Las causales de inadmisibilidad y de improcedencia de la demanda


MONITOREO1

Sala de Casación Civil

Recurso de Casación

TSJ/SCC N° RC.000028. Fecha: 13-02-2017

Caso: Recurso de Casación en demanda por cumplimiento de contrato de venta interpuesto por YVELITZE MAZA NUÑEZ y CÉSAR ARMANDO CAMPOS RODRÍGUEZ contra GILMAR ELIZABETH GALENO CARREÑO y TEODALDO JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2015, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Al respecto, la Sala indicó:

“En este orden de ideas, estima la Sala pertinente realizar las siguientes reflexiones: la justicia y el acceso a ella mediante el proceso, se encuentra garantizado en el artículo 257 de la Carta Política, según el cual: “…el proceso constituye una herramienta para realizar la justicia…” con este postulado constitucional se materializa la tutela judicial efectiva que a su vez la ejercita el justiciable cuando tiene la posibilidad de acceder a un proceso, vale decir, tiene acceso a la jurisdicción.

Ahora bien, ese derecho de acceso a la justicia se encuentra íntimamente vinculado con el tema de la admisibilidad de la pretensión, lo que, en consecuencia, determina que deben evitarse obstáculos que impidan ese acceso.

“…OMISSIS…”

Lo anteriormente señalado, devela con meridiana claridad que se está en presencia de un problema de orden público procesal, dado que el juzgador de alzada para declarar la inadmisibilidad de la demanda, se fundamentó en el análisis de que se trata de una demanda que para el momento de su presentación no había nacido obligación alguna para los demandados, la cual consideró, “…contrario a derecho toda vez que la obligación de trasmitir la propiedad del inmueble el plazo no estaba vencido…”, advirtiendo que en el caso bajo estudio operó una causal de inadmisibilidad de la demanda dada que la pretensión de la misma está prohibida expresamente por ser materia de orden público y contraria a ley.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos y contrario a lo declarado por la alzada, la Sala observa que en el sub judice no se evidencia la violación del orden público con la demanda, ni que la misma sea contraria a las buenas costumbres, ni existe ninguna disposición legal que prohíba su trámite, denotándose así la confusión, en el presente caso, entre las causales de inadmisibilidad de la demanda con las causales de improcedencia, las cuales tienen consecuencias jurídicas distintas.

“…OMISSIS…”

De lo analizado concluye la Sala que el ad quem, violentó el debido proceso y lesionó el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del accionante, pues, sin fundamento legal, declaró la inadmisibilidad de la acción sin sustanciar el juicio, evitando que la pretensión pudiera ser discutida y demostrada, privándosele en consecuencia al accionante del ejercicio legítimo a la acción y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución, así como los artículos 15 y 341 del Código de Procedimiento Civil, generando todo ello la nulidad de la decisión y, por vía de consecuencia, de las actuaciones procesales ejecutadas en dichas condiciones.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se ratifica el criterio de la Sala sobre el carácter restringido de las causales de inadmisibilidad de la demanda y la necesaria distinción que debe hacerse entre éstas y las causas de improcedencia de la demanda.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/196003-RC.000028-13217-2017-16-452.HTML

La suma íntegra como requisito de validez de la oferta real


DINERO

Sala de Casación Civil

Recurso de Casación

TSJ/SCC N° RC. 000024. Fecha: 09-02-2017

Caso: Recurso de Casación en Demanda interpuesta por PATRICIA BEATRIZ RINCÓN PAZ DE GARCÍA y CARLOS EDUARDO RINCÓN PAZ contra GUSTAVO ADOLFO RINCÓN PAZ.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2015, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. La Sala, al respecto señaló:

“Ahora bien, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1307 del Código Civil, el referido procedimiento de oferta real, para que sea válido, requiere del cumplimiento de algunas exigencias, concurrentes entre sí, entre las cuales se encuentran las siguientes:

“1º Que se haga al acreedor que sea capaz de exigir, o a aquél que tenga facultad de recibir por él.

2º Que se haga por persona capaz de pagar.

3º Que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos, con la reserva por cualquier suplemento.

4º Que el plazo esté vencido si se ha estipulado en favor del acreedor.

5º Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda.

6º Que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago, y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, que se haga a la persona del acreedor, o en su domicilio, o en el escogido para la ejecución del contrato.

7º Que el ofrecimiento se haga por ministerio del Juez.” (Destacados de la Sala).-

En el caso concreto, es preciso hacer especial referencia al ordinal 3°, según el cual, para la validez de la oferta, es necesario que la misma comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos, con la reserva por cualquier suplemento”.

