Autorización del TSJ por encima de la AN al Ejecutivo para crear empresas mixtas


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SALA CONSTITUCIONAL

Recurso de interpretación

TSJ/SC Nº 156  Fecha: 29-03-2017

Caso: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. (CVP)

Decisión: La Sala se fundamenta en la presunta situación de desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional, para relevar al Ejecutivo Nacional del cumplimiento del requisito de aprobación previa de la creación y constitución de empresas mixtas, por parte de la Asamblea Nacional. Según la sentencia, será la propia Sala la que ejercerá el control de la constitución de tales empresas, imponiendo al Ejecutivo la obligación de notificarla de dicha creación. Ello con fundamento en los siguientes argumentos:

 

“En tal sentido, la consecuencia lógica de los diversos y multifactoriales desacatos desplegados por un sector que dirige la Asamblea Nacional, desde la teoría jurídica de las nulidades, es generar la nulidad absoluta y carencia de cualquier tipo de validez y eficacia jurídica de las actuaciones que ha venido realizando. Así se declara.  

Tal aserto debe ser necesariamente así, como consecuencia de una aplicación lógica del derecho y del debido respeto y acatamiento a las decisiones proferidas por los órganos jurisdiccionales de la República, ya que lo contrario implicaría una violación a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al propio Estado Constitucional de Derecho, comportando un desprecio a la majestad de la justicia y de la ley, pudiendo generar diversos tipos de responsabilidad jurídica, política, ética y social en general.  

Así, la tutela judicial efectiva reconocida de manera expresa en el artículo 26 constitucional,  implica uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sustenta la noción de Estado de Derecho, ya que el mismo tiene por finalidad última hacer prevalecer el orden jurídico y en definitiva el respeto al imperio del derecho y de la ley, lo cual se logra asegurando la preservación del conjunto de derechos legítimos que el ordenamiento jurídico establece y que conforman la esfera plurisubjetiva de todo ciudadano y de las sociedades como conglomerado social; otorgando a los mismos la certeza de que tales derechos serán debidamente asegurados y resguardados, a los efectos de lograr su efectiva vigencia, comportando por ello un compromiso por parte del Estado, visto desde la perspectiva de su función jurisdiccional, en el que se proveerá a sus derechos la seguridad de ser efectivamente materializados y de mantener su intangibilidad y absoluto resguardo, en los términos constitucional y legalmente establecidos. Es por esta razón que el precepto constitucional previsto en el artículo 26, indica que los mismos serán efectivamente tutelados por los órganos jurisdiccionales cuando pretendan ser vulnerados y se acuda ante ellos, exigiendo la debida tutela que detentan, para de esta manera hacer prelar la noción de justicia, que constituye el fin último de todo proceso judicial y la esencia misma de nuestro Estado.   

(…OMISSIS…)

Por ende, el verdadero significado del derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra nuestro texto constitucional, apareja la necesidad de que los mismos sean eficaces en la realidad, que sus efectos sean en verdad materializados en el plano fáctico, para poder alcanzar la verdadera justicia que la Constitución consagra; razón por la que el verdadero telos  de  la función jurisdiccional se consuma precisamente en el momento en el que el fallo es llevado a la realidad,  haciendo efectivos  los derechos que mediante la decisión judicial son tutelados, para de esta forma preservar el Estado de Derecho y de Justicia que vincula la existencia de la República.   

(…OMISSIS…)

Resulta claro de lo expuesto, que siendo la ejecutoriedad de la sentencia una manifestación cardinal del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo acto que pretenda impedir o menoscabar la materialización de ese derecho a la ejecutoriedad y ejecución de una decisión judicial, se convierte abiertamente en una violación del prenombrado derecho a la tutela judicial efectiva.  

(…OMISSIS…)

Conforme a lo antes expuesto, tal situación de desacato “incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión”,

(…OMISSIS…) 

Ahora bien, constituye un hecho público, notorio y comunicacional que el 5 de enero de 2017, la Asamblea Nacional inició su Segundo periodo de sesiones en un acto iniciado e impulsado por la Junta Directiva saliente, que la dirigió durante el año 2016, y se realizó en el seno de ese órgano legislativo en desacato frente al Poder Judicial (vid supra), la elección y juramentación de su Junta Directiva para el periodo en curso, circunstancia que, por ende, implica un vicio de nulidad absoluta que afecta la validez constitucional de ese y de los actos subsiguientes, así como también la legitimidad y eficacia jurídica de la juramentación y demás actos de la referida junta directiva –incluyendo la presidencia de la Asamblea Nacional- (sin mencionar las probables vulneraciones al Reglamento Interior y de Debates de la propia Asamblea Nacional).

(…OMISSIS…)

En tal sentido, se observa que Asamblea Nacional reconoció nuevamente su situación de desacato y de grave violación al orden constitucional, derivada, en esta oportunidad, de la reiterada e ilegítima incorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana como Diputados de dicha Asamblea Nacional, al realizar una nueva “desincorporación” de los mismos (esta vez de forma intempestiva y violando el propio Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y la sentencia 269/2016, además de hacerlo en una sesión deliberadamente inválida por estar dirigida por una junta directiva electa y juramentada en desacato –a diferencia de la junta directiva que dirigió el acto de desincorporación realizado el 13 de enero de 2016, que no fue electa bajo tal circunstancia –(…) con lo que nuevamente reconocen de forma voluntaria la nulidad de todas sus actuaciones desplegadas en desacato,

(…OMISSIS…)

Como puede apreciarse, la situación de desacato por parte de la Asamblea Nacional se ha mantenido y se mantiene de forma ininterrumpida, razón que determina la actual omisión parlamentaria inconstitucional, entre otros, respecto de los actos de designación y juramentación de la actual Junta Directiva, así como de los actos subsiguientes desplegados por la misma, incluyendo las convocatorias a las sesiones posteriores y a las actuaciones desplegadas en las mismas y a los actos parlamentarios generados en ellas” 

(…OMISSIS…) 

(…)esta Sala ha advertido diversos desacatos en los que ha venido incurriendo de forma reiterada la Asamblea Nacional, sobre la base de la conducta contumaz de la mayoría de sus miembros, lo que vicia de nulidad absoluta sus actuaciones y, por ende, genera una situación al margen del Estado de Derecho que le impide ejercer sus atribuciones; circunstancia que coloca a la Asamblea Nacional en situación de Omisión Inconstitucional parlamentaria (art. 336.7 del Texto Fundamental), que esta Sala declara en este mismo acto.

 (…OMISSIS…)

Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo.

Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones. 

 Aunado a ello, se advierte que, sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017).

 Finalmente, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.”

