Cuando el juez establece la responsabilidad por hecho ilícito, a pesar de que el caso se trata de una relación contractual


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios (reconvención)

N° Sent. 744        Fecha: 16-11-2017

Caso: MAQUIVIAL C.A. contra FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 22 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“Establecido lo anterior, se debe señalar que esta Sala de Casación Civil, de manera reiterada ha venido estableciendo, que para que proceda la responsabilidad civil contractual deben, sin lugar a dudas, concurrir ciertos elementos o circunstancias de hecho, los cuales son: el daño, la culpa, el incumplimiento y el vínculo de causalidad. Estos elementos, además de ser necesarios, deben ser analizados por el juzgador para poder determinar la existencia de la misma y por ende, para poder declarar la procedencia de su reclamo.

Dicho lo anterior, se debe destacar que si bien es cierto que en el fallo impugnado el juez superior, de una forma particular, justificó su condenatoria en la procedencia del reclamo de la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la demandada en su reconvención, realizando un esbozo respecto al régimen de responsabilidad extracontractual o por hecho ilícito, aun y cuando la naturaleza de la relación que existe entre las partes de este juicio, se deriva de un contrato de obra, no puede pasar por alto esta Sala que el ad quem en el presente asunto cumplió de una forma efectiva con su tarea de operador de justicia para la búsqueda de la verdad, pues, pese a su inapropiada exposición, logró comprobar de un estudio de las actas, y así lo expuso en su fallo, que en el presente asunto se encuentran dados todos y cada uno de los presupuestos de hecho necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual, pues en la sentencia estableció la existencia del incumplimiento culposo en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A., respecto al contrato de obra suscrito con la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, el daño ocasionado a la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas por el incumplimiento contractual en el que incurrió la accionante, y también, la relación de causalidad que existe entre el daño y el incumplimiento contractual en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A.

Por lo tanto, el hecho de que el juez superior haya realizado toda una inapropiada argumentación para complementar su condenatoria con base en el régimen de responsabilidad extracontractual, cuando el deber ser, hubiese sido que realizara su condenatoria conforme con el régimen contractual de responsabilidad civil, en nada podría influir en el fondo de lo decidido en el fallo recurrido, pues al estar presente en el juicio todos y cada uno de los presupuestos o elementos necesarios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para el resarcimiento de un daño y para la procedencia de la responsabilidad civil, la conclusión ante este supuesto de hecho, siempre va a ir dirigido hacia la procedencia del reclamo de los daños y perjuicios por no haber la empresa Maquivial, C.A., ejecutado a cabalidad sus obligaciones contraídas en el contrato de obra N° FCVAAA-2011-CT-001.

En consecuencia, a pesar de que en el presente asunto el juez superior incurrió en una falsa aplicación del artículo 1.185 del Código Civil, y a su vez, en una falta de aplicación del artículo 1.271 eiusdem, dichas infracciones considera esta Sala de Casación Civil que carece de relevancia o de fuerza para modificar el dispositivo del fallo impugnado y decretar consecuencialmente, la nulidad de la sentencia impugnada, pues al estar dados en el presente juicio todos y cada uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios, señalados anteriormente, se encuentra, de una forma suficiente, justificada la procedencia de la condenatoria por daños y perjuicios que se deriva del impugnado.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que de ordenar esta Sala de Casación Civil, la anulación del fallo impugnado por haber incurrido el mismo en los vicios de fondo detectados, con el fin de que el juez de reenvío dicte una decisión fundamentando la condenatoria del pago de la indemnización bajo el régimen de responsabilidad contractual, considera esta Sala que se infringen los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues incurriríamos en una reposición inútil, ya que el resultado de la nueva decisión, al estar presente los elementos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil, como es el caso de autos, siempre va a estar inclinada hacia el resarcimiento del daño originado por el incumplimiento contractual en el que incurrió la recurrente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala de Casación Civil sobre la improcedencia de la denuncia de fondo del recurso de casación, no obstante la gravedad del error cometido, cuando el juez estableció la responsabilidad por hecho ilícito, a pesar de que el caso se trata de una relación contractual y la responsabilidad derivada del mismo tiene la misma naturaleza.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205310-R.C.000740-151117-2017-2017-166.HTML

El valor probatorio de la sentencia extranjera que no tiene pase o exequátur


documentos contrato

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 740        Fecha: 15-11-2017