En relación con este requisito, esta Sala ha señalado de manera reiterada que “…los jueces están en el deber de constatar si el requisito contemplado en el ordinal 3° del artículo 1307 del Código Civil, está presente en la oferta que se formule, pues se ha considerado que el mismo es esencial para que el ofrecimiento real sea eficaz, y el cual no es otro que sea ofrecida o incluida en la oferta los gastos líquidos, ilíquidos, con la reserva para cualquier suplemento, los cuales, sin duda condicionan su procedencia…”. (Vid. Sentencia N° 642, de fecha 9 de octubre de 2012, caso: Alfajul R.E., S.A. contra Banesco S.A. (Banesco International Bank, INC)).

La referida sentencia N° 642 también expresa en su texto que “según la previsión del ordinal 3° del artículo 1307, denunciado como infringido, como requisito de fondo para que la oferta real sea declarada como válida es que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos, con la reserva por cualquier suplemento, mas no establece como condición que se especifique las cantidades adeudadas, pues basta que la suma ofertada sea suficiente para cubrir tales exigencias, ya que es un exceso extremadamente formalista interpretar que la oferta es inválida porque no se establecieron con precisión esos montos”.

De los criterios jurisprudenciales precedentemente transcritos se desprende que la exigencia prevista en el ordinal 3° del artículo 1307 del Código Civil es de inexorable cumplimiento, es por ello que los jueces están obligados a constatar su existencia para que el ofrecimiento real sea eficaz.

Comentario de Acceso a la Justicia: Se ratifica el criterio de la Sala sobre lo que debe entenderse por suma íntegra como uno de los requisitos de validez de la oferta real y la diferencia entre ésta y la determinación de las cantidades adeudadas.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/195978-RC.000024-9217-2017-16-632.HTML

La caducidad de la acción de nulidad de venta de un bien de la comunidad conyugal


CODIGO-CIVIL

Sala de Casación Civil

Recurso de Casación

TSJ/SCC N° RC. 000019. Fecha: 08-02-2017 

Caso: Recurso de Casación en demanda de nulidad de venta interpuesto por ANDRÉS ELOY GUERRERO CONTRERAS contra la MARÍA INMACULADA APONTE FIGUERA y HIELO ZAR, C.A.

Decisión: Se casa de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 16 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, y se declara inadmisible la demanda. Expuso la Sala:

“Así se comprueba de las anteriores actas del expediente, que el contrato de venta que pretende anular el cónyuge demandante, fue debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, en fecha 7 de diciembre de 1999, e interpuso la demanda de nulidad de venta contra su cónyuge por falta de consentimiento el 31 de octubre del 2012, como se evidencia de la nota de recepción de la demanda, es decir, había transcurrido de manera fehaciente el lapso de los cinco (5) años desde la inscripción del acto en el registro correspondiente, y que, para ese entonces, había transcurrido más de 12 años, lo que conduce a esta Sala a declarar inadmisible la referida demanda de nulidad, conforme lo dispone el artículo 170 del Código Civil.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se ratifica el criterio de la Sala sobre la limitación para acceder a la justicia y solicitar la nulidad de venta de un bien de la comunidad conyugal si ha transcurrido el lapso de caducidad de cinco (5) años establecido en la ley.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/195960-RC.000019-8217-2017-16-547.HTML

Inaplicación del procedimiento administrativo previo de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas


JUSTICIA-NOTA

Sala de Casación Civil. 

Recurso de casación.

TSJ/SCC N° RC.000009. Fecha: 31/01/2017.

Caso: Recurso de casación en el juicio por cumplimiento de contrato de opción compra venta seguido por JESÚS RAFAEL ROJAS DELGADO contra FRANCISCO JAVIER GUADAMO y YINIRIS YULEIDA MENDOZA.

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. La Sala observa:

“Significa entonces, que considerando el hecho de que el objeto de la pretensión está dirigido a dar cumplimiento al contrato celebrado previamente como actos preparatorios a una venta, mal puede aplicarse el artículo 5° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, para que el demandante agotara el procedimiento administrativo previo a las demandas ante el Ministerio del Poder Popular en materia de Hábitat y Vivienda, en virtud de que en el presente caso, no se observa que de la interpretación de los artículos 1, 3, 5 y 12 de dicho decreto, se encuentren configurado los supuestos ahí referidos, es decir, los sujetos objeto de protección como lo son: los y las arrendatarias, comodatarios, usufructuarios, ocupantes o tenedores; incluye además, la norma in comento, a los y las adquirientes de vivienda nuevas o en el mercado secundario, las cuales tienen que verificarse, en principio, cuando el comprador esté en posesión del inmueble o en su defecto cuando sobre esos inmuebles destinados a vivienda familiar pudieran estar constituidas garantías reales; lo cual no se configura en el presente caso, ya que el accionante no ostenta la posesión, pues su pretensión es el cumplimiento del contrato y como consecuencia de ello, la transferencia de la propiedad.

