El camino a la eliminación de los partidos políticos de oposición en Venezuela


El camino a la eliminación de los partidos políticos de oposición en Venezuela

La situación actual que viven los partidos políticos de oposición en Venezuela no atiende al carácter plural y democrático definido en la Constitución. Las organizaciones políticas en el país han sido el centro de amenazas y ataques sistemáticos por parte del Gobierno nacional tras decisiones de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), y recientemente por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de que esta se instalara en agosto de 2017.

Y es que desde enero de 2016 los brazos ejecutores del régimen de Nicolás Maduro, impulsados por una farsa inconstitucional e ilegal, comenzaron a generar en el país una cadena de decisiones destinadas a favorecer la construcción de un proceso antipartidista para llevar adelante la cancelación de las organizaciones políticas disidentes u opositoras a su régimen.

Acceso a la Justicia ha considerado necesario determinar cuáles han sido los pasos desencadenantes que han forjado el camino hacia la desaparición de los partidos de oposición:

Primer paso: sentencia n.º 1 de la SC del 5 de enero de 2016

TSJ y eleccionesEste fallo constituye la piedra angular sobre la cual empezó a construirse la ruta de la exclusión de las organizaciones políticas, dado que la decisión judicial cuestionaba la validez de los partidos de la oposición que no habían presentado candidaturas propias en las elecciones presidenciales, celebradas tras la muerte del presidente Hugo Rafael Chávez en 2013, porque habían decidido ir a esa contienda con la tarjeta única de la organización Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como también lo hicieron en los comicios parlamentarios realizados el 6 de diciembre de 2015. De tal manera, se las obligó a renovar su nómina de inscritos ante el CNE por no haber participado en dos elecciones seguidas de manera directa.

La decisión de la Sala también impuso la renovación de la nómina de la militancia de las toldas que participaron en los comicios parlamentarios de 2015 pero que no pudieron alcanzar el 1% de los votos.

Así pues, la SC asumió la facultad de ordenarle al CNE que regulara la verificación de las nóminas de las organizaciones políticas en el lapso de sesenta días siguientes a la publicación de la sentencia, además de que debía “implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos, atendiendo a los requisitos señalados en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales”.

Segundo paso: Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, dictadas por el CNE mediante resolución 160304-0010, publicadas en Gaceta Electoral n.° 801 del 6 de marzo de 2016

Para hacer efectiva la sentencia número 1 de la SC, el CNE dictó el instrumento normativo a partir del cual obligaría a sesenta y dos de las sesenta y siete organizaciones políticas nacionales inscritas hasta ese momento someterse a la renovación de la nómina de su militancia, a fin de validarse y mantenerse en la vida política del país.

El CNE, al respecto, introdujo en el instrumento en cuestión el uso de las máquinas captahuellas para la validación de las manifestaciones de voluntad de las personas interesadas en asociarse a los partidos políticos, como mecanismo de control para evitar la doble militancia. Sobre este aspecto es importante precisar que en Venezuela no es una irregularidad electoral la doble militancia, pues la Constitución y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones no impiden la realización de esta práctica. En Derecho no se puede prohibir a través de una sentencia lo que la Ley no prevé explícitamente. La Sala, en efecto, dice que lo “deduce” de la norma.

Así, fue la SC en su sentencia antes mencionada la que creó la piedra angular de la ruta de exclusión trazada contra los partidos de oposición, por calificar como ilícito el que una persona aparezca inscrita en dos toldas simultáneamente. Tal prohibición se perfilará más adelante como el argumento clave para blindar la anulación del principal partido político adversario del gobierno de Maduro, la Mesa de la Unidad (MUD).

Tercer paso: sentencia n.º 878 de la SC del 21 de octubre de 2016 (aclaratoria de la n.º 1)

Aunque el CNE dictó las normas para la renovación de los partidos políticos, hizo caso omiso de atender su deber y realizar el proceso de renovación en el lapso establecido por la Sala Constitucional, toda vez que su atención estuvo centrada en “resolver” la solicitud de referendo revocatorio que la oposición buscaba activar en ese momento contra el primer mandatario del país.

Ante este incumplimiento notorio por parte del órgano comicial, numerosas organizaciones políticas solicitaron una aclaratoria del fallo número 1 de la SC. Esta solicitud dio lugar a que la SC concediera un lapso de seis meses más a fin de lograr “la reprogramación del cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados”.

Pero el TSJ aprovechó la ocasión para extender el uso del sistema biométrico, no sólo para el proceso de renovación ordenado en la sentencia n.° 1 sino para cualquier solicitud de inscripción de nuevos partidos. Al respecto, adujo que en cada uno de estos casos había que tener en cuenta la prohibición de la doble militancia como ilícito electoral en el país, a pesar de que como ya dijimos no existe tal prohibición en la normativa venezolana.

Con la ampliación del lapso otorgado por la SC para el proceso de validación de los partidos políticos, empezaron retrasos significativos de este proceso, poniendo incluso en riesgo las contiendas electorales regionales que debían llevarse a cabo en 2016 y 2017, las cuales, como se sabe, estuvieron condicionadas a la conclusión de la renovación de las organizaciones políticas.

Cuarto paso: sentencia interpretativa n.° 223 de la SC del 28 de abril de 2017

A pesar de que ya se había establecido el proceso de validación por parte del CNE, la SC, después de un año de haber emitido la sentencia n.° 1, ordenó flexibilizar por “vía interpretativa” la renovación. Es por esta razón, que los partidos progobierno Tupamaro, Nuvipa y Partido Comunista de Venezuela (PCV) se vieron beneficiados directamente al quedar excluida su militancia de dicho requisito. Igualmente, otras organizaciones se vieron favorecidas, pero sólo respecto al porcentaje de manifestaciones de voluntad que requerían para alcanzar su validez.

En todo caso, esta sentencia, a pesar de que dio beneficios con la flexibilización de su posición plasmada en el fallo número 1 (primer paso), sobre todo a los partidos simpatizantes del Gobierno, ciertamente produjo otro retraso en el proceso, sin dejar de lado la falta de credibilidad o de confianza por la forma en que se estaba llevando a cabo la validación de las asociaciones políticas.

Quinto paso: programación definitiva del proceso de renovación por el CNE

Luego de las sentencias 878 (tercer paso) y 223 (cuarto paso), el CNE fijó el nuevo cronograma para la recolección de manifestaciones de voluntad de los militantes de las organizaciones políticas.

Vale destacar que frente a las demoras antes comentadas, el órgano comicial tampoco facilitó el ejercicio de los derechos de los militantes de las organizaciones a renovarse, pues según su programación cada partido sólo iba a tener dos días para recolectar las manifestaciones de voluntad y otros dos para repararlas (sábado y domingo), en los lugares de recolección y según el horario que estableciera la instancia electoral.

Era obvio que este tipo de circunstancias impuestas arbitrariamente por el Poder Electoral provocarían más dificultades hacia el camino que debían recorrer los partidos para su renovación. Frente a esta forma antidemocrática en que fue llevado a cabo el proceso de validación, finalmente sólo alcanzarían la meta catorce de las cincuenta y nueve organizaciones políticas que habían sido obligadas a participar.

Sexto paso: Decreto Constituyente para la Validación de Partidos Políticos, publicado en Gaceta Oficial n.° 41.038 del 27 de diciembre de 2017

Partidos políticos venezolanosSe trató de una decisión de la ilegítima ANC que produjo un quiebre profundo y gravemente peligroso del Estado constitucional y democrático de derecho, dado que impuso irrazonablemente otra validación para las cinco principales asociaciones políticas opositoras del país: Acción Democrática (AD), MUD, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Puente, que libremente habían decidido no participar en las últimas elecciones de alcaldes celebradas en diciembre del 2017.

Tras esta decisión, avalada por el CNE, quedarían cancelados automáticamente Puente y VP, que rechazaron acudir al proceso de validación, así como PJ por una decisión intempestiva e injustificada del órgano comicial.

