezuela” en el marco de las elecciones parlamentarias que se celebraron el pasado mes de diciembre de 2015, en otro intento de proteger al Consejo Nacional Electoral (CNE) y los intereses del Gobierno nacional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/206146-214-71217-2017-2016-000003.HTML

Régimen de lactancia materna


MONITOREO1

Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Solicitud de revisión

N° de Sentencia: 991                          Fecha: 30 de noviembre

Caso: Solitud de revisión constitucional sobre la decisión dictada el 05 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la sociedad mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), inadmisible la acción de amparo que intentara contra el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Maturín del Estado Monagas, ratificando la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y del Régimen Procesal Transitorio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 20 de agosto de 2015.

Decisión: Que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 05 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. SEGUNDO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter ex nunc el régimen de lactancia materna con alimentación complementaria en las jornadas laborales”.

Extracto:

dada la progresividad de los derechos que han ido evolucionando de manera acelerada desde la promulgación de nuestra Carta Magna de 1999, así como la trascendencia colectiva nacional tanto en materia laboral como de familia, teniendo como norte la necesidad de establecer una regulación uniforme de la materia que conlleve a la disminución y posterior eliminación de la discriminación laboral femenina (sobre todo en edades reproductivas) en la selección de personal así como internamente en las instituciones laborales, aclarar el alcance de la norma prevista en el artículo 2 de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.

En este sentido, el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé la protección tanto a la paternidad como a la maternidad, estableciendo la garantía de que Estado brindará los medios para garantizar la asistencia y protección de la maternidad.

Asimismo el artículo 78 eiusdem desarrolla lo relativo al interés superior del niño, entendiéndose éste como un principio fundamental que orienta todo lo relacionado a la niñez. En este sentido esta Sala se pronunció al respecto en la sentencia número 1917, de fecha 14 de julio de 2003, estableciendo, entre otras cosas, lo siguiente:

El “interés superior del niño”, en tanto concepto jurídico indeterminado, tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. A título ejemplificativo, el niño debe ser protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o familiares.

Dentro de este ámbito de protección, por el hecho mismo de la maternidad, tanto el padre como la madre tienen el deber de mantener, educar e instruir a sus hijos menores de edad. De estas obligaciones se desprende tácitamente el deber de alimentar el hijo menor de edad por parte de los padres.

Con el cumplimiento de dicha obligación se garantiza derechos esenciales para el desarrollo integral del niño y del adolescente, tales como: Nivel de vida adecuado (artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), salud y servicio de salud, educación y recreación (artículos 4, 53 y 61eiusdem). (Héctor R. Peñaranda. Derecho de Familia, Apuntes Luz, 2013).

Consecuente con la garantía de protección general de la maternidad y del devenir correcto del niño a través del interés superior de éste, establecidos a partir de la promulgación del Texto Constitucional de 1999, el Estado ha realizado un arduo trabajo desde diferentes ámbitos buscando consolidar el desarrollo efectivo los derechos antes mencionados.

En este sentido, en el año 2007 el Poder Legislativo dictó la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, la cual tiene como objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna a fines de garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas.

Asimismo de la exposición de motivos de dicha ley, se desprende, entre otras cosas, lo siguiente: 

Es de suma importancia contar en nuestro país con una Ley, que garantice la práctica adecuada de la lactancia materna y la alimentación complementaria oportuna y debidamente administrada. Asimismo este instrumento jurídico permite garantizar los derechos de las madres trabajadoras en el periodo de amamantamiento, promover prácticas éticas en la comercialización de los alimentos infantiles y establecer las sanciones en casos de infracción.

La lactancia materna exclusiva o complementada con otros alimentos es concebida y reconocida científicamente como el método ideal y la estrategia nutricional por excelencia requerida por los niños y niñas durante los primeros seis meses de vida y hasta los dos años.

El periodo entre el nacimiento y los dos años de edad es considerada como “ventana de tiempo crítica” para la promoción del crecimiento, la salud y el desarrollo óptimo de los niños.

Se ha comprobado científicamente que ésta es la edad en la que ocurren fallas de crecimiento, deficiencia de ciertos micronutrientes y enfermedades comunes de la niñez.

La práctica de la lactancia materna le brinda al niño y niña todos los requerimientos nutritivos en sus primeros seis meses de vida; lo protege e inmuniza de enfermedades y contribuye al buen desarrollo de su capacidad respiratoria y gastrointestinal, ayudando a la formación de niños y niñas sanos, fortaleciendo el vínculo filial madre- hijo/a. (Subrayado de este fallo).

De lo anterior se desprende que con dicha ley se busca fijar la lactancia materna como el alimento primordial para los niños en edad de lactancia, ello en virtud de los múltiples beneficios que conlleva dicha práctica en la fase inicial del desarrollo del niño.

Ahora bien, el artículo 2 eiusdem prevé lo siguiente:

Artículo 2: Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en condiciones adecuadas que garanticen su vida, salud y desarrollo integral. Asimismo, las madres tienen derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el apoyo y colaboración de los padres.