Caso: Demanda por reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por MAYRA CAROLINA BARRUETA VILORIA contra BRUCE ANDREW PESTANO TULLOCH.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Extracto:

Sin embargo, al margen de lo expuesto, esta Sala logra entender de la fundamentación, que la censura apunta principalmente hacia la falta de aplicación del artículo 767 del Código Civil, ya que el argumento predominante se inclina en sostener que el juez de alzada debió aplicar lo previsto en la parte in fine de la norma invocada, pues el demandado sigue siendo en el territorio de la República, de estado civil casado, situación que fue la que generó, la infracción por parte del ad quem de lo contenido en los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado y del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, ya que el juez de alzada no debió haberle conferido ningún tipo de valor a la sentencia extranjera de divorcio del ciudadano Bruce Pestano, por carecer la misma, del respectivo pase o exequátur por parte del órgano jurisdiccional correspondiente.

En este sentido, con respecto a los efectos que podrían derivarse de los fallos dictados por autoridades extranjeras, nuestro legislador en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ha dispuesto de una forma precisa, cuales son los presupuestos necesarios para que puedan ser reconocidos en el territorio nacional los efectos derivados de los fallos emanados por autoridades judiciales extranjeras.

Sin embargo, cabe destacar, en la referida norma no se distingue entre los tipos de efectos que pueden surgir de una sentencia extranjera, los cuales, según la doctrina mayoritaria, se encuentran divididos en dos vertientes, los efectos de la sentencia como documento extranjero y los efectos de la sentencia como acto procesal extranjero.

Con respecto a los efectos de la sentencia como documento extranjero, debe señalarse que por el simple hecho de ser la sentencia, un documento, la misma es suficiente para probarse a sí misma, pues como un documento público emanado de una autoridad, siempre y cuando cuente con la debida legalización o apostillado, tiene la suficiente fuerza probatoria para demostrar los hechos y declaraciones que se encuentran contenidos en la misma, pues su fuerza documental no puede quedar sometida al cumplimiento de los presupuestos de eficacia contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

En cuanto a los efectos de las sentencias extranjeras como acto jurisdiccional, los mismos se encuentran divididos en dos grupos a saber: los materiales y los procesales. Los materiales son aquellos que se refieren al contenido sustantivo de la sentencia; y los procesales, que son los inherentes al carácter de acto jurisdiccional de la sentencia, donde se encuentran comprendidos el efecto de cosa juzgada y el efecto ejecutorio.

Ahora bien, dicho lo anterior, esta Sala luego de un estudio minucioso del fallo impugnado, debe concluir que el juez ad quem al dictar su decisión no incurrió en la falta de aplicación de los artículos 767 del Código Civil, 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado y el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, pues en el presente caso, nota esta Sala que el juez superior no le concedió la respectiva fuerza ejecutoria a la sentencia de fecha 17 de mayo del 2006, dictada por la Corte de Distrito del 17 Circuito en el Condado de Broward del estado de Florida, de los Estados Unidos de América, sin el respectivo procedimiento establecido en nuestra legislación, como lo pretende hacer entender la formalizante, sino más bien, lo que se nota de la sentencia recurrida, es que el ad quem decidió, considerando y valorando, tanto el valor probatorio contenido en la referida sentencia extranjera de divorcio como documento público debidamente legalizado, los derechos que emanan del fallo extranjero y el propio reconocimiento hecho por el demandado a lo largo del desarrollo del presente juicio, con respecto a la existencia cierta de la sentencia de divorcio extranjera supra indicada, que obra en su contra.

Pues, como bien lo dictaminó el ad quem, no se puede escapar de la realidad procesal, que el ciudadano Bruce Pestano, cuenta con un fallo cierto, bien que haya sido emanado de una autoridad extranjera, que disolvió el matrimonio que mantenía con la ciudadana Nora Esther Galloso, ahora, que si bien el mismo, conforme con las actas, no cuenta con el respectivo pase por parte de algún órgano jurisdiccional, esto no significa, que tanto su contenido como los derechos que emanan del mismo, no puedan ser reconocidos a los efectos del presente juicio por reconocimiento de unión concubinaria, pues como se dijo anteriormente, su efecto probatorio como documento público legalizado y reconocido por las partes en el presente juicio escapa de la necesidad de una declaratoria judicial de ejecutoriedad; y así lo ha venido estableciendo este Alto Tribunal de Justicia mediante sentencia de la Sala Político Administrativa, N° 1.603, de fecha 25 de noviembre de 1999, ratificada por la misma Sala, en sentencia N° 1097 del 20 de diciembre de 2006, caso: Tuna Atlántica, C.A. c/ Fosapatun, C.A. y otra; y también por esta Sala de Casación Civil en decisión N° EXEQ. 440, de fecha 27 de junio de 2005, caso: Comercial Turbine Services LTD, contra Aserca Airlines, C.A., expediente N° 2005-000105, ratificada reciente por esta Sala en sentencia N° EXEQ. 544, de fecha 11 de agosto de 2016, caso: U.S. Mortgage Finance II, LLC, contra Antonio Caeiro Dapena.

