En los reclamos de excesos legales, horas extras, feriados y descansos la carga probatoria es del trabajador


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 1.044                      Fecha: 23-11-2017

Caso: Pedro Manuel Infante Hernández y otros contra CNPC Services Venezuela LTD, S.A.

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada CNPC SERVICES VENEZUELA LTD. S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de febrero de 2017; SEGUNDO: ANULA la decisión impugnada; y TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción intentada por los ciudadanos Pedro Manuel Infante Hernández, Johan Mendoza, Héctor José Bermúdez Rodríguez, Harlin José Gómez, Sandro Carpio Oliveros, Martino De Silva Yaguaran; Joel Cairo Mejías, Wilmer Alexander Herrera y Douglas Luis García contra la sociedad mercantil Cnpc Services Venezuela Ltd., S.A.

Extracto:

“En cuanto a los sábados y domingos laborados y no pagados, la parte actora en su libelo de demanda manifestó: “Que la jornada de trabajo fue nocturna, de lunes a viernes, y sin pago de los días sábado ni domingo…”. En lo concerniente ante tal alegato y tal como se estableció en la resolución del recurso de casación, el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando hechos nuevos, y es criterio reiterado de esta Sala, el cual establece que: “…que cuando el trabajador reclama el pago de acreencias distintas o en exceso de las legales o especiales, como horas extras o feriados trabajados, la parte demandada no está obligada a exponer los fundamentos de su negativa de ocurrencia o procedencia, es decir, no está obligada a fundamentar una negativa pura y simple…”, por lo cual, en dichos casos, para que pueda ser declarada procedente la reclamación, corresponde a la parte demandante probar que verdaderamente trabajó en condiciones de exceso o especiales, situación fáctica que no demostraron, al no aportar los actores medios probatorios para ratificar sus dichos; sino por el contrario manifestando en su libelo de demanda que trabajaban de lunes a viernes, razón por la cual al no quedar demostrado la existencia de los sábados y domingos laborados, es por lo que resulta forzoso declarar la improcedencia de tal concepto. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Estableció la SCS/TSJ ratifica su criterio de sentencias análogas como caso AEROTÉCNICA, S.A. (HELICÓPTEROS) de ésta misma Sala Social, de fecha 10/06/03 o en el caso TELEPLASTIC, C.A de fecha 16/12/03 el cual la Sala Social, estableció que: “cuando el trabajador reclama el pago de acreencias distintas o en exceso de las LEGALES o especiales, como horas extras o feriados trabajados, la parte demandada no está obligada a exponer los fundamentos de su negativa de ocurrencia o procedencia. Es decir, no está obligada a fundamentar una negativa pura y simple.” Siendo así entonces, cuando el trabajor reclame estos conceptos, debe probar la justificación de los mismos.

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205563-1044-231117-2017-17-385.HTML

Procede el pago de la indemnización por despido aunque no sea imputable al patrono la terminación de la relación de trabajo


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 1.016                      Fecha: 17-11-2017

Caso: Gregorio Jacobo Gutiérrez Navarro y otros contra Talleres Soloaire, C.A. y otros

Decisión: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 20 de abril del año 2017, emanada del Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido. Se condena en costas a las demandadas según lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Extracto:

…artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

“De la norma precedentemente transcrita se extrae que cuando la terminación del nexo laboral se produzca por causas ajenas a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente a la cantidad que corresponde por prestaciones sociales al accionante. (Sentencia N° 189 del 17 de marzo de 2017, caso: Yolimar Claret Cuellar Salazar contra Sanitas Venezuela, S.A. Empresa de Medicina Prepagada y otra).

 

 En el presente caso se advierte que está suficientemente probado en autos que la causa de terminación de la relación de trabajo, aun cuando no es imputable al patrono, tal como quedó demostrado, tampoco tiene su causa en el trabajador, por lo que a tenor de lo establecido en el citado artículo 92, corresponde la misma indemnización que procedería en caso de despido injustificado.

 

 De lo anteriormente expuesto por quien recurre, no logra esta Sala desprender de qué manera se considera quebrantado el artículo denunciado, pues tal artículo solo establece las causales de terminación de la relación de trabajo y no las  procedencia del pago a que fueron condenadas las accionadas y que  establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, antes citada.