Séptimo paso: sentencia n.° 53 de la SC del 25 de enero de 2018

La organización política MUD, como alianza alternativa al proyecto revolucionario del Gobierno, se estrenó en las parlamentarias de 2010. Asimismo, se impuso en las parlamentarias celebradas en 2015, convirtiéndose en el partido con el mayor número de votos obtenidos. Sin embargo, tras esta inédita sentencia de la SC su inscripción como asociación con fines políticos fue declarada nula.

El fallo estuvo sustentado, de hecho, en que la conformación de ese partido obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación, que podrían participar en el proceso electoral de carácter nacional, por lo que su validación incurriría, en opinión de la Sala, en el ilícito electoral de la doble militancia política.

Esta medida judicial emitida por la SC tuvo como base la sentencia n.° 1 (primer paso), que fue la que permitió diseñar el camino hacia el conjuro de los principales partidos opositores que ha venido tomando cuerpo en la política antipartidista del Gobierno de los últimos años.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Con el transcurrir del tiempo se ha ido revelando la consolidación de un sistema divorciado absolutamente de la estructura y principios fundamentales de la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo si se considera la posibilidad de los venezolanos de ejercer sus derechos, y en el caso que analizamos especialmente los de carácter político, que son cada vez más obstaculizados por un régimen que en nada representa los valores democráticos. Justamente, la eliminación de los partidos políticos de oposición es un síntoma claro de que en Venezuela estamos ya en una dictadura.

¿Cómo la justicia militar en Venezuela viola la Constitución?


¿Cómo la justicia militar en Venezuela viola la Constitución?

El tema de la justicia militar en Venezuela cobró especial vigencia durante los cuatro meses (abril- julio) de 2017 de fuertes manifestaciones contra el Gobierno nacional, puesto que 757 civiles detenidos en tales protestas (según las ONG Human Rights Watch y Foro Penal) fueron procesados por tribunales castrenses ante la negativa de imputarlos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) al mando de Luisa Ortega Díaz.

Pese a que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ordenó en agosto de 2017 que los casos pasaran a la jurisdicción civil, como corresponde, todavía hoy en día se presentan casos de ciudadanos civiles acusados de delitos militares. En uno de los más recientes resultó afectado el fotógrafo Héctor Pedroza, a quien un tribunal militar de Aragua le dictó privativa de libertad a principios de año supuestamente por instigación a la rebelión y terrorismo tras ser detenido el 27 de diciembre de 2017, mientras tomaba fotografías a una manifestación contra el Gobierno por falta de comida. Está recluido por ello en la cárcel de Ramo Verde.

Los civiles sometidos a tribunales castrenses constituyen un claro ejemplo de cómo la justicia militar en Venezuela viola la Constitución, pues el artículo 49 de la Carta Magna prevé el derecho de los ciudadanos al debido proceso y a ser juzgados por sus jueces naturales.

En este sentido, Acceso a la Justicia indica lo siguiente en su informe:

“La realización de una manifestación pacífica por parte de civiles no puede ser considerada, bajo ningún concepto, como rebelión militar (que fue uno de los delitos imputados), y en ese sentido debemos recordar que todas las manifestaciones realizadas, fueron consideradas, a priori, es decir, aún antes de ocurrir, como violentas, y por tanto sujetas a represión. En este supuesto, además, trataba de manifestantes civiles que protestaban en las vías públicas y contra de los cuales se transportaban tropas militares a los efectos de reprimirlas, es decir, los manifestantes estaban actuando en su ámbito natural, es decir, el civil, y eran los militares los que salían de sus instalaciones para reprimirlos. La intervención de un militar en una situación no cambia la naturaleza de los hechos, pues lo militar es la excepción y no la regla”.

Sobran ejemplos

militar-nota1Otra muestra de cómo desde la jurisdicción castrense se atenta contra el texto fundamental es el hecho de que el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que fue puesto en vigencia durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, la concibe como parte del Poder Ejecutivo y no como parte del Poder Judicial como lo señala la Constitución (artículo 261). Aunado a ello, establece expresamente que el presidente de la República, violando el principio de separación de poderes, es funcionario del Poder Judicial y puede ordenar que se sobresea (se suspenda) un juicio, lo que puede favorecer la impunidad. También nombra a los fiscales militares a los cuales, de paso, no se les exige ser abogados (artículos 71 y 77 del mismo código), lo cual viola la autonomía del Poder Ciudadano.

Como indica la investigación realizada por Acceso a la Justicia:

“El COJM, como era de esperarse en el régimen que lo vio nacer, hace que la justicia militar gire en torno a la figura del presidente de la República. Por ello, el artículo 28 señala literalmente que “son funcionarios de Justicia Militar” tanto el jefe de Estado como el ministro de la Defensa y otros militares con mando de tropa. Esta sola afirmación pone de manifiesto la manera en que se concibe la llamada justicia militar: como un órgano del Poder Ejecutivo. En cualquier democracia verdadera los tribunales militares no dependen del Ejecutivo”.

De hecho, para ser funcionario de la justicia militar se exige en la mayoría de los casos que sean oficiales y no abogados (artículos 24, 33, 41 y 49 del COJM), lo cual afecta la profesionalización de la carrera judicial militar y el principio de concurso.

En materia de dictar normativas y nombramiento de funcionarios, las competencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como gobierno del Poder Judicial también han sido ignoradas por los militares. En su estudio 7 preguntas y respuestas sobre la Justicia Militar en Venezuela, Alí Daniels menciona que el ministro de la Defensa (resolución n.° 17.082 (12/01/2011) dictó el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal Militar sin tener competencias para ello, pues le corresponde al TSJ.

Por otro lado, dicho reglamento establece (artículo 8) que el nombramiento de los miembros de la Corte Marcial lo realizará el TSJ, pero no mediante el concurso que señala la Constitución sino escogiendo de una lista que dicte el propio ministro de la Defensa.

Vladimir Padrino LópezEn la investigación realizada por Acceso a la Justicia se indica asimismo que en un acto reciente dicho ministro, por disposición del presidente de la República, nombró al oficial general que ejercía como fiscal militar para el puesto de presidente de la Corte Marcial y además, designó a un nuevo fiscal militar para reemplazar al anterior (resolución n.° 22.275 del 21/12/2017). A pesar de que no la ejerza, esa competencia le toca al TSJ (artículo 255 de la Carta Magna).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Ante el total irrespeto de la regulación existente en materia de justicia militar respecto de la Constitución, los derechos ciudadanos están expuestos a la voluntad de la tiranía.

De acuerdo con la Carta Magna, en Venezuela sólo existe un Poder Judicial, con la jurisdicción militar incluida (artículo 261), aunque le da ciertos elementos diferenciadores, al igual que a la justicia de paz y la indígena, pero la normativa que la regula la transforma en un sistema de administración justicia paralelo que no respeta el debido proceso y no diferencia entre civiles y militares.

Con la instalación en Venezuela de un gobierno cada vez más autoritario, este tipo de regulación poco garantista es una herramienta útil para que el Gobierno la use en contra del ciudadano que proteste o de la oposición política.

Enlace al informe.

Enlace al informe resumido.

Enlace a la infografía.

A un mes de la Masacre de El Junquito el Poder Moral sigue sin cumplir sus funciones


Masacre de El Junquito

Se cumplió un mes de la Operación Gedeón o Masacre de El Junquito, en la que resultaron muertos el ex-CICPC Óscar Pérez y un grupo de hombres —más una mujer—, por haber realizado actividades de sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro desde junio de 2017, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya anunciado una investigación formal de los hechos, ni la Defensoría del Pueblo haya hecho alusión a los derechos vulnerados en esa operación.