“…OMISSIS…”

Hechas las consideraciones anteriores, esta Sala aprecia que no es aplicable al caso de autos el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, ya que como antes se indicó, en la presente acción por cumplimiento de contrato de opción compra venta se le impone a la parte perdidosa “…cumplir con el  procedimiento previo a las demandas…”, por lo que se limita el pronunciamiento del juzgador de alzada a una obligación de hacer, como es cumplir con dicho procedimiento antes de acudir a la vía judicial. Por tanto, no cumpliéndose en el presente caso el supuesto de hecho que comporta el decreto en relación a la desposesión o pérdida del inmueble, aunado al hecho que el presente juicio fue tramitado en ambas instancias en su totalidad, declarar la inadmisibilidad de la demanda tal como lo estableció el juez de la recurrida y como lo dispone el artículo 5° del decreto mencionado, atentaría contra los principios de tutela judicial efectiva, economía y celeridad procesal que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 257.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia aclara que el procedimiento administrativo previo a las demandas establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, no es aplicable en los juicios por cumplimiento de contrato de opción de compra venta cuando el comprador es demandante y no está en posesión del inmueble.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/195731-RC.000009-31117-2017-16-672.HTML

Lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador


DINERO

Sala de Casación Social.

Recurso de casación.

TSJ/SCS Nº 27. Fecha: 30/01/17.

Caso: Recurso de casación en el juicio por indemnizaciones derivadas de accidente laboral que siguen LUZ MERALYS JIMÉNEZ MOLINA, en su nombre y en representación de sus dos hijos E.D.C.J. y E.S.C.J., contra INVERSIONES JUANA ANTONIA, C.A. y el grupo económico conformado por las empresas COROMIX PREMEZCLADOS, C.A.COROMIX CORO, C.A. y COROMIX PARAGUANÁ, C.A. (GRUPO COROMIX).

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Lucro cesante

A este respecto, debe indicarse que es criterio reiterado y pacífico de esta Sala que para la procedencia de los reclamos por lucro cesante se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Sobre tal premisa, esta Sala de Casación Social ha afirmado en reiteradas oportunidades, entre ellas en decisión nº 768 del 6 de julio de 2005, el criterio que sigue:

[…] el trabajador que demande la indemnización de daños materiales superiores a los establecidos en las leyes especiales, deberá probar de conformidad con el Artículo 1.354 del Código Civil, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa al patrón, criterio este, mantenido por la Sala de Casación Civil, ratificado hoy por esta Sala de Casación Social, el cual a continuación se transcribe:

‘Es criterio de esta Sala que de acuerdo a la acción intentada por el Trabajador con base en los Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el Tribunal Superior ajustó su decisión a los extremos que exige el Código Civil en materia de hecho ilícito demandado conforme a esas normas, por lo que correspondía a la parte actora demostrar en la secuela del juicio si el accidente se produjo por intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, extremos que configuran el hecho ilícito que da lugar a la acción por daños y perjuicios morales o materiales, a tenor de los citados Artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil. En lo que respecta al Artículo 1.354 del Código Civil, considera esta Corte que el Juzgado Superior sí le dio correcta aplicación”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de junio de 1987, en el caso Isidro Arias Suárez contra Manufacturas Orgam, C.A.).’ (Sentencia N° 116, de fecha 17 de mayo de 2000, Sala de Casación Social).

Así las cosas, y en lo que se refiere al lucro cesante, es obligación de los órganos jurisdiccionales ajustar su decisión a los extremos que exige el derecho común en materia de hecho ilícito, por lo que es necesario verificar si la materialización del accidente o enfermedad ocupacional, según sea el caso, ha concurrido la intención, negligencia o imprudencia del empleador, demostrando el daño sufrido y la relación de causalidad.

El artículo 1.273 del Código Civil, establece.

Los daños y prejuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación.

En tal sentido, toda vez que quedó demostrado el hecho ilícito del patrono y que resulta imposible que el ciudadano Edgar Castro siga percibiendo ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales, procede condenar al pago por lucro cesante, para lo cual se considera la edad del causante al momento del accidente (30 años) y el tiempo útil de un trabajador según lo establece la Ley del Seguro Social (de 60 años de edad), aunado al hecho de que el contrato era por tiempo indeterminado. De lo anterior, resulta que el ciudadano Edgar Castro, contaba con una vida útil 30 años de edad, correspondiendo el cálculo de la indemnización a razón el salario integral diario, base de cálculo admitida por esta Sala de Casación Social, entre otras en sentencia n° 341 del 11 de abril de 2016 (caso Carmen Zoraima Delgado de Abreu y otros contra Cantv).

Por tanto, la Sala acuerda como indemnización por lucro cesante la cantidad de Bs. 1.700.352,00, que resulta de multiplicar el salario integral diario del trabajador, por 10.800 días. Así se decide.

De la responsabilidad del grupo Coromix

Al momento de resolver el recurso de casación, se dispuso que la responsabilidad civil ordinaria del patrono por hecho ilícito, no excluye necesariamente la posibilidad de que se admita, al propio tiempo, la reclamación por responsabilidad civil de quien concurre en el hecho ilícito.