 

 En mérito de las consideraciones expuestas, no encuentra esta Sala que la decisión impugnada incurra en violaciones que impregnen de nulidad el fallo recurrido, por lo que se declara sin lugar el recurso de casación intentado. Así se declara.”

 

Comentario de Acceso a la Justicia: La SCS/TS interpretando  el art. 92 LOTTT, establece que procede el pago de la indemnización por despido (conocido como Doblete) aún en el caso que la causa que originó la terminación de la relación de trabajo, no fuese imputable al patrono, salvo que exista un hecho imputable al trabajador, es decir, un hecho imputable al trabajador, a saber: (i) despido justificado; (ii) retiro voluntario (renuncia). Dicha interpretación del art. 92 LOTTT, cambia radicalmente la aplicación o aplicación del pago por indemnización por despido con relación a la Ley del Trabajo derogada (LOT) al establecer que también procede dicho pago en los casos de terminación por causa no imputables a las partes, ejemplo: Caso Fortuito y Fuerza Mayor (muerte del trabajador, catástrofe, expropiación, etc.). Así, en el supuesto de la terminación de la relación de trabajo por una expropiación, no resulta apegado a la justicia que se imponga al patrono una indemnización por un hecho del Estado, y más si a ello agregamos que en muchas expropiaciones la indeminzación no se hace o se efectúa tardíamente.

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205388-1016-171117-2017-17-444.HTML

Elementos y consecuencias de la cosa juzgada


MONITOREO1

Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Materia: Laboral

Nº Sent: 1.014                      Fecha: 17-11-2017

Caso: Ramón Alberto Ron Alí contra Compañía Anónima Nacional Telefonos de Venezuela (C.A.N.T.V.)

Decisión: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora, ciudadano RAMÓN ALBERTO RON ALI, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Octavo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 9 de julio de 2015. SEGUNDO: NULA la sentencia recurrida. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano RAMÓN ALBERTO RON ALI, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)

Extracto:

“Por otra parte es preciso señalar, que la eficacia de autoridad de la cosa juzgada, según lo ha establecido este Máximo Tribunal, se traduce en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada, no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que da la ley, inclusive el de invalidación. A ello se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada; y, c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es, “la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales”; se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso.

En consonancia con lo anterior, podemos concluir que la cosa juzgada presenta un aspecto material y uno formal, éste último se presenta dentro del proceso al hacer inimpugnable la sentencia, mientras que la primera trasciende al exterior con la finalidad de prohibir a las partes el ejercicio de una nueva acción sobre lo ya decidido, obligando a su vez a los jueces, así como al resto de las personas a reconocer el pronunciamiento de la sentencia que contiene el derecho que debe regir entre las partes.

(…)observa esta Sala que el accionante pretende con el presente juicio, cobrar nuevamente los conceptos que fueron demandados en el mencionado expediente AP21-L-2010-003708, cuyo procedimiento quedó definitivamente firme, a la luz de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que: “ningún Juez podrá volver a decidir sobre la controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya recurso contra ella o que la ley expresamente lo permita”; lo cual indica, que se evidencia en ambos procedimientos, la identidad de los elementos para que se configure la cosa juzgada, como son: que la cosa demandada sea la misma (identidad de objeto); que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa (identidad de causa); que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior (identidad de sujetos).

De manera que, debe esta Sala declarar la procedencia de la defensa de cosa juzgada opuesta por la demandada en el presente juicio, respecto a los conceptos cuya diferencia reclama el accionante en su escrito libelar (salario, vacaciones y utilidades por bono de productividad del 20% del salario mensual), toda vez que ya fueron decididos mediante transacción debidamente homologada por órgano competente. Así se establece.” 

