TSJ ordena a Capriles impedir las manifestaciones de calle en su estado


capriles-nota

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Amparo

TSJ/SC Nº: 389      Fecha: 01-06-2017

Caso: 05-05-2017 Acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Javier Marcano Castro, Haydee Mieres y otros, en contra de Gerardo Blyde (Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda) y de Henrique Capriles Radonsky (Gobernador del Estado Miranda)

Decisión: Se admite la demanda por protección de intereses difusos o colectivos; y se acuerda medida de amparo cautelar en la cual se le dan órdenes al Gobernador del Estado Miranda, so pena de incurrir en el desacato previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo.

Extracto:

“En el contexto expuesto, se observa, sin que ello implique un adelanto sobre los hechos a demostrar y la cuestión de fondo a decidir, que se denuncia la supuesta vulneración de derechos constitucionales que resguardan bienes jurídicos de especial protección, tales como el derecho a la vida, al libre tránsito y a la protección por parte de los órganos de seguridad estadal; que podrían verse seriamente afectadas como consecuencia de las actividades y conductas dirigidas a la obstaculización ilegal de vías públicas, en algunos casos con elementos que pueden poner en peligro la vida, la seguridad de las personas que transitan por las mismas y dañar el medio ambiente.

Al respecto, esta Sala teniendo en consideración los alegatos de la parte accionante, observa como hecho público, notorio y comunicacional, las siguientes informaciones aparecidas en diferentes páginas informativas en internet, las cuales han sido consultadas en fecha 29 de mayo de 2017, de las cuales se desprenden hechos violentos en las manifestaciones, perturbación a la paz local, limitación al acceso a las vías públicas, y participación de niños, niñas y adolescentes en algunas de estas concentraciones. 

…OMISSIS…

Ante tal situación esta Sala Constitucional, en uso del amplio poder cautelar que ostenta, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acuerda medida de amparo cautelar, la cual es extensible al proceso como el de autos conforme a la doctrina sentada por esta Sala, entre otras, en la decisión n.° 1084 del 13 de julio de 2011, caso: José Rafael García García.

…OMISSIS…

Ante tal situación esta Sala Constitucional, en uso del amplio poder cautelar que ostenta, en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Gobernadores, en el artículo 159, 160 y 164 numerales 6, 9 y 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y demás leyes nacionales y estadales; así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados, esta Sala estima necesario ejercer su potestad cautelar de oficio y; en consecuencia, ordena al Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, ciudadano Henrique Capriles Radosnky, que dentro del Estado Miranda para el cual fue electo como autoridad ejecutiva, debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 159, 160 y 164 numerales 6, 9 y 10; de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las previstas en la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda, y demás leyes nacionales y estadales:

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos en dicho Estado.

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana bajo su jurisdicción.

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su Estado.

4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Estado, impidiendo reuniones o manifestaciones de personas en las vías públicas y coarten el libre tránsito, en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5.- Ejerza la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, en el Estado Miranda, evitando la tala de árboles para obstaculizar las vías.

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía estadal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, so pena de incurrir en la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem o en las faltas que pueda calificar el Consejo Legislativo de ese Estado. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad regional de lo previsto en el artículo 159, 160 y 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 6, 9 y 10; y demás leyes nacionales y estadales, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo, con fundamento en el artículo 30 ibídem.

Con relación a lo antes mencionado, esta Sala advierte que ha resuelto de manera vinculante casos similares al de autos mediante sentencias nros. 135 y 136, ambas del 12 de marzo de 2014.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Lo primero que vale la pena destacar de la decisión es que se trataba originalmente de un acción de amparo constitucional, que fue transformada por la Sala en una acción por intereses colectivos o difusos, lo cual cambió igualmente el íter procedimental del asunto.

En segundo lugar, se observa que la acción fue propuesta en contra del Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda y en contra del Gobernador; no obstante ello, el primero de los nombrados fue totalmente ignorado por la sentencia, e incluso, ni siquiera se ordena su citación luego de admitida la demanda.

