¿Qué dice la sentencia n.° 165 de la Sala Electoral?


cne

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Interpretación

Nº Exp: 2017-000107      Nº Sent: 165      Fecha: 05-10-2017

Caso: recurso de interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, interpuesto por el ciudadano OMAR ALEXANDER ÁVILA HERNÁNDEZ, aludiendo el carácter de Secretario General de Unidad Visión Venezuela, asistido por el abogado Enio José Campos Cedeño.

Decisión: La Sala declaró: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de interpretación interpuesto. 2. ADMITE el recurso de interpretación incoado en cuanto ha lugar en derecho. 3. Declara de MERO DERECHO la causa contentiva del recurso de interpretación. 4. RESUELTA la interpretación del artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 5. Se ORDENA la publicación del fallo en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Artículo 63. Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral.

Aprecia la Sala en primer lugar que la norma legal trascrita dispone el derecho de las organizaciones postulantes en un proceso comicial, entre ellas, las organizaciones con fines políticos, de modificar o sustituir las postulaciones de candidatos o candidatas que presenten ante los órganos del Poder Electoral.

Asimismo establece que, hasta diez (10) días antes de la realización del acto electoral de votación, se puede modificar o sustituir la postulación presentada; ello significa que bajo ningún concepto dichas modificaciones o sustituciones pueden realizarse más allá del límite máximo señalado.

En ese sentido, observa esta Sala que dicha disposición legal prevé una condición de orden temporal para la presentación de modificaciones o sustituciones de las postulaciones realizadas, lo cual es de particular interés para el planteamiento del solicitante, por lo que esta Sala estima que la interpretación de la norma en cuestión no puede hacerse de forma aislada, y sólo puede verificarse dentro de un contexto muy particular como lo es el actual, de orden político y social, e integrarse a los principios que preconizan la nueva fisonomía del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, de tal manera que la labor interpretativa se realice de manera concatenada con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  de 1999, como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, destaca la Sala que la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 12 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.327 Extraordinario, de esa misma fecha, en ejercicio del poder originario, decidió lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que todos los órganos del Poder Público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder originario y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos;

(…)

CONSIDERANDO

Que es menester consolidar la paz y tranquilidad que trajo consigo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sin dejar espacio ni tiempo alguno para que factores antidemocráticos repitan su agenda violenta y criminal de desestabilización;

CONSIDERANDO

Que el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, se encuentra pendiente desde el mes de diciembre del año 2016, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

DECRETA

PRIMERO. Reprogramar para el mes de octubre de 2017, el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de estado, en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral, en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral venezolano, en cumplimiento del mandato contenido en el Decreto Constituyente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en ejercicio de su potestad constitucional y legal de organización de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular del Poder Público, decidió disponer sobre la reprogramación de las fases del proceso electoral de gobernadores y gobernadoras de los estados que había sido previamente convocado, según se desprende de nota de prensa publicada en la página web oficial del órgano rector electoral (http://www.cne.gob.ve/web/salaprensa/noticiadetallada.php?id=3559).

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral elaboró la reprogramación del cronograma electoral con acto de votación para el día 15 de octubre de 2017, el cual fue publicado en su página web oficial (http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2017/regionales/documentos/cronograma_regionales_2017.pdf).

De dicho cronograma se observa que el Consejo Nacional Electoral dispuso la fase de “Sustitución y Modificación de las Postulaciones Nominales” por el término de un día (16 de agosto de 2017), estableciendo como fundamento los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y 162 de su Reglamento.

El referido artículo 63 otorga, por una parte, el derecho de las organizaciones postulantes de sustituir o modificar las inscripciones de candidatos o candidatas presentadas, y de otra, el mandato del legislador al órgano rector electoral de no exceder el límite máximo temporal de “hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral” para la fijación de la mencionada fase en el cronograma electoral respectivo.

Por ello, debe precisar la Sala que la sola previsión del legislador en cuanto al límite de orden temporal no condiciona al Consejo Nacional Electoral para establecer el transcurso del período de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales. La fijación de la oportunidad para el cambio o modificación de postulación de candidatos o candidatas corresponde al órgano rector electoral, el cual podrá establecerla mediante lapso o término que apreciará de acuerdo a las particularidades y requerimientos técnicos de cada proceso electoral, siempre y cuando no sobrepasen los diez días anteriores al acto de votación.

