Improcedencia de la indexación en la indemnización por daños y perjuicios


IMAGENES3

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 140      Fecha: 31-03-2017

Caso: Demanda interpuesta por FRANCISCO JAVIER TOVAR PEÑA contra UNIÓN DE CONDUCTORES LÍNEA DEL ESFUERZO

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda.

Extracto:

De conformidad con las decisiones anteriormente transcritas, en materia daño emergente y lucro cesante, no es posible adaptar las condenas al valor actual de la moneda para el momento del pago efectivo, pues éstos se liquidan en el momento del pago por el valor real que en esa época tiene, por lo que, la indexación no puede tener lugar.

“…OMISSIS…”

En virtud de lo anteriormente expresado, esta Sala considera que en el presente caso no resulta procedente acordar la indexación judicial sobre la cantidad que obedece al concepto por pago de daños y perjuicios, por lo que el juez de alzada no debió acordar la indexación sobre el monto condenado al pago, pues ello implica un doble pago, generando de esta manera la ruptura del equilibrio procesal, al crear una desigualdad de las partes y por ende, violentando el derecho a la defensa de aquellos quienes, en virtud de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 Constitucionales acuden ante los órganos jurisdiccionales para obtener de estos un pronunciamiento que resuelva la controversia en la cual son partes.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la improcedencia de la indexación en la indemnización por daños y perjuicios; en virtud de ello, la cantidad acordada en la sentencia por este concepto es inmodificable.

Palabras Clave: INDEXACION, DAÑOS Y PERJUICIOS

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/197396-RC.000140-31317-2017-16-825.HTML    

La incompatibilidad de caracteres y el desafecto como causales de divorcio


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 136      Fecha: 30-03-2017

Caso: Juicio de divorcio interpuesto por ENRIQUE LUIS RONDÓN FUENTES contra MARÍA ADELINA COVUCCIA FALCO.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 9 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

En ese orden de ideas, esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 9 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.

“…OMISSIS…”

  1. b) Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil)

Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.

Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el  desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.

Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala establece su criterio sobre el carácter enunciativo de las causales de divorcio e incluye cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres y el desafecto; así como el procedimiento de divorcio por separación de hecho con efecto de cosa juzgada, sin que exista la posibilidad de obligar a los cónyuges a mantener el vínculo, pues en caso contrario habría violación al derecho constitucional al libre desenvolvimiento de la personalidad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/197371-RC.000136-30317-2017-16-476.HTML

La improcedencia de la perención breve en aquellos casos en que la demandada haya participado en forma activa en todo estado y grado del proceso.


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 122      Fecha: 28-03-2017

Caso: Demanda por resolución de contrato de comodato interpuesto por CELSO ALBERTO ARDILA y ALFONSO ENRIQUE QUINTERO contra PLAVICA VEN C.A., en el cual intervino como tercero PLAVICA PLUS C.A.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

Con base en la jurisprudencia antes transcrita, la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinales 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, no opera cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso en defensa de sus derechos e intereses, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales del actor, ya que al lograrse el llamado a juicio del demandado para el desarrollo del mismo, se cumple con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses.

“…OMISSIS…”

De manera que ha quedado suficientemente evidenciado para la Sala, que al haber declarado el juzgador de alzada una perención breve de la instancia manifiestamente inútil, quebrantó los principios de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y economía procesal, pues estando la parte demandada presente en todo estado y grado del proceso y participó de forma activa en el mismo en la defensa de sus derechos e intereses, habiendo sido interpuesta cuestiones previas, lo que estaba pendiente para la prosecución del proceso, era que el juez resolviera las indicadas defensas, no puede considerarse que se haya configurado la referida perención, ni se le haya causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio, todo con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses, cónsona con las exigencias los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la improcedencia de la perención breve en aquellos casos en que la demandada haya participado en forma activa en todo estado y grado del proceso, pues tal declaratoria afecta el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/197293-RC.000122-28317-2017-16-764.HTML

     

La confesión ficta, requisitos y efectos. Aplicación del principio de comunidad de la prueba.


