Renovación de los partidos políticos. Aclaratoria


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Aclaratoria

TSJ/SC Nº: 223      Fecha: 28-04-2017

Caso: Pedro Veliz Acuña actuando en su carácter de Presidente del Partido Político Bandera Roja, solicita aclaratoria y ampliación respecto de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016, visto que en su criterio la sentencia n° 878 del 21 de octubre de 2016, genera dudas de su contenido y alcance.

Decisión: Declara Resuelta la aclaratoria solicitada por el Presidente del Partido Político Bandera Roja, relativa al Proceso de validación de las organizaciones con fines políticos.

Extracto:

“En relación a la primera interrogante, referida a que: ¿Los partidos políticos que de hecho estén legitimados por haber realizado oferta electoral en la última elección parlamentaria deben someterse a la renovación que trae aparejada la novedad del sistema  electrónico o biométrico actual?.

Esta Sala observa que tal y como se indicó en el dispositivo número 2 de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016,

“(…) 2.- Hay renovación automática de un partido político, cuando se produzca el supuesto de hecho del parágrafo único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, esto es, que el partido político haya obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en una elección de carácter nacional, en por lo menos doce (12) de los Estados. Y en caso contrario, cuando no se obtenga ese porcentaje en ese número de entidades federales, el partido político deberá renovar la nómina de integrantes para su legitimidad, conforme lo señalado en la motiva de este fallo”.

De allí que, efectivamente, en el escenario de la renovación automática antes referida no aplica la verificación del sistema biométrico. En cambio, en el escenario de la renovación, esto es, cuando un partido u organización política no haya obtenido el uno por ciento (1%) en por lo menos doce (12) entidades federales, dicho partido político deberá renovar la nómina de sus integrantes para su legitimidad, conforme al sistema biométrico referidos en las sentencias n° 1 del 5 de enero de 2016, y n° 878 del 21 de octubre de 2016 y, por ende, debe ajustarse a las normas para la renovación de nóminas de inscritos de las organizaciones con fines políticos  publicada el 4 de marzo de 2016 en la Gaceta Electoral n° 801 (Parágrafo Único del artículo 6, entre otros), dictadas por el Consejo Nacional Electoral, en acatamiento a lo dispuesto en la sentencia n° 1/2016, donde se le ordenó las normas sobre renovación de los partidos e implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y al contenido de la ampliación en sentencia n° 878/2016 donde esta Sala dispuso que el Consejo Nacional Electoral debe verificar biométricamente las nóminas que acompañen las solicitudes de renovación o inscripción en curso o que se presentaren de los partidos políticos, sean éstos regionales o nacionales, tal como lo establece el artículo 4 de las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, supra mencionada, ello con la finalidad de que los referidos procesos de renovación (para los partidos activos) o inscripción de los mismos (para los nuevos partidos o los que han sido cancelados), cumplan con lo establecido por esta Sala en la sentencia n° 01, del 5 de enero de 2016, que prohíbe la doble militancia. Así se decide.

La segunda interrogante relacionada a que “los partidos políticos que de hecho estén legitimados por haber realizado oferta electoral en la última elección parlamentaria que hayan obtenido el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en algunos de los Estados, ¿deberán renovar la nómina de integrantes para su legitimidad en un numero (sic) de estados tal que les permita alcanzar a 12 Estados y así ser validados como Partidos Nacionales?”.

Este planteamiento resulta de relevancia pues es claro que cada partido u organización política obtuvo sus resultados individuales en los procesos de elección de carácter nacional en los cuales haya participado y, por ende, todos no se encuentran en las mismas circunstancias, tal como se deriva de los dispositivos números 2 y 3 del fallo n° 1 de esta Sala del 5 de enero de 2016, y de la ampliación de oficio efectuada en sentencia n° 878 del 21 de octubre de 2016, esta Sala con la finalidad de disipar la duda presentada para aquellos partidos que se encuentren en el supuesto de hecho previsto en el Parágrafo Único del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones publicada en la Gaceta Oficial de la República del 23 de diciembre de 2010, N° 6013 Extraordinario, cuyo tenor es el siguiente:

Los partidos políticos nacionales, renovarán en el curso del año que comience cada período constitucional su nómina de inscritos en el porcentaje del cero coma cinco por ciento (0,5%), en la forma señalada en la presente Ley para su constitución.

Parágrafo único: Los partidos que hubieren obtenido en las elecciones nacionales correspondiente el uno por ciento (1%) de los votos emitidos, solo tendrán que presentar una constancia de la votación que obtuvieron, debidamente certificada por el respectivo organismo electoral. Esta norma se aplicará, igualmente para los partidos regionales.

Esta Sala dispone que los partidos políticos que hayan obtenido una votación correspondiente al 1% en uno o varios estados, que no alcancen el número doce requerido por la normativa, dicho estado o estados contarán para el proceso de validación nacional, por lo que, en esos casos, será suficiente la presentación de la constancia certificada del Poder Electoral, y el proceso de renovación de la nómina de sus integrantes se hará en el número de entidades federales restantes donde no hayan alcanzando el porcentaje  que les permita lograr el número requerido, para la efectiva y legítima validación.

Asimismo, en aras de garantizar el pluralismo para el ejercicio cabal del derecho a la participación activa de las organizaciones con fines políticos, esta Sala estima que las que participen en el proceso de validación llevado a cabo por el ente electoral, ha de reconocerse la votación obtenida por el respectivo partido político, en el último proceso electoral que haya participado, a los fines de completar el porcentaje del 0,5% necesario para su validación.

