Control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil


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Sala: Constitucional

Tipo de recurso: Desaplicación de normas

Materia: Derecho Constitucional

N° de Sentencia: 831          Fecha: 27 de octubre

Caso: Revisión de la sentencia dictada el 15 de marzo de 2017 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se desaplicó parcialmente, por control difuso de la constitucionalidad, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil

Decisión: 1.- CONFORME A DERECHO la desaplicación -parcial- por control difuso de la constitucionalidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, efectuada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia N° 95, dictada el 15 de marzo de 2017. 2.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del expediente, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990, en lo que respecta a exigir a los abogados que se dispongan a actuar ante este Tribunal Supremo de Justicia, que posean el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; así como a la obligación de acreditar tales condiciones, ante el respectivo Colegio de Abogados, a los efectos de efectuar las actuaciones descritas en la norma desaplicada. 3.-Se ORDENA notificar al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República y al Defensor del Pueblo, respectivamente. 4.-Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.

Extracto: “…los requisitos y formas exigidos legalmente para la tramitación de los recursos, serán manifiestamente violatorias del derecho a la tutela judicial efectiva (en sus vertientes del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso), cuando impongan limitaciones en el acceso a los recursos, que carezcan de toda justificación razonable, es decir, cuando se rompa la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho a la tutela judicial efectiva.

 Desde la perspectiva antes reseñada -fundamentada en el principio pro actione, resultan manifiestamente contrarias al contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las interpretaciones judiciales, e inclusive, las normas legales adjetivas, atinentes a los requisitos de admisibilidad de los recursos, cuyos contenidos sean puramente formalistas, en la medida en que se desvinculen de su finalidad propia, reduciéndose a unas formas vacías de sentido.

 Esta visión del proceso judicial a través del prisma del derecho a la tutela judicial efectiva, permite conjurar el formalismo, siendo este último, en criterio de esta Sala, la perversión o depravación de la forma procesal como garantía. A ello hace referencia el artículo 26 de la Constitución, cuando establece que “El Estado garantizará una justicia (…) sin formalismos o reposiciones inútiles; así como la parte in fine del artículo 257 eiusdem, según el cual “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”.

Hechas las anteriores consideraciones de índole técnico-jurídico, esta Sala estima necesario delimitar el contenido de la norma desaplicada en el caso de autos, para luego evaluar su contenido a la luz de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 324.- Para formalizar y contestar el recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado deberá ser venezolano, mayor de treinta (30) años y tener el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de 5 años continuos. A los efectos de este artículo, el abogado acreditará ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las condiciones expresadas, y el Colegio le expedirá la constancia correspondiente y lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia, la cual formará una lista de abogados habilitados para actuar en ella, que mantendrá al día y publicará periódicamente. El apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos en este artículo, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación. Se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso la Corte declarará perecido el recurso inmediatamente.

De la lectura de la disposición legal antes transcrita, se desprende que a los efectos de la formalización y contestación del recurso de casación, así como para intervenir en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, se requiere poseer una capacidad de postulación especial, para cuya conformación el abogado actuante deberá reunir las siguientes condiciones:

  1. a)Ser venezolano y mayor de treinta (30) años;
  2. b)Tener el título de doctor en alguna rama del Derecho; o
  3. c)Un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos; y
  4. d)Acreditar ante el respectivo Colegio de Abogados que llena las anteriores condiciones. Dicho ente gremial le expedirá al abogado la constancia correspondiente y lo comunicará a este Tribunal Supremo de Justicia. 

Igualmente, dicha disposición legal señala de forma expresa, que el apoderado constituido en la instancia que llene los requisitos exigidos antes reseñados, no requerirá poder especial para tramitar el recurso de casación.

Por último, la mencionada norma establece, de forma expresa, que se tendrá por no presentado el escrito de formalización o el de impugnación, o por no realizados el acto de réplica o de contrarréplica, cuando el abogado no llenare los requisitos exigidos en este artículo, y en el primer caso (escrito de formalización), el Tribunal Supremo de Justicia declarará perecido el recurso inmediatamente.