Entierro víctimas Masacre de El Junquito¿Se rindieron Óscar Pérez y sus compañeros ante los cuerpos de seguridad que sitiaron la vivienda donde se encontraban en el kilómetro 16 de El Junquito, tal como el mismo expolicía declaró en varios videos antes de morir? ¿Hubo uso desproporcionado de la fuerza? ¿Actuaron grupos paramilitares en el operativo?, son algunas de las preguntas a las que por ahora no hay respuestas certeras, porque en el lugar de los hechos no había fiscales del Ministerio Público (MP), mediando una eventual entrega, o la Defensoría del Pueblo, protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos allí presentes. Tampoco había medios de comunicación que narraran los acontecimientos, ni una averiguación posterior que sirva para aclarar lo que realmente sucedió. Sin embargo, la manera en que posteriormente se trataron los cadáveres de los abatidos aumentaron las sospechas de un ajusticiamiento.

En este sentido, Acceso a la Justicia respaldó el pronunciamiento de varias ONG y expertos en derechos humanos, en el que se denunció la posibilidad de que haya ocurrido una ejecución extrajudicial en el caso de Pérez y sus compañeros, a los que el Ejecutivo calificó como “célula terrorista”, en un intento por justificar el uso de la fuerza contra el grupo.

Con respecto al uso de la fuerza en el operativo policial, el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que utilizar la fuerza para ejecutar la detención es excepcional y debe ser proporcional a la resistencia que oponga el imputado; el uso de armas está expresamente prohibido, excepto para proteger la vida o la integridad de las personas, y está destinado a conseguir la captura de los imputados, por lo que el uso de armamento de guerra es cuestionable.

En otros videos difundidos se pudo observar cómo los efectivos emplearon lanzagranadas y otras armas calificadas como de guerra. Un ensangrentado Óscar Pérez aseguraba en una transmisión en vivo que la intención de los cuerpos de seguridad no era dejarlos con vida.

De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que existen pruebas de la ejecución extrajudicial, entre ellas los mencionados videos con los testimonios de Pérez durante el ataque a la vivienda donde se escondía; la afirmación de un familiar de uno de los caídos según la cual el cadáver presentaba varios disparos en la cabeza, pero el acta de defunción decía que fue un disparo único, lo que denota encubrimiento oficial; más el sorpresivo entierro de los cuerpos sin que la familia pudiera velarlos e impidiendo el acceso de público. Sobre esto el artículo 254 del Código Penal advierte que ayudar a eludir las averiguaciones por la comisión de un hecho punible merece pena de hasta cinco años de prisión.

Tarek William SaabVale acotar que las autopsias a Pérez y a su grupo debieron realizarse ante un juez y en presencia de los familiares y abogados de todos los fallecidos para que luego pudiera reproducirse en un hipotético juicio (artículo 289 del COPP), lo cual no ocurrió, y todo indica que no sucederá mientras dure este gobierno. Debemos recordar que no fue sino hasta el 22 de enero (una semana después) que el fiscal Tarek William Saab apareció públicamente para retar a sus detractores a un debate sobre derechos humanos, luego de justificar el procedimiento que acabó con Pérez, su grupo, una civil y dos policías nacionales. Nada dijo de una investigación seria para esclarecer los hechos. El defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, simplemente ha hecho mutis.

Otras personas fuera de la administración de justicia, como el constituyente Diosdado Cabello y el presentador Mario Silva, entre otros, fueron quienes a las horas del asesinato de los sublevados dieron detalles del procedimiento, que se supone sólo debían conocer las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos con competencia en la materia.

¿Qué hubiera pasado con el procedimiento policial y la investigación si estuviéramos en un estado de Derecho?

El MP debió estar presente en la negociación si la intención de los sublevados era entregarse, como consta en los videos difundidos, donde pedían alto al fuego. Pero no había fiscales, no hubo entrega, el fuego no cesó y el resultado fue ocho personas muertas, incluyendo civiles.

Es oportuno recordar una sonada situación de rehenes en la parroquia El Cementerio, en Caracas, en febrero de 2016, cuando un peligroso antisocial conocido como “El Buñuelo” (Claudio Jovannis Jiménez), portando un fusil y una granada, retuvo a la fuerza a una mujer y su hija para evitar ser capturado por la policía. Jiménez solicitó la presencia de su madre, un sacerdote y fiscales del MP para rendirse; esto le fue concedido y él se entregó. De hecho, nadie resultó herido.

En el seno de la opinión pública fue inevitable la comparación con el intento de golpe de Estado, encabezado por Hugo Chávez en 1992. Aun con el calibre del delito cometido y las numerosas muertes, los insurrectos fueron capturados con vida y hasta al teniente coronel se le permitió pronunciarse a través de los medios de comunicación, llamando a la rendición de sus compañeros de armas. Óscar Pérez y su grupo no tuvieron la misma suerte en la llamada Quinta República.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Resulta muy peligroso que el Ejecutivo utilice el delito de terrorismo a discreción para poder arremeter con todo el peso de la fuerza pública contra la disidencia, incluyendo la letal. Incluso un sublevado contra un gobierno tiene derechos, de modo que ninguna acción justifica el violarlos, pues lo que debe prevalecer es la protección de los mismos. Pero queda claro que, finalmente, lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un mensaje del régimen sobre lo que le puede ocurrir a todo aquel que se pronuncie en su contra.

CNE le eliminó la competencia al Gobierno con medidas inconstitucionales


CNE le eliminó la competencia al Gobierno con medidas inconstitucionales

Entre 2016 y lo poco que va de 2018 el registro de los partidos políticos nacionales ha disminuido en más de 75%. Este descenso anómalo se explica, en primer lugar, por la decisión de “interpretación constitucional” contenida en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia, en la que estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales debían renovar la nómina de sus inscritos.

EleccionesTras el referido fallo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictó las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales (publicado en Gaceta Electoral n.° 801 del 4 de marzo de 2016), a las cuales debían someterse un total de sesenta y dos partidos, a fin de mantenerse activos y poder participar en cualquier elección convocada por el Poder Electoral.

De acuerdo con la mencionada resolución, las toldas políticas que debían renovarse eran, por el lado de la oposición, Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VP) y Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT), y por el lado del gobierno y sus simpatizantes o adeptos, entre otros, Patria Para Todos (PPT), Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

Únicamente cinco organizaciones políticas, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Independientes por el Progreso (IPP) y Unidad Política Popular 89 (UPP 89), quedaron exentas del proceso de validación.

A estos cinco partidos políticos, sin embargo, se sumaron otras organizaciones políticas tras una sentencia “aclaratoria” de la SC del TSJ contenida en el fallo n.° 223 del 28 de abril de 2017 que en realidad fue discriminatoria, en la que flexibilizó el proceso de renovación impuesto. A partir de esta decisión se abrió la puerta para beneficiar sólo a los partidos oficialistas Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro), Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa) y el PCV.

Una vez finalizado el proceso de validación, protagonizado por una cadena de obstáculos, el CNE, según resolución n.° 170731-0227 del 31 de julio de 2017 (publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017), dio a conocer que de un total de cincuenta y nueve partidos políticos nacionales que debían renovar sus nóminas de inscritos conforme al proceso ordenado por la SC del TSJ, tan sólo catorce toldas alcanzaron su legalización. Entre ellas los opositores AD, UNT, VP, Movimiento al Socialismo (MAS) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y los afectos al Ejecutivo Nuevo Camino Revolucionario (NCR), PPT y MEP.

En tal sentido, de acuerdo con la información oficial del CNE (resolución n.° 170731-0228 del 31 de julio de 2017, y publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017), los partidos políticos nacionales que “no alcanzaron el porcentaje de manifestaciones de voluntad requeridas en por lo menos doce entidades federales”, fueron cuarenta y dos, a saber Alianza Bravo Pueblo (ABP), La Causa Radical (CR), Bandera Roja (BR) y Proyecto Venezuela (PV), entre los adversos al chavismo y el integrante del Polo Patriótico Gente Emergente (GE).

Adicionalmente, el CNE mediante resolución n.° 170731-0229 del 31 de julio de 2017 (publicada en Gaceta Electoral n.° 865 del 13 de septiembre de 2017) también decidió cancelar a otros tres partidos políticos porque no “consignaron la Solicitud de Renovación”, conforme al artículo 6 de las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales. Los afectados por la medida fueron Movimiento Laboralista, Partido Socialismo y Libertad y Progreso Social.

