Desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil


JUSTICIA-NOTA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000095   Fecha: 15-03-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato de opción de venta interpuesta por FRANCISCA ALICIA VENAVENTE PIÑATE contra IVÁN PÉREZ, en el cual intervino como tercero interesado LEONIDES BAUTISTA MORENO

Decisión: Se declara: 1) La desaplicación parcial por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los artículos 26 y 257 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, se acuerda en acatamiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, remitir copia certificada de la presente sentencia a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal; 2) Casa de oficio la decisión dictada el 26 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto: 

“Ahora bien, esta Sala ante tal circunstancia considera pertinente invocar el criterio sentado en decisión N° 916 de fecha 15 de diciembre de 2016, caso: Instituto Nacional de Tierras (INTI) contra Jesús Salvador Malavé Marín y otra, el cual estableció, lo siguiente:

…OMISSIS…

Sobre los anteriores basamentos doctrinarios, compilados de esta Máxima Instancia Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, en apego al postulado constitucional consagrado en el artículo 26 de nuestra vigente Carta Política, a través del cual, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, y sin formalismos o reposiciones inútiles, esta Máxima Jurisdicción Civilreconoce la obsolescencia contenida en la citada norma contenida en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civilel cual se encuentra en franco desafuero con nuestra novísima Constitución, y en atención al caso sub examine, acuerda, la desaplicación parcial de la referida norma procesalla cual tendrá efectos ex nunc a la presente decisión, y en atención a la nueva doctrina que acoge esta Máxima Instancia Civil, en lo adelante para proceder a realizar cualquier acto procesal ante esta Sala de Casación Civil, no se requerirá otro requisito adicional distinto al de ser profesional del derecho, optando las Magistradas y Magistrados integrantes de esta Sala por asegurar con preferencia la efectiva supremacía de nuestra Carta Política.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos que deben cumplir los abogados para actuar en casación, por considerar que dicha norma limita el acceso a la justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196907-RC.000095-15317-2017-16-539.HTML 

Carácter sancionatorio de la perención de la instancia


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000091     Fecha: 15-03-2017

Caso: Demanda por cobro de honorarios profesionales interpuesta por MARISOL NOGALES ZAMORA y LOMBARDO BRACCA LÓPEZ, contra LUIS RODRÍGUEZ DORDELLY, NELLY COLMENARES de MENDOZA y otros.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto: 

“Así las cosas, visto entonces que la perención de la instancia operará única y exclusivamente por la inactividad, negligencia o descuido de las partes al no realizar ningún acto para darle continuidad e impulso a la resolución de la controversia, y que dependiendo de las circunstancias de las que se traten podrá ser declarada luego de haberse materializado la inacción.

Ahora bien, en el presente caso, no se observa que los intimantes hayan sido negligentes para darle impulso al proceso, pues, dieron cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley para lograr la citación de los demandados cada vez que fueron admitidas las reformas de la demanda por parte del a quo.

De allí, que la decisión emanada de la ad quem resultó desproporcionada al sancionar a los intimantes por la supuesta pérdida del interés procesal que se manifiesta por la inactividad de los sujetos intervinientes en juicio, que acarreó como consecuencia la extinción del procedimiento, evidenciándose una clara violación al derecho de la defensa de los recurrentes en casación, así como del principio pro actione, en favor de la acción y no de su extinción, por mera forma o sutilezas procesales.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la aplicación excepcional de la perención de la instancia, pues su carácter sancionatorio impone una interpretación restringida para no afectar el derecho a la defensa y el principio pro actione. Con este criterio se contrapone con el carácter objetivo que se ha dado a la perención tradicionalmente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196805-RC.000083-10317-2017-16-777.HTML 

tipo de cambio que rige para las obligaciones en materia laboral por condena en moneda extranjera


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SALA DE CASACIÓN SOCIAL, JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

SOLICITUD DE AJUSTE DE MEDIDA DE EMABRGO

TSJ/JSCS Nº 674   Fecha: 14-03-2017

Caso: Omar Enrique García Bolívar contra Despacho de abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. hoy Despacho de abogados miembros de Norton Rose Fulbright, S.C.; Norton Rose Fulbright, L.L.P. y Norton Rose Fulbright, E.L.P.

Decisión: Se decreta ajuste de la medida de embargo.

