Los requisitos de admisibilidad de las tercerías


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº 537                 Fecha: 07-08-2017

Caso: Acción de tercería interpuesta por  FRANCHESCA MICHELLE MÉNDEZ RIVAS contra MARÍA LAURA RIVAS Y OTRO.

Decisión: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la tercera interviniente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 19 de diciembre de 2016. Como consecuencia de lo anterior, se ANULA la decisión recurrida y se REPONE la causa al estado que el tribunal de primera instancia que resulte competente para el conocimiento de la misma, admita la tercería propuesta sin incurrir en el vicio observado por esta Sala, y se proceda a la continuidad de las subsiguientes etapas procesales en el presente juicio.

Extracto:

De acuerdo a la jurisprudencia de la Sala antes transcrita, se tiene que de acuerdo al artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, los jueces al momento de analizar la demanda a los fines de su admisión sólo deben examinar si la misma es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna mención expresa de la ley, pues de no ser así, estarán obligados a admitirla y dejar que fueran las partes dentro del iter procesal quienes debatirán sobre los alegatos y defensas a que hubiera lugar.

De igual manera, se señala que en la acción de tercería propiamente dicha, la misma habrá de ser admitida como cualquier otra acción, independientemente de los recaudos que en su apoyo la hagan procedente, es decir, no se requiere que el título que sustenta la petición esté debidamente registrado, ya que no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda de tercería presentada.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica que al momento de admitir una acción de tercería, el juez sólo debe analizar si la misma es contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna mención expresa de la ley, y no hacer exigencias sobre el cumplimiento o no de formalidades no vinculadas a los supuestos ya mencionados.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/202136-RC.000537-7817-2017-17-140.HTML

La fecha de vencimiento de una letra de cambio y el lapso de prescripción para demandar su cobro


cheque-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº 522                 Fecha: 02-08-2017

Caso: Juicio de intimación interpuesto por ANGIOLINA COCOZZELLA DE PALUMBO contra Q&M CONSTRUCCIONES, C.A.

Decisión: Casa de oficio la sentencia dictada por Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 31 de octubre de 2016. En consecuencia, se CASA SIN REENVÍO el fallo recurrido, y se declara: PRESCRITA LA ACCIÓN seguida por la ciudadana ANGIOLINA COCOZZELA DE PALUMBO, representada judicialmente por la abogada Sulyn Elizabeth Ramos Prett, contra la sociedad mercantil Q&M CONSTRUCCIONES C.A., y SIN LUGAR la demanda.

Extracto:

“De conformidad con el ordinal 4° del artículo 410 del Código de Comercio se exige como requisito formal y literal en el contenido una letra de cambio el establecimiento de la fecha de vencimiento la cual debe indicarse de manera expresa en el documento, pues dicho dato supone la determinación del momento en el que es exigible el pago, es decir, el término dentro del cual debe ser cumplida la obligación.

Asimismo, dicha fecha establece el inicio del cómputo que ha de tomarse en consideración a efecto de su reclamación. De esta manera, las modalidades a las cuales puede estar sometido el vencimiento de dichos títulos son:

1) Una fecha fija, es decir, el día que esté expresamente señalado en el documento. Se trata de una fecha fija, un día concreto que este especificado en la cambial.

2) Un plazo determinado a partir de una fecha o en función de la vista, como puede ser el caso de plazo contado desde la fecha que esté especificada en el documento, y se contará desde el día en que produzca la aceptación por el librado, o en su defecto desde el día del protesto o declaración equivalente.

3) Un plazo desde la vista, es decir, desde la presentación de la letra, entonces, la letra vencerá el día que se cumpla el plazo, y se contará desde la fecha en que se produzca la aceptación por el librado o en su defecto desde el día del protesto o declaración equivalente.

4) Directamente a la vista, la cual vencerá en el momento de su presentación al pago, y deberá realizarse dentro del año siguiente a su fecha de libramiento, excepto si el librador fija un plazo más lago o más corto.