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 111      Fecha: 23-03-2017

Caso: MANBER C.A contra HUAWEI TECHNOLOGIES DE VENEZUELA C.A.

Decisión: Se declara perecido el recurso de casación de la demandada y sin lugar el recurso de casación de la actora contra la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2015, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

Por ello, la confesión ficta no nace, si la instrumental fundamental favorece al reo o contradice la propia afirmación libelar. Todo ello, conforme a los principios de adquisición procesal y comunidad de la prueba que sobreviven en el proceso, y que tienen plena vigencia, a pesar de la contumacia del reo, pues la contumacia sólo invierte la carga probatoria y no crea ninguna presunción de certeza de las afirmaciones libelares, pues tal presunción nace en la sentencia de fondo, vale decir, que la contumacia no crea presunción alguna, sino es la sentencia definitiva, donde se genera la presunción de certeza, cuando el Juez de la instancia verifica los tres presupuestos necesarios y concurrentes para la existencia de la ficción de confesión como son: a.- que el demandado no de contestación a la demanda; b.- que la petición del demandante no sea contraria a derecho; y c.- que el demandado nada probare que le favorezca; por lo que el verdadero efecto del silencio procesal, de la contumacia, es que se invierte la carga de la prueba en cabeza del reo, por lo cual, debe esta Alzada, entrar a analizar los elementos que vierten las partes del proceso, para observar si dentro de los argumentos que constan a los autos, conforme al principio “Quo Est In Autos, Est In Mundo”, se encuentra algún elemento que favorezca al reo y que haga nuevamente al actor asumir la carga probatoria.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los efectos jurídicos de la confesión ficta, en el sentido de que sólo produce una inversión de la carga de la prueba y no una presunción a favor de la actora; lo cual permite, a su vez, que el demandado demuestre algo que le favorezca y que se aplique el principio de comunidad de la prueba, a fin de garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva como instrumento para la realización de la justicia.

Palabras Clave: CONFESION FICTA, CARGA DE LA PRUEBA,

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/197145-RC.000111-23317-2017-16-291.HTML

Las causales de inadmisibilidad de la demanda de intimación


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 105      Fecha: 22-03-2017

Caso: AURELIA DEL CARMEN PÉREZ DE QUIROGA contra ARTEC CONSTRUCCIONES C.A.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de julio de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

Extracto:

En este sentido, observa la Sala que de acuerdo con los hechos establecidos por el juez de alzada, la letra de cambio cuyo pago se pretende hacer valer mediante el procedimiento por intimación, no contiene la firma del librado aceptante, por lo que, en su criterio, no puede surtir efectos como tal letra de cambio. En consecuencia, declaró que no es susceptible de ser traída al proceso como prueba escrita del derecho que se alega, a los efectos de cumplir el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior evidencia que el juez infringió la norma delatada, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411 del Código de Comercio, el título en el cual falte uno de los requisitos enunciados en el artículo 410 eiusdem, no vale como letra de cambio, lo que no prejuzga sobre su valor como prueba documental a efectos del proceso, por tratarse de un aspecto sustantivo que debe resolverse con el fondo de la controversia, y no un motivo de inadmisibilidad que deba decidirse in limine litis. Adicionalmente, el artículo 410 sólo exige para el nacimiento del título a la orden, que contenga la firma del librador, lo que, de acuerdo con los hechos establecidos por el juez de alzada, sí consta en el título presentado con el libelo. Esto, porque la firma del librado -eventualmente aceptante-, no es exigida por la norma para la eficacia del título, sino la designación nominal de tal sujeto –ex artículo 410 ordinal 3°-, requisito este, también constatado por el juzgador.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el carácter restringido de los supuestos para negar la admisión de la demanda en el procedimiento por intimación, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/197053-RC.000105-22317-2017-15-673.HTML

La posesión de buena fe y los elementos esenciales para su existencia.