Los padres y demás integrantes de las familias deben alentar y brindar todo el apoyo necesario para que las madres puedan ejercer el derecho humano previsto en este artículo en beneficio de sus hijos e hijas.

El Estado, con la participación solidaria de las comunidades organizadas, promoverá, protegerá y apoyará la lactancia materna exclusiva a libre demanda de los niños y niñas hasta los seis (6) meses de edad y, la lactancia materna con alimentación complementaria oportuna, adecuada, inocua y debidamente administrada hasta los dos (2) años de edad. El ministerio con competencia en materia de salud podrá incrementar esta edad mediante resolución especial. (Subrayado de este fallo).

Se vislumbra del artículo citado que el Estado deberá promover, proteger y apoyar la lactancia materna con alimentación complementaria hasta los dos años de edad.

La alimentación complementaria se encuentra definida en el artículo 5.1 de la Ley en cuestión, la cual establece que por alimentación complementaria deberá entenderse “El proceso mediante el cual se introducen nuevos alimentos en la dieta del niño o niña lactante, sin abandono de la leche materna a partir de los seis (6) meses de edad, la cual deberá ser oportuna, adecuada, inocua, debidamente administrada y preparada en base a alimentos disponibles en la localidad.”

De modo pues que el Estado brindará el apoyo y protección a la madre lactante, por hasta dos años, siempre y cuando el niño/a se encuentre amamantando de forma exclusiva a los 6 primeros meses de edad, y con alimentación complementaria desde ese momento hasta los dos años después de nacido.

Ahora bien, en el ámbito laboral la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna con alimentación complementaria debe entenderse como una licencia prevista legalmente para la madre trabajadora hasta que el lactante cumpla los dos años, que es distinta al permiso que se otorga para el descanso pre y post natal.

En este sentido el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2006, en su artículo 100 establece que:

El período de lactancia, a que se refiere el artículo 393 de la Ley Orgánica del Trabajo, no será inferior a seis (6) meses contado desde la fecha del parto, sin perjuicio de que los Ministerios del Trabajo y Salud puedan extender este período mediante Resolución conjunta.

La mujer trabajadora, finalizado el período de licencia postnatal, notificará al patrono o patrona la oportunidad en que disfrutará los descansos diarios para la lactancia. El patrono o patrona sólo podrá imponer modificaciones a lo planteado por la trabajadora, cuando a su juicio ello afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva y lo acredite fehacientemente. En caso de desacuerdo entre las partes, el Inspector o Inspectora del Trabajo decidirá si existe o no desmejora de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En igual orden de ideas, el artículo 345 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es específico al prever que:

Durante el período de lactancia, la mujer tendrá derecho a dos descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a su hijo o hija en el Centro de Educación Inicial o sala de lactancia respectiva.

Si no hubiere Centro de Educación Inicial con sala de lactancia, los descansos previstos en este artículo serán de una hora y media cada uno.

Se desprende de lo anterior que la protección a la lactancia con alimentación complementaria consiste en una serie de permisos otorgados a la madre trabajadora destinados a la lactancia del niño, de modo pues que si el lugar de trabajo cuenta con un centro de educación inicial o en el mismo se ha  destinado una sala para la lactancia, el descanso será por dos (2) veces al día por un lapso de treinta (30) minutos, mientras que si el lugar de trabajo no cuenta con el centro de educación inicial o la referida sala, el descanso se concederá por un lapso de una hora y treinta minutos dos (2) veces al día.

Ahora bien, resulta fundamental esclarecer que en los casos en los cuales el lugar de trabajo no posea centro de educación inicial o sala de lactancia, los referidos permisos serán utilizados al inicio y final del horario de trabajo, es decir, si una madre empieza su jornada laboral a las 8:30am ésta podrá llegar una hora y media más tarde, esto es, a las 10:00am, de igual forma hará uso de su segundo lapso de permiso al finalizar su jornada, por lo que podrá retirarse de su sitio de trabajo una hora y media antes de lo pactado, en garantía del interés superior de su niño o niña.

De igual forma, esta Sala Constitucional no se encuentra ajena a las realidades sociales y aquellas que devienen de las relaciones laborales, por lo que apunta que en el caso de disfrutar del descanso atinente al lapso de una hora y treinta (30) minutos dos (2) veces al día, en virtud de las razones expresadas ut supra, tendrá la trabajadora la posibilidad de plantear al patrono la solicitud de acumular ambos permisos, lo cual de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo podrá ser posteriormente modificado por el patrono en el supuesto de que afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva, advirtiendo que tal modificación deberá estar fehacientemente demostrada toda vez que, reitera esta Sala Constitucional, se garantiza indubitablemente la estructura para ejercer los derechos en beneficio de las generaciones de relevo.

Ello así, en la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho, nuestro ordenamiento jurídico apuesta por obtener como fin teleológico de nuestra sociedad la suprema felicidad, situación por la cual establece parámetros para el efectivo disfrute de los derechos sociales, sin que ello niegue la posibilidad de convenios entre partes para regular las diversas situaciones fácticas que esta Sala Constitucional no limita en atención a los derechos del niño o niña que se beneficia de tal licencia.