Comentario de Acceso a la Justicia: La SCS/TSJ concluye que ya existe una transacción celebrada entre las partes, debidamente homologada, ordenándose el cierre y archivo del expediente con constancia de copia del cheque por el monto cancelado al accionante, producto de la mencionada transacción, y que luego de verificar demanda está fundada sobre la misma causa; mismas partes y mismo carácter que el anterior y consecuencia se declara la improcedencia de esta solicitud

Voto Salvado: No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205386-1014-171117-2017-15-1254.HTML

Cuando el juez establece la responsabilidad por hecho ilícito, a pesar de que el caso se trata de una relación contractual


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Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios (reconvención)

N° Sent. 744        Fecha: 16-11-2017

Caso: MAQUIVIAL C.A. contra FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 22 de julio de 2016, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“Establecido lo anterior, se debe señalar que esta Sala de Casación Civil, de manera reiterada ha venido estableciendo, que para que proceda la responsabilidad civil contractual deben, sin lugar a dudas, concurrir ciertos elementos o circunstancias de hecho, los cuales son: el daño, la culpa, el incumplimiento y el vínculo de causalidad. Estos elementos, además de ser necesarios, deben ser analizados por el juzgador para poder determinar la existencia de la misma y por ende, para poder declarar la procedencia de su reclamo.

Dicho lo anterior, se debe destacar que si bien es cierto que en el fallo impugnado el juez superior, de una forma particular, justificó su condenatoria en la procedencia del reclamo de la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la demandada en su reconvención, realizando un esbozo respecto al régimen de responsabilidad extracontractual o por hecho ilícito, aun y cuando la naturaleza de la relación que existe entre las partes de este juicio, se deriva de un contrato de obra, no puede pasar por alto esta Sala que el ad quem en el presente asunto cumplió de una forma efectiva con su tarea de operador de justicia para la búsqueda de la verdad, pues, pese a su inapropiada exposición, logró comprobar de un estudio de las actas, y así lo expuso en su fallo, que en el presente asunto se encuentran dados todos y cada uno de los presupuestos de hecho necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual, pues en la sentencia estableció la existencia del incumplimiento culposo en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A., respecto al contrato de obra suscrito con la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, el daño ocasionado a la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas por el incumplimiento contractual en el que incurrió la accionante, y también, la relación de causalidad que existe entre el daño y el incumplimiento contractual en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A.

Por lo tanto, el hecho de que el juez superior haya realizado toda una inapropiada argumentación para complementar su condenatoria con base en el régimen de responsabilidad extracontractual, cuando el deber ser, hubiese sido que realizara su condenatoria conforme con el régimen contractual de responsabilidad civil, en nada podría influir en el fondo de lo decidido en el fallo recurrido, pues al estar presente en el juicio todos y cada uno de los presupuestos o elementos necesarios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para el resarcimiento de un daño y para la procedencia de la responsabilidad civil, la conclusión ante este supuesto de hecho, siempre va a ir dirigido hacia la procedencia del reclamo de los daños y perjuicios por no haber la empresa Maquivial, C.A., ejecutado a cabalidad sus obligaciones contraídas en el contrato de obra N° FCVAAA-2011-CT-001.

En consecuencia, a pesar de que en el presente asunto el juez superior incurrió en una falsa aplicación del artículo 1.185 del Código Civil, y a su vez, en una falta de aplicación del artículo 1.271 eiusdem, dichas infracciones considera esta Sala de Casación Civil que carece de relevancia o de fuerza para modificar el dispositivo del fallo impugnado y decretar consecuencialmente, la nulidad de la sentencia impugnada, pues al estar dados en el presente juicio todos y cada uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios, señalados anteriormente, se encuentra, de una forma suficiente, justificada la procedencia de la condenatoria por daños y perjuicios que se deriva del impugnado.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que de ordenar esta Sala de Casación Civil, la anulación del fallo impugnado por haber incurrido el mismo en los vicios de fondo detectados, con el fin de que el juez de reenvío dicte una decisión fundamentando la condenatoria del pago de la indemnización bajo el régimen de responsabilidad contractual, considera esta Sala que se infringen los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues incurriríamos en una reposición inútil, ya que el resultado de la nueva decisión, al estar presente los elementos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil, como es el caso de autos, siempre va a estar inclinada hacia el resarcimiento del daño originado por el incumplimiento contractual en el que incurrió la recurrente.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala de Casación Civil sobre la improcedencia de la denuncia de fondo del recurso de casación, no obstante la gravedad del error cometido, cuando el juez estableció la responsabilidad por hecho ilícito, a pesar de que el caso se trata de una relación contractual y la responsabilidad derivada del mismo tiene la misma naturaleza.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205310-R.C.000740-151117-2017-2017-166.HTML

El valor probatorio de la sentencia extranjera que no tiene pase o exequátur


documentos contrato

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 740        Fecha: 15-11-2017

