Presentación de la memoria sobre la gestión del Vicepresidente Ejecutivo y demás Ministros ante el TSJ


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SALA CONSTITUCIONAL

Interpretación constitucional

TSJ/SC N° 90  de la sentencia:   Fecha: 24 de febrero de 2017.

Caso: El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami presenta “DEMANDA DE INTERPRETACIÓN del artículo 244 del Texto Fundamental, en relación al desacato que mantiene la Asamblea Nacional frente al Poder Judicial y al orden constitucional”.

Decisión: Se declara COMPETENTE para conocer la presente demanda de interpretación constitucional. ADMITE la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto. RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada. DECLARA la omisión inconstitucional del Poder Legislativo Nacional y, en consecuencia, esta Sala: Decide que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los Ministros y Ministras, deben presentar, ante este Tribunal Supremo de Justicia, sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, a las que se refiere el artículo 244 Constitucional, el día viernes tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en garantía de la democracia participativa, entre otros valores, principios y normas constitucionales. Ordena notificar de la presente decisión al Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami y a los Ministros y Ministras. Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela: “Sentencia que interpreta el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional; por lo que en esta oportunidad el Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami,  y los Ministros y Ministras del gabinete ejecutivo presentarán sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos, en el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Comentario de Acceso a la Justicia: Con ocasión de un recurso de interpretación constitucional del artículo 244 de la Carta Fundamental en que establece que los ministros presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior”, la SC aprovechó nuevamente la ocasión para desnaturalizar el sentido y alcance de la Carta venezolana al “interpretar” que el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del Ejecutivo Nacional, ante el desacato judicial en que se encuentra la AN, deben presenten la memoria de su gestión ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/196425-90-24217-2017-17-0239.HTML

Control político sobre la empresa estatal PDVSA


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DEMANDA DE NULIDAD

TSJ/SC N° 088   Fecha: 24 de febrero de 2017

Caso: El ciudadano Rafael Ramírez presenta demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el 17 de febrero de 2016, que se reflejan en las comunicaciones suscritas los días 5 y 21 de abril de 2016 por el Presidente de la referida Comisión, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), durante el periodo comprendido entre los años 2004-2014.

Decisión: Se declara PROCEDENTE la demanda de nulidad contra los actos realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el 17 de febrero de 2016, que se reflejan en las comunicaciones suscritas los días 5 y 21 de abril de 2016 por el Presidente de la referida Comisión, con ocasión de supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), durante el periodo comprendido entre los años 2004-2014, en el que el accionante Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñó como presidente de la mencionada persona jurídica. Asimismo, REVOCA la medida cautelar acordada  en la decisión n.° 893 del 25 de octubre de 2016, y ORDENA a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que determinen si es procedente o no “ordenar el inicio de las investigaciones respectivas, en contra del diputado Freddy Guevara”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con esta sentencia la Sala Constitucional declaró la nulidad de los actos emanados de la Comisión Permanente de la Contraloría de la AN con ocasión de las investigaciones realizadas por las supuestas irregularidades ocurridas en PDVSA entre los años 2004-2014, período en el que Rafael Ramírez se desempeñó como presidente de la mencionada empresa estatal.  El fallo es consecuencia de la sentencia N° 893 del 25 de octubre de 2016  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/191316-893-251016-2016-16-0940.HTML en que la Sala  admitió la demanda de nulidad presentada por Rafael Ramírez y, por otro lado, suspendió cautelarmente la fiscalización que llevaba a cabo la Comisión Permanente de Contraloría de la AN sobre la gestión de PDVSA.

Resalta, por otra parte, que para la Sala el diputado Freddy Guevara al viajar, como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), para notificar personalmente al ciudadano Rafael Ramírez, en la sede de la misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU,  incurrió probablemente” en un “vicio de usurpación de atribuciones, entre otros posibles ilícitos de diversa naturaleza que, incluso, pudieran implicar lesiones al patrimonio público y al correcto funcionamiento de la administración pública; lo que no sólo pudiera comprometer su responsabilidad individual, sino también la de quienes pudieron avalar tales actuaciones desde la Asamblea Nacional o desde cualquier otra institución”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/196424-88-24217-2017-16-0940.HTML

Pago oportuno de sueldos a los trabajadores de la AN


El TSJ le quita hasta la chequera a la Asamblea Nacional

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ACLARATORIA Y AMPLIACIÓN

TSJ/SC N° 087. FECHA: 24-02-2017

Caso: Solicitud de aclaratoria y ampliación de la sentencia N° 5 del 19 de enero de 2017 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195171-05-19117-2017-17-0086.HTML a través de la cual se ordenó al Ejecutivo Nacional por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones  de esta Sala

Decisión: Se declara INADMISIBLE la solicitud de aclaratoria y ampliación de la sentencia N° 5 de fecha 19 de enero de 2017. Aclara y amplia de oficio.