De esta manera, a raíz del fallo de la SC, se eliminaron cuarenta y cinco partidos políticos nacionales, entre los que destacan organizaciones de una significativa trayectoria en el país como ABP, BR, Causa R y PV. Asimismo, se revelaba que un total de veintidós asociaciones (las catorce validadas más las ocho exentas de renovación) eran los partidos habilitados legalmente en el país para participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes del 15 de octubre de 2017, tales como AD, AP, Copei, MUD y VP de un lado, y PSUV, Tupamaro, PPT, PCV y MEP, del otro.

Coctel de ataques

Sin embargo, la vigencia de esta lista de partidos nacionales se ha visto mermada a finales de 2017 y las primeras semanas de enero del año 2018 por decisiones de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el CNE y el TSJ, que sin observar las condiciones establecidas en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, e incluso sus propias decisiones del año anterior (en el caso del CNE y el TSJ), ejecutaron un coctel de ataques sistemáticos en contra de las cinco principales asociaciones políticas opositoras del país: AD, MUD, PJ, VP y Puente.

Esto responde a una estrategia gubernamental concreta: la de eliminar la mayor competitividad electoral posible en las próximas elecciones presidenciales, adelantadas inconstitucionalmente por la ANC. De hecho, la cancelación automática de los partidos Puente y VP que rechazaron acudir al proceso de validación ordenado por la ANC y avalado por el CNE, así como la anulación insólita de la tarjeta de la MUD por un fallo “interpretativo” de la SC, son hechos palpables que demuestran los graves riesgos a los que están expuestos los derechos de participación política (artículo 62 constitucional) y de libertad de pensamiento y opinión (artículo 57 constitucional) en el contexto actual del país, además de atentar contra la autonomía y libertad de las personas.

Primero JusticiaPero el mayor de los ataques es la reciente decisión del CNE, tomada el pasado 2 de febrero, de cancelar imprevistamente a Primero Justicia luego de que la propia administración electoral aprobara e informara las actividades que debía cumplir dicha tolda para alcanzar su validación.

Resulta alarmante y peligroso que, entre 2016 y las pocas semanas que van del año 2018, se han eliminado cuarenta y nueve partidos políticos a partir de medidas muy alejadas de los estándares de un Estado democrático de derecho, que sólo buscan favorecer al partido gobernante. De momento apenas restan diecisiete partidos nacionales “legalizados” para participar en los próximos comicios, pues aún se está a la espera de que el Poder Electoral apruebe la validación o no de Acción Democrática. Se trata de un panorama político que no luce para nada alentador en la actual crisis que vive el país.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Cada vez más el Gobierno nacional, a través de sus distintos brazos ejecutores (ANC, CNE y TSJ), se va apropiando de las instituciones y métodos democráticos con el fin de enmascarar sus verdaderas intenciones.

El ataque constante contra los partidos políticos de oposición supone la neutralización del pluralismo político y el reforzamiento para la constitución de un sistema de partido único (unipartidismo), tal y como se ha impuesto en países como Cuba, Corea del Norte y China. La privación y la posible muerte de tales organizaciones representarían para los venezolanos el grave peligro de perder los remotos espacios que aún sobreviven en el país, a pesar del progresivo autoritarismo.

Comunicado del grupo de profesores de Derecho Público, ONG, defensores de DD. HH., colegios de abogados y otros abogados y profesores universitarios


CNE

Ante el decreto constituyente sobre la convocatoria de elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año 2018, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.361 Extraordinario, de fecha 23 de enero de 2018, emanado de la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, quienes suscribimos, profesores de Derecho Público de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de diversas universidades del país, expresamos:

La democracia comprende todos los elementos esenciales y componentes fundamentales contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Las elecciones son un requisito necesario, pero no suficiente para definir una democracia. Las elecciones en todo caso deben convocarse y llevarse a cabo en respeto a los estándares universales de libertad, transparencia, igualdad e imparcialidad.

La libertad y el respeto de los derechos fundamentales son una condición de los sistemas democráticos; en lo electoral son garantías mínimas: el ejercicio libre del voto, que permita a los electores expresar su preferencia, sin manipulaciones, ni condicionamientos; el derecho a la asociación con fines políticos, la libertad de postularse como elegibles y la autonomía e independencia de los órganos del Poder Electoral, condiciones consagradas en nuestra Constitución vigente en los artículos 63, 67 y 294 y en instrumentos internacionales.

La inviolabilidad de esas disposiciones es un imperativo para el desarrollo de los procesos electorales, que no pueden ser usados fraudulentamente para distorsionar la voluntad del electorado.

Esas garantías no existen hoy en Venezuela, por la inconstitucional conformación del Consejo Nacional Electoral, las irregularidades en el Registro Nacional Electoral, la arbitraria inhabilitación de líderes políticos, su persecución y hasta encarcelamiento de algunos, la invalidación de las asociaciones con fines políticos, la ausencia de cronograma electoral, la negativa a la observación internacional objetiva e independiente, además de las irregularidades y ventajismos de los que se sirve el oficialismo durante la campaña electoral.

El Decreto de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, además de los vicios que afectan a todos los actos de ese cuerpo convocado, elegido y operando en clara violación de la Constitución vigente, adolece del vicio de extralimitación de funciones, porque incluso si estuviera válidamente constituida y pudiera considerarse una legítima expresión del poder constituyente del pueblo, sus funciones estarían circunscritas a la redacción de un nuevo texto constitucional, como lo dispone el artículo 347 de la Constitución, careciendo de atribuciones para decretar la oportunidad en que deban celebrarse los procesos electorales.

La convocatoria para las elecciones presidenciales debe hacerse durante el 2018, en virtud de la culminación del período presidencial en curso.

La elección para un cambio de Presidente es un clamor de los venezolanos, debido a la grave crisis humanitaria, económica y política, generada por las erradas políticas del actual gobierno. Sin embargo, para la realización del proceso electoral es necesario previamente el restablecimiento de las garantías electorales y la separación de poderes.

La reivindicación de esas garantías electorales ha sido una de las exigencias que la oposición le ha presentado al régimen durante el proceso de diálogo que se adelanta desde finales del 2017, con la asistencia de representantes de la comunidad internacional.

El desconocimiento y violación de todos los derechos ciudadanos ha sido una constante del régimen, evidenciada una vez más en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del 23 de enero de 2018, con el cual se pretende impedir que se generen las condiciones necesarias para el ejercicio libre del voto, atentando una vez más contra la soberanía del pueblo venezolano, en violación de los derechos políticos consagrados expresamente en la Constitución vigente y considerados internacionalmente como derechos humanos fundamentales.

Ese decreto es un nuevo acto de fuerza, de un régimen opresor, un desconocimiento de los principios más elementales del Estado de Derecho que debemos reivindicar.

Como expresión de la sociedad civil exigimos al gobierno seriedad, responsabilidad y respeto a la Constitución vigente.

Hacemos nuestro el rechazo expresado por la comunidad internacional a ese inconstitucional decreto, que se publica estando en curso un proceso de diálogo, que debía servir de espacio de entendimiento para alcanzar consensos que permitieran adelantar acciones para superar la grave crisis humanitaria, económica y política que atraviesa el país.

La decisión de adelantar el proceso de las elecciones presidenciales, sin que estén dadas las garantías mínimas de respeto de la voluntad del electorado, lejos de contribuir a la búsqueda de una solución, agrava la situación y evidencia las pretensiones del gobierno de permanecer en el poder en contra de la voluntad del pueblo.

Rechazamos la imposición de un proceso electoral sin las debidas garantías, el atropello de los derechos políticos de los venezolanos y de sus aspiraciones de elegir un gobierno democrático, que atienda las necesidades de la población y desarrolle políticas en favor del bienestar de los venezolanos.