Caso: Demanda por reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por MAYRA CAROLINA BARRUETA VILORIA contra BRUCE ANDREW PESTANO TULLOCH.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Extracto:

Sin embargo, al margen de lo expuesto, esta Sala logra entender de la fundamentación, que la censura apunta principalmente hacia la falta de aplicación del artículo 767 del Código Civil, ya que el argumento predominante se inclina en sostener que el juez de alzada debió aplicar lo previsto en la parte in fine de la norma invocada, pues el demandado sigue siendo en el territorio de la República, de estado civil casado, situación que fue la que generó, la infracción por parte del ad quem de lo contenido en los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado y del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, ya que el juez de alzada no debió haberle conferido ningún tipo de valor a la sentencia extranjera de divorcio del ciudadano Bruce Pestano, por carecer la misma, del respectivo pase o exequátur por parte del órgano jurisdiccional correspondiente.

En este sentido, con respecto a los efectos que podrían derivarse de los fallos dictados por autoridades extranjeras, nuestro legislador en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ha dispuesto de una forma precisa, cuales son los presupuestos necesarios para que puedan ser reconocidos en el territorio nacional los efectos derivados de los fallos emanados por autoridades judiciales extranjeras.

Sin embargo, cabe destacar, en la referida norma no se distingue entre los tipos de efectos que pueden surgir de una sentencia extranjera, los cuales, según la doctrina mayoritaria, se encuentran divididos en dos vertientes, los efectos de la sentencia como documento extranjero y los efectos de la sentencia como acto procesal extranjero.

Con respecto a los efectos de la sentencia como documento extranjero, debe señalarse que por el simple hecho de ser la sentencia, un documento, la misma es suficiente para probarse a sí misma, pues como un documento público emanado de una autoridad, siempre y cuando cuente con la debida legalización o apostillado, tiene la suficiente fuerza probatoria para demostrar los hechos y declaraciones que se encuentran contenidos en la misma, pues su fuerza documental no puede quedar sometida al cumplimiento de los presupuestos de eficacia contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

En cuanto a los efectos de las sentencias extranjeras como acto jurisdiccional, los mismos se encuentran divididos en dos grupos a saber: los materiales y los procesales. Los materiales son aquellos que se refieren al contenido sustantivo de la sentencia; y los procesales, que son los inherentes al carácter de acto jurisdiccional de la sentencia, donde se encuentran comprendidos el efecto de cosa juzgada y el efecto ejecutorio.

Ahora bien, dicho lo anterior, esta Sala luego de un estudio minucioso del fallo impugnado, debe concluir que el juez ad quem al dictar su decisión no incurrió en la falta de aplicación de los artículos 767 del Código Civil, 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado y el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, pues en el presente caso, nota esta Sala que el juez superior no le concedió la respectiva fuerza ejecutoria a la sentencia de fecha 17 de mayo del 2006, dictada por la Corte de Distrito del 17 Circuito en el Condado de Broward del estado de Florida, de los Estados Unidos de América, sin el respectivo procedimiento establecido en nuestra legislación, como lo pretende hacer entender la formalizante, sino más bien, lo que se nota de la sentencia recurrida, es que el ad quem decidió, considerando y valorando, tanto el valor probatorio contenido en la referida sentencia extranjera de divorcio como documento público debidamente legalizado, los derechos que emanan del fallo extranjero y el propio reconocimiento hecho por el demandado a lo largo del desarrollo del presente juicio, con respecto a la existencia cierta de la sentencia de divorcio extranjera supra indicada, que obra en su contra.