Asimismo, para acceder al goce del descanso para el amamantamiento en el período de la alimentación complementaria, la madre deberá consignar al patrono los requisitos establecidos en el artículo 3 de la resolución conjunta n° 271, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, de fecha 22 de septiembre de 2006 y publicado en Gaceta Oficial n° 38.528, la cual desarrolla de manera puntual y objetiva los requisitos necesarios para disponer de dicho permiso, ya que por el tiempo que el mismo se ha estipulado en aras de la progresividad de los derechos a los que expresamente alude la Constitución, el mismo debe otorgarse cumpliendo las exigencias antes establecidas que permiten el equilibrio entre la prestación del servicio y la efectiva garantía y goce de tal beneficio.

Tal resolución establece lo siguiente:

Artículo 3º.- Para disfrutar de los descansos para amamantar a su hijo o hija, la madre trabajadora deberá presentar mensualmente ante el patrono o patrona un certificado de consulta de control de salud del hijo o hija, expedido por un centro de salud, en el cual se deje constancia de la asistencia oportuna a la consulta, del amamantamiento y, de ser el caso, de la condición de salud de la madre, su hijo o hija de conformidad con el numeral 2 del artículo 1 de esta Resolución. (Subrayado de este fallo).

Toda madre lactante que cumpla con los requisitos supra señalados en la resolución precitada, y que formule tal solicitud, debe obtener de manera obligatoria, por parte de su patrono, el permiso para realizar el amamantamiento en los términos establecidos en el presente fallo. El hecho de que dicha licencia sea de obligatorio cumplimiento por parte del patrono, no significa que opere de pleno derecho, pues debe previamente ser requerido en forma expresa por parte de la madre lactante y en cada caso variará el tiempo de duración de la licencia de alimentación complementaria, de acuerdo a la situación particular en relación con la posibilidad de amamantar de la madre.

Asimismo, debe recalcar la Sala que la licencia en cuestión, como se dijo antes, no es de obligatoria solicitud por parte de la madre lactante, ello en virtud de que puede que ésta no pretenda amamantar o no pueda por sus condiciones hacerlo, y por ende no es una licencia obligatoria y necesaria por parte de la madre.

Dentro de este mismo orden de ideas, resulta válido señalar que la presente licencia no necesariamente debe ser por el lapso de los dos (2) años establecidos supra, ya que esto dependerá del caso en concreto y se demostrará mediante los exámenes mensuales que deberá consignar la madre lactante a los fines de validar el permiso, visto que puede ocurrir que una madre deje de amamantar cumplido el año del niño o menos, es decir, esta licencia no posee un término específico pues puede culminar de un momento a otro, sólo que el tiempo máximo es de dos (2) años.

Con fuerza en las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece, conforme a la potestad otorgada en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con carácter vinculante que, una vez concluido el descanso post natal, la madre lactante podrá solicitar licencia para la alimentación complementaria, en los términos que se establecen supra, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley, para así demostrar que efectivamente el niño o la niña, según sea el caso, se encuentra en período de alimentación complementaria y que la madre se encuentra amamantando, ya que el fin último de la Constitución y la normativa analizada es garantizar y proteger el interés superior del niño o niña. Por último se establece que la presente decisión tendrá efectos ex nunc en el tiempo. Así se establece.

En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Máximo Tribunal con el siguiente titulado: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter ex nunc el régimen de lactancia materna con alimentación complementaria en las jornadas laborales”. Y así se ordena.

Comentario de Acceso a la Justicia:   A pesar que la Sala Constitucional (SC) declaró que no era viable la revisión constitucional solicitada por el apoderado judicial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas por no contradecir ningún criterio jurisprudencial de la mencionada Sala, el juez constitucional no desaprovechó la ocasión para “interpretar” y establecer el “nuevo” alcance que tendrá el permiso por lactancia materna previsto en el artículo 2 Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna.

En efecto, la SC argumentado la vigencia y el respeto que merecen los principios de progresividad en la interpretación de los derechos y  del “interés superior del niño” (artículo 78 de la Constitución) estableció que las mujeres parturientas podrán gozar de dos años de permiso laboral para amamantar a sus hijos. Si bien es destacable, al respecto, el carácter beneficioso de este criterio jurisprudencial, es evidente que configura otro caso emblemático en que la SC desnaturaliza las funciones que le asigna la Constitución venezolana, especialmente por invadir  la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/205884-991-301117-2017-16-0103.HTML

Estado de Excepción


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Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Constitucionalidad de ley

N° de Sentencia: 959                           Fecha: 22 de noviembre de 2017

Caso: Declaratoria de constitucionalidad del Decreto Presidencial N° 3.157 del 10 de noviembre de 2017 mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional

Decisión: 1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 3.157 del 10 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.267 de esa misma fecha, mediante el cual se prorroga el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional (Decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017), dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República. 2.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.157 del 10 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.267 de esa misma fecha. 4.- NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.157 del 10 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.267 de esa misma fecha. 5.-Se REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo los acuerdos dictados y leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. 6.- Se REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. 7.- Se ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Extracto:

“…revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es prorrogar por sesenta (60) días, el plazo establecido en el decreto N° 3.074 (analizado en sentencia n° 364/17).