 Comentario de Acceso a la Justicia: Con esta decisión, la Sala modifica el contenido del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el cual exige expresamente la aprobación previa por parte de la Asamblea para la creación de empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin dar mayor explicación para ello, salvo que la Asamblea al encontrarse en desacato se encuentra impedida de ejercer sus funciones, entre ellas, dar su aprobación de conformidad con la Ley, por lo que la Sala o el órgano que ella indique, ejercerá sus funciones en su lugar. Otros aspectos de esta sentencia se pueden consultar aquí.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML

TSJ anula acuerdo de la AN sobre reactivación Carta Democrática Interamericana y ordena cambio de legislación penal


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SALA CONSTITUCIONAL

Recurso de Nulidad

TSJ/SC Nº 155  Fecha: 28-03-2017

Caso: Héctor Rodríguez Castro VS. Acuerdo AN

Decisión: La Sala anula el Acuerdo de la AN, ordena la apertura de un nuevo proceso y decreta unas medidas cautelares innominadas dirigidas al Ejecutivo Nacional. Ello con fundamento en los siguientes argumentos:

Como antes se señaló, al declarar el asunto como de mero derecho, la presente causa no requiere de material probatorio para su resolución toda vez que de los hechos narrados, así como de los propios fallos de esta Sala que abiertamente ha incumplido la Asamblea Nacional (entre otras, las sentencias N° 3 del 14 de enero de 2016; N° 615 del 19 de julio de 2016 y N° 810 del 21 del septiembre de 2016) se evidencia que efectivamente existe una clara intención de mantenerse en franco choque con la Constitución, sus principios y valores superiores, así como en desacato permanente de las sentencias dictadas por la Sala Electoral y por esta Sala Constitucional, al punto de que su incumplimiento ya no sólo responde a una actitud omisiva sino que en acto de manifiesta agresión al pueblo como representante directo de la soberanía nacional, existe una conducta que desconoce gravemente los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial, los cuales constituyen actos de “Traición a la Patria”, como lo ha referido el recurrente.  

(…OMISSIS…) 

Por ello, la Sala Constitucional en resguardo de las disposiciones, principios y garantías constitucionales, está obligada a dar solución a la obstaculización que enfrenta la efectiva aplicación de los mismos; bien, si ello se produce con ocasión de una acción o de una omisión de un órgano del Poder Público  -como lo es la Asamblea Nacional, que tiene entre otras la función de legislar-, aplicando el remedio judicial que el Constituyente diseñó para hacer frente a una situación de inconstitucionalidad, que afecta no sólo la esfera individual de los legisladores que no se encuentran en esa situación omisiva, sino que por la función que les ha sido encomendada, afectan al colectivo, en este caso, al pueblo que es en quien reside –como antes se apuntó-  la soberanía nacional.

Es así como esta Sala Constitucional considera que el agraviado directo en esta acción es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene la expectativa plausible y la confianza legítima en sus autoridades elegidas mediante la democracia como sistema de gobierno, de que los valores superiores consagrados en la Carta Magna y los principios constitucionales sean efectivamente garantizados, impidiendo toda actuación que busque una injerencia de autoridad extranjera sea cual fuese su naturaleza; ello porque constituye una ofensa grave a la norma suprema del Estado Venezolano, la cual debe ser cumplida a cabalidad por todos los órganos del Poder Público, y esta Sala en ejercicio de la jurisdicción constitucional, está llamada a evitar se produzcan ilícitos constitucionales que atenten contra la independencia y soberanía nacional y conlleven a la ruptura del orden y del hilo constitucional base del Estado  Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que el pueblo de Venezuela se ha dado mediante votación universal.

En este sentido, es preciso acotar que esta Sala Constitucional en respeto a los principios de independencia, soberanía, legalidad, seguridad jurídica y orden público constitucional, como garante de los derechos y garantías previstos en el Texto Fundamental, debe anular el acto impugnado que adolece del vicio de inconstitucionalidad antes examinado y, asimismo, ordenar se tomen medidas de alcance normativo erga omnes, a fin de propender a la estabilidad de la institucionalidad republicana. Así se decide.

 (…OMISSIS…) 

De tal manera que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, es notoriamente comunicacional que luego de dictado el acto declarado nulo en esta sentencia, han venido ocurriendo otras acciones e, incluso, omisiones, que también pudieran atentar de forma especialmente grave contra el sistema de valores, principios y normas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y, en fin, contra la estabilidad de la República, de la Región y de la más elemental noción de justicia universal, razón por la que, conforme a lo dispuesto en los artículo 7, 137, 253, 266, 322, 326, 333, 334, 335, 336 y 350 del Texto Fundamental, en armonía con sus artículos 337 y siguientes, en razón del Estado de Excepción vigente en la República (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017); esta Sala Constitucional, en tanto máxima y última intérprete del Texto Fundamental, ordena de oficio la apertura de un proceso de control innominado de la constitucionalidad (cuyo expediente se iniciará con copia certificada de la presente decisión), para garantizar los derechos irrenunciables de la Nación y de las venezolanas y venezolanos, los fines del Estado y la tutela de la justicia, la independencia y soberanía nacional (ver, entre otros, los artículos, 1, 2, 3 y 5 eiusdem), el cual se seguirá conforme a lo previsto en los artículos 128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la jurisprudencia de esta Sala. Así se decide.

(…OMISSIS…)

En tal sentido, ante las inéditas acciones que afectan la paz y soberanía nacional y ante el reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional que ha venido ejecutando el actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), lesivo a los principios generales del derecho internacional y a la propia Carta de la Organización de Estados Americanos (A-41), referidos a la autodeterminación, independencia y soberanía de los pueblos, entre otros (ver sentencias de esta Sala n.° 1939 del 18 de diciembre de 2008, 1652 del 20 de noviembre de 2013 y 3342 del 19 de diciembre de 2002), se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que, en atención a lo dispuesto en el artículo 236.4, en armonía con lo previsto en los artículos 337 y siguientes eiusdem (ver sentencia n.° 113 del 20 de marzo de 2017), entre otros, proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente.

Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes) (ver sentencia de esta Sala Constitucional n.° 612 del 15 de julio de 2016 y de la Sala Plena nros. 58 del 9 de noviembre de 2010 y 7 del 5 de abril de 2011, entre otras).

            Igualmente, se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han defendido la posición de la República Bolivariana de Venezuela, así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra Patria, por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas. Y así garantizar, conforme a nuestra tradición histórica, los derechos humanos sociales inherentes a toda la población, en especial, de los pueblos oprimidos. Así decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En primer lugar, la Sala declara la nulidad de un Acuerdo dictado por la Asamblea, con fundamento en que la misma está empeñada en mantenerse en desacato a las decisiones del TSJ, y que, al dirigirse a instancias internacionales para pedir la activación de Carta Democrática Interamericana en contra de Venezuela, se está incurriendo en un acto de agresión en contra de la soberanía (representada en este caso por el Gobierno Nacional) y en consecuencia, en el delito de Traición a la Patria (representada igualmente por el Gobierno Nacional)

En segundo lugar, y sin que fuera solicitado por el recurrente, se decidió iniciar un “proceso de control innominado de la Constitución” (el cual no existe en nuestro ordenamiento jurídico) aplicando el procedimiento provisorio previsto en la Ley del TSJ, sin indicar cuál o cuáles son las actuaciones llamadas a “controlarse” con dicho proceso.