 En el caso de las letras de cambio de conformidad con el artículo 789 del Código de Comercio, las acciones derivadas de estos instrumentos prescriben: i) A los tres años contados desde la fecha del vencimiento cuando la acción se ejerce contra el aceptante, (acción directa); ii) A partir de la fecha del protesto sacado en tiempo útil o de la del vencimiento en caso de cláusula de resaca sin gastos (acción de regreso), cuando la acción se ejerce contra los endosantes y el librador y iii) A los 6 meses a contar desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra o desde el día en que el mismo ha sido demandado cuando la acción es ejercida por los endosantes, los unos contra los otros y contra el librador (acción ulterior de regreso).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio acerca de la necesidad de existencia de una fecha de vencimiento en las letras de cambio; las distintas formas en que se puede establecer esta última y los distintos lapsos de prescripción de las acciones derivadas del vencimiento y las formas de computarlos.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/201782-RC.000522-2817-2017-17-007.HTML

Mayoría necesaria para modificar porcentajes de propietarios en el documento de condominio


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº 517                 Fecha: 01-08-2017

Caso: Demanda de nulidad de recibos de condominio interpuesta por  INVERSIONES PTC, C.A. contra ADMINISTRADORA JFG, C.A.

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al juez superior que resulte competente dictar nueva decisión con sujeción a la doctrina establecida en este fallo.

Extracto:

“De los dichos de la sentencia recurrida se aprecia que el juez ad quem no obstante considerar la posibilidad del propietario de impugnar ante el juez competente los acuerdos tomados por la mayoría dentro del lapso perentorio de 30 días, posterior a la celebración de la asamblea que se desea impugnar, descartó la aplicación de tal normativa por apreciar que para incrementar el porcentaje establecido inicialmente en el documento de condominio, era necesario la aprobación unánime de los propietarios, a tenor de lo previsto en el artículo 7 (señalado erróneamente como 8) de la Ley de Propiedad Horizontal.

En efecto, el artículo 7 de la mencionada ley indica que las cuotas de participación de cada apartamento solo podrán modificarse por acuerdo unánime, y en el caso de autos, el juez de la recurrida determinó que el acta de asamblea celebrada en fecha 8 de diciembre de 2003, donde se incrementó el porcentaje de la oficina distinguida con las siglas PT-C, de 0,99% a 9,04%, contó con la presencia de un número de propietarios que representan un porcentaje de condominio equivalente al 64,92%; es decir, decretó que dicha asamblea no contó con el 100% de la asistencia de los propietarios, no habiéndose alcanzado la unanimidad de los propietarios que exige la Ley de Propiedad Horizontal para el cambio de la alícuota del porcentaje de condominio.

Sin embargo, omite el juzgador que la vulneración de tal disposición que requiere del voto unánime para la alteración de las cuotas de participación, constituye, tal y como lo sostiene la parte recurrente en casación, uno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Horizontal según el cual “…Cualquier propietario podrá impugnar ante el Juez (sic) los acuerdos de la mayoría por violación de la Ley (sic) o del documento de condominio o por abuso de derecho…”, siendo que la falta del quórum requerido para la modificación de la alícuota de condominio constituye una violación de la ley (por infracción del artículo 7 eiusdem) e incluso, según lo indicado por el propio juez, una infracción del documento de condominio (concretamente del “capítulo VI ASAMBLEAS SU CARÁCTER, artículo VI.5 DE LAS DECISIONES Y SU APROBACIÓN”).

Comentario de Acceso a la Justicia: La modificación de las alícuotas o porcentajes de los propietarios en el documento de condominio requiere de aprobación por unanimidad de los propietarios, por lo que al no darse tal circunstancia, se incurre en violación de la ley.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/201635-RC.000517-1817-2017-17-332.HTML 

El lapso para interponer la acción de retracto legal arrendaticio


JUEZ

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº 516                 Fecha: 01-08-2017

Caso: Demanda por retracto legal arrendaticio interpuesta por BAR Y RESTAURANT EL BODEGÓN DE CASTILLA, C.A. contra INVERSIONES BONCAR, C.A. Y OTRA

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 24 de noviembre de 2016.