La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refieren a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, sus prórrogas o aumentos del número de garantías restringidas, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números: 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan tales situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida digna de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

En fin, estima esta Sala que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

Finalmente, esta Sala reitera una vez más que el órgano legislativo nacional se encuentra en flagrante desacato al Poder Judicial, específicamente, a las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; razón por la cual, cualquier acto mediante el cual se pretenda desaprobar o inobservar el Decreto antes indicado es nulo, inexistente, ineficaz y carente de validez. Así se declara.

Por último, se ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia”.         

Comentario de Acceso a la Justicia: Se trata de un fallo que sólo repite las supuestas consideraciones empleadas por el Ejecutivo Nacional para declarar el estado de excepción, lejos totalmente de ejercer el control jurídico-constitucional sobre la validez de los fundamentos de hecho y de derecho de ese acto gubernamental en los términos que impone los artículos 336.6, 337 y 339 de la Constitución. Se observa, sobre todo, la falta de revisión sobre los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad a los que la ONG Acceso a la justicia ha insistido con mucho énfasis desde que fue decretado el primer Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional según Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario del 14-01-2016.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/205517-959-221117-2017-17-0953.HTML

Control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil


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Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Desaplicación de normas

Materia: Derecho Constitucional

N° de Sentencia: 831          Fecha: 27 de octubre

Caso: Revisión de la sentencia dictada el 15 de marzo de 2017 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se desaplicó parcialmente, por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil

Decisión: 1.- CONFORME A DERECHO la desaplicación -parcial- por control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, efectuada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia N° 95, dictada el 15 de marzo de 2017. 2.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del expediente, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990, en lo que respecta a exigir a los abogados que se dispongan a actuar ante este Tribunal Supremo de Justicia, que posean el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; así como a la obligación de acreditar tales condiciones, ante el respectivo Colegio de Abogados, a los efectos de efectuar las actuaciones descritas en la norma desaplicada. 3.-Se ORDENA notificar al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensor del Pueblo, respectivamente. 4.-Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.

Extracto: “…los requisitos y formas exigidos legalmente para la tramitación de los recursos, serán manifiestamente violatorias del derecho a la tutela judicial efectiva (en sus vertientes del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso), cuando impongan limitaciones en el acceso a los recursos, que carezcan de toda justificación razonable, es decir, cuando se rompa la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho a la tutela judicial efectiva.

 Desde la perspectiva antes reseñada -fundamentada en el principio pro actione, resultan manifiestamente contrarias al contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las interpretaciones judiciales, e inclusive, las normas legales adjetivas, atinentes a los requisitos de admisibilidad de los recursos, cuyos contenidos sean puramente formalistas, en la medida en que se desvinculen de su finalidad propia, reduciéndose a unas formas vacías de sentido.

 Esta visión del proceso judicial a través del prisma del derecho a la tutela judicial efectiva, permite conjurar el formalismo, siendo este último, en criterio de esta Sala, la perversión o depravación de la forma procesal como garantía. A ello hace referencia el artículo 26 de la Constitución, cuando establece que “El Estado garantizará una justicia (…) sin formalismos o reposiciones inútiles; así como la parte in fine del artículo 257 eiusdem, según el cual “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Hechas las anteriores consideraciones de índole técnico-jurídico, esta Sala estima necesario delimitar el contenido de la norma desaplicada en el caso de autos, para luego evaluar su contenido a la luz de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 324.- Para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado deberá ser venezolano, mayor de treinta (30) años y tener el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de 5 años continuos. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las condiciones expresadas, y el Colegio le expedirá la constancia correspondiente y lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos en este artículo, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación. Se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso la Corte declarará perecido el recurso inmediatamente.

De la lectura de la disposición legal antes transcrita, se desprende que a los efectos de la formalización y contestación del recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, se requiere poseer una capacidad de postulación especial, para cuya conformación el abogado actuante deberá reunir las siguientes condiciones:

  1. a)Ser venezolano y mayor de treinta (30) años;
  2. b)Tener el título de doctor en alguna rama del Derecho; o
  3. c)Un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; y
  4. d)Acreditar ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las anteriores condiciones. Dicho ente gremial le expedirá al abogado la constancia correspondiente y lo comunicará a este Tribunal Supremo de Justicia. 

Igualmente, dicha disposición legal señala de forma expresa, que el apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos antes reseñados, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación.

Por último, la mencionada norma establece, de forma expresa, que se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso (escrito de formalización), el Tribunal Supremo de Justicia declarará perecido el recurso inmediatamente.