Precisado lo anterior, y luego de un análisis comparativo del contenido del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, a la luz del contenido de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa, con meridiana claridad, que exigir, en el caso de autos, poseer el título de doctor en alguna rama del Derecho, o un ejercicio profesional de la abogacía, o de la judicatura, o de la docencia universitaria en Venezuela, no menor de cinco (5) años continuos y acreditar ante el respectivo Colegio de Abogados que reúnen las anteriores condiciones, a los efectos de realizar las actuaciones descritas en el párrafo anterior, constituyen ilegítimas limitaciones en el acceso al recurso de casación, que carecen de toda justificación razonable de cara a la realización de la Justicia, puesto que su exigencia implica un quiebre manifiesto de la proporcionalidad exigible entre la finalidad de dichos requisitos, respecto de las consecuencias negativas que ello acarrea para el derecho a la tutela judicial efectiva, en sus manifestaciones específicas del derecho de acceso a la justicia y del derecho al recurso.

En este orden de ideas, dichos requisitos son susceptibles de ser catalogados como formalismos inútiles, en el sentido de que carecen de una finalidad legítima y plausible, respecto de la validez del recurso de casación propuesto y de las actuaciones subsiguientes, reduciéndose, de este modo, a unas exigencias formales vacías de sentido, que se traducen en un sacrificio insalvable de la Justicia.

Siendo así, las exigencias formales antes descritas, en criterio de esta Sala Constitucional, resultan reprochables a la luz de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que representan, de modo manifiesto y grosero, un atentado contra los derechos de acceso a la justicia y al recurso, en los términos señalados supra, como bien lo estableció la Sala de Casación Civil, en la sentencia objeto de la presente revisión.

Por tanto, esta Sala Constitucional comparte el resultado decisorio plasmado en la decisión del 15 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, así como también los razonamientos empleados para articular la justificación de dicho fallo, toda vez que, tal como se indicó supra, aplicar al caso de autos el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, derivaría, a la vista de las circunstancias fácticas que rodean el presente caso, consecuencias irremediablemente inconstitucionales. Así se declara”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se advierte con esta sentencia el grave peligro que representa por “modificar” los requisitos legales que deben cumplir los abogados para ejercer el recurso de casación ante el TSJ, pues obvia las garantías mínimas que son necesarias para interponer este recurso extraordinario y la complejidad y requerimientos que el mismo contiene. Lo cierto es que esta decisión de la Sala Constitucional (SC), que avala un criterio de la Sala de Casación  Civil (SCC),  no garantiza para nada el imperio de la ley, además de desnaturalizar la esencia e importancia de este medio procesal extraordinario en la legislación procesal venezolano.

Voto Salvado de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán: “…considera la Magistrada disidente que las exigencias contenidas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil en modo alguno constituyen simples “formalismos inútiles”, carentes de finalidad legítima y plausible, por el contrario, se trata de requerimientos lógicos y razonables dentro del ámbito de configuración del recurso extraordinario de casación en el proceso civil.

En efecto, es criterio de quien aquí disiente que el legislador estableció tales exigencias en función de la naturaleza extraordinaria de dicho recurso cuya existencia tiene como fines esenciales el proteger el derecho de los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la seguridad jurídica (nomofilaquia y uniformidad de la jurisprudencia), a diferencia del recurso ordinario de apelación, con el que se persigue un reexamen ex novo de la controversia (más orientado a la consecución de la justicia del caso en concreto), de forma que la supresión de tales requisitos implica desconocer la esencia misma de dicho recurso y convierte a la institución de la casación civil venezolana en una especie de tercera instancia, lo cual resulta contrario a su propia estructura, tal como fue concebida en el vigente Código de Procedimiento Civil, aspecto éste que sólo podría ser modificado por la vía de la reforma a dicho texto adjetivo.

En criterio de la Magistrada disidente, sin menoscabo de la prohibición de sacrificar la justicia por el cumplimiento de formalidades no esenciales, se está confundiendo formalidad con formalismos, obviándose qué es el recurso de casación. Así, procurando mantenernos dentro del esquema procesal tradicional venezolano de la doble instancia, el recurso de casación no es más que una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Se trata de un recurso extraordinario que si no está sometido a requisitos de años de formación y de experiencia por parte de los abogados formalizantes, así como de los que intervienen en los actos de contestación, réplica y contraréplica se convertiría, como en efecto se hace con esta nueva decisión, en una tercera instancia.