En tercer lugar, se observa que el amparo cautelar acordado no fue solicitado por los accionantes; por lo que, fue decretado por la Sala de Oficio.

En cuarto lugar, se observa que, si bien es cierto que las órdenes de hacer contenidas en el amparo cautelar son casi idénticas que las acordadas a los demás Alcaldes en casos decididos días atrás; sin embargo se advierte que en el presente caso se colocó una advertencia adicional, haciendo referencia al caso del Alcalde Scaranno; quien fuera posteriormente apresado por desacato, lo cual a todas luces representa una amenaza mayor que la proferida contra los Alcaldes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/199516-389-1617-2017-17-0498.HTML       

 

No es necesario un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente


bases-comiciales-nota

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Interpretación

TSJ/SC Nº: 378      Fecha: 31-05-2017

Caso: Leopoldo Pita Martínez solicita interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 5, 7, 62, 70, 266 cardinal 6, 335 y 336 cardinal 7 y 11 eiusdem, en concordancia con lo previsto en el artículo 25, cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Decisión: ADMITE y declara RESUELTA la demanda de interpretación constitucional de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Extracto:

“La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía po­pular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau: el mandato imperativo (revocatoria del mandato -arts. 6 y 72- y rendición de cuentas -arts. 6 y 66). Es decir, en la nueva Carta el pueblo no solo es titular de la soberanía sino que, además, puede ejercerlo directamente a través de los medios de participación contenidos en el artículo 70 eiusdem y las modalidades “referendarias” contempladas en los artículos 71, 72, 73 y 74 eiusdem.

Estamos así en presencia de la democracia participativa y protagónica, respaldo político del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional).

La democracia participativa se manifiesta en las distintas modalida­des referendarias (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y en el poder popular, que no es más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía (artículo 5 constitu­cional). Democracia participativa es democracia directa y sus expre­siones son medios de participación y protagonismo del pueblo, no una representación del cuerpo electoral (democracia representativa). 

Claro está, lo expuesto no significa que el modelo de democracia par­ticipativa excluye la representación. Ello implicaría la desaparición del Estado-aparato, que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. Como refiere Enrique Dussel, la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: “Deben ser articulados dialécticamente, de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente”.

…OMISIS…

Ahora bien, la representación que, como advertimos, fue la regla en la Constitución de 1961, no deja de ser democrática y junto con los medios directos de ejercicio de la soberanía que ofrece la Constitución de 1999, constituyen los rasgos característicos del modelo constitucional venezolano.

El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el  pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió mediante un recurso de interpretación constitucional que no es necesario efectuar un referendo consultivo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente efectuada por el Presidente de la República.

Esta decisión lamentablemente implica un retroceso y vulneración de los derechos democráticos de los venezolanos al desconocer que es el pueblo soberano el depositario del poder constituyente originario, conforme con lo dispuesto en el artículo 347 constitucional con “el objeto de transformar el Estado, crear nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución”.

De esta forma, la SC condiciona al poder originario que reside en el pueblo a los intereses del Presidente de la República que no es otro que la conservación del poder sin importarle los principios, valores y derechos estipulados en la Constitución venezolana.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199490-378-31517-2017-17-0519.HTML      

 

Amparo cautelar por intereses colectivos y difusos contra autoridades locales para impedir manifestaciones públicas


DERECHO-DE-MANIFESTAR-NOTA

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Acción por intereses colectivos

TSJ/SC Nº: 377      Fecha: 31-05-2017

Caso: Demanda por protección de intereses colectivos y difusos respecto al Alcalde del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, ciudadano Gustavo Eduardo Marcano Antunez, y por la cual se denuncia el incumplimiento por parte del mencionado alcalde del artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 y la violación de los derechos contenidos en los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 eiusdem.

Decisión: ADMITE la demanda contra el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda y ACUERDA amparo cautelar.