Precisado lo anterior, y luego de un análisis comparativo del contenido del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, a la luz del contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa, con meridiana claridad, que exigir, en el caso de autos, poseer el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos y acreditar ante el respectivo Colegio de Abogados que reúnen las anteriores condiciones, a los efectos de realizar las actuaciones descritas en el párrafo anterior, constituyen ilegítimas limitaciones en el acceso al recurso de casación, que carecen de toda justificación razonable de cara a la realización de la Justicia, puesto que su exigencia implica un quiebre manifiesto de la proporcionalidad exigible entre la finalidad de dichos requisitos, respecto de las consecuencias negativas que ello acarrea para el derecho a la tutela judicial efectiva, en sus manifestaciones específicas del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso.

En este orden de ideas, dichos requisitos son susceptibles de ser catalogados como formalismos inútiles, en el sentido de que carecen de una finalidad legítima y plausible, respecto de la validez del recurso de casación propuesto y de las actuaciones subsiguientes, reduciéndose, de este modo, a unas exigencias formales vacías de sentido, que se traducen en un sacrificio insalvable de la Justicia.

Siendo así, las exigencias formales antes descritas, en criterio de esta Sala Constitucional, resultan reprochables a la luz de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que representan, de modo manifiesto y grosero, un atentado contra los derechos de acceso a la justicia y al recurso, en los términos señalados supra, como bien lo estableció la Sala de Casación Civil, en la sentencia objeto de la presente revisión.

Por tanto, esta Sala Constitucional comparte el resultado decisorio plasmado en la decisión del 15 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, así como también los razonamientos empleados para articular la justificación de dicho fallo, toda vez que, tal como se indicó supra, aplicar al caso de autos el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, derivaría, a la vista de las circunstancias fácticas que rodean el presente caso, consecuencias irremediablemente inconstitucionales. Así se declara”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se advierte con esta sentencia el grave peligro que representa por “modificar” los requisitos legales que deben cumplir los abogados para ejercer el recurso de casación ante el TSJ, pues obvia las garantías mínimas que son necesarias para interponer este recurso extraordinario y la complejidad y requerimientos que el mismo contiene. Lo cierto es que esta decisión de la Sala Constitucional (SC), que avala un criterio de la Sala de Casación  Civil (SCC),  no garantiza para nada el imperio de la ley, además de desnaturalizar la esencia e importancia de este medio procesal extraordinario en la legislación procesal venezolano.

Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán: “…considera la Magistrada disidente que las exigencias contenidas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil en modo alguno constituyen simples “formalismos inútiles”, carentes de finalidad legítima y plausible, por el contrario, se trata de requerimientos lógicos y razonables dentro del ámbito de configuración del recurso extraordinario de casación en el proceso civil.

En efecto, es criterio de quien aquí disiente que el legislador estableció tales exigencias en función de la naturaleza extraordinaria de dicho recurso cuya existencia tiene como fines esenciales el proteger el derecho de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la seguridad jurídica (nomofilaquia y uniformidad de la jurisprudencia), a diferencia del recurso ordinario de apelación, con el que se persigue un reexamen ex novo de la controversia (más orientado a la consecución de la justicia del caso en concreto), de forma que la supresión de tales requisitos implica desconocer la esencia misma de dicho recurso y convierte a la institución de la casación civil venezolana en una especie de tercera instancia, lo cual resulta contrario a su propia estructura, tal como fue concebida en el vigente Código de Procedimiento Civil, aspecto éste que sólo podría ser modificado por la vía de la reforma a dicho texto adjetivo.

En criterio de la Magistrada disidente, sin menoscabo de la prohibición de sacrificar la justicia por el cumplimiento de formalidades no esenciales, se está confundiendo formalidad con formalismos, obviándose qué es el recurso de casación. Así, procurando mantenernos dentro del esquema procesal tradicional venezolano de la doble instancia, el recurso de casación no es más que una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Se trata de un recurso extraordinario que si no está sometido a requisitos de años de formación y de experiencia por parte de los abogados formalizantes, así como de los que intervienen en los actos de contestación, réplica y contraréplica se convertiría, como en efecto se hace con esta nueva decisión, en una tercera instancia.

El hecho es que el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencia requiere estar sometido a la satisfacción de un mínimo de requisitos que permitan cotejar de forma objetiva las supuestas ilegalidades del fallo con el resto de las actas procesales teniendo como referencia las argumentaciones contenidas en la formalización. En otras palabras, siendo que el objeto de la técnica casacional es que la formalización contenga las especificaciones y los razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias; aquella encuadra perfectamente dentro de la expresión “escrito razonado” a la que alude el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil y ello exige de un profesional que cumpla con las exigencias del artículo 324 eiusdem”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204617-831-271017-2017-17-0532.HTML

Derecho a la información


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Apelación

TSJ/SPA N°: 1.108              Fecha: 17 de octubre de 2017

Caso: Asociación Civil Transparencia Venezuela apela sentencia de fecha 27.10.2016, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda por abstención interpuesta contra la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, (CANTV)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA VENEZUELA contra la sentencia número 2016-0735 de fecha 27 de octubre de 2016. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado

Extracto:

(…) se observa que en el fallo apelado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la demanda por abstención ejercida, por considerar que la representación judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela no dio cumplimiento a las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión número 745 del 15 de julio de 2010. Al respecto, la Corte verificó que la accionante pretende exigir el ejercicio del derecho a la información arguyendo simplemente que dirigió infructuosamente una serie de peticiones al Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), sin precisar el uso que desea darle a la información solicitada ni la forma en que la misma afecta su esfera jurídica.