El hecho es que el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencia requiere estar sometido a la satisfacción de un mínimo de requisitos que permitan cotejar de forma objetiva las supuestas ilegalidades del fallo con el resto de las actas procesales teniendo como referencia las argumentaciones contenidas en la formalización. En otras palabras, siendo que el objeto de la técnica casacional es que la formalización contenga las especificaciones y los razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias; aquella encuadra perfectamente dentro de la expresión “escrito razonado” a la que alude el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil y ello exige de un profesional que cumpla con las exigencias del artículo 324 eiusdem”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/204617-831-271017-2017-17-0532.HTML

Derecho a la información


MONITOREO1

Sala: Político-Administrativa

Tipo de recurso: Apelación

TSJ/SPA N°: 1.108              Fecha: 17 de octubre de 2017

Caso: Asociación Civil Transparencia Venezuela apela sentencia de fecha 27.10.2016, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda por abstención interpuesta contra la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, (CANTV)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA VENEZUELA contra la sentencia número 2016-0735 de fecha 27 de octubre de 2016. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado

Extracto:

(…) se observa que en el fallo apelado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la demanda por abstención ejercida, por considerar que la representación judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela no dio cumplimiento a las exigencias establecidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión número 745 del 15 de julio de 2010. Al respecto, la Corte verificó que la accionante pretende exigir el ejercicio del derecho a la información arguyendo simplemente que dirigió infructuosamente una serie de peticiones al Presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), sin precisar el uso que desea darle a la información solicitada ni la forma en que la misma afecta su esfera jurídica.

Ahora bien, en este estado del análisis es necesario atender al criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional en el mencionado fallo número 745 del 15 de julio de 2010 y citado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, acerca del ejercicio del derecho a la información consagrado en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la mencionada sentencia, la referida Sala dispuso lo siguiente:

“(…) el derecho a la información está legitimado en función del principio de transparencia en la gestión pública, que es uno de los valores expresamente establecidos en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, el artículo 143 eiusdem expresamente regula tal derecho, en los términos siguientes:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (resaltado añadido).

De dicha lectura se infiere que aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida. Así, la invocación del derecho constitucional a la información no actúa como causa excluyente de la antijuricidad.

De modo que, esta Sala determina con carácter vinculante, a partir de la publicación de esta decisión, que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”.

Conforme a la sentencia parcialmente transcrita, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal determinó que al no tratarse de un derecho absoluto -como por ejemplo el derecho a la vida- el ejercicio del derecho del ciudadano y de la ciudadana a la información está sujeto a determinados límites, de allí que no pueda ser invocado como un elemento excluyente de la antijuricidad. Asimismo, en el fallo antes referido se establece que a partir de su publicación y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la información, el solicitante o la solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales pide la información, además de justificar que lo peticionado sea proporcional con el uso que se le pretende dar (Vid. Sentencia de esta Sala Político-Administrativa número 1.177 de fecha 6 de agosto de 2014).     

En el caso bajo examen, la representante judicial de la demandante expresó lo    siguiente:

a) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información.

(…) hicimos del conocimiento de la Presidencia de CANTV las presuntas denuncias de corrupción con la intención de que se giraran las instrucciones pertinentes a fin de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes, en caso de aplicar; y posteriormente recibir información sobre el estado de la solicitud a los fines de contribuir con el desarrollo de la empresa y de la sociedad; visto que ello no ocurrió se ratificaron las comunicaciones y se solicitó información adicional que no fue remitida.

b) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada.

(…) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, garantiza en su artículo 9, el derecho que tienen los ciudadanos a dirigir peticiones a los funcionarios públicos y la obligación que tienen estos ‘de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes’; en todo caso, que el funcionario a quien se le dirigió la petición se abstenga de recibirla o no de adecuada y oportuna respuesta ‘será sancionada de conformidad con la ley.

No obstante, ser una exigencia constitucional y legal, el otorgamiento de la información de los asuntos públicos, se cumple con referir que la información que se solicita tiene como propósito incrementar el conocimiento de los ciudadanos sobre los asuntos públicos, contribuir con dichas organizaciones en la remisión de buenas prácticas; así como incrementar el control para garantizar una óptima gestión pública por los empleados públicos adscritos a esa Compañía Anónima.

Vale mencionar que la ausencia de respuestas por parte del Presidente de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) a las solicitudes realizadas por esta Organización, tienen como resultado la fractura de un derecho humano, reconocido así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros Organismos Internacionales, como lo es el acceso de la información, lo cual compromete y transgrede principios fundamentales de un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia preceptuado en nuestra Carta Magna” (Destacado del texto).