Extracto:

“Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Alcaldes, en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112, 127, entre otros, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ordena al Alcalde del Municipio Baruta, ciudadano Gerardo Blyde, que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5.- Ejerza la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario.

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo., con fundamento en el artículo 30 ibídem.

Con relación a lo antes mencionado, esta Sala advierte que ha resuelto de manera vinculante casos similares al de autos mediante sentencias nros. 135 y 136, ambas del 12 de marzo de 2014.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La SC admitió 11 amparos constitucionales contra 11 alcaldes de 5 estados del país, en las que les ordena que impidan barricadas y bloqueos de las vías públicas y garanticen el libre tránsito.

Al respecto cabe destacar que el incumplimiento de ese mandamiento  cautelar impuesto por la Sala abriría la posibilidad para que atentara  nuevamente contra la democracia representativa y el orden público constitucional, tal como hizo en 2014 contra los alcaldes opositores Vicente Scarano Spisso (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML) y Daniel Ceballos (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162992-263-10414-2014-14-0194.HTML).

La admisión de estos amparos, por otra parte, configuran un evidente desconocimiento del derecho político que tienen los venezolanos a  manifestar pacíficamente (artículo 68 de la Constitución), pues el fundamento es precisamente impedir el ejercicio legítimo de este derecho escudándose con la supuesta protección de los intereses colectivos y difusos de las personas.

Palabras Clave: AMPARO CONSTITUCIONAL, DERECHO A MANIFESTAR, LEY ORGANICA DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199489-377-31517-2017-17-0583.HTML

Amparo cautelar por intereses colectivos y difusos contra autoridades locales para impedir manifestaciones públicas


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Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Acción por intereses colectivos

TSJ/SC Nº: 376      Fecha: 31-05-2017

Caso: Demanda por protección de intereses colectivos y difusos respecto al Alcalde del Municipio Barinas del estado Barinas, ciudadano José Luis Machín Machín, y por la cual se denuncia el incumplimiento por parte del mencionado alcalde del artículo 178 de la Constitución y la violación de los derechos contenidos en los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 eiusdem.

Decisión: ADMITE la demanda contra el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda y ACUERDA amparo cautelar.

Extracto:

“Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Alcaldes, en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112, 127, entre otros, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ordena al Alcalde del Municipio Baruta, ciudadano Gerardo Blyde, que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5.- Ejerza la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario.

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo., con fundamento en el artículo 30 ibídem.

Con relación a lo antes mencionado, esta Sala advierte que ha resuelto de manera vinculante casos similares al de autos mediante sentencias nros. 135 y 136, ambas del 12 de marzo de 2014.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La SC admitió 11 amparos constitucionales contra 11 alcaldes de 5 estados del país, en las que les ordena que impidan barricadas y bloqueos de las vías públicas y garanticen el libre tránsito.

Al respecto cabe destacar que el incumplimiento de ese mandamiento  cautelar impuesto por la Sala abriría la posibilidad para que atentara  nuevamente contra la democracia representativa y el orden público constitucional, tal como hizo en 2014 contra los alcaldes opositores Vicente Scarano Spisso (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML) y Daniel Ceballos (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162992-263-10414-2014-14-0194.HTML).

La admisión de estos amparos, por otra parte, configuran un evidente desconocimiento del derecho político que tienen los venezolanos a  manifestar pacíficamente (artículo 68 de la Constitución), pues el fundamento es precisamente impedir el ejercicio legítimo de este derecho escudándose con la supuesta protección de los intereses colectivos y difusos de las personas.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199488-376-31517-2017-17-0589.HTML

Retardo en la resolución de los asuntos administrativos


TSJ contra tiempo

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 634      Fecha: 30-05-2017

Caso: :  Previsivos Paolini C.A. (PREPACA) interpone demanda de nulidad en virtud del silencio administrativo del entonces Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, al no dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la referida empresa contra la Providencia Administrativa Nro. FSS-2-3-000116 del 12.01.2011, dictada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)