Ahora bien, en este estado del análisis es necesario atender al criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional en el mencionado fallo número 745 del 15 de julio de 2010 y citado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, acerca del ejercicio del derecho a la información consagrado en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la mencionada sentencia, la referida Sala dispuso lo siguiente:

“(…) el derecho a la información está legitimado en función del principio de transparencia en la gestión pública, que es uno de los valores expresamente establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el artículo 143 eiusdem expresamente regula tal derecho, en los términos siguientes:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (resaltado añadido).

De dicha lectura se infiere que aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida. Así, la invocación del derecho constitucional a la información no actúa como causa excluyente de la antijuricidad.

De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”.

Conforme a la sentencia parcialmente transcrita, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal determinó que al no tratarse de un derecho absoluto -como por ejemplo el derecho a la vida- el ejercicio del derecho del ciudadano y de la ciudadana a la información está sujeto a determinados límites, de allí que no pueda ser invocado como un elemento excluyente de la antijuricidad. Asimismo, en el fallo antes referido se establece que a partir de su publicación y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la información, el solicitante o la solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales pide la información, además de justificar que lo peticionado sea proporcional con el uso que se le pretende dar (Vid. Sentencia de esta Sala Político-Administrativa número 1.177 de fecha 6 de agosto de 2014).     

En el caso bajo examen, la representante judicial de la demandante expresó lo    siguiente:

a) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información.

(…) hicimos del conocimiento de la Presidencia de CANTV las presuntas denuncias de corrupción con la intención de que se giraran las instrucciones pertinentes a fin de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes, en caso de aplicar; y posteriormente recibir información sobre el estado de la solicitud a los fines de contribuir con el desarrollo de la empresa y de la sociedad; visto que ello no ocurrió se ratificaron las comunicaciones y se solicitó información adicional que no fue remitida.

b) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada.

(…) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, garantiza en su artículo 9, el derecho que tienen los ciudadanos a dirigir peticiones a los funcionarios públicos y la obligación que tienen estos ‘de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes’; en todo caso, que el funcionario a quien se le dirigió la petición se abstenga de recibirla o no de adecuada y oportuna respuesta ‘será sancionada de conformidad con la ley.

No obstante, ser una exigencia constitucional y legal, el otorgamiento de la información de los asuntos públicos, se cumple con referir que la información que se solicita tiene como propósito incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos, contribuir con dichas organizaciones en la remisión de buenas prácticas; así como incrementar el control para garantizar una óptima gestión pública por los empleados públicos adscritos a esa Compañía Anónima.

Vale mencionar que la ausencia de respuestas por parte del Presidente de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) a las solicitudes realizadas por esta Organización, tienen como resultado la fractura de un derecho humano, reconocido así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros Organismos Internacionales, como lo es el acceso de la información, lo cual compromete y transgrede principios fundamentales de un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia preceptuado en nuestra Carta Magna” (Destacado del texto).

De lo anterior se evidencia que lo expuesto por la representante judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en la decisión número 0745 del 15 de julio de 2010, pues lo señalado no resulta suficiente para justificar la solicitud objeto de la demanda de autos, y lo requerido no es proporcional con el uso que se le pretende dar, motivo por el que se consideran insatisfechas las referidas exigencias.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y en el criterio vinculante de la Sala Constitucional sobre la materia, esta Sala Político- Administrativa estima que el pronunciamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia número 2016-0735 de fecha 27 de octubre de 2016 resulta ajustado a derecho, lo que conlleva a que sea declarado sin lugar el recurso de apelación ejercido por la Asociación Civil Transparencia Venezuela y a que, en consecuencia, se confirme el fallo impugnado. Así se determina.”

Comentario de Acceso a la Justicia: El caso en cuestión está referido a una apelación que presentó la asociación civil Transparencia Venezuela en contra de una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la cual declaró inadmisible una demanda por abstención que había interpuesto la mencionada asociación por la falta de respuesta a la solicitud que hizo al Presidente de la empresa estatal CANTV referente a dos denuncias que había recibido por presuntas irregularidades cometidas por el personal de esa empresa. La mencionada Corte Primera, al respecto, rechazó tal demanda por considerar que la asociación civil no precisó el uso que deseaba darle a la información solicitada ni la forma en que la misma afectaría su esfera jurídica.