Partiendo de esta premisa, se observa que el caso marras el grupo Coromix participó en la comisión del hecho ilícito que produjo la muerte del ciudadano Edgar Castro, circunstancia que se verifica, entre otros elementos, del expediente de investigación del Inpsasel en el cual cursa la certificación de accidente de trabajo que dispone:

[…] para el momento del hecho se encontraba específicamente en la parte superior de la edificación sujetando el brazo mecánico del equipo bomba de concreto con el propósito de realizar el vaciado de cemento, en ese momento dicho brazo (cuello de jirafa o pluma) golpea una línea de alta tensión provocando una fuerte descarga eléctrica al trabajador supramencionado ocasionándole la muerte, debida a Insuficiencia Cardio-Respiratoria Aguda, Choque eléctrico […]. [Folio 157 de la pieza 3 del expediente].

Esta prueba, al igual que los testimonios y el informe de Corpoelec, dan cuenta de la presencia del camión de concreto premezclado el día del accidente, y que fue el brazo jirafa o pluma del referido camión el que derribó la línea eléctrica que causó la muerte del trabajador Edgar Castro.

Al mismo tiempo, en informe de la Corporación eléctrica Nacional, S.A., que figura en la pieza tres del expediente, refiere que la ruptura abrupta de la línea de media tensión (13 kV) correspondiente al circuito Los Taques, fue provocada por un camión de la empresa Coromix que estaba haciendo un vaciado de concreto.

De acuerdo con esto, observa la Sala que los dependientes o trabajadores del grupo Coromix, fueron quienes operaron los equipos que causaron la ruptura abrupta de la línea de media tensión eléctrica. Que además el grupo Coromix es el propietario del camión bomba y la jirafa o pluma que causa la ruptura de la línea de alta tensión eléctrica, de tal modo que el accidente de trabajo es imputable de manera concurrente a la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y al grupo Coromix, de conformidad con los artículos 1191 y 1195 del Código Civil.

De tal manera, si bien en el caso no se encuentran presentes las circunstancias para establecer la responsabilidad del grupo Coromix por lo que respecta a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad social, no ocurre lo mismo en relación a la responsabilidad de acuerdo a las normas de derecho civil.

Consecuentemente, de conformidad con las normas de derecho común, específicamente de acuerdo a los artículos 1.191 y 1.195 del Código Civil, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la condena por lucro cesante establecida en este fallo. Así se decide.

De la indemnización a cargo del grupo Coromix por concepto de daño moral o extrapatrimonial

Los demandantes reclaman a título propio, indemnización por daño moral ante el sufrimiento que les supone la muerte del ciudadano Edgar Castro, alegando que deben responder solidariamente la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A. y el grupo Coromix.

Al respecto, quedó comprobado en autos que hubo una lesión a un bien extrapatrimonial que afecta a la esfera íntima de los actores generando una aflicción, lo cual da lugar a una indemnización compensatoria, ya impuesta por la Sala a la empresa Inversiones Juana Antonia, C.A.

Ahora bien, observando que en el presente caso existe la circunstancia particular de la concurrencia del grupo Coromix en el hecho generador del infortunio (por cuenta de los dependientes del grupo), y que se han determinado los elementos de su responsabilidad civil (daño, culpa y relación de causalidad) según el cúmulo de pruebas aducidas al proceso, corresponde establecer su responsabilidad solidaria de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1191, 1195, 1196 y 1221 del Código Civil, último de los cuales dispone:

Artículo 1.221. La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la acreencia y que el pago hecho a uno solo de ellos liberte al deudor para con todos.

Conviene reiterar que en el caso bajo análisis hubo una cadena causal. Inobservancia de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la sociedad mercantil Inversiones Juana Antonia, C.A., y la acción para la ocurrencia del daño por parte del grupo Coromix. La primera (patrono) tenía la capacidad (y la obligación) de evitar el infortunio, y el segundo realizó la acción necesaria que produjo la muerte (golpear la línea de transmisión eléctrica).

De tal modo, se condena al grupo Coromix a responder solidariamente de la indemnización compensatoria por daño moral establecida precedentemente, atendiendo a que, en definitiva, se trata de un solo concepto que obedece a la aflicción producida por la muerte del ciudadano Edgar Castro. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la procedencia y determinación del lucro cesante en caso de fallecimiento del trabajador, esto es, que se requiere demostrar que el infortunio laboral ocurrió ante un hecho ilícito. Además, establece la responsabilidad solidaria de un grupo económico por su concurrencia en el hecho generador del daño.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195641-027-30117-2017-15-1317.HTML

Derecho de los niños y adolescentes a opinar


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Sala de Casación Social. 

Recurso de control de legalidad.

TSJ/SCS Nº 14. Fecha: 19/01/17.