Extracto:

“En un inicio, se entendía que bajo este supuesto, el lapso de caducidad para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, era de 40 días contados a partir de la fecha de registro de la escritura o negocio jurídico respectivo, pero tal criterio fue posteriormente modificado a través de sentencia N° 260 del 20 de mayo de 2005, caso: Regalos Coccinelle, C.A. c/ Inversora El Rastro, C.A. y otra, en la cual se estableció que “…el lapso de caducidad a los fines de que quien tenga el derecho de ejercer el retracto legal, incluso arrendaticio, encontrándose presente y no habiendo sido notificado o avisado de la enajenación del bien, pueda ejercer éste, será de cuarenta días, empero contados a partir de la fecha en que quedó demostrado haber tenido conocimiento de la predicha enajenación…”, criterio este que se ha mantenido hasta la actualidad.

…OMISSIS…

De tal manera que si bien la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios exige que el adquirente notifique al arrendatario de la negociación celebrada, momento a partir del cual comenzará a correr el lapso de 40 días de caducidad para ejercer el derecho de retracto, puede ocurrir que tal “notificación cierta” no se efectúe, en cuyo caso, el lapso será contado a partir de la fecha en que quedó demostrado que el arrendatario tuvo conocimiento de la predicha enajenación, siendo este el criterio imperante y sostenido por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal de Justicia.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala señala los distintos momentos a partir de los cuales se puede comenzar a contar el lapso de 40 días para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, a la luz de lo establecido en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios

Voto Salvado: Yván Darío Bastardo

Salva su voto por no estar de acuerdo con la manera como se computó el lapso de caducidad; ya que en su opinión, sí hubo una notificación personal de la venta. 

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/201634-RC.000516-1817-2017-17-141.HTML

La desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-124      TSJ/SCC Nº Sent: 510      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de ejecución de fianza interpuesta por MARSHALL Y ASOCIADOS C.A. contra ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de febrero de 2015, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y la desaplicación por control difuso de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los 26 y 257 de la Constitución.

Extracto:

“Se desaplican CON EFECTOS EX NUNC –esto es- a partir de la publicación del presente fallo para todos aquellos casos pendientes de decisión, pues en modo alguno la casación de instancia y sin reenvío atenta contra la seguridad jurídica o la expectativa plausible de los justiciables, los artículos 320, 321, 322 y 522 todos del Código de Procedimiento Civil; por tanto, se deja sin efecto la casación con reenvío, la nulidad y la reposición de la causa por las causales de los artículos 243 y 244 del CPC, pudiendo la Sala únicamente reponer la causa cuando encuentre con lugar y case el fallo al existir una violación o conculcación al derecho de defensa de conformidad con la teoría de las nulidades y consecuente reposición, establecida en los artículos 49.1 Constitucional, 15 y 206 al 213, ambos inclusive del Código de Procedimiento Civil, en los términos supra señalados. Así se decide.” (Mayúsculas y resaltado de la Sala)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201580-RC.000510-28717-2017-17-124.HTML

 

Las obligaciones de las partes y sus formas de cumplimiento en el arrendamiento


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-361      TSJ/SCC Nº Sent: 507      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de desalojo interpuesta por JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ contra BODEGÓN LAS AMERICAS HF C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 1° de marzo de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

Extracto:

“En atención a las normas transcritas, se desprende que con la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, se fijó un procedimiento para la consignación de cánones de arrendamiento por parte del arrendatario al cual el arrendador obstaculice su cumplimiento en detrimento de su derecho a mantenerse solvente en el pago de los cánones de arrendamiento obsequiando a favor de la justicia la creación de un organismo competente en esta materia, distinto a los tribunales de municipio, quedando, en principio desaplicada la disposición contenida en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (artículo 51 eiusdem supra transcrito), tal como lo prevé la disposición derogatoria primera ibídem.”