De lo anterior se evidencia que lo expuesto por la representante judicial de la Asociación Civil Transparencia Venezuela no cumple con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en la decisión número 0745 del 15 de julio de 2010, pues lo señalado no resulta suficiente para justificar la solicitud objeto de la demanda de autos, y lo requerido no es proporcional con el uso que se le pretende dar, motivo por el que se consideran insatisfechas las referidas exigencias.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y en el criterio vinculante de la Sala Constitucional sobre la materia, esta Sala Político- Administrativa estima que el pronunciamiento de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia número 2016-0735 de fecha 27 de octubre de 2016 resulta ajustado a derecho, lo que conlleva a que sea declarado sin lugar el recurso de apelación ejercido por la Asociación Civil Transparencia Venezuela y a que, en consecuencia, se confirme el fallo impugnado. Así se determina.”

Comentario de Acceso a la Justicia: El caso en cuestión está referido a una apelación que presentó la asociación civil Transparencia Venezuela en contra de una decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la cual declaró inadmisible una demanda por abstención que había interpuesto la mencionada asociación por la falta de respuesta a la solicitud que hizo al Presidente de la empresa estatal CANTV referente a dos denuncias que había recibido por presuntas irregularidades cometidas por el personal de esa empresa. La mencionada Corte Primera, al respecto, rechazó tal demanda por considerar que la asociación civil no precisó el uso que deseaba darle a la información solicitada ni la forma en que la misma afectaría su esfera jurídica.

Esta posición fue ratificada por la SC para la cual hizo referencia a su posición plasmada en la sentencia Nro. 745 de fecha 15 de julio de 2010, en que sostuvo que el ejercicio del derecho a la información no es un derecho absoluto y, por tal razón, es obligación del solicitante manifestar expresamente las razones por las cuales requiere la información y justificar el uso que se le pretenda dar. Es a partir de este argumento que el máximo tribunal ha extremado las medidas en el país para impedir y negar el ejercicio de este derecho constitucional contemplado en el artículo 143 con el propósito de ocultar información que podría perjudicar los intereses del gobierno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/203845-01108-171017-2017-2017-0634.HTML

¿Qué dice la sentencia n.° 165 de la Sala Electoral?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Interpretación

Nº Exp: 2017-000107      Nº Sent: 165      Fecha: 05-10-2017

Caso: recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, interpuesto por el ciudadano OMAR ALEXANDER ÁVILA HERNÁNDEZ, aludiendo el carácter de Secretario General de Unidad Visión Venezuela, asistido por el abogado Enio José Campos Cedeño.

Decisión: La Sala declaró: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación interpuesto. 2. ADMITE el recurso de interpretación incoado en cuanto ha lugar en derecho. 3. Declara de MERO DERECHO la causa contentiva del recurso de interpretación. 4. RESUELTA la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 5. Se ORDENA la publicación del fallo en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Artículo 63. Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral.

Aprecia la Sala en primer lugar que la norma legal trascrita dispone el derecho de las organizaciones postulantes en un proceso comicial, entre ellas, las organizaciones con fines políticos, de modificar o sustituir las postulaciones de candidatos o candidatas que presenten ante los órganos del Poder Electoral.

Asimismo establece que, hasta diez (10) días antes de la realización del acto electoral de votación, se puede modificar o sustituir la postulación presentada; ello significa que bajo ningún concepto dichas modificaciones o sustituciones pueden realizarse más allá del límite máximo señalado.

En ese sentido, observa esta Sala que dicha disposición legal prevé una condición de orden temporal para la presentación de modificaciones o sustituciones de las postulaciones realizadas, lo cual es de particular interés para el planteamiento del solicitante, por lo que esta Sala estima que la interpretación de la norma en cuestión no puede hacerse de forma aislada, y sólo puede verificarse dentro de un contexto muy particular como lo es el actual, de orden político y social, e integrarse a los principios que preconizan la nueva fisonomía del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de tal manera que la labor interpretativa se realice de manera concatenada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1999, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, destaca la Sala que la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 12 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.327 Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio del poder originario, decidió lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos;

(…)

CONSIDERANDO

Que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización;

CONSIDERANDO

Que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

DECRETA

PRIMERO. Reprogramar para el mes de octubre de 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral venezolano, en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto Constituyente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de su potestad constitucional y legal de organización de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular del Poder Público, decidió disponer sobre la reprogramación de las fases del proceso electoral de gobernadores y gobernadoras de los estados que había sido previamente convocado, según se desprende de nota de prensa publicada en la página web oficial del órgano rector electoral (http://www.cne.gob.ve/web/salaprensa/noticiadetallada.php?id=3559).

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral elaboró la reprogramación del cronograma electoral con acto de votación para el día 15 de octubre de 2017, el cual fue publicado en su página web oficial (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/cronograma_regionales_2017.pdf).