Esta posición fue ratificada por la SC para la cual hizo referencia a su posición plasmada en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, en que sostuvo que el ejercicio del derecho a la información no es un derecho absoluto y, por tal razón, es obligación del solicitante manifestar expresamente las razones por las cuales requiere la información y justificar el uso que se le pretenda dar. Es a partir de este argumento que el máximo tribunal ha extremado las medidas en el país para impedir y negar el ejercicio de este derecho constitucional contemplado en el artículo 143 con el propósito de ocultar información que podría perjudicar los intereses del gobierno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/203845-01108-171017-2017-2017-0634.HTML

¿Qué dice la sentencia n.° 165 de la Sala Electoral?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Interpretación

Nº Exp: 2017-000107      Nº Sent: 165      Fecha: 05-10-2017

Caso: recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, interpuesto por el ciudadano OMAR ALEXANDER ÁVILA HERNÁNDEZ, aludiendo el carácter de Secretario General de Unidad Visión Venezuela, asistido por el abogado Enio José Campos Cedeño.

Decisión: La Sala declaró: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación interpuesto. 2. ADMITE el recurso de interpretación incoado en cuanto ha lugar en derecho. 3. Declara de MERO DERECHO la causa contentiva del recurso de interpretación. 4. RESUELTA la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 5. Se ORDENA la publicación del fallo en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Artículo 63. Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral.

Aprecia la Sala en primer lugar que la norma legal trascrita dispone el derecho de las organizaciones postulantes en un proceso comicial, entre ellas, las organizaciones con fines políticos, de modificar o sustituir las postulaciones de candidatos o candidatas que presenten ante los órganos del Poder Electoral.

Asimismo establece que, hasta diez (10) días antes de la realización del acto electoral de votación, se puede modificar o sustituir la postulación presentada; ello significa que bajo ningún concepto dichas modificaciones o sustituciones pueden realizarse más allá del límite máximo señalado.

En ese sentido, observa esta Sala que dicha disposición legal prevé una condición de orden temporal para la presentación de modificaciones o sustituciones de las postulaciones realizadas, lo cual es de particular interés para el planteamiento del solicitante, por lo que esta Sala estima que la interpretación de la norma en cuestión no puede hacerse de forma aislada, y sólo puede verificarse dentro de un contexto muy particular como lo es el actual, de orden político y social, e integrarse a los principios que preconizan la nueva fisonomía del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de tal manera que la labor interpretativa se realice de manera concatenada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1999, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, destaca la Sala que la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 12 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.327 Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio del poder originario, decidió lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos;

(…)

CONSIDERANDO

Que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización;

CONSIDERANDO

Que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

DECRETA

PRIMERO. Reprogramar para el mes de octubre de 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral venezolano, en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto Constituyente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de su potestad constitucional y legal de organización de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular del Poder Público, decidió disponer sobre la reprogramación de las fases del proceso electoral de gobernadores y gobernadoras de los estados que había sido previamente convocado, según se desprende de nota de prensa publicada en la página web oficial del órgano rector electoral (http://www.cne.gob.ve/web/salaprensa/noticiadetallada.php?id=3559).

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral elaboró la reprogramación del cronograma electoral con acto de votación para el día 15 de octubre de 2017, el cual fue publicado en su página web oficial (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/cronograma_regionales_2017.pdf).

De dicho cronograma se observa que el Consejo Nacional Electoral dispuso la fase de “Sustitución y Modificación de las Postulaciones Nominales” por el término de un día (16 de agosto de 2017), estableciendo como fundamento los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y 162 de su Reglamento.

El referido artículo 63 otorga, por una parte, el derecho de las organizaciones postulantes de sustituir o modificar las inscripciones de candidatos o candidatas presentadas, y de otra, el mandato del legislador al órgano rector electoral de no exceder el límite máximo temporal de “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral” para la fijación de la mencionada fase en el cronograma electoral respectivo.

Por ello, debe precisar la Sala que la sola previsión del legislador en cuanto al límite de orden temporal no condiciona al Consejo Nacional Electoral para establecer el transcurso del período de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales. La fijación de la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas corresponde al órgano rector electoral, el cual podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación.

De tal manera que el ejercicio del derecho a realizar modificaciones a las postulaciones establecido por el legislador en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se encuentra precedido por la fijación en el cronograma electoral correspondiente de la temporalidad de la mencionada fase del proceso electoral.

Así, si bien el examen o análisis del cronograma electoral para la elección de gobernadores y gobernadoras de los estados publicado por el Consejo Nacional Electoral no constituye el objeto de la presente causa, debe advertir que el mismo contiene la oportunidad cierta para ejercer el derecho de modificar o sustituir las postulaciones realizadas por las organizaciones participantes.