Extracto:

“En todo caso, como ya se ha señalado anteriormente, el tipo de cambio a utilizar para calcular el pago de conceptos es un pronunciamiento que corresponde al fondo de la controversia, de dictarse una sentencia estimativa de la pretensión.

(…OMISSIS…)

Según sentencia N° 135 de fecha 12 de marzo de 2014, la Sala Constitucional, caso: Juan Ernesto Garantón Hernández contra Alcaldes del Municipio Baruta y El Hatillo, la tutela cautelar es un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, supuesto fundamental del proceso que conlleva a un fin preventivo de modo explícito y directo, de carácter instrumental, pues, no constituye un fin en sí misma al estar pre ordenada a  una ulterior decisión definitiva, funge de tutela mediata y salvaguarda la función jurisdiccional, de allí su necesaria idoneidad o suficiencia, de manera que el ajuste o ampliación de la medida preventiva según las circunstancias de hecho es posible en el ordenamiento jurídico venezolano.

Por su parte el Convenio Cambiario N° 35, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.865, que entró en vigencia el 10 de marzo de 2016, en el capítulo II “De las operaciones de divisas con tipo de cambio complementario flotante de mercado (DICOM)”, establece en su Artículo 13 que todas aquellas operaciones de liquidación de divisas no previstas expresamente en el presente Convenio Cambiario, se tramitarán a través de los mercados alternativos de divisas regulados en la normativa cambiaria, al tipo de cambio complementario flotante de mercado.

Asimismo, el artículo 17 dispone que los mercados alternativos de divisas a los que se contrae el Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015 continuarán en funcionamiento hasta tanto sean sustituidos dentro de un plazo máximo de treinta (30) días; en consecuencia, mientras esto último ocurra, el tipo de cambio complementario flotante de mercado al que se refiere el presente Convenio Cambiario será aquel al que se refiere el artículo 24 del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015.

Ahora bien, como quiera que el Juzgado de Sustanciación, en decisiones de 19 de junio y 31 de julio de 2015, ajustó la medida cautelar de embargo para garantizar el cumplimiento de una obligación estimada por el demandante en moneda extranjera, utilizando el tipo de cambio vigente en esa oportunidad, lo cual fue confirmado por la Sala de Casación Social en sentencia N°1184 de 19 de noviembre de 2016, donde declaró sin lugar la apelación ejercida por las demandadas; se considera que al haber sufrido nuevamente una modificación la tasa de cambio empleada, resulta procedente el ajuste de la medida cautelar decretada a la tasa de cambio vigente, en los términos siguientes: 

PRIMERO: Por cuanto el monto de la demanda fue estimado en la cantidad cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco dólares con treinta y tres centavos de los Estados Unidos de América (US$ 454.265,33); que desde el 10 de marzo de 2016, rige el Convenio Cambiario N° 35, en el cual se indica que el tipo de cambio que regirá para las obligaciones no señaladas en el régimen especial será el tipo de cambio complementario flotante de mercado, de conformidad con lo previsto en el artículo 13; visto que la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela determinada de conformidad con el artículo 24 del Convenio Cambiario N° 33, en concordancia con el artículo 17 del Convenio Cambiario N° 35 del 9 de marzo de 2016, al 13 de marzo de 2017, fue de Bs./USD de 703,1569 por dólar de los Estados Unidos de América, se calcula el monto de la demanda en la cantidad de trescientos diecinueve millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos un bolívares con veintidós céntimos (Bs. 319.419.801,22).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el régimen de tipo de cambio que rige para las obligaciones en materia laboral por condena en moneda extranjera y de qué forma se aplican en materia laboral los distintos convenios cambiarios vigentes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/jscs/marzo/196950-0674-16317-2017-04-1682.HTML 

La inaplicabilidad del procedimiento previo de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, cuando se ha perdido la posesión arbitrariamente


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SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 160   Fecha: 10-03-2017

Caso: Demanda por interdicto restitutorio interpuesta por MARVIN AGUSTÍN POVEDA, en su nombre y en el de sus menores hijas, contra NELLY JUDITH DE FLORENTINO

Decisión: Se declara inadmisible la demanda intentada el 17 de julio de 2015, por el ciudadano Marvin Agustín Poveda, actuando en su nombre y en representación de sus menores hijas, por caducidad de la acción.

Extracto:

“La Sala comparte el criterio expuesto en la sentencia citada. Resulta un contrasentido exigir el cumplimiento del procedimiento previo a que hace referencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en las causas en donde se alegue la pérdida de la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda por acciones violentas o arbitrarias como en el caso de marras.