De tal manera que el ejercicio del derecho a realizar modificaciones a las postulaciones establecido por el legislador en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales se encuentra precedido por la fijación en el cronograma electoral correspondiente de la temporalidad de la mencionada fase del proceso electoral.

Así, si bien el examen o análisis del cronograma electoral para la elección de gobernadores y gobernadoras de los estados publicado por el Consejo Nacional Electoral no constituye el objeto de la presente causa, debe advertir que el mismo contiene la oportunidad cierta para ejercer el derecho de modificar o sustituir las postulaciones realizadas por las organizaciones participantes.

Expuesto lo anterior, circunscribiéndose la Sala a la solicitud planteada por el recurrente, se debe afirmar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe interpretarse en el sentido que el Consejo Nacional Electoral puede establecer la oportunidad para la ejecución de la fase de sustitución y modificación de las postulaciones nominales, siempre y cuando no exceda el límite máximo temporal de diez días anteriores a la ocurrencia del acto electoral, atendiendo a las particularidades y requerimientos técnicos del proceso electoral de que se trateAsí se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Electoral, luego que la Sala Constitucional le declinase la competencia, ha decidido interpretar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales alterando en vez de interpretar lo que dice el artículo antes mencionado. Así, si bien dicha norma dice que “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral”, la Sala hace una artificiosa interpretación de este artículo y lo convierte en otra cosa, pues indica que en realidad lo que quiere decir es que el CNE (que como se ve nunca es mencionado en el artículo en cuestión) puede establecer el día en que se hagan las sustituciones siempre y cuando no sea antes de los 10 días previos a la elección. De este modo, algo que es un derecho de los partidos se convierte, por obra y gracia de la Sala Electoral, en una potestad arbitraria del CNE para que el mismo fije cuando esto puede ocurrir. En este caso las postulaciones fueron el 13 y 14 de agosto, y el CNE había fijado las sustituciones para el 16, es decir, apenas 24 horas después de las inscripciones y sin dar tiempo a las primarias que exige el artículo 67 de la Constitución. De este modo la Sala Electoral, una vez más sirve de brazo ejecutor de los intereses del oficialismo, pues ahora en estas elecciones aparecerán en las boletas personas que renunciaron y que ya no son candidatas a pesar de haber pedido oportunamente su eliminación del tarjetón electoral.

Fuente: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/cne-pone-en-peligro-oferta-electoral-para-regionales/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/203561-165-51017-2017-2017-000107.HTML

 

Determinación del valor de las acciones como activo de la sucesión


seniat-nota

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA Nº Sent: 1.029                Fecha: 25-09-2017

Caso: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 05.04.2016, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la Sucesión de Edgar David Sánchez Giménez contra la Resolución Nro. GGSJ/GR/DRAAT/2006-2733 del 30.11.2006, emitida por la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del mencionado Órgano Fiscal.

Decisión: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el FISCO NACIONAL; -PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la SUCESIÓN DE EDGAR DAVID SÁNCHEZ GIMÉNEZ

Extracto:

Siendo que la controversia planteada en autos se circunscribe el método aplicado por la Administración Tributaria para determinar el valor de las acciones declaradas como activo por la sucesión, juzga la Sala pertinente iniciar el análisis correspondiente a este punto, a partir de la observancia de los artículos 23 y 32 de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos de 1999, que disponen:

Artículo 23: El valor del activo será el que tengan los bienes y derechos que lo forman para el momento en que haya fallecido el causante. Cuando el valor declarado fuere inferior al valor del mercado de esos bienes y derechos, el contribuyente deberá justificar razonadamente los motivos en que basa su estimación”.

Artículo 32: Cuando se declaren acciones, obligaciones emitidas por entes públicos o por sociedades mercantiles y otros títulos valores, se acompañará a la declaración una certificación expedida por un Contador Público o Administrador Comercial, en que se determine el valor venal de dichos bienes.

Si los valores se cotizan en bolsa bastará una certificación de los precios corrientes a la fecha de apertura de la sucesión, expedida por una bolsa de valores correspondiente”. (Resaltados de la Sala).