Grupo de profesores de Derecho Público

Andrade, Jesús María, Profesor UCV

Ayala Corao, Carlos, Profesor UCAB, Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Angrisano Silva, Humberto J., Profesor UMA y UCV

Blanco-Uribe Quintero, Alberto, Profesor UCV

Brewer Carías, Allan R. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Canova, Gonzalez, Antonio, Profesor UCAB

Chavero, Rafael, Profesor UCAB-UCV

Correa Martín, María Alejandra, Profesora UCV- UMA

García Soto, Carlos, Profesor UCV-UMA

Grau, Gustavo, Profesor UCAB y UCV

Hernandez, José Ignacio, Profesor UCAB-UCV

Kiriakidis, Jorge, Profesor de la UCAB, UMA

Korody, Juan, Profesor UMA

Louza, Laura, Profesora UCV

Martínez, Alfredo, Profesor Unimet

Monaco, Miguel, Profesor UCAB

Nikken, Claudia C.I. Profesora UCV

Orlando S. Freddy J., Profesor UCV, UCAB

Palacios Márquez, Leonardo, Profesor UMA y UCAB

Pérez Perdomo, Rogelio, Profesor UCV, UNIMET

Pérez Salazar, Gonzalo, Profesor UMA

Pesci Feltri, Flavia, Profesora UCV

Raffalli, Juan Manuel, Profesor UCAB, UMA

Rodríguez, Armando, Profesor UCV

Sánchez Falcón, Enrique, Profesor UCAB-UCV

Santacruz, Andrea, Profesora UNIMET

Silva Aranguren, Antonio, Profesor UCV

Sosa, Cecilia, Profesora UCAB, Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales

Toro, María Elena, Profesora UMA

Tarre Briceño, Gustavo, Profesor UCV- UCAB

Urosa, Daniela, Profesora UCAB

Otros abogados y profesores universitarios

Hocevar, Mayda, Profesora ULA

Nieto, Carlos, Profesor de UJMV

Polesel, Barbara, Abogada UCAB

Sosa, José Armando, Profesor UGMA MONAGAS

Colegios de abogados

Colegio de abogados del estado Amazonas

Colegio de abogados del estado Apure

ONG y defensores de DDHH

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Mérida

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Monagas

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Movimiento Las Piloneras

Red Andina de DDHH (Radar)

Sociedad Hominis Iura – SOHI

Una Ventana a la Libertad

Un Mundo Sin Mordaza

Weicsa Santos, defensora de DDHH en Apure

El control de precios como herramienta contra el pueblo


El control de precios como herramienta contra el pueblo

Venezuela vive la crisis económica más severa de su historia republicana. Los indicadores presentados por organismos multilaterales como el Banco Mundial o las mediciones realizadas por consultoras internas –caso Ecoanalítica– dan cuenta de que la contracción acumulada de los últimos cuatro años supera 35%, magnitud sólo vista en países que han sufrido eventos bélicos.

Los análisis arrojan que resultados tan negativos están atados a la falta de políticas públicas acertadas para corregir las distorsiones o, lo que es más preocupante, al mantenimiento de medidas, que lejos de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, las han desmejorado, provocando un largo período de inflación y escasez generalizada, que han dado lugar a una emergencia humanitaria en el país.

Entre esas políticas destaca el modelo centralizado de control de precios implantado desde 2003, y que se profundizó con la Ley de Costos y Precios Justos de 2011, donde se dejó atrás el control específico sobre los rubros de primera necesidad, para establecer la fijación de los valores de todos los bienes y servicios que se transan en el país (en 2014, el presidente Nicolás Maduro reformó la norma y la denominó Ley Orgánica de Precios Justos).

Asamblea Nacional ConstituyenteEsta política ha sido reeditada recientemente con la llamada Ley de Precios Acordados de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), usurpando las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN), publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.342 del 22 de noviembre de 2017, que tiene como finalidad, según se indica en ella “establecer las bases de una política de precios acordados fundamentada en los principios de la paz social, democracia, corresponsabilidad, justicia social, participación ciudadana, contraloría social, derechos humanos y eficiencia”.

Con la variación de la normativa mencionada se señala que los importes de venta serán “acordados” con los actores de la cadena productiva y de distribución, pero en las primeras de cambio el carácter autoritario del Gobierno echó por la borda cualquier negociación, al ordenar rebajar los precios de más de 6 mil productos.

Esta medida lo que hizo fue profundizar aún más a comienzos de 2018 la severa escasez que ya arrastraban los comercios, afectados por años de controles y regulaciones varias. No hay rubro que hoy en día no muestre anaqueles vacíos en todo el país.

Sobre este tipo de regulación, específicamente en 2011 cuando entró en vigencia la primera ley que buscó controlar todos los precios, se pronunció el impulsor del “socialismo del siglo XXI”, Heinz Dietrich, en un artículo intitulado irónicamente Milagro económico en Venezuela: La Ley de Costos y Precios Justos. En este emitió una crítica a la normativa que traslució lo que los expertos han sostenido sobre los controles, y es que “se reglamentó con ochenta y ocho artículos algo que no existe: el precio justo de la economía de mercado”, e incluso acotó que “legislar sobre él, es una manifestación de ignorancia científica y tontería económica”.

Anaqueles vacíosComo se desprende de lo anterior, pese a los resultados y los cuestionamientos, Maduro ha mantenido un esquema de regulaciones con esta ley y otras del período del fallecido presidente Hugo Chávez, como las de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y la de Tierras, que le ha asegurado un férreo control sobre el aparato productor y comercial, lo que a la postre han conducido a la progresiva reducción de la producción que hoy condena a la escasez a toda la población.

Así, el Gobierno de Maduro, lejos de generar medidas para revertir la crisis, que se inició durante el gobierno de Chávez, pero que aún no era visible por los elevados precios del petróleo, la ha ahondado manteniendo o radicalizando el mismo modelo que durante más de una década creó todo tipo de distorsiones económicas y sociales.

Esta forma de ejercicio del poder hoy muestra al mundo una Venezuela empobrecida, con una población que no sólo no tiene condiciones dignas de vida, sino que incluso muere de hambre y por falta de medicinas, lo que puede hacer pensar en la comisión de crímenes de lesa humanidad al constituir una política gubernamental sistemática de “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La política sistemática de los gobiernos de Chávez y Maduro de intervenir por la fuerza los sectores productivos y apropiarse de los medios de producción, no sólo ha desvirtuado la aplicación del estamento jurídico venezolano, sino que además se ha convertido en el principal factor en la desaparición progresiva de los productos hechos en Venezuela, e incluso en la merma de la importación de rubros terminados.

Esta situación que el Gobierno achaca a una guerra económica y no a su modelo económico, ha puesto a Venezuela en una verdadera situación de emergencia humanitaria originada por el Gobierno mismo, mediante sus políticas de controles excesivos y nacionalización de empresas, que han acabado con la producción nacional.

Además, está el agravante de que la falta de divisas causada por la progresiva ineficiencia en la producción petrolera, corrupción y excesivo gasto público ha dado lugar a una inflación sin precedentes y a un empobrecimiento generalizado, que han causado niveles de desnutrición alarmantes en niños y adultos, muertes por falta de alimentos, escasez estructural de rubros básicos, e incluso de productos no esenciales.

Elecciones presidenciales anticipadas: la nueva jugada del poder político


Elecciones presidenciales anticipadas: la nueva jugada del poder político

En un ambiente de contradicciones en el seno de la oposición y con un férreo control social ejercido sobre la población venezolana por el Gobierno, este último lanzó su última jugada a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC): la convocatoria adelantada de las elecciones para la Presidencia de la República que, según establece el decreto de ese órgano, deben realizarse antes del 30 de abril de 2018.

Acceso a la Justicia advierte que esta decisión de la írrita ANC no es más que una represalia ante las medidas acordadas por la Unión Europea (UE) con las que sancionó a siete altos funcionarios del régimen del presidente Nicolás Maduro, entre los que resalta el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, por afectar “la progresiva evolución del Estado de derechos humanos, de inclusión, justicia e igualdad”.

Consejo Nacional ElectoralAunado a ello, hay una carencia absoluta de todo anclaje jurídico para convocar este proceso comicial debido a que usurpa nuevamente las funciones electorales asignadas constitucionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE), según el artículo 293, numeral 5, y legalmente desarrolladas en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que contempla expresamente la facultad que tiene el órgano electoral de convocar y fijar la fecha de los eventos electorales para los cargos de elección popular.

