Caso Consorcio Credicard: a un año de la crisis de dinero en efectivo


Consorcio Credicard y crisis del efectivo

Ya ha transcurrido un año tras el inicio de la crisis de efectivo en el país, por lo que resulta oportuno revisar el caso del Consorcio Credicard —la empresa que maneja las transacciones con tarjetas de débito y crédito de veintidós bancos en el país—, puesto que ilustra la dinámica gubernamental y de administración de justicia bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro.

En efecto, al no tener la capacidad para cumplir con sus obligaciones y asumir la responsabilidad correspondiente, el Ejecutivo ha convertido en una política de Estado el crear supuestos ataques o enemigos e identificar un chivo expiatorio para posteriormente iniciar investigaciones o juicios contrarios al debido proceso y a otros principios básicos de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como establece nuestra Constitución en su artículo 2. Al mismo tiempo, ha hecho del procesamiento de civiles en tribunales militares una práctica común.

Esta manera de “resolver problemas” afectó a Credicard en dos ocasiones, con consecuencias muy graves para sus trabajadores y directivos.

La primera vez que la empresa entró en el foco del Gobierno fue en agosto de 2015 ante una falla de su plataforma tecnológica, al paralizarse el sistema de puntos de venta por más de tres horas.

Punto de ventaAunque nunca estuvo claro si el problema se debió a fallas del internet Aba de CANTV, el Ejecutivo consideró que se trató de un ataque cibernético, por lo que ordenó la detención del vicepresidente de control de Credicard, Harry Madden, y el de sistemas, Laurentzi Bilbao, así como del operador de sistemas, Juan Colmenares.

Los tres empleados antes mencionados fueron presentados luego ante el Tribunal 44 de Control de Caracas e imputados por sabotaje o daño a sistemas, infracción prevista en el artículo 7 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, con pena de hasta de 10 años de cárcel. Madden y Bilbao estuvieron detenidos casi dos meses, ya que fueron liberados bajo fianza, mientras que Colmenares obtuvo una medida cautelar.

Los aparentes problemas con la plataforma de Credicard se repitieron el 2 de diciembre de 2016, pero en esta ocasión sí estuvo clara su responsabilidad, ya que ese día en horas de la tarde difundió un mensaje a través de su cuenta en Twitter, informando la imposibilidad de prestar el servicio de transacciones con puntos de venta. El sistema entró en crisis porque la escasez de efectivo —que aún persiste en el país— disparó el uso de los medios electrónicos, generando su colapso por un espacio de cuatro horas.

Nicolás MaduroAl conocerse la falla, el presidente Maduro, lejos de considerar la crisis de acceso a papel moneda que sufría y sufre el país, ordenó en una alocución televisada que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) investigara al Consorcio por “sabotaje cibernético”, y “haber atentado contra la República y la paz social”.

La instrucción generó que el 6 de diciembre fueran apresados el presidente ejecutivo de Credicard, Víctor Gago; la vicepresidenta de operaciones, Geraldine Abreu; el vicepresidente de control y riesgo, Harry Madden; el especialista en almacenamiento y respaldo de redes, Clarión Suárez; el vicepresidente técnico de tecnología, Laurentzi Bilbao; y José Montañez, vicepresidente de infraestructura.

Durante el proceso, también se dio una de las situaciones irregulares que Acceso a la Justicia ha denunciado desde abril de este año a raíz de las protestas masivas: la aplicación de la justicia militar a civiles. Los seis trabajadores del consorcio fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar de Caracas, contrariando el principio constitucional que establece el derecho a tener un juez natural.

Durante la audiencia, los empleados fueron imputados con los delitos de traición a la patria (artículo 464.26 del Código Orgánico de Justicia Militar) y sabotaje o daño a sistemas (artículo 7 de la Ley Especial de Delitos Informáticos), decretándose medida judicial de detención.

Más recientemente, en el mes de agosto la presidenta de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, anunció que los casos penales seguidos a civiles en tribunales militares serían enviados a la justicia penal ordinaria. En este contexto, la Sala Penal, a cuenta gotas y con muy bajo perfil, ha ido realizando la migración de los casos, y entre ellos figura el de los seis trabajadores de Credicard, quienes aun así siguen presos a la espera del juicio.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni ha acuñado un término que contraría la definición del Estado de derecho, llamándolo Estado de policía. Explica que mientras en el primero se somete al ciudadano a la justicia y al derecho, en el segundo se le doblega al imperio de quien detenta el poder.

A la luz de estos conceptos, nos encontramos con que en Venezuela estamos sometidos a un Estado de policía, donde las personas son encarceladas por sus ideas, sus pensamientos o por contrariar al régimen, o como en el caso de Credicard, porque así lo decidió el Gobierno sin justificación legal, tratando de eludir sus obligaciones como Estado.

Más grave aún, el Estado de policía que impera en el país ha venido decidiendo según su conveniencia si los ciudadanos serán juzgados como militares o civiles, sin que importe que en el transitar los derechos más preciados, como la vida y la libertad, pasen a un segundo plano.

Gobierno prorroga estado de excepción por undécima vez sin notificar a la ONU


Decimoprimera prórroga del estado de excepción

El 10 de noviembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó una nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica y de Excepción por 60 días, afirmando que se trataba de la quinta vez. Diez días más tarde, y sin ninguna objeción, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declara constitucional sin que previamente la Asamblea Nacional (AN) diera su aprobación tal como lo establece el artículo 339 de la Constitución.

ONUDe igual forma, como viene ocurriendo desde el 14 de enero de 2016, el Estado venezolano no ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo ordena el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Estados miembros.