En tercer lugar, dentro de este nuevo proceso, se dictan medidas cautelares no solicitadas, mediante las cuales el TSJ ordena al Ejecutivo intentar acciones internacionales para evitar el estado de conmoción y revisar la legislación adjetiva y sustantiva vigente. En el marco de esa orden, se hace la salvedad de que al estar en desacato la AN, los diputados de la MUD ya no se encuentran amparados por la inmunidad parlamentaria, porque no estarían en ejercicio de sus funciones constitucionales, por ser su ejercicio inconstitucional al estar en desacato.

Finalmente, se ordena al Ejecutivo que en el marco de un estado de excepción, para evitar una conmoción, tome “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes; y revise “excepcionalmente” (nos imaginamos por el estado de excepción declarado por el TSJ) la legislación sustantiva y adjetiva “incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar”.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML 

 

Legitimación para intentar acciones de protección de derechos colectivos o intereses difusos


JUSTICIA-NOTA

SALA CONSTITUCIONAL

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS O INTERESES DIFUSOS

TSJ/SC Nº 153      Fecha: 24-03-2017

Caso: Braulio Jatar Alonso, Henry Jaspe Garcés, Antonio González Abad y Luis Andrés Tarbay, ejercieron demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, contra del ciudadano Gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos José Mata Figueroa, por las presuntas amenazas de violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y a la participación popular en referendos revocatorios previstos en los artículos 21, 57 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Decisión: Se declara INADMISIBLE la presente acción de protección de los derechos e intereses colectivos.

Extracto:

“Determinada la competencia, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión incoada, por lo que, en atención al criterio jurisprudencial  reiterado de esta Sala, corresponde pronunciarse sobre la legitimidad de los accionantes, que intentaron la acción incoada en defensa de los denominados derechos colectivos.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación ad causam para interponer pretensiones o demandas de intereses colectivos o difusos de sujetos, entes, asociaciones u organismos públicos o privados, o la representación de las demás personas afectadas ante situaciones lesivas o amenazas de agravio de intereses que transcienden a los personales, los peticionarios debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación a sus derechos o situación jurídica de su esfera particular, tal como lo ha señalado esta Sala en sentencia N.° 612 del 15 de julio de 2016:

“(…) se colige que, en cuanto a la legitimación y representación de particulares para la proposición de pretensiones de tutela de intereses colectivos o difusos, el peticionario debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación directa a sus derechos o situación jurídica subjetiva, es decir, que el acto, hecho u omisión que materializa la circunstancia fáctica, genere, además de lesión sobre los derechos o intereses suprapersonales, una alteración directa y negativa en la situación jurídica del peticionario, quien debe proponer, en primer orden, la pretensión en defensa de sus derechos, con la invocación y finalidad de solución colectiva a quienes se encuentren en similar situación, para lo cual debe acreditar el grado de representación que se atribuye, pues una de las particularidades de la afectación de intereses suprapersonales es que la decisión necesariamente debe resolver la situación gravosa para toda la pluralidad subjetiva afectada, debido a que en estos casos es imposible la individualización o solución exclusiva de la situación jurídica del peticionario sin consecuencias jurídicas para el resto, dada la indivisibilidad del derecho o interés lesionado”.

En este sentido, en el presente caso los accionantes no señalaron fundamentación alguna de legitimación o representación de la pretensión incoada de la tutela de los intereses difusos o colectivos. En este sentido, en sus alegaciones los peticionarios no demostraron la situación jurídica que le hubiese sido afectada en su esfera particular que debe ser invocada en primer término con miras a la resolución del conflicto de los derechos e intereses de quienes se encuentren en la misma situación, y a su vez, ello permita la representación de la pluralidad subjetiva afectada por la situación delatada como lesiva de los derechos e intereses de la colectividad a quien dicen representar.

Además, no demuestran qué afectación puedan tener con las supuestas limitaciones al acceso a las misiones o de las presuntas situaciones de discriminación desplegadas en el estado Nueva Esparta a las personas que participaron en el proceso revocatorio, lo cual denota falta de representación y legitimación para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales del colectivo del cual se arrogaron su representación  los ciudadanos Braulio Jatar Alonso, Henry Jaspe Garcés y Luis Andrés Tarbay, en el presente caso ante una pretensión que en términos fácticos no demuestran que les lesionen o que los actos lesivos afectan su situación jurídica subjetiva.

Comentario de Acceso a la Justicia: Los accionantes, en este caso, alegaban el hecho notorio y comunicacional en que el gobernador del estado Nueva Esparta Carlos José Mata Figueroa en su programa radial y televisivo “Triunfando con el Gobernador”, intimidó públicamente a todos los habitantes de la entidad que hubiesen solicitado la activación del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República, “…de limitarles el acceso a la Misión Vivienda o la Misión Transporte, así como despedir de sus trabajos a los funcionarios públicos a través de una lista que tendría a su disposición para ejecutar actos que a criterio de los accionantes tienen carácter de apartheid político, por el solo hecho de haber firmado la activación del referido proceso constitucional”, y por ende, demandaron la violación de los derechos a la igualdad, a la libertad de expresión y a la participación popular en referendos revocatorios.

Sin embargo, la SC determinó la inadmisibilidad de la demanda por la falta en que incurrieron los accionantes de no demostrar en qué les afectaban las supuestas limitaciones al acceso a las misiones o de las presuntas situaciones de discriminación desplegadas en el estado Nueva Esparta a las personas que participaron en el proceso revocatorio…” lo que “…denota falta de representación y legitimación para actuar en nombre de unos intereses colectivos, difusos o suprapersonales del colectivo…” .

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197251-153-24317-2017-16-0548.HTML 

¿Recurso de Reconsideración de una Sentencia?