Pues, como bien lo dictaminó el ad quem, no se puede escapar de la realidad procesal, que el ciudadano Bruce Pestano, cuenta con un fallo cierto, bien que haya sido emanado de una autoridad extranjera, que disolvió el matrimonio que mantenía con la ciudadana Nora Esther Galloso, ahora, que si bien el mismo, conforme con las actas, no cuenta con el respectivo pase por parte de algún órgano jurisdiccional, esto no significa, que tanto su contenido como los derechos que emanan del mismo, no puedan ser reconocidos a los efectos del presente juicio por reconocimiento de unión concubinaria, pues como se dijo anteriormente, su efecto probatorio como documento público legalizado y reconocido por las partes en el presente juicio escapa de la necesidad de una declaratoria judicial de ejecutoriedad; y así lo ha venido estableciendo este Alto Tribunal de Justicia mediante sentencia de la Sala Político Administrativa, N° 1.603, de fecha 25 de noviembre de 1999, ratificada por la misma Sala, en sentencia N° 1097 del 20 de diciembre de 2006, caso: Tuna Atlántica, C.A. c/ Fosapatun, C.A. y otra; y también por esta Sala de Casación Civil en decisión N° EXEQ. 440, de fecha 27 de junio de 2005, caso: Comercial Turbine Services LTD, contra Aserca Airlines, C.A., expediente N° 2005-000105, ratificada reciente por esta Sala en sentencia N° EXEQ. 544, de fecha 11 de agosto de 2016, caso: U.S. Mortgage Finance II, LLC, contra Antonio Caeiro Dapena.

Por lo tanto, al haber reconocido el juez ad quem en su decisión, el contenido que emana de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2006, dictada por la Corte de Distrito del 17 Circuito en el Condado de Broward del estado de Florida, de los Estados Unidos de América, no infringió las disposiciones invocadas por la formalizante, pues en su sentencia, este no le confirió a la referida decisión el respectivo pase o exequátur, sino que simplemente reconociendo su contenido como documento público legalizado, le reconoció el importante cambio que en el estatus civil había sufrido el ciudadano Bruce Pestano en el ámbito jurisdiccional del estado extranjero, situación que a criterio de esta Sala no puede obviarse a los efectos de este juicio de reconocimiento de unión concubinaria, pues de haberlo hecho, el operador de justicia hubiese quebrantado principios fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna, lo cual no ocurrió en el caso de marras, pues el ad quem decidió el presente juicio teniendo como norte la verdad y la justicia, al resolver el juicio conforme con lo que se desprende del contenido de las actas procesales.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica y amplía el criterio de la Sala de Casación Civil que reconoce el valor probatorio de la sentencia extranjera que no tiene pase o exequátur, a fin de garantizar la justicia del caso concreto. Esto no quiere decir que a los efectos del cambio de estado civil y para los plenos efectos de una sentencia dictada en el extranjero se haya eliminado el proceso de exequátur.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205310-R.C.000740-151117-2017-2017-166.HTML

La nulidad de la partición de la comunidad conyugal antes del divorcio. Su excepción


matrimonio

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 739        Fecha: 15-11-2017

Caso: Demanda de Partición interpuesta por GERÓNIMO JOSÉ LÉON FRANCO contra ALEXANDRA LILIANA MORENO NOZENKO

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Extracto:

“Así las cosas, a los fines de resolver la presente denuncia se trae a colación lo dispuesto en el artículo 173 de nuestro Código Civil, el cual dispone:

“…La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales.

Si hubiere mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos, a los contrayentes.

También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges, y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código.

Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190…”.

De la norma transcrita, se evidencia que el legislador, reguló las modalidades de extinción de la comunidad de gananciales, y a su vez, determinó una prohibición para disolver y liquidar una comunidad de bienes gananciales durante el matrimonio de manera voluntaria.

Dicho lo anterior, esta Sala con respecto a los acuerdos voluntarios de liquidación de bienes celebrados entre los cónyuges en la oportunidad en que presentan la solicitud de divorcio, considera pertinente, traer a colación el criterio de vieja data contenido decisión de fecha 21 de julio de 1999, dictada por esta misma Sala de Casación Civil en el caso: Lourdes Trinidad Mujica, contra Adolfo José Marín Ordaz y Reparaciones Venezolanas de Calderas, S.R.L., el cual fue ratificado por esta Sala posteriormente en la sentencia N° 158 de fecha 22 de junio del 2001, caso: Albito Marino Castillo Useche, contra María Cecilia Araque Moncada; el cual adicionalmente, fue confirmado por la Sala Constitucional de este Máximo Juzgado en decisión N° 3267, de fecha 16 de diciembre de 2002, caso: Fernando Agustín Pérez Parra, en donde se estableció:

“…Expone la recurrida que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 173 del Código Civil, todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes de ser declarado disuelto el vínculo matrimonial, es nulo, con la única excepción prevista en el artículo 190 eiusdem esto es, en el supuesto de la separación de cuerpos y de bienes. Por ello, concluye, dado que al presentarse la solicitud de declaratoria de divorcio con base en el artículo 185-A de ese mismo Código, no puede considerarse disuelto aún el matrimonio, el convenio que la misma contenga sobre partición, como es el caso del pacto cuya ejecución constituye el objeto del presente juicio, es nulo y carente de valor y efectos.

