Requisitos concurrentes para declarar procedente la reivindicación.


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 229      Fecha: 27-04-2017

Caso: Demanda de reivindicación interpuesta por ANA GABRIELA CONTRERAS BALESTRINI y NOEMI DEL CARMEN BALESTRINI DE CONTRERAS contra SILENCIADORES LOS LLANOS PALENCIA ARAQUE C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2016, por el Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.

Extracto:

De los criterios jurisprudenciales antes transcritos, se evidencia que en los juicios de reivindicación como el de autos, la acción de reivindicación se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario.

También, indica el criterio de esta Sala, que el actor al ejercer la acción reivindicatoria debe solicitar al tribunal la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble sin ser el propietario del bien.

Por lo tanto, considera la Sala que en los juicios de reivindicación los jueces tienen la obligación de determinar si se cumplen o no los presupuestos concurrentes a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación para poder declarar la procedencia o improcedencia de la acción reivindicatoria.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala según el cual los requisitos de procedencia de la reivindicación son concurrentes.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197840-RC.000229-27417-2017-16-626.HTML

La imposibilidad de declarar el decaimiento de la acción por pérdida de interés procesal en estado de sentencia.


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 228      Fecha: 27-04-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por ZIADE HERMANOS, C.A. ZIHERCA contra MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2014, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

De la transcripción parcial de la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, se desprende que “…se considera que declarar el decaimiento del interés procesal de las partes cuando el proceso se encuentra en estado de sentencia, aun cuando exista inactividad de estas (falta de diligencia solicitando se dicte decisión), además de atentar contra el principio de seguridad jurídica y expectativa plausible de las partes constituye un menoscabo del derecho a la defensa, al debido proceso, de acceso a los órganos de administración de justicia y en definitiva al estado social de derecho y de justicia que proclama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”; más aún, sí el apoderado judicial de la demandante al momento de ratificar la voluntad de su mandante de obtener resolución de la causa, hizo además un alegato, pues señaló que consignó diligencias, las cuales habrían sido sustraídas y expuso varios aspectos relacionados con que la causa se encontraba en etapa de sentencia.

En este sentido, esta Suprema Jurisdicción Civil observa que al declararse el decaimiento de la acción por supuesta falta de interés del demandante en obtener resolución de la causa, le fueron conculcados sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva que privilegio la solución sobre el fondo del asunto controvertido, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a los órganos de administración de justicia, tanto por el juez de primera instancia así como por el sentenciador de alzada, los cuales no procedieron a la resolución de la controversia ni emitieron pronunciamiento de fondo; lo que faculta a esta Sala de Casación Civil a casar de oficio el fallo recurrido, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo, a fin que de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, dicte el correspondiente pronunciamiento sobre el mérito del asunto controvertido. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre la imposibilidad de declarar el decaimiento de la acción por pérdida de interés procesal en estado de sentencia, porque ello viola el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197839-RC.000228-27417-2017-16-835.HTML

Las causales de inadmisiblidad de la demanda son de interpretación restrictiva


Los posibles males del Poder Judicial y sus posibles soluciones

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 224      Fecha: 26-04-2017

Caso: Demanda por cobro de honorarios profesionales interpuesto por AKIS DALILA LINARES BELLO contra MERBIS COROMOTO TOVAR BAZÁN.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 26 de abril de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Extracto:

Dada las condiciones que anteceden, significa entonces que el procedimiento a seguir en las distintas situaciones que pueden presentarse a la hora de tramitar el cobro de honorarios profesionales de abogado, basados en un contrato pactado con el cliente con anterioridad a la actuación que deba realizar, -actuaciones extrajudiciales- se desarrolle por los causes del procedimiento breve, mientras que el correspondiente a las actuaciones judiciales, se hará según la oportunidad en que se demanden los honorarios como si se tratare de una incidencia en el expediente en que se hubieren cumplido tales actuaciones, o a través de un juicio autónomo, como se verificó en el presente caso, cuando la intimante al momento de la interposición de la demanda por cobro de honorarios profesionales, ya se constataba que el juicio de liquidación y partición de bienes de la comunidad de gananciales existía sentencia definitiva, es decir, ya se había configurado el último supuesto señalado en la jurisprudencia antes mencionada.