Esta fórmula se aplicará para todas las entidades federales hasta alcanzar las doce entidades requeridas legalmente. De modo que, en un primer escenario, la organización con fines políticos que haya logrado el porcentaje mínimo requerido (0,5%) en doce entidades se dará por validado sin necesidad de someterse al proceso llevado por el ente electoral. En un segundo escenario, las organizaciones con fines políticos que sólo hayan alcanzado el 0,5% requerido por ley, en algunas entidades sin alcanzar las doce, en el último proceso electoral, deberán validarse en el resto de las entidades federales donde no hayan conseguido ese porcentaje mínimo hasta completar las doce entidades establecidas.

Con el fin de garantizar igual trato para aquellas organizaciones políticas que hayan participado en el proceso de validación según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, esta Sala Constitucional resuelve que esta decisión surtirá efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La  SC vuelve a pronunciarse sobre la renovación de los partidos políticos en el país a partir de una solicitud de aclaratoria presentada año y medio después de haber resuelto un recurso de interpretación constitucional mediante  sentencia N° 1 del 5 de enero de 2016, así como en la aclaratoria expresada en el fallo N° 878 del 21 de octubre de 2016.

Con esta nueva decisión la Sala suaviza la fórmula que había establecido para la renovación de los partidos políticos, sobre todo porque modifica el porcentaje para la recolección de las manifestaciones de voluntad así como la forma en que debe ser exigido ese nuevo porcentaje, sin explicar la razón por la cual hace estos cambios.

Si bien esta nueva interpretación es positiva al punto que la Sala le otorgó efectos hacia el pasado, es lamentable que por el uso irracional de la figura de la aclaratoria de sentencia contemplada en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe expresamente revocar o reformar sentencias, la SC busca imponer nuevas reglas para la renovación de los partidos políticos con el propósito de satisfacer los intereses de los partidos políticos que comulgan con el gobierno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/197909-223-28417-2017-15-0638.HTML

Representación judicial para ejercer el recurso de revisión constitucional


Los posibles males del Poder Judicial y sus posibles soluciones

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Revisión

TSJ/SC Nº: 226      Fecha: 28-04-2017

Caso: Carlos Alejandro Padrinos Malpica, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 86.053, quién adujo actuar como apoderado judicial de los ciudadanos ROSARIO PARMIGIANI FIGUERAGABRIEL GUILLEN HERNÁNDEZANNA BASSOLS RHEINFELDERPATRICIA RIENZO AVALLONE, y MARIO SOARES DE OLIVEIRA, titulares de las cédulas de identidad n.ros13.311.826, 7.194.184, 22.012.669, 5.609.592 y 8.673.196, respectivamente, solicitó ante esta Sala, la revisión constitucional del fallo que emitió el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 28 de octubre de 2014, con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesto por la sociedad de comercio Haciendas Guataparo C.A.

Decisión: INADMISIBLE la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Carlos Alejandro Padrinos Malpica, como supuesto apoderado judicial de los ciudadanos ROSARIO PARMIGIANI FIGUERAGABRIEL GUILLEN HERNÁNDEZANNA BASSOLS RHEINFELDERPATRICIA RIENZO AVALLONE, y MARIO SOARES DE OLIVEIRA, respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 28 de octubre de 2014.

Extracto:

“En este orden de ideas, cabe destacar que, según doctrina reiterada de esta Sala, la condición de apoderado judicial del abogado que presente una solicitud de revisión debe probarse mediante la consignación, junto con el escrito, de copia certificada del poder en que conste la representación que se dice poseer.

…OMISSIS…

En el presente caso, se observa que el abogado Carlos Alejandro Padrinos Malpica, se atribuyó ante esta Sala Constitucional la supuesta representación de los ciudadanos Rosario Parmigiani Figuera, Gabriel Guillen Hernández, Anna Bassols Rheinfelder, Patricia Rienzo Avallone, y Mario Soares de Oliveira, a través de la invocación de poder apud acta que acompaña en el escrito contentivo de la solicitud de revisión, en el juicio originario.

Por tanto, es forzoso para la Sala reiterar que ha debido acompañarse copia certificada del poder en que conste la representación que se dice poseer; no obstante, en el presente caso, aun cuando fue consignado copia certificada del poder que se confiere apud acta, éste no sería suficiente para acreditarlo como apoderado judicial de los referidos ciudadanos, dado que el poder apud acta sólo faculta al abogado para que actúe en el juicio que se tramita en el expediente donde se otorgó dicho mandato, según lo dispone el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, y la revisión constitucional en modo alguno constituye una instancia del juicio primigenio.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia se centra sobre la legitimidad o la representación judicial para presentar una solicitud de revisión constitucional ante la SC. En tal sentido, la Sala indica que el apoderado judicial debe probar este carácter con copia certificada del poder en que conste la representación que se dice poseer; tal existencia obedece fundamentalmente “…a la necesidad de comprobación fehaciente, mediante documento auténtico, de la representación judicial de quien se presente en nombre del solicitante, en aras de la seguridad jurídica”.

Sin embargo, en este caso solo fue consignado copia certificada del poder apud acta otorgado durante el juicio de amparo ante el Secretario del Tribunal conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, cabe advertir que la Sala señaló que este poder sólo acredita al abogado para actuar como representante de quien lo otorga únicamente en el juicio en el cual este es conferido y que el recurso de revisión es un juicio distinto.

Una vez más, la Sala realiza interpretaciones sobre las normas procesales, separándose de los criterios tradicionales, para establecer nuevos requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de revisión, que no están establecidos en la ley, con lo cual se genera mayor inseguridad jurídica.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/197914-226-28417-2017-16-0517.HTML    

 

La extraordinariedad de la acción de amparo


MONITOREO1

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Amparo

TSJ/SC Nº: 211      Fecha: 07-04-2017

Caso: MINO RAFAEL PORTILLO MONTOYA actuando en nombre propio, interpuso acción de amparo constitucional “(…) por la violación de preceptos constitucionales durante el consejo de investigación incoado en [su] contra el día 27 de diciembre de 2016 basado en la investigación Administrativa IGEB-GTINV-123-16, resumen informativo del expediente del Consejo de Investigación N° OCI-1666 y la resolución (sic)Ministerial N° 017280 de  fecha 27 de Diciembre de 2016, emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa(…)”, mediante la cual resolvió separar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al prenombrado ciudadano en su condición de Mayor, en razón de la medida disciplinaria impuesta.