Para Acceso a la Justicia esta supuesta convocatoria también es motivo de gran inseguridad jurídica entre los actores políticos y la ciudadanía en general, no sólo por la falta de equidad de competencia y parcialidad del CNE, orientado hasta ahora a favorecer al oficialismo, sino también por dos razones fundamentales:

  1. Equiparar elecciones con democracia. El solo hecho de votar no es una condición suficiente para que un gobierno sea democrático. Existe, desde luego, una profunda diferencia entre elecciones y democracia. Un régimen dictatorial, por ejemplo, también gana por elecciones; es el caso de Cuba donde, como se sabe, no hay democracia pero sí se celebran comicios.

Para que los procesos electorales sean considerados auténticos métodos democráticos se requiere de forma inexorable el respeto a la participación política (artículo 62 de la Constitución), tanto de los electores como de los partidos políticos y candidatos, sobre todo a partir de condiciones justas, iguales y transparentes (artículo 294 de la Constitución). En ese sentido, es falsa la justificación que en su último considerando da a su decreto la ilegítima ANC, cuando afirma que las elecciones presidenciales convocadas conducen a afianzar la “paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permiten dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través de las elecciones”, pues sólo la observancia y el respeto de las garantías mínimas electorales que aseguren la voluntad popular, hacen democráticas a las elecciones.

La democracia está indudablemente asociada a elecciones equitativas, limpias y justas, pero la idea de elecciones a secas no está ligada a ningún proceso democrático. Afirmar que con estas elecciones presidenciales habrá paz y justicia en el país es insensato cuando se ignoran esas garantías.

10 reglas para una elección democrática que no se cumplen en Venezuela

En esta infografía se puede ver qué reglas deben existir para que haya unas elecciones realmente democráticas, que en la actualidad no se cumplen en Venezuela.

  1. Violación de la garantía de la convocatoria a elecciones y la fijación de la fecha. Justamente, esta es una de las garantías electorales mínimas imprescindibles para unos comicios justos y limpios, pues permite dar a conocer, de antemano, cuándo se celebrará la contienda electoral.

Es en razón de lo antes expuesto que el artículo 298 de la Constitución prohíbe, sin ningún tipo de excepción, cualquier modificación –parcial o total– de la legislación que regula el proceso electoral antes de los seis meses de su celebración o realización, para impedir que se produzcan cambios inesperados o sorpresivos que atenten contra la certeza jurídica y la transparencia de la contienda electoral, y asegurar de esta forma el respeto del derecho de participación política y del voto.

AhoNicolás Madur y Cilia Floresra bien, es importante aclarar que la convocatoria y fijación de la fecha de elecciones lamentablemente luce poco resguardada en la práctica por parte del CNE, debido a que, a pesar de ser una actividad exclusiva del órgano electoral (artículo 42 LOPRE) –actualmente usurpada por la ANC–, se ha traducido en una medida arbitraria y que sólo responde a los intereses del Gobierno nacional.

No debe olvidarse lo que ocurrió con las fraudulentas elecciones de gobernadores  que debían celebrarse en 2016 y fueron pospuestas injustificadamente por el CNE en 2017 hasta que la ANC le giró instrucciones para que fueran realizadas en octubre de dicho año.

Pero vale destacar que el caso más emblemático aconteció en las elecciones presidenciales de 2012, en las que el entonces presidente Hugo Chávez buscaba su tercera reelección. De hecho, a raíz del deteriorado estado de salud en que se encontraba Chávez, el CNE decidió adelantar las presidenciales fijando el domingo 7 de octubre como fecha de votación y no los primeros días del mes de diciembre como había ocurrido en las pasadas elecciones del 3 diciembre de 2006, o en las de 1998, en las que fue electo por primera vez como presidente de los venezolanos.

Al respecto, es importante resaltar que la celebración de comicios presidenciales en el mes de diciembre, más que un invento, ha sido una tradición o costumbre jurídica de gran relevancia en el país que se remonta a 1958 y que, por cierto, es una consecuencia lógica por la inmediatez que ha existido entre esa fecha de elección y la toma de posesión por parte del candidato electo en el cargo presidencial. De hecho, así estaba contemplado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1998 (artículo 152), hasta que en 2009 la Asamblea Nacional –predominantemente chavista– decidió derogarla por la actual legislación electoral (artículo 42), suprimiendo expresamente que las elecciones debían celebrarse “para un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente”.

En cualquier caso, aunque no exista en la actualidad disposición constitucional ni legal que expresamente imponga la celebración de los comicios presidenciales en diciembre, no puede pretender convertirse la fijación de la fecha de elección en una especie de poder caprichoso sin norma que lo controle, tal como lo hace la reciente decisión de la ANC.

En ese sentido, para Acceso a la Justicia esta facultad debe adecuarse inexorablemente a la previsión constitucional estipulada en el artículo 231, en el que se establece que el día 10 de enero es la fecha de toma de posesión del candidato elegido como presidente de la República, pues ese término constitucional es el parámetro jurídico más idóneo y razonable que debe tomarse en cuenta para establecer el día de la elección presidencial.

El adelanto de las presidenciales en el primer cuatrimestre de 2018 por parte de la ANC es inconstitucional a la luz del límite derivado del artículo 231 de la Carta Magna venezolana, además que en nada coadyuva a solventar la actual crisis política, económica y social que padece la población venezolana, ni mucho menos ofrece garantías para elecciones justas, libres y trasparentes, pues de momento, aún no se tiene la fecha y tampoco se conocen las condiciones en que se realizarán estos comicios.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La decisión de adelantar las elecciones presidenciales lanza a los venezolanos al abismo de una dictadura. La ilegítima ANC –invocando su supuesto carácter de titular de soberanía constituyente– comporta la destrucción de facto del orden constitucional y democrático del país para consolidar un régimen dictatorial de Maduro disfrazado o maquillado de elecciones que trastocan y alteran la integridad de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición


Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una nueva sentencia, la n.° 53, en la que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiar el aviso oficial mediante el cual convocó al proceso de validación a aquellos partidos políticos que no participaron en las elecciones de alcaldes celebradas el 15 de diciembre de 2017, siguiendo instrucciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La razón de este cambio es que debe excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque se pudiera incurrir en doble militancia, lo que a criterio de la Sala está prohibido por la normativa nacional.

La SC se fundamenta en que la conformación de la MUD “obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional”, por lo que si aquella se validara podría incurrirse en la prohibición de la doble militancia política.

 Acceso a la Justicia reitera que no hay norma alguna en Venezuela que prohíba la doble militancia. La SC se basa en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, concretamente en los artículos 16, 17 y 32, aplicándolos a supuestos de hecho diferentes a los que estas disposiciones regulan. En efecto, por una parte, se refieren a la cancelación de partidos regionales cuando se fusionen en uno nacional, quedando así vigente este último. Se debe señalar que los partidos de la MUD son nacionales y no regionales, por tanto, estas normas no se les aplican y, además, no han solicitado fusión alguna.

Por otra parte, el artículo 32.c prevé la cancelación de la organización política que no participe en más de dos períodos constitucionales seguidos. A este respecto, la SC estableció arbitrariamente que los partidos que no fueron con símbolos propios a las parlamentarias, como los que se adhirieron a la MUD, no participaron en realidad en esa elección, por lo que deben validarse. Y aunque así lo hicieron en su mayoría durante 2017, es la ilegítima ANC la que exige que se vuelvan a validar sin justificación legal alguna.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposiciónAdicionalmente, el máximo tribunal en su nueva sentencia n.° 53, no advierte que la convocatoria del CNE no ofrece garantías suficientes a las organizaciones políticas que se someterán al proceso de renovación, especialmente por dos razones fundamentales:

  1. Inseguridad jurídica. No se sabe cuáles son los reglamentos electorales o las normas que aplicará el CNE en este proceso de renovación. Valga decir que si bien publicó las actividades del proceso y las fechas o lapsos dentro de los cuales se llevará a cabo cada fase, no indicó cuáles serán las reglas jurídicas a las que deberán atenerse cada una de ellas (recolección de manifestaciones de voluntad, impugnaciones, reparos, etc.), situación que pone en desventaja a los partidos, pues el CNE, tal y como lo ha demostrado en el pasado, suele improvisar sus decisiones atendiendo, claro está, a los intereses del chavismo.
  1. Falta de transparencia. Otro aspecto preocupante es que el CNE tampoco garantiza la transparencia del proceso convocado, toda vez que no establece en el aviso oficial publicado el número de máquinas captahuellas que serán utilizadas. Asimismo, no indica dónde estarán ubicadas dichas máquinas, desconociéndose de este modo si los espacios contarán o no con una estructura física adecuada o, incluso, si su acceso facilitará o no la movilización de los ciudadanos para validar su voluntad.