NOTA-PROPIETARIOS

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Reivindicación

TSJ/SCC Nº: 99       Fecha: 20-03-2017

Caso: VICENTE MANUEL LÓPEZ COLINA contra MARÍA ELENA NAVAS HERRERA.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 1° de julio de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

Extracto:

Ahora bien, en relación con el artículo 788 del Código Civil, cuya falta de aplicación fue igualmente denunciada, se observa de su contenido lo siguiente:

“…Artículo 788. Es poseedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo título, es decir, de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado por el poseedor…”.

De conformidad con el contenido del referido artículo, se tendrá como poseedor de buena fe a quien posea un bien como si del propietario se tratare, siempre y cuando dicha posesión se derive de la existencia de un justo título. Igualmente, se tendrá también como poseedor de buena fe, aquel a quien el derecho a poseer se le haya transferido mediante un título vicioso, siempre y cuando el poseedor no estuviese en conocimiento del referido vicio.

En relación con la posesión de buena fe, anteriormente esta Sala, con apoyo en la doctrina patria, tanto autoral como jurisprudencial, ha establecido que la posesión de buena fe resulta así integrada por dos elementos: a) Uno objetivo: el título. b) El segundo, subjetivo: la ignorancia de los vicios que puedan afectar al título. Sin embargo, quedó precisado que la posesión de buena fe reclama algo más: la creencia de que la cosa o el derecho que ejercitamos nos pertenece, precisamente por la función que desempeña el título, es decir, la transferencia del derecho poseído. (Sentencia N° 30 de fecha 2 de febrero de 2011, caso: Viannelisa Chirivella García contra Gladis Zerpa de Fernández, expediente N° 2010-000343).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre lo que debe entenderse por posesión de buena fe y los elementos para su existencia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/197010-RC.000099-20317-2017-16-637.HTML

Desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil


JUSTICIA-NOTA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000095   Fecha: 15-03-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato de opción de venta interpuesta por FRANCISCA ALICIA VENAVENTE PIÑATE contra IVÁN PÉREZ, en el cual intervino como tercero interesado LEONIDES BAUTISTA MORENO

Decisión: Se declara: 1) La desaplicación parcial por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los artículos 26 y 257 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, se acuerda en acatamiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, remitir copia certificada de la presente sentencia a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal; 2) Casa de oficio la decisión dictada el 26 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto: 

“Ahora bien, esta Sala ante tal circunstancia considera pertinente invocar el criterio sentado en decisión N° 916 de fecha 15 de diciembre de 2016, caso: Instituto Nacional de Tierras (INTI) contra Jesús Salvador Malavé Marín y otra, el cual estableció, lo siguiente:

…OMISSIS…

Sobre los anteriores basamentos doctrinarios, compilados de esta Máxima Instancia Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en apego al postulado constitucional consagrado en el artículo 26 de nuestra vigente Carta Política, a través del cual, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, y sin formalismos o reposiciones inútiles, esta Máxima Jurisdicción Civilreconoce la obsolescencia contenida en la citada norma contenida en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civilel cual se encuentra en franco desafuero con nuestra novísima Constitución, y en atención al caso sub examine, acuerda, la desaplicación parcial de la referida norma procesalla cual tendrá efectos ex nunc a la presente decisión, y en atención a la nueva doctrina que acoge esta Máxima Instancia Civil, en lo adelante para proceder a realizar cualquier acto procesal ante esta Sala de Casación Civil, no se requerirá otro requisito adicional distinto al de ser profesional del derecho, optando las Magistradas y Magistrados integrantes de esta Sala por asegurar con preferencia la efectiva supremacía de nuestra Carta Política.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos que deben cumplir los abogados para actuar en casación, por considerar que dicha norma limita el acceso a la justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196907-RC.000095-15317-2017-16-539.HTML 

Carácter sancionatorio de la perención de la instancia


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000091     Fecha: 15-03-2017

Caso: Demanda por cobro de honorarios profesionales interpuesta por MARISOL NOGALES ZAMORA y LOMBARDO BRACCA LÓPEZ, contra LUIS RODRÍGUEZ DORDELLY, NELLY COLMENARES de MENDOZA y otros.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto: 

“Así las cosas, visto entonces que la perención de la instancia operará única y exclusivamente por la inactividad, negligencia o descuido de las partes al no realizar ningún acto para darle continuidad e impulso a la resolución de la controversia, y que dependiendo de las circunstancias de las que se traten podrá ser declarada luego de haberse materializado la inacción.

