¿Qué dice la sentencia  n° 552 del TSJ contra el alcalde de El Hatillo, David Smolansky?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 552, publicada el 07 de agosto de 2017, fijó audiencia pública de desacato de la sentencia número 368 que prohibía obstaculización de vías y manifestaciones públicas en el municipio El Hatillo (24/05/2017) para el 09 de agosto de 2017, contra el alcalde de dicha jurisdicción, David Smolansky  y le  prohibió salida del país.

¿Qué dice la sentencia n° 551 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 551, publicada el 04 de agosto de 2017, extendió los efectos de la sentencia 369 (mandamiento de amparo cautelar, ordenando impedir la obstaculización de las vías en el municipio y las manifestaciones públicas) al alcalde encargado del municipio Chacao, ante el reposo médico de Ramón Muchacho y se ordena continuación de la audiencia pública para el lunes 07 de agosto de 2017.

¿Qué dice la sentencia n° 65 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante Sentencia número 65 ,  publicada el 04 de agosto de 2017, declara con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por el ciudadano Pedro Carreño, actuando en su condición de diputado de la Asamblea Nacional, contra la abogada Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, “que comprometen su responsabilidad ético-moral”. También se ordenó la suspensión de Ortega Díaz, como titular del cargo de Fiscal General y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras dure el proceso, a los fines de determinar la existencia o no de ilícitos graves en el ejercicio de su cargo.

¿Qué dice la sentencia n° 550 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 550 del 01 de agosto de 2017 negó la solicitud de diferimiento de la audiencia formulada por el alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García Odón y la mantuvo para el día miércoles 2 de agosto de 2017, a las 10:00 a.m. El alto Tribunal fijó la audiencia (sentencia 548 del 28 de julio de 2017) por el desacato a la sentencia 371 del 24 de mayo, que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas, por parte del mandatario local. El caso es el mismo que se le sigue a otros burgomaestres de oposición al Gobierno nacional por permitir protestas de calle en sus jurisdicciones.

¿Qué dice la sentencia n° 549 del Tribunal Supremo de Justicia?


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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia número 549  del 01 de agosto de 2017, convocó al alcalde del municipio Palavecino del estado Lara, José Antonio Barreras Blanco, a una audiencia pública que se celebrará dentro de los cuatro (4) días siguientes a que conste en autos su notificación, para que exponga los argumentos que a bien tuviere en su defensa por desacatar la sentencia 401 del 1 de junio que ordena impedir la obstaculización de vías y las manifestaciones públicas. Esto, porque desde el punto de vista del Gobierno nacional, el haber permitido las protestas en su jurisdicción ha “afectado” derechos ciudadanos tales como la libre circulación y que los niños, niñas y adolescentes puedan desenvolverse en un ambiente libre de violencia, entre otros.

Cuáles son los bienes comunes de los cónyuges


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-129      TSJ/SCS Nº Sent: 638      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de partición de bienes interpuesta por BELAIME DEL CARMEN CALDERÓN BARRIOS contra LUIS EMILIO GALVIS MOLINA.

Decisión: Se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, y parcialmente con lugar la demanda.

Extracto:

“De las normas transcritas, se desprende que la comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente desde el día de la celebración del matrimonio, y son comunes, de por mitad, los beneficios que se obtengan durante su vigencia hasta la disolución del vínculo, los cuales podrán ser adquiridos a título oneroso, por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges, así como los frutos, rentas o intereses que provengan de esos bienes comunes.

En conexión con lo anterior, los bienes obtenidos a título oneroso por la industria, profesión, oficio, salario o trabajo por alguno de los cónyuges, resultan comprendidos dentro de la comunidad conyugal, salvo las excepciones previstas en la ley.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre cuáles son los bienes comunes de los cónyuges.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201563-0638-28717-2017-17-129.HTML    

 

El interés superior del niño, niña o adolescente y la prohibición de la prueba de confesión


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Sala: de Casación Social

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 16-441      TSJ/SCS Nº Sent: 637      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de reconocimiento de unión concubinaria interpuesta por GABRIELA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ contra su menor hijo E.J.O.R. y el adolescente J.E.O.H.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

Extracto:

“En este sentido, analizado como ha sido el marco legal invocado por el recurrente, en armonía con el criterio jurisprudencial supra citado, según el cual es erróneo entender que el principio del interés superior se antepone a cualquier otro derecho subjetivo o interés legítimo de los ciudadanos, se concluye que el derecho ejercido por la ciudadana Gabriela Alejandra Rodríguez González en aras de que le fuese reconocida la unión estable de hecho, que alegó haber mantenido con el de cujus, obedece a un interés legítimo, consagrado constitucionalmente, que no puede ser soslayado al amparo de los principios de prioridad absoluta y del interés superior del niño, los cuales en su contenido invitan a la ponderación entre los derechos de niños, niñas y adolescentes y los de las demás personas.