Por lo tanto, al haber reconocido el juez ad quem en su decisión, el contenido que emana de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2006, dictada por la Corte de Distrito del 17 Circuito en el Condado de Broward del estado de Florida, de los Estados Unidos de América, no infringió las disposiciones invocadas por la formalizante, pues en su sentencia, este no le confirió a la referida decisión el respectivo pase o exequátur, sino que simplemente reconociendo su contenido como documento público legalizado, le reconoció el importante cambio que en el estatus civil había sufrido el ciudadano Bruce Pestano en el ámbito jurisdiccional del estado extranjero, situación que a criterio de esta Sala no puede obviarse a los efectos de este juicio de reconocimiento de unión concubinaria, pues de haberlo hecho, el operador de justicia hubiese quebrantado principios fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna, lo cual no ocurrió en el caso de marras, pues el ad quem decidió el presente juicio teniendo como norte la verdad y la justicia, al resolver el juicio conforme con lo que se desprende del contenido de las actas procesales.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica y amplía el criterio de la Sala de Casación Civil que reconoce el valor probatorio de la sentencia extranjera que no tiene pase o exequátur, a fin de garantizar la justicia del caso concreto. Esto no quiere decir que a los efectos del cambio de estado civil y para los plenos efectos de una sentencia dictada en el extranjero se haya eliminado el proceso de exequátur.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205310-R.C.000740-151117-2017-2017-166.HTML

La nulidad de la partición de la comunidad conyugal antes del divorcio. Su excepción


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 739        Fecha: 15-11-2017

Caso: Demanda de Partición interpuesta por GERÓNIMO JOSÉ LÉON FRANCO contra ALEXANDRA LILIANA MORENO NOZENKO

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“Así las cosas, a los fines de resolver la presente denuncia se trae a colación lo dispuesto en el artículo 173 de nuestro Código Civil, el cual dispone:

“…La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales.

Si hubiere mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos, a los contrayentes.

También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges, y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código.

Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190…”.

De la norma transcrita, se evidencia que el legislador, reguló las modalidades de extinción de la comunidad de gananciales, y a su vez, determinó una prohibición para disolver y liquidar una comunidad de bienes gananciales durante el matrimonio de manera voluntaria.

Dicho lo anterior, esta Sala con respecto a los acuerdos voluntarios de liquidación de bienes celebrados entre los cónyuges en la oportunidad en que presentan la solicitud de divorcio, considera pertinente, traer a colación el criterio de vieja data contenido decisión de fecha 21 de julio de 1999, dictada por esta misma Sala de Casación Civil en el caso: Lourdes Trinidad Mujica, contra Adolfo José Marín Ordaz y Reparaciones Venezolanas de Calderas, S.R.L., el cual fue ratificado por esta Sala posteriormente en la sentencia N° 158 de fecha 22 de junio del 2001, caso: Albito Marino Castillo Useche, contra María Cecilia Araque Moncada; el cual adicionalmente, fue confirmado por la Sala Constitucional de este Máximo Juzgado en decisión N° 3267, de fecha 16 de diciembre de 2002, caso: Fernando Agustín Pérez Parra, en donde se estableció:

“…Expone la recurrida que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 173 del Código Civil, todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes de ser declarado disuelto el vínculo matrimonial, es nulo, con la única excepción prevista en el artículo 190 eiusdem esto es, en el supuesto de la separación de cuerpos y de bienes. Por ello, concluye, dado que al presentarse la solicitud de declaratoria de divorcio con base en el artículo 185-A de ese mismo Código, no puede considerarse disuelto aún el matrimonio, el convenio que la misma contenga sobre partición, como es el caso del pacto cuya ejecución constituye el objeto del presente juicio, es nulo y carente de valor y efectos.