Conteste con lo expuesto, aun cuando se considere que los jueces de instancia incurrieron en un error material al designar la pretensión del actor como desalojo, esto es, que hubo un error en la calificación jurídica de la pretensión, debe concluirse que no resulta ajustado a derecho solicitar el trámite del procedimiento previo a las demandas del Decreto Ley en comento (ahora a cargo de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda), en virtud de las circunstancias del caso.”

“La parte demandante manifestó que la pérdida de la posesión del inmueble se materializó el 24 de abril de 2013, también quedó constancia que la demanda fue propuesta el 17 de julio de 2015, por tanto, caducó el derecho a proponer la querella interdictal restitutoria.

En este sentido, conviene reiterar que la caducidad de la acción es una institución que limita el plazo por el cual la parte puede articular determinados reclamos judiciales, la cual «puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en cualquier estado y grado de la causa oficiosamente, pues opera ipso iure» (Cfr. Sentencia de la Sala de Casación Civil N° 196 del 2008, caso Pedro Otazua Barrena contra José Lerín Sancho y otros).”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque de una parte establece el criterio de la Sala sobre la inaplicabilidad del procedimiento previo de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en las causas en donde se alegue la pérdida de la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda por acciones violentas o arbitrarias; y, de la otra ratifica su criterio sobre la caducidad de la acción de interdicto restitutorio y la facultad de declararla de oficio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196768-0160-10317-2017-15-1278.HTML 

La inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones


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SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000083    Fecha: 10-03-2017

Caso: Demanda por simulación y partición interpuesta por JACK SCHUSTER ELMAN contra MÓNICA ELMAN DE SCHUSTER y ADA SCHUSTER ELMAN.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Extracto: 

“Desprendiéndose de la jurisprudencia parcialmente citada que a la pretensión de nulidad le es aplicable el procedimiento ordinario, mientras que una partición de bienes hereditarios se tramita a través de un procedimiento especial, el cual se encuentra establecido en el artículo 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, señala que el pronunciamiento de inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación no tergiversa formas procesales, pues la misma resulta de orden público.

En este sentido, observa esta Sala que el Juzgado Superior al declarar inadmisible la demanda por cuanto lo peticionado en el escrito libelar, responde a propósitos cuyos contenidos divergen significativamente entre sí, no incurrió en la infracción por falsa aplicación de dicha disposición legal (artículo 78 del Código de Procedimiento Civil), motivo por el cual resulta improcedente la única denuncia planteada, lo que conlleva a la declaratoria de sin lugar del presente recurso de casación, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Esta sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la inepta acumulación de pretensiones, en aquellos casos en que los procedimientos sean incompatibles entre sí, lo cual no puede interpretarse como una limitación del acceso a la justicia ni a la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196805-RC.000083-10317-2017-16-777.HTML

El carácter jurídico de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) y los efectos de los acuerdos conciliatorios


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SALA DE CASACIÓN CIVIL

Recurso de Casación

TSJ/SCC N° RC.000080     Fecha: 10-03-2017

Caso: Demanda por Cumplimiento de acuerdo conciliatorio celebrado ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) interpuesta por DANIEL CORTEZ CORTEZ MEERTENS contra INVERSIONES COINCA C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 8 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto: 

“En este mismo orden de ideas, resulta necesario mencionar que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), es un organismo administrativo con competencia exclusiva en esta sensible materia social, estando en consecuencia revestidos de legalidad, los acuerdos conciliatorios a que arriben las partes en esta sede, y así lo ha reconocido este Máximo Tribunal en sentencia de la Sala Constitucional N° 823 de fecha 18 de octubre de 2016, caso: Catiz Hugdariz Araque Vásquez, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el cual se dejó expuesto lo siguiente:

“…De igual forma, estima esta Sala Constitucional, que el procedimiento previo a las demandas, establecido en el Decreto N° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, a través del cual el propietario del inmueble expone los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la posesión del inmueble, persigue una habilitación para acudir al procedimiento jurisdiccional en procura de satisfacer dicha pretensión, una vez obtenida la misma, se deduce que el órgano administrativo a cargo de dicho procedimiento ha evaluado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su otorgamiento, por lo que esa decisión goza de la presunción de legalidad de los actos administrativos…”.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre el carácter jurídico de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), como órgano administrativo con competencia en el área y de los acuerdos conciliatorios, los cuales están revestidos de la presunción de legalidad.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196802-RC.000080-10317-2017-16-296.HTML 