No menos grave es que el supuesto árbitro electoral y la SC actúen sin importarle que la fraudulenta ANC le usurpara sus funciones electorales al CNE y adicionalmente le ordenara hacer algo ilegal e inconstitucional.

Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposiciónLa falta de claridad de las normas del CNE, aunada a la nueva sentencia del TSJ que parece tener como objeto la eliminación total de la MUD, lo que busca es impedir la competitividad electoral en el país, así como entorpecer y negar la participación de los principales partidos opositores en los próximos comicios presidenciales, que además por orden de la Constituyente deberán celebrarse antes del 30 de abril de 2018, violando el artículo 298 de la Constitución, entre otros. Todo esto apunta a que Venezuela se adentra cada vez más en la senda autocrática.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Nada bueno parecen augurar las decisiones que no brindan respeto por las garantías democráticas ni respetan el orden jurídico. Lamentablemente, en Venezuela es un riesgo ejercer los derechos políticos, sobre todo cuando estos atentan o ponen en riesgo los intereses del Gobierno nacional y los de sus dirigentes.

Por ello, a los venezolanos sólo nos queda continuar, dejando constancia de las arbitrariedades del poder, y luchar porque ahora o más adelante se garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades.

Lea el texto completo de la sentencia del TSJ que deja afuera a la MUD de las elecciones


sentencia-nota

Caracas, 25 de enero 2018

207° y 158°

Mediante sentencia n° 878 del 21 de octubre de 2016, esta Sala Constitucional declaró:

1.- RESUELTAS las solicitudes de aclaratoria de la sentencia n.° 1, de fecha 05 de enero de 2016, referente a la renovación de la nómina de las asociaciones con fines políticos.

2.- ACUERDA otorgar un lapso para la reprogramación del cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados, en virtud de las circunstancias de hecho y de derecho descritas en el presente fallo. Dicho lapso será de seis (6) meses, el cual se computará a partir de la publicación de la presente decisión.

3.- Se ORDENA al órgano rector electoral que en el proceso de renovación de inscripción de los partidos políticos, reprogramado por esta Sala, DEBE verificar la nómina de inscritos a los fines de evitar que se produzca la doble militancia en alguno de ellos, y en caso de producirse, debe pronunciarse inmediatamente y remitir resultas a esta Sala.

4.- Se ESTABLECE que el partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estadal y nacional.

 

 

De dicha decisión se notificaron a las partes de la causa, constando que las mismas se terminaron de realizar el 3 de marzo de 2017.

En escrito presentado el 22 de marzo de 2017, el ciudadano PEDRO VELIZ ACUÑA, titular de la cédula de identidad n° 2.927.005, actuando en su carácter de Presidente del Partido Político Bandera Roja, asistido del abogado NATALIO ELOY TARAZONA GUERRERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 194.379, presentó escrito solicitando a esta Sala aclaratoria y ampliación respecto de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016, visto que en su criterio la sentencia n° 878 del 21 de octubre de 2016, genera dudas de su contenido y alcance.

Esta Sala en decisión n° 223 del 28 de abril de 2017, esta Sala dispuso lo siguiente:

(…) que los partidos políticos que hayan obtenido una votación correspondiente al 1% en uno o varios estados, que no alcancen el número doce requerido por la normativa, dicho estado o estados contarán para el proceso de validación nacional, por lo que, en esos casos, será suficiente la presentación de la constancia certificada del Poder Electoral, y el proceso de renovación de la nómina de sus integrantes se hará en el número de entidades federales restantes donde no hayan alcanzando el porcentaje  que les permita lograr el número requerido, para la efectiva y legítima validación.

Asimismo, en aras de garantizar el pluralismo para el ejercicio cabal del derecho a la participación activa de las organizaciones con fines políticos, esta Sala estima que las que participen en el proceso de validación llevado a cabo por el ente electoral, ha de reconocerse la votación obtenida por el respectivo partido político, en el último proceso electoral que haya participado, a los fines de completar el porcentaje del 0,5% necesario para su validación.

Esta fórmula se aplicará para todas las entidades federales hasta alcanzar las doce entidades requeridas legalmente. De modo que, en un primer escenario, la organización con fines políticos que haya logrado el porcentaje mínimo requerido (0,5%) en doce entidades se dará por validado sin necesidad de someterse al proceso llevado por el ente electoral. En un segundo escenario, las organizaciones con fines políticos que sólo hayan alcanzado el 0,5% requerido por ley, en algunas entidades sin alcanzar las doce, en el último proceso electoral, deberán validarse en el resto de las entidades federales donde no hayan conseguido ese porcentaje mínimo hasta completar las doce entidades establecidas.

Con el fin de garantizar igual trato para aquellas organizaciones políticas que hayan participado en el proceso de validación según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, esta Sala Constitucional resuelve que esta decisión surtirá efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado. Así se decide.

En fecha 2 de mayo de 2017, el ciudadano HERMES GUERRERO, titular de la cédula de identidad n° 2.813.502, actuando en su condición de Secretario General de la organización política OPINIÓN NACIONAL (OPINA-Código 10), asistido por el abogado HENRY FIGUERA RONDÓN, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 149.469, presentó escrito señalando que en el proceso de renovación referido en la decisión del 28 de abril de 2017, los partidos “…fuimos discriminados en dos (2) bloques: el primero integrado por las organizaciones políticas que participaron en elecciones anteriores a las parlamentarias del año 2015, y el segundo integrado con las organizaciones que participaron en las parlamentarias del año 2015 (…)”, por ello solicitó se aclare si las expresiones “… ‘en el último proceso electoral que haya participado’ en el último proceso electoral –utilizadas en distintos párrafos del reciente fallo aclaratorio- deben entenderse como sinónimos a los efectos de beneficiar a ambos bloques que actualmente asumieron el proceso de renovación ante el Poder  Electoral (…)”.

En escrito del 10 de agosto de 2017, el ciudadano José Gregorio García Urquiola, titular de la cédula de identidad n° 5.221.040, en su condición de Secretario general de la organización política UNIDAD DEMOCRACIA RENOVADORA (URD), solicitó se aplique a la referida organización los efectos extensivos de la sentencia n° 223 del 28 de abril de 2017, y se le ordene al Consejo Nacional Electoral se le reconozca haber cumplido con la exigencia constitucional y legal determinada en la interpretación vinculante de esta Sala, a los fines de que se le permita postular candidatos a Gobernadores y legisladores regionales en los Estados Amazonas, Falcón, Táchira, Trujillo y Vargas.

Realizado el estudio del caso, en esta oportunidad, esta Sala observa lo siguiente:

 

 

ÚNICO

En primer lugar, observa esta Sala que la decisión aclaratoria de la cual se solicita a su vez ampliación de sentencia por parte de dos organizaciones políticas, fue publicada el 28 de abril de 2017. Asimismo consta a los folios 253 y siguientes del presente expediente, los escritos de fechas 2 de mayo y 10 de agosto de 2017, contentivos de las solicitudes de aclaratoria antes referidas; por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y a la jurisprudencia de esta Sala, es forzoso concluir que las mismas fueron formuladas en forma extemporánea, toda vez que no se hizo ni el día en que se publicó el fallo mencionado, ni en el día siguiente. Así se declara.

