¿Qué dice la sentencia  n° 552 del TSJ contra el alcalde de El Hatillo, David Smolansky?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 552, publicada el 07 de agosto de 2017, fijó audiencia pública de desacato de la sentencia número 368 que prohibía obstaculización de vías y manifestaciones públicas en el municipio El Hatillo (24/05/2017) para el 09 de agosto de 2017, contra el alcalde de dicha jurisdicción, David Smolansky  y le  prohibió salida del país.

¿Qué dice la sentencia n° 551 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 551, publicada el 04 de agosto de 2017, extendió los efectos de la sentencia 369 (mandamiento de amparo cautelar, ordenando impedir la obstaculización de las vías en el municipio y las manifestaciones públicas) al alcalde encargado del municipio Chacao, ante el reposo médico de Ramón Muchacho y se ordena continuación de la audiencia pública para el lunes 07 de agosto de 2017.

¿Qué dice la sentencia n° 65 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante Sentencia número 65 ,  publicada el 04 de agosto de 2017, declara con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, “que comprometen su responsabilidad ético-moral”. También se ordenó la suspensión de Ortega Díaz, como titular del cargo de Fiscal General y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras dure el proceso, a los fines de determinar la existencia o no de ilícitos graves en el ejercicio de su cargo.

¿Qué dice la sentencia n° 550 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 550 del 01 de agosto de 2017 negó la solicitud de diferimiento de la audiencia formulada por el alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García Odón y la mantuvo para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las 10:00 a.m. El alto Tribunal fijó la audiencia (sentencia 548 del 28 de julio de 2017) por el desacato a la sentencia 371 del 24 de mayo, que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas, por parte del mandatario local. El caso es el mismo que se le sigue a otros burgomaestres de oposición al Gobierno nacional por permitir protestas de calle en sus jurisdicciones.

¿Qué dice la sentencia n° 549 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 549  del 01 de agosto de 2017, convocó al alcalde del municipio Palavecino del estado Lara, José Antonio Barreras Blanco, a una audiencia pública que se celebrará dentro de los cuatro (4) días siguientes a que conste en autos su notificación, para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa por desacatar la sentencia 401 del 1 de junio que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas. Esto, porque desde el punto de vista del Gobierno nacional, el haber permitido las protestas en su jurisdicción ha “afectado” derechos ciudadanos tales como la libre circulación y que los niños, niñas y adolescentes puedan desenvolverse en un ambiente libre de violencia, entre otros.

TSJ dicta prohibición de salida del país al alcalde del Municipio Iribarren, Alfredo Ramos


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“Este viernes 28 de julio de 2017 a las 10 am., Alfredo Ramos alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, deberá comparecer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de determinar en audiencia oral y pública su presunto desacato al mandato cautelar dictado en  Sentencia Nº 400 de la Sala Constitucional de fecha primero de junio de 2017.

De igual forma, estableció la Sala en el mismo auto que fija la audiencia, que la incomparecencia del ciudadano Alcalde se tomará como aceptación tácita de los hechos de los que se le acusa; así también, se le acordó de oficio, medida cautelar de prohibición de salida del país”.

Nota de prensa del TSJ, disponible en:  http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-dicta-prohibicion-de-salida-del-pais-al-alcalde-del-municipio-iribarren-del-estado-lara

Enlace a la sentencia en pdf: Sentencia Nº 546 de la Sala Constitucional

TSJ sanciona al alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, a 15 meses de prisión


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“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta, declaró el desacato al mandamiento del amparo cautelar dictado mediante la sentencia N° 377 del pasado 31 de mayo en el que incurrió el ciudadano Gustavo Eduardo Marcano Antúnez, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En vista de lo antes mencionado, se sancionó al ciudadano al cumplimiento de quince meses de prisión, más las accesorias de Ley. Asimismo, Marcano cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, ubicado en Lechería, estado Anzoátegui, así como también se declara su falta absoluta e inhabilitación política.

Además, quedará a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede del mencionado organismo localizado en la ciudad capital. “Permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión”, precisó el magistrado Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional del Máximo Juzgado, al dar lectura al dispositivo de la sentencia.

Se mantiene la medida de prohibición de salida del país del sancionado decretada en sentencia número 542 del 19 de julio de 2017, para garantizar su efectiva aprehensión, en razón de la no comparecencia a la audiencia y el desconocimiento de su paradero, y se acuerda proceder a la tramitación de la orden de alerta roja a los servicios de Interpol para lograr su ubicación y captura fuera del territorio nacional.