Decisión: Declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado MINO RAFAEL PORTILLO MONTOYA, contra la Resolución Ministerial N° 017280 emitida el 27 de diciembre de 2016 por el Ministro del Poder Popular para la Defensa.

Extracto:

“Así, tenemos que la acción de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra el acto administrativo que fue dictado. En tal sentido, en casos como el planteado, ha sido criterio reiterado de esta Sala que de considerarse afectada la esfera de derechos subjetivos e intereses legítimos del accionante, el acto lesivo puede ser impugnado ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, resulta menester señalar que la vía idónea para cuestionar la legalidad, motivación y ausencia de los requisitos de los actos administrativos lo constituye el recurso contencioso administrativo de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares ante la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 cardinal 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con ocasión del cual también pueden solicitarse las medidas cautelares correspondientes o ejercerse conjuntamente con el recurso de nulidad, acción de amparo constitucional, de conformidad con lo prescrito por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (vid. sentencia de la Sala N° 3.227 del 28 de octubre de 2005, caso: “Armando Gabaldón Domínguez”).”

Sobre la base de lo señalado, no puede considerarse a la acción de amparo constitucional como la única vía idónea y eficaz para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, como lo ha reiterado la Sala en diversos fallos, no toda trasgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, ya que para ello existen las vías procesales ordinarias, como la ya indicada, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica alegada como infringida.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala advierte que la acción de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra el acto administrativo que fue dictado. En tal sentido, reitera el carácter especial de la acción de amparo, sin que la misma sea sustitutiva de los demás mecanismos ordinarios judiciales.

Sin embargo, en el caso en cuestión la SC consideró que el accionante tenía la posibilidad de ejercer el recurso contencioso administrativo de nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De hecho, destacó que era esta la vía para cuestionar la legalidad, motivación y ausencia de los requisitos de la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa impugnada de manera inidónea a través de un amparo constitucional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/197692-211-7417-2017-17-0107.HTML      

Procedencia de aclaratorias de sentencias.


RENOVACION-NOTA

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Aclaratoria

TSJ/SC Nº: 203      Fecha: 07-04-2017

Caso: CÉSAR AUGUSTO GUADAMA SERVIGNA, solicitó la aclaratoria y ampliación de la sentencia N° 1195 dictada por la Sala Constitucional el 16 de diciembre de 2016, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el referido abogado contra la sentencia dictada el 5 de agosto de 2015 por la Sala número 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que declaró, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, inadmisible la acción de amparo ejercida contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal.

Decisión: IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia Nº 1196, dictada por esta Sala el 16 de diciembre de 2016, efectuada por el defensor privado del ciudadano CÉSAR AUGUSTO GUADAMA SERVIGNA.

Extracto:

“De esta manera, el instituto de la aclaratoria o ampliación del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo contenido en dicho fallo, orientada a su correcta ejecución, por lo que la ampliación y la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte.

 Por otra parte, respecto de la oportunidad en la cual debe solicitarse la aclaratoria de una sentencia, la norma comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada en el día de la publicación del fallo o en el siguiente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia es interesante porque devela claramente los vaivenes en que incurre la SC para poder acordar o no las aclaratorias de las sentencias que les sean solicitadas.

De alguna manera, el fallo que examinamos pone en evidencia lo arbitrario del ejercicio de esta facultad por la Sala, sobre todo si es contrastado con el caso resuelto mediante sentencia N° 223 referente a la renovación de los partidos políticos http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/197909-223-28417-2017-15-0638.HTML en que se admitió una aclaratoria después de año y medio, y lo más grave, que modificó su decisión que había sido objeto de aclaratoria.

Sin embargo, en la sentencia N° 203 la SC se acopló a lo que dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pues expresamente estableció que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia tiene como propósito enmendar los errores materiales, dudas u omisiones que presente…  dicha facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma del fallo, sino a corregir las imperfecciones que le resten claridad a sus declaraciones”, y por tal razón declaró  la improcedencia de la aclaratoria por considerar que esta pretendía la modificación del fallo.

Lamentablemente, estas oscilaciones de la SC para nada propician seguridad jurídica y certeza a las personas que demandan justicia ante su instancia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/197684-203-7417-2017-15-1042.HTML 

TSJ anula acuerdo de la AN sobre reactivación Carta Democrática Interamericana y ordena cambio de legislación penal


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SALA CONSTITUCIONAL

Recurso de Nulidad

TSJ/SC Nº 155  Fecha: 28-03-2017

Caso: Héctor Rodríguez Castro VS. Acuerdo AN

Decisión: La Sala anula el Acuerdo de la AN, ordena la apertura de un nuevo proceso y decreta unas medidas cautelares innominadas dirigidas al Ejecutivo Nacional. Ello con fundamento en los siguientes argumentos:

Como antes se señaló, al declarar el asunto como de mero derecho, la presente causa no requiere de material probatorio para su resolución toda vez que de los hechos narrados, así como de los propios fallos de esta Sala que abiertamente ha incumplido la Asamblea Nacional (entre otras, las sentencias N° 3 del 14 de enero de 2016; N° 615 del 19 de julio de 2016 y N° 810 del 21 del septiembre de 2016) se evidencia que efectivamente existe una clara intención de mantenerse en franco choque con la Constitución, sus principios y valores superiores, así como en desacato permanente de las sentencias dictadas por la Sala Electoral y por esta Sala Constitucional, al punto de que su incumplimiento ya no sólo responde a una actitud omisiva sino que en acto de manifiesta agresión al pueblo como representante directo de la soberanía nacional, existe una conducta que desconoce gravemente los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de “Traición a la Patria”, como lo ha referido el recurrente.  