Decisión: SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil PREVISIVOS PAOLINI, C.A. (PREPACA), contra el acto denegatorio tácito en virtud del silencio administrativo producido por el MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS (hoy Economía y Finanzas), al no decidir el recurso jerárquico ejercido contra la Providencia Administrativa Núm. FSS-2-3-000116 del 12 enero de 2011, emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG), mediante la cual expresó que existen fundados y suficientes indicios para presumir que la empresa accionante al ofrecer servicios funerarios al público, realiza operaciones de seguros, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros, hechos sancionables de acuerdo a lo previsto en el artículo 185 eiusdem. En consecuencia, FIRME el acto.

Extracto:

“Particularmente, en el presente caso la parte actora consideró que el acto “violó el debido proceso y por ende el principio de legalidad”por no haberse prorrogado el lapso de cuatro (04) meses de los estipulados en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone:

Artículo 60.- La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.

La prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses”.

En efecto, la norma plantea un término para la tramitación y resolución de los expedientes, no obstante, esta Sala en casos similares al de autos ha sostenido que aun cuando se evidencie el retardo en la resolución del asunto, “nuestra legislación no contempla la nulidad de los actos emanados de la Administración cuando la decisión de los procedimientos se dicte de forma extemporánea” (ver sentencia Núm. 00960 de fecha 14 de julio de 2011).

En otro caso, este Alto Tribunal, en sentencia Núm. 486 del 23 de febrero de 2006, expresó lo siguiente:

“(…) Sin perjuicio de lo expuesto, y como quiera que la parte recurrente sostiene, en definitiva, que en el presente caso se produjo el decaimiento de la potestad sancionatoria de CONATEL por haber emitido su decisión transcurridos los quince (15) días que prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, resulta pertinente señalar que uno de los derechos de los particulares respecto de los procedimientos administrativos en los que son parte o interesados legítimos, es, ciertamente, el derecho a que la Administración respete los lapsos y decida en los términos legales, y es por ello que se previó en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que ‘Los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como a los particulares interesados en los mismos.’

Sin embargo, es necesario destacar que:

  1. La previsión de lapsos para que la Administración decida los asuntos que son sometidos a su consideración o los procedimientos que la misma decide iniciar, se traduce en una exigencia que obedece a la necesidad de ordenar la actividad que aquélla desarrolla y de garantizar la celeridad en sus actuaciones y, por ende, su eficacia; mas, debe precisarse, no está prevista en nuestra legislación una causal de nulidad de los actos de la Administración referida, per se, a la decisión extemporánea de los procedimientos(…)”. (Resaltado de este fallo).

Igualmente, en cuanto a la violación al artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta Sala ha establecido (ver, entre otras, sentencia Núm. 054 del 21 de enero de 2009) que:

“(…) esta actuación que se imputa a la Administración no constituye por sí sola, en principio, un vicio que afecte directamente la validez del acto administrativo y por tanto no implica la nulidad del mismo.

El retardo de la Administración en producir decisiones acarrea, en todo caso, la responsabilidad del funcionario llamado a resolver el asunto en cuestión, pues el mismo, ciertamente, transgrede el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme al cual las autoridades y funcionarios competentes deben observar los términos y plazos legalmente establecidos, para el despacho de los asuntos sometidos a su consideración. Esta responsabilidad, tanto de los funcionarios como de las demás personas que presten servicios en la Administración Pública, se encuentra expresamente consagrada en los artículos 3 y 100 eiusdem.  

Una denuncia como la que aquí se examina, sólo prosperaría en caso de que el retardo constituya un menoscabo a los derechos e intereses del particular, cuestión que no ha sido esgrimida en el caso de autos, resultando por tanto infundado el presente alegato. Así se declara. (…)”. (Negrillas de esta decisión).