MONITOREO1

SALA CONSTITUCIONAL

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

TSJ/SC Nº 131   Fecha: 23-03-2017

Caso: Douglas José Monasterios Tortoza solicita a la Sala Constitucional la reconsideración de una sentencia

Decisión: Se declara improponible en derecho el recurso de reconsideración interpuesto

Extracto:

“El solicitante planteó a esta Sala lo que calificó como “recurso de reconsideración” de la decisión N° 958 dictada el 15 de junio de 2011 por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, declaró “(…) NO HA LUGAR la revisión constitucional (…) de la sentencia dictada el 2 de agosto de 2010, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra el fallo dictado el 14 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y confirmó la declaratoria sin lugar del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el prenombrado ciudadano contra el Ministerio de Educación y Deportes, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación (…)”, ello con ocasión a la Resolución N° 261 del 29 de diciembre de 2006, mediante la cual se le destituyó del cargo de Docente IV Coordinador de Seccional adscrito a la E.B.N. “Evelia Avilán de Primentel”, por considerarlo incurso en la causal establecida en los artículos 118.5 de la Ley Orgánica de Educación, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.635 Extraordinario del 28 de julio de 1980, aplicable ratione temporis, en concordancia con el artículo 150.5 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, relativo a observar conducta contraria la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres o a los principios que informan nuestra Constitución y las demás leyes de la República.

Al respecto, se observa que lo pretendido por el solicitante es que este Máximo Tribunal se pronuncie nuevamente sobre el fondo del asunto ya decidido mediante sentencia N° 958 dictada el 15 de junio de 2011 por esta Sala, razón por la cual dicho pedimento excede de las facultades de esta Sala Constitucional, ya que después de pronunciada la decisión en cuestión carece este órgano jurisdiccional de una nueva facultad decisoria, salvo que se trate de la aclaratoria o ampliación del fallo, lo cual no tiene por finalidad un nuevo pronunciamiento de la causa, sino como reiteradamente lo ha expuesto esta Sala, en sentencia N° 1.068 del 8 de mayo de 2003, tiene por propósito “(…) principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquel contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que el pronunciamiento del juez (…)” no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es sencillamente, un mecanismo que permite determinar la voluntad del órgano decisor, a fin de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia.

En este orden de ideas, debe esta Sala Constitucional advertir que, según pacífica y reiterada jurisprudencia al respecto, se ha establecido que la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada se traduce en tres (3) aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se han agotado todos los recursos de ley, inclusive, el de invalidación (non bis in idem) -a ello se refiere el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión que hace el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia-; b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por cuanto no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema, no pudiendo ningún otro juez modificar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; y c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena, esto es, la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales, se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso (cfr. sentencias Nos. 233 del 11 de marzo de 2005, 1385 del 28 de junio de 2005 y 570 del 2 de junio de 2014).

En este sentido, las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el artículo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, de allí que la Sala, luego de haber sido dictada sentencia definitiva, carece de potestad alguna para conocer nuevamente de sus propias decisiones, aunado al hecho que, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,  contra sus decisiones no se admite medio de impugnación alguno, por tanto, la sentencia cuya reconsideración se pretende resulta, a todas luces, inimpugnable. (cfr. sentencias Nos. 93 del 20 de febrero de 2008 y 1560 del 20 de octubre de 2011).

Además, la Sala le recuerda al recurrente que este órgano judicial tampoco puede pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, pues ha perdido jurisdicción para efectuar un nuevo examen del asunto (vid. sentencia N° 681 dictada el 2 de junio de 2009).

En razón de las consideraciones expuestas, la solicitud planteada resulta improponible en derecho (cfr. sentencias Nos. 1497/2005, 684/2007 y 1560/2011). Así se declara.

Finalmente, esta Sala no puede dejar de advertir que no le está dado a los operadores de Justicia conocer recursos inexistentes en vía jurisdiccional, es decir, carentes de la posibilidad jurídica de ser tutelados por el ordenamiento jurídico por así derivarse de los supuestos fácticos explanados en la petición realizada, pues la garantía del derecho a la tutela judicial comporta el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, conozcan el mérito de las pretensiones propuestas a fin de dictar una decisión fundada en derecho que determine el contenido y extensión del derecho deducido. Por lo tanto, se apercibe al mencionado ciudadano Douglas José Monasterio Tortoza a que en lo sucesivo se abstenga de dirigir peticiones ante este órgano jurisdiccional para el conocimiento de planteamientos improponibles en derecho, toda vez que ello recarga de manera innecesaria las funciones de este Alto Tribunal.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala fundamenta su decisión en el carácter de cosa juzgada formal que adquieren todas las decisiones emanadas de ella, lo que la incapacita para pronunciarse nuevamente sobre el fondo del asunto; quedando a salvo lo relativo a las aclaratorias, correcciones o ampliaciones.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197114-131-23317-2017-10-1100.HTML

Resolución de amparo in limine litis


JUSTICIA-NOTA

SALA CONSTITUCIONAL

ACCIÓN DE AMPARO

TSJ/SC Nº 129    Fecha: 23-03-2017

Caso: Acción de amparo constitucional interpuesta por Fidel Ángel Terán Sandoval 

Decisión: La Sala, se declara competente para conocer, admite la acción de amparo, declara el asunto como de mero derecho y decide el fondo del asunto declarando la acción de amparo con lugar

Extracto:

“Precisada la admisibilidad de la pretensión de amparo interpuesta, pasa esta Sala Constitucional a resolver el fondo de la presente controversia y, al respecto, observa que en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por esta máxima instancia constitucional para aplicar la institución de procedencia in limite litis de la demanda de amparo.

En efecto, esta Sala en decisión N° 993 del 16 de julio de 2013, ratificada en el fallo N° 1212 del 26 de octubre de 2015, estableció que la exigencia de la celebración de la audiencia oral fenece cuando el hecho controvertido en el amparo es un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo; que ello ocurre cuando lo alegado y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Atendiendo al criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala considera que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, como lo es determinar si menoscaba o no los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva del ciudadano Fidel Ángel Terán Sandoval, el fallo dictado el 2 de marzo de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que declaró “(…) SIN LUGAR el recurso de hecho (…)” ejercido contra la decisión proferida el 15 de febrero de 2016 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que negó por extemporáneo el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Fidel Ángel Terán Sandoval contra la sentencia definitiva proferida el 7 de enero de 2016, que declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad de venta interpuesta por el ciudadano William Alfredo Terán Sandoval contra el hoy accionante.

Por lo tanto, no resulta necesario entonces, a los fines de la resolución del fondo de la controversia, la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, ya que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente constituyen elementos suficientes para emitir pronunciamiento, y de efectuarse la audiencia oral no se aportarían datos nuevos que modifiquen el objeto controvertido. Así se declara.

Declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, la Sala procede a resolver el mérito de la causa y, a tal efecto, considera necesario hacer una breve reseña de las actuaciones que precedieron a la interposición de esta acción de amparo para una mejor comprensión del asunto.”