Comentario de Acceso a la Justicia: A pesar que la Sala Constitucional declaró la inadmisibilidad de la solicitud de aclaratoria y ampliación de la sentencia N° 5 del 19 de enero de 2017 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195171-05-19117-2017-17-0086.HTML porque fue solicitada de manera extemporánea por los accionantes, consideró que era viable pronunciarse visto que la solicitud “involucra derechos constitucionales de orden social como lo son el derecho al trabajo y al salario (artículos 87 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), y como quiera que la situación fáctica del conglomerado de trabajadores activos y jubilados de la Asamblea Nacional pudiera verse afectada”.

En tal sentido, precisó que el Ejecutivo Nacional debe efectuar el pago a los trabajadores de la AN por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas, a través de las dependencias, órganos u entes competentes para ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, le ordenó a la AN “realizar los trámites necesarios para suministrar y remitir oportunamente al referido Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas, la información y soportes necesarios (vgr. listado de nóminas, archivos o soportes físicos o digitales, entre otros) para el cabal cumplimiento de este fallo”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/196422-87-24217-2017-17-0086.HTML

Inconstitucionalidad por omisión. Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del Municipio.


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INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN

TSJ/SC N° 055. FECHA: 23-02-2017

Caso: Acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, debido a que dicho órgano omitió la aprobación del Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del Municipio Santiago Mariño ejercicio fiscal 2017, que procura la optimización de los recursos financieros necesarios para la construcción y profundización de estructuras orgánicas que beneficien a las comunidades.

Decisión: Se ADMITE la acción de inconstitucionalidad por omisión, se ACUERDA medida cautelar consistente en la autorización al ciudadano Alcalde del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, Alberto Omar Mora, para que proceda a erogar con cargos a las partidas presupuestarias del presupuesto del año 2017, presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los gastos, y pagos por concepto de sueldos del personal, pagos de obras y servicios públicos, en aras de la continuidad administrativa a la gestión de competencias constitucionales del municipio, y se ACUMULA el exp. 17-0007 al exp. signado con el nro. 16-1030.

Comentario de Acceso a la Justicia: El caso está referido a la presunta omisión del Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, de aprobar el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del Municipio Santiago Mariño ejercicio fiscal 2017.

En tal sentido, la Sala Constitucional admitió, por una parte, la acción de inconstitucionalidad por omisión presentada por el Alcalde del mencionado municipio y, por la otra, acordó la medida cautelar para que el Ejecutivo Municipal que proceda a erogar con cargos a las partidas presupuestarias del presupuesto del año 2017, los gastos, y pagos por concepto de sueldos del personal, pagos de obras y servicios públicos, hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda por omisión.

Por último, la Sala acordó acumular este caso con la demanda referente a una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua al publicar la “Ordenanza sobre el Régimen para la Comparecencia de los Funcionarios y Funcionarias Pública y los y las Particulares ante el Concejo Municipal del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/196333-55-23217-2017-17-0007.HTML

Abandono del cargo del Presidente de la República


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Sala Constitucional.

Recurso de nulidad. 

TSJ/SC Nº 7. Fecha: 26/01/2017.

Caso: Diputado Héctor Rodríguez presenta recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, titulado “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”.

Decisión: Se declara INADMISIBLE la acción de nulidad propuesta, por haber operado la cosa juzgada.  Se FIJA con carácter vinculante que la figura del abandono del cargo a que se refiere el artículo 233 de la Constitución, se configura con la ocurrencia de tres elementos como lo son la voluntad de dejar el cargo de Presidente de la República, que no haya motivo o justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva. Se declara que se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017.

La Sala expuso:

“Sin embargo, estando en ejercicio del período constitucional para el cual fue electo democráticamente (2013-2019), el Poder Legislativo Nacional ha dado por medio de actos parlamentarios írritos un atentado al orden democrático y constitucional, al estar al margen de la Carta Magna, de las decisiones del Máximo Tribunal de la República, al iniciar un supuesto juicio político y ahora bajo el velo de un supuesto abandono del cargo del Jefe de Estado, con el fin último de deslegitimar y por último “destituir” al Presidente de la República pese a las órdenes de cese dictaminadas por éste Máximo Tribunal.