Ahora bien, en el presente caso, no se observa que los intimantes hayan sido negligentes para darle impulso al proceso, pues, dieron cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley para lograr la citación de los demandados cada vez que fueron admitidas las reformas de la demanda por parte del a quo.

De allí, que la decisión emanada de la ad quem resultó desproporcionada al sancionar a los intimantes por la supuesta pérdida del interés procesal que se manifiesta por la inactividad de los sujetos intervinientes en juicio, que acarreó como consecuencia la extinción del procedimiento, evidenciándose una clara violación al derecho de la defensa de los recurrentes en casación, así como del principio pro actione, en favor de la acción y no de su extinción, por mera forma o sutilezas procesales.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la aplicación excepcional de la perención de la instancia, pues su carácter sancionatorio impone una interpretación restringida para no afectar el derecho a la defensa y el principio pro actione. Con este criterio se contrapone con el carácter objetivo que se ha dado a la perención tradicionalmente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196805-RC.000083-10317-2017-16-777.HTML 

tipo de cambio que rige para las obligaciones en materia laboral por condena en moneda extranjera


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SALA DE CASACIÓN SOCIAL, JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

SOLICITUD DE AJUSTE DE MEDIDA DE EMABRGO

TSJ/JSCS Nº 674   Fecha: 14-03-2017

Caso: Omar Enrique García Bolívar contra Despacho de abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. hoy Despacho de abogados miembros de Norton Rose Fulbright, S.C.; Norton Rose Fulbright, L.L.P. y Norton Rose Fulbright, E.L.P.

Decisión: Se decreta ajuste de la medida de embargo.

Extracto:

“En todo caso, como ya se ha señalado anteriormente, el tipo de cambio a utilizar para calcular el pago de conceptos es un pronunciamiento que corresponde al fondo de la controversia, de dictarse una sentencia estimativa de la pretensión.

(…OMISSIS…)

Según sentencia N° 135 de fecha 12 de marzo de 2014, la Sala Constitucional, caso: Juan Ernesto Garantón Hernández contra Alcaldes del Municipio Baruta y El Hatillo, la tutela cautelar es un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, supuesto fundamental del proceso que conlleva a un fin preventivo de modo explícito y directo, de carácter instrumental, pues, no constituye un fin en sí misma al estar pre ordenada a  una ulterior decisión definitiva, funge de tutela mediata y salvaguarda la función jurisdiccional, de allí su necesaria idoneidad o suficiencia, de manera que el ajuste o ampliación de la medida preventiva según las circunstancias de hecho es posible en el ordenamiento jurídico venezolano.

Por su parte el Convenio Cambiario N° 35, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.865, que entró en vigencia el 10 de marzo de 2016, en el capítulo II “De las operaciones de divisas con tipo de cambio complementario flotante de mercado (DICOM)”, establece en su Artículo 13 que todas aquellas operaciones de liquidación de divisas no previstas expresamente en el presente Convenio Cambiario, se tramitarán a través de los mercados alternativos de divisas regulados en la normativa cambiaria, al tipo de cambio complementario flotante de mercado.

Asimismo, el artículo 17 dispone que los mercados alternativos de divisas a los que se contrae el Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015 continuarán en funcionamiento hasta tanto sean sustituidos dentro de un plazo máximo de treinta (30) días; en consecuencia, mientras esto último ocurra, el tipo de cambio complementario flotante de mercado al que se refiere el presente Convenio Cambiario será aquel al que se refiere el artículo 24 del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015.