Diferencia entre la venta por la cabida y la venta en globo


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Tipo De Recurso: Recurso de Casación

TSJ/SCC N° RC.000077      Fecha: 10-03-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato de opción a venta interpuesto por MARÍA DE LOURDES DUARTE y AIRES FERREIRA DE OLIVEIRA contra FONNEGRA CONSTRUCCIONES C.A.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 11 de febrero de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Extracto:

“En este sentido, observa la Sala que de los términos en que fue pactado el contrato de promesa bilateral de compra venta, el inmueble no sería vendido con expresión de su cabida, a razón de tanto por medida -supuesto de hecho del artículo 1.496 del Código Civil-; sino como un cuerpo determinado y limitado cuyo precio se ha estipulado en globo, con expresión aproximada de la medida.

En este último caso, las partes no han dado mayor importancia a la exactitud de la cabida declarada, por no haberse establecido una relación entre cada medida y cada parte del precio. Esto constituye el supuesto de hecho del artículo 1.497 del Código Civil, que era la norma aplicable, y que establece que la expresión de la medida no da lugar a ningún aumento del precio a favor del vendedor por el exceso de la misma, ni a ninguna disminución del precio a favor del comprador por menor medida, sino cuando la diferencia entre la medida real y la indicada en el contrato sea de una veinteava parte en más o en menos, habida consideración al valor de la totalidad de los objetos vendidos.

Ahora bien, dado que se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 1.496 del Código Civil, el cual, en concordancia con los artículos 1.497 y siguientes del mismo código, regulan las modificaciones en materia de venta de bienes inmuebles, a la obligación de entregar la cosa en toda la cantidad expresada en el contrato; y visto que la condena pronunciada por el juez de alzada -a la “…entrega material íntegra del lote de terreno…”- no se ajusta a los artículos 1.496 y 1.497 del código sustantivo, se declara con lugar la delación. Así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la diferencia de la venta con expresión de la cabida, a razón de tanto por medida, de la venta de un cuerpo determinado y limitado, cuyo precio se ha estipulado en globo.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/196795-RC.000077-10317-2017-16-584.HTML 

Elementos indispensables para declarar el concubinato.


CODIGO-CIVIL

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCS N° 104   Fecha: 24-02-2017

Caso: demanda por declaración de concubinato interpuesta por JESÚS AFRANIO RUIZ CASANOVA contra HEVIS LUCEDYTH LIZCANO CONTRERAS.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 2 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Extracto: 

“Como puede delimitarse, la existencia de la unión estable de hecho se formará mediante una declaración judicial dictada en un proceso con ese fin, el cual dependerá de la comprobación de elementos indispensables para calificar una relación como una unión estable de hecho en la modalidad de concubinato, estando signada por la permanencia de la vida en común, que tal y como fue interpretado por la Sala Constitucional, resulta identificada por actos que hacen presumir a terceras personas que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre los elementos indispensables para calificar una relación como concubinato y el carácter constitutivo de la sentencia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/196408-104-24217-2017-16-554.HTML 

Cuándo es inadmisible la invalidación. Su diferencia con los supuestos de procedencia.


MONITOREO1

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000054     Fecha: 24-02-2017

Caso: FREDDY JOSÉ ALFARO BELTRÁN contra CARMEN COROMOTO HERNÁNDEZ MORENO.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de enero de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas.

Extracto: 

“En referencia a ello, la Sala ha establecido que el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, no está circunscrito a causas de inadmisibilidad sino a los supuestos de hecho que bien pudieran invalidar una sentencia, lo cual sin lugar a dudas es materia probatoria. En consecuencia, siendo que la acción de invalidación intentada, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley, su admisibilidad es procedente en derecho. (Vid. Sent. N° 4 del 15 de noviembre de 2001, caso: Miguel Ángel Capriles Canizzaro, contra el hoy, fallecido Miguel Ángel Capriles Ayala y sus herederos).