De dicho cronograma se observa que el Consejo Nacional Electoral dispuso la fase de “Sustitución y Modificación de las Postulaciones Nominales” por el término de un día (16 de agosto de 2017), estableciendo como fundamento los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y 162 de su Reglamento.

El referido artículo 63 otorga, por una parte, el derecho de las organizaciones postulantes de sustituir o modificar las inscripciones de candidatos o candidatas presentadas, y de otra, el mandato del legislador al órgano rector electoral de no exceder el límite máximo temporal de “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral” para la fijación de la mencionada fase en el cronograma electoral respectivo.

Por ello, debe precisar la Sala que la sola previsión del legislador en cuanto al límite de orden temporal no condiciona al Consejo Nacional Electoral para establecer el transcurso del período de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales. La fijación de la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas corresponde al órgano rector electoral, el cual podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación.

De tal manera que el ejercicio del derecho a realizar modificaciones a las postulaciones establecido por el legislador en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se encuentra precedido por la fijación en el cronograma electoral correspondiente de la temporalidad de la mencionada fase del proceso electoral.

Así, si bien el examen o análisis del cronograma electoral para la elección de gobernadores y gobernadoras de los estados publicado por el Consejo Nacional Electoral no constituye el objeto de la presente causa, debe advertir que el mismo contiene la oportunidad cierta para ejercer el derecho de modificar o sustituir las postulaciones realizadas por las organizaciones participantes.

Expuesto lo anterior, circunscribiéndose la Sala a la solicitud planteada por el recurrente, se debe afirmar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe interpretarse en el sentido que el Consejo Nacional Electoral puede establecer la oportunidad para la ejecución de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales, siempre y cuando no exceda el límite máximo temporal de diez días anteriores a la ocurrencia del acto electoral, atendiendo a las particularidades y requerimientos técnicos del proceso electoral de que se trateAsí se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Electoral, luego que la Sala Constitucional le declinase la competencia, ha decidido interpretar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales alterando en vez de interpretar lo que dice el artículo antes mencionado. Así, si bien dicha norma dice que “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”, la Sala hace una artificiosa interpretación de este artículo y lo convierte en otra cosa, pues indica que en realidad lo que quiere decir es que el CNE (que como se ve nunca es mencionado en el artículo en cuestión) puede establecer el día en que se hagan las sustituciones siempre y cuando no sea antes de los 10 días previos a la elección. De este modo, algo que es un derecho de los partidos se convierte, por obra y gracia de la Sala Electoral, en una potestad arbitraria del CNE para que el mismo fije cuando esto puede ocurrir. En este caso las postulaciones fueron el 13 y 14 de agosto, y el CNE había fijado las sustituciones para el 16, es decir, apenas 24 horas después de las inscripciones y sin dar tiempo a las primarias que exige el artículo 67 de la Constitución. De este modo la Sala Electoral, una vez más sirve de brazo ejecutor de los intereses del oficialismo, pues ahora en estas elecciones aparecerán en las boletas personas que renunciaron y que ya no son candidatas a pesar de haber pedido oportunamente su eliminación del tarjetón electoral.

Fuente: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cne-pone-en-peligro-oferta-electoral-para-regionales/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/203561-165-51017-2017-2017-000107.HTML

 

El pago por subsidio del beneficio de alimentación está sometido a retención del ISLR


Retenciones de ISLR 2

Sala Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA Nº Sent: 1.022     Fecha: 25-09-2017

Caso: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la sociedad mercantil Ford Motor de Venezuela, S.A. apelan sentencia de fecha 20.04.2015, dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario ejercido por la referida empresa contra las Resoluciones Culminatorias de Sumario Administrativo Nros. RCE-DSA-540-01-000090, 000098 y 0000106 del 09.10, 17.10 y 13.11 de 2001, respectivamente, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del mencionado Órgano Fiscal.

Extracto:

“De donde se colige, que la relación contractual entre las empresas Ford Motor de Venezuela, S.A. (LA COMPAÑÍA) Comedores Empresariales, S.A. (COEMSA) (EL CONCESIONARIO) se circunscribe al cumplimiento de obligaciones de hacer relacionadas con la prestación del servicio de comida a los trabajadores y a las personas que le indique la empresa, tales como, utilizar los equipos, enseres (muebles, vajillas, cubiertos, y demás utensilios) y la Cafetería que la recurrente tiene instalada en un edificio de su propiedad, así como respetar y aplicar las normas y sugerencias que le indique “LA COMPAÑÍA” sobre la seguridad y control de calidad del servicio prestado, por lo que tiene que usar los recursos técnicos y de personal que sean necesarios.