“…OMISSIS…”

“Las relaciones arrendaticias encuentran su fundamento legal en el artículo 1.579 del Código Civil, el cual dispone que:

“El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar aquella…”. (Resaltados de la Sala).

De la citada norma sustantiva se colige, que de la relación arrendaticia nacen obligaciones recíprocas, por parte del arrendador en poner a disposición el goce y uso de una cosa mueble o inmueble; y por parte del arrendatario, realizar un pago determinado, al cual se obliga con ocasión al uso de esa cosa, resultando como conclusión inequívoca, que el demandado recurrente, se encontraba obligado a realizar el pago acordado con la actora por concepto del arrendamiento convenido entre las partes.

Así mismo, y en cuanto a las obligaciones que surgen para el arrendatario con ocasión a este contrato de especie, el artículo 1.592 del Código Civil, señala que:

“El arrendatario tiene dos obligaciones principales:

1.- Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el que contrato, o, a falta de convención, para aquel que pueda presumirse, según las circunstancias.

2.- Debe pagar las pensiones de arrendamiento en los términos convenidos”.

Patentiza la norma adjetiva civil supra señalada, que la obligación que nace en el arrendatario de pagar, se presume siempre, y aun cuando no exista disposición contractual escrita, como en el presente caso, donde mediaba una relación verbal, generando en consecuencia para el hoy recurrente, un obligación de hacer ante el actor arrendador, la cual no era otra que mantener el pago oportuno de los cánones de arrendamiento convenidos, que fueron precisados por el juzgador de alzada de acuerdo con las actas procesales, en pago por “mensualidades vencidas”, siendo esta determinación de la recurrida un hecho aceptado y no controvertido por las partes en contienda dentro del proceso.

De igual forma, precisa conveniente esta Máxima Instancia Civil, hacer mención de la decisión N° 55, proferida por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en fecha 5 de febrero de 2009, expediente 07-1731, caso: INMOBILIARIA 200555 C.A., donde quedó establecido en lo atinente al cumplimiento del tiempo y modo de satisfacer la obligación de pago por parte del arrendatario de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, lo siguiente:…”

“…En efecto, el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece lo siguiente:

(…Omissis…)

Esta norma ha dado lugar a criterios disímiles de interpretación por parte de los tribunales de instancia; para algunos, el cómputo de los quince días comienza cuando transcurre el último día del mes calendario que corresponda al canon de cuyo pago se trate y, para otros, comienza una vez que ha transcurrido el último día de la oportunidad que las partes hayan convenido para el pago.

Esta disparidad de criterios crea gran inseguridad jurídica en los justiciables, lo cual es observado por esta Sala con gran preocupación, ya que la escogencia de una u otra interpretación atañe directamente a la garantía constitucional de acceso a la justicia de los particulares pues, como lo afirma el acto de juzgamiento que es objeto de la pretensión de autos, el arrendador sólo dispone de la posibilidad de instaurar su demanda cuando el arrendatario se encuentre en mora en el pago de dos o más cánones mensuales.

En criterio de la Sala, cuando la norma hace alusión al lapso de quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad, lapso de gracia que se ofrece cuando el arrendador de un inmueble rehusare expresa o tácitamente recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida de acuerdo con lo convencionalmente pactado, se refiere, precisamente, al vencimiento que hubiere sido convencionalmente pactado, por cuanto tal convención no está expresamente prohibida en la ley, ni es contraria al orden público, razón por lo que entra dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, sin que exista ninguna de las limitantes a la libertad de contratación; en cambio, la interpretación según la cual ese lapso de gracia debe comenzar a contarse, siempre, desde el último día de cada mes calendario, con independencia de la oportunidad de vencimiento de la mensualidad que hubiere sido libremente pactada, irrespeta esa legítima autonomía de la voluntad en cuanto hace inútil esta estipulación a pesar de que goza de cobertura legal y, además, viola la garantía de acceso a la justicia del arrendador, quien debe tolerar el retraso del arrendatario por un lapso más largo que el que hubiere sido convenido. En forma paralela, el arrendatario se ve beneficiado, sin causa legal, por una prolongación del lapso para la consignación; así, si, como es común, se hubiere convenido el pago por mensualidades adelantadas dentro de los cinco días siguientes a cada mes, en vez de que disponga de hasta el día veinte para la consignación, disfrutaría de veinticinco días del mes en curso más quince días del mes siguiente para el cumplimiento con su obligación contractual de pago del canon arrendaticio, a pesar de haber acordado libre y legítimamente aquella forma de pago (mensualidades adelantadas).