Comentario de Acceso a la Justicia: Se reitera el criterio según el cual se puede decidir una acción de amparo de manera definitiva al mismo momento de la admisión, si así lo considera la Sala, sin siquiera escuchar al presunto agraviante de la acción de amparo; con lo cual definitivamente se le estaría violando el derecho a la defensa, que en el caso bajo estudio es un Juez, ya que se trata de un amparo contra sentencia.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197112-129-23317-2017-16-0300.HTML 

Referendo revocatorio. Recolección de manifestaciones de voluntad


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SALA CONSTITUCIONAL

RECURSO DE AMPARO

TSJ/SC Nº 123  Fecha: 23-03-2017

Caso: acción de amparo interpuesta por Evelio Quintero, Hernán José Reyes, Francisco Seijas y Wilfredo Seijas en contra de la decisión del CNE de suspender el proceso de recolección de firmas para el referendum revocatorio

Decisión: Se declara inadmisible la acción de amparo propuesta

Extracto:

“… en cuanto a la legitimación y representación de particulares para la proposición de pretensiones de tutela de intereses colectivos o difusos, el peticionario debe encontrarse en una posición de vinculación o afectación directa a sus derechos o situación jurídica subjetiva, es decir, que el acto, hecho u omisión que materializa la circunstancia fáctica, genere, además de lesión sobre los derechos o intereses suprapersonales, una alteración directa y negativa en la situación jurídica de los peticionantes, deben proponer, en primer orden, la pretensión en defensa de sus derechos, con la invocación y finalidad de solución colectiva a quienes se encuentren en similar situación, para lo cual debe acreditar el grado de representación que se atribuye, pues, una de las particularidades de la afectación de intereses suprapersonales es que la decisión necesariamente debe resolver la situación gravosa para toda la pluralidad subjetiva afectada, debido a que, en estos casos, es imposible la individualización o solución exclusiva de la situación jurídica de los accionantes sin consecuencias jurídicas para el resto, dada la indivisibilidad del derecho o interés lesionado (Vid. sentencia Nro. 490 del 28 de junio de 2016, caso: “José Ignacio Guédez Yépez contra el Gobierno Nacional”).

 (…OMISSIS…) 

No obstante, los accionantes no demostraron que su situación jurídica subjetiva hubiese sido afectada por los hechos, actos u omisiones que le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en la persona de la ciudadana Tibisay Lucena, así como su supuesta condición de representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva, que pudiese atribuirles la representación para actuar o requerir del órgano de administración de justicia la protección o tutela de derechos o intereses ajenos.”

Comentario de Acceso a la Justicia: 

La SC declaró inadmisible la acción de amparo constitucional presentada por varios ciudadanos representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva, para la protección tanto de sus derechos individuales como colectivos y difusos ante la decisión de la presidenta del CNE en que declaró la suspensión del proceso de recolección del equivalente al 20% de las manifestaciones de voluntad del Pueblo Venezolano para el referéndum revocatorio Presidencial, el cual iba a realizarse en los próximos días del 26, 27 y 28 de octubre de 2016.

La decisión de la mencionada Sala estuvo sustentada en la falta de legitimación y representación por parte de los accionantes quienes no demostraron que su situación jurídica hubiese sido afectada por los hechos, actos u omisiones que le atribuyen al Consejo Nacional Electoral en la persona de la ciudadana Tibisay Lucena, así como su supuesta condición de representantes del Partido OPG Organizados para Gobernar Gente Nueva.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197106-123-23317-2017-16-1063.HTML

Estado de Excepción. Control de constitucionalidad de prórroga


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SALA CONSTITUCIONAL

SOLICITUD DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY

TSJ/SC Nº 113    Fecha: 20-03-2017

Caso: Presidente de la República solicita constitucionalidad de decreto de prórroga de estado de emergencia

Síntesis: La Sala analiza el Decreto Presidencial, mediante el cual se prorroga por 60 días el estado de excepción decretado el 13 de enero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución. De igual manera, pasa a declarar la nulidad del Acuerdo de la AN, mediante el cual se desaprobó el mencionado Decreto. Ello, sin que se siguiera el procedimiento legalmente establecido para ello y sin que se hubiera impugnado formalmente el mismo.

Decisión: Declara la constitucionalidad del Decreto N° 2.742 del 13 de marzo de 2017, dictado por el Presidente de la República, mediante el cual prorroga por 60 días el plazo establecido en el Decreto N° 2.667 del 13 de enero de 2017, en el cual se declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional. Asimismo, declara NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ el acto en el cual la Asamblea Nacional desaprobó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en sesión ordinaria del 17 de enero de 2017. REITERA lo declarado por esta Sala en la Sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. En consecuencia, los actos de la Asamblea Nacional viciados de nulidad no pueden servir de sustento a actos subsiguientes, aun cuando cesare el referido desacato; razón por la que, al culminar esa situación lesiva para el orden democrático y social, la Asamblea Nacional deberá omitirlos y reiniciar, de ser el caso, los procesos de formación de los actos parlamentarios (lato sensu) que a bien tenga desarrollar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

Extracto: 

“Como ha podido apreciarse, esta Sala ya se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.074 de la misma fecha; mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, y ahora corresponde emitir pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o no del Decreto n.° 2.742 del 13 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.112 de la misma fecha; mediante el cual, el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el referido Decreto n.° 2.667.

(…OMISSIS…)

Respecto de las circunstancias que ameritarían la prórroga de tal mecanismo excepcional y extraordinario, ciertamente, tal como lo propugna la doctrina antes mencionada, destacan los conceptos de heterogeneidad, irresistibilidad o rebase de las facultades ordinarias del Poder Público y de lesividad, por la producción (potencial o acaecida) de daños a personas, cosas o instituciones. De éstos, la Sala estima pertinente aludir a la heterogeneidad, puesto que, en efecto, las condiciones que pueden presentarse en el plano material, sean de origen natural, social o económico, son de enorme diversidad e índole y en esa medida los estados de excepción reconocidos y declarados por Decreto del Presidente de la República, pueden versar sobre hechos que tradicionalmente se asocian a este tipo de medidas; empero, por igual pueden referirse a situaciones anómalas que afecten o pretendan afectar la paz, la seguridad integral, la soberanía, el funcionamiento de las instituciones, la armonía de la comunidad y de la economía, en el ámbito nacional, regional o local, que ameriten apartarse de las normas ordinarias para tomar medidas excepcionales, orientadas por la normativa proyectada en el decreto en cuestión (superposición del ordenamiento jurídico de excepción sobre el régimen ordinario); razón por la que es obviamente trascendental y vinculante el control constitucional en este contexto que, en definitiva, constituye la máxima y definitoria expresión del control, al ser la Constitución la norma Suprema y fundamento del Poder Público -ver arts. 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental-; ello sin restarle importancia al control político, cuyos efectos en esta materia podrán ser canalizados conforme lo señala la norma atributiva de tal competencia, prevista en los artículos 187.3 y 222 de la Constitución, en el marco del resto del Texto Fundamental y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (ver sentencia de esta Sala n.° 9/2016).