Caso: Recurso de control de la legalidad en el juicio de privación de patria potestad que sigue MARIA VANESSA SUAREZ BOLIVAR contra RAFAEL ALEJANDRO BOCACHE MARULANDA.

Decisión: Con lugar el recurso, se anula el fallo recurrido. En la sentencia la Sala indicó que:

“Cómo se desprende, el acto procesal de oír la opinión de niños, niñas o adolescentes, debe concluir con la lectura del acta levantada por el juez para dejar constancia de ello, acta sucinta que debe contener los puntos fundamentales de lo declarado, aún cuando se proceda a la grabación respectiva, lo que permite el control de la legalidad no sólo del acto procesal de oír la opinión, sino de la sentencia dictada y así  verificar que el interés superior del niño fue debidamente ponderado.

En el caso bajo estudio se observa que el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección, de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia en el acta de fecha 6 de julio de 2015, que consta en el folio 167 de la pieza 1, levantada con motivo de la celebración de la audiencia de juicio, que la adolescente fue entrevistada; sin embargó no cumplió con el requisito de recabarla a través de un acta ó de algún medio técnico de reproducción o grabación, lo cual impide controlar su legalidad, por tanto, no puede considerar, esta Sala de Casación Social válido el referido acto.

Cabe observar que la opinión del niño, niña o adolescente, debe valorarse como un acto sustancial del proceso, jamás como una mera formalidad no esencial, sobre todo porque se encuentra estrechamente relacionado con uno de los principios más importantes de la Doctrina de la Protección Integral, como es el Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual constituye un criterio para adoptar decisiones, medidas o acciones.

En razón de lo anterior y al no constar en actas lo declarado por la niña de marras, el Juez Superior Primero del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debió fijar la respectiva oportunidad para oír la opinión de ésta, a fin de determinar adecuadamente su interés superior y más aún en una causa tan importante para la vida de la niña, como es el juicio de privación de patria potestad.

La realización del referido acto es una obligación ineludible para cualquier órgano o autoridad que se encuentre conociendo de procesos o situaciones que de una u otra forma afecten o amenacen con afectar el bienestar de menores, de acuerdo con la edad y condiciones de salud mental en que éstos se encuentren. La garantía de tal derecho está orientada a proporcionarles oportunidad para expresarse libremente en audiencia especial, para que su manera de percibir las circunstancias que fueren del caso y sus opiniones en general cuenten, como elemento principalísimo, en el conjunto de factores que debe ponderar quien le corresponda adoptar decisiones de cualquier naturaleza (Vid. Sentencia 580 de la Sala Constitucional de fecha 20 de junio de 2000 caso: Fanny Carolina Salas Fumarola).

Un fallo sin la mencionada observancia, no sólo constituye una violación al derecho de los niños, niñas y adolescentes de opinar en los asuntos que les interesan, sino que además, constituye una violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, los cuales son de orden público, por cuanto, si el juez consideraba que su opinión no era precisa para resolver el caso, debía dejar constancia de tales motivos. (Vid. Sentencia No. 900/2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30 de mayo de 2008).”

“…OMISSIS…”

“En el presente caso, se privó de la patria potestad al progenitor con fundamento en las causales contenidas en los literales “c” e “i”, del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, relativos al incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y cuando se nieguen a cumplir con la obligación de manutención, respectivamente.

En principio el legislador consagró los motivos para que opere tal alejamiento, como establecidas en los artículos 352 y 356 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contentivas de las causales de privación y extinción de la patria potestad, respectivamente. En las mismas hay causales que son objetivas, es decir no tienen margen de interpretación por parte del juez, tal como ocurre con la causal contenida en el literal “g” del artículo 352 eiusdem, que dispone: “g) Sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra el hijo o hija.”; causal que se demuestra con la simple presentación de la sentencia penal definitivamente firme para que se dé por demostrado ese hecho.

Sin embargo, la causal de negarse a cumplir con la obligación de manutención, en principio implica la sentencia que condene por incumplir esa obligación, pero también debe atenderse al último aparte del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que regula: “El juez o jueza atenderá a la gravedad, reiteración, arbitrariedad y habitualidad de los hechos.” Es decir que debe valorar cada uno de estos parámetros, los cuales en el presente caso no se materializan por la conducta llevada a cabo por el progenitor, aunque fue tardía, quien antes de ser privado cumplió con su deber y por tanto se considera que el Juez incumplió con el debido análisis de las causales legales a la luz de los referidos principios de la doctrina de la protección integral, pues en el presente caso se observa que lo más conveniente para la niña era mantener el contacto con el progenitor, lo cual era lo más idóneo al hacer el ejercicio ponderativo, entre entender únicamente la causal como una sanción de aplicación indubitable y analizar dicha institución como un mecanismo de protección que procura garantizar los derechos de la infante, para lo cual debía tener como norte de su interpretación los principios de interés superior del niño y que el contacto entre padres e hijos es la regla; con lo cual resulta evidente la errónea interpretación formulada por el Juez Superior, que conlleva a una lesión del orden público constitucional.