De las normas precedentemente transcritas se advierte que el legislador estableció, a los efectos de la declaración sucesoral, que el valor de los activos que forman parte de ésta queda determinado para el momento en que se verifica la hipótesis legal condicionante de dicho tributo, vale decir, la oportunidad de la muerte del causante. En el caso que estos estuviesen conformados por títulos valores, será su valor venal, el que deberá tomarse en cuenta.

Respecto a lo que debe entenderse por valor venal, la Sala en su jurisprudencia ha señalado que está referido al importe de venta de los títulos valores y no con base en una asimilación de estos a bienes inmuebles, pues ello supondría desvirtuar la naturaleza de tales instrumentos. [Véase sentencias Núms. 01487 y 00728 de fechas 14 de agosto de 2007 y 20 de junio de 2012, casos: Sucesión de Cristóbal Mendoza (Hijo) y Sucesión de Jorge Enrique Serrano Rey, respectivamente].

En el mismo orden de ideas, esta Sala en sentencia Núm. 01487 del 14 de agosto de 2007, caso: Sucesión de Cristóbal Mendoza (Hijo), ratificada mediante fallo Núm. 00505 de fecha 6 de mayo de 2015, caso: Sucesión de Yibirin Marún, José Antonioseñaló que el valor venal de las acciones, está referido al importe de venta de los títulos valores y no con base en una asimilación de estos a bienes inmuebles, pues ello supondría desvirtuar la naturaleza de tales instrumentos, por lo que el método más idóneo para determinar el correcto valor de las acciones es el de “valoración de negocios”.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica el método que debe emplearse para establecer el valor de las acciones como activos de la sucesión; el cual a su vez, debe estimarse al momento de la muerte del causante.  En ese sentido vale la pena aclarar que el valor venal es el importe monetario que obtendría el propietario de un bien, si en un momento dado decidiera su venta.​ Este importe, en caso de acciones que no son bienes materiales, estará sujeto al mercado y a la oferta y la demanda de las mismas, debidamente fijadas por un perito.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/203367-01029-28917-2017-2017-0035.HTML

 

El pago por subsidio del beneficio de alimentación está sometido a retención del ISLR


Retenciones de ISLR 2

Sala Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA Nº Sent: 1.022     Fecha: 25-09-2017

Caso: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la sociedad mercantil Ford Motor de Venezuela, S.A. apelan sentencia de fecha 20.04.2015, dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario ejercido por la referida empresa contra las Resoluciones Culminatorias de Sumario Administrativo Nros. RCE-DSA-540-01-000090, 000098 y 0000106 del 09.10, 17.10 y 13.11 de 2001, respectivamente, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del mencionado Órgano Fiscal.

Extracto:

“De donde se colige, que la relación contractual entre las empresas Ford Motor de Venezuela, S.A. (LA COMPAÑÍA) Comedores Empresariales, S.A. (COEMSA) (EL CONCESIONARIO) se circunscribe al cumplimiento de obligaciones de hacer relacionadas con la prestación del servicio de comida a los trabajadores y a las personas que le indique la empresa, tales como, utilizar los equipos, enseres (muebles, vajillas, cubiertos, y demás utensilios) y la Cafetería que la recurrente tiene instalada en un edificio de su propiedad, así como respetar y aplicar las normas y sugerencias que le indique “LA COMPAÑÍA” sobre la seguridad y control de calidad del servicio prestado, por lo que tiene que usar los recursos técnicos y de personal que sean necesarios.

Asimismo, se infiere que los pagos recibidos por “COEMSA, están compuestos por: (i) el precio que pagan los usuarios y las usuarias al adquirir las comidas y bebidas no alcohólicas; y (ii) el monto que recibe de la recurrente, correspondiente al servicio de comida prestado, el cual surge de la diferencia del precio fijado entre ambas partes (la Compañía y el Concesionario) por la venta de los mencionados bienes y su “verdadero precio”. Por lo que, esta alzada advierte que al pago efectuado por la accionante necesariamente debe ser objeto de retención, pues se refiere a la contraprestación recibida por el servicio de comida realizado.