Por su parte, el formalizante sostiene que el pacto citado es válido si, como sucede en el caso, se sujeta a la condición de que surtirá sus efectos ‘una vez disuelto el vínculo conyugal’

Ahora bien, considera la Sala que es correcta la apreciación de la recurrida, porque tratándose como se trata de cuestiones de estricto orden público, el que se lo someta a una condición, no quita al pacto en referencia su naturaleza de convenio sobre liquidación y partición de la comunidad conyugal de bienes, celebrado antes de la disolución del matrimonio, y nulo por consiguiente, por efecto de lo dispuesto en el artículo 173 mencionado…”. (Subrayado de la Sala).

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia que todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes de ser declarado disuelto el vínculo matrimonial, es nulo, con la única excepción prevista en el artículo 190 del Código Civil.

En tal sentido, luego de un análisis de las actas y en seguimiento del criterio ut supra transcrito, visto que tanto en el debate judicial como en el fallo recurrido quedó establecido que el convenio de partición y adjudicación de bienes celebrado en las partes, se hizo en conjunto con la solicitud de divorcio 185-A ex artículo del Código Civil, resulta notorio que dicho acuerdo se materializó con anterioridad al decreto de divorcio, situación que según lo dispuesto en el artículo 173 de nuestra ley civil sustantiva, hace concluir a esta Sala que el mismo no pueda surtir efectos, ni tener algún tipo de validez y eficacia, pues el hecho de que el mismo haya quedado sometido a la condición suspensiva del decreto de divorcio, como alega la recurrente que ocurre en el caso de marras, conforme con la jurisprudencia reiterada en el presente fallo, no le quita al pacto en referencia su naturaleza de convenio sobre liquidación y partición de la comunidad conyugal de bienes celebrado antes de la disolución del matrimonio, como bien lo estableció en ad quem en el fallo recurrido.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la nulidad de todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes del divorcio, con la única excepción prevista en el artículo 190 del Código Civil.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205313-RC.000739-151117-2017-17-564.HTML

El carácter obligatorio, exclusivo y excluyente del procedimiento de ejecución de hipoteca


Estado propietario en nombre del pueblo y pueblo sin propiedad

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 731        Fecha: 13-11-2017

Caso: Demanda por cobro de bolívares interpuesta por COBRAMAR C.A. contra BANCO DE VENEZUELA S.A.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 18 de enero del 2017, por el Juzgado Superior Marítimo (accidental) con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, casa sin reenvío la sentencia y declara inadmisible la demanda.

Extracto:

“Asimismo, “…es definitivo que el procedimiento de ejecución de hipoteca no es electivo sino obligatorio, exclusivo y excluyente en los casos de crédito garantizado con hipoteca, pues con ello se protege la integridad objetiva del procedimiento, en el que está interesado el orden público, para que la justicia sea efectiva. En otras palabras, las normas establecidas en las leyes, que regulan los procedimientos a seguir, para obtener justicia no pueden ser modificados por los particulares en función de sus intereses porque son de orden público; lo contrario, vulneraría de forma flagrante los principios constitucionales que rigen el fundamento actual de impartir justicia…”. (Cfr. sentencia N° RC-576, de fecha 1° de agosto de 2006, caso de Banco del Caribe, C.A. Banco Universal contra Ganadería Roraima S.A. y Otra.)

Con base a lo anterior, se observa de la parte pertinente transcrita del libelo de la demanda, que en efecto, la deuda a que se contrae la presente acción de cobro de bolívares se encuentra garantizada mediante una hipoteca naval de primer grado, por lo cual, atendiendo a la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala, el trámite idóneo para obtener el pago de las cantidades adeudadas debió ser el de ejecución de hipoteca previsto en el artículo 660 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y otro, como ocurrió en el presente caso que se tramitó por el procedimiento marítimo ordinario.

En consecuencia, al haber admitido el juez de cognición la acción incoada a través de un procedimiento de cobro de bolívares por el procedimiento marítimo ordinario, infringió lo previsto en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, que es exclusivo y excluyente para intentar tal reclamación.