Con referencia a lo anterior, esta Sala observa, que el juez de alzada violó los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, pues no cumplió con su obligación de reponer la causa, revocar el auto de primera instancia que había declarado inadmisible la demanda y ordenar su admisión, generando a la demandante un retardo procesal injustificado, en un claro menoscabo al debido proceso y a su derecho a la defensa, infringiendo los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, que degeneró en un quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que condujo como consecuencia, a la violación de la garantía judicial de tutela judicial efectiva, con la infracción del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e infringiendo de igual forma, el principio constitucional pro actione, que constituyen en conjunto materia de orden público. Asimismo, como consecuencia de todo lo antes expuesto, queda clara la infracción del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse admitido la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala según el cual las causales de inadmisiblidad de la demanda deben ser interpretadas de manera restringida. Además señala el procedimiento aplicable en la demanda de cobro de honorarios profesionales y la violación del acceso a la justicia en estos casos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197832-RC.000224-26417-2017-16-583.HTML

    

La inadmisibilidad de la invalidación por no acompañar los instrumentos en que se fundamente.


juez-nota

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 221      Fecha: 26-04-2017

Caso: Juicio de invalidación interpuesto por SEGUROS LA VITALICIA S.A. contra ELIAB BRAHAN MUÑOZ MARÍN.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 27 de octubre de 2016, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Extracto:

De las normas precedentemente transcritas, se observa que las mismas establecen la manera de interponer un recurso de invalidación contra una sentencia definitivamente firme; siendo que dicho escrito de invalidación debe contener los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y ser acompañado de los instrumentos públicos o privados en que fundamente el recurso; todo ello con la finalidad de estudiar su admisibilidad.

Asimismo, se evidencia de las normas que regulan el recurso especialísimo de invalidación, que no se hace remisión directa para su admisión a lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, dado que se trata de un procedimiento especialísimo, propio, diferente a los demás recursos y por ello se limitan los poderes del tribunal decisor por dichas causales limitadas y se establece un previo control de admisibilidad; demostrándose de tal modo que nuestro legislador quiso así regularlo, de donde se deduce que si el mismo hubiere deseado el trámite del recurso de invalidación, con fundamento únicamente en los tres supuestos ex artículo 341, lo habría establecido así, dado que, incluso, esta norma procesal no es de orden público absoluto sino relativo, en razón a que tales supuestos pueden ser considerados como de carácter general, no limitativo, pues el juez puede considerar otros a fin de decidir en relación con la inadmisibilidad del mismo.

Así las cosas, la Sala estima que el juez de la recurrida no vulneró el orden procesal, ni el derecho a la defensa y al debido proceso del recurrente cuando declaró inadmisible el presente recurso extraordinario de invalidación, verificando el incumplimiento de uno de los requisitos de admisibilidad para interponer dicho recurso, vale decir, acompañar junto al escrito los instrumentos públicos o privados fundamentales de la presente acción, tal como lo indican los artículos 330 y 340 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la inadmisibilidad de la invalidación por no acompañar los instrumentos en que se fundamente, sin que ello perjudique el acceso a la justicia.

Fuente:   http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197828-RC.000221-26417-2017-17-039.HTML

La violencia como vicio del consentimiento.


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 218      Fecha: 26-04-2017

Caso: Demanda de nulidad de contrato interpuesta por JOSÉ LUIS PARRA QUINTERO contra ORLANDO MODE BIDETTA.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 16 de mayo de 2016, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

Observa la Sala, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.151 del Código Civil, el consentimiento se reputa arrancado por violencia, cuando esta es tal que haga impresión sobre una persona sensata y que pueda inspirarle justo temor de exponer su persona o sus bienes a un mal notable, tomando en cuenta la edad, sexo y condición de la persona afectada.

De la citada disposición legal, se ha interpretado en la doctrina especializada, que la violencia que constituye un vicio del consentimiento capaz de anular un acto jurídico, es aquella amenaza o intimidación que resulte determinante del consentimiento, es decir, que exista una relación de causalidad entre la violencia ejercida y la emisión de la declaración de voluntad. Asimismo, es aceptado que también debe ser injusta o contraria a derecho, ya que no se configura el vicio si la amenaza consistiera en realizar un comportamiento permitido por la ley, como el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Finalmente, la violencia debe ser grave.

En relación con la gravedad de la amenaza, debe ser tal que haga impresión sobre una persona sensata, lo que supone una apreciación in abstracto del juzgador sobre cómo habría reaccionado esa “persona sensata” ideal frente a la amenaza concreta denunciada como violencia; no obstante, la norma exige que en la construcción de ese tipo ideal, deben tomarse en cuenta las cualidades personales de la pretendida víctima, considerando su edad, sexo y condición, lo que implica una ponderación de aquel criterio objetivo con una valoración in concreto de las cualidades subjetivas del afectado. Asimismo, el juzgador debe establecer la gravedad tomando como referencia que el “justo temor” -aquel que obedece a una amenaza verosímil, seria, capaz de infundir un temor racional- debe provenir de la inminencia de sufrir un “mal notable”, para lo cual debe tomarse en cuenta que el daño que pretende evitarse mediante el otorgamiento del consentimiento, sea menor que aquel con que se amenaza, es decir, la víctima de violencia accede por considerar el contrato un mal menor.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre las características de las amenazas que configuran la violencia como vicio del consentimiento.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197824-RC.000218-26417-2017-16-729.HTML