Por su parte, el formalizante sostiene que el pacto citado es válido si, como sucede en el caso, se sujeta a la condición de que surtirá sus efectos ‘una vez disuelto el vínculo conyugal’

Ahora bien, considera la Sala que es correcta la apreciación de la recurrida, porque tratándose como se trata de cuestiones de estricto orden público, el que se lo someta a una condición, no quita al pacto en referencia su naturaleza de convenio sobre liquidación y partición de la comunidad conyugal de bienes, celebrado antes de la disolución del matrimonio, y nulo por consiguiente, por efecto de lo dispuesto en el artículo 173 mencionado…”. (Subrayado de la Sala).

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia que todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes de ser declarado disuelto el vínculo matrimonial, es nulo, con la única excepción prevista en el artículo 190 del Código Civil.

En tal sentido, luego de un análisis de las actas y en seguimiento del criterio ut supra transcrito, visto que tanto en el debate judicial como en el fallo recurrido quedó establecido que el convenio de partición y adjudicación de bienes celebrado en las partes, se hizo en conjunto con la solicitud de divorcio 185-A ex artículo del Código Civil, resulta notorio que dicho acuerdo se materializó con anterioridad al decreto de divorcio, situación que según lo dispuesto en el artículo 173 de nuestra ley civil sustantiva, hace concluir a esta Sala que el mismo no pueda surtir efectos, ni tener algún tipo de validez y eficacia, pues el hecho de que el mismo haya quedado sometido a la condición suspensiva del decreto de divorcio, como alega la recurrente que ocurre en el caso de marras, conforme con la jurisprudencia reiterada en el presente fallo, no le quita al pacto en referencia su naturaleza de convenio sobre liquidación y partición de la comunidad conyugal de bienes celebrado antes de la disolución del matrimonio, como bien lo estableció en ad quem en el fallo recurrido.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la nulidad de todo pacto que se celebre sobre partición de la comunidad conyugal antes del divorcio, con la única excepción prevista en el artículo 190 del Código Civil.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205313-RC.000739-151117-2017-17-564.HTML

La cosa juzgada, su importancia y efectos. Las dos únicas vías para revisar sentencias firmes


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Nulidad de sentencia de divorcio

N° Sent. 1005      Fecha: 14-11-2017

Caso: MIREYA CRISTINA CAMBERO contra JOSÉ FERNANDO DE MATOS REBOLLEDO.

Decisión: Se casa de oficio la sentencia dictada el 8 de marzo de 2017, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Falcón, se desecha la demanda y se declara extinguido el proceso.

Extracto:

Esta Sala debe acotar que en nuestro ordenamiento jurídico sólo existen dos excepciones a la inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad que derivan de la cosa juzgada: el juicio de invalidación, cuyas causales se encuentran establecidas en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil y la revisión constitucional prevista en el artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollado a nivel jurisprudencial. Sin embargo, en el presente juicio no se debate alguna de estas excepciones, por tanto, le estaba vedado al juez analizar nuevamente los hechos planteados y la validez de la sentencia de divorcio, toda vez que al existir una sentencia con carácter de cosa juzgada, debió desechar la pretensión y declarar extinguido el proceso, por existir un presupuesto procesal que afecta la validez de este nuevo juicio, tal como fue alegado por la representación judicial de la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda.