(…OMISSIS…)

En este orden de ideas, la Asamblea Nacional ha reconocido la existencia de una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas para regresar a la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución, tal como se desprende de la pretendida “Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria en Salud, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 3 de mayo de 2016” (que fue declarada inconstitucional por esta Sala en sentencia n.° 460 del 9 de junio de 2016, en razón de incurrir en varios vicios contrarios al texto constitucional).

Así pues, examinado el contenido del instrumento jurídico sometido a control constitucional, se observa primariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, prorrogar por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.112 de la misma fecha, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, en virtud de que subsisten las circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, de modo que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos y venezolanas contra la guerra económica; prórroga que se dicta a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan la estabilización económica del país y mitigar los efectos de la guerra económica, en el marco de los referidos decretos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.

(…OMISSIS…)

Asimismo, el decreto sub examine se muestra compatible con la necesidad de alcanzar los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 3 Constitucional, así como también con las metas macroeconómicas y macro sociales, y con el cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos que adopta el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6118 Extraordinario del 4 de diciembre de 2013, que han venido siendo desarrollados por el Estado venezolano, entre las cuales pueden mencionarse, a título de ejemplo, los siguientes:

(…OMISSIS…)

Por otra parte y  por notoriedad comunicacional, a través de la página web www.asambleanacional.gob.ve, esta Sala ha tenido conocimiento de la publicación de un Acuerdo de la Asamblea Nacional (la cual aún se encuentra en desacato al Poder Judicial), de fecha 17 de enero de 2017, mediante el cual el referido órgano legislativo “desaprobó” el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, mediante el cual declara estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional.

Al respecto, esta Sala estima pertinente reiterar que para el día 17 de enero de 2017, fecha en la cual se produjo el acto de desaprobación del Decreto n° 2.667 del 13 de enero de 2017, emanado del Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional se encontraba (y aún se encuentra) en desacato al Poder Judicial, específicamente, a las decisiones dictadas por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia (ss. SE n.os260/30.12.2015; 01/11.01.2016 y 108/01.08.2016); toda vez que, aún no se ha producido el acto formal de desincorporación de ese órgano legislativo, por parte de la plenaria del mismo, de la ciudadana Nirma Guarulla y de los ciudadanos Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya proclamación se encuentra suspendida por la Sala Electoral de este máximo tribunal de la República; razón por la cual, dicho acto de desaprobación del decreto sub examine es nulo, inexistente y carente de validez, en correspondencia con lo dispuesto por esta Sala en su sentencia n°. 808, el 2 de septiembre de 2016, mediante la cual declaró, entre otros pronunciamientos, que: “…resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”; razón por la cual, el acto emanado de la Asamblea Nacional, en el cual se desaprueba el Decreto n.° 2.667 del 13 de enero de 2017, dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, es nulo, inexistente y carente de validez. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La SC, una vez más, declara válida la prórroga de la vigencia del Estado de Excepción y Emergencia Económica,  mediante Decreto N°   2.742 del 13 de marzo de 2017, publicado en Gaceta Oficial n.° 41.112 de la misma fechapor estar ajustada a la Carta Fundamental. Consecuencia de ello la excepción en el país, sin lugar a dudas, ha pasado ser la regla permanente en el país por tratar el Ejecutivo de  afrontar supuestamente “el asedio instaurado en contra de la economía venezolana”. Debe destacarse, al respecto, cómo el Ejecutivo, con la anuencia de la SC, utiliza el Estado de Excepción como un mecanismo para neutralizar las funciones que tiene la AN desde que está dirigida por la oposición.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197015-113-20317-2017-17-0069.HTML 

Diferencias entre abogado asistente y abogado representante o apoderado


JUSTICIA-NOTA

SALA CONSTITUCIONAL

AMPARO EN APELACIÓN

TSJ/SC Nº 101    Fecha: 17-03-2017

Caso: Acción de amparo contra sentencia interpuesta por NEILA AYARI FLORES VILLASMIL y SERGIO ANTONIO NOVA CARRILLO Vs. Juzg de Control del Edo Mérida

Decisión: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado contra la decisión que dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida,  el 10 de noviembre de 2016, la cual se REVOCA. En consecuencia, se REPONE la causa al estado de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda de amparo incoada, con prescindencia del motivo aquí analizado.

Extracto: 

“En este sentido, a manera ilustrativa, resulta conveniente sentar las diferencias entre el abogado asistente y el abogado representante o apoderado. El abogado apoderado actúa sustituyendo a su representado en el juicio con libertad en su intervención, salvo los casos en que se exigen facultades expresas según la Ley o que las mismas sean limitadas también de manera expresa, mientras que el abogado asistente no tiene las mismas responsabilidades que un mandatario judicial, pues su participación se reduce a la mera asistencia en un acto determinado para el cual fue solicitado.

Sobre la asistencia de abogado para incoar la demanda de amparo, esta Sala en sentencia n.° 742 del 19 de julio de 2000, caso: Rubén Darío Guerra, ratificada recientemente mediante sentencia n.° 176 del 10 de marzo de 2015, señaló lo siguiente:

El artículo 4 de la Ley de Abogados, es del siguiente tenor:

‘Artículo 4.- Toda persona puede utilizar los órganos de la justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.

Si la parte se negare a designar abogado, esta designación la haría el juez. En este caso la contestación de la demanda se diferirá por cinco (5) audiencias. La falta de nombramiento a que se refiere este artículo será motivo de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al juez de conformidad con la Ley’.

 (…)

Según la norma transcrita, quien no es abogado no puede accionar si no se encuentra representado o asistido por un abogado, y si no lo designare, el Juez lo hará por él. La falta de nombramiento por el Juez o por la parte, será motivo de reposición de la causa, lo que significa que los actos realizados son nulos, ya que si no no obraría la reposición.

No señala el artículo 4 citado en qué oportunidad debe el accionante nombrar el apoderado o el asistente, pero siendo ella una representación o asistencia para todo el juicio, es de pensar que el nombramiento debe constar en el libelo o solicitud que inicia el proceso, bien porque se consigna el poder o porque el asistente suscribe el escrito, y que el juez no admitirá la demanda si ello no consta, hasta que el actor proceda a nombrar al abogado que lo asistirá o representará, o el juez lo designe, si la parte no cumple en el lapso que para ello se le señalare.

Pero el artículo 4 de la Ley de Abogados, no contempla una realidad, cual es que el accionante no pueda pagar los honorarios a que tiene derecho el abogado conforme al artículo 16 de la Ley de Abogados, en materias donde no hay instituciones, procuradores o defensores públicos, que actúen judicialmente en pro de los ciudadanos. Si no se trata de personas declaradas pobres, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Abogados en la práctica viene a ser una traba a la garantía de acceso a la justicia establecida por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, en cuanto a la demanda o solicitud que inicia un proceso, considera esta Sala que la falta de representación o asistencia por abogados, prevista en el artículo 4 de la Ley de Abogados, no puede convertirse en un impedimento a la garantía constitucional de acceso a la justicia que tiene toda persona, y menos para que ella pueda defender sus derechos y garantías constitucionales.