Expuesto lo anterior, circunscribiéndose la Sala a la solicitud planteada por el recurrente, se debe afirmar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe interpretarse en el sentido que el Consejo Nacional Electoral puede establecer la oportunidad para la ejecución de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales, siempre y cuando no exceda el límite máximo temporal de diez días anteriores a la ocurrencia del acto electoral, atendiendo a las particularidades y requerimientos técnicos del proceso electoral de que se trateAsí se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Electoral, luego que la Sala Constitucional le declinase la competencia, ha decidido interpretar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales alterando en vez de interpretar lo que dice el artículo antes mencionado. Así, si bien dicha norma dice que “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”, la Sala hace una artificiosa interpretación de este artículo y lo convierte en otra cosa, pues indica que en realidad lo que quiere decir es que el CNE (que como se ve nunca es mencionado en el artículo en cuestión) puede establecer el día en que se hagan las sustituciones siempre y cuando no sea antes de los 10 días previos a la elección. De este modo, algo que es un derecho de los partidos se convierte, por obra y gracia de la Sala Electoral, en una potestad arbitraria del CNE para que el mismo fije cuando esto puede ocurrir. En este caso las postulaciones fueron el 13 y 14 de agosto, y el CNE había fijado las sustituciones para el 16, es decir, apenas 24 horas después de las inscripciones y sin dar tiempo a las primarias que exige el artículo 67 de la Constitución. De este modo la Sala Electoral, una vez más sirve de brazo ejecutor de los intereses del oficialismo, pues ahora en estas elecciones aparecerán en las boletas personas que renunciaron y que ya no son candidatas a pesar de haber pedido oportunamente su eliminación del tarjetón electoral.

Fuente: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cne-pone-en-peligro-oferta-electoral-para-regionales/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/203561-165-51017-2017-2017-000107.HTML

 

El pago por subsidio del beneficio de alimentación está sometido a retención del ISLR


Retenciones de ISLR 2

Sala Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA Nº Sent: 1.022     Fecha: 25-09-2017

Caso: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la sociedad mercantil Ford Motor de Venezuela, S.A. apelan sentencia de fecha 20.04.2015, dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario ejercido por la referida empresa contra las Resoluciones Culminatorias de Sumario Administrativo Nros. RCE-DSA-540-01-000090, 000098 y 0000106 del 09.10, 17.10 y 13.11 de 2001, respectivamente, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del mencionado Órgano Fiscal.

Extracto:

“De donde se colige, que la relación contractual entre las empresas Ford Motor de Venezuela, S.A. (LA COMPAÑÍA) Comedores Empresariales, S.A. (COEMSA) (EL CONCESIONARIO) se circunscribe al cumplimiento de obligaciones de hacer relacionadas con la prestación del servicio de comida a los trabajadores y a las personas que le indique la empresa, tales como, utilizar los equipos, enseres (muebles, vajillas, cubiertos, y demás utensilios) y la Cafetería que la recurrente tiene instalada en un edificio de su propiedad, así como respetar y aplicar las normas y sugerencias que le indique “LA COMPAÑÍA” sobre la seguridad y control de calidad del servicio prestado, por lo que tiene que usar los recursos técnicos y de personal que sean necesarios.

Asimismo, se infiere que los pagos recibidos por “COEMSA, están compuestos por: (i) el precio que pagan los usuarios y las usuarias al adquirir las comidas y bebidas no alcohólicas; y (ii) el monto que recibe de la recurrente, correspondiente al servicio de comida prestado, el cual surge de la diferencia del precio fijado entre ambas partes (la Compañía y el Concesionario) por la venta de los mencionados bienes y su “verdadero precio”. Por lo que, esta alzada advierte que al pago efectuado por la accionante necesariamente debe ser objeto de retención, pues se refiere a la contraprestación recibida por el servicio de comida realizado.

Por consiguiente, esta Máxima Instancia desestima la delación del vicio de falso supuesto de hecho realizada por la empresa accionante. En consecuencia, se confirma el fallo apelado respecto a la procedencia del reparo fiscal en su condición de contribuyente y de agente de retención. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica el criterio según el cual el monto que cancela la empresa a un tercero por concepto de subsidio por la prestación del servicio de comida a los empleados, está sometido a retención de impuesto sobre la renta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/203380-01022-28917-2017-2015-0893.HTML

Constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Constitucionalidad de ley

Materia: Constitucional

Nº Exp: 17-0953      Nº Sent: 727      Fecha: 25-09-2017

Caso: Solicitud de pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074  mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

Decisión: CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. Ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Extracto:

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto decretar el Estado de Excepción, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Comentario de Acceso a la Justicia: Resulta indudable la falta de fundamentación jurídica en que incurre la SC al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074 a través del cual el Presidente de la República decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. De hecho, no examina los requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el  Ejecutivo Nacional para emitir esta decisión política.

La SC solo se limita referirse a algunas notas de prensa para determinar que los hechos invocados por el Presidente de la República justifican la medida del estado de excepción decretada. Es obvio que la sentencia de la SC, como todas las anteriores, busca ofrecer un revestimiento jurídico a una decisión arbitraria e inconstitucional del Ejecutivo para mantener aún en vigencia un régimen paralelo que está divorciado absolutamente del orden constitucional del Estado venezolano.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/203324-727-25917-2017-17-0953.HTML