El Pacto establece lo siguiente:

“Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión (de algunos de los derechos civiles y políticos) deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

Acceso a la Justicia reitera que esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia, porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación por parte de los gobiernos. Otra irregularidad reiterada en cada firma de la medida es que no establece cuáles son las garantías restringidas y cómo se limitan, como lo impone la Constitución, que también advierte que no se pueden suspender los derechos a la vida, al debido proceso, a la información, la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles

Fuera de la Constitución de forma permanente

Es así como desde enero de 2016 Venezuela permanece bajo un estado de excepción cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis.

En cada ocasión, superados los sesenta días de un decreto original, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, que al culminar da origen a un nuevo decreto, hasta llegar a noviembre de 2017 (el más reciente) con prórroga hasta el mes de enero de 2018.

El artículo 338 de la Carta Magna reza:

“Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.

En este sentido, se habla de “circunstancias” y de restringir “temporalmente” es decir, a un solo decreto con su prórroga, no a una permanencia indefinida en el tiempo, por lo que en realidad no es la quinta extensión como lo sostiene el Ejecutivo, quien trata de hacer ver que cumple con la Constitución, sino la decimoprimera vez que prorroga el primer decreto del 14 de enero de 2016.

Casi dos años después el Ejecutivo ya debería haberse dado cuenta de que el estado de excepción no es la respuesta, porque los problemas se han agravado y, aun así, la figura prevista en el artículo 337 constitucional continúa siendo aplicada.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Escasez en VenezuelaLa profundización de los problemas (hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, entre otros) que padece el pueblo venezolano y que el presidente Maduro prometió resolver desde el primer decreto de estado de excepción demuestra que dicho régimen extraordinario sólo ha sido usado por el Gobierno para aumentar y abusar de su poder, con la venia del TSJ y sin ningún tipo de control.

Un ejemplo de dicho uso ha sido el manejo del presupuesto nacional sin supervisión y sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la anulación de las competencias del parlamento con la excusa del supuesto desacato por la juramentación de los diputados opositores de Amazonas, fue el TSJ el que aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2017, mientras que el de 2018  fue autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente en clara usurpación de las funciones del legislativo.

¿Por qué la fuga de Antonio Ledezma no es un delito?


Fuga Antonio Ledezma

En la madrugada del 17 de noviembre los venezolanos despertaron con la noticia de que el alcalde mayor, Antonio Ledezma, había evadido la seguridad de los funcionarios que lo custodiaban en su residencia en el este de Caracas, y que se fue a Colombia “por los caminos verdes” para luego trasladarse a España, donde solicitó asilo político.

Al principio el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, tomó la fuga si se quiere con calma (lo que causó que algunos dijeran que el escape fue permitido) y hasta advirtió a España: no aceptamos devoluciones. Pero a los días, se desató la persecución contra quienes fueron considerados como cómplices, trabajadores residenciales sin aparente responsabilidad jurídica sobre el alcalde, incluidos.

Antonio Ledezma presoDesde la fuga de Ledezma han sido citadas y retenidas por más de 72 horas un total de ocho personas que no eran funcionarios encargados directamente de su custodia, entre vecinos, trabajadores residenciales, vigilancia privada funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Metropolitana. Desde el presidente de la junta de condominio, pasando por el operador de las cámaras de seguridad del edificio donde está la casa del fugado, hasta exfuncionarios de la Alcaldía, fueron trasladados a la sede del Sebin en El Helicoide, donde estuvieron detenidos por lapsos superiores a las 96 horas sólo para rendir declaración y luego ser liberados como si nada hubiera sucedido. En la actualidad, sólo permanece retenida la directora de Finanzas de la Alcaldía Metropolitana, Carmen Andarcia, cuya residencia fue allanada sin orden judicial.

¿Cuál es el delito?

Cabe la pregunta, ¿de acuerdo a las leyes venezolanas, cuál es el delito cometido en este caso?

Comisión del SebinLas infracciones relacionadas con fuga de detenidos o quebrantamientos de condena están tipificados en el Código Penal venezolano como delitos. En el caso de una persona que haya procurado o facilitado la fuga, puede ser castigada con presidio de uno a dos años (artículo 264). Si se trata de un funcionario encargado de la custodia, la pena aumenta de dos a cinco años (artículo 265).

¿Y el alcalde cometió un delito al fugarse? Según el artículo 258 del Código Penal sólo si ha hecho uso de medios violentos contra las cosas o personas y se castiga con prisión de 45 días a 9 meses. De lo que hasta ahora se sabe del caso, no medió violencia alguna, por lo que al no estar tipificada el tipo de fuga en que incurrió y estar la interpretación extensiva en materia penal proscrita, no debería tener una sanción adicional a la que ya tenía. Recordemos que Ledezma estaba detenido, pero no había sido sentenciado aún, por lo que era un procesado. Si en cambio, hubiera estado sentenciado, como es el caso de Leopoldo López, sí habría una agravación de la pena de una octava parte (artículo 259).

Entonces la conclusión es sencilla: por un tecnicismo y un vacío legal la acción ejecutada por Antonio Ledezma no constituye delito.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

En algunos países la fuga de un preso no es considerada delito, pues algunas naciones han entendido que la libertad es un valor supremo del ser humano y que el instinto del hombre “en cautiverio” es buscar siempre su libertad, porque ello forma parte de la naturaleza más intrínseca, arraigada y primitiva del hombre.

La acción ejecutada por Antonio Ledezma, es una situación que debe llamar nuestra atención, no por lo asombroso o interesante que pueda ser la historia del alcalde mayor, sino por el mal funcionamiento de la administración de justicia y la arbitrariedad que la caracteriza.