Por tanto, tomando en consideración que la pretensión de la parte actora es la de enervar una decisión que ha adquirido el carácter de cosa juzgada material, institución jurídica protegida constitucional y legalmente, que sirve de fundamento a la seguridad jurídica que es de eminente orden público, esta Sala de Casación Social, conforme al contenido de los artículos 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicable por remisión expresa del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, deviene en acordar: casar de oficio la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Falcón, con sede en Punto Fijo, de fecha 8 de marzo de 2017, que declaró sin lugar el recurso de apelación; cuando por el contrario debió desechar la demanda, declarar extinguido el proceso, y en consecuencia, anular el referido fallo por aplicación analógica del artículo 356 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.” (Negrillas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre la cosa juzgada, su importancia y efectos y las dos únicas vías para revisar sentencias firmes.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205269-1005-141117-2017-17-374.HTML

El carácter obligatorio, exclusivo y excluyente del procedimiento de ejecución de hipoteca


Estado propietario en nombre del pueblo y pueblo sin propiedad

Sala: de Casación Civil

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Civil

N° Sent. 731        Fecha: 13-11-2017

Caso: Demanda por cobro de bolívares interpuesta por COBRAMAR C.A. contra BANCO DE VENEZUELA S.A.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 18 de enero del 2017, por el Juzgado Superior Marítimo (accidental) con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, casa sin reenvío la sentencia y declara inadmisible la demanda.

Extracto:

“Asimismo, “…es definitivo que el procedimiento de ejecución de hipoteca no es electivo sino obligatorio, exclusivo y excluyente en los casos de crédito garantizado con hipoteca, pues con ello se protege la integridad objetiva del procedimiento, en el que está interesado el orden público, para que la justicia sea efectiva. En otras palabras, las normas establecidas en las leyes, que regulan los procedimientos a seguir, para obtener justicia no pueden ser modificados por los particulares en función de sus intereses porque son de orden público; lo contrario, vulneraría de forma flagrante los principios constitucionales que rigen el fundamento actual de impartir justicia…”. (Cfr. sentencia N° RC-576, de fecha 1° de agosto de 2006, caso de Banco del Caribe, C.A. Banco Universal contra Ganadería Roraima S.A. y Otra.)

Con base a lo anterior, se observa de la parte pertinente transcrita del libelo de la demanda, que en efecto, la deuda a que se contrae la presente acción de cobro de bolívares se encuentra garantizada mediante una hipoteca naval de primer grado, por lo cual, atendiendo a la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala, el trámite idóneo para obtener el pago de las cantidades adeudadas debió ser el de ejecución de hipoteca previsto en el artículo 660 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y otro, como ocurrió en el presente caso que se tramitó por el procedimiento marítimo ordinario.

En consecuencia, al haber admitido el juez de cognición la acción incoada a través de un procedimiento de cobro de bolívares por el procedimiento marítimo ordinario, infringió lo previsto en el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, que es exclusivo y excluyente para intentar tal reclamación.

“…OMISSIS…”

Por lo tanto, y conforme a la doctrina y jurisprudencias de esta Sala y de la Sala Constitucional, antes citadas en este fallo, el cobro de títulos de créditos garantizados con hipoteca, no puede judicialmente incoarse mediante el procedimiento de intimación, dado que ser (sic) así incoada la acción, se estaría en presencia de una infracción de orden público, por la violación del debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial eficaz, estabilidad de criterio y expectativa plausible, adicionalmente con el quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso, en infracción de los artículos 7, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, y artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República bolivariana de Venezuela, ya que resultaría nefasto para el deudor hipotecario, ser demandado pagar sus montos y que la hipoteca no quede extinguida. Así se decide.”

La palabra sic en negrillas es agregada por Acceso a la Justicia.

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre el carácter obligatorio, exclusivo y excluyente del procedimiento de ejecución de hipoteca, en los casos de créditos garantizados con hipoteca, a fin de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/205234-RC.000731-131117-2017-17-451.HTML

Las consecuencias de la conducta negligente del defensor ad litem. La imposibilidad de aplicar la confesión ficta en tales casos


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Infancia

N° Sent. 997        Fecha: 13-11-2017

Caso: Demanda de nulidad de contrato interpuesta por CARMEN RAMONA LÓPEZ SÁNCHEZ, DORCA SÁNCHEZ DE FERNÁNDEZ, TUBALCAÍN SEGUNDO SÁNCHEZ, ADILIA SÁNCHEZ, YAJAIRA MARILÍN SÁNCHEZ DE PÉREZ, HIDALGO SÁNCHEZ, LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ y el adolescente L.E.C.S., contra JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ, NELVIS JOHAN SÁNCHEZ URBINA y CORPORACIÓN UCRANIA C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2017, por el Juzgado Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Extracto:

“En todo caso, esta Sala extremando sus funciones ha podido evidenciar que designado como había sido un defensor ad litem en la causa, era deber de éste contestar la demanda, toda vez que la parte accionada compareció por primera vez a juicio el día en que se vencía el lapso de veinte (20) días para dar contestación a la misma, según lo contemplado en el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, sin que hasta ese momento el defensor ad litem hubiese asistido a cumplir con esta actuación, por lo que no podían aplicarse a los demandados los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, pues la diligencia debida imponía al defensor la obligación de velar por el cumplimiento de su mandato, durante el lapso previsto en la Ley.