Efectos de la incomparecencia del recurrente a la audiencia de apelación en el procedimiento marítimo


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 211      Fecha: 26-04-2017

Caso: Demanda de indemnización de daños y perjuicios interpuesta por NAYARÍ ZERPA DE LÓPEZ y CARLOS LÓPEZ ESTÉVEZ, contra ASTILLEROS DE HIGUEROTE C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Accidental Marítimo.

Extracto:

“Establecido lo anterior esta Sala considera dejar claro, que una vez que se aboque al conocimiento de la causa un nuevo juez y que conste en actas las notificaciones dirigidas a todas las partes respecto a dicho abocamiento, y transcurridos que sean los lapsos de desparalización de la causa y de recusación, como ocurrió en el presente caso, el tribunal debe fijar conforme al artículo 21 del Decreto con Fuerza de Ley de Procedimiento Marítimo, la celebración de la audiencia oral y pública, y procederá a realizar el debate oral con las partes que se encuentren presentes, trayendo como consecuencia a la parte apelante que no comparezca a la audiencia, el desistimiento tácito del recurso ejercido, al considerarse directamente como un desinterés en la resolución del medio de impugnación incoado, lo que patentiza que la falta de comparecencia a la audiencia oral es considerada como una señal inequívoca de falta de interés y, por consiguiente, como una manifestación tácita del desistimiento del recurso ejercido.” (Resaltado y cursivas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece que la no comparecencia del recurrente a la audiencia de apelación en el procedimiento marítimo, debe interpretarse como una falta de interés del mismo en proceso; por lo que, el desistimiento legal en estos casos, no causa indefensión ni violación a la tutela judicial efectiva.

Fuente:   http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197815-RC.000211-26417-2017-16-804.HTML

  

El carácter autónomo del cuaderno de medidas preventivas.


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 209       Fecha: 24-04-2017

Caso: Demanda por cobro de honorarios profesionales interpuesta por LANCELOT BOBB NELSON contra JAN IWANWOSKI SZENAZAK.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 20 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.

Extracto:

Esta conducta condujo al juez superior a violentar disposiciones de orden público y constitucionales, como son lo estatuido en los artículos 15, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 49 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cercenando el derecho de defensa a las partes en juicio por el desequilibrio procesal ocasionado con su decisión, al inmiscuir asuntos del juicio principal con el cuaderno autónomo de medidas, e infringiendo disposiciones de orden público, por la incongruencia positiva cometida al decidir, con la infracción del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, así como al subvertir el procedimiento, como son las reglas consagradas en el Código de Procedimiento Civil, referentes a la sustanciación independiente del cuaderno principal y el cuaderno de medidas.

“…OMISSIS…”

Por lo cual, se puede concluir que el juez de alzada violó lo estatuido en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, “…al desconocer su contenido que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado…”

La Sala ha evidenciado de la lectura del fallo recurrido, la infracción del orden público, por parte del juzgador de alzada al decretar la nulidad, reponer la causa y levantar una medida de enajenar y gravar, cuando esta actuación era incorrecta y evidentemente anómala, al entender de forma incorrecta la sentencia de esta Sala N° RC-798, de fecha 27 de noviembre de 2008, expediente N° 2008-029 ACC, al extender las consecuencias jurídicas que abarcaba el fallo dictado por esta Sala de Casación Civil en el cuaderno principal al cuaderno de medidas, cuando sólo afectaba a lo decidido en el cuaderno principal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su criterio sobre el carácter autónomo del cuaderno de medidas preventivas y la importancia que tienen estas como garantía de la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197786-RC.000209-24417-2017-16-918.HTML

La “petición no contraria a derecho” como requisito para declarar la confesión ficta.


MONITOREO1

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº: 203      Fecha: 21-04-2017

Caso: Demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por ALEXIS DA MOTTA PIÑERO contra la sucesión de Flora Valeriano de Méndez (†), integrada por JOSÉ MÉNDEZ HERNÁNDEZ, MARISOL MÉNDEZ VALERIANO, ALEXANDER JOSÉ MÉNDEZ VALERIANO y RICHARD MÉNDEZ VALERIANO.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 13 de junio de 2016, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

De la jurisprudencia antes transcrita se tiene, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para que se cumpla con el segundo requisito para la procedencia de la confesión ficta del demandado, relativo a que la petición no sea contraria a derecho, la acción incoada por el demandante no debe estar prohibida por la ley, y la misma debe encontrarse amparada o tutelada por la misma, de modo que, si la acción está prohibida por la ley, no hay acción.