(…OMISSIS…) 

Por ello, la Sala Constitucional en resguardo de las disposiciones, principios y garantías constitucionales, está obligada a dar solución a la obstaculización que enfrenta la efectiva aplicación de los mismos; bien, si ello se produce con ocasión de una acción o de una omisión de un órgano del Poder Público  -como lo es la Asamblea Nacional, que tiene entre otras la función de legislar-, aplicando el remedio judicial que el Constituyente diseñó para hacer frente a una situación de inconstitucionalidad, que afecta no sólo la esfera individual de los legisladores que no se encuentran en esa situación omisiva, sino que por la función que les ha sido encomendada, afectan al colectivo, en este caso, al pueblo que es en quien reside –como antes se apuntó-  la soberanía nacional.

Es así como esta Sala Constitucional considera que el agraviado directo en esta acción es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene la expectativa plausible y la confianza legítima en sus autoridades elegidas mediante la democracia como sistema de gobierno, de que los valores superiores consagrados en la Carta Magna y los principios constitucionales sean efectivamente garantizados, impidiendo toda actuación que busque una injerencia de autoridad extranjera sea cual fuese su naturaleza; ello porque constituye una ofensa grave a la norma suprema del Estado Venezolano, la cual debe ser cumplida a cabalidad por todos los órganos del Poder Público, y esta Sala en ejercicio de la jurisdicción constitucional, está llamada a evitar se produzcan ilícitos constitucionales que atenten contra la independencia y soberanía nacional y conlleven a la ruptura del orden y del hilo constitucional base del Estado  Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que el pueblo de Venezuela se ha dado mediante votación universal.

En este sentido, es preciso acotar que esta Sala Constitucional en respeto a los principios de independencia, soberanía, legalidad, seguridad jurídica y orden público constitucional, como garante de los derechos y garantías previstos en el Texto Fundamental, debe anular el acto impugnado que adolece del vicio de inconstitucionalidad antes examinado y, asimismo, ordenar se tomen medidas de alcance normativo erga omnes, a fin de propender a la estabilidad de la institucionalidad republicana. Así se decide.

 (…OMISSIS…) 

De tal manera que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, es notoriamente comunicacional que luego de dictado el acto declarado nulo en esta sentencia, han venido ocurriendo otras acciones e, incluso, omisiones, que también pudieran atentar de forma especialmente grave contra el sistema de valores, principios y normas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y, en fin, contra la estabilidad de la República, de la Región y de la más elemental noción de justicia universal, razón por la que, conforme a lo dispuesto en los artículo 7, 137, 253, 266, 322, 326, 333, 334, 335, 336 y 350 del Texto Fundamental, en armonía con sus artículos 337 y siguientes, en razón del Estado de Excepción vigente en la República (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017); esta Sala Constitucional, en tanto máxima y última intérprete del Texto Fundamental, ordena de oficio la apertura de un proceso de control innominado de la constitucionalidad (cuyo expediente se iniciará con copia certificada de la presente decisión), para garantizar los derechos irrenunciables de la Nación y de las venezolanas y venezolanos, los fines del Estado y la tutela de la justicia, la independencia y soberanía nacional (ver, entre otros, los artículos, 1, 2, 3 y 5 eiusdem), el cual se seguirá conforme a lo previsto en los artículos 128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la jurisprudencia de esta Sala. Así se decide.

(…OMISSIS…)

En tal sentido, ante las inéditas acciones que afectan la paz y soberanía nacional y ante el reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional que ha venido ejecutando el actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), lesivo a los principios generales del derecho internacional y a la propia Carta de la Organización de Estados Americanos (A-41), referidos a la autodeterminación, independencia y soberanía de los pueblos, entre otros (ver sentencias de esta Sala n.° 1939 del 18 de diciembre de 2008, 1652 del 20 de noviembre de 2013 y 3342 del 19 de diciembre de 2002), se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente.

Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes) (ver sentencia de esta Sala Constitucional n.° 612 del 15 de julio de 2016 y de la Sala Plena nros. 58 del 9 de noviembre de 2010 y 7 del 5 de abril de 2011, entre otras).

            Igualmente, se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han defendido la posición de la República Bolivariana de Venezuela, así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra Patria, por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas. Y así garantizar, conforme a nuestra tradición histórica, los derechos humanos sociales inherentes a toda la población, en especial, de los pueblos oprimidos. Así decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En primer lugar, la Sala declara la nulidad de un Acuerdo dictado por la Asamblea, con fundamento en que la misma está empeñada en mantenerse en desacato a las decisiones del TSJ, y que, al dirigirse a instancias internacionales para pedir la activación de Carta Democrática Interamericana en contra de Venezuela, se está incurriendo en un acto de agresión en contra de la soberanía (representada en este caso por el Gobierno Nacional) y en consecuencia, en el delito de Traición a la Patria (representada igualmente por el Gobierno Nacional)

En segundo lugar, y sin que fuera solicitado por el recurrente, se decidió iniciar un “proceso de control innominado de la Constitución” (el cual no existe en nuestro ordenamiento jurídico) aplicando el procedimiento provisorio previsto en la Ley del TSJ, sin indicar cuál o cuáles son las actuaciones llamadas a “controlarse” con dicho proceso.

En tercer lugar, dentro de este nuevo proceso, se dictan medidas cautelares no solicitadas, mediante las cuales el TSJ ordena al Ejecutivo intentar acciones internacionales para evitar el estado de conmoción y revisar la legislación adjetiva y sustantiva vigente. En el marco de esa orden, se hace la salvedad de que al estar en desacato la AN, los diputados de la MUD ya no se encuentran amparados por la inmunidad parlamentaria, porque no estarían en ejercicio de sus funciones constitucionales, por ser su ejercicio inconstitucional al estar en desacato.