TSJ da luz verde a la “justicia socialista”


TSJ da luz verde a la justicia socialista

La administración de justicia en Venezuela cada vez está más al servicio del Ejecutivo y, sobre todo, de una ideología política: la del partido de Gobierno, lo que no es de extrañar, siendo que muchos de los jueces están inscritos en él, aunque esté prohibido por la Constitución (artículo 256). Así que tampoco asombra que gran parte de los tribunales que la imparten, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la hayan subordinado a las órdenes y deseos del Ejecutivo, en lugar de manejarla como un derecho humano al que todo ciudadano o instancia debe tener acceso sin distingo y de manera imparcial (artículo 26 de la Constitución).

TSJ da luz verde a la justicia socialistaLa degradación ha sido progresiva a través de los años, pero en los últimos tiempos se ha perdido todo intento de encubrir las actuaciones que contrarían los principios de este derecho, y una prueba irrefutable es que ningún juez ha adoptado una decisión que amenace o afecte a los intereses del Gobierno y sus partidarios, sino más bien obedecen al servicio absoluto del poder.

El más reciente ejemplo del sometimiento de la justicia a los designios de quienes nos gobiernan es la sentencia 1.106 del 17 de octubre de 2017 de la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con esa decisión se declaró improcedente una acción de amparo ejercida en contra del decreto n.° 2.718, en el cual el presidente Nicolás Maduro autorizó la creación de la Misión Justicia Socialista.

La instancia que fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología tiene como objetivo “promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación socio-jurídica nacional para la consolidación de la justicia social y comunal” (artículo 2).

Dos de los ejes de la misión expuestos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a principios de año cuando se creó el programa, se refieren a que se instalará una especie de tribunales en las comunidades a través de las llamadas “casas de justicia” que contarán con un fiscal del Ministerio Público, un juez y un defensor público para procesar delitos cuyas penas no excedan los ocho años. La figura también impulsa las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), que han resultado ser más que programa de seguridad, verdaderas “razias de pobres” y han convertido a los ciudadanos en objetivos de guerra.

Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)

Fin ideológico

De acuerdo a la ponencia del magistrado exprés Marco Antonio Medina Salas, no existen “elementos que demuestren en esta etapa del proceso (creación de la misión), la presunción grave de violación de los derechos constitucionales” contenidos en los artículos 2, 3, 22, 23, 26, 137, 138, 145, 236, 254, 257, 258 y 267 de la Constitución, que se refieren, entre otros aspectos, al carácter constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos (artículo 23), el derecho al acceso a los órganos de administración de justicia (artículo 109), la autonomía universitaria (artículo 26), el que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (artículo 138), y que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (artículo 145).

Del fallo se desprende que la Sala consideró que las normas constitucionales a las que hacen mención los solicitantes están referidas más bien a los valores y principios superiores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (artículos 2 y 3), que a los derechos y garantías, que es lo que habilita la petición de un amparo.

Para Acceso a la Justicia, la decisión pretende crear límites formales para justificar el decreto que crea la Misión Justicia Socialista, con la excusa de que las disposiciones constitucionales invocadas por los accionantes no estipulan directamente un derecho o una garantía que deba ser protegida.

Este argumento es falso, ya que la propia Constitución en su artículo 22 establece que la falta de ley que reglamente los derechos constitucionales no menoscaba su ejercicio. La Constitución tampoco hace distinciones según el tipo de derechos de que se trate, es más, el artículo 22 obliga a que incluso sean protegidos los que no estén expresamente incluidos en la Constitución y que sean inherentes a la persona humana.

Así, la Sala se acogió a una distinción formal entre derechos y principios, en lugar de analizar los derechos que vulnera el decreto n.° 2.718, dando muestras del marcado leguleyismo al que suele recurrir el juzgador para proteger los intereses del Gobierno, aunque de esta forma desnaturalice los principios de la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna –y que fueron invocados por los accionantes en su solicitud de amparo–, que además dicen claramente que en ningún caso se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

La sentencia de la SPA es muy grave, porque impulsa una justicia formalmente sometida al control del Gobierno, con el propósito de consolidar aún más el llamado modelo socialista. Así lo observa el profesor José Ignacio Hernández González, cuando advierte que lo planteado por la misión nada tiene que ver con la Constitución, sino que configura una justicia paralela, ajustada al proceso político impulsado desde el chavismo.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Mientras tengamos una administración de justicia que se subordine sin tapujos a los intereses políticos del Gobierno, y no respeta la separación de poderes y otros principios e instituciones que son capitales en un estado democrático y de derecho, los venezolanos no tendremos garantizados el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva de nuestros derechos e intereses.

Resulta preocupante que en el contexto actual, en el que los venezolanos viven inmersos en la escasez de alimentos y medicinas, ausencia de servicios públicos, corrupción e impunidad, difícilmente puedan encontrarse fórmulas que procuren garantizar y preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial, en los términos que consagra la Constitución, pues una justicia partidizada e ideologizada no es justicia.

Sentencia del TSJ abre debate sobre ampliar competencias a inspectorías del trabajo


Sentencia n.° 758 TSJ

Pocas veces una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como la n.° 758 emitida por la Sala Constitucional el pasado 27 de octubre, desencadena tantos hechos contrarios al texto y la ley: no sólo confundió en su alcance, sino que fue usada para endilgar obligaciones que no incluye el fallo y se configuró en un elemento que prueba la ruptura del orden legal en el país.

trabajo-nota1La decisión se refiere a un amparo introducido por trabajadores de Cervecería Polar, que buscaba se ejecutara un reenganche ordenado por la Inspectoría del Trabajo que no fue admitido por el juez al considerar que el recurso no era idóneo para ese tipo de solicitud.