“…OMISSIS…”

Por lo tanto, y conforme a la doctrina y jurisprudencias de esta Sala y de la Sala Constitucional, antes citadas en este fallo, el cobro de títulos de créditos garantizados con hipoteca, no puede judicialmente incoarse mediante el procedimiento de intimación, dado que ser (sic) así incoada la acción, se estaría en presencia de una infracción de orden público, por la violación del debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial eficaz, estabilidad de criterio y expectativa plausible, adicionalmente con el quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso, en infracción de los artículos 7, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, y artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, ya que resultaría nefasto para el deudor hipotecario, ser demandado pagar sus montos y que la hipoteca no quede extinguida. Así se decide.”

La palabra sic en negrillas es agregada por Acceso a la Justicia.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre el carácter obligatorio, exclusivo y excluyente del procedimiento de ejecución de hipoteca, en los casos de créditos garantizados con hipoteca, a fin de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205234-RC.000731-131117-2017-17-451.HTML

El carácter constitucional de la prueba de confesión


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 702        Fecha: 09-11-2017

Caso: Demanda por resolución de contrato interpuesta por JOSEFA DEL VALLE QUIJADA DE BASTARDO, AGUSTÍN RAMÓN QUIJADA MARVAL, MAURA ASUNCIÓN QUIJADA MARVAL, RODOLFO LUIS QUIJADA MARVAL e ISABEL DEL VALLE QUIJADA MARVAL contra ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ ACUÑA, OLINDA FALCÓN SANGUINETTI, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, CÉSAR JORGE MIGUEL LODEIROS SEIJO, TRINO JAIME JAVIER LODEIROS SEIJO y CARLOS ALBERTO LODEIROS SEIJO.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 28 de mayo de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito Judicial del estado Sucre.

Extracto:

“Así pues, el criterio vinculante para este caso emanado de la Sala Constitucional, explanado en la sentencia objeto de revisión es del siguiente tenor:

“…no existe inconstitucionalidad alguna en la obligación de responder las posiciones juradas que establece el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, siempre que se entienda que el deber sólo se extiende a proporcionar contestación concisa –como lo señala el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil- y no a hacerlo de manera tal que se convierta en una forma de coacción para obtener declaraciones contrarias al absolvente, su cónyuge, concubino y parientes dentro de los grados de consanguinidad y afinidad señalados en el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución. De esta manera, el juramento de decir la verdad únicamente puede ser concebido como una solemnidad formal en virtud del deber de veracidad que establece el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Visto de esta manera, en la doctrina de la Sala Constitucional se ha establecido que la normativa contenida en los artículos 403 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, relativos a la posición jurada, no son contrarias a las disposiciones de la Constitución, sino que se trata de un medio probatorio que se utiliza como mecanismo para obtener la confesión de alguna de las partes en el proceso, el cual está exento de coacción física, psíquica o de cualquier otro tipo de violencia, que es el supuesto que prohíbe el artículo 49.5 de la Constitución, diferente a este caso en el que existe una declaración de la verdad, a lo que los jueces tienen por norte también encontrar la verdad (artículo 12 eiusdem), mediante una contestación concisa…”. 

En este sentido aprecia la Sala que la recurrida respecto a las referidas probanzas, expresó lo siguiente:

“…Promovió la parte actora en la oportunidad legal, prueba de posiciones juradas, cuya evacuación cursa a los folios 156 y 157 del presente expediente, oportunidad en la cual el abogado JORGE RAMOS, manifestó acogerse al precepto constitucional contemplado en el artículo 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; procediendo la parte actora promovente a estampar sus posiciones. Al respecto cabe destacar que, de acuerdo al referido artículo 49, la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza, motivo por el cual este Tribunal (sic) no le otorga ningún valor probatorio. Así se establece…”.

De la reproducción anterior se constata que la recurrida no le otorga ningún valor probatorio a la prueba de posiciones juradas promovidas por la parte actora, fundamentándose en ello en el precepto constitucional contenido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, sin ampararse en las normas pertinentes contenidas tanto en la ley adjetiva civil como en la sustantiva civil venezolana; infringiendo así por falta de aplicación los artículos 403, 412, 414 del Código de Procedimiento Civil y el 1.401 del Código Civil, relativos a la prueba de posiciones juradas.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala de Casación Civil –acogiendo anterior criterio de la Sala Constitucional- que considera que la prueba de posiciones juradas no es contraria a la Carta Magna, garantizando así el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205086-RC.000702-91117-2017-17-402.HTML

La excepción de contrato no cumplido. Su oponibilidad en las demandas de cumplimiento de contrato


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 693        Fecha: 08-11-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por GIUSEPPE D´AGOSTINO contra CORPORACIÓN ISKRATAL C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 11 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.