Si se interpreta literalmente el artículo 4 de la Ley de Abogados, se estaría ante el absurdo de que quien pretende gozar de la justicia gratuita, contemplada en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, tendría que hacer su petición, la cual según el artículo 176 eiusdem, debe acompañar a la demanda, al menos asistido por abogado, y si no consigue quien lo represente o asista por carecer de recursos para pagar los honorarios, se verá impedido de solicitar el beneficio de pobreza, y de que se le admita la demanda, a veces necesaria para interrumpir una prescripción en progreso. Interpretar de esta forma el artículo 4 citado, resultaría un absurdo, y partiendo de lo particular a lo general, ello demuestra que a quien acciona, no le es aplicable el artículo 4 de la Ley de Abogados como requisito que deba llenar su demanda o solicitud, motivo por el cual el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, para el proceso civil y las otras causas que por él se rigen, no lo toma en cuenta como causa de inadmisibilidad de la demanda, como tampoco lo hace el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ni el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales .

Por lo tanto, será después de admitida una demanda, cuando el juez procurará el cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Abogados.

De no ser así, la garantía del acceso a la justicia que tiene toda persona, contemplada en el artículo 26 de la vigente Constitución, se haría nugatoria y el Estado incumpliría con la garantía de una justicia gratuita, accesible y expedita que establece dicho artículo 26.

En relación a la protección de los derechos y garantías constitucionales que se ventilan por el procedimiento de amparo constitucional, la interpretación debe ser aún más amplia, no solo porque el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente otorga el derecho al amparo a toda persona, sin limitaciones, sino por la misma naturaleza de este proceso.

Existe un interés constitucional, básico, para que los mandatos constitucionales tengan plena aplicación y así se mantenga la supremacía de la Constitución, y de ese interés constitucional gozan todos los ciudadanos sin cortapisas; de allí, que el artículo 27 citado señala que la acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona distinta a la víctima, sin necesidad de aducir interés. Tal premisa se haría nugatoria, si al accionante del habeas corpus se le exigiera la representación o la asistencia de abogado. Pero igualmente la urgencia que está involucrada en el amparo ordinario, y la necesidad de impedir la trasgresión constitucional, o que ella se convierta en un daño irreparable en la situación jurídica del accionante, no puede quedar condicionada a que la víctima de la infracción constitucional tenga que recurrir a un abogado para que la asista o la represente con motivo del amparo.

Lo importante para este proceso, es que exista certeza legal de quién es el accionante. Más nada en este sentido.

De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción. Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra –si la acción se interpone personalmente- el que el actor esté representado o asistido por abogado.

Conforme al artículo 16 eiusdem, la acción de amparo puede interponerse por vía telegráfica y ratificada personalmente por el accionante, sin exigencia alguna de asistencia o representación de abogado.

Lo que es necesario, es que quien intente la acción sea identificado por el Tribunal que conocerá del amparo, en otras palabras: que exista certeza legal de la autoría del escrito o declaración donde se solicita el amparo, lo que se logra con la identificación que el Secretario del Tribunal hará de los querellantes, cuando el amparo se presente escrito u oral, o con la ratificación personal ante el Tribunal del amparo telegráfico. Es más, considera la Sala, que un amparo en caso de suma urgencia, para impedir una caducidad (por ejemplo), puede ser enviado mediante un disquette u otro instrumento de procesamiento mediante máquinas y hasta por un sistema de facsímil (fax), siempre que el autor acepte de inmediato la autoría de lo impreso y transcrito, teniéndose con carácter retroactivo interpuesto el amparo, una vez ratificado por el accionante.

(…)

Consecuencia de lo expuesto, es que el accionante de amparo no requiere la asistencia o representación de abogados para intentar la acción, motivo por el cual esta Sala disiente de la doctrina del fallo consultado.

(…)

Advierte esta Sala, que si bien es cierto que para incoar la acción de amparo no se necesita de la asistencia o representación de abogados, no es menos cierto que para los actos del proceso, quien no es abogado debe al menos estar asistido por un profesional del derecho, y ante la constatación de que el accionante que no es abogado, presentó su escrito sin asistencia o representación de abogados, de ser admitido el amparo y precaviendo que el supuesto agraviado no concurriere a la audiencia constitucional o a otros actos del proceso asistido por profesionales del derecho, al admitir el amparo el Tribunal que lo conoce debe ordenar la notificación de la Defensoría del Pueblo, para que en razón de los numerales 1 y 3 del artículo 281 de la vigente Constitución, si el accionante se negare a nombrar abogado, lo asista en los aspectos técnicos de la defensa de sus intereses. Cuando se trate de menores, que se encuentren en la situación señalada en este fallo, los Tribunales que conocen el amparo notificaron a los órganos de asistencia jurídica del menor, conforme a la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente.

De lo anterior se colige que el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, no se encuentra ajustado a derecho, cuando declaró la inadmisión de la demanda de amparo que incoara los ciudadanos NEILA AYARI FLORES VILLASMIL y SERGIO ANTONIO NAVA CARRILLO, con asistencia de abogado, sobre la base de una apreciación errónea respecto de la legitimación procesal para actuar. Asimismo es importante señalar a los integrantes de la Corte de Apelaciones accionada que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sobre el cual basaron su decisión, no prevé causales de inadmisibilidad, pues éstas están previstas en el artículo 6 eiusdem.

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala, en este caso, destaca la diferenciación que existe entre abogado asistente y abogado representante o apoderado ante el error en que incurrió la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida respecto a la legitimación procesal de los accionantes. Los accionantes de la acción de amparo, actuaron asistidos por un profesional del derecho; sin embargo, la mencionada Corte erró al considerar al referido abogado como representante de los accionantes, cuando del escrito contentivo de la acción de amparo se vislumbra claramente que este actuó, para la presentación del amparo, como asistente de los accionantes.

Al respecto, aprovechó la ocasión para reiterar su criterio establecido en sentencia n.° 742 del 19 de julio de 2000, caso: Rubén Darío Guerra, ratificada mediante sentencia n.° 176 del 10 de marzo de 2015. Por tal razón, al no estar ajustada a derecho la sentencia de la Corte, la SC declaró con lugar la apelación presentada.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/196970-101-17317-2017-16-1209.HTML  

Requisitos para interponer un recurso de control de la legalidad y cuantía.