Por lo tanto, esta Sala estima que la infracción encontrada no resultó determinante para la resolución de la controversia, pues si bien la Juez de Alzada, omitió el pronunciamiento en cuanto al particular, cualquier decisión en este sentido no hubiere modificado el resultado del presente juicio, toda vez que los principios invocados, no pueden ser empleados para subvertir o derogar implícitamente otras normas del ordenamiento jurídico, siendo que debe atenderse siempre a la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ello, sin menoscabo del ejercicio de las acciones legales pertinentes para salvaguardar los derechos patrimoniales que pudieran haberse visto afectados, así como para garantizar el reforzamiento del vínculo entre los hermanos, quienes tienen derecho a la convivencia familiar.”

“…OMISSIS…”

“De lo anterior se colige, que el ad quem desatinó su decisión al omitir pronunciamiento en cuanto al particular. Sin embargo, resulta evidente que ello no tuvo incidencia determinante en el dispositivo del fallo, pues de conformidad con el criterio supra explanado, esta prueba [confesión provocada (posiciones juradas)] resulta improcedente en este tipo de asuntos que versan sobre estado y capacidad de las personas, en las que está interesado el orden público y que adicionalmente, por su naturaleza, son materias sometidas a la comprobación judicial de los hechos. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre lo que debe entenderse por interés superior del niño, niña o adolescente, como principio de interpretación y la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolecente; así como la prohibición de la prueba de confesión en estos juicios.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/201562-0637-28717-2017-16-441.HTML    

 

La desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación


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Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-124      TSJ/SCC Nº Sent: 510      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de ejecución de fianza interpuesta por MARSHALL Y ASOCIADOS C.A. contra ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 4 de febrero de 2015, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y la desaplicación por control difuso de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con los 26 y 257 de la Constitución.

Extracto:

“Se desaplican CON EFECTOS EX NUNC –esto es- a partir de la publicación del presente fallo para todos aquellos casos pendientes de decisión, pues en modo alguno la casación de instancia y sin reenvío atenta contra la seguridad jurídica o la expectativa plausible de los justiciables, los artículos 320, 321, 322 y 522 todos del Código de Procedimiento Civil; por tanto, se deja sin efecto la casación con reenvío, la nulidad y la reposición de la causa por las causales de los artículos 243 y 244 del CPC, pudiendo la Sala únicamente reponer la causa cuando encuentre con lugar y case el fallo al existir una violación o conculcación al derecho de defensa de conformidad con la teoría de las nulidades y consecuente reposición, establecida en los artículos 49.1 Constitucional, 15 y 206 al 213, ambos inclusive del Código de Procedimiento Civil, en los términos supra señalados. Así se decide.” (Mayúsculas y resaltado de la Sala)”

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia establece el criterio de la Sala sobre la desaplicación por inconstitucional de la reposición, salvo indefensión, y del reenvío, en el recurso de casación, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201580-RC.000510-28717-2017-17-124.HTML

 

Las obligaciones de las partes y sus formas de cumplimiento en el arrendamiento


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Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

Nº Exp: 17-361      TSJ/SCC Nº Sent: 507      Fecha: 28-07-2017

Caso: Demanda de desalojo interpuesta por JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ contra BODEGÓN LAS AMERICAS HF C.A.

Decisión: Se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 1° de marzo de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

Extracto:

“En atención a las normas transcritas, se desprende que con la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, se fijó un procedimiento para la consignación de cánones de arrendamiento por parte del arrendatario al cual el arrendador obstaculice su cumplimiento en detrimento de su derecho a mantenerse solvente en el pago de los cánones de arrendamiento obsequiando a favor de la justicia la creación de un organismo competente en esta materia, distinto a los tribunales de municipio, quedando, en principio desaplicada la disposición contenida en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario (artículo 51 eiusdem supra transcrito), tal como lo prevé la disposición derogatoria primera ibídem.”

“…OMISSIS…”

“Las relaciones arrendaticias encuentran su fundamento legal en el artículo 1.579 del Código Civil, el cual dispone que:

“El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar aquella…”. (Resaltados de la Sala).