Como es natural, si no se hubiere pactado expresamente la oportunidad del vencimiento de las mensualidades, se entenderá que éstas vencen el último día de cada mes calendario y que el lapso a que se contrae el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios empieza a correr desde entonces.

Así, esta Sala Constitucional considera que los argumentos que fueron formulados por los peticionantes constituyen fundamentación suficiente para la procedencia de la presente revisión, pues la interpretación que, de manera errada, hizo el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios –y comparten otros tribunales-, afecta directamente la garantía de acceso a la justicia de los particulares que reconoce expresamente el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el agravante de que, como fue señalado supra, no hay uniformidad entre los tribunales de instancia a este respecto, con la consecuente lesión a la seguridad jurídica.

(…Omissis…)

Con sujeción al criterio que se expresó, en protección de las garantías de acceso a la justicia y seguridad jurídica, los tribunales que apliquen el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios lo interpretarán en el sentido de que el “vencimiento de la mensualidad” a que se refiere como punto de partida del lapso para la consignación del canon ante un Tribunal de Municipio es, en primer lugar, el vencimiento que hubiere sido convencionalmente fijado y, en su defecto, el último día de cada mes calendario. Así se decide…”.

“Concatenado con lo expuesto, la decisión de la Sala Constitucional, viene a dar certeza sobre una de las normas que el formalizante ha delatado infringida por la recurrida, es decir, la atinente al artículo 51 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, la cual, remite al arrendatario, a efectuar el pago de la pensión de arrendamiento en el supuesto que el arrendador se rehúse a recibirla, a los tribunales de municipio competentes por la ubicación del inmueble, esclareciendo lo concerniente al particular de los quince (15) días mencionados en la norma.”

“…OMISSIS…”

“La sentencia que antecede, señala que de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.418, del 23 de mayo de 2014, el pago por consignaciones debe realizarse a través de una cuenta que creará el Ministerio del Poder Popular para el Comercio con asistencia de la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE); sin embargo, mientras se cree la cuenta correspondiente generada con la promulgación de este cuerpo normativo, el fallo en cuestión de cara a la realidad planteada y en función de la justicia, reconoce que los inquilinos podrían realizar sus pagos a través de las Oficinas de Control de Consignaciones de Arrendamientos Inmobiliarios (OCCAI), sino hubiere sido creado a través de las Oficinas de Control de Consignaciones (OCC), y si estas no estuvieren creadas, los Tribunales de Municipio, dependientes del Poder Judicial.

Con base a todos los argumentos precedentemente expuestos, y en consideración con lo dispuesto en fallo de esta Sala N° RC-402, de fecha 21 de junio de 2017, expediente N° 2017-054, caso: JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ contra MUEBLES CAMILA, C.A., bajo la ponencia del Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, en caso análogo al presente, concluye esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que la recurrida, determinó asertivamente que la demandada formalizante, no dio cabal cumplimiento a la obligación de pagar al arrendador las pensiones por concepto de alquiler a plazo vencido, siendo que lejos de dejar de aplicar una norma vigente y haber aplicado una disposición legal que resultó derogada, tal como denuncia, la realidad fáctica es que ante la demora en la instrumentalización prevista en el precitado artículo 27 del texto legal vigente, los tribunales de municipio se mantuvieron recibiendo dichas consignaciones –sin interrupción-; cuestión esta última que el formalizante en modo alguno combate.” (Resaltado, cursivas y subrayado de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre las obligaciones de las partes en el arrendamiento, cuándo se entiende vencida la mensualidad para consignar el canon y la forma de pagar los cánones cuando el Ministerio de adscripción no ha abierto la cuenta de acuerdo con la Ley especial.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201565-RC.000507-28717-2017-17-361.HTML