Es por ello, que esta Sala Constitucional declara que el procedimiento para determinar las faltas absolutas del Presidente de la República está contemplado en el texto fundamental en los artículos 233 y 234 antes transcritos, siendo uno de los supuestos de hecho, la muerte a la cual se refirió esta Sala en la sentencia citada supra, y otro, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, el cual supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo, por lo que el pretendido abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional bajo el argumento de encontrarse “al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia” resulta evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo, cuando contrariamente, se encuentra en el ejercicio continuo, permanente, pleno y absoluto de sus funciones en el ámbito nacional e internacional, lo cual se evidencia en los hechos notorios comunicacionales que dan cuenta de su amplio margen de acción ejecutiva y de su apego al texto Constitucional, como lo es incluso el mensaje a que se refiere el artículo 237 constitucional rendido ante este Alto Tribunal, conforme lo decidido en sentencia de esta Sala número 03, dictada el 11 de enero de 2017, caso: Nicolás Maduro Moros; por lo que la actuación de la Asamblea Nacional constituye un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular.  Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional, después de hacer un breve recorrido doctrinario y jurisprudencial -destacándose el acentuado uso de la enciclopedia libre electrónica Wikipedia-, procedió a delimitar las condiciones para que se produzca el abandono del cargo por el Presidente de la República como causal de falta absoluta, y en tal sentido estableció “que  supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo”.

En razón de lo anterior, la Sala sentenció que el abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional constituye “un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular”. En efecto, expresamente aseveró que “evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195578-07-26117-2017-17-0010.HTML

Ahora los honores del Panteón Nacional los entrega el Ejecutivo


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Sala Constitucional. 

Interpretación constitucional. 

TSJ/SC N° 6. Fecha: 20/01/2017.

Caso: El Presidente de la República, NICOLÁS MADURO MOROS, interpuso recurso de interpretación del artículo 187, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Decisión: Se admite el recurso. La Sala resolvió:

En este sentido se puede destacar que el Presidente o Presidenta de la República, las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno, tienen la potestad de recomendar a la Asamblea Nacional que venezolanos o venezolanas ilustres reciban los honores del Panteón Nacional; que la Asamblea Nacional tiene la potestad de acordar los mencionados honores y que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato frente a las decisiones de esta Sala, por lo que sus actuaciones carecen de validez jurídica. Si se sigue el criterio de la interpretación literal de la norma contenida en el artículo 187.15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se podría en ningún caso conceder los honores del Panteón Nacional mencionados, pero si se interpreta el mencionado artículo desde la dimensión del Estado de Justicia, se puede entender que la situación de desacato de la Asamblea Nacional no limita la actuación del funcionamiento del Estado, máxime cuando se trata de honrar la memoria de ciudadanos que prestaron servicios eminentes a la República, como es el caso del ciudadano Fabricio Ojeda, lo que pone de manifiesto la preeminencia de los derechos humanos, incluso sobre reglas formales de imposible cumplimiento, como es el acuerdo de un Poder Legislativo Nacional colocado en situación de desacato, cuyos actos son inválidos. 

En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala resuelve la solicitud de interpretación constitucional interpuesta, concluyendo que ante la situación de desacato del Poder Legislativo Nacional, el Presidente de la República puede otorgar los honores del Panteón Nacional a un ciudadano venezolano eminente, de modo de enaltecer las luchas por una sociedad más justa. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con esta decisión interpretativa, la Sala Constitucional facultó al Presidente de la República para acordar honores del Panteón Nacional al ciudadano Fabricio Ojeda, “… quien fue ejemplo vivo de los ideales revolucionarios en el combate contra la dictadura Perezjimenista y la funesta unión partidista que dio origen al pacto de Punto Fijo”. Tratándose de una competencia asignada a la Asamblea Nacional (artículo 187, numeral 15 de la Constitución), para la Sala la situación de desacato en que se encuentra el órgano legislativo lo ha inhabilitado “para realizar todas las competencias señaladas en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de las cuales se encuentra la referida a acordar los honores del Panteón Nacional, mientras permanezca en tal situación de rebeldía frente las instituciones republicanas”. Una vez más reiteramos que ningún artículo de la Constitución habilita al TSJ para asumir las potestades de la Asamblea Nacional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195203-06-20117-2017-17-0080.HTML

Ahora la AN tampoco puede pagarle a sus trabajadores


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Sala Constitucional.