De la citada norma sustantiva se colige, que de la relación arrendaticia nacen obligaciones recíprocas, por parte del arrendador en poner a disposición el goce y uso de una cosa mueble o inmueble; y por parte del arrendatario, realizar un pago determinado, al cual se obliga con ocasión al uso de esa cosa, resultando como conclusión inequívoca, que el demandado recurrente, se encontraba obligado a realizar el pago acordado con la actora por concepto del arrendamiento convenido entre las partes.

Así mismo, y en cuanto a las obligaciones que surgen para el arrendatario con ocasión a este contrato de especie, el artículo 1.592 del Código Civil, señala que:

“El arrendatario tiene dos obligaciones principales:

1.- Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia, y para el uso determinado en el que contrato, o, a falta de convención, para aquel que pueda presumirse, según las circunstancias.

2.- Debe pagar las pensiones de arrendamiento en los términos convenidos”.

Patentiza la norma adjetiva civil supra señalada, que la obligación que nace en el arrendatario de pagar, se presume siempre, y aun cuando no exista disposición contractual escrita, como en el presente caso, donde mediaba una relación verbal, generando en consecuencia para el hoy recurrente, un obligación de hacer ante el actor arrendador, la cual no era otra que mantener el pago oportuno de los cánones de arrendamiento convenidos, que fueron precisados por el juzgador de alzada de acuerdo con las actas procesales, en pago por “mensualidades vencidas”, siendo esta determinación de la recurrida un hecho aceptado y no controvertido por las partes en contienda dentro del proceso.

De igual forma, precisa conveniente esta Máxima Instancia Civil, hacer mención de la decisión N° 55, proferida por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en fecha 5 de febrero de 2009, expediente 07-1731, caso: INMOBILIARIA 200555 C.A., donde quedó establecido en lo atinente al cumplimiento del tiempo y modo de satisfacer la obligación de pago por parte del arrendatario de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, lo siguiente:…”

“…En efecto, el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece lo siguiente:

(…Omissis…)

Esta norma ha dado lugar a criterios disímiles de interpretación por parte de los tribunales de instancia; para algunos, el cómputo de los quince días comienza cuando transcurre el último día del mes calendario que corresponda al canon de cuyo pago se trate y, para otros, comienza una vez que ha transcurrido el último día de la oportunidad que las partes hayan convenido para el pago.

Esta disparidad de criterios crea gran inseguridad jurídica en los justiciables, lo cual es observado por esta Sala con gran preocupación, ya que la escogencia de una u otra interpretación atañe directamente a la garantía constitucional de acceso a la justicia de los particulares pues, como lo afirma el acto de juzgamiento que es objeto de la pretensión de autos, el arrendador sólo dispone de la posibilidad de instaurar su demanda cuando el arrendatario se encuentre en mora en el pago de dos o más cánones mensuales.

En criterio de la Sala, cuando la norma hace alusión al lapso de quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad, lapso de gracia que se ofrece cuando el arrendador de un inmueble rehusare expresa o tácitamente recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida de acuerdo con lo convencionalmente pactado, se refiere, precisamente, al vencimiento que hubiere sido convencionalmente pactado, por cuanto tal convención no está expresamente prohibida en la ley, ni es contraria al orden público, razón por lo que entra dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, sin que exista ninguna de las limitantes a la libertad de contratación; en cambio, la interpretación según la cual ese lapso de gracia debe comenzar a contarse, siempre, desde el último día de cada mes calendario, con independencia de la oportunidad de vencimiento de la mensualidad que hubiere sido libremente pactada, irrespeta esa legítima autonomía de la voluntad en cuanto hace inútil esta estipulación a pesar de que goza de cobertura legal y, además, viola la garantía de acceso a la justicia del arrendador, quien debe tolerar el retraso del arrendatario por un lapso más largo que el que hubiere sido convenido. En forma paralela, el arrendatario se ve beneficiado, sin causa legal, por una prolongación del lapso para la consignación; así, si, como es común, se hubiere convenido el pago por mensualidades adelantadas dentro de los cinco días siguientes a cada mes, en vez de que disponga de hasta el día veinte para la consignación, disfrutaría de veinticinco días del mes en curso más quince días del mes siguiente para el cumplimiento con su obligación contractual de pago del canon arrendaticio, a pesar de haber acordado libre y legítimamente aquella forma de pago (mensualidades adelantadas).

Como es natural, si no se hubiere pactado expresamente la oportunidad del vencimiento de las mensualidades, se entenderá que éstas vencen el último día de cada mes calendario y que el lapso a que se contrae el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios empieza a correr desde entonces.