Por consiguiente, esta Máxima Instancia desestima la delación del vicio de falso supuesto de hecho realizada por la empresa accionante. En consecuencia, se confirma el fallo apelado respecto a la procedencia del reparo fiscal en su condición de contribuyente y de agente de retención. Así se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica el criterio según el cual el monto que cancela la empresa a un tercero por concepto de subsidio por la prestación del servicio de comida a los empleados, está sometido a retención de impuesto sobre la renta.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/203380-01022-28917-2017-2015-0893.HTML

Constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción


estado-de-excepcion-720x380

Sala: Constitucional

Tipo De Recurso: Constitucionalidad de ley

Materia: Constitucional

Nº Exp: 17-0953      Nº Sent: 727      Fecha: 25-09-2017

Caso: Solicitud de pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074  mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el Orden Constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.

Decisión: CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica n.° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n° 41.237 del 15 de septiembre de 2017. REITERA que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. REITERA que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes, inclusive para todos los órganos del Poder Público Nacional. Ordena la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia.

Extracto:

Visto el referido Decreto, esta Sala Constitucional advierte que en sentencias números 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 17 de marzo de 2016, 411 del 19 de mayo de 2016, 615 del 19 de julio de 2016, 810 del 21 de septiembre de 2016, 4 del 19 de enero de 2017, 113 del 20 de marzo de 2017 y, 364 del 24 de mayo de 2017, ratificaron el criterio del primer fallo sobre algunas nociones de carácter doctrinario respecto de la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como mecanismos constitucionales válidos para que el Presidente de la República pueda tomar medidas extraordinarias y excepcionales cuando existan situaciones fácticas de alarma, emergencia o calamidad.

Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el mismo tiene como objeto decretar el Estado de Excepción, en el que el Ejecutivo, hace uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público, con facultades extraordinarias temporales derivadas del propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, se observa que se trata de un límite y ponderación legítima respecto del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales, fundado en razones excepcionales, cuyo único propósito es establecer un orden alternativo, temporal y proporcional dirigido a salvaguardar la eficacia del Texto Constitucional y, por ende, la eficacia de los derechos y garantías, en situaciones de anormalidad de tal entidad que comprometan la seguridad de la Nación, de sus habitantes, la armonía social, la vida económica de la Nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, así como el normal funcionamiento de los Poderes Públicos y de la comunidad en general.

Observa esta Sala Constitucional que el Decreto n° 3.074 del 11 de septiembre de 2017, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.

De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, constatadas las circunstancias suscitadas y que se mantienen en el espacio geográfico de la República, emplee las medidas amparadas por el decreto bajo estudio, en cumplimiento del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de garantizar el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad, asegurando el derecho a la vida de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Comentario de Acceso a la Justicia: Resulta indudable la falta de fundamentación jurídica en que incurre la SC al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto N° 3.074 a través del cual el Presidente de la República decreta el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional. De hecho, no examina los requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el  Ejecutivo Nacional para emitir esta decisión política.

La SC solo se limita referirse a algunas notas de prensa para determinar que los hechos invocados por el Presidente de la República justifican la medida del estado de excepción decretada. Es obvio que la sentencia de la SC, como todas las anteriores, busca ofrecer un revestimiento jurídico a una decisión arbitraria e inconstitucional del Ejecutivo para mantener aún en vigencia un régimen paralelo que está divorciado absolutamente del orden constitucional del Estado venezolano.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/203324-727-25917-2017-17-0953.HTML

¿Qué dice la sentencia n.° 725 del TSJ contra el alcalde de Valera, José Karcom Zogbe?


Alcalde-de-Valera

La sentencia n.° 725 del Tribunal Supremo de Justicia contra el alcalde del municipio Valera del estado Trujillo, José Karcom Zogbe, acuerda un amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, ordena a la autoridad municipal velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, y evitar que obstaculicen la vía pública e impidan el libre tránsito de las personas y vehículos; proceda a la inmediata remoción de residuos, escombros y de cualquier otro elemento que obstaculice la vialidad urbana; y despliegue acciones preventivas y de control del delito, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y a exponerse a sanciones. 

Los requisitos de admisibilidad de las tercerías


JUSTICIA-NOTA

Sala: de Casación Civil

Tipo De Recurso: Casación

TSJ/SCC Nº 537                 Fecha: 07-08-2017

Caso: Acción de tercería interpuesta por  FRANCHESCA MICHELLE MÉNDEZ RIVAS contra MARÍA LAURA RIVAS Y OTRO.