Así pues, una petición “contraria a derecho” será la que contradiga de manera evidente un dispositivo legal determinado, específico, esto es, una acción prohibida por el ordenamiento jurídico o restringida a otros supuestos de hecho. (Cfr. Sala Político Administrativa, sentencia N° 417 de fecha 4 de mayo de 2004, caso de Constructora Itfran contra Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, expediente N° 2000-275).

En el caso de estudio, el juicio incoado versa sobre el cumplimiento de contrato de opción de compraventa de un bien inmueble, la cual, es una figura jurídica establecida y reglamentada en el Código Civil, y por ello, el demandante fundamentó su acción de acuerdo a los artículos 1160, 1159, 1167 y 1185 eiusdem, tal como consta a los folios 1 al 22 de la primera pieza del expediente, aunado, a que la misma fue admitida por el a quo mediante auto de fecha 30 de junio de 2008, que consta al folio 176 de la primera pieza del expediente, en el cual señaló expresamente que: “…y por cuanto la pretensión del actor no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la Ley, el Tribunal (sic) la ADMITE, cuanto ha lugar en derecho…”.

Así pues, dicha acción fue iniciada por la renuencia de los demandados en cumplir con la prometida venta pactada mediante contratos autenticados y consignados por el demandante como instrumentos probatorios para demostrar su exigencia, pero en lugar de ello, los demandados se abstuvieron de dar contestación a la demanda así como también de promover pruebas capaces de enervar la pretensión del demandante y que indicaran algo a su favor, y al no contestar la demanda los hechos alegados se presumen ciertos y verdaderos, no obstante, pudieron desvirtuarlos en el lapso probatorio, circunstancia fáctica que no ocurrió, y como consecuencia de ello, se produjo la confesión ficta de los demandados por la incuria en el ejercicio de su defensa, pues, la demanda no es contraria a derecho, tal como lo debió dictaminar la ad quem en su fallo. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre lo que debe entenderse por petición no contraria a derecho, como requisito para declarar la confesión ficta, y garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197769-RC.000203-21417-2017-16-696.HTML

El carácter indisponible de la acción de reconocimiento de unión concubinaria.


CODIGO-CIVIL

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 288      Fecha: 18-04-2017

Caso: Demanda por reconocimiento de unión concubinaria intentada por RAIDALY DEL VALLE AZUAJE BARRETO contra AUGUSTO JOSÉ YBARRA GONZÁLEZ.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de julio de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

Extracto:

Alega el formalizante, que no es lógicamente conciliable que si el demandado convino en la existencia de la relación concubinaria demandada y que tal convenimiento conllevó la declaratoria con lugar de la demanda, como lo afirma el fallo recurrido, pueda declararse que hubo vencimiento total en lugar de convenimiento.

El planteamiento fue ampliamente objeto de análisis por parte de esta Sala en acápites que preceden, por lo que se reitera resumidamente lo antes dicho, que las acciones de estado, bien sean constitutivas o declarativas, y concretamente aquellas atinentes a la filiación de las personas, “son asuntos que superan la esfera de los intereses privados para manifestarse también en un interés social, pues constituyen fuente de derechos y deberes que aseguran el cumplimiento de las funciones familiares (…)”, (Ver sentencia 034 del 6 de febrero de 2017, caso: Alberto Álvarez Araujo contra Matilde Vásquez Jiménez y otro).

Esta categoría de procedimientos (mero declarativa de unión estable de hecho) son de comprobación, de orden contencioso, a contrario sensu, no pertenecen a la jurisdicción voluntaria; por su naturaleza, en el procedimiento que ha de seguirse para tal fin, están proscritos los medios de autocomposición procesal (convenimiento, desistimiento, y transacción). Tal indisponibilidad, explica que no puede haber confesión ficta del demandado, que la inasistencia de dicha parte al acto de la contestación de la demanda equivale a contradicción total de ésta.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre el carácter indisponible de la acción de reconocimiento de unión concubinaria, y su influencia en el desarrollo del proceso para garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/197730-0288-18417-2017-16-0697.HTML

El avocamiento, sus fases y requisitos de procedencia.


TSJ-800x600

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Avocamiento

TSJ/SCC Nº: 200      Fecha: 18-04-2017

Caso: Solicitud de avocamiento interpuesta por REINALDO ERASMO FERNÁNDEZ MORENO

Decisión: Se declara improcedente la solicitud de avocamiento.