Extracto:

“El artículo 1.168 del Código Civil, establece lo siguiente:

“…En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones…”. 

En cuanto a esta excepción llamada también de incumplimiento prevista en el artículo 1.168 del Código Civil, se debe reiterar que la misma tiene un efecto suspensivo en el deber de cumplimiento de una de las partes, hasta tanto la otra no haya cumplido con su obligación, no existiendo dudas sobre la oponibilidad de la misma cuando se trata de una acción por cumplimiento, existiendo como lo afirma el autor José Mélich-Orsini, en la obra “Doctrina General del Contrato”, Editorial Serie Estudios No. 61, pág. 778, una fuerte tendencia a no reputarlo oponible en el caso que la demanda propuesta sea una acción por resolución de contrato, compartiendo la opinión contraria que admite su oponibilidad en este tipo de acción, en cuanto a que el comportamiento del demandado quede justificado por el incumplimiento del propio demandante, no obstante ello, en el presente caso dicha excepción resulta inaplicable, por cuanto tal y como ha quedado judicialmente interpretado del documento fundamental de la demanda, aun para el evento que la parte actora incumpliese con su obligación de pagar el saldo del precio pactado de compraventa, aun para dicho evento -se reitera- las partes acordaron expresamente que en cabeza de la demandada subsistiría la obligación de traspasar las acciones en el libro de accionistas respectivo y de hacer la correspondiente participación al registro mercantil, siendo que en este caso la parte actora sí dio cabal cumplimiento respecto a la venta pactada entre las partes intervinientes como quedó demostrado de las actas de asamblea extraordinarias que corren insertas a las folios 11 al 27 de la pieza 1 del expediente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la excepción de contrato no cumplido y su oponibilidad en las demandas de cumplimiento de contrato.

 Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205032-RC.000693-81117-2017-17-543.HTML

La nulidad de la sentencia cuando el juez aplica un criterio jurisprudencial no vigente para la fecha de la demanda. El caso de los contratos de opción de venta


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 689        Fecha: 08-11-2017

Caso: Demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por RINA ALEXANDRA ESCALONA RIERA contra ZORAIDA MAITHE MÁRQUEZ DE MOTTOLA y ANTONIO MOTTOLA BARATTA.

Decisión: Se casa de oficio y sin reenvío la sentencia dictada el 3 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, y se declara parcialmente con lugar la demanda.

Extracto:

“…no obstante aún y cuando se evidenció en el presente caso el quebrantamiento de formas esenciales del procedimiento en menoscabo del derecho a la defensa y la violación de las garantías constitucionales como lo son: el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la expectativa plausible, la confianza legitima (sic) y la seguridad jurídica de las partes; no es menos cierto que no procedería la reposición de la causa, toda vez que la misma sería inoficiosa e inútil, por cuanto, como ya se expresó en el actual fallo, el criterio aplicable para el juicio in comento (vigente para la fecha de la presentación de la demanda) era que los contratos de opción de compra venta no constituyen una venta, ya que son contratos preparatorios o preliminares; y no como lo estableció la alzada.

Así las cosas tenemos, que la Sala declaró de oficio la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legitima (sic), seguridad jurídica y estabilidad de criterio; por cuanto el juez de alzada aplicó un criterio jurisprudencial no vigente para la fecha de la presentación de la demanda; acarreando así la violación del derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva al no dar un trato igual ante la ley a las partes en litigio en el actual juicio.

Tal es el caso, que el criterio vigente para la fecha era el establecido por esta Sala de Casación Civil en decisiones N° RC-358, de fecha 9 de julio de 2009, expediente N° 2009-051, caso: Ada Preste de Suárez y otro contra Desarrollos 20699, C.A., N° RC-460, de fecha 27 de octubre de 2010, expediente N° 2010-131, caso: Tomcar, C.A. Almacén, contra la Sucesión Amleto Antonio Capuzzi Di Prinzio y otros, y N° RC-198, de fecha 12 de mayo de 2011, expediente N° 2010-190, caso: Luis Francisco Rodríguez Martínez y otra contra Rosalba Peña; el cual señaló que: “(…) el contrato que se examina, consignado como documento fundamental de la demanda, es un contrato de promesa bilateral de compraventa, cuya naturaleza es la de un contrato preparatorio, pues constituye un acuerdo de voluntades en el cual ambas partes contratantes se comprometen a celebrar el contrato futuro, en este caso el contrato de compraventa propiamente dicho…”; refiriendo además que: “(…) Aunado a lo anteriormente expuesto, la Sala ha sido clara y precisa al establecer que: ‘…Los contratos de promesa bilateral de compra-venta no constituyen una venta, ya que son contratos preparatorios o preliminares’…”; por lo tanto al verificarse que la demanda fue presentada en fecha 8 de noviembre de 2012; este era el criterio que debió aplicar la alzada para así no incurrir en las infracciones constitucionales entes referidas.