De este modo, esta Sala ratifica en esta oportunidad su criterio y desestima la denuncia interpuesta por la actora, considerando que el retardo o la falta de prórroga del lapso establecido no vicia de nulidad el acto impugnado por violación al debido proceso, ni tampoco viola el principio de legalidad. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala considera que el retardo y el incumplimiento de los lapsos máximos establecidos en la Ley para la duración del procedimiento administrativo no es causal de nulidad del acto que se dicte al final, por considerar que en estos casos no se viola el debido proceso. Se observa cómo se confunden los vicios de los actos administrativos con la violación de principios jurídicos y las consecuencias jurídicas en ambos casos.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199480-00634-30517-2017-2012-1235.HTML       

Obligación de suministro de transporte para trabajadores y cómputo del tiempo de viaje


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

 

TSJ/SCS Nº: 439      Fecha: 29-05-2017

Caso: Rosa Elena Linarez Mendoza y otros contra Vitalim, C.A. y otra

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación. ANULA la decisión impugnada

Extracto:

“Asimismo, en el caso de marras quedo evidenciado mediante la prueba de inspección judicial contenida en el oficio n° 065-13 del 9 de mayo de 2013, cursante a los folios 105 y 106 de la pieza nº 2 del expediente, practicada por el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, suscrita por el Comandante del Puesto de Transporte Terrestre de Chivacoa estado Yaracuy, que la distancia entre la sede de la empresa y el poblado de Chivacoa, es de 4000 metros, es decir, 4 kilómetros, razón por la cual la demandada no se encuentra obligada legalmente al pago de este concepto de tiempo de viaje, razones por las cuales se declara la improcedencia de este concepto. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Para que resulte procedente la incidencia del tiempo de viaje en el cómputo de la jornada de trabajo, la empresa debe estar obligada a ello por ley o por vía convencional. Legalmente se establece en el artículo 160 LOTTT. Provisión de transporte. Cuando el lugar de trabajo esté ubicado a treinta o más kilómetros de distancia de la población más cercana, el patrono deberá suplir al trabajador el transporte para ir y venir de su residencia al lugar de trabajo, gratuitamente. A los efectos del cómputo de la jornada se aplicará lo dispuesto en esta Ley. Y en el artículo 171 LOTTT Imputación a la jornada del tiempo de transporte. Cuando el patrono esté obligado u obligada legal o convencionalmente al transporte de los trabajadores desde un sitio determinado hasta el lugar de trabajo, se computará como jornada efectiva la mitad del tiempo que debe durar normalmente ese transporte; salvo que la organización sindical y el patrono o la patrona acuerden no imputarlo, mediante el pago de la remuneración correspondiente.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/199458-0439-29517-2017-16-029.HTML

    

Carga de la prueba del daño moral derivado del acoso laboral


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCS Nº: 414      Fecha: 29-05-2017

Caso: Miriam Coromoto Espitia Moreno contra Distribuidora Verocerámica, C.A.

Decisión: SIN LUGAR el recurso de casación. Se CONFIRMA el fallo recurrido.

Extracto:

“Del criterio arriba transcrito, se desprende que el daño moral derivado del acoso laboral, encuentra su basamento legal en el artículo 1.185 del Código Civil, y el mismo deviene del hecho ilícito del patrono, por lo que se trata de una acreencia especial que inexorablemente debe ser demostrada por el actor, así como la ocurrencia real del daño y la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño ocasionado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Considera la Sala que al no existir en el expediente ninguna prueba que permita a la parte actora demostrar sus alegatos, necesariamente el administrador de justicia debía declarar la inexistencia del acoso aducido, y en consecuencia, la improcedencia del daño moral peticionado.

El Acoso Laboral , también denominado “Mobbing”, “Mobbing Laboral”, “Acoso Moral”, “Trabajo Tóxico” o simplemente “Hostigamiento”. Es el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada de tipo psicológico y no físico, ejercida por el patrono o sus representantes; o un trabajador; o un grupo de trabajadores, que atente contra la dignidad, reputación o la integridad biopsicosocial de un trabajador o un grupo de trabajadores, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral (art. 164 LOTTT). La Sala Social del T.S.J. define el “mobbing” como “aquella situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema de forma sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo” (Nº 674 del 05/05/09 caso Javier Díaz vs. Sistemas Edmasoft, C.A.).