Finalmente, se ordena al Ejecutivo que en el marco de un estado de excepción, para evitar una conmoción, tome “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes; y revise “excepcionalmente” (nos imaginamos por el estado de excepción declarado por el TSJ) la legislación sustantiva y adjetiva “incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.

Con respecto a esta decisión se pronunció públicamente la Fiscal General de la República indicando que con ella se había “roto el hilo constitucinal” en el país; lo cual provocó que días después se dictara una aclaratoria de oficio de la sentencia, mediante la cual se revocó parcialmente el fallo. No obstante, tal y como lo explicamos al detalle en http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/tsj-no-aclares-que-oscureces/ dicha aclaratoria no corrige realmente la situación.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML 

 

Legitimación para intentar acciones de protección de derechos colectivos o intereses difusos


JUSTICIA-NOTA

SALA CONSTITUCIONAL

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS O INTERESES DIFUSOS

TSJ/SC Nº 153      Fecha: 24-03-2017

Caso: Braulio Jatar Alonso, Henry Jaspe Garcés, Antonio González Abad y Luis Andrés Tarbay, ejercieron demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, contra del ciudadano Gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos José Mata Figueroa, por las presuntas amenazas de violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y a la participación popular en referendos revocatorios previstos en los artículos 21, 57 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Decisión: Se declara INADMISIBLE la presente acción de protección de los derechos e intereses colectivos.

Extracto:

“Determinada la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión incoada, por lo que, en atención al criterio jurisprudencial  reiterado de esta Sala, corresponde pronunciarse sobre la legitimidad de los accionantes, que intentaron la acción incoada en defensa de los denominados derechos colectivos.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación ad causam para interponer pretensiones o demandas de intereses colectivos o difusos de sujetos, entes, asociaciones u organismos públicos o privados, o la representación de las demás personas afectadas ante situaciones lesivas o amenazas de agravio de intereses que transcienden a los personales, los peticionarios debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación a sus derechos o situación jurídica de su esfera particular, tal como lo ha señalado esta Sala en sentencia N.° 612 del 15 de julio de 2016:

“(…) se colige que, en cuanto a la legitimación y representación de particulares para la proposición de pretensiones de tutela de intereses colectivos o difusos, el peticionario debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación directa a sus derechos o situación jurídica subjetiva, es decir, que el acto, hecho u omisión que materializa la circunstancia fáctica, genere, además de lesión sobre los derechos o intereses suprapersonales, una alteración directa y negativa en la situación jurídica del peticionario, quien debe proponer, en primer orden, la pretensión en defensa de sus derechos, con la invocación y finalidad de solución colectiva a quienes se encuentren en similar situación, para lo cual debe acreditar el grado de representación que se atribuye, pues una de las particularidades de la afectación de intereses suprapersonales es que la decisión necesariamente debe resolver la situación gravosa para toda la pluralidad subjetiva afectada, debido a que en estos casos es imposible la individualización o solución exclusiva de la situación jurídica del peticionario sin consecuencias jurídicas para el resto, dada la indivisibilidad del derecho o interés lesionado”.

En este sentido, en el presente caso los accionantes no señalaron fundamentación alguna de legitimación o representación de la pretensión incoada de la tutela de los intereses difusos o colectivos. En este sentido, en sus alegaciones los peticionarios no demostraron la situación jurídica que le hubiese sido afectada en su esfera particular que debe ser invocada en primer término con miras a la resolución del conflicto de los derechos e intereses de quienes se encuentren en la misma situación, y a su vez, ello permita la representación de la pluralidad subjetiva afectada por la situación delatada como lesiva de los derechos e intereses de la colectividad a quien dicen representar.

Además, no demuestran qué afectación puedan tener con las supuestas limitaciones al acceso a las misiones o de las presuntas situaciones de discriminación desplegadas en el estado Nueva Esparta a las personas que participaron en el proceso revocatorio, lo cual denota falta de representación y legitimación para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales del colectivo del cual se arrogaron su representación  los ciudadanos Braulio Jatar Alonso, Henry Jaspe Garcés y Luis Andrés Tarbay, en el presente caso ante una pretensión que en términos fácticos no demuestran que les lesionen o que los actos lesivos afectan su situación jurídica subjetiva.

Comentario de Acceso a la Justicia: Los accionantes, en este caso, alegaban el hecho notorio y comunicacional en que el gobernador del estado Nueva Esparta Carlos José Mata Figueroa en su programa radial y televisivo “Triunfando con el Gobernador”, intimidó públicamente a todos los habitantes de la entidad que hubiesen solicitado la activación del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, “…de limitarles el acceso a la Misión Vivienda o la Misión Transporte, así como despedir de sus trabajos a los funcionarios públicos a través de una lista que tendría a su disposición para ejecutar actos que a criterio de los accionantes tienen carácter de apartheid político, por el solo hecho de haber firmado la activación del referido proceso constitucional”, y por ende, demandaron la violación de los derechos a la igualdad, a la libertad de expresión y a la participación popular en referendos revocatorios.

Sin embargo, la SC determinó la inadmisibilidad de la demanda por la falta en que incurrieron los accionantes de no demostrar en qué les afectaban las supuestas limitaciones al acceso a las misiones o de las presuntas situaciones de discriminación desplegadas en el estado Nueva Esparta a las personas que participaron en el proceso revocatorio…” lo que “…denota falta de representación y legitimación para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales del colectivo…” . Cabe acotar que a pesar de que las amenazas denunciadas podrían tener un presunto carácter delictivo, la Sala se abstuvo de remitir el expediente al Ministerio Público para que el mismo realizara las averiguaciones pertinentes. En tal sentido debe recalcarse que es obligación de toda persona, y más de un órgano del poder público, el denunciar la presunta comisión de un delito para que el mismo sea investigado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197251-153-24317-2017-16-0548.HTML 

¿Recurso de Reconsideración de una Sentencia?