Extracto:

En relación con la solicitud de avocamiento, esta Sala de Casación Civil en sentencia Nº 311 de fecha 15 de abril de 2004, caso Petrolago, C.A., expediente Nº 2003-000907, delimitó las dos fases o etapas que componen su trámite, señalando que en la primera etapa, debe analizarse si se cumplen o no los requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia para que se acuerde requerir el expediente cuyo avocamiento se solicita. En caso de procedencia, señaló la Sala que debía requerirse el expediente, ordenándose la suspensión de la causa en instancia, para darle paso a la segunda fase del avocamiento, en la cual, deberá conocerse la causa y resolver sobre el fondo del juicio.

En efecto, el artículo 108 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece el procedimiento a seguir en los siguientes términos:“La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud del avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

Aunado a lo anterior, en el estudio del avocamiento deben utilizarse criterios de extrema prudencia y ponderación tal como lo dispone el artículo 107 de la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tomando en consideración si ha habido graves injusticias o denegación de justicia, o si se encuentran en disputa cuestiones que rebasan el interés privado y afectan de manera directa el interés público y social, o que sea necesario restablecer el orden en el proceso judicial sometido al avocamiento, siempre tomando en cuenta la trascendencia e importancia de la circunstancia planteada.

En este sentido, la Sala ha sido enfática que dicha valoración queda a la absoluta discreción de la Sala, es decir, el avocamiento debe tenerse como una figura de interpretación y utilidad restrictiva, toda vez que su tramitación representa una ruptura del principio de la instancia natural, así como el doble grado de jurisdicción. En efecto, tales razones justifican que reciba un tratamiento “…de excepción con el fin de prevenir antes de que se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra Carta Fundamental…”. (Vid. sentencia N° 2147 de la Sala Constitucional, de fecha 4 de septiembre de 2004, reiterada, entre otras, en sentencia N° 485, de fecha 6 de mayo de 2013 caso: Durvelis del Valle Osorio).

Por consiguiente, es necesario que “de la solicitud y los recaudos que se acompañen se pueda inferir una grave situación de desorden procesal, que afecte el interés general del Estado y perturbe la realización del fin que subyace en toda organización política, cual es la justicia”. (Ver sentencia Nº 1201 de la Sala Político Administrativa, de 25 de mayo  de 2000, caso: Blanca Romero de Castillo, reiterada en fallo dictado por la mencionada Sala el 20 de febrero de 2001, caso: Rómulo Antonio Hernández y otro).

En razón de todo lo expresado, este Supremo Tribunal también ha dejado expresamente establecido que la figura del avocamiento, al ser excepcional, no puede convertirse en la regla, y en ningún caso, puede pretenderse que mediante este recurso los interesados subsanen cualquier violación de rango legal o constitucional ocurrido en el proceso, el cual pudo o pudiera ser subsanado o resuelto en la propia instancia, sin necesidad de acudir a vías excepcionales, motivo por el cual, tal recurso debe ser ejercido prudencialmente siempre y cuando cumpla con los requisitos concurrentes a que hace referencia la ley.

En ese sentido, la jurisprudencia ha considerado que para que se estime procedente hacer uso de la facultad excepcional de avocamiento, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente por la ley al conocimiento de los tribunales; 2) Que el asunto judicial curse ante otro tribunal de la República; 3) Debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia, o cuando a juicio de la Sala existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo requiera en razón de su trascendencia e importancia; 4) Que en el juicio cuya avocación se solicite, exista un desorden procesal de tal magnitud que exija su intervención, si se advierte que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones; y 5) Que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en determinados procesos. (Ver, entre otras, sentencia Nº 302, de fecha 3 de mayo de 2006, caso: Inversiones Montello S.A. y De Falco S.A, expediente N° 2005-803, reiterada el 24 de marzo de 2011, caso: Adolfredo López Becerra, expediente N° 10-630, así como en sentencia del 6 de abril de 2011, caso: Manuel Enrique Reyes Peña, expediente N° 11-067).

Al respecto, conviene aclarar que en la primera fase del avocamiento siempre deben concurrir los dos primeros requisitos junto a uno de los supuestos alternativos contenidos en el tercer, cuarto o quinto requisito, a los fines de que la Sala estime procedente hacer uso de la facultad excepcional de esta institución.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica su propio y los desarrollados por otras Salas del Tribunal Supremo criterio sobre el avocamiento, sus fases y requisitos de procedencia.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197760-AVO.000200-18417-2017-17-129.HTML