Al estudiar la otra causal que el juez dio por comprobada, es decir, la contenida en el literal “c” del artículo 352 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que regula como supuesto de hecho cuando los padres incumplan los deberes inherentes a la patria potestad. Esta causal debe ser interpretada con sumo cuidado, porque su contenido no se encuentra delimitado objetivamente.

En tal sentido hay que señalar que para poder declarar la pérdida de la patria potestad con fundamento en esta causal, es necesario la demostración plena de un abandono total y absoluto de los deberes parentales y no un incumplimiento parcial de los mismos, pues al efecto se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su voluntad manifiesta.

Así tenemos que el Juez estimó tres (3) factores para llenar de contenido los deberes que estimó inherentes, a saber: que el padre incumplió la obligación de manutención; las actuaciones procesales del progenitor en los expedientes de autorización para emitir pasaporte y de autorización de viaje; y la  prueba testimonial.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante por dos razones. En primer lugar, porque establece el criterio de la Sala sobre el carácter esencial del derecho a opinar de niños, niñas y adolescentes y las consecuencias de su omisión. En segundo lugar, porque explica cuándo hay negativa a cumplir con la obligación de manutención e incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, que hagan procedente la demanda de privación de patria potestad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195135-014-19117-2017-16-072.HTML

La cualidad y el interés procesal como requisitos indispensables para acceder a la justicia


TSJ-800x600

Sala de Casación Civil.

Recurso de Casación. 

TSJ/SCC Nº RC.000001. Fecha: 13/01/17.

Caso: Recurso de casación en el juicio por simulación de venta seguido por GRISEL DEL CARMEN ARELLANO RAMÍREZ contra DANIEL MARÍA DE LAS MERCEDES MARTÍNEZ PUENTESDANIEL JOSÉ MARTÍNEZ MALPICA, AMADO HUMBERTO MARTÍNEZ MALPICA, MARÍA ENRIQUETA MARTÍNEZ MALPICA y MARÍA FERNANDA MARTÍNEZ DE LIMA.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación. Expuso la Sala:

“Ha sido criterio reiterado del mismo modo en la citada decisión de la Sala, que la falta de cualidad o legitimación a la causa es una institución procesal que constituye una formalidad esencial para la búsqueda de la justicia, pues está estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y a ser juzgado sin indefensión, aspectos ligados al orden público y, por tanto, el juez tiene el poder de examinar de oficio la subsistencia de la legitimación en todo grado y estado de la causa, visto que su comprobación es prejudicial a cualquier otra, en consecuencia al declararse la falta de cualidad in limini litis  no existe probabilidad alguna de abrir el lapso a pruebas.

Partiendo de este punto, y concluyendo que el Juez debe constatar preliminarmente la legitimación de las partes, particularmente la legitimación en la causa o cualidad que tiene efectos distintos a la legitimación del proceso, al ser un requisito intrínseco de la acción y a través de ella se logra controlar el derecho de acción a favor del titular -que tiene el interés y la cualidad para hacerlo valer en juicio-, para que de esa manera el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y bajo la posibilidad lógica de invocar y justificar el reconocimiento judicial de los derechos e intereses jurídicos propios del justiciable y que no se produzca la contención entre cualesquiera partes, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

Razones estas por las que, contrario a lo alegado por el recurrente, la declaratoria de inadmisibilidad decretada por el juez de alzada in limine litis y como consecuencia de la falta de cualidad de la parte demandada, no constituye el vicio de indefensión ya que obviar la apertura del lapso probatorio no le estaba dable dada la decisión tomada, y en este sentido se declara sin lugar la presente denuncia. Y así se decide.”

“…OMISSIS…”

“De acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos, y en aplicación de los mismos al caso bajo análisis, observa esta Sala que la recurrida no incurrió en la falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 1.281 del Código Civil denunciada por la recurrente, cuando declaró la falta de cualidad y en consecuencia desechó la demanda interpuesta, pues la actora en el momento de interponer la demanda no tenía interés procesal, pues no sustentó su pretensión en el derecho que debía tener sobre los bienes objeto de la venta sobre la cual recaía la pretensión de simulación, ya que ella alega su interés sobre la base de que durante su concubinato con el concubinario fueron adquiridos los mismos y que las ventas supuestamente simuladas ocurrieron una vez anuladas judicialmente las capitulaciones que habían suscrito antes de contraer matrimonio.