Decisión: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la tercera interviniente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 19 de diciembre de 2016. Como consecuencia de lo anterior, se ANULA la decisión recurrida y se REPONE la causa al estado que el tribunal de primera instancia que resulte competente para el conocimiento de la misma, admita la tercería propuesta sin incurrir en el vicio observado por esta Sala, y se proceda a la continuidad de las subsiguientes etapas procesales en el presente juicio.

Extracto:

De acuerdo a la jurisprudencia de la Sala antes transcrita, se tiene que de acuerdo al artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, los jueces al momento de analizar la demanda a los fines de su admisión sólo deben examinar si la misma es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna mención expresa de la ley, pues de no ser así, estarán obligados a admitirla y dejar que fueran las partes dentro del iter procesal quienes debatirán sobre los alegatos y defensas a que hubiera lugar.

De igual manera, se señala que en la acción de tercería propiamente dicha, la misma habrá de ser admitida como cualquier otra acción, independientemente de los recaudos que en su apoyo la hagan procedente, es decir, no se requiere que el título que sustenta la petición esté debidamente registrado, ya que no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda de tercería presentada.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica que al momento de admitir una acción de tercería, el juez sólo debe analizar si la misma es contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna mención expresa de la ley, y no hacer exigencias sobre el cumplimiento o no de formalidades no vinculadas a los supuestos ya mencionados.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/202136-RC.000537-7817-2017-17-140.HTML

¿Qué dice la sentencia n.° 686 del TSJ sobre la Ley de Emolumentos?


barralibre-nota

La sentencia n.° 686 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, que establecía los límites a las remuneraciones para este tipo de servidores públicos.

La legisladora del estado Carabobo, Neidy González introdujo ante el alto Tribunal un recurso de nulidad contra los artículos 4 y 17 de la citada normativa, que el TSJ declaró con lugar y aprovechó para anular todo el instrumento legal.

¿Inepta acumulación de pretensiones o nulidades por vía de consecuencia?


CNE-VIOLARA-SU-REGLAMENTO-NOTA2

Sala: Electoral

Tipo De Recurso: Nulidad

Nº Exp: 2017-0087      Nº Sent: 148      Fecha: 14-08-2017

Caso: El abogado SIMÓN GABAY CASTRO, quien actúa en su propio nombre y en su condición de elector inscrito en el Registro Electoral, interpuso “(…) RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR Y MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA SUBSIDIARIA, única y exclusivamente contra la Asamblea Nacional Constituyente y contra el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

Decisión: La Sala declaró INADMISIBLE el recurso contencioso electoral por inepta acumulación de pretensiones; INOFICIOSO el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar innominada, en virtud que la declaratoria de inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones no admite, ni aun preliminarmente, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo (periculum in mora).

Extracto:                           

“De todo lo expuesto, se evidencia claramente que el recurso interpuesto, se encuentra dirigido por una parte, a impugnar actuaciones del Poder Electoral, tales como las decisiones del Consejo Nacional Electoral de fecha 07 de junio de 2017, mediante la cual se establecieron las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente; y se convocó la celebración del proceso electoral, así como el acto de votación de fecha 30 de julio de 2017; y de otra se observa que las denuncias y alegatos realizados van dirigidos también a pretender la nulidad de la “…proclamación de los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, la instalación de ésta y todas y cada una de las decisiones que emanen de la misma…”.

De este modo, a los fines de conocer y decidir el presente recurso, es inexorable para esta Sala emitir pronunciamiento en cuanto a los actos que dicte la Asamblea Nacional Constituyente; y es así como el recurrente en su escrito, al referirse acerca de las decisiones dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, y los actos o actuaciones emanados del Consejo Nacional Electoral, obliga a la Sala a traer a colación consideraciones jurisprudenciales pertinentes en el presente caso.

Al respecto, la Sala Político Administrativa en Sentencia N° 647 del 6 de junio de 2017, con ponencia de la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, señaló:

“En este orden ideas, interesa destacar que el control judicial de los actos que son dictados en ejecución directa de la Constitución es ejercido por ante este Máximo Tribunal, pues precisamente se atiende al rango o jerarquía de los mismos. Así, concretamente el artículo 334 constitucional, establece que ‘…Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella’. (Subrayado del original).