MONITOREO1

Sala de Casación Social

Recurso de control de la legalidad

TSJ/SCS Nº 186. Fecha: 16/03/2017

Caso: Recurso de control de la legalidad intentado en Demanda por indemnización de daños interpuesta por  NILVA MARINA FUENTES Y JOSÉ ELEUTERIO DELGADO PÉREZ actuando en su carácter de madre y padre de CARLOS JOSÉ DELGADO FUENTES (+) contra CAYCA ALIMENTOS (CALSA), S.A. Y OTRAS

Decisión: Se declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad. Con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales son:

1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;

2.- Que no sean impugnables en casación;

3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público. 

Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar:

1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y

2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

(…)

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

(…)debe tomarse en cuenta a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación, la cuantía que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda y, siendo que esta lo fue en fecha 14 de abril del año 2015, la cuantía requerida en ese momento era de cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs. 450.000,00), por lo que al haber estimado la parte actora la demanda en la cantidad de un millón ochocientos noventa y seis mil ochocientos cuatro bolívares con ochenta céntimos (Bs.1.896.804,80) forzoso es para esta Sala, declarar la inadmisibilidad del presente medio excepcional de impugnación, por no cumplir con uno de los requisitos previstos en el artículo 178 de la ley adjetiva laboral, como es que la sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo no sea impugnable en casación.

En consecuencia, resulta inadmisible el presente recurso de control de la legalidad propuesto. Así se declara.”

Comentario de Acceso a la Justicia: En este caso se declara el incumplimiento del segundo requisito de admisibilidad del Recurso de control de la legalidad, a saber: que la sentencia no sea recurrible en Casación; ello, porque para el momento en que se dictó la sentencia impugnada sí era posible ejercer recurso de casación en virtud de la cuantía; aunque para la fecha, ya no sea posible. Se puede concluir entonces que el análisis de los requisitos de admisibilidad de este tipo de recurso se hará tomando en cuenta el momento en que se dictó la sentencia impugnada y no para el momento de la admisión.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/196955-0186-16317-2017-16-789.HTML

La SC confirma criterio de la SCP sobre no beneficios procesales a condenados por delitos atroces sexuales


MONITOREO1

SALA CONSTITUCIONAL

RECURSO DE REVISIÓN

TSJ/SC Nº 91   Fecha: 15-03-2017

Caso: Recurso de Revisión interpuesto por ALFONSO NICOLÁS DE CONNO ALAYA en contra de sentencia de la Sala de Casación Penal

Decisión: Se declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta; SE ESTABLECE, CON CARÁCTER VINCULANTE, que, en el juzgamiento de los siguientes delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, cuales son: 1) violencia sexual, tipificado en el artículo 43, cometido en forma continuada; 2) acto carnal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV); 3); prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV); 4) esclavitud sexual (artículo 47 LOSDMVLV); 5) tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 55 LOSDMVLV); 6) trata de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 56 LOSDMVLV); 7) explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma continuada (artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes); y 8) abuso sexual a niños y adolescentes, cometidos en continuada (artículos 259 y 260 eiusdem), una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena; y SE ESTABLECE, CON CARÁCTER VINCULANTE, que cuando  la víctima agredida de los delitos señalados en el dispositivo anterior, sea niño, niña y adolescente de menor edad, empezará a computarse el lapso de prescripción la acción penal desde el día en que la víctima cumpla su mayoría de edad. En el caso de que se produzca la muerte de la víctima, niño, niña y/o adolescente, dicho lapso de prescripción comenzará a computarse desde el día que fallezca la víctima menor de edad.

Extracto:

“De otra parte, en el sentido de sancionar integralmente los delitos atroces, el Estado venezolano cumpliendo con el compromiso adoptado en la Ley Aprobatoria de los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, publicada en la Gaceta Oficial N° 481, extraordinario, del 21 de febrero de 1956, se obliga en tiempo de guerra a tomar todas las medidas necesarias que permitan determinar las sanciones penales para quienes cometan infracciones graves contra el “Derecho Internacional Humanitario”, y en efecto, ha tipificado en la legislación interna aquellas conductas prohibidas en el referido campo del derecho internacional, y particularmente, a raíz de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha incorporado dentro de su ordenamiento jurídico aquellos delitos de alto impacto social en materia de violencia de género. Tal es el sentido con el cual el legislador incorporó el delito de “Femicidio”, en su artículo 57, en la reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (2014), cuando en la parte in fine, estableció que:

“Quien fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho de gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena”.

Consecuencia esta del tratamiento constitucional a los delitos de violaciones graves contra los derechos humanos.

En vista de las consideraciones anteriores, esta Sala Constitucional resuelve que los hechos punibles que ocasionan un alto impacto social y que constituyen delitos atroces, por sus graves violaciones a los derechos humanos, son los siguientes:

1.- El delito de violencia sexual (tipificado en el artículo 43 LOSDMVLV), cometido en forma continuada; 2.- el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable (artículo 44 LOSDMVLV); 3.- el delito de prostitución forzada (artículo 46 LOSDMVLV); 4.- el delito de esclavitud sexual (artículo 47 LOSDMVLV); 5.- el delito de tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 55 LOSDMVLV); y 6.- el delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes (artículo 56 LOSDMVLV).

Estos hechos punibles, constituyen delitos atroces configurativos de “una violación sistemática de los derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer (incluidas niñas y adolescentes) por razones de sexo en la sociedad”; por lo que, al estar estos delitos vinculados estrechamente con el compromiso por parte del Estado venezolano de adoptar las sanciones penales contra aquellos hechos pertenecientes al “Derecho Internacional Humanitario”, y dado que causan –como hemos referido- un alto impacto tanto en la sociedad venezolana como en la internacional, la Sala resuelve, con carácter vinculante, que en el juzgamiento de estos delitos, calificados por esta máxima instancia constitucional como atroces, una vez que se haya desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Así se decide.

Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; esta Sala Constitucional, atendiendo a las condiciones de igualdad y trato igual, extiende a los delitos de explotación sexual de niños y adolescentes varones; y abuso sexual a niños y adolescentes varones, cometidos en forma continuada, tipificados en los artículos 258, 259 y 260 eiusdem, por ser también violaciones graves contra los derechos humanos; en consecuencia, se establece igualmente con carácter vinculante, que en el juzgamiento de estos delitos una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. Así también se decide.”

Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala Constitucional en principio declara que no se han dado las condiciones necesarias para que se proceda a la revisión constitucional del fallo emitido por la Sala de Casación Penal, para luego entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado y dar respuestas a todas y cada una de las solicitudes presentadas por el recurrente.

Adicionalmente a ello, y sin que medie solicitud al respecto, se pronuncia con respecto a la procedencia de beneficios procesales aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales catalogados como atroces por los instrumentos internacionales; con lo cual termina ratificando criterios previos de la propia Sala de Casación Penal sobre el tema.

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/196883-91-15317-2017-14-0130.HTML