La Sala Constitucional, al revisar la sentencia del tribunal, ordenó que se admitiera el amparo por ser la única alternativa de los empleados ante la desobediencia del patrono para obtener de manera rápida y eficaz la restitución de la situación jurídica infringida.

Dentro del fallo, además, se planteó un obiter dictum, que es una afirmación que de pasada hace un tribunal en la decisión y que no tiene relación directa con el caso que se le presentó.

Específicamente en ese obiter dictum, la Sala esbozó la necesidad de que sea reformada la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), a los fines de otorgar a las inspectorías del trabajo competencias para ejecutar directa y forzosamente sus órdenes de reenganche y pago de salarios caídos.

El TSJ argumentó que si bien la LOTTT –aprobada en 2012– fue un importante avance en materia laboral, la misma podría complementarse con la ampliación o revisión de las potestades de las inspectorías del trabajo, de manera de lograr el efectivo cumplimiento de sus providencias administrativas, como las que ordenan el pago de salarios caídos de los trabajadores.

Para promover su planteamiento, la Sala resolvió enviar copia de la decisión a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), buscando que analice la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo.

Alcance verdadero

Conocida la decisión, se generaron reacciones y lecturas equivocadas que ameritan ser aclaradas.

trabajo-nota2En principio, con la sentencia surgió la tesis de que el TSJ está recomendando que la ANC faculte a las inspectorías del trabajo poder ejecutar forzosamente sus decisiones, por ejemplo, embargando el patrimonio de los patronos, cuando la decisión nada dice al respecto.

La decisión 758 lo que hace es ordenarle a la ANC que adelante una reforma de la LOTTT que facilite el cumplimiento de las decisiones de las inspectorías.

En este sentido, la sentencia representa una ruptura más del orden constitucional, ya que la Sala reconoce nuevamente la existencia de la ANC, que es un órgano ilegítimo e inconstitucional, por haber sido convocada sin el aval popular, y cuya elección violó los principios de la soberanía popular.

Preocupa así que el fallo retome la línea de desconocer las competencias constitucionalmente atribuidas a la Asamblea Nacional –que es el órgano facultado para dictar las leyes en Venezuela– y se las traspase a la ANC, cuya única misión, en el caso de que hubiera sido correctamente constituida, sería la de redactar una nueva Constitución, mas no reformar leyes existentes.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?           

Si el TSJ, quien debe proteger la integridad de la Constitución y tus derechos (334), reconoce un órgano que violó tu soberanía por no haber sido electo por el pueblo y le atribuye la competencia para dictar las leyes que la Constitución le otorga a la Asamblea Nacional (electa por el pueblo en diciembre de 2015), entonces está violando tu derecho soberano a elegir a tus representantes y a que sean éstos, y no otros, quienes establezcan el ordenamiento jurídico del país.

Poder Judicial somete a la población infantil a una larga agonía jurídica


Poder Judicial vs Cecodap

La Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), y con ella las niñas, niños y adolescentes, han sufrido una verdadera agonía personal y jurídica, sin resultado positivo, para poder lograr que el Gobierno asuma su responsabilidad constitucional en materia de protección de la salud infantil.

Logo CecodapDesde hace casi dos años, Cecodap ha estado tratando que el Estado venezolano asuma sus deberes constitucionalmente establecidos en esta materia mediante acciones ante el Poder Judicial, pero la respuesta ha sido negativa en cuatro oportunidades. De esta forma, los órganos llamados a impartir justicia fungen como verdaderos paladines en defensa de los intereses del Ejecutivo y en detrimento de los ciudadanos y, en este caso, de uno de los sectores más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes.

La primera respuesta negativa fue la del Juzgado 14º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas en fecha 11 de febrero de 2016, bajo el argumento de que no había pruebas suficientes de la escasez de medicamentos y de la consecuente crisis. En franca contradicción, ese mismo día el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su Sala Constitucional declaró constitucional, sin tener competencia para ello, el primero de los estados de excepción, decretado a nivel nacional por el presidente de la República, en el que reconocía la crisis del país en diversos ámbitos, la salud incluido, y solicitaba poderes especiales para solucionarla.

Seguidamente, se pronunció el Juzgado Superior 3º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, quien declaró sin lugar la apelación ejercida por la ONG y confirmó la decisión del Juzgado 14º.

Pero Cecodap insistió e interpuso un recurso de control de la legalidad ante el TSJ contra la decisión del Juzgado Superior, la cual fue declarada inadmisible por su Sala de Casación Social mediante sentencia 1.448 del 16 de diciembre de 2016, por supuestamente no haberse cumplido con determinadas formalidades.

Finalmente, la ONG intentó un recurso extraordinario de revisión ante la Sala Constitucional, el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia 823 del 27 de octubre de 2017, sin que a la fecha se conozcan las razones de hecho y de derecho por las cuales la Sala tomó esa decisión. Un resumen de esta fue publicado en la cuenta virtual de la página web del máximo tribunal, no así su contenido completo. Es decir, ha transcurrido un mes de tomada la decisión y hasta la fecha se desconoce su contenido.

Infografía Mortalidad infantilNo hay razones valederas desde el punto de vista jurídico ni humano para someter a nuestras niñas y niños a una larga agonía en la lucha por sus derechos, mientras mueren por falta de medicinas y atención adecuada en los centros hospitalarios.