Ante la falta de previsión legal de la acumulación, en la Ley especial de la materia, Asimismo el artículo 25 numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente:

‘Artículo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…)

  1. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta’…” (Resaltados del original).

Ahora bien, resulta necesario destacar que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio del poder constituyente originario, es el órgano supremo encargado de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, por lo tanto, sus actos o decisiones serán dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

En ese sentido, de la revisión del petitorio del escrito recursivo, no existe duda para esta Sala Electoral que se pretende conseguir a través de un solo recurso la nulidad de actuaciones de dos órganos distintos, como son el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se indica que dicho recurso fue interpuesto “…única y exclusivamente contra la Asamblea Nacional Constituyente y contra el Consejo Nacional Electoral (CNE)…”, así como de la lectura de todo el fundamento del escrito recursivo. De allí, que en atención a las normas y a la citada Doctrina resulta obvio que no pueden acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones diferentes, en este caso específico, a la Sala Constitucional y a la Sala Electoral.

 

Lo anterior se fundamenta en el Artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “…no podrán acumularse en el mismo libelo, pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí. Ni las que por razón de la materia no corresponda al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí”. (Subrayado propio).

A este respecto, la Sala Constitucional se pronunció en Sentencia N° 684 del 9 de julio de 2010, con ponencia de Francisco Antonio Carrasquero López, señalando lo siguiente:

“…el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles.

Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación” (subrayado del original).

Considerando lo anterior, y en apreciación directa de la Sala a las normas relativas al procedimiento contencioso electoral, previstas en el Capítulo V de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se indica que el recurso debe contener “una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la infracción que se alegue y de los vicios que haya incurrido el supuesto o supuesta agraviante”, así mismo, se dispone que el incumplimiento de este requisito “provocará la inadmisión de la demanda” (vid. Artículos 180 y 181).

Asimismo, el Artículo 133 eiusdem inserto en Título XI de las “Disposiciones Transitorias” aplicable en los procesos que cursan ante la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, prevé determinadas causales de inadmisión cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles (resaltado propio).

…OMISSIS…

En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala declara Inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto, por inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo establecido en los Artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los Artículos 133.1 eiusdem, y 78 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión expresa del Artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. Finalmente, con relación a la solicitudes cautelares señala esta Sala que la anterior declaratoria de inepta acumulación de pretensiones, no admite, ni aún preliminarmente, la presunción de buen derecho (fumus boni iuris), o en su defecto, el mencionado requisito en concurrencia con la presunción de riesgo manifiesto por inejecución del fallo (periculum in mora), por lo tanto, resulta inoficioso el pronunciamiento sobre el amparo cautelar y subsidiariamente la medida cautelar innominada de suspensión de efectos. Así se decide.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala califica como una inepta acumulación de pretensiones y por ende inadmisible el recurso contencioso electoral interpuesto contra los actos del CNE dirigidos a la elección de la ANC, la elección misma y sus consecuencias. No obstante, obvia la Sala en su análisis que la nulidad de los actos de instalación y siguientes de la Asamblea Nacional Constituyentes es señalada por el actor como una consecuencia de la nulidad de los actos anteriores del CNE cuya nulidad efectiva y expresamente se ha solicitado; con lo cual, queda descartado que el recurrente tenga pretensiones que se excluyan entre sí o que se tramiten por procedimientos incompatibles.

Fuente:  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/agosto/202971-148-14817-2017-2017-000087.HTML

Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción vs. Juez Provisorio o Temporal


juez-nota

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Recurso de Nulidad

TSJ/SPA Nº 1007

Fecha: 09/08/2017

Caso: Carmen Coralina Parejo interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo en el que incurrió la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, al no dar respuesta al recurso de reconsideración interpuesto contra los actos administrativos contenidos en los oficios Nros. CJ-14-2262 y CJ-14-2619 ambos de fecha 30.07.2014.