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/199393-0414-29517-2017-16-648.HTML    

Diferencia entre Salario Variable y Fluctuante


SALARIO

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

 

TSJ/SCS Nº: 413      Fecha: 29-05-2017

Caso: Nancy Josefina García de Delgado contra Avon Cosmetics de Venezuela, C.A.

Decisión: CON LUGAR el recurso de casación.

Extracto:

“De acuerdo con el criterio antes expuesto es salario variable y no fluctuante el constituido por las comisiones, bonificaciones, bonos de cumplimiento de metas y demás incentivos generados por el esfuerzo del coordinador, jefe o supervisor de un determinado equipo, grupo o circulo. Se trata de un salario variable cuando media la actividad del supervisor, gerente para el logro de los objetivos, a pesar que las metas sean discutidas, creadas, planteadas, diseñadas y establecidas de manera colectiva y no individual. En dichos supuestos, a pesar que las bonificaciones, bonos por cumplimiento de metas, porcentajes, comisiones y similares, no dependan directamente de la actividad del supervisor o jefe, estamos en presencia de una remuneración variable y no fluctuante ya que es necesaria su injerencia para lograr la meta. Así, al tratarse de bonificaciones, bonos por cumplimiento de metas y comisiones producto de la gestión de la actora, esta tiene derecho al pago de la incidencia de tales beneficios en los días feriados y de descanso y tiene derecho a que tales incidencias sean consideradas en las utilidades, vacaciones, bono vacacional y prestación de antigüedad. Así se establece.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala establece las diferencias entre las remuneraciones variables y fluctuantes. Para ampliar su criterio sobre lo que es el “Salario Fluctuante”, puede ver las siguientes sentencias: Sent. N°  157 de fecha 10/04/13, SCS/TSJ (caso IESA); Sent. N°  546 SCS/TSJ (Merck) en fecha 13/06/16;  Sent. N° 633 03/05/08 SCS/TSJ (Medesa Guayana). Sent. N° 147 20/03/15, caso: Galaxy; Sent. N°  2376 SCS/TSJ 21/11/06, Loreal Venezuela ; y Sent. N°  603 del 26/03/07 SCS/TSJ Continental Tv.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/199389-0413-29517-2017-16-452.HTML    

 

Amparo cautelar por intereses colectivos y difusos contra autoridades locales para impedir manifestaciones públicas


alcaldes-nota

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Acción por intereses colectivos

TSJ/SC Nº: 373      Fecha: 25-05-2017

Caso: Demanda por protección de intereses colectivos y difusos respecto del Alcalde del Municipio Sucre, ciudadano Carlos Eduardo Ocariz Guerra, por la cual denuncia el incumplimiento por parte del mencionado Alcalde del artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la violación de los derechos contenidos en los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 eiusdem.

Decisión: ADMITE la demanda contra el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda y ACUERDA amparo cautelar.

Extracto:

“Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Alcaldes, en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112, 127, entre otros, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ordena al Alcalde del Municipio Baruta, ciudadano Gerardo Blyde, que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:

1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.

2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana.

3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio.

4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

5.- Ejerza la protección a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los  artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario.

7.- Gire las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En ese sentido, se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.

Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo., con fundamento en el artículo 30 ibídem.

Con relación a lo antes mencionado, esta Sala advierte que ha resuelto de manera vinculante casos similares al de autos mediante sentencias nros. 135 y 136, ambas del 12 de marzo de 2014.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La SC admitió 11 amparos constitucionales contra 11 alcaldes de 5 estados del país, en las que les ordena que impidan barricadas y bloqueos de las vías públicas y garanticen el libre tránsito.