Así, esta Sala Constitucional considera que los argumentos que fueron formulados por los peticionantes constituyen fundamentación suficiente para la procedencia de la presente revisión, pues la interpretación que, de manera errada, hizo el Juzgado Superior Séptimo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios –y comparten otros tribunales-, afecta directamente la garantía de acceso a la justicia de los particulares que reconoce expresamente el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el agravante de que, como fue señalado supra, no hay uniformidad entre los tribunales de instancia a este respecto, con la consecuente lesión a la seguridad jurídica.

(…Omissis…)

Con sujeción al criterio que se expresó, en protección de las garantías de acceso a la justicia y seguridad jurídica, los tribunales que apliquen el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios lo interpretarán en el sentido de que el “vencimiento de la mensualidad” a que se refiere como punto de partida del lapso para la consignación del canon ante un Tribunal de Municipio es, en primer lugar, el vencimiento que hubiere sido convencionalmente fijado y, en su defecto, el último día de cada mes calendario. Así se decide…”.

“Concatenado con lo expuesto, la decisión de la Sala Constitucional, viene a dar certeza sobre una de las normas que el formalizante ha delatado infringida por la recurrida, es decir, la atinente al artículo 51 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, la cual, remite al arrendatario, a efectuar el pago de la pensión de arrendamiento en el supuesto que el arrendador se rehúse a recibirla, a los tribunales de municipio competentes por la ubicación del inmueble, esclareciendo lo concerniente al particular de los quince (15) días mencionados en la norma.”

“…OMISSIS…”

“La sentencia que antecede, señala que de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.418, del 23 de mayo de 2014, el pago por consignaciones debe realizarse a través de una cuenta que creará el Ministerio del Poder Popular para el Comercio con asistencia de la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE); sin embargo, mientras se cree la cuenta correspondiente generada con la promulgación de este cuerpo normativo, el fallo en cuestión de cara a la realidad planteada y en función de la justicia, reconoce que los inquilinos podrían realizar sus pagos a través de las Oficinas de Control de Consignaciones de Arrendamientos Inmobiliarios (OCCAI), sino hubiere sido creado a través de las Oficinas de Control de Consignaciones (OCC), y si estas no estuvieren creadas, los Tribunales de Municipio, dependientes del Poder Judicial.

Con base a todos los argumentos precedentemente expuestos, y en consideración con lo dispuesto en fallo de esta Sala N° RC-402, de fecha 21 de junio de 2017, expediente N° 2017-054, caso: JOAO PAULO FREITAS GONCALVEZ contra MUEBLES CAMILA, C.A., bajo la ponencia del Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, en caso análogo al presente, concluye esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que la recurrida, determinó asertivamente que la demandada formalizante, no dio cabal cumplimiento a la obligación de pagar al arrendador las pensiones por concepto de alquiler a plazo vencido, siendo que lejos de dejar de aplicar una norma vigente y haber aplicado una disposición legal que resultó derogada, tal como denuncia, la realidad fáctica es que ante la demora en la instrumentalización prevista en el precitado artículo 27 del texto legal vigente, los tribunales de municipio se mantuvieron recibiendo dichas consignaciones –sin interrupción-; cuestión esta última que el formalizante en modo alguno combate.” (Resaltado, cursivas y subrayado de la Sala)

Comentario de Acceso a la Justicia: La sentencia ratifica el criterio de la Sala sobre las obligaciones de las partes en el arrendamiento, cuándo se entiende vencida la mensualidad para consignar el canon y la forma de pagar los cánones cuando el Ministerio de adscripción no ha abierto la cuenta de acuerdo con la Ley especial.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/201565-RC.000507-28717-2017-17-361.HTML

 

TSJ dicta prohibición de salida del país al alcalde del Municipio Iribarren, Alfredo Ramos


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“Este viernes 28 de julio de 2017 a las 10 am., Alfredo Ramos alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, deberá comparecer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de determinar en audiencia oral y pública su presunto desacato al mandato cautelar dictado en  Sentencia Nº 400 de la Sala Constitucional de fecha primero de junio de 2017.

De igual forma, estableció la Sala en el mismo auto que fija la audiencia, que la incomparecencia del ciudadano Alcalde se tomará como aceptación tácita de los hechos de los que se le acusa; así también, se le acordó de oficio, medida cautelar de prohibición de salida del país”.

Nota de prensa del TSJ, disponible en:  http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-dicta-prohibicion-de-salida-del-pais-al-alcalde-del-municipio-iribarren-del-estado-lara

Enlace a la sentencia en pdf: Sentencia Nº 546 de la Sala Constitucional