Asimismo, se infiere que los pagos recibidos por “COEMSA, están compuestos por: (i) el precio que pagan los usuarios y las usuarias al adquirir las comidas y bebidas no alcohólicas; y (ii) el monto que recibe de la recurrente, correspondiente al servicio de comida prestado, el cual surge de la diferencia del precio fijado entre ambas partes (la Compañía y el Concesionario) por la venta de los mencionados bienes y su “verdadero precio”. Por lo que, esta alzada advierte que al pago efectuado por la accionante necesariamente debe ser objeto de retención, pues se refiere a la contraprestación recibida por el servicio de comida realizado.

Por consiguiente, esta Máxima Instancia desestima la delación del vicio de falso supuesto de hecho realizada por la empresa accionante. En consecuencia, se confirma el fallo apelado respecto a la procedencia del reparo fiscal en su condición de contribuyente y de agente de retención. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica el criterio según el cual el monto que cancela la empresa a un tercero por concepto de subsidio por la prestación del servicio de comida a los empleados, está sometido a retención de impuesto sobre la renta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/203380-01022-28917-2017-2015-0893.HTML

Constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Constitucionalidad de ley

Materia: Constitucional

Nº Exp: 17-0953      Nº Sent: 727      Fecha: 25-09-2017

Caso: Solicitud de pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074  mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

Decisión: CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. Ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Extracto:

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto decretar el Estado de Excepción, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Comentario de Acceso a la Justicia: Resulta indudable la falta de fundamentación jurídica en que incurre la SC al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074 a través del cual el Presidente de la República decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. De hecho, no examina los requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el  Ejecutivo Nacional para emitir esta decisión política.

La SC solo se limita referirse a algunas notas de prensa para determinar que los hechos invocados por el Presidente de la República justifican la medida del estado de excepción decretada. Es obvio que la sentencia de la SC, como todas las anteriores, busca ofrecer un revestimiento jurídico a una decisión arbitraria e inconstitucional del Ejecutivo para mantener aún en vigencia un régimen paralelo que está divorciado absolutamente del orden constitucional del Estado venezolano.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/203324-727-25917-2017-17-0953.HTML

¿Qué dice la sentencia n.° 725 del TSJ contra el alcalde de Valera, José Karcom Zogbe?


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La sentencia n.° 725 del Tribunal Supremo de Justicia contra el alcalde del municipio Valera del estado Trujillo, José Karcom Zogbe, acuerda un amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, ordena a la autoridad municipal velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, y evitar que obstaculicen la vía pública e impidan el libre tránsito de las personas y vehículos; proceda a la inmediata remoción de residuos, escombros y de cualquier otro elemento que obstaculice la vialidad urbana; y despliegue acciones preventivas y de control del delito, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a sanciones. 

¿Qué dice la sentencia n.° 686 del TSJ sobre la Ley de Emolumentos?


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La sentencia n.° 686 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que establecía los límites a las remuneraciones para este tipo de servidores públicos.

La legisladora del estado Carabobo, Neidy González introdujo ante el alto Tribunal un recurso de nulidad contra los artículos 4 y 17 de la citada normativa, que el TSJ declaró con lugar y aprovechó para anular todo el instrumento legal.

¿Inepta acumulación de pretensiones o nulidades por vía de consecuencia?


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Sala: Electoral

Tipo De Recurso: Nulidad

Nº Exp: 2017-0087      Nº Sent: 148      Fecha: 14-08-2017

Caso: El abogado SIMÓN GABAY CASTRO, quien actúa en su propio nombre y en su condición de elector inscrito en el Registro Electoral, interpuso “(…) RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR Y MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA SUBSIDIARIA, única y exclusivamente contra la Asamblea Nacional Constituyente y contra el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Decisión: La Sala declaró INADMISIBLE el recurso contencioso electoral por inepta acumulación de pretensiones; INOFICIOSO el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar innominada, en virtud que la declaratoria de inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones no admite, ni aun preliminarmente, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo (periculum in mora).

Extracto:                           

“De todo lo expuesto, se evidencia claramente que el recurso interpuesto, se encuentra dirigido por una parte, a impugnar actuaciones del Poder Electoral, tales como las decisiones del Consejo Nacional Electoral de fecha 07 de junio de 2017, mediante la cual se establecieron las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente; y se convocó la celebración del proceso electoral, así como el acto de votación de fecha 30 de julio de 2017; y de otra se observa que las denuncias y alegatos realizados van dirigidos también a pretender la nulidad de la “…proclamación de los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, la instalación de ésta y todas y cada una de las decisiones que emanen de la misma…”.