Al respecto cabe destacar que el incumplimiento de ese mandamiento  cautelar impuesto por la Sala abriría la posibilidad para que atentara  nuevamente contra la democracia representativa y el orden público constitucional, tal como hizo en 2014 contra los alcaldes opositores Vicente Scarano Spisso (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML) y Daniel Ceballos (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162992-263-10414-2014-14-0194.HTML).

La admisión de estos amparos, por otra parte, configuran un evidente desconocimiento del derecho político que tienen los venezolanos a  manifestar pacíficamente (artículo 68 de la Constitución), pues el fundamento es precisamente impedir el ejercicio legítimo de este derecho escudándose con la supuesta protección de los intereses colectivos y difusos de las personas.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199354-373-25517-2017-2017-0567.HTML

Notificación defectuosa


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Nulidad

TSJ/SPA Nº: 609      Fecha: 25-05-2017

Caso: GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO,  interpuso demanda de nulidad contra el acto administrativo distinguido con el alfanumérico MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013, dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, en el que confirmó la Resolución número 016822 del 9 de diciembre de 2010, a través de la cual el demandante fue excluido del proceso de ascenso del Grado de Maestro Técnico de Tercera (MT3) a Maestro Técnico de Segunda (MT2), por haber estado de licencia durante seis (6) meses en el año 2006, sin que se le hubiese permitido concursar en igualdad de condiciones a la de sus compañeros y compañeras de promoción, quienes, para ese momento, fueron ascendidos y ascendidas al Grado de Maestro Técnico de Segunda (MT2).

Decisión: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el apoderado judicial del Mayor de la Aviación Militar GIUSEPPE ANTONIO SCHEMBRI CABALLERO, contra el acto administrativo MPPD-DD-1276 del 21 de febrero de 2013 dictado por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA, el cual SE ANULA. En consecuencia: SE ORDENA al Ministro del Poder Popular para la Defensa 1) reconocer el ascenso del demandante al grado de Maestro Técnico de Segunda con antigüedad del 5 de julio de 2008, 2) Evaluar los ascensos a los rangos que correspondan, y su inclusión en el Régimen de Transición de Sub Oficial Profesional de Carrera a Oficial Técnico, en el grado de Maestro Técnico de Segunda, en igualdad de condiciones a sus compañeros de promoción.

Extracto:

“De la sentencia parcialmente transcrita, se observa como la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal interpretó los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y su relación con los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia, así como con el principio pro actione. En tal sentido, pone de relieve que es imprescindible para computar la caducidad válidamente que el demandante haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses, es decir, que haya sido informado de los recursos que proceden contra el acto notificado, así como el tribunal competente y el lapso para su interposición pues de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que esta Sala Político-Administrativa, respecto a la notificación defectuosa, ha reiterado el criterio que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado establecido, según el cual los vicios en la notificación e incluso la ausencia de ésta no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada (ver, entre otras, la sentencia número 01742 publicada en fecha 2 de diciembre de 2009, caso: María Mercedes Prado Rendón Vs. Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia). De manera que, con el ejercicio oportuno del recurso, el defecto de la notificación queda convalidado.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Es importante la sentencia, entre otras razones, porque la SPA asienta  expresamente que los vicios en la notificación e incluso su ausencia “no son susceptibles de afectar el derecho a la defensa del particular, cuando este último haya podido tener conocimiento por cualquier medio de la existencia del procedimiento o de la providencia administrativa de que se trate, y haya tenido también la posibilidad de acudir a exponer los alegatos y pruebas pertinentes, a fin de procurarse una defensa adecuada”.

Por otra parte, no se puede dejar de lado advertir que en el caso decidido por la Sala declaró la nulidad del acto del Ministerio para la Defensa por haber incurrido en falso supuesto, y esto resulta relevante en el estudio de los vicios del acto administrativo porque sanciona con nulidad absoluta las decisiones administrativas viciadas con esa irregularidad pese que no aparece consagrado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como causal de nulidad absoluta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/199346-00609-25517-2017-2013-1463.HTML