Así las cosas, la Sala evidencia que el juez de la recurrida, después de haber revisado las actas procesales que conforman la presente causa, y estudiados los alegatos de cada una de las partes y las pruebas traídas a los autos, determinó que el accionante no logró demostrar la falta de citación, o el error o fraude cometidos en la citación para la contestación, toda vez que consta en autos y así quedó demostrado, según la recurrida, que se ordenó emplazar a todas aquellas personas interesadas, mediante la publicación de un edicto, tal y como lo establece el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil; trayendo como consecuencia, la declaratoria con lugar de la cuestión previa opuesta y la declaratoria de inadmisibilidad de la presente acción.

Ahora bien, en atención al criterio jurisprudencial mencionado y al análisis realizado, la Sala considera errada la decisión del juez de la recurrida, por cuanto, no debió declarar con lugar la cuestión previa contenida en el N° 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, impidiéndole a la parte accionante el ejercicio de los medios procesales que tenía a su disposición, infringiendo las formas procesales, que en definitiva causa indefensión de ésta, ello en razón, de no habérsele permitido o dado la oportunidad para demostrar el fraude alegado, destacando que deba declararse la procedencia de la presente denuncia, y la utilidad de la reposición o renovación del acto, tal y como se hará constar de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala de que no puede declararse inadmisible la invalidación si no es contraria al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de ley, y las causas de invalidación están sujetas a prueba, todo a fin de garantizar el acceso a la justicia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/196419-RC.000054-24217-2017-16-270.HTML

Ley aplicable a las Instituciones del Sector Bancario en liquidación. Requisitos de procedencia de la compensación.


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SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECURSO DE CASACIÓN

TSJ/SCC N° RC.000038    Fecha: 17-02-2017

Caso: Demanda por cobro de bolívares interpuesta por BANCO REAL, BANCO DE DESARROLLO C.A. (antes Banco de Desarrollo del Microempresario C.A.) contra IMAGEN STYLES TOTAL C.A. y OSMEL RICARDO LAZARO SOUSA MANSILLA.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“Ahora bien, ante lo determinado por el juzgador de alzada en su decisión, esta Sala no evidencia que el juzgador de alzada incurriera en la delatada infracción por falta de aplicación del artículo 1.331 del Código Civil, en razón, que dicha normativa no resulta aplicable a la presente causa, por cuanto, en virtud del principio de especialidad se aplica con preferencia a la ley sustantiva civil, resultando de esa forma aplicable la normativa especial que regula el trámite de la compensación frente a instituciones financieras en proceso de liquidación, contenida en la Ley de Instituciones del Sector Bancario, como en las Normas para la Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas Vinculadas, tal y como, lo determinó el juzgador en su decisión.”

…OMISSIS…

“Por tanto, tal y como lo determinó el ad quem en su fallo, la co-demandada Imagen Styles Total, C.A., en su pretendido carácter de cesionaria, efectivamente debe ceñirse a las Normas para la Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas Vinculadas, la cual en su artículo 7 dispone lo siguiente:

“…El Comité de Recuperación de Acreencia, una vez que le sean elevadas a su consideración las solicitudes de compensación o los casos a que se refiere el artículo 5 de estas Normas, deberá verificar si se cumplen o no los requisitos necesarios para que proceda la compensación y acordar la decisión correspondiente”.

Acorde con la norma supra transcrita, la cual regula la compensación de las obligaciones recíprocas del sector bancario en proceso de liquidación, el comité de recuperación de acreencia, procederá a constatar si se cumplen con los requisitos forzosos para que resulte la compensación.

Tal normativa debe ser atendida en concordancia, con el artículo 264 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, el cual determina expresamente que las instituciones del sector bancario o empresas relacionadas no financieras en proceso de liquidación, podrán compensar obligaciones con terceros cuando reúnan la condición de recíprocos deudores.

Considerando lo anterior, esta Sala observa que en el caso planteado lo que se tiene es la declaratoria de prensa en cuanto al crédito quirografario, no la declaratoria de compensación y reciproco deudor, la cual de ser declarada por el Comité de Recuperación de Acreencia, será notificada a los interesados, y contra tal decisión el interesado podrá interponer recurso de reconsideración, siendo la decisión de dicho recurso el agotamiento de la vía administrativa.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala sobre la aplicación preferente de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, así como de las Normas para la Liquidación de Instituciones del Sector Bancario y Personas Jurídicas Vinculadas sobre el Código Civil, en los casos de instituciones financieras en proceso de liquidación. Además señala el procedimiento a seguir para que obre la compensación.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/febrero/196152-RC.000038-17217-2017-16-566.HTML