Irónicamente, el TSJ realizó el XIV Foro Derechos de la Infancia y la Adolescencia los días 24 y 25 de noviembre, en el que se llamó a la erradicación definitiva de la violencia en el trato con niños y adolescentes. Negar la crisis humanitaria y no garantizarle el derecho a la salud a la población infantil también es una forma de violencia.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Un Gobierno que constantemente responsabiliza a la oposición y a otros países de las malas consecuencias de sus propias políticas, especialmente de la crisis en el área de salud, no puede solucionar los problemas. Más grave aún, no hay poderes independientes que lo obliguen a tomar medidas. Mientras, los venezolanos seguirán padeciendo indefinidamente la falta de medicinas y las malas condiciones de los hospitales públicos, con la terrible consecuencia de la muerte en muchos casos y sin que puedan contar con un Poder Judicial que les brinde amparo a sus derechos constitucionales.

Condena contra “carnicero de Bosnia” ratifica que crímenes de lesa humanidad no prescriben


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Pasó mucho tiempo, quizá demasiado, pero finalmente se hizo justicia. Los acusados eran poderosos, y tenían una red de apoyos y complicidades que hacían creer a muchos que sus atrocidades quedarían impunes. El Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia (TPIY) condenó a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad a quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ratko Mladic, mejor conocido como el “carnicero de Srebrenica” o de Bosnia.

Un gran logro en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos ha sido su imprescriptibilidad, es decir, eliminar esa falsa argumentación según la cual debía privar la “seguridad jurídica” por encima de la justicia, y que por lo mismo debían dejarse prescribir los delitos para que la sociedad continuara su camino, sin considerar que al hacerlo también lo hacía la impunidad.

carnicero-nota3Esto ha quedado demostrado en el caso de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos que Mladic dirigió durante el conflicto de la desaparecida Yugoslavia. Recordemos que en esa conflagración se persiguió a la minoría musulmana con el fin de erradicarla, generándose esa terrible actuación que ahora conocemos bajo la aséptica descripción de “limpieza étnica”, que no es otra cosa que el asesinato de niños, mujeres, ancianos, enfermos y hombres por el solo hecho de pertenecer a una identidad de grupo que se considera per se como enemigo. Es curioso cómo lo retorcido de una ideología puede llegar a negar la humanidad de alguien al considerarlo como enemigo, pues partiendo de ello, para la mente del perpetrador el crimen se convierte en una obligación.

El caso más famoso de este tipo de delitos fue el ocurrido en la ciudad de Srebrenica, donde las fuerzas serbiobosnias comandadas por Mladic mataron en 1995 a más de 8.000 personas pertenecientes a la minoría musulmana. Este atroz hecho fue cometido ante la incapacidad de la comunidad internacional, la cual a pesar de ser advertida del peligro existente no tomó las medidas necesarias para evitarla.

carnicero-nota1Luego de terminado el conflicto en la extinta Yugoslavia, hubo indicios para pensar que matanzas como la de Srebrenica iban a quedar impunes, porque los líderes tenían una red de apoyos políticos, sociales e incluso religiosos que los protegerían contra la persecución internacional y permitirían la tradicional inacción de los tribunales nacionales.

Los perpetradores directos formaban parte de las fuerzas armadas y, al actuar en conjunto tanto el alto mando como los medios y bajos, se establecía un nexo de complicidad que facilitaría la no persecución al estamento militar al considerarlo como un todo; los crímenes se planearon en las más altas instancias del Estado, desde la Presidencia misma, por lo que se garantizaba la inacción de las instancias internas y esto servía de protección ante las instancias internacionales con el escudo de esa ilusión llamada “verdad oficial”. Asimismo, el “enemigo” era una minoría cada vez más rechazada ante muchos por culpa del radicalismo islámico, lo que pudo facilitar la falta de voluntad política para procesar a los responsables.

Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario, pues si bien es verdad que pasaron muchos años sin que se juzgara a los responsables, el caso de la antigua Yugoslavia es un ejemplo para todos los represores de derechos humanos: el tiempo es su verdadero enemigo.

Hoy en día, con toda la red de comunicaciones que existe, no es posible alegar ignorancia sobre la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Aunque es importante destacar que ante tales crímenes, la comunidad internacional debe ser más diligente y actuar para evitar situaciones terribles como la descrita.

¡Hay justicia!

Desde su constitución el 1 de julio de 2002, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia ha procesado a 161 personas, de las cuales 83 fueron condenadas por el propio tribunal, apenas 21 absueltas y otras 17 fallecieron mientras eran juzgadas. Además, 13 casos fueron transferidos a tribunales nacionales que dictaron sentencias en todos los casos. Sin embargo, todavía no se pueden dar cifras definitivas de condenas y absoluciones definitivas por cuanto algunos procesos están en apelación o se han reiniciado nuevos juicios en casos de sentencias anuladas.

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Vale destacar que en este momento no existen personas pendientes de ser llevadas ante el Tribunal, pues todos los imputados fueron detenidos y presentados ante la justicia, aunque algunos no sobrevivieran al proceso como hemos indicado. Es decir, a la fecha no hay prófugos de la justicia por los crímenes en Yugoslavia.

De hecho la condena a cadena perpetua de Mladic es la última sentencia de la mencionada instancia judicial por tales crímenes, quedando los casos pendientes y en apelación bajo el encargo de un cuerpo judicial denominado Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que dará fin a todos los procesos que estén por decidir tanto para la extinta Yugoslavia como para el caso de Ruanda. Siendo así, debemos destacar que ni el carácter de militar de Mladic, ni su rango de general, ni su proximidad al presidente, ni sus protectores en la sociedad serbia, ni los años que pasó escondiéndose de la justicia como un vulgar criminal, le sirvieron de nada.

Recordemos que los crímenes de lesa humanidad comportan una acción planificada y coordinada por parte de los perpetradores y que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En tal circunstancia, a diferencia de la Ley Disciplinaria Militar venezolana, el Estatuto de Roma no considera como obligación el cumplimiento de una orden contraria a los derechos humanos y por el contrario exige la persecución tanto de quienes la cumplan así como de quien la haya impartido.