No obstante lo anterior, estima esta Sala necesario apuntar que las solicitudes de las organizaciones que fueron declaradas extemporáneas se circunscribían al proceso electoral llevado a cabo el 15 de octubre de 2017, por lo que es un hecho notorio comunicacional que tal evento electoral se produjo, por lo que igualmente lo solicitado resulta improcedente. Así también se declara.

Ahora bien, esta Sala como máxima instancia de la jurisdicción constitucional:

Visto que en el Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales, publicado en la Gaceta Ofi­cial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.308, publicada el 27 de diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente estableció la obligación de renovación de las organizaciones con fines políticos que no hayan participado en los procesos electorales inmediatamente anteriores.

Visto que es un hecho notorio comunicacional que el 17 de enero de 2018, el Consejo Nacional Electoral, en atención al Decreto Constituyente antes citado, publicó aviso en la página oficial de ese órgano rector electoral, en el cual participó a los representantes de las organizaciones con fi­nes políticos que allí se señalan, que deben renovar su nómina de inscritos a fin­ de mantener su vigencia legal, y que la solicitud de renovación se realizará en el lapso comprendido entre el 18 y 19 de enero de 2018 (ambas fechas inclusive), a través del formato aprobado por el Consejo Nacional Electoral, está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gob.ve), estableciendo el procedimiento a seguir, en los siguientes términos textuales:

 

  1. Solicitar la renovación a través del formato aprobado por el Consejo Nacional Electoral, suscrito por la autoridad máxima de la organización con ­fines políticos nacional.
  2. Consignar por ante la Ofi­cina Nacional de Participación Política del Consejo Nacional Electoral, el listado contentivo de las máximas autoridades de la organización con fi­nes políticos, de acuerdo a su estructura estatutaria, así como el listado (físico y magnético) de los nombres y las cédulas de identidad de las personas que fungirán como testigos en el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad pautado para los días 27 y 28 de enero de 2018.
  3. Realizar el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad, de acuerdo al cronograma establecido, el Consejo Nacional Electoral, realizará las revisiones pertinentes y de existir algún reparo, la organización con ­fines políticos deberá subsanarlo.
  4. La información, los formatos, así como la equivalencia del número de manifestaciones de voluntad por cada entidad, requeridas y para validar, estarán disponibles en la página web: www.cne.gob.ve del Consejo Nacional Electoral, la O­ficina Nacional de Participación Política y en las O­ficinas Regionales Electorales.

 

 

Visto que en dicho aviso del Consejo Nacional Electoral aparecen indicadas las siguientes organizaciones políticas:

 

 

  1. “ACCION DEMOCRÁTICA” (AD)
  2. “MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA” (MUD)
  3. “MOVIMIENTO PRIMERO JUSTICIA” (MPJ)
  4. “PARTIDO UNIÓN Y ENTENDIMIENTO” (PUENTE)
  5. “VOLUNTAD POPULAR ACTIVISTAS” (VPA).

 

Visto que, en el contexto del próximo proceso electoral de carácter nacional ordenado para la elección del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional está llamada a resguardar los derechos a la participación política a través de las organizaciones constituidas legal y legítimamente para tal fin, para lo cual la Sala Constitucional ha fijado los parámetros del proceso previo de validación de las organizaciones políticas, en respeto irrestricto de los postulados y principios fundamentales para el mantenimiento del orden constitucional de la República.

Visto que el proceso de renovación convocado actualmente por el Consejo Nacional Electoral, como ya antes se ha apuntado, es demostrativo del proceso democrático como sistema de gobierno imperante en la República Bolivariana de Venezuela y, a su vez, ello es la garantía de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer los derechos a la participación y a la asociación política, como expresamente se indicó en la sentencia n° 1 de esta Sala del 5 de enero de 2016 y, de manera concurrente, en el Decreto Constituyente para la participación de los Procesos Electorales, emanado de la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.308 del 27 de diciembre de 2017.

Visto que dicha renovación no puede incluir a una organización política que se haya constituido con violación flagrante a la prohibición de la doble militancia, tal como lo ha interpretado esta Sala Constitucional en la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016, en la cual expresamente se indicó que dicha prohibición:

 

(…) no es más que la respuesta a la necesidad de fortalecer a los partidos políticos y a la promoción de la ética, respeto y disciplina en los mismos. Esta prohibición desde el punto de vista de los militantes como partidarios de una determinada organización, significa que no pueden aparecer en la nómina de dos partidos, pues ello indefectiblemente genera la afectación de nulidad por ilegitimidad de una de las dos organizaciones, al poner en duda no sólo el hecho de la debida autorización o manifestación de voluntad de esos electores, la cual es requisito sine qua non para su existencia, sino el que realmente cuente con el porcentaje requerido para la conservación del partido que impone el encabezado del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

…(Omissis)…

Como se desprende de tales disposiciones, en la República Bolivariana de Venezuela no puede militarse en dos partidos políticos al mismo tiempo, pues los intereses de uno y otro podrían coincidir en algunos aspectos, pero siempre habrá distinciones, que hacen antiético e inoperante, pertenecer a dos partidos políticos aun cuando tengan una línea de pensamiento similar en términos generales. Por lo que hay que distinguir las alianzas que tienen carácter temporal, de estos supuestos de doble militancia, así como de la fusión de partidos regionales, donde la unión apareja la desaparición de los mismos, para dar nacimiento al partido nacional constituido de esa suma de voluntades.

…(Omissis)…

Atendiendo a lo antes expuesto, esta Sala debe concluir que nuestro Texto constitucional y a la normativa vigente en materia electoral, en la República Bolivariana de Venezuela está prohibida la doble militancia, por lo que un Partido Político debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de acuerdo a lo establecido en la Ley, no puede sumar su nómina de inscritos a la de otro Partido Político sin perder su existencia, y deberá correr con las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Políticas y Manifestaciones, ello en resguardo a la legitimidad democrática, a la ética política y al respeto de los electores.

 

En consecuencia, visto lo anteriormente expuesto, esta Sala Constitucional, en su condición de máxima garante del texto fundamental, en ejercicio de sus atribuciones de protección al mismo y en aplicación de los principios de transparencia y certeza jurídica; y consecuente con el espíritu del Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.308 del 27 de diciembre de 2017, la sentencia n° 1 de fecha 5 de enero de 2016 sobre la doble militancia, el dispositivo n° 3 de la sentencia del 28 de abril de 2016 yla Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010 (artículo 16); ANULA PARCIALMENTE la convocatoria efectuada por el Consejo Nacional Electoral el 17 de enero de 2018 para la renovación de la nómina de inscritos en las organizaciones con fines políticos nacionales; y, en consecuencia, SE ORDENA al Consejo Nacional Electoral la exclusión de la “MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA” (MUD) en el proceso de renovación convocado, en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional, lo cual contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia; todo de conformidad con lo establecido en el dispositivo número 4 de la sentencia n° 1 del 5 de enero de 2016 y en el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Así se decide.

Publíquese, regístrese y notifíquese al Consejo Nacional Electoral conforme lo dispone el artículo 91 numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Remítase copia certificada al Consejo Nacional Electoral. Cúmplase lo ordenado.

Téngase la presente decisión como parte integrante de las sentencias nros. 1 del 5 de enero, 878 del 21 de octubre, ambas de 2016, y 223 del 28 de abril de 2017.

En Caracas, a la fecha “ut supra” indicada.

El Presidente de la Sala,

 

 

Juan José Mendoza Jover

Ponente

El Vicepresidente,

 

 

                                                                               Arcadio Delgado Rosales

 

Los Magistrados,

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

  

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

 

 

 

Calixto Ortega Ríos

 

 

 

 

                                                                    Luis Fernando Damiani Bustillos

 

 

 

Lourdes Benicia Suárez Anderson

 

 

La Secretaria,

 

 

Mónica Andrea Rodríguez Flores

 

 

EXP N°: 15-0638

JJMJ/