Considerado el contrato de compra-venta como un contrato preparatorio o preliminar, la consecuencia directa del incumplimiento del mismo era el establecido por las partes en el referido contrato en su cláusula quinta, la cual es del tenor siguiente:

 

“(…) QUINTA: Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que por el presente documento contraen, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, y así si quien incumpliere LA PROMITENTE COMPRADORA, LOS PROMITENTES VENDEDORES tendrán derecho a obtener como única indemnización por los daños y perjuicios ocasionadas las cantidades de dinero que haya recibido para la fecha del hecho que da origen a la resolución, y si el incumplimiento fuere de los PROMITENTES VENDEDORES, LA PROMITENTE COMPRADORA tendrán derecho a reclamar las cantidades entregadas a la fecha del hecho que da origen a la resolución, más una suma de dinero igual a ella, como indemnización por los daños y perjuicios causados…”.

 

Por lo tanto el incumplimiento del contrato, bajo el principio de autonomía de voluntad de las partes, al tener fuerza de ley entre las partes y visto que las obligaciones pactadas deben cumplirse exactamente como han sido contraídas, a tenor de lo previsto en los artículos 1159 y 1264 del Código Civil, el contrato quedó resuelto de pleno derecho, y obliga a la demandada reconviniente, al pago en su totalidad de lo acordado, que era, que los demandantes reconvenidos–la promitente compradora- tenía derecho a obtener como única indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las cantidades entregadas a la fecha del hecho que da origen a la resolución, más una suma de dinero igual a ella, tal y como lo suscribieron expresamente las partes o sujetos procesales en el presente caso, monto que deberá ser calculado por el juez de instancia en fase de ejecución y sobre el cual ordenará a la demandada reconviniente, que realice el pago ante el tribunal de instancia, para poderse liberar de su obligación contractual. Así se decide.” (Negrillas de la Sala)

La expresión “sic” es agregada por Acceso a la Justicia

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala sobre las consecuencias de la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, cuando el juez aplica un criterio jurisprudencial no vigente para la fecha de la demanda, que obliga a declarar la nulidad de la sentencia a fin de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205028-RC.000689-81117-2017-17-399.HTML

El inicio del lapso de caducidad del retracto legal arrendaticio


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 678                  Fecha: 02-11-2017

Caso: Demanda de retracto legal arrendaticio interpuesta por UVALDO RAMÓN VALERO contra JOSÉ RICARDO GONZÁLEZ CALDERÓN, ALEX NARLESKI OLACHEA ALVARADO y ELDER LUIS HERNÁNDEZ OLACHEA.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 17 de abril de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare.

Extracto:

De conformidad con las jurisprudencias antes transcritas, el lapso de caducidad para el retracto arrendaticio comienza a computarse a partir de la fecha de notificación al inquilino de la enajenación del inmueble, o la prueba cierta que ha tenido conocimiento de ello, por lo que corresponderá al juez determinar con base a los hechos alegados y las pruebas evacuadas, cuándo el arrendador tuvo conocimiento de la venta del inmueble arrendado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre el inicio del lapso de caducidad del retracto legal arrendaticio.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/204764-RC.000678-21117-2017-17-467.HTML

El pago de la obligación realizado por un tercero


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Sent. TSJ/SCC N° 669               Fecha: 26-10-2017

Caso: Demanda de intimación interpuesta por TROY C.A. contra CORPORACIÓN ALISA C.A., en el cual intervinieron como terceros TOBA S.A. y OBA MIX S.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 13 de agosto de 2015, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Extracto:

“De la doctrina citada, se desprende que si bien en principio el deudor es quien debe pagar la obligación a la cual se comprometió, sin embargo, otra persona, es decir, un tercero que bien puede tener interés o no en el cumplimiento de la obligación puede realizar el pago, pues dicha facultad no perjudica al deudor al entenderse que la acción del tercero, lejos de afectarle le favorece en un todo al cumplirse con la obligación a la cual estaba sujeto.