MONITOREO1

SALA CONSTITUCIONAL

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

TSJ/SC Nº 131   Fecha: 23-03-2017

Caso: Douglas José Monasterios Tortoza solicita a la Sala Constitucional la reconsideración de una sentencia

Decisión: Se declara improponible en derecho el recurso de reconsideración interpuesto

Extracto:

“El solicitante planteó a esta Sala lo que calificó como “recurso de reconsideración” de la decisión N° 958 dictada el 15 de junio de 2011 por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, declaró “(…) NO HA LUGAR la revisión constitucional (…) de la sentencia dictada el 2 de agosto de 2010, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra el fallo dictado el 14 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y confirmó la declaratoria sin lugar del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el prenombrado ciudadano contra el Ministerio de Educación y Deportes, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación (…)”, ello con ocasión a la Resolución N° 261 del 29 de diciembre de 2006, mediante la cual se le destituyó del cargo de Docente IV Coordinador de Seccional adscrito a la E.B.N. “Evelia Avilán de Primentel”, por considerarlo incurso en la causal establecida en los artículos 118.5 de la Ley Orgánica de Educación, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.635 Extraordinario del 28 de julio de 1980, aplicable ratione temporis, en concordancia con el artículo 150.5 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, relativo a observar conducta contraria la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres o a los principios que informan nuestra Constitución y las demás leyes de la República.

Al respecto, se observa que lo pretendido por el solicitante es que este Máximo Tribunal se pronuncie nuevamente sobre el fondo del asunto ya decidido mediante sentencia N° 958 dictada el 15 de junio de 2011 por esta Sala, razón por la cual dicho pedimento excede de las facultades de esta Sala Constitucional, ya que después de pronunciada la decisión en cuestión carece este órgano jurisdiccional de una nueva facultad decisoria, salvo que se trate de la aclaratoria o ampliación del fallo, lo cual no tiene por finalidad un nuevo pronunciamiento de la causa, sino como reiteradamente lo ha expuesto esta Sala, en sentencia N° 1.068 del 8 de mayo de 2003, tiene por propósito “(…) principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquel contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que el pronunciamiento del juez (…)” no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es sencillamente, un mecanismo que permite determinar la voluntad del órgano decisor, a fin de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia.

En este orden de ideas, debe esta Sala Constitucional advertir que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se ha establecido que la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada se traduce en tres (3) aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se han agotado todos los recursos de ley, inclusive, el de invalidación (non bis in idem) -a ello se refiere el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por cuanto no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema, no pudiendo ningún otro juez modificar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; y c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena, esto es, la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales, se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso (cfr. sentencias Nos. 233 del 11 de marzo de 2005, 1385 del 28 de junio de 2005 y 570 del 2 de junio de 2014).

En este sentido, las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el artículo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, de allí que la Sala, luego de haber sido dictada sentencia definitiva, carece de potestad alguna para conocer nuevamente de sus propias decisiones, aunado al hecho que, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,  contra sus decisiones no se admite medio de impugnación alguno, por tanto, la sentencia cuya reconsideración se pretende resulta, a todas luces, inimpugnable. (cfr. sentencias Nos. 93 del 20 de febrero de 2008 y 1560 del 20 de octubre de 2011).

Además, la Sala le recuerda al recurrente que este órgano judicial tampoco puede pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, pues ha perdido jurisdicción para efectuar un nuevo examen del asunto (vid. sentencia N° 681 dictada el 2 de junio de 2009).

En razón de las consideraciones expuestas, la solicitud planteada resulta improponible en derecho (cfr. sentencias Nos. 1497/2005, 684/2007 y 1560/2011). Así se declara.

Finalmente, esta Sala no puede dejar de advertir que no le está dado a los operadores de Justicia conocer recursos inexistentes en vía jurisdiccional, es decir, carentes de la posibilidad jurídica de ser tutelados por el ordenamiento jurídico por así derivarse de los supuestos fácticos explanados en la petición realizada, pues la garantía del derecho a la tutela judicial comporta el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, conozcan el mérito de las pretensiones propuestas a fin de dictar una decisión fundada en derecho que determine el contenido y extensión del derecho deducido. Por lo tanto, se apercibe al mencionado ciudadano Douglas José Monasterio Tortoza a que en lo sucesivo se abstenga de dirigir peticiones ante este órgano jurisdiccional para el conocimiento de planteamientos improponibles en derecho, toda vez que ello recarga de manera innecesaria las funciones de este Alto Tribunal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala fundamenta su decisión en el carácter de cosa juzgada formal que adquieren todas las decisiones emanadas de ella, lo que la incapacita para pronunciarse nuevamente sobre el fondo del asunto; quedando a salvo lo relativo a las aclaratorias, correcciones o ampliaciones, sin que estas últimas puedan alterar el fondo de la decisión.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197114-131-23317-2017-10-1100.HTML

Resolución de amparo in limine litis


JUSTICIA-NOTA

SALA CONSTITUCIONAL

ACCIÓN DE AMPARO

TSJ/SC Nº 129    Fecha: 23-03-2017

Caso: Acción de amparo constitucional interpuesta por Fidel Ángel Terán Sandoval 

Decisión: La Sala, se declara competente para conocer, admite la acción de amparo, declara el asunto como de mero derecho y decide el fondo del asunto declarando la acción de amparo con lugar

Extracto:

“Precisada la admisibilidad de la pretensión de amparo interpuesta, pasa esta Sala Constitucional a resolver el fondo de la presente controversia y, al respecto, observa que en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por esta máxima instancia constitucional para aplicar la institución de procedencia in limite litis de la demanda de amparo.