De este modo, a los fines de conocer y decidir el presente recurso, es inexorable para esta Sala emitir pronunciamiento en cuanto a los actos que dicte la Asamblea Nacional Constituyente; y es así como el recurrente en su escrito, al referirse acerca de las decisiones dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, y los actos o actuaciones emanados del Consejo Nacional Electoral, obliga a la Sala a traer a colación consideraciones jurisprudenciales pertinentes en el presente caso.

Al respecto, la Sala Político Administrativa en Sentencia N° 647 del 6 de junio de 2017, con ponencia de la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, señaló:

“En este orden ideas, interesa destacar que el control judicial de los actos que son dictados en ejecución directa de la Constitución es ejercido por ante este Máximo Tribunal, pues precisamente se atiende al rango o jerarquía de los mismos. Así, concretamente el artículo 334 constitucional, establece que ‘…Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella’. (Subrayado del original).

Ante la falta de previsión legal de la acumulación, en la Ley especial de la materia, Asimismo el artículo 25 numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente:

‘Artículo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…)

  1. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta’…” (Resaltados del original).

Ahora bien, resulta necesario destacar que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio del poder constituyente originario, es el órgano supremo encargado de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, por lo tanto, sus actos o decisiones serán dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

En ese sentido, de la revisión del petitorio del escrito recursivo, no existe duda para esta Sala Electoral que se pretende conseguir a través de un solo recurso la nulidad de actuaciones de dos órganos distintos, como son el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se indica que dicho recurso fue interpuesto “…única y exclusivamente contra la Asamblea Nacional Constituyente y contra el Consejo Nacional Electoral (CNE)…”, así como de la lectura de todo el fundamento del escrito recursivo. De allí, que en atención a las normas y a la citada Doctrina resulta obvio que no pueden acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones diferentes, en este caso específico, a la Sala Constitucional y a la Sala Electoral.

 

Lo anterior se fundamenta en el Artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “…no podrán acumularse en el mismo libelo, pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí. Ni las que por razón de la materia no corresponda al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí”. (Subrayado propio).

A este respecto, la Sala Constitucional se pronunció en Sentencia N° 684 del 9 de julio de 2010, con ponencia de Francisco Antonio Carrasquero López, señalando lo siguiente:

“…el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles.

Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación” (subrayado del original).

Considerando lo anterior, y en apreciación directa de la Sala a las normas relativas al procedimiento contencioso electoral, previstas en el Capítulo V de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se indica que el recurso debe contener “una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la infracción que se alegue y de los vicios que haya incurrido el supuesto o supuesta agraviante”, así mismo, se dispone que el incumplimiento de este requisito “provocará la inadmisión de la demanda” (vid. Artículos 180 y 181).

Asimismo, el Artículo 133 eiusdem inserto en Título XI de las “Disposiciones Transitorias” aplicable en los procesos que cursan ante la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, prevé determinadas causales de inadmisión cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles (resaltado propio).

…OMISSIS…

En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala declara Inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto, por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo establecido en los Artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los Artículos 133.1 eiusdem, y 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del Artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. Finalmente, con relación a la solicitudes cautelares señala esta Sala que la anterior declaratoria de inepta acumulación de pretensiones, no admite, ni aún preliminarmente, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo (periculum in mora), por lo tanto, resulta inoficioso el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar innominada de suspensión de efectos. Así se decide.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala califica como una inepta acumulación de pretensiones y por ende inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto contra los actos del CNE dirigidos a la elección de la ANC, la elección misma y sus consecuencias. No obstante, obvia la Sala en su análisis que la nulidad de los actos de instalación y siguientes de la Asamblea Nacional Constituyentes es señalada por el actor como una consecuencia de la nulidad de los actos anteriores del CNE cuya nulidad efectiva y expresamente se ha solicitado; con lo cual, queda descartado que el recurrente tenga pretensiones que se excluyan entre sí o que se tramiten por procedimientos incompatibles.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/agosto/202971-148-14817-2017-2017-000087.HTML

¿Qué dice la sentencia  n° 552 del TSJ contra el alcalde de El Hatillo, David Smolansky?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Desacato

Nº Exp: 17-0542      TSJ/SC Nº Sent: 552      Fecha: 07-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Yurani Godoy y otros

Decisión: Fija y convoca Audiencia Pública y Decreta prohibición de salida del País.