De la misma manera, se considera que dicha acción tampoco afecta al acreedor en razón de que su interés está en que se le satisfaga la deuda con prescindencia de qué persona realice el pago, salvo, que la prestación solo pueda ser cumplida únicamente por el deudor por sus particulares o singulares características.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala en cuanto a que por principio no existe ningún impedimento y es del interés de todas las partes involucradas, el que un tercero pague una obligación pactada.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/204480-RC.000669-261017-2017-17-184.HTML

La responsabilidad del Capitán del buque por los daños causados durante el servicio de pilotaje, embarque y desembarque


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Sent. TSJ/SCC N° 668                 Fecha: 26-10-2017

Caso: Demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta por PRODUCTORA DE ALCOHOLES HIDRATADOS C.A. (PRALCA) contra la M/N CLIPPER GOLFITO, propiedad de Shenlong Maritime PTE, LTD, y su Capitán MILENKO ASANOVIC y como terceros forzosos la motonave M/N UNIÓN FORTUNE, EX KERIM y su Capitán MANIVANNAN JEYARAMAN

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2017, por el Tribunal Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas.

Extracto:

“De la precedente transcripción, se evidencia que el juzgador de alzada respecto al informe de reporte de colisión del buque en contra del duque de alba, rendido por el piloto práctico Capitán Luis Ravan, determinó que durante las operaciones del buque para acceder al puerto, en su cuarto intento de aproximarse al muelle, el buque M/N Clipper Golfito golpeó un objeto fijo, que forma parte de la estructura del puerto.

En tal sentido, el ad quem apreció que en la oportunidad de realizarse las operaciones para ingresar al puerto había mal tiempo, así como, que la causa generadora del daño se originó como consecuencia de la imprudencia del Capitán en insistir en la operación, a pesar del mal tiempo reinante, siendo que, de las pruebas cursantes en los autos se desprende que en dicho cuarto intento se originó la colisión, y no fue sino hasta ese momento en que se fijó esperar otra oportunidad para acceder a la rada portuaria y dirigirse al muelle correspondiente.

De manera que el juzgador de alzada determinó que el Capitán del buque es responsable por los daños causados durante la maniobra de ingreso al puerto. No obstante, el juzgador evidenció en el sub iudice que la demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda, afirmó una circunstancia derivada del hecho de que otro buque había colisionado en todo caso el duque de alba (sic), indicando para ello, que si el daño hubiese ocurrido debía ser atribuido al buque MN KERIM, por cuanto, el colapso del muelle había sido consecuencia de la negligencia de la demandante al permitir el atraque del buque MN KERIM, por lo que, ante tal afirmación el juzgador estimó que la demandada invirtió la carga de la prueba, sin embargo, ésta no demostró en los autos tal afirmación.

Ahora bien, esta Sala ante lo determinado por el ad quem en su decisión, no evidencia que éste incurriera en la delatada infracción por falta de aplicación de los artículos los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil; 72 ordinal 3°, 74 y 79 de la Ley General de Puertos, siendo que, tal y como lo determina el juzgador en su fallo el Capitán del buque no deja de tener el control del buque aun cuando el piloto oficial se encuentre a bordo, es decir, el Capitán del buque es responsable por los daños causados durante el servicio de pilotaje, durante el embarco y desembarco.

Por consiguiente, esta Sala al apreciar que al operador portuario le corresponde autorizar y controlar las operaciones portuarias pertinentes, mal podía el juzgador de alzada imputarle a tal operador la causa generadora del daño, por cuanto, tal y como lo determinó el ad quem el Capitán del buque responde por los daños causados durante su maniobra, por lo que, ante tal circunstancia el juzgador ante lo establecido en su fallo, no incurrió en la infracción por falta de aplicación de los 12 del Código de Procedimiento Civil; 72 ordinal 3°, 74 y 79 de la Ley General de Puertos. Así se decide.”

Lo agregado entre paréntesis es de Acceso a la Justicia.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la responsabilidad del Capitán del buque por los daños causados durante el servicio de pilotaje, embarque y desembarque.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/204479-RC.000668-261017-2017-17-262.HTML