 

¿Debe un abogado cobrar honorarios profesionales a un colega?


balanza nota

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-100      TSJ/SCC Nº Sent: 498      Fecha: 21-07-2017

Caso: Intimación de honorarios profesionales interpuesta por LUIS ALBERTO GONZÁLEZ REYES contra JESÚS ERNESTO PLASENCIA BLANCO.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 8 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello.

Extracto:

“En el sub iudice el sentenciador de alzada a fin de resolver la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales incoara el abogado Luis Alberto González contra el también profesional del derecho Jesús Ernesto Plasencia Blanco, luego de examinar los argumentos expuestos por ambas partes concluyó que lo controvertido en el presente caso se ceñía a determinar si “…¿debe un abogado cobrar honorarios profesionales a un colega?…”.

En ese sentido, del análisis de los artículos 1, 40 y 53 del Código de Ética del Abogado y 31 del Reglamento de Honorarios Mínimos estableció que aun cuando no existen dudas sobre las actuaciones realizadas por el demandante por constar en instrumento público y por haber sido reconocido expresamente por el intimado, al constatarse el lazo de profesionalismo que une a las partes de conformidad con las normas supra señaladas el demandado se encontraba exonerado del pago de los honorarios pretendidos por el demandante.

Destacó, que con tal negativa no se pretendía desconocer el derecho que tienen los profesionales colegas de cobrar sus honorarios; sin embargo, consideró que tal derecho no podía ser ejercido en detrimento de las normas de conducta que deben regir a los profesionales del derecho, situación que tampoco debía interpretarse como una invitación desmedida para que se abusara de los valiosos servicios que prestan.”

“…OMISSIS…”

“Al respecto, cabe precisar que el sentenciador de alzada estableció que de conformidad con lo preceptuado en numeral 1 del artículo 31 del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, supra transcrito el demandado se encontraba exonerado del pago de honorarios profesionales judiciales pues estos son pretendidos por su colega demandante, utilizando además para colorear su decisión normas contentivas en principios éticos como reglas legales que regulan el comportamiento de los profesionales, motivo por el cual esta Sala considera que en el presente caso no se evidencia el vicio que se le pretende endilgar a la recurrida, pues efectivamente la norma delatada como infringida exonera el pago de honorarios profesionales de abogado entre colegas, tal como se plantea. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la exoneración que tienen los abogados de pagar los honorarios profesionales a otro abogado.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201374-RC.000498-21717-2017-17-100.HTML

 

La diferencia entre la certificación del registrador y la certificación de gravámenes


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-133      TSJ/SCC Nº Sent: 494      Fecha: 19-07-2017

Caso: Demanda por prescripción adquisitiva interpuesta GIOMAR ENRIQUE CARTAGENA GIL, DOUGLAS MANUEL CARTAGENA GIL, KATIUSKA TRINIDAD CARTAGENA NIEVES, GIOMAR PRESENTACIÓN CARTAGENA NIEVES, YELIPSA CARTAGENA DE CALVANI, ILSE ENRIQUETA CARTAGENA NIEVES, YAJAIRA SALOMÉ CARTAGENA NIEVES, IRIS NICOMEDES CARTAGENA NIEVES, LILIBETH JOSEFINA CARTAGENA NIEVES y MAYBETH JOSEFINA CARTAGENA NIEVES contra ELOINA HENDERSON DE GAMBUS AFANADOR (+), en el cual intervinieron como terceros interesados (herederos) IRIS GAMBUS HENDERSON DE PASCHEN, fallecida durante el proceso y, el ciudadano CHRISTOPH MICHAEL PASCHEN GAMBUS.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Extracto:

“En este orden de ideas, la juez superior no erró en la interpretación del contenido y alcance del artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, debido a que ciertamente una certificación de gravámenes no es el documento que se debía acompañar, dado que el instrumento adecuado era la certificación de registro en el cual debe aparecer el nombre y apellido de los propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble, además deberá indicarse el domicilio de éstos, lo cual no consta en la referida certificación de gravámenes.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los documentos indispensables que se deben acompañar con la demanda de prescripción adquisitiva y cuál es la diferencia entre la certificación del registrador y la certificación de gravámenes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201239-RC.000494-19717-2017-17-133.HTML

 

La prórroga legal del arrendamiento, sus requisitos, duración y efectos


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-693      TSJ/SCC Nº Sent: 496      Fecha: 19-07-2017

Caso: Demanda por resolución de contrato interpuesta por INMOBILIARIA ANDINA C.A. contra EXPRESOS FLAMINGO C.A.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior Primero Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Extracto:

Ahora bien, el artículo 38 literal b) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, cuya errónea interpretación se denuncia, dispone lo siguiente:

“…Artículo 38. En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1º de este Decreto-Ley, celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. a) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración hasta de un (1) año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de seis (6) meses.
  2. b) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración mayor de un (1) año y menor de cinco (5) años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.
  3. c) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de cinco (5) años o más, pero menor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años.
  4. d) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de diez (10) años o más se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años.

Durante el lapso de la prórroga legal, la relación arrendaticia se considerará a tiempo determinado, y permanecerán vigentes las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes en el contrato original, salvo las variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento de regulación, o de un convenio entre las partes, si el inmueble estuviere exento de regulación…”. (Negritas de la Sala).

La Sala en interpretación de la precitada norma estableció que: “…en los contratos de arrendamiento celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado en el mismo, este se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, permaneciendo vigentes durante el lapso de la prórroga legal las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes en el contrato original, salvo las variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento de regulación…”. (Sent. S.C.C. de fecha: 6 de agosto de 2014, caso: Inversiones 4 Albert S Sons, C.A., contra Custodias y Almacenajes, C.A. (CUSALCA) y otra).

Asimismo, señala la norma los lapsos de la prórroga legal en atención a la duración de la relación arrendaticia, la cual en su literal b) establece que cuando la misma haya tenido una duración mayor de un año y menor de cinco años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.

Ahora bien, el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, denunciado por falsa aplicación, dispone lo siguiente:

“…Artículo 39.- La prórroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, decretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble, quedando afectada la cosa para responder al arrendatario, si hubiere lugar a ello…”.

La disposición especial anteriormente citada establece que la prórroga legal opera de pleno derecho, y autoriza al arrendador para solicitar judicialmente el cumplimiento del arrendatario de la obligación de entregar el inmueble arrendado luego del vencimiento de la misma, pudiendo quedar afectada la cosa preventivamente con el secuestro que dicha norma permite.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la prórroga legal del arrendamiento, sus requisitos, duración y efectos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201241-RC.000496-19717-2017-16-693.HTML 

Las carga de ratificar las pruebas que consten en otros cuadernos


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Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-365      TSJ/SCC Nº Sent: 465      Fecha: 12-07-2017

Caso: Demanda de nulidad de Asamblea interpuesta por YHSAN BAROUKUI ERCHEID contra RAMÓN JOSÉ BAROUKUI RECHED y JOSÉ ALEJANDRO BAROUKUI URBINA, en nombre de la sociedad mercantil COMPLEJO AGRICOLA INDUSTRIAL C.A. (COMAINCA).

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

Extracto:

“De igual forma, la Sala observa que el sub iudice si el ad quem, consideró que no estaba completo el expediente, este debió ejercer su función saneadora del proceso, y ha debido solicitar todos los recaudos necesarios que constasen en la pieza principal para el pronunciamiento de su sentencia, es decir, las pruebas pertinentes, de acuerdo a la ponderación del caso.