Amparo constitucional.

TSJ/SC Nº 5. Fecha: 19/01/2017.

Caso: Acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por varios trabajadores de la Asamblea Nacional contra “las vías de hecho y omisiones constituida por un comportamiento de abstención de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, violentando fundamentalmente los derechos o las garantías constitucionales previstas en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y directamente las garantías constitucionales contenidas en los artículos 83 y 102 (eiusdem) y 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, igualmente contemplados en el marco normativo internacional en los artículos 6 y 12 del convenio CO95 del año 1949, el cual establece la Protección del Salario”.

Decisión: Se admite la acción y se ordena al Ejecutivo Nacional, por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, “mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones  de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17”.

Expuso la Sala:

 “No obstante, a la presente fecha constituye un hecho notorio comunicacional que al margen de la orden impartida a “los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal”, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantiene en desacato de las sentencias dictadas por esta Sala Constitucional (cfr. Sentencias Nros. 808/16, 948/16 y 2/17).

Como consecuencia del desacato a las órdenes impartidas por esta Sala, en el presente caso se verifica una clara afectación a los derechos laborales de los trabajadores de la Asamblea Nacional, al encontrarse privados de un salario que constituye uno de los elementos fundamentales para garantizarle al trabajador y a su familia, una subsistencia digna y decorosa, lo cual debe ser objeto de una tutela jurisdiccional efectiva, para el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

En el caso bajo examen, la Asamblea Nacional ha venido generando en los últimos meses situaciones de desacato y vulneraciones al orden constitucional que han incidido en el cabal desarrollo de sus competencias, el resguardo y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de dicho órgano legislativo e incumpliendo gravemente con la debida periodicidad del salario, lo cual ha generado una vulneración al ordenamiento jurídico constitucional vigente (artículos 89 y 91 de la Constitución), que debe ser resguardado por esta Sala Constitucional en ejercicio de sus funciones (artículo 335 eiusdem).

Para ello, esta Sala en orden a restablecer la situación jurídica infringida declara procedente in limine litis la acción de amparo interpuesta y de conformidad con el régimen aplicable al presente caso y las sentencias de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17; aunado a la actual situación de emergencia económica (cfr. el Decreto N° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017) y con fundamento en el artículo 236, numeral 11, que atribuye la al Presidente de la República la competencia para “administrar la Hacienda Pública Nacional”, el único órgano competente con capacidad para afrontar de forma efectiva el pago oportuno de los salarios de los trabajadores de la Asamblea Nacional, es el Ejecutivo Nacional por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, mientras la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las decisiones de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional, a través de esta sentencia, le ordena a la AN que se abstenga de pagar los salarios a sus trabajadores (activos y jubilados) y le asigna esta competencia al Ejecutivo Nacional, por órgano de la Oficina Nacional de Presupuesto, sin que norma constitucional alguna le otorgue esa potestad. El amparo acordado estuvo sustentado en el desacato en que se encuentra el órgano legislativo, así como en la actual situación de emergencia económica decretada por el Presidente de la República mediante Decreto N° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195171-05-19117-2017-17-0086.HTML

Otra prórroga inconstitucional del Estado de Excepción


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Sala Constitucional.

Constitucionalidad de Decreto.

TSJ/SC Nº 4. Fecha: 19/01/2017.

Caso: Constitucionalidad del Decreto N° 2.667, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica, en todo el territorio nacional.

Decisión: Se declara la constitucionalidad del Decreto. La Sala observó:

“En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional debe pronunciarse afirmativamente respecto de la constitucionalidad del Decreto N° 2.667, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que afectan la vida económica de la Nación, de diversa índole, afectando el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, establece la constitucionalidad del Decreto N° 2.667 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017, que deberá ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos. Así se decide.

Asimismo, debe señalarse que el Decreto N° 2.667, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 2017, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental (sobre las consecuencias del control jurídico y el control político, así como otros temas vinculados al presente asunto, ver sentencias dictadas por esta Sala bajo los Nros. 7 del 11 de febrero de 2016; 9 del 1 de marzo de 2016 y 808 del 2 de septiembre de 2016). Este pronunciamiento no prejuzga sobre la constitucionalidad de las actuaciones que se desplieguen en el contexto del Decreto sub examine (vid. Sentencia N° 184 del 17 de marzo de 2016, entre otras).”