Al respecto verificó el juzgador que los documentos en los que se sustenta su derecho de concubina no constaban en el libelo de la demanda así como tampoco la declaración judicial de la nulidad de las capitulaciones matrimoniales, razón por la cual el juez concluyó que no tenía cualidad para interponer la pretensión de simulación de las ventas, razón por la cual mal podía aplicar el contenido del artículo 1.281 del Código Civil, pues no se verificó el supuesto de hecho previsto en la norma supra comentada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En primer lugar, se ratifica el criterio de la Sala sobre la falta de cualidad y su carácter de orden público, que obliga al juez a examinar y declarar de oficio su existencia en todo estado y grado del proceso. En segundo lugar, se establece que la parte demandante debe tener un interés procesal para interponer la demanda. En ambos casos, el cumplimiento de tales requisitos es indispensable para el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/194958-RC.000001-13117-2017-16-332.HTML

Reconocimiento de los derechos de hijos de parejas del mismo sexo


contuitucion-630-16anosl1

Sala Constitucional. 

Amparo Constitucional.

TSJ/SC Nº 1187. Fecha: 15-12-2016.

Caso: Acción de amparo constitucional ejercida por MIGDELY MIRANDA RONDÓN contra la Oficina Nacional de Registro Civil, el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional y el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución.

Decisión: Admite la acción por orden público, y declara:

“Esta Sala Constitucional, en atención de lo explanado en la presente acción de amparo, constata que la prenombrada ciudadana Migdely Miranda Rondón, a través de las técnicas de reproducción asistida se encuentra en la condición de gestante subrogada, de acuerdo a la definición plasmada en el presente fallo en su Capítulo II “esto es, aquella mujer que, de común acuerdo con una persona o pareja, acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro por esa otra persona o pareja, con el fin de quedar embarazada de dicho embrión, gestarlo a término, parirlo en sustitución de la mencionada persona o pareja y con intención de entregárselo a éstas”.

Ahora bien, conforme a nuestro ordenamiento jurídico se le atribuye la filiación materna a la ciudadana Migdely Miranda Rondón, ya que fue ésta la que llevo a cabo el proceso de gestación y materializó el hecho cierto del parto, filiación que esta Sala Constitucional ratifica, por cuanto realmente desde el inicio del procedimiento de reproducción asistida nunca hubo tal intención de “entrega del niño” por parte de la gestante subrogada, condición que consta en las actas del expediente, recaudos de la institución médica de fertilización evidenciando tal situación (ver, constancia de la Unidad de Medicina Reproductiva (VIDAFER), técnica de reproducción asistida siendo la paciente Migdely Miranda, como receptora y Giniveth Soto, como la donante del embarazo controlado de feto único masculino de 19 semanas que corre inserta al folio 54 del expediente signada con la letra “C”). Sino que más bien de todo lo comprobado en autos, adminiculada las pruebas traídas por la parte actora con los hechos notorios comunicacionales referidos supra, lo que esta Sala Constitucional constata es una clara manifestación de voluntad de constituir una familia homoparental con los efectos jurídicos que la misma conllevaría en similares circunstancias a la de una familia tradicional.

Sin embargo, en búsqueda de la verdad real, y con fundamento en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a su identidad, y ésta comprende a la identidad biológica, tal como esta Sala lo dispuso expresamente en la sentencia n.° 1443 de fecha 14 de agosto de 2008, (caso: Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente); luego de haber sido analizado y valorado el Informe Pericial practicado por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales en el Área Metropolitana de Caracas en fecha 06 de marzo de 2015, se observa que del mismo se desprende lo siguiente:

(…) El perfil de identidad genético autosómico caracterizado en la muestra 14-059.A, perteneciente a la ciudadana GINYVETH SOTO QUINTANA (Presunta Madre), GF15-047.1 (Presunto Abuelo Materno) y GF15-047.2 (Presunto Tío Materno), respecto a la muestra GF15-047.3, perteneciente al niño (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), (Hijo), conforma la hipótesis H1 planteada, indicando que SI existe una relación heredo biológica entre las muestras comparadas (…) (Negrillas y mayúsculas propias del oficio).

Conforme a lo anterior, esta Sala constata que producto de la filiación como vínculo existente entre padres e hijos, que genera una identidad legal y una identidad biológica, en el presente caso es imprescindible su determinación, a los efectos de resolver lo planteado por la parte actora, en interés superior del niño procreado, mediante un método de reproducción asistida, como lo es la Fertilización in Vitro (del latín dentro del vidrio se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo).

En consecuencia, genéticamente el niño (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), es hijo de la ciudadana Ginyveth Soto Quintana (fallecida), por lo cual tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras, y así se ordena sea rectificado por la autoridad civil competente. Así se decide.

Aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional colige que no se encuentra ajena a las realidades sociales y en su condición de máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde fijar las interpretaciones y aplicación del contenido o alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335), velando por la efectividad del ordenamiento jurídico, y en búsqueda de la verdad real quedando obligada en el caso en concreto a restablecer el equilibrio e inclusión social, tomando en cuenta el afecto, la dignidad humana y la tolerancia que debe imperar en la sociedad, para lo cual es necesario el estudio del contenido del artículo 75 de la Constitución, que reza:

Como se desprende del texto de la disposición constitucional transcrita, el Constituyente previó la obligación del Estado a garantizar la protección integral a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (Destacado nuestro).