En efecto, esta Sala en decisión N° 993 del 16 de julio de 2013, ratificada en el fallo N° 1212 del 26 de octubre de 2015, estableció que la exigencia de la celebración de la audiencia oral fenece cuando el hecho controvertido en el amparo es un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo; que ello ocurre cuando lo alegado y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Atendiendo al criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala considera que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, como lo es determinar si menoscaba o no los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva del ciudadano Fidel Ángel Terán Sandoval, el fallo dictado el 2 de marzo de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que declaró “(…) SIN LUGAR el recurso de hecho (…)” ejercido contra la decisión proferida el 15 de febrero de 2016 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que negó por extemporáneo el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Fidel Ángel Terán Sandoval contra la sentencia definitiva proferida el 7 de enero de 2016, que declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad de venta interpuesta por el ciudadano William Alfredo Terán Sandoval contra el hoy accionante.

Por lo tanto, no resulta necesario entonces, a los fines de la resolución del fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, ya que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente constituyen elementos suficientes para emitir pronunciamiento, y de efectuarse la audiencia oral no se aportarían datos nuevos que modifiquen el objeto controvertido. Así se declara.

Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito de la causa y, a tal efecto, considera necesario hacer una breve reseña de las actuaciones que precedieron a la interposición de esta acción de amparo para una mejor comprensión del asunto.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el criterio según el cual se puede decidir una acción de amparo de manera definitiva al mismo momento de la admisión, si así lo considera la Sala, sin siquiera escuchar al presunto agraviante de la acción de amparo; con lo cual definitivamente se le estaría violando el derecho a la defensa, que en el caso bajo estudio es un Juez, ya que se trata de un amparo contra sentencia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197112-129-23317-2017-16-0300.HTML 

Referendo revocatorio. Recolección de manifestaciones de voluntad


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SALA CONSTITUCIONAL

RECURSO DE AMPARO

TSJ/SC Nº 123  Fecha: 23-03-2017

Caso: acción de amparo interpuesta por Evelio Quintero, Hernán José Reyes, Francisco Seijas y Wilfredo Seijas en contra de la decisión del CNE de suspender el proceso de recolección de firmas para el referendum revocatorio

Decisión: Se declara inadmisible la acción de amparo propuesta

Extracto:

“… en cuanto a la legitimación y representación de particulares para la proposición de pretensiones de tutela de intereses colectivos o difusos, el peticionario debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación directa a sus derechos o situación jurídica subjetiva, es decir, que el acto, hecho u omisión que materializa la circunstancia fáctica, genere, además de lesión sobre los derechos o intereses suprapersonales, una alteración directa y negativa en la situación jurídica de los peticionantes, deben proponer, en primer orden, la pretensión en defensa de sus derechos, con la invocación y finalidad de solución colectiva a quienes se encuentren en similar situación, para lo cual debe acreditar el grado de representación que se atribuye, pues, una de las particularidades de la afectación de intereses suprapersonales es que la decisión necesariamente debe resolver la situación gravosa para toda la pluralidad subjetiva afectada, debido a que, en estos casos, es imposible la individualización o solución exclusiva de la situación jurídica de los accionantes sin consecuencias jurídicas para el resto, dada la indivisibilidad del derecho o interés lesionado (Vid. sentencia Nro. 490 del 28 de junio de 2016, caso: “José Ignacio Guédez Yépez contra el Gobierno Nacional”).

 (…OMISSIS…) 

No obstante, los accionantes no demostraron que su situación jurídica subjetiva hubiese sido afectada por los hechos, actos u omisiones que le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en la persona de la ciudadana Tibisay Lucena, así como su supuesta condición de representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva, que pudiese atribuirles la representación para actuar o requerir del órgano de administración de justicia la protección o tutela de derechos o intereses ajenos.”

Comentario de Acceso a la Justicia: 

La SC declaró inadmisible la acción de amparo constitucional presentada por varios ciudadanos representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva, para la protección tanto de sus derechos individuales como colectivos y difusos ante la decisión de la presidenta del CNE en que declaró la suspensión del proceso de recolección del equivalente al 20% de las manifestaciones de voluntad del Pueblo Venezolano para el referéndum revocatorio Presidencial, el cual iba a realizarse en los próximos días del 26, 27 y 28 de octubre de 2016.

La decisión de la mencionada Sala estuvo sustentada en la falta de legitimación y representación por parte de los accionantes quienes no demostraron que su situación jurídica hubiese sido afectada por los hechos, actos u omisiones que le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en la persona de la ciudadana Tibisay Lucena, así como su supuesta condición de representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197106-123-23317-2017-16-1063.HTML

Estado de Excepción. Control de constitucionalidad de prórroga


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SALA CONSTITUCIONAL

SOLICITUD DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY

TSJ/SC Nº 113    Fecha: 20-03-2017

Caso: Presidente de la República solicita constitucionalidad de decreto de prórroga de estado de emergencia

Síntesis: La Sala analiza el Decreto Presidencial, mediante el cual se prorroga por 60 días el estado de excepción decretado el 13 de enero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución. De igual manera, pasa a declarar la nulidad del Acuerdo de la AN, mediante el cual se desaprobó el mencionado Decreto. Ello, sin que se siguiera el procedimiento legalmente establecido para ello y sin que se hubiera impugnado formalmente el mismo.