Extracto:

“Visto que con ocasión de esa decisión, esta Sala Constitucional acordó requerir en atención a lo contemplado en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el apoyo y colaboración de los Juzgados con competencia en lo Civil y con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines de que practiquen en el Municipio El Hatillo, las inspecciones correspondientes, con la finalidad de constatar el cumplimiento o no del amparo cautelar en los términos en que ha sido dictado por esta Sala, e informe de dichas resultas a esta instancia constitucional, dados los intereses colectivos tutelados.

 Visto que, transcurrido como ha sido el lapso para la realización de las inspecciones ordenadas, y dado que en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no está contemplado procedimiento alguno para la valoración sobre el cumplimiento o el posible incumplimiento de un mandamiento de amparo como el decretado en la presente causa.

Visto que, conforme con lo señalado en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a seguir se aplicará el que exclusivamente las Salas de este Alto Tribunal juzguen más conveniente para la realización de la justicia, siempre que tenga fundamento legal.

 Esta Sala, para determinar el presunto incumplimiento al mandamiento de amparo cautelar decretado, estima que el procedimiento que más se adecúa para la consecución de la justicia en el caso de autos es el estipulado para el amparo constitucional, tal y como lo señalara en sentencia n° 138 del 17 de marzo de 2014, recaída en el caso Vicencio Scarano Spisso, por lo que de conformidad con la Ley que rige la materia, se CONVOCA al ciudadano David Smolansky, Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, a una audiencia pública que se celebrará el día MIÉRCOLES 09 de AGOSTO de 2017, a las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 a.m.), para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa.

A tenor de lo señalado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la sentencia N° 7 de 1 de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), en la cual se señaló que: “La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”, la inasistencia del aludido Alcalde a la audiencia pública se tendrá como aceptación de los hechos.

Una vez celebrada la audiencia la Sala, podrá decidir inmediatamente el fondo; en cuyo caso expondrá de forma oral el fallo, y lo publicará dentro de los cinco (5) días siguientes; o diferir cualquier pronunciamiento, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para resolver el caso.

Esta Sala Constitucional, en el supuesto de constatar el desacato, impondrá la sanción conforme a lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y remitirá la decisión para su ejecución a un Juez de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal correspondiente.

De conformidad con los artículos 26 de la Constitución y 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala para garantizar la tutela judicial efectiva, atendiendo a la potestad que dicha norma consagra para dictar -de oficio- las medidas cautelares dadas las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto, acuerda como medida cautelar la prohibición de salida del país del ciudadano David Smolansky, Alcalde del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda, titular de la cédula de identidad n° V-16.274.506.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 552, publicada el 07 de agosto de 2017, fijó audiencia pública de desacato de la sentencia número 368 que prohibía obstaculización de vías y manifestaciones públicas en el municipio El Hatillo (24/05/2017) para el 09 de agosto de 2017, contra el alcalde de dicha jurisdicción, David Smolansky  y le  prohibió salida del país.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/202129-552-7817-2017-17-0542.HTML

¿Qué dice la sentencia n° 551 del Tribunal Supremo de Justicia?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Amparo cautelar

Nº Exp: 17-0544      TSJ/SC Nº Sent: 551      Fecha: 04-08-2017

Caso: Acción de protección de derechos e intereses colectivos o difusos interpuesta por Estela Balza de Núñez y otros.

Decisión: Extiende los efectos del amparo cautelar a quie ejerza las funciones de Alcalde (E) y Acuerda continuar la audiencia el día lunes 07.08.2017 a las 2:00 de la tarde, convocando a la Médico que expidó reposo.

Extracto:

“Y siendo que el mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Chacao del Estado Miranda, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem, es por lo que esta Sala extiende los efectos de dicho amparo cautelar a quien se encuentre ejerciendo tales funciones y, por lo tanto, se le ordena a cumplir con los siete mandatos antes transcritos, so pena de la sanción antes referida, mientras se decide la causa principal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 551, publicada el 04 de agosto de 2017, extendió los efectos de la sentencia 369 (mandamiento de amparo cautelar, ordenando impedir la obstaculización de las vías en el municipio y las manifestaciones públicas) al alcalde encargado del municipio Chacao, ante el reposo médico de Ramón Muchacho y se ordena continuación de la audiencia pública para el lunes 07 de agosto de 2017.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/202025-551-4817-2017-2017-0544.HTML