Dicha decisión fue tomada por los miembros de la Sala Constitucional tras la realización de la audiencia oral y pública del caso este martes en la sede del Alto Juzgado, donde el abogado que representa al grupo de ciudadanos que interpusieron la demanda de protección de intereses colectivos expuso sus argumentos contra el mencionado ciudadano, con lo que el TSJ da cumplimiento estricto al debido proceso.

En la misma audiencia expusieron sus alegatos la representación de la Defensoría del Pueblo, e hicieron uso de palabra los terceros intervinientes, víctimas directas de hechos punibles acaecidos, así como voceros y voceras de los Consejos Comunales”.

Nota de prensa de la sentencia del TSJ, publicada en: http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-sanciona-al-alcalde-de-lecheria-a-15-meses-de-prision

NOTA: El Tribunal Supremo de Justicia no ha publicado el texto completo de la sentencia en su página web.

Constitucionalidad de la prórroga del estado de excepción continuado


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Solicitud de declaratoria de constitucionalidad

TSJ/SC Nº Sent: 547      Fecha: 25-07-2017

Caso: ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, solicita delaratoria de constitucionalidad del Decreto Nro. 2.987 del 13 de julio de 2017, publicado en la gaceta oficial N° 41.192 de esa misma fecha; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución.

Decisión: Se declara la constitucionalidad del decreto N° 2.987 del 13 de julio de 2017, publicado en la gaceta oficial N° 41.192 de esa misma fecha.

Extracto:

De lo anterior, se observa que existe y así ha sido reconocido por el órgano legislativo nacional que se mantiene en desacato a las decisiones de este Alto Tribunal, una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, a la seguridad de la Nación y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta el orden constitucional, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas con la finalidad de lograr el restablecimiento de la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución.

En este sentido, revisado como ha sido el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, es prorrogar por sesenta (60) días, el plazo establecido en el decreto N° 2.849 (analizado en sentencia n° 364/17).

OMISSIS…

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 2.849 del 13 de mayo de 2017, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 2.949 del 13 de mayo de 2017, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Siguiendo la línea de actuación de Decretos anteriores (este es el décimo primer decreto que se dicta en esta materia) y con fundamento en la supuesta admisión por parte de la Asamblea Nacional de que hay una situación de emergencia económica y crisis institucional en Venezuela, se declara la constitucionalidad y pertinencia de la prórroga por sesenta (60) días más del estado de excepción. Del mismo modo, se hace caso omiso al pronunciamiento de la Asamblea Nacional de no aprobar dicho estado de excepción.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201452-547-25717-2017-17-0536.HTML

Amparo cautelar por razones de aseo urbano y servicio de bomberos


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Acción por derechos e intereses colectivos o difusos

Nº Exp: 17-0743      TSJ/SC Nº Sent: 538      Fecha: 12-07-2017

Caso: Legisladoras y Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Zulia,  interpusieron  “AMPARO CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOScontra la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales, en razón de “…los acontecimientos ocurridos en la ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, llevados a cabo por pequeños grupos violentos a través de las denominadas “guarimbas”, y de la colocación de “barricadas” o “trincheras”, así como de la omisión por parte de la  ALCALDESA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, …omissis… en cuanto al deber que tiene de cumplir con las competencias que constitucionalmente tiene asignadas; hechos estos DE TRASCENDENCIA NACIONAL conocidos a través de los distintos medios de comunicación social del país”.

Decisión: Decreta de oficio Medida Cautelar.

Extracto:

“Ahora bien, vista la situación de hecho grave e inminente de que adolece la población residente y circulante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tal como se desprende de los hechos noticiosos publicados en diferentes medios nacionales y regionales, particularmente en el Diario Informativo Independiente “PANORAMA” del día miércoles 12 de julio del presente año, en los cuales se evidencia que existe un estado de insalubridad pública en virtud de la omisión en la recolección del servicio de aseo urbano y domiciliario, así como la inoperatividad del servicio público prestado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo, por falta de pago de sus salarios, esta Sala Constitucional, en aplicación del principio de la sana crítica que rige en materia constitucional, estima pertinente hacer uso de los amplios poderes cautelares que otorga el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que reza:

(…) En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto. (Resaltado de este fallo).