Decisión: Declara la constitucionalidad del Decreto N° 2.742 del 13 de marzo de 2017, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual prorroga por 60 días el plazo establecido en el Decreto N° 2.667 del 13 de enero de 2017, en el cual se declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional. Asimismo, declara NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ el acto en el cual la Asamblea Nacional desaprobó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en sesión ordinaria del 17 de enero de 2017. REITERA lo declarado por esta Sala en la Sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. En consecuencia, los actos de la Asamblea Nacional viciados de nulidad no pueden servir de sustento a actos subsiguientes, aun cuando cesare el referido desacato; razón por la que, al culminar esa situación lesiva para el orden democrático y social, la Asamblea Nacional deberá omitirlos y reiniciar, de ser el caso, los procesos de formación de los actos parlamentarios (lato sensu) que a bien tenga desarrollar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

Extracto: 

“Como ha podido apreciarse, esta Sala ya se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.074 de la misma fecha; mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, y ahora corresponde emitir pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o no del Decreto n.° 2.742 del 13 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.112 de la misma fecha; mediante el cual, el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el referido Decreto n.° 2.667.

(…OMISSIS…)

Respecto de las circunstancias que ameritarían la prórroga de tal mecanismo excepcional y extraordinario, ciertamente, tal como lo propugna la doctrina antes mencionada, destacan los conceptos de heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción (potencial o acaecida) de daños a personas, cosas o instituciones. De éstos, la Sala estima pertinente aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presentarse en el plano material, sean de origen natural, social o económico, son de enorme diversidad e índole y en esa medida los estados de excepción reconocidos y declarados por Decreto del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que tradicionalmente se asocian a este tipo de medidas; empero, por igual pueden referirse a situaciones anómalas que afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberanía, el funcionamiento de las instituciones, la armonía de la comunidad y de la economía, en el ámbito nacional, regional o local, que ameriten apartarse de las normas ordinarias para tomar medidas excepcionales, orientadas por la normativa proyectada en el decreto en cuestión (superposición del ordenamiento jurídico de excepción sobre el régimen ordinario); razón por la que es obviamente trascendental y vinculante el control constitucional en este contexto que, en definitiva, constituye la máxima y definitoria expresión del control, al ser la Constitución la norma Suprema y fundamento del Poder Público -ver arts. 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental-; ello sin restarle importancia al control político, cuyos efectos en esta materia podrán ser canalizados conforme lo señala la norma atributiva de tal competencia, prevista en los artículos 187.3 y 222 de la Constitución, en el marco del resto del Texto Fundamental y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (ver sentencia de esta Sala n.° 9/2016).

(…OMISSIS…)

En este orden de ideas, la Asamblea Nacional ha reconocido la existencia de una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas para regresar a la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución, tal como se desprende de la pretendida “Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria en Salud, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 3 de mayo de 2016” (que fue declarada inconstitucional por esta Sala en sentencia n.° 460 del 9 de junio de 2016, en razón de incurrir en varios vicios contrarios al texto constitucional).

Así pues, examinado el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa primariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, prorrogar por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.112 de la misma fecha, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, en virtud de que subsisten las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, de modo que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos y venezolanas contra la guerra económica; prórroga que se dicta a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan la estabilización económica del país y mitigar los efectos de la guerra económica, en el marco de los referidos decretos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.

(…OMISSIS…)

Asimismo, el decreto sub examine se muestra compatible con la necesidad de alcanzar los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 3 Constitucional, así como también con las metas macroeconómicas y macro sociales, y con el cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos que adopta el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6118 Extraordinario del 4 de diciembre de 2013, que han venido siendo desarrollados por el Estado venezolano, entre las cuales pueden mencionarse, a título de ejemplo, los siguientes:

(…OMISSIS…)

Por otra parte y  por notoriedad comunicacional, a través de la página web www.asambleanacional.gob.ve, esta Sala ha tenido conocimiento de la publicación de un Acuerdo de la Asamblea Nacional (la cual aún se encuentra en desacato al Poder Judicial), de fecha 17 de enero de 2017, mediante el cual el referido órgano legislativo “desaprobó” el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, mediante el cual declara estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional.

Al respecto, esta Sala estima pertinente reiterar que para el día 17 de enero de 2017, fecha en la cual se produjo el acto de desaprobación del Decreto n° 2.667 del 13 de enero de 2017, emanado del Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional se encontraba (y aún se encuentra) en desacato al Poder Judicial, específicamente, a las decisiones dictadas por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia (ss. SE n.os260/30.12.2015; 01/11.01.2016 y 108/01.08.2016); toda vez que, aún no se ha producido el acto formal de desincorporación de ese órgano legislativo, por parte de la plenaria del mismo, de la ciudadana Nirma Guarulla y de los ciudadanos Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya proclamación se encuentra suspendida por la Sala Electoral de este máximo tribunal de la República; razón por la cual, dicho acto de desaprobación del decreto sub examine es nulo, inexistente y carente de validez, en correspondencia con lo dispuesto por esta Sala en su sentencia n°. 808, el 2 de septiembre de 2016, mediante la cual declaró, entre otros pronunciamientos, que: “…resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”; razón por la cual, el acto emanado de la Asamblea Nacional, en el cual se desaprueba el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, es nulo, inexistente y carente de validez. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La SC, una vez más, declara válida la prórroga de la vigencia del Estado de Excepción y Emergencia Económica,  mediante Decreto N°   2.742 del 13 de marzo de 2017, publicado en Gaceta Oficial n.° 41.112 de la misma fechapor estar ajustada a la Carta Fundamental. Ccomo consecuencia de ello, en nuestro país, sin lugar a dudas, la excepción ha pasado ser la regla permanente, por tratar el Ejecutivo de  afrontar supuestamente “el asedio instaurado en contra de la economía venezolana”. Debe destacarse, al respecto, cómo el Ejecutivo, con la anuencia de la SC, utiliza el Estado de Excepción como un mecanismo para neutralizar las funciones que tiene la AN desde que está dirigida por la oposición.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197015-113-20317-2017-17-0069.HTML