Por ello, conforme a lo establecido en dicha norma, concatenado al derecho a la igualdad y no discriminación, previstos en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reconoce en esta sede constitucional, el derecho de maternidad de las ciudadanas Ginyveth Soto Quintana y Migdely Miranda Rondón de su hijo (cuya identidad se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es un caso de suma importancia para el país en que la Sala Constitucional mediante un amparo constitucional, que admitió por tratarse de una materia de “orden público constitucional” reconoce, expresamente, los derechos de los niños nacidos dentro de familias homoparentales, en este caso entre dos mujeres de nacionalidad venezolana que contrajeron matrimonio en la República de Argentina. En efecto, la Sala sostuvo que los niños nacidos dentro de estas familias gozan de los mismos derechos que los que nazcan en familias tradicionales, para lo cual interpretó el artículo 75 de la Constitución venezolana.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/194078-1187-151216-2016-16-0357.HTML

Indemnización por daño moral por efecto de un trabajo periodístico


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Sala de Casación Civil.

Recurso de casación. 

TSJ/SCC N° RC.000843. Fecha: 29/11/2016.

Caso: Recurso de casación en el juicio por indemnización de daño moral que sigue RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES contra C.A. EDITORA DE EL CARABOBEÑO.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación. La Sala estableció lo siguiente:

“En efecto, de los párrafos de la recurrida transcritos con anterioridad la Sala pudo evidenciar que el juez de alzada estableció en su análisis valorativo que de la lectura de dicha nota de prensa no podía desprenderse que fue publicada con animus difamandi, pues la demandada sólo se limitó, con animus narrandi a reflejar los hechos realmente ocurridos, sin imputarle al demandante la autoría del delito sometido a la investigación con todo lo cual forzosamente no estaba cumplido el requisito del carácter culposo de la conducta del demandado, necesario para que tenga lugar la responsabilidad civil por hecho ilícito.

…OMISSIS…

En otras palabras, el juez de alzada concluye de su valoración de la nota de prensa tantas veces referida que el medio de comunicación sólo publicó una noticia de interés para la colectividad, que los hechos narrados en la noticia de prensa realmente acontecieron, que a tal dato noticioso no se añadieron calificaciones ni valoraciones que dañaran la honra y reputación de quienes aparecieron vinculados con los hechos investigados y que la fuente de la noticia lo fue un órgano adscrito a un ente policial del Estado, por lo que con vista de todo ello y a su soberana apreciación de los hechos, concluyó que no estaban presentes dos de los elementos estructurales de la responsabilidad civil por hecho ilícito.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la culpa como requisito para la procedencia de la indemnización por daño moral, por efecto de un trabajo periodístico.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/193206-RC.000843-291116-2016-16-391.HTML

El abuso de derecho y su relación con un juicio penal


CODIGO-CIVIL

Sala de Casación Civil.

Recurso de casación. 

TSJ/SCC N° RC.000842. Fecha: 29/11/2016.

Caso: Recurso de casación en el juicio por daños y perjuicios y daño moral iniciado por MOISES DEL JESÚS MNAUER MELÍAN contra IVÁN JESÚS RAMOS MATA.

Decisión: Sin lugar el recurso de casación. La Sala observa:

“El juez de la recurrida declaró improcedente la demanda con base en los siguientes alegatos: a) que la demanda por indemnización por daño moral que se originó por la querella penal intentada por el demandado contra el actor, es un caso de responsabilidad extracontractual correspondiente al abuso de derecho pautado en el único aparte del artículo 1.185 del Código Civil; b) que la interposición de una denuncia en modo alguno constituye un hecho ilícito, pues se trata de un derecho y de un deber ciudadano para la averiguación de la comisión de un delito en resguardo de la paz social; c) que en la sentencia de la querella penal no se declaró la falsedad de los hechos; d) que en el fallo penal se declaró el desistimiento tácito, pues el querellante no acudió a la audiencia conciliatoria y eso no es un hecho ilícito; e) que consideró la solicitud que hizo el querellante para fijar una nueva oportunidad para realizar la referida audiencia; y f) que no se dieron por demostrados los supuestos para la procedencia del daño moral.

En conclusión, el juez superior consideró que la denuncia penal efectuada no es un abuso de derecho, pues el desistimiento tácito que ocurrió en la instancia penal no constituye un hecho ilícito, lo cual que no se corresponde con lo establecido en el único aparte del artículo 1.185 del Código Civil.

En consecuencia, de acuerdo a los razonamientos previamente expuestos se puede evidenciar que el juez de alzada no incurrió en la infracción por error de interpretación de la norma acusada. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque fija el criterio de la Sala sobre la existencia del abuso de derecho a propósito de la realización de un juicio penal.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/193205-RC.000842-291116-2016-16-187.HTML