Atendiendo a la disposición antes transcrita esta Sala, tomando en cuenta las circunstancias que acontecen en dicho Municipio Maracaibo, referidas a los servicios públicos de aseo urbano y domiciliario y la inoperatividad de su Cuerpo de Bomberos, en aras de garantizar los derechos constitucionales a la salud, a la vida y a la integridad física, así como preservar la prestación permanente, oportuna y eficaz de los referidos servicios públicos acuerda, como medida cautelar, hasta tanto se decida el fondo del presente asunto, que la Gobernación del Estado Zulia a cargo del ciudadano Francisco Arias Cárdenas, ejercerá la prestación en forma directa de los servicios de aseo urbano y domiciliario y del Cuerpo de Bomberos en el Municipio Maracaibo de ese Estado, comprendiendo ello la recaudación de las tasas correspondientes a la prestación de los mismos, pudiendo valerse para tales fines de los convenios que considere necesarios y viables con otras instituciones públicas o privadas, así como establecer las coordinaciones que considere pertinentes con el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, como ente rector en materia ambiental. Para el cumplimiento de tales fines, la Gobernación del Estado Zulia asumirá la dirección del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos, ambos del Municipio Maracaibo de dicho Estado, así como el manejo y administración del personal, materiales y equipos afectos a la prestación de los aludidos servicios.

Comentario de Acceso a la Justicia: De oficio, la SC del máximo tribunal del país acordó una medida cautelar para que la gobernación del estado Zulia asumiera algunas funciones de la alcaldesa del municipio Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales.  En efecto, la Sala estableció que el gobernador Francisco Arias Cárdenas sea quien maneja la dirección del aseo urbano y del cuerpo de bomberos de la referida entidad municipal.

Para la Sala, existen hechos noticiosos, particularmente publicados en el diario “PANORAMA” del día miércoles 12 de julio del presente año, en los cuales se evidencia “que existe un estado de insalubridad pública en virtud de la omisión en la recolección del servicio de aseo urbano y domiciliario, así como la inoperatividad del servicio público prestado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo, por falta de pago de sus salarios”.

De esta manera, la medida cautelar dictada por la SC encontró su fundamento en el artículo  artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto reza: “(…) En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto…”.

Lamentablemente se está convirtiendo en una política de la SC despojar de sus funciones a los organismos que son dirigidos por funcionarios públicos que no comulgan con el Ejecutivo Nacional para (re)asignarlas a otras instancias que están dirigidas por simpatizantes del gobierno nacional y su partido.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201057-538-12717-2017-17-0743.HTML   

¿Qué dice la sentencia N 534 contra la alcaldesa de Maracaibo?


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Acción por intereses colectivos o difusos

Nº Exp: 17-0743      TSJ/SC Nº Sent: 534      Fecha: 11-07-2017

Caso: Legisladoras y Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Zulia,  interpusieron  “AMPARO CONSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOScontra la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales, en razón de “…los acontecimientos ocurridos en la ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, llevados a cabo por pequeños grupos violentos a través de las denominadas “guarimbas”, y de la colocación de “barricadas” o “trincheras”, así como de la omisión por parte de la  ALCALDESA DEL MUNICIPIO MARACAIBO, …omissis… en cuanto al deber que tiene de cumplir con las competencias que constitucionalmente tiene asignadas; hechos estos DE TRASCENDENCIA NACIONAL conocidos a través de los distintos medios de comunicación social del país”.

Decisión: Se ADMITE la demanda contra la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia y se Acuerda Amparo Cautelar

Extracto:

“Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ordena a la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178:

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5.- Ejerza la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Ambiente así como en los tipos penales previstos en la Ley Penal del Ambiente.

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Con relación a lo antes mencionado, esta Sala advierte que ha resuelto de manera vinculante casos similares al de autos mediante sentencias nros. 135 y 136, ambas del 12 de marzo de 2014.

Comentario de Acceso a la Justicia: El 11 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia publicó en su página web la Sentencia Nº 534  de la Sala Constitucional, mediante la cual se ordena a la alcaldesa de Maracaibo, estado Zulia, Eveling Trejo de Rosales,  realizar acciones y usar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos (barricadas) en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos. Así mismo, ejercer la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito, so pena de cárcel.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201016-534-11717-2017-17-0743.HTML