No olvidemos entonces que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y eso, para Ratko Mladic, no es letra muerta.

¿Y a ti como venezolano como te afecta?

Las violaciones de los derechos, independientemente de dónde ocurran, nos afectan a todos, y en el caso de los delitos de lesa humanidad, como su mismo nombre lo indica, lesionan a cualquiera que crea en la dignidad de la persona humana, por lo que la reivindicación de la justicia, por mucho que tarde, e incluso aunque tarde demasiado, es un recordatorio para los que se creen protegidos por el poder, la fuerza y el abuso, siendo el tiempo su mayor enemigo.

Rosales vs. Scarano: dos caras de una misma moneda


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Con la habilitación política del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales (30 de octubre de 2017), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció que las inhabilitaciones ordenadas por la Contraloría General de la República (CGR) violan el debido proceso, pero con la decisión también dejó en evidencia el trato discriminatorio de la administración de justicia venezolana.

La Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ, en sentencia n° 1.169, resolvió dejar sin efecto la inhabilitación de Rosales para ejercer cargos públicos por un período de siete años y seis meses, impuesta por la CGR en agosto de 2014.

Con el fallo, es la primera vez que esta instancia cuestiona una disposición de la Contraloría que restringe la participación política de un opositor. Estas medidas ya habían sido condenadas como una práctica de persecución por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe intitulado “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, publicado en 2009.

En el documento, la CIDH advierte que se trata de una violación al debido proceso, porque la CGR no siguió procedimiento alguno para establecer la inhabilitación, y además por la irregularidad que supone que un órgano administrativo imponga una condena penal y no un tribunal.

rosales-nota1Si bien Acceso a la Justicia respalda la decisión de la SPA en el caso Rosales, considera preocupante que sólo hace unas semanas esa misma sala, en sentencia n.° 1.110 de fecha 17 de octubre no tomara la misma resolución con respecto al exalcalde del municipio San Diego en el estado Carabobo, Vicenzo Scarano.

Atendiendo a la decisión, la sala argumentaría que las causas por las que consideró que en el caso de Rosales no hubo debido proceso son distintas a la del procedimiento seguido contra Scarano y otros políticos. Al exgobernador del Zulia, la SPA le reconoció la violación, señalando que cuando fue inhabilitado él estaba fuera del país, por lo que fue procesado en ausencia, mientras que Scarano y otros dirigentes estaban en el país, por lo que no se trataría de la misma situación.

Sin embargo, Acceso a la Justicia hace notar que, como refiere la CIDH, la decisión de inhabilitarlos provino de un órgano incompetente (la CGR) y no de un tribunal, además que fue tomada sin procedimiento alguno, por lo que el estar en Venezuela no les garantizó tener un debido proceso.

Cabe resaltar además que lo hecho por la CGR con Rosales replica lo hecho por la Sala Constitucional con Scarano la primera vez que lo inhabilitó, así como lo ejecutado contra varios alcaldes recientemente y el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. La Sala les siguió juicios en ausencia bajo la figura de un amparo cautelar y un supuesto desacato, tomando una decisión de índole penal y además violando su derecho a que los procese su juez natural.

Principio de igualdad

Otro elemento que debe ser considerado, por las dudas que genera en cuanto a la intencionalidad de la sentencia, es por qué se le dio un trato distinto a Rosales si es un opositor político al igual que Scarano y otros alcaldes.

La inquietud parte de que una vez conocida la medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), decidió repetir la elección del gobernador del estado Zulia tras declarar vacante el cargo, pues el mandatario regional electo en octubre pasado, Juan Pablo Guanipa, perteneciente a la oposición, no se subordinó a la ANC, pero Rosales se inscribió para participar en esa elección inconstitucional.

Sumado a la secuencia de eventos que favoreció la vuelta al ruedo político de Rosales, pero no así la de otros tantos opositores, Acceso a la Justicia pide a la SPA que habilite a Scarano como lo hizo con el exgobernador zuliano, así como al resto de dirigentes de la oposición que la CGR ha inhabilitado sin seguir los procedimientos de ley.

rosales-nota3Otro elemento que ensombrece la decisión es que, de forma muy inusual, la sentencia a favor de Rosales se publicó un día lunes, cuando lo habitual, en el caso de la SPA, es hacerlo de martes a jueves (días de despacho). La revisión de las sentencias publicadas en lo que va de año evidencia que esta es la única decisión divulgada un día fuera de los establecidos para dar despacho.

De manera coincidente, las postulaciones para la elección del gobernador zuliano iniciaron el día después de dictada la medida, de acuerdo con el cronograma publicado por el CNE.

Conocidos los hechos, Acceso a la Justicia está en la obligación de señalar todas las irregularidades que evidencien un trato ajeno a la imparcialidad de cualquier decisión judicial, y que el TSJ dé despacho un día que no corresponde para publicar una única sentencia y en el contexto antes descrito es un ejemplo de ello.

En suma, para la ONG resulta preocupante que la justicia se esté aplicando de manera distinta según quién sea la persona que se enjuicia, cuando un tribunal para ser tal debe ser imparcial e independiente, y debe aplicar la Ley con base en el principio de igualdad constitucional.

También es contrario a la seguridad jurídica, que un juzgado modifique sin razón y el debido proceso, las reglas y derechos, pues ello coloca a las personas en una situación de absoluta y grave indefensión.

Cada vez se hace más claro que, al estilo de la obra Rebelión en la granja, de George Orwell, en la que el autor, imaginando en lo que se convertiría el socialismo, describe un Estado totalitario con un partido único en el que el Gobierno hacía lo contrario a lo que promovía con su discurso e iba cambiando las normas a su conveniencia, en Venezuela rige la regla: “todos somos iguales pero unos más iguales que otros”.

 ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

rosales-nota2No cabe duda que en el contexto electoral y de ausencia de Estado de derecho que vive actualmente el país, los intereses políticos son los que marcan las pautas de las decisiones de los distintos órganos del Estado, incluso de aquellos cuyo rol es únicamente aplicar la ley como la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. Esta realidad es grave, porque las decisiones, incluso del órgano que debe hacer justicia como el TSJ, se vuelven políticas, es decir, un ejercicio de poder y no de reconocimiento y protección de los derechos de los ciudadanos, que son su verdadero rol y razón de ser.

El derecho penal del enemigo contra Teodoro Petkoff


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La eliminación de los derechos humanos de los sujetos calificados como contrarios es lo que propugna la teoría del derecho penal del enemigo, elaborada por el penalista alemán Gunther Jakobs. En la Venezuela de hoy, tal eliminación contra todo aquel que se oponga al Gobierno se materializa bien sea en prisión, desaparición forzada, inhabilitación política o civil, persecución, cierre directo e indirecto de medios de comunicación, muerte física y también política.

Abundan ejemplos del aniquilamiento de los adversarios por parte del poder político que gobierna nuestro país, bien sea a través de tribunales ordinarios, el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Uno de esos casos, el de Teodoro Petkoff, es característico por lo “macabra” de la sanción en su contra. No lo mandaron a la cárcel ni lo torturaron, sino que le anularon totalmente sus derechos como ciudadano, es decir, le fue aplicada la muerte civil, además de arremeter contra el medio del cual es director y fundador, el diario Tal Cual.

Para Acceso a la Justicia es importante presentar algunas consideraciones del proceso judicial contra este economista y dirigente político de larga trayectoria.

El Juez 29º de Juicio de Caracas, Aris José La Rosa, visitó a Petkoff en su residencia el 31 de agosto de 2017 a raíz de las acusaciones que se tramitaban en su tribunal a petición del constituyente Diosdado Cabello, por publicaciones en Tal Cual en las que, citando agencias internacionales, se le vinculaba con el narcotráfico. Tal visita no fue solicitada ni notificada al abogado defensor del economista.

TEO1Días después de esta visita, y en plenas vacaciones judiciales, se supo de la escandalosa decisión dictada por La Rosa, quien actuando fuera de su competencia inhabilitó civilmente al dirigente, nombró como tutor a su cónyuge, lo despojó del derecho a estar asistido por su abogado, levantó las medidas cautelares dictadas en su contra (presentación periódica en el tribunal y prohibición de salida del país) y procedió a decretar el sobreseimiento del caso.

Es decir, el juez declaró a Petkoff incapaz o entredicho, sin proceso legal. Esto es, su capacidad jurídica como ser humano quedó limitada a lo que apruebe su tutor provisionalmente designado, lo que los romanos llamaban la muerte civil de sus ciudadanos.

“Los exámenes de los dos médicos y de la psicóloga (que fueron a la visita) se limitaron a entrevistar a Petkoff, revisar los informes de sus médicos privados y observar, a simple vista, exámenes de imágenes complejas como tomografía computarizada, resonancia magnética y escaneos cardiovasculares. La presión sobre los forenses fue tal que ni siquiera les permitieron que recibieran de la esposa de Petkoff, los informes y exámenes médicos para leerlos al menos con los instrumentos apropiados”, denunció Humberto Mendoza D’Paola, quien además fue cesado como abogado defensor por decisión del juez La Rosa.

Despenalización de la difamación

Vale recordar que Cabello demandó por difamación agravada a Petkoff por lo menos en dos oportunidades. La primera de ellas en 2014, por la publicación en Tal Cual de un artículo denominado “Patria, socialista o muerte”, suscrito por el articulista Carlos Genatio, exministro chavista, en el que señalaba que Cabello declaró con relación a la inseguridad en Venezuela lo siguiente: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.

La segunda demanda por el mismo delito data de abril de 2015, cuando el alto dirigente del partido de Gobierno acusó penalmente una vez más a Petkoff y a trece propietarios y gerentes de tres medios de comunicación, incluido Tal Cual. En esta ocasión también fueron denunciados Miguel Henrique Otero y Leopoldo López Gil como parte de El Nacional y La Patilla por replicar informes del diario español ABC, que señalaban a Cabello como líder de una red de narcotráfico. Durante la sustanciación de ambas demandas se dictaron contra Petkoff medidas cautelares consistentes en presentaciones y prohibición de salida del país.

TEO2Respecto de esta última medida contra Petkoff, no se puede dejar de mencionar el hecho de que no pudo ir a España a recibir el premio Ortega y Gasset en 2015 por su trayectoria profesional. Paradójicamente para Petkoff, en ese año no había dictadura en Venezuela; dos años después no podemos decir lo mismo, sobre todo en un país donde la criminalización del periodismo va en aumento. Para muestra un botón, la versión impresa de Tal Cual dejó de circular por falta de papel, otro mecanismo que el Gobierno usa para censurar a la prensa crítica.

Más claro no canta un gallo

Si se quiere tener más evidencias de qué tipo de régimen hay en Venezuela, basta ver que la tendencia mundial en materia penal va dirigida a despenalizar la difamación, sobre todo cuando los difamados son personajes públicos o funcionarios y no se haya afectado la vida privada de estos. Continuar la persecución criminal de periodistas por razón de sus opiniones resulta absurdo en un Estado democrático y de derecho, donde debe imperar la libertad de expresión, opinión y difusión del pensamiento. Sobre ello se ha pronunciado el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa. Sin embargo, muchos países de la región siguen castigando severamente la difamación soslayando el derecho a la libertad de expresión; ejemplo de ello es Cuba, que castiga dicho delito hasta con veinte años de cárcel.