Comentario de Acceso a la Justicia: El Ejecutivo Nacional, con el respaldo “jurídico” de la Sala Constitucional, ha convertido el Estado de Excepción en una práctica ordinaria en el país, desnaturalizando por completo su esencia y convirtiéndolo, contrario a su esencia, en la normalidad del país. Según el parecer de ambos órganos, existen desde hace tiempo “…circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República…”, que no pueden solventarse con los mecanismos contemplados en la legislación ordinaria. La Sala, así pues, consolida la hegemonía del Presidente de la República al declarar la constitucionalidad de la reciente prórroga del estado de excepción, acordado mediante el decreto ejecutivo número 2.667.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195170-04-19117-2017-2017-0069.HTML

Mensaje anual del Presidente es ante el TSJ


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Sala Constitucional. 

Interpretación constitucional. 

TSJ/SC N° 3. Fecha: 11/01/2017.

Caso: Presidente de la República presenta “DEMANDA DE INTERPRETACIÓN del artículo 237 del Texto Fundamental, en relación al desacato que mantiene la Asamblea Nacional frente al Poder Judicial y al orden constitucional”.

Decisión: Se resuelve la interpretación solicitada y se declara la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional. En consecuencia, se dispone que en esta oportunidad el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su Mensaje Anual al que se refiere el artículo 237 Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala observó:

“Así pues, el Texto Fundamental crea una República en la que se proyecta que el Pueblo, titular de la soberanía, sustento y razón del ser del Estado y del Poder Público, participe de forma directa en los asuntos públicos y, por ende, reciba las cuentas públicas de sus representantes, ante todo, del máximo representante del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Gobierno Nacional: El Presidente de la República (órgano principal de un sistema esencialmente presidencialista como el que caracteriza el sistema constitucional patrio).

En ello reside, en gran medida, la finalidad (telos) de la norma prevista en el artículo 237 constitucional, además del control político: único control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la Administración Pública, en los términos desarrollados en las fuentes del derecho patrio y que, sobre la base de los principios de supremacía constitucional y legalidad, sólo acarrea las consecuencias previstas en la Carta Magna, las cuales, como puede apreciarse en la Constitución y en la sentencia n.° 9/2016 de esta Sala, no implican efectos sancionatorios sobre el Presidente de la República –menos bajo la pretendida aplicación de la institución del abandono o separación del cargo- (a diferencia de los efectos jurisdiccionales señalados, por ejemplo, en el artículo 266 eiusdem), pero sí sobre diversos servidores del Poder Ejecutivo Nacional (vid. supra).

Sin embargo, respecto de tal control político, la Asamblea Nacional ha venido generando, en los últimos meses, situaciones de desacato y vulneraciones al orden constitucional que han determinado su propia incapacidad para poderlo ejercer y, en fin, su deliberada abstención de desplegar válidamente el resto de atribuciones constitucionales, al punto de determinar omisiones como las que se evidencian en el presente caso, entre las que se encuentra presenciar el mensaje presidencial anual previsto en la norma sub examine, a pesar del mandato popular al parlamento y de su juramento para cumplir y hacer cumplir la Constitución (lo que implica canalizar sus pretensiones políticas dentro del orden más elemental que previamente se ha dado el Pueblo: La Constitución).

… 

Por tal razón, ante los lapsos previstos en los artículos 219 y 237 del Texto Fundamental, ante la omisión parlamentaria inconstitucional y ante la necesidad de restablecer la situación de anormalidad constitucional generada por la mayoría de diputados que integran la Asamblea Nacional en la actualidad, esta Sala dispone:

1.- Que en esta oportunidad el Presidente Constitucional y en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, debe rendir su mensaje anual al que refiere el artículo 237 Constitucional, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en transmisión conjunta de radio y televisión, para llegar a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos.