Decisión: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa formulada por la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, actuando con el carácter de Fiscal del Ministerio Público; 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de nulidad ejercida por la abogada Carmen Coralina Parejo contra la “denegatoria por silencio administrativo ante la interposición del Recurso de Reconsideración” ejercido contra los oficios “CJ-14-2262 y CJ-14-2619 de fecha 30 de julio de 2014” emanados de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; 3.- FIRMES los actos administrativos impugnados; 4.- Se ORDENA el pago de la diferencia de salarios, beneficios y demás asignaciones laborales percibidos por la demandante desde el 30 de julio de 2014 hasta el 24 de octubre de 2015, conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 420 la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Extracto:

(…) Ahora bien, también esta Sala ha indicado que toda sanción disciplinaria debe necesariamente estar antecedida por el procedimiento administrativo correspondiente, sea que se trate de un funcionario o de una funcionaria de carrera o de un funcionario o de una funcionaria de libre nombramiento y remoción.

Por el contrario, en los casos de remoción de un Juez o de una Jueza cuyo nombramiento ha sido de forma provisional o temporal, el acto administrativo que determina su separación del cargo no tiene que estar sujeto necesariamente a un procedimiento. Justamente, la garantía de estabilidad del Juez o de la Jueza y, por ende, el derecho a ser sometido o sometida al procedimiento correspondiente, se alcanzan con el concurso de oposición consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como una exigencia sine qua non para acceder al cargo de Juez o Jueza con carácter de titular o Juez o Jueza de carrera; estabilidad esta que no poseen los Jueces Provisorios ni Temporales así como tampoco las Juezas Provisorias ni Temporales. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional número 2.414 del 20 de diciembre del 2007 y sentencias de esta Sala números 00224 y 00321 de fechas 18 de febrero de 2009 y 4 de marzo de 2009, respectivamente).

(…) OMISSIS (…)

Determinado lo anterior resulta necesario traer a colación, el criterio sostenido por la Sala Constitucional en función del cual la potestad que tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a los Jueces designados y a las Juezas designadas con carácter provisional, es de carácter discrecional. En efecto, la aludida Sala en sentencia número 2.414 del 20 de diciembre de 2007, señaló que los Jueces Provisorios y las Juezas Provisorias carecen de estabilidad en los respectivos cargos y, por consiguiente, sus designaciones pueden ser revisadas y dejadas sin efecto en cualquier oportunidad, sin la exigencia de someterlos o someterlas a un procedimiento administrativo previo, ni la obligación de motivar las razones específicas y legales que dieron lugar a la remoción (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica una vez más su criterio adoptado en el año 2005, acerca de la ausencia de estabilidad de los jueces Provisorios y/o temporales, a pesar de que ellos, como cualquier funcionario tiene derecho a un debido proceso y a la estabilidad en el ejercicio de sus potestades. No el mismo que un juez provisorio no goce de la misma estabilidad que un juez titular a que no goce de estabilidad alguna.Ccabe resaltar el hecho de que a pesar de que se afirma en la sentencia que los funcionarios administrativos de libre nombramiento y remoción tienen derecho a ser removidos a través de un acto debidamente motivado (tal y como lo exige la LOPA para cualquier acto administrativo); no obstante este derecho se les niega a los jueces provisorios y/o temporales, al concluir la Sala que pueden ser separados de sus cargos sin que medie motivación específica alguna acerca de las razones que provocaron la decisión y sin que se lleve a cabo procedimiento alguno.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202350-01007-9817-2017-2014-1492.HTML

Nulidad del Reglamento de Visado de Estados Financieros y otras actuaciones del Contador Público por violar la reserva legal


JUSTICIA-NOTA

Sala: Político-Administrativa

Tipo De Recurso: Apelación

TSJ/SPA N° 989      Fecha: 09/08/2017

Caso: Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela) apela sentencia de fecha 22.05.2003, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar por los ciudadanos Laura Álvarez Yépez, Juan Carlos Arends y otros contra el Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público, aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la mencionada Federación celebrada entre los días 10 y 12.02.2000.

Decisión: La Sala declara -SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DE VENEZUELA (hoy Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela); -ORDENA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial.

Extracto:

“Observa esta Máxima Instancia que el visado debe ser el reconocimiento, por parte del Colegio respectivo del cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo referente a la forma y presentación de los informes y dictámenes.