Otro caso sonado fue el del diario ecuatoriano El Universo, en el cual la justicia ecuatoriana condenó al medio de comunicación a pagar 40 millones de dólares al presidente Rafael Correa, más condena de prisión a tres de sus directivos por una columna de opinión que el mandatario de ese país consideró difamatoria.

¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

TEO3Cada día son más las naciones que han despenalizado la difamación, en cambio en países como el nuestro es herramienta para la autocensura, la anulación de la libertad de expresión y la disidencia, lo cual resulta propio del derecho penal del enemigo, que lejos de castigar por la afectación de un bien jurídico, que es el deber ser, sanciona penalmente la conducta de una persona considerada peligrosa para la estabilidad del régimen, en otras palabras, el enemigo.

En 2017 Venezuela avanzó rápidamente hacia la criminalización tanto de la protesta como del ejercicio del periodismo, que involucra además a fotógrafos y camarógrafos por ser incómodos para el régimen dictatorial. Es preocupante que la fuerza del régimen se centre en los periodistas sin desparpajo alguno y no contra quienes desde la política destruyen descaradamente al Estado de derecho y la democracia de nuestro país.

¿Qué debes saber sobre la llamada “Ley Constitucional contra el Odio”?


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La aprobación de la llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha generado más preguntas que respuestas entre los actores políticos, los representantes de los medios de comunicación y los ciudadanos en general. Esto se debe a sus implicaciones en el ejercicio de derechos tan importantes como la libertad de expresión, a la manifestación pacífica y el pluralismo político, entre otros.

En este sentido, Acceso a la Justicia proporciona algunas claves para entender el trasfondo de dicha normativa.

  1. No es una ley porque no la dictó la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano legislativo reconocido por la Constitución.
  1. No es constitucional porque viola la Carta Magna al dictarla la ANC, usurpando funciones de la AN y sin seguir el procedimiento constitucional para discutir y aprobar una ley.
  1. No es constitucional además porque viola varios derechos humanos establecidos en la Constitución, por mencionar algunos: la libertad de expresión, opinión e información; el derecho a manifestar pacíficamente; el derecho a participar políticamente; el derecho al sufragio; el derecho a la asociación y el derecho a la democracia.
  1. ¿Por qué viola la libertad de expresión, opinión e información? Castiga a quien emita un mensaje por cualquier medio que el Gobierno considere que es de odio. Sanciona con quitarles la licencia a los medios que emitan mensajes de odio y también con bloquear páginas web, así como obligaría a quien emita por las redes sociales un mensaje de esta índole a eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes, so pena de ser sancionado. Obliga a los medios a transmitir mensajes de paz del Gobierno, bajo riesgo de sanción. Está claro que si los medios no pueden expresarse libremente, los ciudadanos tampoco pueden estar debidamente informados, y si la información es del Gobierno y obligatoria, puede transformarse en propaganda política.
  1. ¿Por qué viola el derecho a manifestar pacíficamente? Castiga cualquier actividad de odio, fascista o de violencia política. Cabe destacar que el Gobierno considera que las protestas en su contra, aunque sean pacíficas, tienen esas características porque así las ha calificado.
  1. ¿Por qué viola el derecho a participar políticamente? Castiga a los partidos que hagan cualquier actividad o expresen una idea contraria al Gobierno y, en particular, incita a perseguir el fascismo. Vale acotar en este sentido que el Gobierno ha catalogado a la oposición política como “fascista”.
  1. ¿Por qué viola el derecho al sufragio? Sanciona con revocatoria de inscripción a partidos políticos que lleven a cabo actividades de odio o si las prevén en sus estatutos. Obliga a las organizaciones partidistas a agregar una cláusula en sus estatutos de expulsión de sus miembros si cometen un acto de odio, so pena de revocación. No permite que se inscriban toldas que insten al odio en opinión del Gobierno. Entonces, si no se puede elegir entre varios partidos políticos que representen distintas ideologías políticas y solo existe una opción ideológicamente hablando, no hay derecho al sufragio activo (derecho al voto). Si no se pueden constituir partidos políticos de oposición se limita el sufragio pasivo (o el derecho a ser elegido).
  1. ¿Por qué viola el derecho a la asociación? Insta a los funcionarios a no constituir ni permitir el funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado que violen la ley.
  1. ¿Por qué viola el derecho a la democracia? Porque desconoce derechos fundamentales en los que esta se basa, como la libertad de expresión y el derecho al voto. Al ser una norma de la ANC que pretende ser una ley, desconoce al Parlamento, y al ser una supuesta “ley constitucional” niega la vigencia de la Constitución, porque esta figura no existe en ella, además de que pretende cambiarla sin que el pueblo haya aprobado ese cambio por un referéndum. También, al eliminar el pluralismo político, establecer una censura previa, crear un mecanismo de persecución política y represión, así como un control absoluto de la disidencia y del pensamiento, transforma el régimen político venezolano en un totalitarismo, lo que es contrario a una democracia y su Constitución.
  1. La norma contra el odio no tiene ningún valor jurídico, es un acto de autoridad, porque proviene de la ANC, que es un órgano de origen no democrático, inconstitucional y que se ha arrogado todas las funciones del Estado, entre las cuales, destaca la potestad de cambiar las normas y los funcionarios que considere. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado, que no es más que la violación deliberada de las formas constitucionales por un Gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detenta el poder para obtener todo el poder (Bobbio, Mateucci y Pasquino; Diccionario de Política).