2.- Ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior no significa que se esté anulando, haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones inherentes a la Asamblea Nacional, sino precisamente garantizando que las mismas sean desplegadas dentro del marco del ordenamiento constitucional, cuya garantía corresponde a este Máximo Tribunal, conforme a lo previsto en los artículos 266 y 336 Constitucionales.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala estima necesario reiterar en el presente fallo, que mientras la Asamblea Nacional continúe en desacato a las decisiones emanadas de este Alto Tribunal, todos sus actos resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica,  incluyendo las leyes que sean sancionadas (ver sentencia de esta Sala n° 2/2017); sin menoscabo de la responsabilidad individual de los miembros respectivos de la Asamblea Nacional y de la naturaleza propia de la figura de la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 del Texto Fundamental y ampliamente sustentada en las fuentes del derecho (ver, entre otras, la sentencia de esta Sala n.° 612 del 15 de julio de 2016). Así se ratifica.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Con ocasión de un recurso de interpretación constitucional, la Sala modificó lo establecido por la Carta venezolana para designar al TSJ como la autoridad competente para que el Presidente de la República presente su mensaje anual, en sustitución de la Asamblea Nacional, por la situación de desacato en que esta se encuentra. Debemos reiterar que ninguna norma de la Constitución le otorga la potestad de ejercer las funciones del Poder Legislativo. Con esta sentencia, en definitiva, la Sala Constitucional volvió a usurpar las funciones de control político que corresponden exclusivamente a la AN.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194892-03-11117-2017-17-0002.HTML

TSJ anula el nombramiento de nueva junta directiva de la AN


MONITOREO1

Sala Constitucional. 

Recurso de nulidad. 

TSJ/SC N° 2. Fecha: 11/01/2017.

Caso: Diputado Héctor Rodríguez demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra “el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional en fecha 05 de enero de 2017, mediante el cual se eligió y juramentó la Junta Directiva y los cargos de Secretario y Subsecretario de dicho órgano del Poder Público Nacional”.

Decisión: La Sala indicó:

“… 2.-ADMITE el recurso de nulidad interpuesto en contra del acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como las decisiones que se tomaron en el referido acto por la Asamblea Nacional.

3.- DECLARA DE MERO DERECHO la resolución del presente recurso de nulidad.

4.- DECLARA la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República y, EN CONSECUENCIA, SE ANULAN el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 09 de enero de 2017, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela.

5.-  SE ORDENA a los Diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional, para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este Máximo Tribunal, en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena efectuar las notificaciones correspondientes.  

6.- SE PROHÍBE a la Asamblea Nacional realizar cualquier acto que implique la instalación del Segundo Período de Sesiones correspondiente al año 2017, así como la elección de una nueva Junta Directiva y de Secretaría, hasta tanto acate las decisiones emanadas de este Máximo Tribunal y perfeccione las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales necesarias para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la misma e inicio del período de sesiones del año 2017.

7.- SE DEJA SIN EFECTO el nombramiento írrito de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional celebrado el 05 de enero de 2017, la cual quedó conformada de la siguiente manera: como Presidente, el diputado Julio Andrés Borges; como Primer Vice-presidente, el diputado Freddy Guevara Cortez y como segunda Vice-presidenta, la diputada Dennis Fernández; como Secretario, el ciudadano José Ignacio Guédez y como Sub-secretario, el ciudadano José Luis Cartaya.

8.- SE ORDENA al Consejo Nacional Electoral remita un informe detallado en donde se especifique la configuración que por Partidos Políticos integran a la Asamblea Nacional, así como el número exacto de Diputados que los integran.

9.- REMÍTASE copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, perteneciente al Poder Ciudadano, para recabe los elementos necesarios para dar inicio a la investigación correspondiente determinando la responsabilidad a que hubiere lugar de conformidad con la ley, de los Diputados que conforman la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de lapso vencido y de la recientemente nombrada mediante el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017.

10.- Cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional anuló el acto parlamentario de instalación de la nueva Junta Directiva de la AN,  celebrado el 5 de enero de 2017, además del acto llevado a cabo el 9 de enero de 2017 en que el órgano legislativo declaró el abandono del cargo por parte del Presidente de la República. Igualmente, la Sala declaró la nulidad de “todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela”. La justificación de esta decisión judicial se fundamentó, nuevamente, en la situación de desacato al orden constitucional en que, según la Sala, se encuentra el Poder Legislativo frente al Poder Judicial por la reiterada e ilegítima incorporación de los diputados del estado Amazonas a la AN.

Por otra parte, puntualizó la Sala que no es la nueva Junta Directiva la que debe desincorporar a los diputados del estado Amazonas para acatar con el mandamiento judicial, tal como se hizo. Por el contrario, sentencia la Sala que es la Junta Directiva del período parlamentario vencido de 2016 la encargada de desincorporar a los mencionados diputados antes de proceder a la instalación de la nueva directiva de la AN, y de esta manera restablecer el orden constitucional.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/194891-02-11117-2017-17-0001.HTML