No obstante, se infiere que la revisión que dispone el artículo 1 del Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público -en cuanto al visado- está referida esencialmente al pago efectivo de los aportes previstos en su artículo 4. Por lo tanto, en este caso, el Visado equivale a contribución.

Respecto a la posibilidad de establecer elementos del tributo mediante normas de rango sublegal, exponen los abogados apelantes que, por cuanto le corresponde al Poder Ejecutivo la atribución de reglamentar las leyes -y la potestad tributaria es inherente a la función administrativa-, esta facultad también la poseen algunos órganos administrativos y por tanto, el Reglamento anulado en el fallo impugnado no vulneró los derechos constitucionales denunciados por la parte accionante.

(…) OMISSIS (…)

De lo anterior resulta evidente que la creación de gravámenes es materia de reserva legal y en consecuencia, solamente le está dada a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, la atribución de fijar mediante reglamento las cuotas ordinarias “que deben pagar a sus respectivos cuerpos los inscritos y asociados a los Colegios de Contadores Públicos y Delegaciones”, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, en concordancia con el artículo 42 de su Reglamento.

(…) OMISSIS (…)

Concluye la Sala que el cobro del “aporte de visado” de las certificaciones y dictámenes preparados por los profesionales de la Contaduría Pública -no previsto en la Ley- constituye una contribución especial impuesta por vía reglamentaria, por ende resulta violatorio de lo establecido en los artículos 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 del Código Orgánico Tributario al crearse -por esta vía- contribuciones parafiscales; por tanto, lo que correspondía era declarar la vulneración del principio constitucional de reserva legal en materia tributaria y en consecuencia su nulidad, tal como se desprende del texto de la sentencia impugnada, razón por la cual se desestima este alegato. Así se decide.

Aunado a lo anterior, a criterio de esta Sala resulta importante destacar que, aun cuando la Ley especial permita reglamentar la revisión de las actuaciones de los Contadores Públicos para el cumplimiento de las normativas dictadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela -referentes al cumplimiento de los requisitos previstos para dar fe sobre la identidad del profesional y su “Registro Gremial”, así como lo relativo a la forma y presentación de los informes y dictámenes-, el cobro de cantidades de dinero por la implementación del visado, como mecanismo de protección para el ejercicio de la actividad profesional de la contaduría y de los usuarios de tales servicios, establecido por vía reglamentaria, constituye un tributo inconstitucional e ilegal y un requisito contra lege para el ejercicio de dicha profesión.

(…) OMISSIS (…)

Aunado a ello, como también quedó establecido en la presente decisión, no deben los colegios profesionales, en este caso la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, condicionar el ejercicio de la Profesión al pago de las cuotas de mantenimiento de las actividades gremiales, pues ello constituye una limitación ilegal al ejercicio profesional del contador público y una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación prevista en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones anteriormente expuestas esta Sala extiende los efectos de la sentencia apelada, al reglamento aprobado en la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela celebrada el 11 de junio de 2016 y, en consecuencia, declara también la nulidad del mencionado Reglamento y de cualquier otro que haya dictado la aludida Federación, de cuyo contenido se advierta la reedición del texto normativo anulado por la sentencia impugnada y que mediante este fallo se confirma. Así se declara.

Por cuanto el contenido del presente fallo es de interés general y declara la nulidad de normas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Gaceta Judicial. Así se determina (…)

Comentario de Acceso a la Justicia: El alegato tanto de la Corte Primera como de la SPA para confirmar la decisión de aquella, es que el Colegio de Contadores Públicos violó la reserva legal, al crear un tributo mediante un Reglamento, estableciendo que la cuota que deben cancelar los Contadores Públicos por concepto de visado por sus actuaciones profesionales, es una contribución especial y por ende materia de reserva legal. Este argumento resulta frágil por cuanto la propia Ley del Ejercicio del Contador Público (artículo 20) otorga la facultad para establecer o fijar cuotas a sus miembros inscritos, pero al mismo tiempo no señala que el incumplimiento de tales contribuciones sea causal de inhabilitación para el ejercicio profesional, por lo cual la violación del principio de reserva legal en materia de sanciones estaría en este argumento y no en el utilizado por la Sala.

Palabras Clave: REGLAMENTO, RESERVA LEGAL, NULIDAD 

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/202368-00989-9817-2017-2016-0345.HTML