Así pues, al respecto esta Sala nos ha señalado en sentencia N° R.C. 547 de fecha 11 de agosto de 2016, expediente N° 2015-627, lo siguiente:

“…en la búsqueda de la justicia debe el juzgador escudriñar dentro de las actas que conforman el expediente, sin poder, por imperio de la norma establecida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, desvincularse de los argumentos, pruebas y actuaciones de las partes, dado que el proceso se convierte en un submundo, que debe integrarse armónicamente, (situación fáctica, pruebas y derecho con el fin de obtener una sentencia justa) donde solo existe lo discutido en él, de allí que el juzgador al momento de producir su fallo, debe atenerse a cada probanza producida en el proceso, sin distinguir en qué fase fue presentada, siempre que su incorporación fuera legal y subsista una relación conexa entre la oferta probatoria y el tema objeto de pronunciamiento.

En tal sentido, estima esta Sala que la doctrina que hasta la fecha se ha venido sosteniendo, pudiera resultar una limitación indebida al derecho constitucional a la defensa de la parte que pretenda valerse de una prueba aportada en cualquiera de las incidencias del proceso o cuadernos separados del expediente, máxime, si la misma guarda relación directa con el tema controvertido, como lo es el caso de las pruebas producidas en las incidencias cautelares, en las cuales, el solicitante ha de llevar a la convicción del administrador de justicia, prima facie, que su pretensión de fondo es amparable. Sin que sea posible sostener, que la valoración del medio probatorio que reposa en un cuaderno distinto al principal, atentaría contra el derecho del contendor judicial, pues tal y como antes se expreso, estando en las actas del proceso, se supone conocida por los litigantes.

Por tanto, esta Sala, en apego a los derechos y garantías contenidos en la Carta Política, obligada a propugnar lo dispuesto en el artículo 257 eiusdem, en referencia a que: “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”, y tomando en consideración que el expediente judicial es uno solo, aunque lo integren varias piezas o cuadernos separados, ha resuelto abandonar parcialmente la doctrina que ha sostenido desde la sentencia N° 334 del 27 de abril de 2004, en lo que respecta a la necesaria ratificación del medio probatorio que se encuentre en un cuaderno distinto al principal, siempre que todas las piezas o cuadernos separados reposen en el mismo tribunal, ratificando de esta manera, el deber de los administradores de justicia, de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin más limitaciones en ese sentido, que las que le impone la Constitución y la Ley.

Se mantiene en vigencia el criterio referido a la imposibilidad material que tiene el juzgador de instancia de valorar los medios probatorios que se hallen en cuadernos separados o piezas que no se encuentren en el órgano jurisdiccional al momento de dictar el fallo, siempre pudiendo el Juez (sic) solicitar traslados probatorios para tener por norte la verdad y lograr que la litigación no está de espaldas a la realidad, inclusive de los autos. Y así se establece.

Estas nuevas consideraciones deberán tomarse en cuenta a partir de la publicación del presente facllo (sic). Y así se decide…” (Resaltado de la Sala).

“En este sentido, en aplicación de la doctrina casacionista precedentemente expuesta, y visto, tal y como se plasmó en líneas que anteceden, que la recurrida incurrió en el vicio de indefensión, violando el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al no requerir al a quo, las pruebas pertinentes, en franca inobservancia al criterio de esta Sala señalado ut supra, que permite al juez solicitar traslados probatorios para tener por norte la verdad y lograr que la litigación no esté de espaldas a la realidad, se deberá declarar con lugar la presente denuncia, y se ordenará la reposición de la causa al estado en que la alzada, previo requerimiento al tribunal de la primera instancia de todos los recaudos probatorios que cursan en el juicio principal en original o copia certificada del las mismas, emita nuevo pronunciamiento. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre el deber del juez de ordenar el traslado de las pruebas que consten en otros cuadernos y al mismo tiempo que las partes no tienen la carga de ratificar dichas pruebas, a fin de garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201035-RC.000465-12717-2017-17-365.HTML