En este sentido, la Sala Constitucional en sentencia Nº 531 de fecha 14 de abril de 2005, caso: Jesús Rafael Gil Márquez, ha atemperado los efectos de la confesión ficta cuando ha sido designado defensor ad litem, al establecer lo siguiente:

(…)la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (…omissis…) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara”. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.

Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia (…)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque ratifica el criterio de la Sala sobre las consecuencias de la conducta negligente del defensor ad litem y la imposibilidad de aplicar la confesión ficta en tales casos, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la demandada.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205218-0997-131117-2017-17-479.HTML

Los efectos de la adopción en la extinción del parentesco. El interés superior como razón primordial al momento de decidir


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Sala: de Casación Social

Tipo de Recurso: Casación

Materia: Infancia

N° Sent. 991        Fecha: 10-11-2017

Caso: Impugnación del reconocimiento interpuesta por JULIO JOSÉ FERRER ALFONZO contra ROSSI DOLORES GUERRA MERCHÁN y su hijo.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito Judicial del estado Sucre y sin lugar la demanda.

Extracto:

“En tal sentido conviene citar los artículos 427 y 428 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo contenido señala lo siguiente:

Artículo 427. Extinción de parentesco.

La adopción extingue el parentesco del adoptado o adoptada con los y las integrantes de su familia de origen, excepto cuando el adoptado o adoptada sea hijo o hija del o la cónyuge del adoptante.

Artículo 428.Impedimentos matrimoniales. La adopción no extingue los impedimentos matrimoniales que existen entre el o la adoptado y los integrantes de su familia de origen.

Conforme a las normas anteriormente transcritas, una vez efectuado el decreto de adopción plena, indistintamente si la misma es individual o conjunta, se extingue el parentesco del adoptado o adoptada con los y las integrantes de su familia de origen, excepto cuando el adoptado o adoptada sea hijo o hija del o la cónyuge del adoptante, siendo que en el presente caso el juez ad quem no solo se extralimitó del thema decidendum sino que renovó la filiación biológica paterna que por efecto del juicio de adopción se encontraba extinguida, lo que conlleva a todas luces que la decisión esté inmersa en el vicio que se le imputa.”

“…OMISIS…”

El Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto éste engloba según lo establecido por el Comité de la Convención sobre los derechos del Niño, en especial en la “Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial” (artículo 3, parágrafo 1), de fecha 29/05/2013, una serie de elementos que el Juez debe tomar en consideración al momento de decidir, de la que se desprenden ciertos aspectos como:

“Dicho comité subraya que el interés superior del niño es un concepto Triple:

  1. a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo concreto o genérico o a los niños en general…

(…)

  1. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho, En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de caso concretos”.

Otro punto a destacar de lo establecido por el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial en la “Observación General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial” (artículo 3, parágrafo 1), de fecha 29/05/2013, en cuanto indica:

“…La familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los niños (preámbulo de la Convención). El derecho del niño a la vida familiar está protegido por la Convención (art. 16). El término “familia” debe interpretarse en un sentido amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la costumbre local (art.5)”.

Expuesto lo anterior, se impone destacar la importancia que tiene la protección familiar y el sano desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, en todos sus aspectos tanto físico, biológico, psicológico, moral, social y jurídico, más ante una situación donde la lesión deviene de la conducta de quienes han asumido su resguardo, su cuidado y defensa, lo que incrementa su vulnerabilidad, mereciendo en consecuencia un trámite especial que permita la protección debida por parte del Estado y de los organismos llamados a garantizar dicha protección.” (Negrillas de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia es importante porque establece el criterio de la Sala sobre los efectos de la adopción en la extinción del parentesco; y sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial al momento de decidir.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/noviembre/205205-0991-101117-2017-17-473.HTML