Ahora bien, como quiera que el Juzgado de Sustanciación, en decisiones de 19 de junio y 31 de julio de 2015, ajustó la medida cautelar de embargo para garantizar el cumplimiento de una obligación estimada por el demandante en moneda extranjera, utilizando el tipo de cambio vigente en esa oportunidad, lo cual fue confirmado por la Sala de Casación Social en sentencia N°1184 de 19 de noviembre de 2016, donde declaró sin lugar la apelación ejercida por las demandadas; se considera que al haber sufrido nuevamente una modificación la tasa de cambio empleada, resulta procedente el ajuste de la medida cautelar decretada a la tasa de cambio vigente, en los términos siguientes: 

PRIMERO: Por cuanto el monto de la demanda fue estimado en la cantidad cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco dólares con treinta y tres centavos de los Estados Unidos de América (US$ 454.265,33); que desde el 10 de marzo de 2016, rige el Convenio Cambiario N° 35, en el cual se indica que el tipo de cambio que regirá para las obligaciones no señaladas en el régimen especial será el tipo de cambio complementario flotante de mercado, de conformidad con lo previsto en el artículo 13; visto que la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela determinada de conformidad con el artículo 24 del Convenio Cambiario N° 33, en concordancia con el artículo 17 del Convenio Cambiario N° 35 del 9 de marzo de 2016, al 13 de marzo de 2017, fue de Bs./USD de 703,1569 por dólar de los Estados Unidos de América, se calcula el monto de la demanda en la cantidad de trescientos diecinueve millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos un bolívares con veintidós céntimos (Bs. 319.419.801,22).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el régimen de tipo de cambio que rige para las obligaciones en materia laboral por condena en moneda extranjera y de qué forma se aplican en materia laboral los distintos convenios cambiarios vigentes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/jscs/marzo/196950-0674-16317-2017-04-1682.HTML 

La inaplicabilidad del procedimiento previo de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, cuando se ha perdido la posesión arbitrariamente


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 160   Fecha: 10-03-2017

Caso: Demanda por interdicto restitutorio interpuesta por MARVIN AGUSTÍN POVEDA, en su nombre y en el de sus menores hijas, contra NELLY JUDITH DE FLORENTINO

Decisión: Se declara inadmisible la demanda intentada el 17 de julio de 2015, por el ciudadano Marvin Agustín Poveda, actuando en su nombre y en representación de sus menores hijas, por caducidad de la acción.

Extracto:

“La Sala comparte el criterio expuesto en la sentencia citada. Resulta un contrasentido exigir el cumplimiento del procedimiento previo a que hace referencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en las causas en donde se alegue la pérdida de la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda por acciones violentas o arbitrarias como en el caso de marras.

Conteste con lo expuesto, aun cuando se considere que los jueces de instancia incurrieron en un error material al designar la pretensión del actor como desalojo, esto es, que hubo un error en la calificación jurídica de la pretensión, debe concluirse que no resulta ajustado a derecho solicitar el trámite del procedimiento previo a las demandas del Decreto Ley en comento (ahora a cargo de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda), en virtud de las circunstancias del caso.”

“La parte demandante manifestó que la pérdida de la posesión del inmueble se materializó el 24 de abril de 2013, también quedó constancia que la demanda fue propuesta el 17 de julio de 2015, por tanto, caducó el derecho a proponer la querella interdictal restitutoria.

En este sentido, conviene reiterar que la caducidad de la acción es una institución que limita el plazo por el cual la parte puede articular determinados reclamos judiciales, la cual «puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en cualquier estado y grado de la causa oficiosamente, pues opera ipso iure» (Cfr. Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 196 del 2008, caso Pedro Otazua Barrena contra José Lerín Sancho y otros).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque de una parte establece el criterio de la Sala sobre la inaplicabilidad del procedimiento previo de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en las causas en donde se alegue la pérdida de la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda por acciones violentas o arbitrarias; y, de la otra ratifica su criterio sobre la caducidad de la acción de interdicto restitutorio y la facultad de declararla de oficio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196768-0160-10317-2017-15-1278.HTML